El que fuera secretario del PSOE en Alhaurín el Grande y candidato de esta formación en las últimas elecciones municipales, Cristóbal Bonilla, aseguró ayer que la construcción que proyectó sin tener licencia y en suelo clasificado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como no urbanizable, y por la que se le acusa, tenía exclusivamente finalidad relacionada con uso agrícola. Asimismo, afirmó que se iniciaron las obras, tras consultar al arquitecto, atendiendo al silencio administrativo, ya que no se le había dado respuesta a su solicitud de licencia.
El Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga dejó ayer visto para sentencia el juicio contra Bonilla, al que la Fiscalía acusa de un delito contra la ordenación del territorio, por el que solicita un año de prisión e inhabilitación por dos años, por las obras de una vivienda de 140 metros cuadrados y piscina, que promovió sin tener licencia y en suelo clasificado como no urbanizable.
El excandidato socialista explicó que pidió a un arquitecto que le hiciera el proyecto de una caseta agrícola y que le dijera lo que se podía construir, asegurando que sabía que era suelo no urbanizable común; pero recordó que en 2004 hubo un acuerdo de pleno municipal por el que se permite incluir en estas edificaciones elementos como cocinas, servicios y porche. Además, indicó que lo que se comenzó a excavar fue una alberca para el riego.
Edificaciones similares
Bonilla sostuvo que solicitó la licencia al Consistorio, pero no se le contestó, por lo que se actuó por silencio administrativo; y apuntó que al recibir la primera orden de paralización no se volvieron a realizar más actuaciones. No fue hasta 2006 cuando se le comunicó la negativa a la licencia, según dijo, apuntando que existen en la zona otras edificaciones similares, unas 3.000, según su defensa.
El arquitecto municipal indicó que la parcela mínima tiene que ser de 10.000 metros cuadrados, añadiendo que en este caso se incumple esto y la separación de linderos. Este perito y otro coincidieron en que se trabajaba con el PGOU de 1994, porque no se sabía que no estaba publicado, aunque este último dijo que considera de aplicación las normas complementarias provinciales de 1975.
La representante del ministerio fiscal en la vista oral consideró acreditados los hechos por los que le acusa. Así, entendió que el acusado sabía que se estaba cometiendo una ilegalidad, argumento con el que no se mostró de acuerdo la defensa de Bonilla. El letrado incidió en que es un «error» considerar que si no hay licencia hay ilícito penal y que en suelo no urbanizable común no se puede construir. Señaló que su cliente presentó «un proyecto ajustado a un acuerdo de pleno» y acudió a un arquitecto «para hacer ese proyecto básico, que tiene visado, «entendiendo que era legal».
