Los inmuebles de más de cien años y los que tengan protección tendrán que presentar el informe antes del 11 de noviembre de 2008
PREGUNTAS
Algunas de las preguntas que Urbanismo responde en su página web sobre la ITE:
¿Qué es la ITE?: Es una inspección técnica periódica de los edificios para determinar su estado de conservación, condiciones de seguridad, consolidación y habitabilidad.
¿Qué edificios están sujetos a inspección?: Todos los edificios protegidos y los de más de 20 años de antigüedad situados dentro del término municipal de Málaga, cualquiera que sea su uso y titularidad.
¿Qué hay que inspeccionar?: La cimentación, la estructura, las fachadas exteriores e interiores, medianerías, cubiertas, azoteas e instalaciones de saneamiento, fontanería y electricidad.
¿Qué ocurre si el resultado de la inspección es desfavorable?: El propietario del edificio deberá presentarla por registro en la Gerencia de Urbanismo junto con el compromiso de ejecución de las obras necesarias para subsanar los desperfectos encontrados. A partir de la fecha de entrada en el registro dispone de tres meses para solicitar la licencia de obras de la reparación que indique la ITE, que queda exenta del pago de tasas.
¿Qué ocurre si no se presenta la ITE?: El no cumplir con la obligación de realizar la ITE en plazo supone la apertura de un expediente sancionador con la posible imposición de una multa de 3.000 a 60.000 euros. Se pueden imponer también hasta un total de 10 multas de tipo coercitivo para la ejecución subsidiaria del informe de la ITE.
¿Habrá ayudas económicas?: Se está desarrollando un plan de ayudas económicas y los requisitos para acceder a ellas.
Los ciudadanos que deseen empezar a gestionar la obligatoria inspección técnica de sus edificios pueden consultar todo lo relativo a este procedimiento en la página web de la Gerencia Municipal de Urbanismo. El Ayuntamiento ya ha colgado en Internet los impresos y las normas para la Inspección Técnica de Edificios (ITE), una revisión por la que antes del 11 de noviembre del año que viene deberán pasar todos aquellos inmuebles que tengan más de cien años y los que cuenten con algún grado de protección arquitectónica. Ambos grupos suman más de dos mil inmuebles a los que, antes de que finalice este año, el Ayuntamiento enviará una notificación advirtiendo sobre la nueva obligación para sus dueños.Por lo pronto, ya pueden obtener información sobre el procedimiento en Internet, donde se encuentra el texto de la Ordenanza de Conservación e Inspección Técnica de Edificios, el modelo oficial del informe de inspección, un anexo a este impreso, la ficha técnica de la edificación para las solicitudes de primera ocupación y las preguntas más frecuentes que pueden surgir sobre la ITE y sus respuestas.AntigüedadA partir de los datos del Catastro, el Ayuntamiento ha elaborado un censo de edificios que está compuesto por unas 440.000 referencias catastrales. Ordenados por tramos de antigüedad, podrá saberse el plazo de que disponen todavía para pasar por la ITE. Rebasar esos plazos acarrea una sanción de 3.000 euros, salvo que se cubra el trámite tras el primer requerimiento efectuado por la Gerencia de Urbanismo. MÁS INFORMACIÓN I Página web de la Gerencia Municipal de Urbanismo. http://www2.ayto-malaga.es/urbanismo/Inicio.htm
jueves, 9 de agosto de 2007
miércoles, 8 de agosto de 2007
El IMV adjudica otras 280 VPO de Soliva por más de 22 millones (Málaga Hoy)
El Ayuntamiento de Málaga continúa en su camino de ir adjudicando las obras de construcción de la mayor promoción de viviendas de la historia de la ciudad, Soliva Este, integrada por unas 1.600 casas. El consejo rector del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) acordó ayer contratar la ejecución de otras 280 unidades de esta actuación residencial, cuyo coste superará los 22 millones de euros, según informó el Consistorio.
La primera de las fases asignadas se corresponde con 140 VPO, locales comerciales, trasteros y aparcamientos que se levantarán en las parcelas R-4 A y R-4 B , y que serán desarrolladas por la empresa Dragados. La oferta de la constructora contempla la edificación de estos pisos en un plazo de quince meses, con un presupuesto algo superior a los 12,1 millones de euros. La cifra final es sensiblemente inferior a los más de 14 millones por los que salió a licitación esta fase de la promoción.
A ellas se sumarán otras 140 casas que serán ejecutadas por la empresa malagueña Construcciones Vera, cuya oferta ha sido designada por el consejo del IMV para desarrollar las viviendas de las parcelas R-5 A y R-5 B. El plazo de estas 140 VPO es de 16 meses, siendo el precio final de 10,6 millones, frente a los casi 12 millones de partida.
Con este paso, el IMV, departamento que dirige el concejal Diego Maldonado, avanza en el proceso de contratación de las 1.600 viviendas de esta actuación, la mitad de las cuales serán de alquiler. Hasta el momento, el organismo municipal ha contratado aproximadamente un millar de las unidades de esta promoción residencial, por un montante superior a los 80 millones de euros.
La actuación de Soliva Este es la joya de la corona de los proyectos del IMV, que antes de finales del presente año prevé tramitar la contratación de los trabajos de construcción de otras mil viviendas en el sector Universidad. La primera piedra de los bloques de Soliva fue colocada el pasado 19 de marzo, con una fase inicial que albergará 182 pisos y que es desarrollada por Ferrovial Agroman. Esta firma dispone de 18 meses para ejecutar esta parte de la actuación.
La primera de las fases asignadas se corresponde con 140 VPO, locales comerciales, trasteros y aparcamientos que se levantarán en las parcelas R-4 A y R-4 B , y que serán desarrolladas por la empresa Dragados. La oferta de la constructora contempla la edificación de estos pisos en un plazo de quince meses, con un presupuesto algo superior a los 12,1 millones de euros. La cifra final es sensiblemente inferior a los más de 14 millones por los que salió a licitación esta fase de la promoción.
A ellas se sumarán otras 140 casas que serán ejecutadas por la empresa malagueña Construcciones Vera, cuya oferta ha sido designada por el consejo del IMV para desarrollar las viviendas de las parcelas R-5 A y R-5 B. El plazo de estas 140 VPO es de 16 meses, siendo el precio final de 10,6 millones, frente a los casi 12 millones de partida.
Con este paso, el IMV, departamento que dirige el concejal Diego Maldonado, avanza en el proceso de contratación de las 1.600 viviendas de esta actuación, la mitad de las cuales serán de alquiler. Hasta el momento, el organismo municipal ha contratado aproximadamente un millar de las unidades de esta promoción residencial, por un montante superior a los 80 millones de euros.
La actuación de Soliva Este es la joya de la corona de los proyectos del IMV, que antes de finales del presente año prevé tramitar la contratación de los trabajos de construcción de otras mil viviendas en el sector Universidad. La primera piedra de los bloques de Soliva fue colocada el pasado 19 de marzo, con una fase inicial que albergará 182 pisos y que es desarrollada por Ferrovial Agroman. Esta firma dispone de 18 meses para ejecutar esta parte de la actuación.
Marbella espera una avalancha de alegaciones al Plan General (La Opinión)
Cuatro técnicos del Consistorio y de la Junta facilitan información sobre el nuevo PGOU en el Palacio de Congresos, San Pedro y Las Chapas
El futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella permanecerá en exposición pública hasta el 30 de septiembre y el Ayuntamiento espera que tanto particulares como colectivos y empresarios presenten un buen número de alegaciones con el propósito de modificarlo, según manifestó ayer la concejala de Urbanismo, Alba Echeverría.La edil advirtió de que se trata de un planeamiento complejo porque intenta "regularizar una situación que no viene recogida en ningún documento, y es difícil pasar de una situación de hecho a una de derecho cuando la primera es totalmente contraria a lo que establece el PGOU del 86".En este sentido, Echeverría explicó que se espera que la cuestión que suscite un mayor interés sea el proceso de normalización "por cómo se determinarán la regularización de las zonas y las compensaciones" a las que deberán hacer frente los promotores para lograr regularizar sus inmuebles.Los interesados en acceder y consultar el nuevo PGOU pueden acudir a la sala número 5 del Palacio de Congresos, a la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara o a las oficinas del distrito de Las Chapas. En estas dos últimas dependencias tan sólo se facilitará información sobre sendos núcleos de población. No obstante, el texto podrá consultarse también a través de la página web del Ayuntamiento (www.marbella.es).Consultas. La concejala de Urbanismo indicó que en el Palacio de Congresos habrá dos copias en formato papel del PGOU y dos puntos informáticos para comprobar la nueva ordenación. Cuatro técnicos del Consistorio y de la Oficina de Planeamiento de la Junta atenderán todas las demandas y facilitarán copias de los planos. Asimismo, la delegación de Urbanismo y el equipo redactor mantendrán reuniones semanales para analizar el proceso de exposición pública del documento.Por otro lado, Alba Echeverría afirmó que el equipo de gobierno busca un resquicio legal en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para mantener su postura y no proceder a la revisión de 561 licencias ilegales concedidas por el GIL y declaradas como nulas de pleno derecho por la Junta.Sentencias. Según dijo, a finales de agosto o principios de septiembre, los servicios jurídicos del Ayuntamiento y del Gobierno autonómico mantendrán una reunión para buscar una salida al primer tema de fricción surgido entre ambas administraciones desde la victoria del PP en Marbella.Echeverría insistió en que la revisión conllevaría un perjuicio para las arcas municipales "y no estamos aquí para agravar aún más la deuda municipal". Según señaló, el Ayuntamiento ha recibido ya reclamaciones de indemnizaciones millonarias, que no supo cuantificar, a las que habría que sumar otras por la anulación de licencias o el incumplimiento de convenios ya firmados
El futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella permanecerá en exposición pública hasta el 30 de septiembre y el Ayuntamiento espera que tanto particulares como colectivos y empresarios presenten un buen número de alegaciones con el propósito de modificarlo, según manifestó ayer la concejala de Urbanismo, Alba Echeverría.La edil advirtió de que se trata de un planeamiento complejo porque intenta "regularizar una situación que no viene recogida en ningún documento, y es difícil pasar de una situación de hecho a una de derecho cuando la primera es totalmente contraria a lo que establece el PGOU del 86".En este sentido, Echeverría explicó que se espera que la cuestión que suscite un mayor interés sea el proceso de normalización "por cómo se determinarán la regularización de las zonas y las compensaciones" a las que deberán hacer frente los promotores para lograr regularizar sus inmuebles.Los interesados en acceder y consultar el nuevo PGOU pueden acudir a la sala número 5 del Palacio de Congresos, a la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara o a las oficinas del distrito de Las Chapas. En estas dos últimas dependencias tan sólo se facilitará información sobre sendos núcleos de población. No obstante, el texto podrá consultarse también a través de la página web del Ayuntamiento (www.marbella.es).Consultas. La concejala de Urbanismo indicó que en el Palacio de Congresos habrá dos copias en formato papel del PGOU y dos puntos informáticos para comprobar la nueva ordenación. Cuatro técnicos del Consistorio y de la Oficina de Planeamiento de la Junta atenderán todas las demandas y facilitarán copias de los planos. Asimismo, la delegación de Urbanismo y el equipo redactor mantendrán reuniones semanales para analizar el proceso de exposición pública del documento.Por otro lado, Alba Echeverría afirmó que el equipo de gobierno busca un resquicio legal en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para mantener su postura y no proceder a la revisión de 561 licencias ilegales concedidas por el GIL y declaradas como nulas de pleno derecho por la Junta.Sentencias. Según dijo, a finales de agosto o principios de septiembre, los servicios jurídicos del Ayuntamiento y del Gobierno autonómico mantendrán una reunión para buscar una salida al primer tema de fricción surgido entre ambas administraciones desde la victoria del PP en Marbella.Echeverría insistió en que la revisión conllevaría un perjuicio para las arcas municipales "y no estamos aquí para agravar aún más la deuda municipal". Según señaló, el Ayuntamiento ha recibido ya reclamaciones de indemnizaciones millonarias, que no supo cuantificar, a las que habría que sumar otras por la anulación de licencias o el incumplimiento de convenios ya firmados
Montar una terraza sin permiso tendrá multa de hasta 3.000 euros (La Opinión)
La nueva ordenanza de Ocupación de la Vía Pública, que entra en vigor en plena Feria de Málaga, permite por primera vez al Ayuntamiento imponer sanciones. En las zonas privadas, el horario se reduce hasta las doce de la noche, salvo viernes, sábados y vísperas de festivos
Hasta ahora, si una terraza tenía 40 mesas en la vía pública y permiso para poner 20, el Ayuntamiento sólo podía hacerle una liquidación anual, cobrándole el exceso de ocupación. Con la nueva ordenanza reguladora de Ocupación de la Vía Pública, que entrará en vigor la semana que viene en plena Feria, el Consistorio podrá sancionar con multas que llegan hasta los 3.000 euros, por infracciones leves, graves y muy graves. "La intención no es castigar a ningún empresario, se trata de sanciones disuasorias, no recaudatorias, para que aquellos que dan problemas cumplan las ordenanzas", subraya Purificación Pineda, concejala de Comercio. La nueva normativa nace además sin ninguna alegación, ya que ha sido consensuada entre el Ayuntamiento y las asociaciones de hosteleros (Aehma) y comerciantes de Málaga (Fecoma). Purificación Pineda ha explicado que uno de los objetivos de esta ordenanza que sustituye a la anterior, con más de diez años de antigüedad, "es la convivencia entre vecinos y empresarios". La concejala destaca las zonas en las que esta convivencia entre vecinos y terrazas es más problemática: El Romeral, Pedregalejo, la calle Tomás de Echeverría y la avenida de Molière. Así, cuando concurran razones de alteración de la convivencia o molestias al vecindario, el Ayuntamiento podrá reducir el horario o el número de instalaciones en la vía pública.La ordenanza además no permite colocar mostradores en la vía pública ni apilar productos, mesas ni sillas y obliga a recoger diariamente dentro del local todos los elementos de la terraza fuera del horario permitido, que la Junta establece hasta las dos de la mañana de lunes a domingo. El Ayuntamiento ha aprovechado también para regular un vacío legal: el horario de las terrazas en zonas privadas de uso libre, como las de urbanizaciones como Parque Mediterráneo y que deberán cerrar a las 12 de la noche, salvo viernes, sábados y vísperas de festivo, cuando lo harán media hora más tarde. En el capítulo de las sanciones, se consideran infracciones leves, con multas de hasta 750 euros, la falta de ornato y limpieza, depositar envases o enseres junto a las instalaciones o apilar mesas y sillas en la vía pública. Entre las infracciones graves, con multas de 751 euros a 1.500, se encuentran el ocupar más superficie de la autorizada, impedir la circulación peatonal o molestar a los vecinos. Entre las infracciones más graves, sancionadas con multas de entre 1.501 a 3.000 euros, está el ocupar la vía pública sin autorización o fuera del horario establecido. Hosteleros. Para Rafael Prado, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Málaga (Aehma), la ordenanza "no recoge el cien por cien de los deseos de Aehma pero sí está bastante consensuada". El responsable de los hosteleros cree que con la nueva norma ha llegado el momento de discutir "la nueva conformación geográfica del Centro, a raíz de la peatonalización, y dar más permisos de más ocupación". Prado ha pedido la misma regularización para zonas como el Centro, Huelin, Pedregalejo, El Palo y la zona de la Malagueta y el Paseo de Reding. "En especial para El Palo, que necesita una ayuda especial".
Hasta ahora, si una terraza tenía 40 mesas en la vía pública y permiso para poner 20, el Ayuntamiento sólo podía hacerle una liquidación anual, cobrándole el exceso de ocupación. Con la nueva ordenanza reguladora de Ocupación de la Vía Pública, que entrará en vigor la semana que viene en plena Feria, el Consistorio podrá sancionar con multas que llegan hasta los 3.000 euros, por infracciones leves, graves y muy graves. "La intención no es castigar a ningún empresario, se trata de sanciones disuasorias, no recaudatorias, para que aquellos que dan problemas cumplan las ordenanzas", subraya Purificación Pineda, concejala de Comercio. La nueva normativa nace además sin ninguna alegación, ya que ha sido consensuada entre el Ayuntamiento y las asociaciones de hosteleros (Aehma) y comerciantes de Málaga (Fecoma). Purificación Pineda ha explicado que uno de los objetivos de esta ordenanza que sustituye a la anterior, con más de diez años de antigüedad, "es la convivencia entre vecinos y empresarios". La concejala destaca las zonas en las que esta convivencia entre vecinos y terrazas es más problemática: El Romeral, Pedregalejo, la calle Tomás de Echeverría y la avenida de Molière. Así, cuando concurran razones de alteración de la convivencia o molestias al vecindario, el Ayuntamiento podrá reducir el horario o el número de instalaciones en la vía pública.La ordenanza además no permite colocar mostradores en la vía pública ni apilar productos, mesas ni sillas y obliga a recoger diariamente dentro del local todos los elementos de la terraza fuera del horario permitido, que la Junta establece hasta las dos de la mañana de lunes a domingo. El Ayuntamiento ha aprovechado también para regular un vacío legal: el horario de las terrazas en zonas privadas de uso libre, como las de urbanizaciones como Parque Mediterráneo y que deberán cerrar a las 12 de la noche, salvo viernes, sábados y vísperas de festivo, cuando lo harán media hora más tarde. En el capítulo de las sanciones, se consideran infracciones leves, con multas de hasta 750 euros, la falta de ornato y limpieza, depositar envases o enseres junto a las instalaciones o apilar mesas y sillas en la vía pública. Entre las infracciones graves, con multas de 751 euros a 1.500, se encuentran el ocupar más superficie de la autorizada, impedir la circulación peatonal o molestar a los vecinos. Entre las infracciones más graves, sancionadas con multas de entre 1.501 a 3.000 euros, está el ocupar la vía pública sin autorización o fuera del horario establecido. Hosteleros. Para Rafael Prado, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Málaga (Aehma), la ordenanza "no recoge el cien por cien de los deseos de Aehma pero sí está bastante consensuada". El responsable de los hosteleros cree que con la nueva norma ha llegado el momento de discutir "la nueva conformación geográfica del Centro, a raíz de la peatonalización, y dar más permisos de más ocupación". Prado ha pedido la misma regularización para zonas como el Centro, Huelin, Pedregalejo, El Palo y la zona de la Malagueta y el Paseo de Reding. "En especial para El Palo, que necesita una ayuda especial".
martes, 7 de agosto de 2007
Una de cada cuatro ofertas de multipropiedad es fraudulenta (La Opinión)
Ausbanc alerta de que medianas empresas estafan a los compradores con alojamientos que no existen o les ofrecen semanas distintas a las pactadas
Disfrutar de siete noches de alojamiento en un club de lujo de Marbella o Fuengirola durante cincuenta años y por sólo 24.000 euros. Este el gancho de las empresas dedicadas al negocio de los aprovechamientos por turnos de bienes inmuebles, lo que se conoce popularmente como multipropiedad. Pese al éxito de la oferta entre turistas extranjeros y del norte de España, la asociación de consumidores alerta de las `trampas´ de esta oferta.Según la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Ausbanc, una de cada cuatro entidades dedicadas a la multipropiedad ofrece productos fraudulentos. Alfredo Martínez, delegado de Ausbanc, explicó que hay empresas que estafan a los compradores con alojamientos que no existen o que ya han sido ocupados por otro usuario."Es la estafa burda de contratar lo que no existe", destacó.En otros casos, el cliente ocupa un determinado inmueble pero en un periodo o destino distinto al que acordó en su contrato. Muchos compradores se tienen que conformar con una semana en temporada baja, como enero o noviembre. El problema, según las asociaciones de consumidores, es que hay una "nefasta organización del aprovechamiento turístico" y los contratos son ambiguos y no incluyen toda la información referida a los costes de mantenimiento, los pagos del préstamo bancario concertado o el plazo de rescisión.Pero las mayores estafas que se producen en la Costa del Sol están relacionadas con la reventa de los aprovechamientos turísticos. Según Acama, una asociación de perjudicados por el negocio de la multipropiedad que se constituyó en 2003, existen entidades que operan como intermediarias para conseguir un comprador. El cliente entrega una señal, pero no logra vender su inmueble.Damián Vázquez, abogado de la asociación, aseguró que desde 2003 se han abierto unos cinco mil expedientes a estas empresas de compradores de toda España por presuntas estafas. El número de consultas se triplican por la imprecisión de los contratos. Las empresas suelen ser medianas, cambian constantemente de nombre, y se ubican en Fuengirola y Marbella.
