Los malagueños tardan el doble que el resto de los andaluces en conseguir una VPO (SUR)

Un informe de la Cámara de Cuentas asegura que los adjudicatarios de viviendas públicas deben esperar más de tres años para la entrega de llaves La Junta recomienda a los ayuntamientos que acorten los plazos en la medida de sus posibilidades

DATOS
Datos aportados por el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la promoción de viviendas públicas entre 2003 y 2005:

Número de días desde la adjudicación de la vivienda hasta la entrega de llaves

Huelva: 311.

Jerez de la Frontera: 450.

Granada: 653.Sevilla: 223.

Málaga: 1.209.

Cádiz: 1.475.

Jaén: 588.

Córdoba: 595.

PROMEDIO: 688.

Plantilla media de las empresas de vivienda

Huelva: 11.

Jerez de la Frontera: 23.

Granada: 21.

Sevilla: 72.

Málaga: 80.

Cádiz: 34.

Jaén: 8.

Córdoba: 28.

PROMEDIO: 35.

Viviendas ofertadas en sorteos u otras convocatorias

Huelva: 520.

Jerez de la Frontera: 948.

Granada: 1.438.

Sevilla: 1.802.

Málaga: 543.

Cádiz: 126.

Jaén: 397.

Córdoba: 449.

PROMEDIO: 777.
La tremenda alegría que produce en una familia malagueña el verse seleccionada por sorteo para obtener una vivienda de protección oficial es en realidad el inicio de un largo periodo de espera hasta obtener las llaves del piso en cuestión. Así al menos lo asegura un informe realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la actividad de las empresas municipales para la promoción de VPO de un total de ocho ciudades de la comunidad autónoma, mayores de cien mil habitantes, entre 2003 y 2005. Según ese estudio, a los malagueños les toca esperar de media el doble que al resto de vecinos de la región para habitar una VPO desde que se la adjudican.En Andalucía, el promedio de espera para conseguir las llaves es de 688 días, pero en Málaga esa cifra se eleva a 1.209 días, una cantidad que, no obstante, supera la ciudad de Cádiz, con 1.475 jornadas. La más rápida es Sevilla, con 223 días.La lentitud de los trámites para confirmar la asignación de la vivienda, los procedimientos burocráticos para adjudicar las obras, la aparición de cambios y modificaciones en el proyecto una vez iniciada su realización y otra serie de circunstancias suelen estar detrás de este retraso que, en el caso de la capital, ha ocasionado varias denuncias de ciudadanos al Instituto Municipal de la Vivienda. Uno de los casos más llamativos fue el de los adjudicatarios de una promoción situada en la calle Frailes, en el Centro Histórico. Hace tres años ya habían pagado todas las mensualidades de las viviendas sin que las obras -que hoy ya están prácticamente acabadas- hubieran comenzado aún entonces.

Soliva

Asimismo, el último de los sorteos convocados por el IMV -para 1.306 casas de VPO, fundamentalmente proyectadas en la zona de Soliva- aún no se ha terminado de resolver más de un año después de su realización, en diciembre de 2006. Y es que el IMV excluyó a más de cuatrocientos seleccionados que recurrieron esa decisión. No obstante, las obras en Soliva marchan a buen ritmo y el Ayuntamiento adjudicó ayer otras de las promociones que se incluyeron en ese sorteo, al que se presentaron unos 24.000 malagueños.En el periodo analizado por la Cámara de Cuentas se ofertaron o sortearon un total de 6.223 viviendas en Andalucía a las que aspiraron de media 22 personas o familias por cada una de ellas. En el caso de Málaga, se ofertaron 543 casas de protección oficial, lo que supone el 8,7% de las convocadas a nivel regional.Con el fin de acortar los plazos de la promoción de las VPO, la Cámara de Cuentas recomienda a los ayuntamientos analizados «tomar las medidas necesarias para orientar los tiempos medios de las distintas fases de tramitación a los mejores resultados».En cuanto a las plantillas de las empresas u organismos municipales para promover VPO, el informe señala que el IMV de Málaga es el que cuenta con mayor personal disponible de media (80 empleados), si bien arroja algunas de las tasas más bajas de la comunidad autónoma al comparar el número de trabajadores con las viviendas terminadas y entregadas en el periodo analizado.Los acuerdos por la vivienda y el suelo suscritos entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y las empresas municipales de vivienda de los grandes municipios presentaron un grado de cumplimiento medio del 49% de las previsiones en el período 2003-2005, según el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía. En el documento se señala que los acuerdos con la consejería son más ambiciosos, superando en un promedio de un 59% a las previsiones de los municipios. La media desde que se incluye por primera vez una promoción y la finalización de las obras es de seis años, con un máximo de ocho años en la empresa municipal de la vivienda de Sevilla y un mínimo de tres años en la de Jerez de la Frontera, mientras que en las previsiones municipales, la media es de 3,6 años, superando tal cifra el IMV, Emvisesa, Vimcorsa y Procasa, la empresa municipal de la vivienda de Cádiz.Analizando el conjunto de viviendas terminadas, unas 4.387 en el periodo analizado, están mayoritariamente destinadas a la venta (tres de cada cuatro).

