Derriban una vivienda ilegal en Alhaurín el Grande (La Opinión)

Su dueño fue condenado a seis meses de prisión por edificarse una casa en suelo no urbanizable

JOSÉ ANTONIO SAU La oficina técnica del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha emitido un informe en el que constata la demolición de una casa, levantada sobre suelo no urbanizable, por orden judicial. El derribo fue llevado a cabo a mediados del pasado marzo por el propietario.

Así, un vecino de la localidad fue sentenciado a seis meses de prisión, a una multa de 3.600 euros y a afrontar los gastos del derribo de su vivienda por un delito contra la ordenación del territorio.Según consta en la sentencia, a la que tuvo acceso este periódico, el acusado era propietario de una parcela ubicada en el pueblo del Valle del Guadalhorce. «En fecha no acreditada, comenzó en la finca la construcción de una vivienda de dos plantas, sótano y aparcamiento en superficie ejecutado con hormigón y piscina», consta en el fallo.La vivienda fue edificada por el acusado «amparándose en una licencia municipal que solicitó y que obtuvo por parte del Consistorio». En concreto, recoge el juez de lo Penal, se trataba de un decreto concedido el 13 de febrero de 2004 para la construcción de una caseta agrícola de 100 metros cuadrados y una sola planta.Pese a ello, el suelo en el que se llevó a cabo la vivienda está calificado por la normativa urbanística aplicable al caso como suelo no urbanizable común, «por lo que la obra en cuestión no es legalizable, circunstancia ésta plenamente conocida por el acusado», indica el togado en el apartado de hechos probados de la sentencia.El fiscal pidió, además, la demolición de lo ilegalmente construido «como acto de restauración de la legalidad urbanística», de tal forma que exigió que se restableciera a su primitivo estado el terreno en el que se levantó una edificación que «ni estaba autorizada ni era autorizable».Ésta es una de las seis viviendas que se han tirado por orden judicial en Málaga a lo largo de 2011, después de que la Fiscalía Superior de Andalucía reconociera en su memoria relativa a 2010 que muchos derribos no se llevan a cabo jamás, entre otras cosas, por la complejidad procesal, la escasez de medios o las amnistías parciales o totales promovidas por la administración