Disfrutar de siete noches de alojamiento en un club de lujo de Marbella o Fuengirola durante cincuenta años y por sólo 24.000 euros. Este el gancho de las empresas dedicadas al negocio de los aprovechamientos por turnos de bienes inmuebles, lo que se conoce popularmente como multipropiedad. Pese al éxito de la oferta entre turistas extranjeros y del norte de España, la asociación de consumidores alerta de las `trampas´ de esta oferta.Según la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Ausbanc, una de cada cuatro entidades dedicadas a la multipropiedad ofrece productos fraudulentos. Alfredo Martínez, delegado de Ausbanc, explicó que hay empresas que estafan a los compradores con alojamientos que no existen o que ya han sido ocupados por otro usuario."Es la estafa burda de contratar lo que no existe", destacó.En otros casos, el cliente ocupa un determinado inmueble pero en un periodo o destino distinto al que acordó en su contrato. Muchos compradores se tienen que conformar con una semana en temporada baja, como enero o noviembre. El problema, según las asociaciones de consumidores, es que hay una "nefasta organización del aprovechamiento turístico" y los contratos son ambiguos y no incluyen toda la información referida a los costes de mantenimiento, los pagos del préstamo bancario concertado o el plazo de rescisión.Pero las mayores estafas que se producen en la Costa del Sol están relacionadas con la reventa de los aprovechamientos turísticos. Según Acama, una asociación de perjudicados por el negocio de la multipropiedad que se constituyó en 2003, existen entidades que operan como intermediarias para conseguir un comprador. El cliente entrega una señal, pero no logra vender su inmueble.Damián Vázquez, abogado de la asociación, aseguró que desde 2003 se han abierto unos cinco mil expedientes a estas empresas de compradores de toda España por presuntas estafas. El número de consultas se triplican por la imprecisión de los contratos. Las empresas suelen ser medianas, cambian constantemente de nombre, y se ubican en Fuengirola y Marbella.
La Junta protegerá la laguna de Herrera si Antequera logra la titularidad pública (SUR)
La Junta de Andalucía considerará como zona protegida la laguna Herrera de Antequera si el Ayuntamiento de esa localidad incluye en el Plan General de Ordenación Urbana que estos terrenos, actualmente de propiedad privada y destinados a ocupación agrícola, pasen a titularidad pública.En declaraciones a Efe, el delegado de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, invitó al Ayuntamiento de Antequera a que aproveche la aprobación del plan urbanístico para hacerse con los terrenos, ya que, según dijo, si esto se lograra «la Junta se comprometería a volver a hacer de la laguna de Herrera lo que fue en los años 50». Esta laguna, que actualmente sólo aparece cuando llueve en abundancia, «se llenaría con carácter permanente».
Medio Ambiente considera inviable una urbanización en Alhaurín el Grande que prevé 1.500 viviendas (SUR)
El Gobierno andaluz sostiene que el proyecto de Barranco Blanco supondría una nueva población de 6.020 habitantes y que ocuparía el entorno del río Alaminos
La delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha considerado como inviable, a efectos ambientales, un macroproyecto de urbanización en Barranco Blanco (noble entorno natural), incluida en el plan parcial que desarrolla el PGOU de Alhaurín el Grande, a 5 kilómetros del pueblo y que pretende alterar más de millón y medio (1.505.985) de metros cuadrados de superficie. Prevé la construcción de más de 1.500 viviendas en ese entorno atravesado por el río Alaminos.El actual planeamiento de Alhaurín el Grande, donde fueron clasificados esos suelos como urbanizable, fue aprobado definitivamente en 1994, antes de la entrada en vigor de la Ley de Protección Ambiental de Andalucía y por tanto no le fue aplicada la Evaluación de Impacto Ambiental. Ahora, al desarrollar un plan parcial que prevé la transformación de terrenos por una cifra superior al millón de metros cuadrados, así como al encontrarse en el mismo espacio una zona declarada por la Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000, espacios naturales que recogen hábitats específicos europeos a proteger, se ha procedido a tramitar la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental.La DIA dictamina que la ubicación de esta urbanización, que prevé la construcción de 1.505 viviendas, además de zonas de usos comerciales y equipamientos que supondrían una nueva población de 6.020 habitantes (lo que significaría el aumento en un 28% de la población existente, según el padrón), ocupando el entorno del río Alaminos, hace el proyecto inviable a efectos ambientales.
La delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha considerado como inviable, a efectos ambientales, un macroproyecto de urbanización en Barranco Blanco (noble entorno natural), incluida en el plan parcial que desarrolla el PGOU de Alhaurín el Grande, a 5 kilómetros del pueblo y que pretende alterar más de millón y medio (1.505.985) de metros cuadrados de superficie. Prevé la construcción de más de 1.500 viviendas en ese entorno atravesado por el río Alaminos.El actual planeamiento de Alhaurín el Grande, donde fueron clasificados esos suelos como urbanizable, fue aprobado definitivamente en 1994, antes de la entrada en vigor de la Ley de Protección Ambiental de Andalucía y por tanto no le fue aplicada la Evaluación de Impacto Ambiental. Ahora, al desarrollar un plan parcial que prevé la transformación de terrenos por una cifra superior al millón de metros cuadrados, así como al encontrarse en el mismo espacio una zona declarada por la Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000, espacios naturales que recogen hábitats específicos europeos a proteger, se ha procedido a tramitar la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental.La DIA dictamina que la ubicación de esta urbanización, que prevé la construcción de 1.505 viviendas, además de zonas de usos comerciales y equipamientos que supondrían una nueva población de 6.020 habitantes (lo que significaría el aumento en un 28% de la población existente, según el padrón), ocupando el entorno del río Alaminos, hace el proyecto inviable a efectos ambientales.
Una carretera con vistas (SUR)
Pronto será una alternativa para el tráfico en la zona oeste, pero es mucho más. La cercanía al río Guadalhorce hace del enlace entre la calle Pacífico y la MA-21 una vía paisajística
CUANDO entre en servicio, previsiblemente a finales de la próxima semana, se convertirá en una nueva vía de alivio del tráfico en la Carretera de Cádiz, que ya está totalmente cortada por las obras del metro. Pero un paseo por el nuevo enlace entre la calle Pacífico y la carretera MA-21, en la zona de la Azucarera, permite al conductor reencontrarse con uno de los parajes naturales más bellos -e ignorados- de la capital.La mayoría del trazado del nuevo vial discurre a escasos metros de la desembocadura del río Guadalhorce. Ni los camiones de gran tonelaje que todavía transitan por la carretera, ni la proximidad del asfalto han podido con las poblaciones de aves de vivos colores y vuelo majestuoso, que se dejan ver sin miedo en el agua y entre las cañas que dominan el paisaje en ambas orillas.Patos salvajes, fochas, garcetas y pajarillos de menor tamaño pugnan por un hueco al sol, ante las miradas divertidas de los obreros. Un auténtico oasis natural, que se pone al descubierto ahora por obra y gracia de la civilización, y por el que en breve circularán miles de turismos cada día. Seguro que más de uno no podrá resistir la tentación de parar en alguna de las rotondas que jalonan el recorrido y acercarse a contemplar la naturaleza.El secreto estaba a buen recaudo entre los pocos que, bajo un sol de justicia, se aventuraban a dar un paseo en bicicleta, a dar una carrera o un baño con poco público. O -los más- a lanzar la caña en la desembocadura, en busca de las aguas templadas, que atraen a los peces hacia este punto. Además de los obreros, estos son los escasos visitantes que es posible encontrar estos días junto al río. Pronto serán muchos más. La civilización espera al otro lado, donde el estadio de atletismo domina sobre los solares que pronto se convertirán en pisos.El último hito para reducir el impacto de las obras de la línea 2 del metro sobre el tráfico en la zona oeste de la capital entrará en servicio antes del inicio de la feria de Málaga, el próximo 10 de agosto, según expuso el concejal de Movilidad, Juan Ramón Casero. Tres rotondasLa carretera parte del extremo del paseo marítimo, desde la rotonda que da acceso a la urbanización Sacaba Beach; y culmina en la MA-21 (antigua N-340) en la zona de la Azucarera, en el actual nudo de comunicaciones que permite incorporarse al polígono industrial Guadalhorce, el centro comercial Málaga Nostrum y la propia entrada a la capital por la avenida de Velázquez. Constará de dos carriles por sentido y tres rotondas para facilitar los desplazamientos hacia las urbanizaciones cercanas. La compañía Sacyr, que lleva a cabo los trabajos por iniciativa municipal, acometerá en los próximos días la pintura de los carriles y la señalización vertical y semafórica necesaria para su apertura.A medio plazo el vial se unirá a la remodelación de accesos que lleva a cabo el Ministerio de Fomento, y que se consolidará como un nuevo itinerario exterior desde el entorno de los polígonos del Guadalhorce hacia el Puerto y el Centro de la capital.
CUANDO entre en servicio, previsiblemente a finales de la próxima semana, se convertirá en una nueva vía de alivio del tráfico en la Carretera de Cádiz, que ya está totalmente cortada por las obras del metro. Pero un paseo por el nuevo enlace entre la calle Pacífico y la carretera MA-21, en la zona de la Azucarera, permite al conductor reencontrarse con uno de los parajes naturales más bellos -e ignorados- de la capital.La mayoría del trazado del nuevo vial discurre a escasos metros de la desembocadura del río Guadalhorce. Ni los camiones de gran tonelaje que todavía transitan por la carretera, ni la proximidad del asfalto han podido con las poblaciones de aves de vivos colores y vuelo majestuoso, que se dejan ver sin miedo en el agua y entre las cañas que dominan el paisaje en ambas orillas.Patos salvajes, fochas, garcetas y pajarillos de menor tamaño pugnan por un hueco al sol, ante las miradas divertidas de los obreros. Un auténtico oasis natural, que se pone al descubierto ahora por obra y gracia de la civilización, y por el que en breve circularán miles de turismos cada día. Seguro que más de uno no podrá resistir la tentación de parar en alguna de las rotondas que jalonan el recorrido y acercarse a contemplar la naturaleza.El secreto estaba a buen recaudo entre los pocos que, bajo un sol de justicia, se aventuraban a dar un paseo en bicicleta, a dar una carrera o un baño con poco público. O -los más- a lanzar la caña en la desembocadura, en busca de las aguas templadas, que atraen a los peces hacia este punto. Además de los obreros, estos son los escasos visitantes que es posible encontrar estos días junto al río. Pronto serán muchos más. La civilización espera al otro lado, donde el estadio de atletismo domina sobre los solares que pronto se convertirán en pisos.El último hito para reducir el impacto de las obras de la línea 2 del metro sobre el tráfico en la zona oeste de la capital entrará en servicio antes del inicio de la feria de Málaga, el próximo 10 de agosto, según expuso el concejal de Movilidad, Juan Ramón Casero. Tres rotondasLa carretera parte del extremo del paseo marítimo, desde la rotonda que da acceso a la urbanización Sacaba Beach; y culmina en la MA-21 (antigua N-340) en la zona de la Azucarera, en el actual nudo de comunicaciones que permite incorporarse al polígono industrial Guadalhorce, el centro comercial Málaga Nostrum y la propia entrada a la capital por la avenida de Velázquez. Constará de dos carriles por sentido y tres rotondas para facilitar los desplazamientos hacia las urbanizaciones cercanas. La compañía Sacyr, que lleva a cabo los trabajos por iniciativa municipal, acometerá en los próximos días la pintura de los carriles y la señalización vertical y semafórica necesaria para su apertura.A medio plazo el vial se unirá a la remodelación de accesos que lleva a cabo el Ministerio de Fomento, y que se consolidará como un nuevo itinerario exterior desde el entorno de los polígonos del Guadalhorce hacia el Puerto y el Centro de la capital.
Las obras de rehabilitación del Palacio de la Farola acumulan un año de retraso (SUR)
Medio centenar de funcionarios de Carreteras del Estado y la Junta soportan desde 2005 las molestias de los trabajos. . La inversión del Gobierno central en este proyecto, que está pendiente desde 999, superará los dos millones de euros
Con el plazo de ejecución superado desde marzo y los trabajos todavía al 61%. Esa es la situación del proyecto de rehabilitación del Palacio de la Farola, sede de los servicios de Carreteras del Ministerio de Fomento y de la Consejería de Obras Públicas en Málaga. Las molestias de estas obras, que tienen la obligada peculiaridad de acometerse mientras se trabaja en el inmueble, las sufren desde 2005 más de medio centenar de funcionarios y muchos ciudadanos que acuden al inmueble a hacer gestiones.El actual equipo del Ministerio de Fomento tiene el mérito de haber desbloqueado este proyecto en dos ocasiones. La primera, en abril de 2004, cuando licitó unas obras cuya orden de estudio se dio en 1999. Pese a que el concurso se tuvo que suspender por errores técnicos, el departamento de Magdalena Álvarez los corrigió en tiempo récord y en enero de 2005 adjudicó la reforma y adaptación del edificio, en el número 7 del paseo de la Farola.La diligencia mostrada hasta entonces ha sido proporcional a la lentitud con la que se ha ejecutado el proyecto. Se adjudicó por algo más de dos millones y con un plazo de obras que, inicialmente, era de diez meses. Pese a ello, en la fachada un cartel reza «finaliza en marzo de 2007», lo que supone un plazo mucho más largo, aunque también haya sido sobradamente superado. Además, y teniendo en cuenta el estado de los trabajos, pasarán muchos meses hasta que acaben.Se puede comprobar con un recorrido por el inmueble, lleno de andamios, latas de pintura y herramientas. También hay materiales de construcción como cables, marcos de puertas y ventanas, muebles viejos y otros enseres y documentos apilados y llenos de polvo.No hay un nuevo plazo oficial para la finalización de este proyecto, que Fomento encargó a una unión de empresas formada por Guamar y Crespo y Blanco. Tampoco una explicación de los motivos del retraso, aunque en una reciente respuesta parlamentaria se cifraba el presupuesto de las obras en 2.471.519 euros, cuando el original era casi 396.000 euros inferior. Un posible modificado del proyecto (del que se habían certificado hasta febrero 1,52 millones, el 61,7% del total) podría ser la razón de ese aumento y de la demora.AfectadosEl Palacio de la Farola se construyó en 1948, y el Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía se reparten su superficie en un porcentaje del 70 y el 30%, respectivamente. Además de los funcionarios de ambas administraciones que trabajan en el edificio, acuden a la sede de Carreteras muchas personas como afectados por la construcción de carreteras, que tienen que consultar aquí los listados de fincas, planos y proyectos de muchas obras que se ejecutan en la provincia.Se trata de un edificio emblemático en Málaga, con su estilo propio de la autarquía franquista -techos altos y una estructura austera- y que está ubicado en una zona privilegiada como La Malagueta, muy cerca de otros como la Comandancia de Marina, el Colegio de Abogados o la Demarcación de Costas de Málaga. En este sentido, ya es visible la mejora de la imagen en esta área, después de que la fachada del Palacio de la Farola, que estaba negra por el paso de los años y la contaminación, luzca ahora inmaculada como el día de su estreno.Las deficiencias que presentaba el edificio y que sufrían los trabajadores y usuarios del inmueble afectaban a servicios básicos como la iluminación, muy deficiente en muchas zonas, y la grifería, ya que había incluso goteras en algunos despachos. El archivo contiene fondos de un gran valor histórico, y es precisamente una de las salas objeto de mejora.Aunque finalmente se optó por el edificio de La Caleta (antiguo Hospital 18 de julio), el Palacio de la Farola también fue durante algunos meses una de las alternativas que se barajó para albergar la sede de la Subdelegación del Gobierno tras su anunciada salida del Palacio de la Aduana para que este edificio se convierta en el Museo de Bellas Artes y Arqueológico de Málaga.
Con el plazo de ejecución superado desde marzo y los trabajos todavía al 61%. Esa es la situación del proyecto de rehabilitación del Palacio de la Farola, sede de los servicios de Carreteras del Ministerio de Fomento y de la Consejería de Obras Públicas en Málaga. Las molestias de estas obras, que tienen la obligada peculiaridad de acometerse mientras se trabaja en el inmueble, las sufren desde 2005 más de medio centenar de funcionarios y muchos ciudadanos que acuden al inmueble a hacer gestiones.El actual equipo del Ministerio de Fomento tiene el mérito de haber desbloqueado este proyecto en dos ocasiones. La primera, en abril de 2004, cuando licitó unas obras cuya orden de estudio se dio en 1999. Pese a que el concurso se tuvo que suspender por errores técnicos, el departamento de Magdalena Álvarez los corrigió en tiempo récord y en enero de 2005 adjudicó la reforma y adaptación del edificio, en el número 7 del paseo de la Farola.La diligencia mostrada hasta entonces ha sido proporcional a la lentitud con la que se ha ejecutado el proyecto. Se adjudicó por algo más de dos millones y con un plazo de obras que, inicialmente, era de diez meses. Pese a ello, en la fachada un cartel reza «finaliza en marzo de 2007», lo que supone un plazo mucho más largo, aunque también haya sido sobradamente superado. Además, y teniendo en cuenta el estado de los trabajos, pasarán muchos meses hasta que acaben.Se puede comprobar con un recorrido por el inmueble, lleno de andamios, latas de pintura y herramientas. También hay materiales de construcción como cables, marcos de puertas y ventanas, muebles viejos y otros enseres y documentos apilados y llenos de polvo.No hay un nuevo plazo oficial para la finalización de este proyecto, que Fomento encargó a una unión de empresas formada por Guamar y Crespo y Blanco. Tampoco una explicación de los motivos del retraso, aunque en una reciente respuesta parlamentaria se cifraba el presupuesto de las obras en 2.471.519 euros, cuando el original era casi 396.000 euros inferior. Un posible modificado del proyecto (del que se habían certificado hasta febrero 1,52 millones, el 61,7% del total) podría ser la razón de ese aumento y de la demora.AfectadosEl Palacio de la Farola se construyó en 1948, y el Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía se reparten su superficie en un porcentaje del 70 y el 30%, respectivamente. Además de los funcionarios de ambas administraciones que trabajan en el edificio, acuden a la sede de Carreteras muchas personas como afectados por la construcción de carreteras, que tienen que consultar aquí los listados de fincas, planos y proyectos de muchas obras que se ejecutan en la provincia.Se trata de un edificio emblemático en Málaga, con su estilo propio de la autarquía franquista -techos altos y una estructura austera- y que está ubicado en una zona privilegiada como La Malagueta, muy cerca de otros como la Comandancia de Marina, el Colegio de Abogados o la Demarcación de Costas de Málaga. En este sentido, ya es visible la mejora de la imagen en esta área, después de que la fachada del Palacio de la Farola, que estaba negra por el paso de los años y la contaminación, luzca ahora inmaculada como el día de su estreno.Las deficiencias que presentaba el edificio y que sufrían los trabajadores y usuarios del inmueble afectaban a servicios básicos como la iluminación, muy deficiente en muchas zonas, y la grifería, ya que había incluso goteras en algunos despachos. El archivo contiene fondos de un gran valor histórico, y es precisamente una de las salas objeto de mejora.Aunque finalmente se optó por el edificio de La Caleta (antiguo Hospital 18 de julio), el Palacio de la Farola también fue durante algunos meses una de las alternativas que se barajó para albergar la sede de la Subdelegación del Gobierno tras su anunciada salida del Palacio de la Aduana para que este edificio se convierta en el Museo de Bellas Artes y Arqueológico de Málaga.
lunes, 6 de agosto de 2007
Un total de 14 empresas optan a construir las 37 VPO junto al colegio Axarquía (SUR)
Emvipsa ha sacado a concurso esta semana el edificio que irá junto a la Azucarera en Torre del Mar
El parón que está sufriendo el sector de la construcción se ha dejado notar en el número de ofertas que se han recibido en el concurso de licitación para llevar a cabo las 37 viviendas de protección oficial (VPO) que la empresa municipal de Servicios, Infraestructuras, Vivienda y Promoción (EMVIPSA) va a realizar en el sector VM-8, junto al colegio Axarquía.Nada menos que 14 empresas se han presentado al concurso, algo que ha sorprendido según la delegada de Emvipsa, Concha Labao. «Ahora hay que hacer un trabajo duro de selección de las ofertas ya que no sólo hay que tener en cuenta el tema económico sino las calidades que ofrece cada una». La oferta más barata es la de Profasan, S. A. que asciende a 2.943.522 euros que propone un plazo de ejecución de 14 meses. La más cara es la de Gestión y Desarrollo Andaluz, S. L. cuyo presupuesto es de 3.226.542 euros y el plazo de ejecución es de 18 meses. En el caso de las 21 viviendas que se construirán junto a la Cuesta del Visillo de Torre del Mar, se han presentado un total de cinco empresas. La oferta más económica es la de Costa Verde, S. L. que asciende a 1.355.140 euros y los plazos de ejecución oscilan entre los 14 y los 18 meses.ObrasSegún la delegada de Emvipsa, está previsto que la Junta General de Emvipsa adjudique esta promoción esta misma semana, por lo que las obras podrían comenzar en el plazo de dos meses. En cambio, en el caso de las viviendas del colegio Axarquía, el proceso se dilatará algo más ya que dos de las empresas que se han concurrido al concurso han presentado la documentación incompleta.Concha Labao ha anunciado que esta semana ha salido a licitación la tercera promoción de 49 VPO que Emvipsa construirá junto a la zona de la Azucarera en Torre del Mar.
El parón que está sufriendo el sector de la construcción se ha dejado notar en el número de ofertas que se han recibido en el concurso de licitación para llevar a cabo las 37 viviendas de protección oficial (VPO) que la empresa municipal de Servicios, Infraestructuras, Vivienda y Promoción (EMVIPSA) va a realizar en el sector VM-8, junto al colegio Axarquía.Nada menos que 14 empresas se han presentado al concurso, algo que ha sorprendido según la delegada de Emvipsa, Concha Labao. «Ahora hay que hacer un trabajo duro de selección de las ofertas ya que no sólo hay que tener en cuenta el tema económico sino las calidades que ofrece cada una». La oferta más barata es la de Profasan, S. A. que asciende a 2.943.522 euros que propone un plazo de ejecución de 14 meses. La más cara es la de Gestión y Desarrollo Andaluz, S. L. cuyo presupuesto es de 3.226.542 euros y el plazo de ejecución es de 18 meses. En el caso de las 21 viviendas que se construirán junto a la Cuesta del Visillo de Torre del Mar, se han presentado un total de cinco empresas. La oferta más económica es la de Costa Verde, S. L. que asciende a 1.355.140 euros y los plazos de ejecución oscilan entre los 14 y los 18 meses.ObrasSegún la delegada de Emvipsa, está previsto que la Junta General de Emvipsa adjudique esta promoción esta misma semana, por lo que las obras podrían comenzar en el plazo de dos meses. En cambio, en el caso de las viviendas del colegio Axarquía, el proceso se dilatará algo más ya que dos de las empresas que se han concurrido al concurso han presentado la documentación incompleta.Concha Labao ha anunciado que esta semana ha salido a licitación la tercera promoción de 49 VPO que Emvipsa construirá junto a la zona de la Azucarera en Torre del Mar.