El Ayuntamiento aprueba en el pleno las alegaciones al POT de la Junta. Alhaurín el Grande (SUR)

El pleno de la corporación de Alhaurín el Grande ha ratificado las alegaciones que el Ayuntamiento ha presentado al Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Área Metropolitana de Málaga que tramita la Junta de Andalucía. El punto fue aprobado con los votos favorables de PP y PSOE y la abstención de IU.Cabe recordar que la alegación de Alhaurín el Grande al documento de ordenación de la Junta se fundamenta en una decena de puntos, entre los que destaca la petición para que se lleve a cabo una conexión ferroviaria con la nueva zona industrial de 1,9 millones de metros cuadrados que el propio POT ubica entre los términos municipales de Alhaurín y Coín.Otra de las reclamaciones destacas es que se desestime el proyecto para construir la denominada variante Norte, que atravesaría varias fincas privadas. En su lugar, el Consistorio quiere que se mejore la actual carretera de la Vía. Asimismo, para Alhaurín el Grande las previsiones de crecimiento que manejan los urbanistas de la Junta no son reales en lo que se refiere a las infraestructuras de agua que se plantean. En esta línea, el Ayuntamiento también se muestra en contra de la construcción de un depósito de abastecimiento en la sierra «por el gran impacto ambiental que supondría».En lo que se refiere a la depuración de aguas, se pide la construcción de una planta de tratamiento propia en vez de una compartida con Alhaurín de la Torre.

Cultura ultima el proyecto para ampliar el Museo del Grabado con dos edificios más. Marbella (SUR)

Al tratarse de un bien protegido, la Junta tendrá que dar el visto bueno antes de poder comenzar con los trabajos El Ayuntamiento se marca como objetivo que la reforma esté lista antes de que concluya la presente legislatura

La ampliación del Museo del Grabado Español Contemporáneo para incrementar su espacio expositivo, que se ha quedado corto con el paso del tiempo para poder mostrar la amplia colección de fondos que ha ido aumentando exponencialmente, parece que finalmente será una realidad, tras ocho años de anuncios que nunca llegaron a plasmarse sobre el papel. La Delegación Municipal de Cultura ultima la redacción del proyecto, que tendrá que enviar a la Junta de Andalucía para que le dé el visto bueno definitivo, al tratarse el Hospital Bazán, inmueble que alberga el museo, de un edificio declarado Bien de Interés Cultural. Así lo explicó a este periódico Carmen Díaz, concejala delegada de Cultura, que avanzó que se remitirá en las próximas semanas a la Dirección General de Bienes Culturales para, posteriormente, cuando tengan vía libre, poder comenzar a buscar la financiación necesaria para convertir en realidad una actuación largamente demandada, ya sea en administraciones públicas o entidades privadas. «Se han modificado algunos aspectos del proyecto inicial», abundó la edil. Será necesario además elaborar un proyecto básico que marcará los pormenores de la obra.Para ampliar el espacio se incorporará no sólo el edificio anexo, en el que ya se realizaron unas excavaciones arqueológicas en época de la comisión gestora, sino otro inmueble de menor superficie en la misma calle, destinado previsiblemente a oficinas y bibliotecas. «Uno de los patronos de la fundación la compró para cederlo al museo», señaló Carmen Díaz.