El PGOU de Marbella planea un polideportivo en Miraflores (La Opinión)
El Ayuntamiento y la Junta firmaron un convenio en 2004, pero la parcela que Yagüe ofreció era zona verde. El proyecto está subvencionado con 900.000 euros
Marbella contará con un nuevo equipamiento deportivo. Pero no se trata de un nuevo proyecto. Las bases de esta instalación se sentaron en un convenio que en 2004 firmaron el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía y que hasta ahora no pudo materializarse por la incompatibilidad de uso de la parcela que entonces ofreció el gobierno de Marisol Yagüe.Sin embargo, este asunto ya se encuentra desbloqueado, aunque tardará en hacerse realidad, puesto que el futuro PGOU, que ya fue aprobado de forma inicial por la corporación municipal, reserva para equipamiento deportivo la parcela sobre la que se asienta el antiguo mercado de Miraflores. Se trata de un local casi en desuso habilitado para acoger determinadas actividades promovidas por el Consistorio. En el planeamiento vigente, los suelos están calificados para zonas verdes y equipamiento educativo.El proyecto cuenta con una subvención ya aprobada por la Consejería andaluza de Turismo, Comercio y Deportes de unos 900.000 euros y que no se llegó a perder por las gestiones que realizó la comisión gestora, que incluso propuso a la Junta la aprobación de una modificación de elementos del PGOU vigente para no demorar la ejecución de la instalación deportiva cubierta que se prevé, y que bien puede ser un polideportivo o una piscina. Además, de esta forma se atiende una reivindicación histórica de los vecinos de esta zona.El delegado municipal de Deportes, Ángel Mora, presentó en el último pleno una propuesta para impulsar el convenio con la Junta e instar al cumplimiento del mismo. Según Mora, "el estado que presentan las instalaciones deportivas de la ciudad es lamentable", sobre todo por la carencia de este tipo de equipamientos. Por este motivo, la propuesta se aprobó por unanimidad, aunque desde el PSOE se pidió que se renegociara la financiación municipal, que debe ser del 50% del coste del proyecto. "Se deben conseguir las mayores facilidades posibles, teniendo en cuenta la situación económica del Ayuntamiento", indicó el portavoz socialista, Paulino Plata. Por su parte, el portavoz de IU, Enrique Monterroso, exigió el compromiso de que en las partidas presupuestarias de 2008 y 2009 se reservará dinero para este proyecto.
Marbella contará con un nuevo equipamiento deportivo. Pero no se trata de un nuevo proyecto. Las bases de esta instalación se sentaron en un convenio que en 2004 firmaron el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía y que hasta ahora no pudo materializarse por la incompatibilidad de uso de la parcela que entonces ofreció el gobierno de Marisol Yagüe.Sin embargo, este asunto ya se encuentra desbloqueado, aunque tardará en hacerse realidad, puesto que el futuro PGOU, que ya fue aprobado de forma inicial por la corporación municipal, reserva para equipamiento deportivo la parcela sobre la que se asienta el antiguo mercado de Miraflores. Se trata de un local casi en desuso habilitado para acoger determinadas actividades promovidas por el Consistorio. En el planeamiento vigente, los suelos están calificados para zonas verdes y equipamiento educativo.El proyecto cuenta con una subvención ya aprobada por la Consejería andaluza de Turismo, Comercio y Deportes de unos 900.000 euros y que no se llegó a perder por las gestiones que realizó la comisión gestora, que incluso propuso a la Junta la aprobación de una modificación de elementos del PGOU vigente para no demorar la ejecución de la instalación deportiva cubierta que se prevé, y que bien puede ser un polideportivo o una piscina. Además, de esta forma se atiende una reivindicación histórica de los vecinos de esta zona.El delegado municipal de Deportes, Ángel Mora, presentó en el último pleno una propuesta para impulsar el convenio con la Junta e instar al cumplimiento del mismo. Según Mora, "el estado que presentan las instalaciones deportivas de la ciudad es lamentable", sobre todo por la carencia de este tipo de equipamientos. Por este motivo, la propuesta se aprobó por unanimidad, aunque desde el PSOE se pidió que se renegociara la financiación municipal, que debe ser del 50% del coste del proyecto. "Se deben conseguir las mayores facilidades posibles, teniendo en cuenta la situación económica del Ayuntamiento", indicó el portavoz socialista, Paulino Plata. Por su parte, el portavoz de IU, Enrique Monterroso, exigió el compromiso de que en las partidas presupuestarias de 2008 y 2009 se reservará dinero para este proyecto.
El bulevar sobre el AVE podrá absorber al día un tráfico de 35.000 vehículos (Málaga Hoy)
El bulevar que el Ayuntamiento de Málaga plantea para cubrir el soterramiento de las líneas del AVE a su entrada en la ciudad tendrá capacidad para acoger hasta 35.000 vehículos diarios, convirtiéndose así en uno de los grandes ejes viarios de la capital. La propuesta realizada por los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, a la que ha tenido acceso este periódico, plantea un trazado de casi 2,5 kilómetros de longitud, enlazando desde el nudo de la ronda oeste hasta el entorno de la actual Estación María Zambrano. El coste estimado de esta actuación, que incluye la ejecución de espacios verdes y la creación de unos 40.000 metros cuadrados de uso peatonal, superará los 28 millones de euros.
El diseño de esta nueva avenida contempla la inclusión de dos calzadas, una para cada sentido de circulación, y cada una de ellas con dos carriles para tráfico privado y un vial destinado en exclusiva al paso del transporte público. A esta primera sección se suman calzadas de servicio en los laterales, a través de los cuales se garantizará una adecuada conexión a las barriadas existentes, y que incorporarán plazas de aparcamiento.
Toda la traza del bulevar se divide en tres tramos diferentes. El primero de ellos lo compone una rotonda de nueva construcción que permitirá conectar la autovía con este eje. Se proyecta una glorieta de 140 metros de diámetro, con tres carriles, que además permitirá el enlace de la ronda con el recinto ferial de Cortijo de Torres y con el Palacio de Ferias.
El tramo central, el de mayor longitud, con 1,4 kilómetros, discurre entre la ronda de circunvalación y la Avenida Juan XXIII. La sección de esta parte de la vía tendrá una anchura total de 55 metros, de los que 22 metros se corresponden con las calzadas laterales, doce con las vías de servicio y aparcamientos y 21 metros estarán destinados a zonas ajardinadas y aceras peatonales.
El documento técnico señala que la calzada norte de este bulevar no podrá ser construida hasta que se haya procedido al traslado de las naves industriales que integran el polígono de San Rafael, una operación que forma parte de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga.
La parte final del bulevar se extiende entre Juan XXIII y la zona entorno a la estación de trenes. Este tramo se divide en un primer segmento de unos 270 metros que se sitúa sobre el soterramiento y una segunda parte que discurre por los laterales del paso del ferrocarril, conectando con la calle Eguiluz, al norte, y con Héroe Sostoa, al sur. El vial norte dispone de dos carriles con los dos sentidos de circulación, lo que posibilita tanto el tráfico de salida, desde el centro urbano hacia la ronda oeste, como el acceso hacia el centro por las zonas de Mauricio Moro y Paseo de los Tilos.
Asimismo, el proyecto elaborado por el Ayuntamiento, para el que el equipo de gobierno del PP va a solicitar financiación de los fondos Feder, incluye el diseño de un gran parque de unos 80.000 metros cuadrados (80 metros de anchura y un kilómetro de largo).
Uno de los efectos más importantes que va a tener la construcción de este nuevo eje de entrada y salida a la ciudad es que permitirá reducir de manera considerable el tráfico que en la actualidad soporta la Carretera de Cádiz, con hasta 21.000 vehículos menos a diario. Los responsables municipales encargados de elaborar el estudio consideran fundamental esta bajada del tránsito en el recorrido de las avenidas de Velázquez y Héroe de Sostoa, que llega a soportar en algunos tramos hasta 80.000 vehículos, de cara a desarrollar el proyecto de semipeatonalización que contempla la Junta de Andalucía en este espacio aprovechando las obras de la línea 2 del Metro.
Asimismo, los análisis efectuados ponen de manifiesto que la entrada en servicio del bulevar sobre el soterramiento del AVE permitirá suavizar también la intensidad de tráfico que a diario soporta la Avenida de Andalucía, con una bajada de 6.000 vehículos.
El diseño de esta nueva avenida contempla la inclusión de dos calzadas, una para cada sentido de circulación, y cada una de ellas con dos carriles para tráfico privado y un vial destinado en exclusiva al paso del transporte público. A esta primera sección se suman calzadas de servicio en los laterales, a través de los cuales se garantizará una adecuada conexión a las barriadas existentes, y que incorporarán plazas de aparcamiento.
Toda la traza del bulevar se divide en tres tramos diferentes. El primero de ellos lo compone una rotonda de nueva construcción que permitirá conectar la autovía con este eje. Se proyecta una glorieta de 140 metros de diámetro, con tres carriles, que además permitirá el enlace de la ronda con el recinto ferial de Cortijo de Torres y con el Palacio de Ferias.
El tramo central, el de mayor longitud, con 1,4 kilómetros, discurre entre la ronda de circunvalación y la Avenida Juan XXIII. La sección de esta parte de la vía tendrá una anchura total de 55 metros, de los que 22 metros se corresponden con las calzadas laterales, doce con las vías de servicio y aparcamientos y 21 metros estarán destinados a zonas ajardinadas y aceras peatonales.
El documento técnico señala que la calzada norte de este bulevar no podrá ser construida hasta que se haya procedido al traslado de las naves industriales que integran el polígono de San Rafael, una operación que forma parte de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga.
La parte final del bulevar se extiende entre Juan XXIII y la zona entorno a la estación de trenes. Este tramo se divide en un primer segmento de unos 270 metros que se sitúa sobre el soterramiento y una segunda parte que discurre por los laterales del paso del ferrocarril, conectando con la calle Eguiluz, al norte, y con Héroe Sostoa, al sur. El vial norte dispone de dos carriles con los dos sentidos de circulación, lo que posibilita tanto el tráfico de salida, desde el centro urbano hacia la ronda oeste, como el acceso hacia el centro por las zonas de Mauricio Moro y Paseo de los Tilos.
Asimismo, el proyecto elaborado por el Ayuntamiento, para el que el equipo de gobierno del PP va a solicitar financiación de los fondos Feder, incluye el diseño de un gran parque de unos 80.000 metros cuadrados (80 metros de anchura y un kilómetro de largo).
Uno de los efectos más importantes que va a tener la construcción de este nuevo eje de entrada y salida a la ciudad es que permitirá reducir de manera considerable el tráfico que en la actualidad soporta la Carretera de Cádiz, con hasta 21.000 vehículos menos a diario. Los responsables municipales encargados de elaborar el estudio consideran fundamental esta bajada del tránsito en el recorrido de las avenidas de Velázquez y Héroe de Sostoa, que llega a soportar en algunos tramos hasta 80.000 vehículos, de cara a desarrollar el proyecto de semipeatonalización que contempla la Junta de Andalucía en este espacio aprovechando las obras de la línea 2 del Metro.
Asimismo, los análisis efectuados ponen de manifiesto que la entrada en servicio del bulevar sobre el soterramiento del AVE permitirá suavizar también la intensidad de tráfico que a diario soporta la Avenida de Andalucía, con una bajada de 6.000 vehículos.
sábado, 4 de agosto de 2007
Detectan deficiencias en la gestión del suelo en Torremolinos (Málaga Hoy)
Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha encontrado "deficiencias importantes" en relación al grado de cumplimiento del Ayuntamiento de Torremolinos de la normativa aplicable a la gestión del Patrimonio Público del Suelo, que tiene, entre otras funciones, crear reservas de suelo suficientes para garantizar la ejecución de viviendas de protección oficial.
El portavoz municipal de IU, Félix Martín, apuntó que el informe censura que el Consistorio no tuviera constituido formalmente el Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) "por lo que la Cámara censura que el Consistorio no controla los recursos materializados en terrenos y tampoco lleva un control específico de los ingresos derivados de la gestión de su PMS, incumpliendo con ello la legislación en la materia".
Por su parte, el socialista Juan Ortuño destacó que las anomalías detectadas en 2004 por la Cámara se siguen produciendo en la actualidad y recordó que en marzo pasado PSOE e IU tuvieron que acudir a la Fiscalía para denunciar al equipo de gobierno por el cobro por anticipado de 16 millones de euros provenientes de convenios urbanísticos no aprobados por el Pleno "que fueron destinados a fines no permitidos legalmente".
El portavoz socialista argumentó que la Cámara muestra su preocupación por el hecho de que la Corporación percibió por un convenio (Sector R.2.9) suscrito con empresas de Rafael Gómez más de 5 millones de euros que ha gastado en hacer frente a pagos no permitidos por la ley. Finalmente, ambos portavoces manifestaron su intención de trasladar a la Fiscalía el contenido de este informe.
El portavoz municipal de IU, Félix Martín, apuntó que el informe censura que el Consistorio no tuviera constituido formalmente el Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) "por lo que la Cámara censura que el Consistorio no controla los recursos materializados en terrenos y tampoco lleva un control específico de los ingresos derivados de la gestión de su PMS, incumpliendo con ello la legislación en la materia".
Por su parte, el socialista Juan Ortuño destacó que las anomalías detectadas en 2004 por la Cámara se siguen produciendo en la actualidad y recordó que en marzo pasado PSOE e IU tuvieron que acudir a la Fiscalía para denunciar al equipo de gobierno por el cobro por anticipado de 16 millones de euros provenientes de convenios urbanísticos no aprobados por el Pleno "que fueron destinados a fines no permitidos legalmente".
El portavoz socialista argumentó que la Cámara muestra su preocupación por el hecho de que la Corporación percibió por un convenio (Sector R.2.9) suscrito con empresas de Rafael Gómez más de 5 millones de euros que ha gastado en hacer frente a pagos no permitidos por la ley. Finalmente, ambos portavoces manifestaron su intención de trasladar a la Fiscalía el contenido de este informe.
El alcalde descarta la construcciónde VPO de madera (Málaga Hoy)
El alcalde de Vélez-Málaga, Francisco Delgado Bonilla (PP) no ve claro la construcción de 220 viviendas de protección oficial en la Finca Monterrey. Es la parcela ubicada en la carretera de Arenas con una extensión de 130.000 metros cuadrados, en la que el anterior regidor, Antonio Souvirón (PSOE), había proyectado también casas de madera.
Éstas ya han quedado descartadas por el nuevo equipo de gobierno, que cree necesario "estudiar" la ejecución de viviendas sociales en este suelo. A juicio del regidor popular, el emplazamiento no es el más idóneo dada su distancia con el casco urbano y por el coste que supondría al Ayuntamiento acometer los servicios básicos.
De hecho, la repercusión de cada una de estas casas es de 36.000 euros. Según Delgado Bonilla, "los números no salen para el precio que deben tener. Estamos trabajando para hacer VPO en todos los núcleos urbanos. Eso sí, serán de ladrillo, queremos viviendas de calidad y no para jugar a los indios". Además, anunció que el Consistorio está en disposición de conseguir suelo para construir 500 VPO.
Éstas ya han quedado descartadas por el nuevo equipo de gobierno, que cree necesario "estudiar" la ejecución de viviendas sociales en este suelo. A juicio del regidor popular, el emplazamiento no es el más idóneo dada su distancia con el casco urbano y por el coste que supondría al Ayuntamiento acometer los servicios básicos.
De hecho, la repercusión de cada una de estas casas es de 36.000 euros. Según Delgado Bonilla, "los números no salen para el precio que deben tener. Estamos trabajando para hacer VPO en todos los núcleos urbanos. Eso sí, serán de ladrillo, queremos viviendas de calidad y no para jugar a los indios". Además, anunció que el Consistorio está en disposición de conseguir suelo para construir 500 VPO.
El dueño de La Cañada tiene la compensación de suelo más elevada (Málaga Hoy)
Las irregularidades urbanísticas cometidas en la ampliación del centro comercial La Cañada de Marbella le costarán a su propietario, Tomás Olivo, la cesión al municipio de 260.000 metros cuadrados de suelo para una zona verde. El presidente de General de Galerías Comerciales, uno de los empresarios imputados en el caso Malaya por presunto cohecho, no es el promotor con más número de compensaciones previstas en el nuevo Plan General de Ordenación (PGOU), pero sí el que debe reparar su mala actuación con una superficie más elevada.
El delegado provincial de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, informó ayer de esta cesión de suelo tras recordar los 1,8 millones de metros cuadrados con que compensarán a Marbella los empresarios que han construido al margen de la legalidad en los años de gobierno del GIL. Según dijo, el terreno cedido por Olivo contribuirá a la creación de un auténtico "pulmón" alrededor de uno de los centros comerciales más grandes de Andalucía.
Las referencias a la revisión del PGOU se produjeron tras la reunión celebrada para avanzar en la declaración de impacto ambiental del documento urbanístico que normalizará Marbella. La edil de Urbanismo, Alba Echevarría, entregó a Medio Ambiente el plan aprobado inicialmente en Pleno el pasado 19 de julio con el objetivo de culminar cuanto antes la declaración previa de impacto ambiental, que podría estar lista en un par de meses, mientras se cumple el periodo de información pública.
Echevarría se reunió con Trillo, con el director de la Oficina del PGOU, José María Ruiz Povedano, y con varios técnicos del Ayuntamiento, la Junta y del equipo redactor. Tras el encuentro explicaron que la intención es agilizar los trámites lo más posible y que el documento pueda estar culminado antes del verano de 2008.
La Junta y el Ayuntamiento también acordaron ayer mantener un encuentro técnico-jurídico dentro de un mes para "limar asperezas" sobre las discrepancias surgidas alrededor de la revisión de 561 licencias irregulares, trámite que el gobierno municipal quiere obviar.
El delegado provincial de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, informó ayer de esta cesión de suelo tras recordar los 1,8 millones de metros cuadrados con que compensarán a Marbella los empresarios que han construido al margen de la legalidad en los años de gobierno del GIL. Según dijo, el terreno cedido por Olivo contribuirá a la creación de un auténtico "pulmón" alrededor de uno de los centros comerciales más grandes de Andalucía.
Las referencias a la revisión del PGOU se produjeron tras la reunión celebrada para avanzar en la declaración de impacto ambiental del documento urbanístico que normalizará Marbella. La edil de Urbanismo, Alba Echevarría, entregó a Medio Ambiente el plan aprobado inicialmente en Pleno el pasado 19 de julio con el objetivo de culminar cuanto antes la declaración previa de impacto ambiental, que podría estar lista en un par de meses, mientras se cumple el periodo de información pública.
Echevarría se reunió con Trillo, con el director de la Oficina del PGOU, José María Ruiz Povedano, y con varios técnicos del Ayuntamiento, la Junta y del equipo redactor. Tras el encuentro explicaron que la intención es agilizar los trámites lo más posible y que el documento pueda estar culminado antes del verano de 2008.
La Junta y el Ayuntamiento también acordaron ayer mantener un encuentro técnico-jurídico dentro de un mes para "limar asperezas" sobre las discrepancias surgidas alrededor de la revisión de 561 licencias irregulares, trámite que el gobierno municipal quiere obviar.
El alcalde tratará con los polígonos la instalación de la nueva cárcel (Málaga Hoy)
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, tiene previsto reunirse el próximo lunes con los representantes de la Asociación de Empresarios de Polígonos de Málaga (Apoma) para tratar sobre el proyecto del Centro de Inserción Social que el Gobierno central quiere construir en el polígono Guadalhorce y que ha provocado la inquietud entre los profesionales de la zona.
Según informó ayer el Ayuntamiento, los empresarios han detectado movimientos de tierras en la parcela sobre la que la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos proyecta la implantación de este equipamiento, motivo por el que han solicitado el encuentro con el regidor.
Junto a De la Torre, a la reunión asistirán los concejales de Urbanismo, Manuel Díaz, y de Polígonos, Manuel Marmolejo. Este asunto ha provocado ciertas diferencias entre el equipo de gobierno y la Administración estatal, en relación a la propiedad de los terrenos en los que se asentará el centro de inserción. Hasta el punto de que en el último Consejo de Urbanismo, el equipo de gobierno aprobó una iniciativa por la que pasaba a inscribir en el patrimonio municipal los más de 400.000 metros cuadrados del polígono Guadalhorce, incluyendo la parcela de la nueva cárcel.
Y todo ello después de que el Ministerio del Interior adjudicase a la empresa Comsa los trabajos de construcción de este equipamiento, por un montante de once millones de euros. De acuerdo con el contrato, la adjudicataria de las obras dispone de doce meses para ejecutar el centro, que dispondrá de doscientas celdas para reclusos en régimen abierto. Estos presos cumplen en estos momentos su pena en la antigua prisión de Málaga, situada en Cruz de Humilladero.
Según informó ayer el Ayuntamiento, los empresarios han detectado movimientos de tierras en la parcela sobre la que la Sociedad Estatal Infraestructuras y Equipamientos proyecta la implantación de este equipamiento, motivo por el que han solicitado el encuentro con el regidor.
Junto a De la Torre, a la reunión asistirán los concejales de Urbanismo, Manuel Díaz, y de Polígonos, Manuel Marmolejo. Este asunto ha provocado ciertas diferencias entre el equipo de gobierno y la Administración estatal, en relación a la propiedad de los terrenos en los que se asentará el centro de inserción. Hasta el punto de que en el último Consejo de Urbanismo, el equipo de gobierno aprobó una iniciativa por la que pasaba a inscribir en el patrimonio municipal los más de 400.000 metros cuadrados del polígono Guadalhorce, incluyendo la parcela de la nueva cárcel.
Y todo ello después de que el Ministerio del Interior adjudicase a la empresa Comsa los trabajos de construcción de este equipamiento, por un montante de once millones de euros. De acuerdo con el contrato, la adjudicataria de las obras dispone de doce meses para ejecutar el centro, que dispondrá de doscientas celdas para reclusos en régimen abierto. Estos presos cumplen en estos momentos su pena en la antigua prisión de Málaga, situada en Cruz de Humilladero.
La Junta encarga el diseño de la Carretera de Cádiz con más espacio para peatones (Málaga Hoy)
Javier Bustinduy, uno de los mayores expertos en Metro de todo el país y a nivel mundial, será el encargado de diseñar el proyecto de semipeatonalización de Carretera de Cádiz aprovechando la construcción de la obra de la línea 2 del suburbano de Málaga, cuyo trazado transita entre el Martín Carpena y la calle Juan Pablo II. En esta tarea contará con la colaboración del arquitecto Agustín Benedicto, profesor de la Escuela de Arquitectura de Málaga, cuyos alumnos han realizado en el último ejercicio un trabajo sobre la mejora urbana de once barrios de la ciudad localizados entre las avenidas Molière y Juan XXIII, justo el espacio por el que transitará el ferrocarril urbano.La propuesta presentada por BB&J Consult ha sido finalmente la seleccionada por el ente Ferrocarriles Andaluces, dependiente de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, para llevar a cabo esta labor, que supondrá una de las mayores intervenciones de regeneración urbana en la historia de la capital de la Costa del Sol. La proposición de este estudio, el mismo al que la Administración autonómica encargó hace más de un año el cambio de trazado de la línea 1 del suburbano y el diseño del intercambiador que se ejecutará en la calle Mendívil, junto a la estación de Renfe, ha sido seleccionada de un total de siete propuestas. La oferta económica se eleva a 340.760 euros y el plazo para la redacción del anteproyecto de reurbanización de este eje, de casi cuatro kilómetros de longitud, es de cuatro meses.Con la adjudicación del concurso, que fue impulsado por Obras Públicas a principios del pasado mes de mayo, se libera al completo el camino para una actuación que implicará una sensible reducción del número de carriles abiertos al tráfico en una avenida por la que a diario llegan a transitar hasta 80.000 vehículos. El objetivo que se ha marcado la Junta desde hace algunos años pasa por aprovechar el cierre de la vía con motivo de los trabajos de construcción del Metro y minimizar el peso del tráfico en un barrio carente de espacios abiertos.Para ello, y con el acuerdo inicial del Ayuntamiento de Málaga, el planteamiento puesto sobre la mesa incide en la supresión de viales y en la ampliación de las zonas de uso peatonal. En este sentido, el pliego de condiciones técnicas elaborado por Ferrocarriles Andaluces para este concurso, que toma como base el trabajo realizado a finales del pasado año por los arquitectos Rafael Reinoso y José María Romero, prevé la supresión de parte del trazado viario.Entre la Glorieta de Molière y la Avenida de la Paloma se propone dejar sólo dos carriles por sentido para el transporte público y el tráfico privado; entre La Paloma y la Avenida Juan XXIII se plantean otros dos carriles, con un mismo sentido, con prioridad para transporte público y los peatones, mientras el espacio entre Juan XXIII y Juan Pablo II dará especial protagonismo a los peatones, con la posibilidad de mantener un vial para autobuses y tráfico privado que podría abrirse o cerrarse temporalmente. La propuesta de la Junta también aboga por que el puente de Juan Pablo II, ahora con cuatro carriles, se quede con sólo dos.De cara a garantizar el movimiento de los vehículos, el diseño expuesto garantizaría la continuidad de los ejes que atraviesan Carretera de Cádiz de norte a sur, como Juan Pablo II, Juan XXIII, La Paloma, Gaucín-Frigiliana, Los Guindos y Molière.Este ambicioso proyecto cuenta con el aval de los estudios de tráfico encargados por Ferrocarriles Andaluces a la consultora Tema. Los análisis concluyen que sería factible una fotografía de la Carretera de Cádiz completamente peatonal, aunque supedita una actuación de este tipo a la puesta en servicio del bulevar sobre el soterramiento del AVE, que está proyectado para 2009, y la segunda fase de acceso al Puerto, que permitirá la conexión de la carretera MA-21 con el Paseo Marítimo de Poniente. Ambos ejes son las principales alternativas viarias que se postulan para absorber buena parte de los 80.000 vehículos que llegan a transitar por el eje de Avenida de Velázquez y Héroe Sostoa.Otro de los apuntes que se hace en el pliego de condiciones, que servirá de guía a Bustinduy y a su equipo de trabajo, es la necesidad de dotar de suficientes aparcamientos la zona para garantizar a los residentes un espacio en el que dejar el coche, más aún si se tiene en cuenta que la reurbanización eliminará buena parte de las zonas actualmente ocupadas por vehículos. Incluso se alude a la posibilidad de crear estacionamientos subterráneos sobre la bóveda del túnel del suburbano, una opción barajada tanto por la Junta como por el propio equipo de gobierno del PP.
Bonilla estudia cambiar de lugar las VPO de la finca Monterrey (La Opinión)
El alcalde asegura que un `olvido´ de Souvirón ha impedido que se efectúe el cambio de uso del suelo
El alcalde de Vélez Málaga, Francisco Delgado Bonilla, manifestó que aún no es viable el cambio a suelo urbanizable de los terrenos de la finca Monterrey al faltar un informe de recursos hídricos de la zona que la Junta ha solicitado para comprobar que los terrenos podrán contar con los servicios básicos de agua. No obstante, el alcalde aseguró que su equipo de gobierno seguirá con el expediente hasta el final aunque dejó en el aire el posible uso que se le de al suelo.Así, Delgado Bonilla aseguró que "es muy probable que la finca no pueda ser utilizada para la construcción de VPO, puesto que al ser una parcela que no cuenta con servicios básicos el precio de las viviendas aumentaría considerablemente". En este sentido, el alcalde veleño hizo hincapié en que los terrenos podrían ser utilizados para hacer otro tipo de viviendas o realizar equipamiento municipal. Lo que sí dejó claro Delgado Bonilla es que "en caso de que esta parcela pueda acoger la edificación de viviendas, éstas no serán de madera, sino con las calidades que los veleños se merecen". `Incompetencia´. Por otro lado, el alcalde de Vélez acusó a su antecesor Antonio Souvirón de "actuar con negligencia e incompetencia". Así, Delgado Bonilla explicó que el retraso del cambio de suelo de la finca viene motivado por la falta del informe sobre los recursos hídricos que debía haber solicitado el anterior equipo de gobierno al ser requerido por la Junta de Andalucía. En este sentido, Delgado Bonilla recalcó que "es falso que el actual equipo de gobierno está paralizando la gestión del cambio de suelo de los terrenos de Monterrey. El Consistorio sólo está a la espera de ese informe que tenía que haber gestionado y presentado el equipo de gobierno anterior ante la Junta", apuntilló Delgado Bonilla.Además, el alcalde aseguró que a pesar de no seguir con el proyecto de las casas de madera impulsado por Souvirón, el Ayuntamiento va a conseguir suelo para construir 500 VPO, no sólo en Vélez Málaga y Torre del Mar sino en otros núcleos, y para la primavera de 2008 volverán a sortearse más inmuebles.
El alcalde de Vélez Málaga, Francisco Delgado Bonilla, manifestó que aún no es viable el cambio a suelo urbanizable de los terrenos de la finca Monterrey al faltar un informe de recursos hídricos de la zona que la Junta ha solicitado para comprobar que los terrenos podrán contar con los servicios básicos de agua. No obstante, el alcalde aseguró que su equipo de gobierno seguirá con el expediente hasta el final aunque dejó en el aire el posible uso que se le de al suelo.Así, Delgado Bonilla aseguró que "es muy probable que la finca no pueda ser utilizada para la construcción de VPO, puesto que al ser una parcela que no cuenta con servicios básicos el precio de las viviendas aumentaría considerablemente". En este sentido, el alcalde veleño hizo hincapié en que los terrenos podrían ser utilizados para hacer otro tipo de viviendas o realizar equipamiento municipal. Lo que sí dejó claro Delgado Bonilla es que "en caso de que esta parcela pueda acoger la edificación de viviendas, éstas no serán de madera, sino con las calidades que los veleños se merecen". `Incompetencia´. Por otro lado, el alcalde de Vélez acusó a su antecesor Antonio Souvirón de "actuar con negligencia e incompetencia". Así, Delgado Bonilla explicó que el retraso del cambio de suelo de la finca viene motivado por la falta del informe sobre los recursos hídricos que debía haber solicitado el anterior equipo de gobierno al ser requerido por la Junta de Andalucía. En este sentido, Delgado Bonilla recalcó que "es falso que el actual equipo de gobierno está paralizando la gestión del cambio de suelo de los terrenos de Monterrey. El Consistorio sólo está a la espera de ese informe que tenía que haber gestionado y presentado el equipo de gobierno anterior ante la Junta", apuntilló Delgado Bonilla.Además, el alcalde aseguró que a pesar de no seguir con el proyecto de las casas de madera impulsado por Souvirón, el Ayuntamiento va a conseguir suelo para construir 500 VPO, no sólo en Vélez Málaga y Torre del Mar sino en otros núcleos, y para la primavera de 2008 volverán a sortearse más inmuebles.
El PGOU devolverá a Marbella 180 hectáreas de suelo público (La Opinión)
La Cañada, que tendrá que ceder 262.000 metros cuadrados para zonas verdes, es una de las más afectadas por las compensaciones impuestas a los promotores de edificaciones ilegales
Tras ser aprobado de forma inicial el pasado 20 de julio por todos los grupos políticos del Ayuntamiento, el PGOU de Marbella ha comenzado su largo periplo administrativo de cara a recibir su aprobación definitiva de cara al verano del próximo año 2008. El texto y toda la documentación añadida fueron presentados ayer en la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, donde deberá recibir la declaración de impacto ambiental.El delegado de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, calculó que el PGOU de Marbella podría recibir esa declaración en el mes de noviembre, dos meses después de que termine el plazo de exposición pública. Trillo, que mantuvo un encuentro con la concejala de Urbanismo, Alba Echeverría, y con el director de la Oficina de Planeamiento Urbanístico de Marbella, José María Ruiz Povedano, confió en poder "acortar" los plazos en la medida de lo posible para contribuir así a la "normalización de un desarrollo caótico durante los últimos años".El plan general propone la normalización de 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones por parte de los promotores que permitirá recuperar 1,8 millones de metros cuadrados de suelo para equipamientos y zonas verdes. Trillo explicó que una de las compensaciones más importantes corresponde al centro comercial La Cañada, ya que su adscripción al plan le supondrá un cesión de 260.000 metros cuadrados de suelo para zona verde.Al parecer, y según añadieron fuentes cercanas al Ayuntamiento, se está pendiente de cuantificar las compensaciones para las constructoras con viviendas legalizadas por el PGOU, destacan las responsabilidades que tendrán que afrontar sociedades como las del empresario Tomás Olivo. En total, y tal y como ha previsto el plan, serán 1,8 millones de metros (180 hectáreas o, para decirlo gráficamente, campos de fútbol) para equipamientos y zonas verdes.Revisiones en el aire. Trillo ensalzó el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Marbella para encauzar la difícil situación heredada de los años precios a la operación `Malaya´. "Se ha hecho un enorme esfuerzo para articular la ciudad dentro de la normativa urbanística vigente tanto en el suelo urbanizado como en el crecimiento de la población", comentó Trillo. En el apartado medioambiental, el delegado destacó que el plan prevé el traslado de las vías pecuarias del interior a la periferia con la consideración de suelo de especial protección, y la elaboración de mapas de ruido y de puntos limpios. La prevención de inundaciones es otro de los aspectos planteados por el PGOU.Por su parte, la concejala de Urbanismo del Consistorio marbellí, Alba Echeverría, admitió que durante la exposición pública del PGOU se recibirán "numerosas" alegaciones. "Es normal que se reciban muchas porque no todos pueden estar de acuerdo con ciertos puntos como la legalización o no de promociones de viviendas", dijo.La reunión sí dejó claro que sigue existiendo discrepancias entre el Ayuntamiento y la Junta en relación a un punto importante: el Consistorio se niega a seguir revisando, tal y como demanda la Junta, las licencias ilegales otorgadas durante la era GIL. Echeverría volvió a reiterar ayer esa postura. "Ningún beneficio traería esa revisión indiscriminada", apuntó la edil que calificó este asunto como un "punto de fricción". La Oficina de Planeamiento Urbanístico prevé para final de agosto una reunión con la Consejería y el Ayuntamiento para limar estas asperezas.
Tras ser aprobado de forma inicial el pasado 20 de julio por todos los grupos políticos del Ayuntamiento, el PGOU de Marbella ha comenzado su largo periplo administrativo de cara a recibir su aprobación definitiva de cara al verano del próximo año 2008. El texto y toda la documentación añadida fueron presentados ayer en la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, donde deberá recibir la declaración de impacto ambiental.El delegado de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, calculó que el PGOU de Marbella podría recibir esa declaración en el mes de noviembre, dos meses después de que termine el plazo de exposición pública. Trillo, que mantuvo un encuentro con la concejala de Urbanismo, Alba Echeverría, y con el director de la Oficina de Planeamiento Urbanístico de Marbella, José María Ruiz Povedano, confió en poder "acortar" los plazos en la medida de lo posible para contribuir así a la "normalización de un desarrollo caótico durante los últimos años".El plan general propone la normalización de 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones por parte de los promotores que permitirá recuperar 1,8 millones de metros cuadrados de suelo para equipamientos y zonas verdes. Trillo explicó que una de las compensaciones más importantes corresponde al centro comercial La Cañada, ya que su adscripción al plan le supondrá un cesión de 260.000 metros cuadrados de suelo para zona verde.Al parecer, y según añadieron fuentes cercanas al Ayuntamiento, se está pendiente de cuantificar las compensaciones para las constructoras con viviendas legalizadas por el PGOU, destacan las responsabilidades que tendrán que afrontar sociedades como las del empresario Tomás Olivo. En total, y tal y como ha previsto el plan, serán 1,8 millones de metros (180 hectáreas o, para decirlo gráficamente, campos de fútbol) para equipamientos y zonas verdes.Revisiones en el aire. Trillo ensalzó el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Marbella para encauzar la difícil situación heredada de los años precios a la operación `Malaya´. "Se ha hecho un enorme esfuerzo para articular la ciudad dentro de la normativa urbanística vigente tanto en el suelo urbanizado como en el crecimiento de la población", comentó Trillo. En el apartado medioambiental, el delegado destacó que el plan prevé el traslado de las vías pecuarias del interior a la periferia con la consideración de suelo de especial protección, y la elaboración de mapas de ruido y de puntos limpios. La prevención de inundaciones es otro de los aspectos planteados por el PGOU.Por su parte, la concejala de Urbanismo del Consistorio marbellí, Alba Echeverría, admitió que durante la exposición pública del PGOU se recibirán "numerosas" alegaciones. "Es normal que se reciban muchas porque no todos pueden estar de acuerdo con ciertos puntos como la legalización o no de promociones de viviendas", dijo.La reunión sí dejó claro que sigue existiendo discrepancias entre el Ayuntamiento y la Junta en relación a un punto importante: el Consistorio se niega a seguir revisando, tal y como demanda la Junta, las licencias ilegales otorgadas durante la era GIL. Echeverría volvió a reiterar ayer esa postura. "Ningún beneficio traería esa revisión indiscriminada", apuntó la edil que calificó este asunto como un "punto de fricción". La Oficina de Planeamiento Urbanístico prevé para final de agosto una reunión con la Consejería y el Ayuntamiento para limar estas asperezas.
La Junta duplicará la carretera que une Churriana y Cártama (La Opinión)
Adjudica a la empresa Narval la redacción del proyecto, que desdoblará la calzada a lo largo de ocho kilómetros con una inversión de 20 millones de euros
La empresa Narval será la encarga de redactar el proyecto de duplicación de la carretera A-7052 que enlaza la barriada de Churriana con Cártama, según anunció ayer la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. El desdoblamiento de esta carretera, conocida en Málaga como el camino de la Confederación Hidrográfica del Sur, es una actuación incluida en el plan `Más Cerca´ que la Junta de Andalucía, a través de la empresa pública Giasa, y convertirá el citado enlace en un nuevo vial metropolitano.El proyecto supondrá una inversión de unos 20 millones de euros, que serán cofinanciados con fondos Feder de la Unión Europea.El presupuesto de adjudicación a la empresa es de 353.000 euros, con un plazo de redacción establecido en siete meses. El origen de la actuación se sitúa en el enlace de la autovía del Guadalhorce con la A-7052, en la localidad de Cártama. Así, el primer tramo discurre hasta la carretera A-404 (que va de Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre a Churriana), donde conectará con la futura ronda exterior de Málaga, que se encuentra en fase de licitación por el Ministerio de Fomento.El segundo tramo conecta esta intersección con el futuro vial distribuidor del tráfico por el oeste de Málaga, cuyo proyecto actualmente se está redactando.La duplicación de la calzada tendrá una longitud de 7,9 kilómetros y dos carriles de 3,5 metros para cada sentido, con arcenes exteriores de 1,5 metros. Las vías de servicio dispondrán de calzadas con dos direcciones, con 6 metros de ancho, dotadas de arcenes laterales o aceras.
La empresa Narval será la encarga de redactar el proyecto de duplicación de la carretera A-7052 que enlaza la barriada de Churriana con Cártama, según anunció ayer la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. El desdoblamiento de esta carretera, conocida en Málaga como el camino de la Confederación Hidrográfica del Sur, es una actuación incluida en el plan `Más Cerca´ que la Junta de Andalucía, a través de la empresa pública Giasa, y convertirá el citado enlace en un nuevo vial metropolitano.El proyecto supondrá una inversión de unos 20 millones de euros, que serán cofinanciados con fondos Feder de la Unión Europea.El presupuesto de adjudicación a la empresa es de 353.000 euros, con un plazo de redacción establecido en siete meses. El origen de la actuación se sitúa en el enlace de la autovía del Guadalhorce con la A-7052, en la localidad de Cártama. Así, el primer tramo discurre hasta la carretera A-404 (que va de Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre a Churriana), donde conectará con la futura ronda exterior de Málaga, que se encuentra en fase de licitación por el Ministerio de Fomento.El segundo tramo conecta esta intersección con el futuro vial distribuidor del tráfico por el oeste de Málaga, cuyo proyecto actualmente se está redactando.La duplicación de la calzada tendrá una longitud de 7,9 kilómetros y dos carriles de 3,5 metros para cada sentido, con arcenes exteriores de 1,5 metros. Las vías de servicio dispondrán de calzadas con dos direcciones, con 6 metros de ancho, dotadas de arcenes laterales o aceras.
Junta y Marbella negociarán una salida al conflicto por la revisión de licencias ilegales (SUR)
Está previsto que a finales de este mes o a principios de septiembre se reúnan los servicios jurídicos de la Consejería de Obras Públicas y del Ayuntamiento La negativa del Consistorio a examinarlas provoca las primeras discrepancias
La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella tratarán de limar las primeras discrepancias surgidas entre ambas administraciones por la negativa del equipo de gobierno municipal a revisar de oficio, en cumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 561 licencias de obras ilegales otorgadas, en su mayor parte, por los sucesivos gobiernos del GIL. En la reunión a dos bandas celebrada ayer en Málaga para debatir el impacto ambiental del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, acercaron posturas tras la advertencia realizada anteayer por la Consejería andaluza de Obras Públicas y Transporte de denunciar al Consistorio en caso de que no revise de oficio, en el plazo de 20 días, 14 de estos permisos ilegales. Ayer acordaron que a finales de este mes o a principios de septiembre mantendrán un encuentro los servicios jurídicos de Obras Públicas de la Junta y del Ayuntamiento de la ciudad para tratar de zanjar las desavenencias en cuanto a la obligatoriedad que impone el Gobierno andaluz a la revisión de estos permisos.DirectricesJosé María Ruiz Povedano, director de la Oficina de Planeamiento de la Junta en Marbella, aseguró ayer que la filosofía de la consejería andaluza en cuanto al planeamiento de Marbella es de «colaboración», lo que, en su opinión, no exime de que se examinen estas licencias ilegales y, por tanto, nulas para que se sustituyan por otras nuevas adaptadas al nuevo planeamiento urbanístico. Por su parte, Alba Echeverría, concejala de Urbanismo, explicó que la decisión de no volver a examinar más licencias fue tomada por un acuerdo plenario, merced a la mayoría absoluta del PP, entre otros asuntos, para «acelerar» la aprobación del PGOU «Esperemos que lleguemos a un acuerdo al respecto en el momento en que nos sentemos, hablemos y limemos discrepancias», puntualizó. Povedano señaló que en este asunto, las diferencias «están pactadas con el fin de buscar la salida más acorde de acuerdo al interés general». Ecologistas en Acción instó al Ayuntamiento a realice esta revisión.
La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella tratarán de limar las primeras discrepancias surgidas entre ambas administraciones por la negativa del equipo de gobierno municipal a revisar de oficio, en cumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 561 licencias de obras ilegales otorgadas, en su mayor parte, por los sucesivos gobiernos del GIL. En la reunión a dos bandas celebrada ayer en Málaga para debatir el impacto ambiental del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, acercaron posturas tras la advertencia realizada anteayer por la Consejería andaluza de Obras Públicas y Transporte de denunciar al Consistorio en caso de que no revise de oficio, en el plazo de 20 días, 14 de estos permisos ilegales. Ayer acordaron que a finales de este mes o a principios de septiembre mantendrán un encuentro los servicios jurídicos de Obras Públicas de la Junta y del Ayuntamiento de la ciudad para tratar de zanjar las desavenencias en cuanto a la obligatoriedad que impone el Gobierno andaluz a la revisión de estos permisos.DirectricesJosé María Ruiz Povedano, director de la Oficina de Planeamiento de la Junta en Marbella, aseguró ayer que la filosofía de la consejería andaluza en cuanto al planeamiento de Marbella es de «colaboración», lo que, en su opinión, no exime de que se examinen estas licencias ilegales y, por tanto, nulas para que se sustituyan por otras nuevas adaptadas al nuevo planeamiento urbanístico. Por su parte, Alba Echeverría, concejala de Urbanismo, explicó que la decisión de no volver a examinar más licencias fue tomada por un acuerdo plenario, merced a la mayoría absoluta del PP, entre otros asuntos, para «acelerar» la aprobación del PGOU «Esperemos que lleguemos a un acuerdo al respecto en el momento en que nos sentemos, hablemos y limemos discrepancias», puntualizó. Povedano señaló que en este asunto, las diferencias «están pactadas con el fin de buscar la salida más acorde de acuerdo al interés general». Ecologistas en Acción instó al Ayuntamiento a realice esta revisión.
La peatonalización de la Carretera de Cádiz da el primer paso con la adjudicación de su diseño (SUR)
La Consejería de Obras Públicas encarga la redacción del anteproyecto para remodelar la vía más poblada de la capital La Junta presentará en diciembre la propuesta al Consistorio
EL PROYECTO
En qué consiste: La propuesta liderada por la Junta pretende la peatonalización parcial de la Carretera de Cádiz aprovechando las obras del metro. El proyecto contempla la habilitación de zonas peatonales, plazas, espacios verdes, carriles de bici o instalaciones de ocio.El anteproyecto: Ha sido asignado a la empresa BB&J Consult por 340.760 euros. A partir de ahora la consultora tiene un plazo de cuatro meses para elaborarlo.Administraciones: Obras Públicas costeará el proyecto, que deberá aprobar el Consistorio.
El anteproyecto para peatonalizar parcialmente la Carretera de Cádiz tras las obras de construcción de la línea dos del metro ya tiene firma. El jueves la Consejería de Obras Públicas adjudicó el diseño de su reurbanización a la ingeniería BB&J Consult por un importe de 340.760 euros. Un trámite burocrático que permite dar un paso adelante hacia la materialización de esta iniciativa, que aspira a mejorar la calidad de vida de uno de los espacios más congestionados de la ciudad, con casi 180.000 vecinos.La citada adjudicación cierra así una primera etapa en la aún corta vida de este proyecto, que inició su andadura el pasado 3 de mayo, cuando la Junta licitó el concurso de presentación de propuestas para la remodelación. En total han sido ocho las empresas que en este tiempo han competido por hacerse con el timón de su diseño, entre ellas las malagueñas Cemosa y Aertec (esta última agrupada con Vorsevi), Euroestudios, Oluz, Inaser, la firma Técnicas Territoriales Urbanas y la finalmente vencedora, BB&J Consult, una consultora que ya ha participado en otras fases de andadura del suburbano. De hecho, en sus despachos se cocinaron los últimos cambios en el proyecto, como el intercambiador previsto de la calle Mendívil, junto a Renfe.CalendarioUna vez asignado el estudio, la adjudicataria tendrá un plazo de cuatro meses para presentárselo a la Junta. «De este modo, a principios de diciembre el texto iría al Ayuntamiento para acordar con ellos el proyecto definitivo», explicó ayer a este periódico el director de la Oficina del Metro de Málaga, Enrique Urkijo, quien aseguró que la peatonalización supone «una apuesta por dignificar una de las zonas más pobladas». «La Carretera de Cádiz se lo merecía. Más que una carretera, es un barrio donde vive muchísima gente y, como tal, necesita igual que otros buenas aceras, plazas o espacios para pasear», añadió.En este sentido hay que recordar que el proyecto de semipeatonalización que prevé la administración andaluza contempla la habilitación de zonas peatonales y otras actuaciones urbanísticas como espacios verdes, carriles-bici e instalaciones para el ocio. La Consejería de Obras Pública será la que costeará el anteproyecto para diseñar cómo quedará ese espacio tras la entrada en servicio del suburbano. Y es que, pese a tratarse de una competencia municipal, la Administración autonómica quiere aprovechar que en el contrato de concesión administrativa del metro se establece que la restitución del viario público es una obligación de las empresas que acometen esta infraestructura. Apoyo del AyuntamientoNo obstante, en última instancia. la actuación deberá llevarse a cabo con el beneplácito del equipo de gobierno municipal quien, de momento, ve con buenos ojos esta iniciativa. «Debemos aprovechar las obras de Carretera de Cádiz para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, teniendo en cuenta en todo momento su opinión», precisó el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, quien abogó por un proyecto «consensuado» a tres bandas: Junta, Consistorio y residentes. Díaz, quien dijo que su departamento se muestra «receptivo» al estudio de semipeatonalización, hizo hincapié en la necesidad de estudiar bien «el tema del tráfico y de los aparcamientos». Respecto al comienzo de las obras, aún no hay previsión alguna por -entre otros motivos- el retraso que acumulan los trabajos del metro.
EL PROYECTO
En qué consiste: La propuesta liderada por la Junta pretende la peatonalización parcial de la Carretera de Cádiz aprovechando las obras del metro. El proyecto contempla la habilitación de zonas peatonales, plazas, espacios verdes, carriles de bici o instalaciones de ocio.El anteproyecto: Ha sido asignado a la empresa BB&J Consult por 340.760 euros. A partir de ahora la consultora tiene un plazo de cuatro meses para elaborarlo.Administraciones: Obras Públicas costeará el proyecto, que deberá aprobar el Consistorio.
El anteproyecto para peatonalizar parcialmente la Carretera de Cádiz tras las obras de construcción de la línea dos del metro ya tiene firma. El jueves la Consejería de Obras Públicas adjudicó el diseño de su reurbanización a la ingeniería BB&J Consult por un importe de 340.760 euros. Un trámite burocrático que permite dar un paso adelante hacia la materialización de esta iniciativa, que aspira a mejorar la calidad de vida de uno de los espacios más congestionados de la ciudad, con casi 180.000 vecinos.La citada adjudicación cierra así una primera etapa en la aún corta vida de este proyecto, que inició su andadura el pasado 3 de mayo, cuando la Junta licitó el concurso de presentación de propuestas para la remodelación. En total han sido ocho las empresas que en este tiempo han competido por hacerse con el timón de su diseño, entre ellas las malagueñas Cemosa y Aertec (esta última agrupada con Vorsevi), Euroestudios, Oluz, Inaser, la firma Técnicas Territoriales Urbanas y la finalmente vencedora, BB&J Consult, una consultora que ya ha participado en otras fases de andadura del suburbano. De hecho, en sus despachos se cocinaron los últimos cambios en el proyecto, como el intercambiador previsto de la calle Mendívil, junto a Renfe.CalendarioUna vez asignado el estudio, la adjudicataria tendrá un plazo de cuatro meses para presentárselo a la Junta. «De este modo, a principios de diciembre el texto iría al Ayuntamiento para acordar con ellos el proyecto definitivo», explicó ayer a este periódico el director de la Oficina del Metro de Málaga, Enrique Urkijo, quien aseguró que la peatonalización supone «una apuesta por dignificar una de las zonas más pobladas». «La Carretera de Cádiz se lo merecía. Más que una carretera, es un barrio donde vive muchísima gente y, como tal, necesita igual que otros buenas aceras, plazas o espacios para pasear», añadió.En este sentido hay que recordar que el proyecto de semipeatonalización que prevé la administración andaluza contempla la habilitación de zonas peatonales y otras actuaciones urbanísticas como espacios verdes, carriles-bici e instalaciones para el ocio. La Consejería de Obras Pública será la que costeará el anteproyecto para diseñar cómo quedará ese espacio tras la entrada en servicio del suburbano. Y es que, pese a tratarse de una competencia municipal, la Administración autonómica quiere aprovechar que en el contrato de concesión administrativa del metro se establece que la restitución del viario público es una obligación de las empresas que acometen esta infraestructura. Apoyo del AyuntamientoNo obstante, en última instancia. la actuación deberá llevarse a cabo con el beneplácito del equipo de gobierno municipal quien, de momento, ve con buenos ojos esta iniciativa. «Debemos aprovechar las obras de Carretera de Cádiz para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, teniendo en cuenta en todo momento su opinión», precisó el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, quien abogó por un proyecto «consensuado» a tres bandas: Junta, Consistorio y residentes. Díaz, quien dijo que su departamento se muestra «receptivo» al estudio de semipeatonalización, hizo hincapié en la necesidad de estudiar bien «el tema del tráfico y de los aparcamientos». Respecto al comienzo de las obras, aún no hay previsión alguna por -entre otros motivos- el retraso que acumulan los trabajos del metro.
De cómo recuperar la decoración original tras gruesas capas de añadido (La Opinión)
La empresa Tarma trabaja desde enero de este año en la restauración de un inmueble barroco con una interesante fachada llena de motivos arquitectónicos fingidos, de los que se conservan el 80%
Muchos edificios del Centro Histórico esconden auténticas joyas tras gruesas capas de añadidos, que se han ido incorporando a lo largo del tiempo, ocultado su decoración original. Es el caso del inmueble situado en el número 50 de la calle Granada, que desde enero de este año está siendo restaurado por la empresa Tarma. El informe previo sobre revestimientos pictóricos murales de la fachada de esta construcción barroca, firmado por Beatriz Martín Peinado, explica que se trata de un interesante ejemplo de edificio del siglo XVIII, que reproduce los mismos motivos ya utilizados en otros coetáneos, situados en la misma vía, y que también se están rehabilitando en la actualidad.La fachada del inmueble se estructura en planta baja (foto Vega), primera y segunda, existiendo una línea de imposta que separa las dos plantas superiores. Está diseñada rítmicamente con tres huecos en las plantas primera y segunda, con cierros y balcones de rejería.Tarma ha ejecutado una serie de catas sobre la fachada, cuyo objetivo ha sido examinar y conocer los diferentes estratos presentes en el paramento exterior, verificando la existencia de revestimientos originales y la detección de policromías. Asimismo, se ha podido observar la calidad de las decoraciones pictóricas conservadas y su estado de conservación. En las catas practicadas se observa que el programa ornamental de fachada representa una arquitectura fingida, parecida a las mencionadas anteriormente en las fachadas de esta misma calle, como la casa palacio de la familia Gálvez, en el número 60, o en el edificio de Granada número 54.Esta decoración pictórica, probablemente, compondrá la fachada, sirviéndose de los vanos para articular un ritmo simétrico a base de columnas, recercados y frontones que los enmarcan, todo ello pintado, con el fin de ennoblecer el aspecto exterior del edificio, enfatizando los vanos, cierros y balcones.Los colores predominantes son de la gama de los negros, grises y tierras. El estado general en que se encuentran los estratos pictóricos, a juicio de la restauradora, se puede considerar de aceptable a malo, según las zonas, aunque se puede mantener el 80% de las pinturas originales, de ahí que se haya recomendado su conservación y restauración.Para ello, se empezará eliminando las capas superpuestas al original, mediante medios manuales como bisturí y escalpelo, picado de cementos y morteros inadecuados. Además, se consolidarán los revestimientos, a través de la inyección y goteo de resina vinílica en emulsión. Previamente se limpiará toda la superficie con aguay y alcohol para ablandar la suciedad, teniendo cuidado de no dañar la policromía.Para la consolidación y fijación de la capa de color se aplicará silicato de etilo, repitiendo el proceso hasta conseguir la idónea consistencia de los estratos pictóricos. Los técnicos que trabajan en las restauración del edificio también sellarán las grietas, oquedades y bordes de lagunas del revestimiento original. Para ello, emplearán un mortero de cal y árido seleccionado, para rellenarlos y nivelarlos con el recovo existente.La restitución de faltas de soporte pictórico mural se hará con revoco de cal de características en cuanto a composición, textura y tono similar al existente, dejando las uniones entre morteros enrasadas.Las faltas de policromía se reintegrarán cromáticamente con colores a base de silicatos y manteniendo algún criterio diferenciador del original, buscando restituir la decoración primitiva y la ornamentación del conjunto. Por último, una vez finalizados todos los trabajos, se procederá a proteger las pinturas murales mediante hidrofugado de toda la superficie con producto a base de siloxano.
Muchos edificios del Centro Histórico esconden auténticas joyas tras gruesas capas de añadidos, que se han ido incorporando a lo largo del tiempo, ocultado su decoración original. Es el caso del inmueble situado en el número 50 de la calle Granada, que desde enero de este año está siendo restaurado por la empresa Tarma. El informe previo sobre revestimientos pictóricos murales de la fachada de esta construcción barroca, firmado por Beatriz Martín Peinado, explica que se trata de un interesante ejemplo de edificio del siglo XVIII, que reproduce los mismos motivos ya utilizados en otros coetáneos, situados en la misma vía, y que también se están rehabilitando en la actualidad.La fachada del inmueble se estructura en planta baja (foto Vega), primera y segunda, existiendo una línea de imposta que separa las dos plantas superiores. Está diseñada rítmicamente con tres huecos en las plantas primera y segunda, con cierros y balcones de rejería.Tarma ha ejecutado una serie de catas sobre la fachada, cuyo objetivo ha sido examinar y conocer los diferentes estratos presentes en el paramento exterior, verificando la existencia de revestimientos originales y la detección de policromías. Asimismo, se ha podido observar la calidad de las decoraciones pictóricas conservadas y su estado de conservación. En las catas practicadas se observa que el programa ornamental de fachada representa una arquitectura fingida, parecida a las mencionadas anteriormente en las fachadas de esta misma calle, como la casa palacio de la familia Gálvez, en el número 60, o en el edificio de Granada número 54.Esta decoración pictórica, probablemente, compondrá la fachada, sirviéndose de los vanos para articular un ritmo simétrico a base de columnas, recercados y frontones que los enmarcan, todo ello pintado, con el fin de ennoblecer el aspecto exterior del edificio, enfatizando los vanos, cierros y balcones.Los colores predominantes son de la gama de los negros, grises y tierras. El estado general en que se encuentran los estratos pictóricos, a juicio de la restauradora, se puede considerar de aceptable a malo, según las zonas, aunque se puede mantener el 80% de las pinturas originales, de ahí que se haya recomendado su conservación y restauración.Para ello, se empezará eliminando las capas superpuestas al original, mediante medios manuales como bisturí y escalpelo, picado de cementos y morteros inadecuados. Además, se consolidarán los revestimientos, a través de la inyección y goteo de resina vinílica en emulsión. Previamente se limpiará toda la superficie con aguay y alcohol para ablandar la suciedad, teniendo cuidado de no dañar la policromía.Para la consolidación y fijación de la capa de color se aplicará silicato de etilo, repitiendo el proceso hasta conseguir la idónea consistencia de los estratos pictóricos. Los técnicos que trabajan en las restauración del edificio también sellarán las grietas, oquedades y bordes de lagunas del revestimiento original. Para ello, emplearán un mortero de cal y árido seleccionado, para rellenarlos y nivelarlos con el recovo existente.La restitución de faltas de soporte pictórico mural se hará con revoco de cal de características en cuanto a composición, textura y tono similar al existente, dejando las uniones entre morteros enrasadas.Las faltas de policromía se reintegrarán cromáticamente con colores a base de silicatos y manteniendo algún criterio diferenciador del original, buscando restituir la decoración primitiva y la ornamentación del conjunto. Por último, una vez finalizados todos los trabajos, se procederá a proteger las pinturas murales mediante hidrofugado de toda la superficie con producto a base de siloxano.
Las obras de Atarazanas salen a concurso y se iniciarán en 2009 (La Opinión)
La rehabilitación costará 9,3 millones de euros a los que hay que sumar los 3,4 millones del mercado provisional. Los trabajos se alargarán año y medio
Ocho años después de que se pusiera en marcha el proceso para la rehabilitación del mercado de Atarazanas, el Ministerio de Fomento acaba de dar los últimos pasos para que las obras finalmente se inicien. Ayer, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el anuncio por el que los trabajos del mercado salen a concurso a un precio de 9.350.477 euros.Las empresas interesadas tendrán hasta el 14 de septiembre para presentar sus ofertas, por lo que las previsiones apuntan a que el Ministerio de Fomento adjudique las obras para noviembre o diciembre y éstas podrían iniciarse a comienzos de 2008. Dado que el plazo de ejecución es de 18 meses, el mercado debe de estar rehabilitado para el verano del 2009. Habrían pasado diez años desde el inicio de la pesada tramitación.Provisional. Además del concurso de las obras, Fomento ha licitado también la dirección facultativa de las mismas por 450.000 euros. Anteriormente, el Ministerio gastó otros 29.800 euros en la reforma y adaptación del proyecto, realizado por los arquitectos Aranguren y Gallegos, que son los autores también del proyecto original.A estas partidas, hay que añadir los casi 3,5 millones de euros que el Ayuntamiento de Málaga se ha gastado en la construcción del mercado provisional que albergará a los puestos mientras duren las obras. Tras la suma de todos estos conceptos, el coste final de esta actuación asciende a los 13,2 millones de euros, que serán asumidos a partes iguales por el Ministerio de Fomento y el Consistorio.El mercado provisional, que se levanta en la parte superior del aparcamiento de la calle Camas se encuentra finalizado desde hace unos seis meses, aunque está cerrado, ya que los comerciantes de los puestos se negaron a trasladarse hasta no tener una confirmación oficial del inicio de las obras de reforma del viejo mercado.Ahora, cuando acaba de conocerse que las obras salen a concurso La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Málaga, Purificación Pineda, señaló ayer que el traslado se llevará a cabo antes de que se produzca la adjudicación de las obras, "probablemente el mes de octubre".
Ocho años después de que se pusiera en marcha el proceso para la rehabilitación del mercado de Atarazanas, el Ministerio de Fomento acaba de dar los últimos pasos para que las obras finalmente se inicien. Ayer, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el anuncio por el que los trabajos del mercado salen a concurso a un precio de 9.350.477 euros.Las empresas interesadas tendrán hasta el 14 de septiembre para presentar sus ofertas, por lo que las previsiones apuntan a que el Ministerio de Fomento adjudique las obras para noviembre o diciembre y éstas podrían iniciarse a comienzos de 2008. Dado que el plazo de ejecución es de 18 meses, el mercado debe de estar rehabilitado para el verano del 2009. Habrían pasado diez años desde el inicio de la pesada tramitación.Provisional. Además del concurso de las obras, Fomento ha licitado también la dirección facultativa de las mismas por 450.000 euros. Anteriormente, el Ministerio gastó otros 29.800 euros en la reforma y adaptación del proyecto, realizado por los arquitectos Aranguren y Gallegos, que son los autores también del proyecto original.A estas partidas, hay que añadir los casi 3,5 millones de euros que el Ayuntamiento de Málaga se ha gastado en la construcción del mercado provisional que albergará a los puestos mientras duren las obras. Tras la suma de todos estos conceptos, el coste final de esta actuación asciende a los 13,2 millones de euros, que serán asumidos a partes iguales por el Ministerio de Fomento y el Consistorio.El mercado provisional, que se levanta en la parte superior del aparcamiento de la calle Camas se encuentra finalizado desde hace unos seis meses, aunque está cerrado, ya que los comerciantes de los puestos se negaron a trasladarse hasta no tener una confirmación oficial del inicio de las obras de reforma del viejo mercado.Ahora, cuando acaba de conocerse que las obras salen a concurso La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Málaga, Purificación Pineda, señaló ayer que el traslado se llevará a cabo antes de que se produzca la adjudicación de las obras, "probablemente el mes de octubre".
Fomento desbloquea la rehabilitación de Atarazanas y saca las obras a concurso (SUR)
El Ayuntamiento dice que llega con un año de retraso y espera que el traslado al recinto provisional se haga en otoño
El Ministerio de Fomento publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado la licitación de las obras de rehabilitación del mercado de Atarazanas en Málaga, por un coste de 9.350.477 euros y un plazo de ejecución de dieciocho meses. También se publicó la licitación de la dirección de estos trabajos, que tendrá un coste de 450.000 euros y el mismo plazo de ejecución, informó ayer el PSOE en un comunicado.Los ministerios de Fomento y Cultura acordaron ya el 24 de abril de 2007, durante la primera Comisión Mixta del 1% Cultural, destinar durante el presente año 6,3 millones de euros a la rehabilitación de este mercado, obras que ayer se han licitado por un importe mayor.El proyecto de mejora del mercado fue aprobado en 1999 por el anterior Gobierno «pero no se impulsaron las actuaciones necesarias para desarrollarlo», destacó el diputado socialista por Málaga, Miguel Ángel Heredia.Además, según Heredia, el Ministerio de Vivienda incluyó para este fin una partida de casi un millón de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2004, 2005 y 2006, «pero el proyecto no se pudo ejecutar porque el Ayuntamiento no puso a disposición el edificio». El Ayuntamiento de Málaga valoró la licitación por parte del Ministerio de Fomento de las obras de rehabilitación del mercado de Atarazanas; sin embargo, la concejala de Comercio, Purificación Pineda, criticó el retraso de un año en esta actuación. Por ello, dijo que espera que el departamento que dirige Magdalena Álvarez «acelere al máximo los trámites», y mostró su confianza en que el traslado de los comerciantes al mercado provisional se produzca el próximo otoño.«Estamos satisfechos de que por fin la licitación de Atarazanas se publique, pero tenemos un mercado provisional que lleva ya cinco meses cerrado», manifestó la edil, quien añadió que «quizá la noticia de la licitación, en vez de estar hablando sobre ella en este verano, debería haber sido en 2006». De este modo, apuntó que «podrían haber coincidido en el tiempo la adjudicación de las obras de Atarazanas y la finalización del mercado provisional, situado en calle Camas.
El Ministerio de Fomento publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado la licitación de las obras de rehabilitación del mercado de Atarazanas en Málaga, por un coste de 9.350.477 euros y un plazo de ejecución de dieciocho meses. También se publicó la licitación de la dirección de estos trabajos, que tendrá un coste de 450.000 euros y el mismo plazo de ejecución, informó ayer el PSOE en un comunicado.Los ministerios de Fomento y Cultura acordaron ya el 24 de abril de 2007, durante la primera Comisión Mixta del 1% Cultural, destinar durante el presente año 6,3 millones de euros a la rehabilitación de este mercado, obras que ayer se han licitado por un importe mayor.El proyecto de mejora del mercado fue aprobado en 1999 por el anterior Gobierno «pero no se impulsaron las actuaciones necesarias para desarrollarlo», destacó el diputado socialista por Málaga, Miguel Ángel Heredia.Además, según Heredia, el Ministerio de Vivienda incluyó para este fin una partida de casi un millón de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2004, 2005 y 2006, «pero el proyecto no se pudo ejecutar porque el Ayuntamiento no puso a disposición el edificio». El Ayuntamiento de Málaga valoró la licitación por parte del Ministerio de Fomento de las obras de rehabilitación del mercado de Atarazanas; sin embargo, la concejala de Comercio, Purificación Pineda, criticó el retraso de un año en esta actuación. Por ello, dijo que espera que el departamento que dirige Magdalena Álvarez «acelere al máximo los trámites», y mostró su confianza en que el traslado de los comerciantes al mercado provisional se produzca el próximo otoño.«Estamos satisfechos de que por fin la licitación de Atarazanas se publique, pero tenemos un mercado provisional que lleva ya cinco meses cerrado», manifestó la edil, quien añadió que «quizá la noticia de la licitación, en vez de estar hablando sobre ella en este verano, debería haber sido en 2006». De este modo, apuntó que «podrían haber coincidido en el tiempo la adjudicación de las obras de Atarazanas y la finalización del mercado provisional, situado en calle Camas.
La Junta llevará a Marbella a los tribunales si no revisa de oficio 561 licencias ilegales (SUR)
La Consejería de Obras Públicas recuerda al Ayuntamiento la obligatoriedad de que las suspenda «por considerarlas nulas de pleno derecho» Le concede 20 días más para que vuelva a examinar 14 de estos permisos
La negativa del gobierno municipal a revisar más licencias y convenios urbanísticos aprobados en la 'era GIL' al margen del planeamiento vigente no ha dejado impasible a la Junta de Andalucía. La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha advertido al Consistorio marbellí de que impugnará esta decisión municipal si desatiende la petición de revisión de los 561 permisos de obras «ilegales» otorgados por los gobiernos gilistas y posgilistas. Es más, explican que esta actuación viene recogida en la propia Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que califica como nulas las licencias concedidas contra la ordenación urbanística vigente y que además recoge la obligatoriedad del ayuntamiento a realizar de oficio esta revisión. JustificaciónLa postura del equipo de gobierno es bien distinta. Defienden que la anulación de estos permisos conllevaría la demolición de las construcciones ilegales y propiciaría además reclamaciones patrimoniales al Consistorio, por lo que, a su juicio, el proceso de revisión, emprendido por la comisión gestora, debe de quedar en el alero hasta que se apruebe definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). De las 561 solicitudes de revisión remitidas al Consistorio marbellí, se incluyen 95 actuaciones que ya se habían comenzado a revisar pero que han caducado, al paralizarse el proceso; por lo que debe de iniciarse de nuevo el proceso. En esta situación, se encuentran 14 licencias urbanísticas que afectan a 309 viviendas, una escuela de hostelería, la recepción y consejería de un establecimiento hotelero, un centro comercial, un edificio de aparcamientos y la reforma y adaptación de un hotel. En estos casos, la Consejería de Obras Públicas ha optado por dar un nuevo balón de oxígeno a Marbella. Así le concede un plazo extraordinario de 20 días para que vuelva a examinar estos permisos -al haberse superado el plazo legal establecido para ello- teniendo en cuenta «la situación especial por la que ha pasado recientemente el Ayuntamiento». A juicio de la administración andaluza, la decisión del equipo de gobierno municipal de no realizar este proceso «se aparta de la línea marcada por la gestora», que empezó a revisar más de un centenar de permisos. Con esta actuación, la Junta pretende sustituir la licencia nula por una nueva adaptada al Plan General en tramitación para los casos en que se regulariza el edificio, esto es, en más del 80 por ciento de las construcciones ilegales levantadas en los últimos 15 años, y garantizar así «la posesión pacífica de las propiedades».
La negativa del gobierno municipal a revisar más licencias y convenios urbanísticos aprobados en la 'era GIL' al margen del planeamiento vigente no ha dejado impasible a la Junta de Andalucía. La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha advertido al Consistorio marbellí de que impugnará esta decisión municipal si desatiende la petición de revisión de los 561 permisos de obras «ilegales» otorgados por los gobiernos gilistas y posgilistas. Es más, explican que esta actuación viene recogida en la propia Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que califica como nulas las licencias concedidas contra la ordenación urbanística vigente y que además recoge la obligatoriedad del ayuntamiento a realizar de oficio esta revisión. JustificaciónLa postura del equipo de gobierno es bien distinta. Defienden que la anulación de estos permisos conllevaría la demolición de las construcciones ilegales y propiciaría además reclamaciones patrimoniales al Consistorio, por lo que, a su juicio, el proceso de revisión, emprendido por la comisión gestora, debe de quedar en el alero hasta que se apruebe definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). De las 561 solicitudes de revisión remitidas al Consistorio marbellí, se incluyen 95 actuaciones que ya se habían comenzado a revisar pero que han caducado, al paralizarse el proceso; por lo que debe de iniciarse de nuevo el proceso. En esta situación, se encuentran 14 licencias urbanísticas que afectan a 309 viviendas, una escuela de hostelería, la recepción y consejería de un establecimiento hotelero, un centro comercial, un edificio de aparcamientos y la reforma y adaptación de un hotel. En estos casos, la Consejería de Obras Públicas ha optado por dar un nuevo balón de oxígeno a Marbella. Así le concede un plazo extraordinario de 20 días para que vuelva a examinar estos permisos -al haberse superado el plazo legal establecido para ello- teniendo en cuenta «la situación especial por la que ha pasado recientemente el Ayuntamiento». A juicio de la administración andaluza, la decisión del equipo de gobierno municipal de no realizar este proceso «se aparta de la línea marcada por la gestora», que empezó a revisar más de un centenar de permisos. Con esta actuación, la Junta pretende sustituir la licencia nula por una nueva adaptada al Plan General en tramitación para los casos en que se regulariza el edificio, esto es, en más del 80 por ciento de las construcciones ilegales levantadas en los últimos 15 años, y garantizar así «la posesión pacífica de las propiedades».
viernes, 3 de agosto de 2007
Urbanismo recolocará las viviendas de Campanillas rechazadas por la Junta (Málaga Hoy)
Las conclusiones de la Declaración Previa de Impacto Ambiental emitida hace unas semanas por la Junta de Andalucía sobre el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga empiezan a tener sus primeras consecuencias. Uno de los primeros pasos que dará la Gerencia de Urbanismo a tenor de las exigencias del documento autonómico será llevar al sur de la barriada de Campanillas buena parte de las 5.200 viviendas previstas en las márgenes del río Campanillas y que son rechazadas por la Delegación de Medio Ambiente dado el "severo" impacto que tiene sobre el entorno.
La advertencia del departamento encabezado por el delegado Ignacio Trillo inciden sobre los sectores Somera-El Rayo, Campanillas Norte, Colmenarejo Sur, Colmenarejo Norte y Colmenarejo Oeste. Ante este obstáculo, el equipo de gobierno del PP opta por "analizar cuáles son las casas verdaderamente afectadas por el informe", según el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, para quien la cifra puede elevarse a unas 2.500. El cambio de localización de los usos residenciales previstos por el Ayuntamiento en el entorno del río se verá beneficiado por la reducción del impacto de la huella sonora del aeropuerto, que permitirá levantar viviendas en la zona sur de Campanillas.
De otro lado, el edil popular señaló que varios de los técnicos de la Gerencia están estudiando el informe de impacto ambiental y viendo las observaciones que son aplicables al planeamiento local. En este sentido, aludió a la posibilidad de incluir en el texto el estudio de descontaminación de los antiguos suelos de Repsol, sobre los que el PGOU dibuja cuatro grandes torres. En relación a esta actuación, Medio Ambiente advierte de la necesidad de que estos terrenos estén perfectamente descontaminados, al tiempo que informa negativamente de esta actuación por el "incremento notable de la densidad de viviendas".
En lo que no parece que el Ayuntamiento vaya a variar es sobre la propuesta de construcción al norte de la ronda, una medida rechazada por la Junta. Frente a la postura de Medio Ambiente, que aboga por que estos terrenos mantengan la calificación de especialmente protegidos, el Ayuntamiento insiste en defender la ejecución de medio millar de viviendas.
Constituida la sociedad que gestionará la estación marítima (La Opinión)
Cruceros. Las obras de la nueva estación marítima de Málaga se encuentran muy avanzadas.
La Autoridad Portuaria y la empresa Creuers del Port de Barcelona firmaron ayer un acuerdo para constituir la sociedad Cruceros Málaga, que se encargará de gestionar el servicio de atención al pasaje en la estación marítima que se está construyendo junto al dique de Levante y que está previsto que se abra el próximo mes de octubre. Según informó Málagaport, el 20% del capital de esta nueva sociedad corresponderá a la Autoridad Portuaria, mientras que el 80% restante pertenece a Creuers. La cifra inicial para la consecución del proyecto es de 400.000 euros, aunque el desarrollo de los equipos técnicos y medios supondrá una inversión total de 1,5 millones.El consejo de administración de Cruceros Málaga está formado por el presidente de Creuers del Port de Barcelona, Eduardo Cortada; el director comercial de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Juan Madrid; el consejero delegado de Vapores Suardiaz y presidente de ANAVE, Juan Riva; la ex directora de Negocios de Aldeasa Paula Salcedo; el director general de Acciona Trasmediterránea, Antonio Grávalos, y el director de Administración y Finanzas de la Autoridad Portuaria de Málaga, Rafael Bermúdez.Creuers es actualmente la mayor empresa especializada en este tipo de actividad de todo el Mediterráneo, gestiona cinco terminales de pasajeros en el puerto de Barcelona y presta sus servicios a 1,2 millones de viajeros al año. Sin embargo, ésta es la primera vez que la empresa catalana invierte fuera de Barcelona.Como ya indicó hace unas semanas el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Enrique Linde, las obras de la nueva estación marítima se están desarrollando según lo previsto, por lo que se estima que su actividad comience en octubre con la prestación de servicios de maletas y de mostradores.Gran inversión. La inversión de esta instalación supera los 13 millones de euros y corre a cargo de la empresa Necso. La nueva estación va acompañada de la construcción de otros dos atraques, que aumentarán la capacidad de llegada simultánea de grandes cruceros turísticos. En total, la superficie disponible será de 5.422 metros cuadrados. El tráfico de cruceros en el Puerto de Málaga durante el primer semestre del año aumentó un 18,42% con respecto al mismo periodo del año pasado, con un total de 102.999 pasajeros.
La Autoridad Portuaria y la empresa Creuers del Port de Barcelona firmaron ayer un acuerdo para constituir la sociedad Cruceros Málaga, que se encargará de gestionar el servicio de atención al pasaje en la estación marítima que se está construyendo junto al dique de Levante y que está previsto que se abra el próximo mes de octubre. Según informó Málagaport, el 20% del capital de esta nueva sociedad corresponderá a la Autoridad Portuaria, mientras que el 80% restante pertenece a Creuers. La cifra inicial para la consecución del proyecto es de 400.000 euros, aunque el desarrollo de los equipos técnicos y medios supondrá una inversión total de 1,5 millones.El consejo de administración de Cruceros Málaga está formado por el presidente de Creuers del Port de Barcelona, Eduardo Cortada; el director comercial de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Juan Madrid; el consejero delegado de Vapores Suardiaz y presidente de ANAVE, Juan Riva; la ex directora de Negocios de Aldeasa Paula Salcedo; el director general de Acciona Trasmediterránea, Antonio Grávalos, y el director de Administración y Finanzas de la Autoridad Portuaria de Málaga, Rafael Bermúdez.Creuers es actualmente la mayor empresa especializada en este tipo de actividad de todo el Mediterráneo, gestiona cinco terminales de pasajeros en el puerto de Barcelona y presta sus servicios a 1,2 millones de viajeros al año. Sin embargo, ésta es la primera vez que la empresa catalana invierte fuera de Barcelona.Como ya indicó hace unas semanas el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Enrique Linde, las obras de la nueva estación marítima se están desarrollando según lo previsto, por lo que se estima que su actividad comience en octubre con la prestación de servicios de maletas y de mostradores.Gran inversión. La inversión de esta instalación supera los 13 millones de euros y corre a cargo de la empresa Necso. La nueva estación va acompañada de la construcción de otros dos atraques, que aumentarán la capacidad de llegada simultánea de grandes cruceros turísticos. En total, la superficie disponible será de 5.422 metros cuadrados. El tráfico de cruceros en el Puerto de Málaga durante el primer semestre del año aumentó un 18,42% con respecto al mismo periodo del año pasado, con un total de 102.999 pasajeros.
jueves, 2 de agosto de 2007
Acometen la reforma integral de la calle de Las Flores (Málaga Hoy)
La céntrica calle Las Flores de Arroyo de la Miel verá mejorada sustancialmente su imagen. El concejal de Obras del Ayuntamiento de Benalmádena, Joaquín Villazón (PSOE), anunció ayer el proyecto de ordenación y mejora de esta vía que es una de las de mayor actividad comercial del municipio.
Las obras consistirán en un cambio de alumbrado, alcantarillado, telefonía y pavimentación. También se instalarán islas ecológicas, se realizarán nuevos alcorques y está previsto además un embellecimiento de las escaleras y el muro situado junto al edificio de Correos. Una vez se adjudiquen las obras (cuya salida a concurso está prevista de inmediato), el proyecto tendrá un periodo de ejecución de cuatro meses.
Esta actuación cuenta con una inversión de 392.487,82 euros. De este coste global, la Junta de Andalucía aporta el 50 por ciento.
"Esta ayuda económica se enmarca dentro del capítulo de subvenciones destinado a la revitalización comercial de cascos urbanos tendentes a concentrar la oferta de establecimientos minoristas mediante la mejora de equipamiento y remodelación de accesos", explicó Villazón.
Las obras consistirán en un cambio de alumbrado, alcantarillado, telefonía y pavimentación. También se instalarán islas ecológicas, se realizarán nuevos alcorques y está previsto además un embellecimiento de las escaleras y el muro situado junto al edificio de Correos. Una vez se adjudiquen las obras (cuya salida a concurso está prevista de inmediato), el proyecto tendrá un periodo de ejecución de cuatro meses.
Esta actuación cuenta con una inversión de 392.487,82 euros. De este coste global, la Junta de Andalucía aporta el 50 por ciento.
"Esta ayuda económica se enmarca dentro del capítulo de subvenciones destinado a la revitalización comercial de cascos urbanos tendentes a concentrar la oferta de establecimientos minoristas mediante la mejora de equipamiento y remodelación de accesos", explicó Villazón.
Derriban las casas que impedían suprimir la curva de la Comisaría (Málaga Hoy)
La peligrosa curva de entrada a Málaga junto a la Comisaría Provincial tiene los días contados. Al comienzo de las obras de construcción del nuevo trazado, el pasado mes de febrero, se suma ahora el hecho de que ya ha comenzado la demolición de las once casas que tenían que ser derribadas para hacer posible esta infraestructura.
Máquinas y operarios se afanaban ayer en el derrumbe de algunas de las once viviendas que estorbaban al Ministerio de Fomento, situadas en la calle Coín, en la zona de Tiro de Pichón. La expropiaciones y el realojo de los vecinos, más de 20 personas, han corrido a cuenta del Ayuntamiento de Málaga, que durante los últimos meses ha tenido que escuchar los reproches del Gobierno por el retraso en la acomodación de los afectados. El Ejecutivo temía que la demora pusiera en peligro los plazos de ejecución del nuevo trazado.
Las obras del llamado enlace Alameda-Barriguilla comenzaron el 19 de febrero pasado. Su finalidad es incrementar la seguridad de los 60.000 coches que circulan a diario por ese acceso a Málaga cuya sinuosidad, por otro lado, hace que la circulación se ralentice con frecuencia.
El Ministerio de Fomento adjudicó estas obras a la empresa Aldesa Construcciones S.A., por un importe de 20,28 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses. Los trabajos afectan a un tramo de la ronda oeste de 2,5 kilómetros de longitud.
El arranque de esta nueva infraestructura estuvo precedido de las quejas y protestas de los vecinos que iban a ser expropiados. Los residentes en la calle Coín, personas de la tercera edad en su mayoría, se resistían a marcharse de unas casas en las que habían permanecido buena parte de su vida. Les costó asumir que tenían que resignarse a la vida en bloques de viviendas.
El Consistorio les ofreció cantidades en metálico y pisos de VPO por 72.000 euros muy cerca de la zona en la que vivían.
Los trabajos para la construcción de este enlace comenzaron en la zona más alejada de las casas expropiadas. Su derribo permitirá que culminen en los plazos estipulados por el Ministerio de Fomento.
Máquinas y operarios se afanaban ayer en el derrumbe de algunas de las once viviendas que estorbaban al Ministerio de Fomento, situadas en la calle Coín, en la zona de Tiro de Pichón. La expropiaciones y el realojo de los vecinos, más de 20 personas, han corrido a cuenta del Ayuntamiento de Málaga, que durante los últimos meses ha tenido que escuchar los reproches del Gobierno por el retraso en la acomodación de los afectados. El Ejecutivo temía que la demora pusiera en peligro los plazos de ejecución del nuevo trazado.
Las obras del llamado enlace Alameda-Barriguilla comenzaron el 19 de febrero pasado. Su finalidad es incrementar la seguridad de los 60.000 coches que circulan a diario por ese acceso a Málaga cuya sinuosidad, por otro lado, hace que la circulación se ralentice con frecuencia.
El Ministerio de Fomento adjudicó estas obras a la empresa Aldesa Construcciones S.A., por un importe de 20,28 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses. Los trabajos afectan a un tramo de la ronda oeste de 2,5 kilómetros de longitud.
El arranque de esta nueva infraestructura estuvo precedido de las quejas y protestas de los vecinos que iban a ser expropiados. Los residentes en la calle Coín, personas de la tercera edad en su mayoría, se resistían a marcharse de unas casas en las que habían permanecido buena parte de su vida. Les costó asumir que tenían que resignarse a la vida en bloques de viviendas.
El Consistorio les ofreció cantidades en metálico y pisos de VPO por 72.000 euros muy cerca de la zona en la que vivían.
Los trabajos para la construcción de este enlace comenzaron en la zona más alejada de las casas expropiadas. Su derribo permitirá que culminen en los plazos estipulados por el Ministerio de Fomento.
Cártama adjudicará a finales de año las obras de 130 viviendas de VPO (Málaga Hoy)
El Ayuntamiento de Cártama ha aprobado la construcción de 130 viviendas de protección oficial (VPO) con las que dar respuesta a la demanda de los más jóvenes y familias de rentas más modestas.
En el último Pleno, la corporación municipal aprobó de manera definitiva el estudio de detalle del sector situado entre el colegio La Mata y Ampliación de Cártama para la construcción de estas casas.
"Con este trámite, el proyecto de esta promoción de viviendas ha dado un paso más", declaró el concejal de Urbanismo del Consistorio, Jorge Gallardo (PSOE).
En referencia a los plazos de ejecución de este nuevo proyecto urbanístico, el edil adelantó que está previsto que a finales de año se pueda llevar a cabo la adjudicación de las obras de estas viviendas y que los trabajos puedan dar comienzo a principios del próximo año. "Esta promoción será un nexo de unión entre Ampliación de Cártama y el casco urbano de Cártama y, además, contará con distintos espacios verdes", agregó Gallardo.
Esta zona es una de las principales áreas de expansión de la localidad, donde están planteados también nuevos proyectos para la creación de zonas deportivas y de recreo para los residentes.
Por otro lado, el concejal aseguró que en este sector también se han reservado terrenos para las futuras ampliaciones que probablemente pueda sufrir el colegio La Mata. "Se ha reservado una parcela de unos 2.000 metros cuadrados", comentó.
"Este equipo de gobierno va a seguir apostando por la construcción de viviendas sociales en el municipio con el fin de dar respuesta a las familias y jóvenes que no pueden acceder a una vivienda de renta libre", declaró el edil de Urbanismo y manifestó que ya hay más de 100 viviendas en construcción en el término municipal y que en breve comenzarán las obras de distintas promociones que sumarán otras 90 viviendas más
En el último Pleno, la corporación municipal aprobó de manera definitiva el estudio de detalle del sector situado entre el colegio La Mata y Ampliación de Cártama para la construcción de estas casas.
"Con este trámite, el proyecto de esta promoción de viviendas ha dado un paso más", declaró el concejal de Urbanismo del Consistorio, Jorge Gallardo (PSOE).
En referencia a los plazos de ejecución de este nuevo proyecto urbanístico, el edil adelantó que está previsto que a finales de año se pueda llevar a cabo la adjudicación de las obras de estas viviendas y que los trabajos puedan dar comienzo a principios del próximo año. "Esta promoción será un nexo de unión entre Ampliación de Cártama y el casco urbano de Cártama y, además, contará con distintos espacios verdes", agregó Gallardo.
Esta zona es una de las principales áreas de expansión de la localidad, donde están planteados también nuevos proyectos para la creación de zonas deportivas y de recreo para los residentes.
Por otro lado, el concejal aseguró que en este sector también se han reservado terrenos para las futuras ampliaciones que probablemente pueda sufrir el colegio La Mata. "Se ha reservado una parcela de unos 2.000 metros cuadrados", comentó.
"Este equipo de gobierno va a seguir apostando por la construcción de viviendas sociales en el municipio con el fin de dar respuesta a las familias y jóvenes que no pueden acceder a una vivienda de renta libre", declaró el edil de Urbanismo y manifestó que ya hay más de 100 viviendas en construcción en el término municipal y que en breve comenzarán las obras de distintas promociones que sumarán otras 90 viviendas más
El Ayuntamiento de Marbella pasa página y no revisará más licencias ilegales (SUR)
Considera que anular los convenios y permisos urbanísticos otorgados durante los años del GIL podría causar perjuicios patrimoniales al Ayuntamiento La oposición acusa al PP de «mirar para otro lado y huir de la legalidad»
Borrón y cuenta nueva. El Ayuntamiento de Marbella no revisará más licencias y convenios urbanísticos ilegales aprobados durante los años del GIL.Según la memoria del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), durante la gestión de Jesús Gil y sus sucesores, el Ayuntamiento aprobó 995 licencias que no se ajustaban a la legalidad. Durante la etapa de la gestora, el Ayuntamiento inició un proceso de revisión de estos permisos, así como de los convenios lesivos para los intereses municipales firmados durante esos años. Llegó a iniciarse la revisión de 170 de esas licencias, pero ahora el equipo de gobierno ha decidido fijar un punto final y pasar página.La concejala de Urbanismo, Alba Echeverría, argumentó en el pleno municipal celebrado ayer que la revisión de las licencias puede ser lesiva para los intereses municipales, ya que en su opinión pueden dar lugar a reclamaciones patrimoniales, y que la anulación de los permisos no es más que un medio por el que se puede llegar a la demolición de las viviendas construidas.MociónCon estos argumentos, el grupo popular rechazó una moción presentada por el PSOE en la que se solicitaba la revisión de todas las licencias y acuerdos urbanísticos «que infringen los principios de legalidad y de planificación dictados en los 15 años de la era Gil».En contraposición, los concejales del PP propusieron dos enmiendas, que salieron adelante con sus votos, en las que recordaban los argumentos esgrimidos en su día por la gestora para pedir que se aplazaran cuatro sentencias de demolición hasta tanto se aprobara el nuevo PGOU. Según Echeverría, no se puede iniciar las revisiones de mil licencias porque el futuro PGOU «puede normalizar muchas de esas construcciones».En su opinión, la propuesta del PSOE plantea «un trabajo que no conduce a nada y genera un incremento de los perjuicios económicos del Ayuntamiento por las indemnizaciones a las que hay que hacer frente para que luego no se ejecute».Desde las filas socialistas, el argumento es el contrario. El concejal Javier de Luis aseguró que sólo con la revisión de las licencias se puede conseguir que el coste de la normalización de las viviendas ilegales no recaiga sobre los compradores de buena fe, sino sobre los políticos y técnicos que dieron las licencias. Además, según De Luis, sólo de esa manera el Ayuntamiento podría imponer sanciones a los infractores,El portavoz socialista, Paulino Plata, acusó a los populares de querer huir de la legalidad. «Usted quiere mirar para otro lado», le dijo a la edil de Urbanismo.
Borrón y cuenta nueva. El Ayuntamiento de Marbella no revisará más licencias y convenios urbanísticos ilegales aprobados durante los años del GIL.Según la memoria del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), durante la gestión de Jesús Gil y sus sucesores, el Ayuntamiento aprobó 995 licencias que no se ajustaban a la legalidad. Durante la etapa de la gestora, el Ayuntamiento inició un proceso de revisión de estos permisos, así como de los convenios lesivos para los intereses municipales firmados durante esos años. Llegó a iniciarse la revisión de 170 de esas licencias, pero ahora el equipo de gobierno ha decidido fijar un punto final y pasar página.La concejala de Urbanismo, Alba Echeverría, argumentó en el pleno municipal celebrado ayer que la revisión de las licencias puede ser lesiva para los intereses municipales, ya que en su opinión pueden dar lugar a reclamaciones patrimoniales, y que la anulación de los permisos no es más que un medio por el que se puede llegar a la demolición de las viviendas construidas.MociónCon estos argumentos, el grupo popular rechazó una moción presentada por el PSOE en la que se solicitaba la revisión de todas las licencias y acuerdos urbanísticos «que infringen los principios de legalidad y de planificación dictados en los 15 años de la era Gil».En contraposición, los concejales del PP propusieron dos enmiendas, que salieron adelante con sus votos, en las que recordaban los argumentos esgrimidos en su día por la gestora para pedir que se aplazaran cuatro sentencias de demolición hasta tanto se aprobara el nuevo PGOU. Según Echeverría, no se puede iniciar las revisiones de mil licencias porque el futuro PGOU «puede normalizar muchas de esas construcciones».En su opinión, la propuesta del PSOE plantea «un trabajo que no conduce a nada y genera un incremento de los perjuicios económicos del Ayuntamiento por las indemnizaciones a las que hay que hacer frente para que luego no se ejecute».Desde las filas socialistas, el argumento es el contrario. El concejal Javier de Luis aseguró que sólo con la revisión de las licencias se puede conseguir que el coste de la normalización de las viviendas ilegales no recaiga sobre los compradores de buena fe, sino sobre los políticos y técnicos que dieron las licencias. Además, según De Luis, sólo de esa manera el Ayuntamiento podría imponer sanciones a los infractores,El portavoz socialista, Paulino Plata, acusó a los populares de querer huir de la legalidad. «Usted quiere mirar para otro lado», le dijo a la edil de Urbanismo.
miércoles, 1 de agosto de 2007
IU denuncia la ejecución de obras en suelo no urbanizable de Alhaurín de la Torre (Málaga Hoy)
Izquierda Unida ha denunciado que una empresa constructora está llevando a cabo obras en una parcela no urbanizable y destinada a uso agrícola en Alhaurín de la Torre (Málaga), consistentes en el acondicionamiento de dicho terreno para la ubicación de un parking de camiones y maquinaria pesada.
Según informó este partido en un comunicado, los vecinos de la zona vieron como se cortaban todos los árboles frutales que habían en la parcela y como a mediados de mes comenzaron a entubar una acequia propiedad de la Agencia Andaluza del Agua y a vallar la finca. Además, denuncian que se ha desviado la salida de un arroyo cercano con lo que las aguas fluviales van a desaguar directamente a las casas de los alrededores.
Ante esta situación, los vecinos se personaron en el Ayuntamiento y presentaron la correspondiente denuncia ante área de Urbanismo. Asimismo, interpusieron una segunda queja, esta vez dirigida a la Concejalía de Medio Ambiente, y ante la "pasividad" mostrada por el consistorio se decidieron a presentar una tercera ante la Policía Local. También han solicitado un entrevista con el alcalde Joaquín Villanova (PP), quien les ha dado cita para el próximo 20 de septiembre.
Desde IU han remitido un escrito al primer edil en el que piden tener acceso al expediente de licencia de obras, así como que los servicios técnicos efectúen una inspección e informen de las posibles irregularidades a fin de abrir un expediente sancionador en caso de que dicha compañía no cuente con la autorización para utilizar la parcela como parking de vehículos pesados
Según informó este partido en un comunicado, los vecinos de la zona vieron como se cortaban todos los árboles frutales que habían en la parcela y como a mediados de mes comenzaron a entubar una acequia propiedad de la Agencia Andaluza del Agua y a vallar la finca. Además, denuncian que se ha desviado la salida de un arroyo cercano con lo que las aguas fluviales van a desaguar directamente a las casas de los alrededores.
Ante esta situación, los vecinos se personaron en el Ayuntamiento y presentaron la correspondiente denuncia ante área de Urbanismo. Asimismo, interpusieron una segunda queja, esta vez dirigida a la Concejalía de Medio Ambiente, y ante la "pasividad" mostrada por el consistorio se decidieron a presentar una tercera ante la Policía Local. También han solicitado un entrevista con el alcalde Joaquín Villanova (PP), quien les ha dado cita para el próximo 20 de septiembre.
Desde IU han remitido un escrito al primer edil en el que piden tener acceso al expediente de licencia de obras, así como que los servicios técnicos efectúen una inspección e informen de las posibles irregularidades a fin de abrir un expediente sancionador en caso de que dicha compañía no cuente con la autorización para utilizar la parcela como parking de vehículos pesados
El Consistorio rechaza el suelo previsto en el PGOU para el Palacio de Justicia (La Opinión)
La Junta pondrá en marcha en los próximos meses un juzgado de violencia de género y otro de instrucción
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, anunció ayer cuál será una de las alegaciones que su equipo de gobierno propondrá para la modificación del nuevo Plan general de Ordenación Urbana (PGOU). El Ayuntamiento rechaza el suelo que se reserva en el futuro planeamiento para la construcción del nuevo Palacio de Justicia, un proyecto que la Junta de Andalucía espera materializar desde hace siete años. Según Muñoz, se trata de una parcela privada que se encuentra en plena Milla de Oro, entre los hoteles Puente Romano y Marbella Club, por lo que "no es el lugar más idóneo por su difícil acceso". Por este motivo, se comprometió ayer, durante una visita de la delegada provincial de Justicia, Aurora Santos, a abordar de inmediato de nuevos suelos que, previsiblemente, estarán al norte del término municipal.La Junta prevé que el futuro edificio pueda albergar en un futuro unos 20 juzgados. Su puesta en marcha, según la delegada, no excederá del año 2012.Por otro lado, Santos anunció que a partir de diciembre se reforzará el partido judicial de Marbella con la entrada en funcionamiento de un juzgado contra la violencia de género. El otro que también estaba previsto se instalará finalmente en Fuengirola, como ya avanzó este periódico.Asimismo, en 2008 "podría materializarse" la creación de un nuevo juzgado de instrucción, que se sumaría a los cinco existentes y a los seis órganos civiles. Reforma. Por otro lado, Santos explicó que a principios del próximo año comenzará la reforma del actual Palacio de Justicia, con lo que todas sus dependencias se trasladarán a los locales comerciales del edificio Marbella Center, en pleno Centro de la ciudad. Tras la ejecución de los trabajos de rehabilitación, este espacio será ocupado por los juzgados civiles que ahora se encuentran en la planta baja de un edificio de la avenida Arias de Velasco. S. M. Marbella
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, anunció ayer cuál será una de las alegaciones que su equipo de gobierno propondrá para la modificación del nuevo Plan general de Ordenación Urbana (PGOU). El Ayuntamiento rechaza el suelo que se reserva en el futuro planeamiento para la construcción del nuevo Palacio de Justicia, un proyecto que la Junta de Andalucía espera materializar desde hace siete años. Según Muñoz, se trata de una parcela privada que se encuentra en plena Milla de Oro, entre los hoteles Puente Romano y Marbella Club, por lo que "no es el lugar más idóneo por su difícil acceso". Por este motivo, se comprometió ayer, durante una visita de la delegada provincial de Justicia, Aurora Santos, a abordar de inmediato de nuevos suelos que, previsiblemente, estarán al norte del término municipal.La Junta prevé que el futuro edificio pueda albergar en un futuro unos 20 juzgados. Su puesta en marcha, según la delegada, no excederá del año 2012.Por otro lado, Santos anunció que a partir de diciembre se reforzará el partido judicial de Marbella con la entrada en funcionamiento de un juzgado contra la violencia de género. El otro que también estaba previsto se instalará finalmente en Fuengirola, como ya avanzó este periódico.Asimismo, en 2008 "podría materializarse" la creación de un nuevo juzgado de instrucción, que se sumaría a los cinco existentes y a los seis órganos civiles. Reforma. Por otro lado, Santos explicó que a principios del próximo año comenzará la reforma del actual Palacio de Justicia, con lo que todas sus dependencias se trasladarán a los locales comerciales del edificio Marbella Center, en pleno Centro de la ciudad. Tras la ejecución de los trabajos de rehabilitación, este espacio será ocupado por los juzgados civiles que ahora se encuentran en la planta baja de un edificio de la avenida Arias de Velasco. S. M. Marbella
Las mitad de las ayudas para rehabilitar edificios del Centro acaban en las barriadas (SUR)
Propietarios de bloques construidos en los 60 y 70, los más favorecidos por estas partidas municipales. Las subvenciones abarcan el 40% del presupuesto de las mejoras
La Oficina Municipal de Rehabilitación del Ayuntamiento de Málaga ha extendido sus ayudas a las barriadas que nacieron en las décadas de los años 60 y 70. La cantidad de peticiones de subvenciones para acogerse a esta modalidad de rehabilitación supone la mitad de los fondos que el Consistorio destina a sufragar parte de las reformas en inmuebles de la capital
DATOS
Actuaciones de la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico del Ayuntamiento de Málaga desde que comenzó a funcionar, hace ahora diez años:BarriadasSolicitudes: 787.Actuaciones 439.Viviendas beneficiadas: 26.915.Presupuesto de las obras: 32.476.299 euros.Presupuesto global que puede ser objeto de subvención: 32.130.729 euros.Importe de las subvenciones concedidas: 14.504.490 euros.Centro HistóricoSolicitudes: 887.Actuaciones 550.Viviendas beneficiadas: 3.294.Presupuesto de las obras: 163.372.219 euros.Presupuesto global que puede ser objeto de subvención: 75.086.535 euros.Importe de las subvenciones concedidas: 27.160.405 euros.
Aunque nació hace diez años como un organismo destinado a promover y subvencionar la recuperación de edificios del Centro Histórico de la ciudad, la Oficina Municipal de Rehabilitación del Ayuntamiento de Málaga ha extendido sus ayudas en este tiempo a las barriadas que nacieron en las décadas de los años 60 y 70 y se consolidaron en los 80, con el objetivo de contribuir también al embellecimiento de los conjuntos de bloques que las jalonan. Según los datos recabados por este periódico, la cantidad de peticiones de subvenciones para acogerse a esta modalidad de rehabilitación ha sido tal que, desde los últimos tres años, supone la mitad de los fondos que el Consistorio destina a sufragar parte de las reformas en inmuebles de la capital. De hecho, desde que se pusieron en marcha, el ritmo de ayudas ha sido de unas 2.700 al año.En 2006, el Ayuntamiento destinó a la rehabilitación de edificios en barriadas ayudas por un importe de 3,4 millones de euros que suponen la mitad de los siete millones que dedicó a la restauración de edificaciones en el conjunto de la ciudad. El resto se volcó sobre todo en el Centro Histórico. Esas subvenciones a los barrios implicaron la ayuda a casi un centenar de obras de reparación que beneficiaron a un conjunto de 3.662 viviendas. BalanceAsí sucedió también en los dos años anteriores, en los que los incentivos a las barriadas representaron la mitad de las ayudas a las reformas en edificios. Desde el año 1996, esas aportaciones municipales han beneficiado a un total de 439 proyectos que agrupan 26.915 viviendas y suman una inversión de 32 millones de euros, de los que el Ayuntamiento cubrió casi la mitad, 14,5 millones.Según la normativa para la concesión de estas ayudas, la Oficina de Rehabilitación cubre el 40% de las obras en fachada, cubierta y zonas comunes del edificio en cuestión. El responsable de la citada oficina, José María Gómez Aracil, explicó que, para la concesión de la subvención, se exige a los vecinos que como mínimo se actúe sobre la fachada, ya que la iniciativa busca principalmente el embellecimiento de la ciudad.No obstante, el Ayuntamiento invita a las comunidades de propietarios que solicitan las ayudas para las fachadas a que también efectúen mejores en zonas comunes del edificio como las escaleras, los muros y también las canalizaciones de agua y electricidad. «Se trata de inmuebles con instalaciones de luz de hace 30 años que tienen que soportar los consumos de los aparatos actuales, por lo que siempre es recomendable que se renueven los cables», comentaron desde la Oficina de Rehabilitación.Para la concesión de la ayuda, el Consistorio exige a la comunidad de propietarios o su representante legal el acta de acuerdo de los vecinos para acometer la obra, su proyecto -con el estudio de seguridad incluido- y su presupuesto. Además, obliga a la contratación de un técnico para la dirección de los trabajos y la elaboración del proyecto cuyos honorarios cubre finalmente al 100%, por lo que no representa coste alguno para los vecinos. Las subvenciones se conceden tras la realización de las obras, previa presentación de los certificados de cumplimiento de lo aprobado.En algunos casos, las ayudas no se dedican a bloques de pisos, sino también a grupos de casas de baja altura que necesiten mejoras y conformen un conjunto homogéneo o abarquen un tramo de calle, ya que las subvenciones persiguen mejorar el aspecto de la ciudad. Así, algunas ayudas han buscado en estos últimos años el arreglo de manzanas enteras de casas o urbanizaciones completas.Uno de los aspectos que hacen atractivas estas subvenciones es que no se tiene en cuenta el nivel económico de los vecinos que las piden para concederlas.
La Oficina Municipal de Rehabilitación del Ayuntamiento de Málaga ha extendido sus ayudas a las barriadas que nacieron en las décadas de los años 60 y 70. La cantidad de peticiones de subvenciones para acogerse a esta modalidad de rehabilitación supone la mitad de los fondos que el Consistorio destina a sufragar parte de las reformas en inmuebles de la capital
DATOS
Actuaciones de la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico del Ayuntamiento de Málaga desde que comenzó a funcionar, hace ahora diez años:BarriadasSolicitudes: 787.Actuaciones 439.Viviendas beneficiadas: 26.915.Presupuesto de las obras: 32.476.299 euros.Presupuesto global que puede ser objeto de subvención: 32.130.729 euros.Importe de las subvenciones concedidas: 14.504.490 euros.Centro HistóricoSolicitudes: 887.Actuaciones 550.Viviendas beneficiadas: 3.294.Presupuesto de las obras: 163.372.219 euros.Presupuesto global que puede ser objeto de subvención: 75.086.535 euros.Importe de las subvenciones concedidas: 27.160.405 euros.
Aunque nació hace diez años como un organismo destinado a promover y subvencionar la recuperación de edificios del Centro Histórico de la ciudad, la Oficina Municipal de Rehabilitación del Ayuntamiento de Málaga ha extendido sus ayudas en este tiempo a las barriadas que nacieron en las décadas de los años 60 y 70 y se consolidaron en los 80, con el objetivo de contribuir también al embellecimiento de los conjuntos de bloques que las jalonan. Según los datos recabados por este periódico, la cantidad de peticiones de subvenciones para acogerse a esta modalidad de rehabilitación ha sido tal que, desde los últimos tres años, supone la mitad de los fondos que el Consistorio destina a sufragar parte de las reformas en inmuebles de la capital. De hecho, desde que se pusieron en marcha, el ritmo de ayudas ha sido de unas 2.700 al año.En 2006, el Ayuntamiento destinó a la rehabilitación de edificios en barriadas ayudas por un importe de 3,4 millones de euros que suponen la mitad de los siete millones que dedicó a la restauración de edificaciones en el conjunto de la ciudad. El resto se volcó sobre todo en el Centro Histórico. Esas subvenciones a los barrios implicaron la ayuda a casi un centenar de obras de reparación que beneficiaron a un conjunto de 3.662 viviendas. BalanceAsí sucedió también en los dos años anteriores, en los que los incentivos a las barriadas representaron la mitad de las ayudas a las reformas en edificios. Desde el año 1996, esas aportaciones municipales han beneficiado a un total de 439 proyectos que agrupan 26.915 viviendas y suman una inversión de 32 millones de euros, de los que el Ayuntamiento cubrió casi la mitad, 14,5 millones.Según la normativa para la concesión de estas ayudas, la Oficina de Rehabilitación cubre el 40% de las obras en fachada, cubierta y zonas comunes del edificio en cuestión. El responsable de la citada oficina, José María Gómez Aracil, explicó que, para la concesión de la subvención, se exige a los vecinos que como mínimo se actúe sobre la fachada, ya que la iniciativa busca principalmente el embellecimiento de la ciudad.No obstante, el Ayuntamiento invita a las comunidades de propietarios que solicitan las ayudas para las fachadas a que también efectúen mejores en zonas comunes del edificio como las escaleras, los muros y también las canalizaciones de agua y electricidad. «Se trata de inmuebles con instalaciones de luz de hace 30 años que tienen que soportar los consumos de los aparatos actuales, por lo que siempre es recomendable que se renueven los cables», comentaron desde la Oficina de Rehabilitación.Para la concesión de la ayuda, el Consistorio exige a la comunidad de propietarios o su representante legal el acta de acuerdo de los vecinos para acometer la obra, su proyecto -con el estudio de seguridad incluido- y su presupuesto. Además, obliga a la contratación de un técnico para la dirección de los trabajos y la elaboración del proyecto cuyos honorarios cubre finalmente al 100%, por lo que no representa coste alguno para los vecinos. Las subvenciones se conceden tras la realización de las obras, previa presentación de los certificados de cumplimiento de lo aprobado.En algunos casos, las ayudas no se dedican a bloques de pisos, sino también a grupos de casas de baja altura que necesiten mejoras y conformen un conjunto homogéneo o abarquen un tramo de calle, ya que las subvenciones persiguen mejorar el aspecto de la ciudad. Así, algunas ayudas han buscado en estos últimos años el arreglo de manzanas enteras de casas o urbanizaciones completas.Uno de los aspectos que hacen atractivas estas subvenciones es que no se tiene en cuenta el nivel económico de los vecinos que las piden para concederlas.
martes, 31 de julio de 2007
Sólo 55 municipios han adaptado su PGOU a la LOUA (La Opinión)
Más del 90% de los 770 ayuntamientos andaluces sigue sin ajustar su planeamiento a las directrices de la nueva normativa urbanística autonómica
Únicamente 55 de los 770 municipios andaluces (el 7,1 por ciento) llevan adaptados sus planes generales de ordenación urbana (PGOU) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) cuando han pasado seis meses desde que concluyó el plazo para proceder a dicha adaptación, según indicaron fuentes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. A 13 de julio, esos 55 municipios aglutinan a 1.148.909 habitantes, el 14,41 por ciento del total de población andaluza, cifrada en 7,9 millones.Por provincias, Granada tiene 19 municipios con sus planeamientos adaptados a la LOUA, que aglutinan a 155.820 habitantes, el 17,78 por ciento del total de población de la provincia granadina. En el otro extremo se halla Málaga, donde ningún municipio ha adaptado todavía su PGOU a la LOUA, a pesar de que esta norma establecía un plazo de transitoriedad que fijaba enero de 2007 como fecha límite para la adaptación de todos los planes generales andaluces. En Almería sólo se adaptó un municipio, Huércal-Overa, que aglutina al 2,54 por ciento de la población, con sus 16.170 habitantes de un total de 635.850 habitantes de la provincia almeriense.Otras provincias. En Huelva se adaptaron diez municipios, que aglutinan a 61.287 personas, el 12,45 por ciento de la población de la provincia; mientras que otros diez municipios adaptaron sus planes a la LOUA en la provincia de Jaén, que aglutinan a 61.652 habitantes, el 9,30 por ciento de la población total de la provincia (662.751 habitantes). En la provincia de Sevilla un total de siete municipios, que aglutinaron al 43,27 por ciento de la población (793.965 de un total de 1.835.077 habitantes), adaptaron sus planeamientos a la LOUA. Entre estos municipios se encuentra la capital hispalense. Cinco municipios de la provincia de Córdoba adaptaron también sus PGOU a la ley urbanística andaluza. Todos ellos suman 38.970 habitantes, el 4,94 por ciento del total de habitantes de la provincia, cuantificados en 788.287.Por último, en la provincia de Cádiz apenas tres municipios (Bornos, Prado del Rey y Trebujena) tienen adaptados sus planeamientos a la LOUA, lo que supone el 1,76 por ciento de la población total de la provincia, es decir 21.045 de 1.194.062 habitantes.Según estos datos, de las capitales de provincia, sólo Sevilla concluyó la revisión de su PGOU, si bien, según ya informó hace tiempo la Junta, se considera que "en la práctica" el plan de Córdoba también está adaptado porque, pese a que fue aprobado en octubre de 2002, dos meses antes de la entrada en vigor de la LOUA, su tramitación se hizo "conforme a la nueva ley".
Únicamente 55 de los 770 municipios andaluces (el 7,1 por ciento) llevan adaptados sus planes generales de ordenación urbana (PGOU) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) cuando han pasado seis meses desde que concluyó el plazo para proceder a dicha adaptación, según indicaron fuentes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. A 13 de julio, esos 55 municipios aglutinan a 1.148.909 habitantes, el 14,41 por ciento del total de población andaluza, cifrada en 7,9 millones.Por provincias, Granada tiene 19 municipios con sus planeamientos adaptados a la LOUA, que aglutinan a 155.820 habitantes, el 17,78 por ciento del total de población de la provincia granadina. En el otro extremo se halla Málaga, donde ningún municipio ha adaptado todavía su PGOU a la LOUA, a pesar de que esta norma establecía un plazo de transitoriedad que fijaba enero de 2007 como fecha límite para la adaptación de todos los planes generales andaluces. En Almería sólo se adaptó un municipio, Huércal-Overa, que aglutina al 2,54 por ciento de la población, con sus 16.170 habitantes de un total de 635.850 habitantes de la provincia almeriense.Otras provincias. En Huelva se adaptaron diez municipios, que aglutinan a 61.287 personas, el 12,45 por ciento de la población de la provincia; mientras que otros diez municipios adaptaron sus planes a la LOUA en la provincia de Jaén, que aglutinan a 61.652 habitantes, el 9,30 por ciento de la población total de la provincia (662.751 habitantes). En la provincia de Sevilla un total de siete municipios, que aglutinaron al 43,27 por ciento de la población (793.965 de un total de 1.835.077 habitantes), adaptaron sus planeamientos a la LOUA. Entre estos municipios se encuentra la capital hispalense. Cinco municipios de la provincia de Córdoba adaptaron también sus PGOU a la ley urbanística andaluza. Todos ellos suman 38.970 habitantes, el 4,94 por ciento del total de habitantes de la provincia, cuantificados en 788.287.Por último, en la provincia de Cádiz apenas tres municipios (Bornos, Prado del Rey y Trebujena) tienen adaptados sus planeamientos a la LOUA, lo que supone el 1,76 por ciento de la población total de la provincia, es decir 21.045 de 1.194.062 habitantes.Según estos datos, de las capitales de provincia, sólo Sevilla concluyó la revisión de su PGOU, si bien, según ya informó hace tiempo la Junta, se considera que "en la práctica" el plan de Córdoba también está adaptado porque, pese a que fue aprobado en octubre de 2002, dos meses antes de la entrada en vigor de la LOUA, su tramitación se hizo "conforme a la nueva ley".
El hospital del Guadalhorce no estará terminado hasta 2010 (La Opinión)
En un mes se abrirá el concurso público para la adjudicación del proyecto. Las modificaciones de suelo y del anteproyecto han ralentizado los trámites
A pesar de que el hospital comarcal del Guadalhorce se anunció a bombo y platillo hace dos años por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, con miras a su apertura en 2008, los trámites se han ralentizado de forma que si todo se resuelve según lo previsto, en el plazo de un mes se abrirá el concurso público para la adjudicación del proyecto, para que el hospital pueda estar terminado para 2010.La elección de la zona donde se ubicará el hospital, las modificaciones de suelo que se han tenido que realizar y también las modificaciones del anteproyecto han frenado los trámites. Y es que, según reconoce el alcalde de Cártama, José Garrido, "la redacción del anteproyecto ha sido compleja porque tienen que intervenir tres administraciones, el Ayuntamiento de Cártama, la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía".El proyecto del hospital comarcal cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros de los que el gobierno autonómico pondrá unos seis millones, la Diputación aportará siete millones y el Consistorio cartameño contribuirá con más de seis millones además de la cesión de los terrenos.El Ayuntamiento por su parte pretende conseguir el dinero de la explotación de los servicios públicos que se instalarán en el complejo donde se ubicará el hospital, como aparcamientos públicos subterráneos. "Es una forma innovadora", explica el primer edil.También en 2005, el pleno del Ayuntamiento de Cártama aprobó un convenio urbanístico que recalificó una superficie de un total de 44.000 metros cuadrados de extensión en la zona conocida por el nombre de Manguarra, en las cercanías de Casapalma para la ubicación del hospital.El punto elegido está cercano al nudo de viales que se distribuyen hacia todos los municipios de la comarca del Guadalhorce, cerca de la autovía A-357.Convenio. Posteriormente, el pleno aprobó el convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga y el Consistorio para para la construcción del hospital de alta resolución en el Valle del Guadalhorce, que contemplaba el compromiso del Ayuntamiento a construir el edificio y su cesión al Servicio Andaluz de Salud para su entrada en servicio. El documento también recoge que la Diputación Provincial de Málaga aportará la cantidad de 7.212.145 euros, la administración local abonará seis millones de euros y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía pagará 5.965.200 euros, destinados a la finalización de las obras de construcción y la dotación completa del equipamiento del hospital comarcal. Ahora sólo queda esperar que se cumplan los últimos plazos previstos por las administraciones implicadas en el proyecto.
A pesar de que el hospital comarcal del Guadalhorce se anunció a bombo y platillo hace dos años por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, con miras a su apertura en 2008, los trámites se han ralentizado de forma que si todo se resuelve según lo previsto, en el plazo de un mes se abrirá el concurso público para la adjudicación del proyecto, para que el hospital pueda estar terminado para 2010.La elección de la zona donde se ubicará el hospital, las modificaciones de suelo que se han tenido que realizar y también las modificaciones del anteproyecto han frenado los trámites. Y es que, según reconoce el alcalde de Cártama, José Garrido, "la redacción del anteproyecto ha sido compleja porque tienen que intervenir tres administraciones, el Ayuntamiento de Cártama, la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía".El proyecto del hospital comarcal cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros de los que el gobierno autonómico pondrá unos seis millones, la Diputación aportará siete millones y el Consistorio cartameño contribuirá con más de seis millones además de la cesión de los terrenos.El Ayuntamiento por su parte pretende conseguir el dinero de la explotación de los servicios públicos que se instalarán en el complejo donde se ubicará el hospital, como aparcamientos públicos subterráneos. "Es una forma innovadora", explica el primer edil.También en 2005, el pleno del Ayuntamiento de Cártama aprobó un convenio urbanístico que recalificó una superficie de un total de 44.000 metros cuadrados de extensión en la zona conocida por el nombre de Manguarra, en las cercanías de Casapalma para la ubicación del hospital.El punto elegido está cercano al nudo de viales que se distribuyen hacia todos los municipios de la comarca del Guadalhorce, cerca de la autovía A-357.Convenio. Posteriormente, el pleno aprobó el convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga y el Consistorio para para la construcción del hospital de alta resolución en el Valle del Guadalhorce, que contemplaba el compromiso del Ayuntamiento a construir el edificio y su cesión al Servicio Andaluz de Salud para su entrada en servicio. El documento también recoge que la Diputación Provincial de Málaga aportará la cantidad de 7.212.145 euros, la administración local abonará seis millones de euros y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía pagará 5.965.200 euros, destinados a la finalización de las obras de construcción y la dotación completa del equipamiento del hospital comarcal. Ahora sólo queda esperar que se cumplan los últimos plazos previstos por las administraciones implicadas en el proyecto.
El complejo Económico y Social estará terminado en febrero (La Opinión)
La Universidad de Málaga podría iniciar el traslado de Empresariales, en El Ejido, y Estudios Sociales y del Trabajo, en El Palo, el próximo mes de febrero. Para esa fecha está previsto que la UMA pueda recepcionar el primero de los edificios del nuevo Campus de Teatinos: el complejo Económico y Social. Los plazos se están cumpliendo a rajatabla, incluso se va más rápido de lo previsto, lo que ha permitido ganar tiempo después de que las obras comenzaran con cierto retraso. En el curso 2008/09 ya podrán impartirse clases en este centro.También marcha a buen ritmo la urbanización de la primera fase, una gran parcela de 400.000 metros cuadrados, donde además del complejo Económico y Social se construye el Politécnico (la Escuela Universitaria Politécnica y la Escuela de Ingeniería Industrial) y se levantará la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Según el vicerrector de Infraestructuras de la institución académica, Rafael Morales, con toda seguridad, la UMA recepcionará la obra en los primeros días de septiembre. Las calles ya están asfaltadas, el acerado está a punto y se han instalado farolas, bancos, papeleras y otros elementos que conformarán el mobiliario del campus. Los jardines ya cuentan con riego por goteo, incluida una gran franja de cien metros de anchura, que separa el vial circulatorio en torno al recinto universitario y la autovía del Guadalhorce. En esta zona también se han ejecutado paseos, con chinos y albero.La urbanización de la primera fase de lo que será la primera ciudad universitaria de Andalucía corresponde a la UTE formada por Pamasa y Gea XXI, a cambio de 12 millones de euros.El complejo Económico y Social fue adjudicado en su día a la UTE formada por FCC y Vera. El plazo de ejecución era de 21 meses y el importe de la obra asciende a 21,4 millones de euros. Por su parte, el Politécnico, donde irán ubicadas las titulaciones de Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica Industrial, ahora también en El Ejido, lo está ejecutando la UTE San José y Sando. En este caso, el plazo es de 24 meses. Morales confía en que pueda estar terminado en junio o julio de 2008, para que también puedan empezar las clases en el curso 2008/09. El coste de esta construcción alcanza la cifra de 39,2 millones de euros.El vicerrector de Infraestructuras de la UMA informó de que después del verano se adjudicará la ejecución de Ciencias de la Salud.
El Consistorio prevé construir 500 VPO en esta legislatura (SUR)
Benalmádena apuesta por las viviendas protegidas. El concejal de Vivienda Social, Francisco Artacho (IU), pretende que cuando concluya esta legislatura, en 2011, el Consistorio haya promovido la construcción de medio millar de VPO. Así, estas viviendas se ubicarían en parcelas de propiedad municipal, tendrían unas dimensiones de alrededor de 80 metros cuadrados y su coste rondaría los 90.000 euros.«Estamos estudiando las posibles ubicaciones, y los mecanismos para ponerlas en marcha», apuntó Artacho, quien destacó que se trataría de viviendas de promoción municipal, que se construirían a través de acuerdos con las promotoras o a iniciativa de la empresa municipal Probise. «La idea es sacar adelante cada año una promoción de unas 150 viviendas protegidas», añadió.Finca Doña María SurAsimismo, destacó que el Ayuntamiento favorecerá la construcción de VPO en zonas urbanizables, a través de la reserva obligatoria del 30% para vivienda protegida fijada por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Por último, Artacho apuntó que su delegación también baraja la posibilidad de promover viviendas protegidas en régimen de alquiler.No obstante, Artacho dijo que existe «una gran carencia de suelo» para viviendas sociales. Así, barajó como posible ubicación para una primera promoción dos parcelas en la zona de Finca Doña María Sur.
El Ayuntamiento marbellí y la Junta reactivan el proyecto del parque forestal en San Pedro (SUR)
La Delegación Provincial de Medio Ambiente envía el nuevo diseño de la actuación, con los detalles técnicos requeridos La gestora concedió inicialmente la licencia de obras, aunque supeditada a un último trámite burocrático
Ubicación: En el antiguo vivero de San Pedro Alcántara, junto a la carretera de Ronda, actualmente en desuso.Presupuesto: 4,8 millones de euros, a cargo de la Junta de Andalucía.Plazo de ejecución: Se prolongará al menos 36 meses.Superficie: Diez hectáreas de terreno, calificadas como suelo no urbanizable. De ahí la necesidad de presentar un proyecto de actuación ante el Consistorio para habilitar su uso como equipamiento público para parque forestal.Características: Contará con 22.500 plantas de distintas especies en cinco zonas: una dehesa- encinar, un pinar, un bosque ribera, un jardín marbellí y un jardín árabe.
El proyecto del Parque Forestal de los Tres Jardines, previsto por la Consejería andaluza de Medio Ambiente en el antiguo vivero de San Pedro Alcántara, junto a la carretera de Ronda, está a un paso de que eche a andar. El Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía han reactivado esta actuación, en letargo desde finales de febrero de 2006, para transformar este pulmón verde -que está en desuso- en el mayor parque forestal público de la Costa del Sol, con 9,5 hectáreas de terreno en total. María Francisca Caracuel, concejala y primera teniente de alcalde de la ciudad, ya manifestó a Fuensanta Coves, consejera andaluza de Medio Ambiente, su intención de agilizar al máximo los trámites para dar luz verde al inicio de los trabajos, adjudicados a la empresa Eulen Medio Ambiente. El presupuesto asciende a 4,8 millones de euros.La Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta en Málaga entregó el pasado 18 de julio por registro de entrada del Consistorio el nuevo proyecto de actuación, necesario para habilitar su uso al ser suelo no urbanizable. Lo hizo apenas dos días después de que desde la Delegación Municipal de Urbanismo se le requiriese para que subsanara unas deficiencias técnicas detectadas, en cumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), relativas a las características de las edificaciones y de las infraestructuras previstas.Asimismo, se le instaba a indicar el plazo de inicio de las obras y el de duración de la cualificación urbanística de los terrenos afectados; a detallar la inversión económica necesaria para materializar esta obra y a modificar en parte el proyecto de obras aprobado por cambiar de ubicación el acceso rodado propuesto inicialmente.Bajo lupaTécnicos municipales se encargarán ahora de supervisar la documentación enviada por la Delegación Provincial de Medio Ambiente. Se trata de un trámite previo a la concesión definitiva de la licencia de obras para el inicio de la construcción de este gran parque forestal público, que ya acordó otorgar el 20 de diciembre de 2006 la comisión municipal permanente de la gestora al proyecto básico y de ejecución, pero condicionada a la aprobación previa de este proyecto de actuación, que será ahora analizado tras haber cumplimentado los requisitos exigidos por el Consistorio marbellí.
Ubicación: En el antiguo vivero de San Pedro Alcántara, junto a la carretera de Ronda, actualmente en desuso.Presupuesto: 4,8 millones de euros, a cargo de la Junta de Andalucía.Plazo de ejecución: Se prolongará al menos 36 meses.Superficie: Diez hectáreas de terreno, calificadas como suelo no urbanizable. De ahí la necesidad de presentar un proyecto de actuación ante el Consistorio para habilitar su uso como equipamiento público para parque forestal.Características: Contará con 22.500 plantas de distintas especies en cinco zonas: una dehesa- encinar, un pinar, un bosque ribera, un jardín marbellí y un jardín árabe.
El proyecto del Parque Forestal de los Tres Jardines, previsto por la Consejería andaluza de Medio Ambiente en el antiguo vivero de San Pedro Alcántara, junto a la carretera de Ronda, está a un paso de que eche a andar. El Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía han reactivado esta actuación, en letargo desde finales de febrero de 2006, para transformar este pulmón verde -que está en desuso- en el mayor parque forestal público de la Costa del Sol, con 9,5 hectáreas de terreno en total. María Francisca Caracuel, concejala y primera teniente de alcalde de la ciudad, ya manifestó a Fuensanta Coves, consejera andaluza de Medio Ambiente, su intención de agilizar al máximo los trámites para dar luz verde al inicio de los trabajos, adjudicados a la empresa Eulen Medio Ambiente. El presupuesto asciende a 4,8 millones de euros.La Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta en Málaga entregó el pasado 18 de julio por registro de entrada del Consistorio el nuevo proyecto de actuación, necesario para habilitar su uso al ser suelo no urbanizable. Lo hizo apenas dos días después de que desde la Delegación Municipal de Urbanismo se le requiriese para que subsanara unas deficiencias técnicas detectadas, en cumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), relativas a las características de las edificaciones y de las infraestructuras previstas.Asimismo, se le instaba a indicar el plazo de inicio de las obras y el de duración de la cualificación urbanística de los terrenos afectados; a detallar la inversión económica necesaria para materializar esta obra y a modificar en parte el proyecto de obras aprobado por cambiar de ubicación el acceso rodado propuesto inicialmente.Bajo lupaTécnicos municipales se encargarán ahora de supervisar la documentación enviada por la Delegación Provincial de Medio Ambiente. Se trata de un trámite previo a la concesión definitiva de la licencia de obras para el inicio de la construcción de este gran parque forestal público, que ya acordó otorgar el 20 de diciembre de 2006 la comisión municipal permanente de la gestora al proyecto básico y de ejecución, pero condicionada a la aprobación previa de este proyecto de actuación, que será ahora analizado tras haber cumplimentado los requisitos exigidos por el Consistorio marbellí.
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