Subvención

Una subvención del Ministerio de Cultura, de unos 60.000 euros, permitió el año pasado retomar este proyecto. De este montante, 5.000 euros se destinaron a las catas arqueológicas, imprescindibles para poder realizar cualquier obra en el casco antiguo, y el resto a pagar la deuda contraída por los anteriores equipos de gobierno con los arquitectos y para realizar algunos retoques al proyecto para adaptarlo a las nuevas necesidades. «Es un proyecto prioritario que tiene que salir adelante en este legislatura», apuntó. La financiación es el principal escollo para que el Museo del Grabado sume un tercio de su superficie actual con el edificio anexo y otro buen puñado de metros cuadrados con el inmueble de la misma calle. No en vano, el proyecto inicial, ahora modificado, cifraba en más de 600.000 euros el coste total de la actuación, que incluye ubicar el taller de grabado de manera que sea más visible e instalar además un ascensor.

La Diputación aprueba obras por más de 390.000 euros en pueblos del Guadalhorce (SUR)

La Diputación de Málaga ha aprobado dos proyectos de obras en los municipios de Alhaurín el Grande y Monda, actuaciones cuyo presupuesto económico supera los 390.000 euros. La institución provincial ha incluido, a través del Plan de Obras y Servicios de 2007, las labores de mejora y acondicionamiento de la barriada Huerta del Hoyo, en Alhaurín El Grande, unas obras que supondrán un coste de 281.656 euros y para las que la Diputación aportará el 66 por ciento, más de 185.000 euros.También ha aprobado en virtud del citado plan la ejecución de la urbanización de la calle Sevilla de Monda, que tiene un presupuesto de 108.888 euros y será financiada por la Diputación -en un 81 por ciento-, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento del citado municipio malagueño, según ha señalado hoy en una nota de prensa la institución provincial.

Financiación

Por otra parte, la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales se reunió la semana pasada bajo la presidencia del subdelegado del Gobierno en Málaga en funciones, Hilario López Luna, para realizar un informe, finalmente favorable, por el que subvencionar el presupuesto del Plan Provincial de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Málaga. Así, se acordó subvencionar el 14 por ciento de dicho presupuesto, que se eleva para 2008 a 14,5 millones de euros.Con respecto a la subvención del año pasado, López Luna explicó que fue «similar» a la de 2008 e informó de que este dinero se destina a obras y servicios para los municipios de la provincia como obras en carreteras y modernización de equipamientos municipales, «sobre todo en los ayuntamientos más pequeños», sentenció el representante del Gobierno.

Medio Ambiente abre 52 expedientes por vertidos y edificaciones en el litoral (SUR)

La delegación de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga ha abierto 52 expedientes sancionadores por actuaciones en la franja litoral malagueña en los últimos dos años, en su gran mayoría por vertidos y construcciones no autorizadas en la zona de servidumbre de protección costera.En lo que va de 2008 han sido ya nueve los expedientes iniciados por infracciones en el litoral, siete por vertidos y dos por usos y construcciones en zona de servidumbre en la que tiene competencia el Gobierno andaluz, según datos de la delegación de Medio Ambiente facilitados a Efe.En 2007, los expedientes sancionadores abiertos en la franja litoral alcanzaron los 28, mientras que en 26 se incoaron una quincena de expedientes.La zona de servidumbre que compete a la Consejería de Medio Ambiente ocupa la franja de 100 metros a partir de la zona de dominio público marítimo terrestre, jurisdicción del ministerio homónimo.Los expedientes por infracciones en dicha zona se inician fundamentalmente a través de la vigilancia de los agentes de Medio Ambiente, aunque también tras denuncias ciudadanas, según ha explicado la delegación provincial de la consejería andaluza.En el caso de apreciarse posibles indicios de delito, son enviados a la Fiscalía, mientras que en caso contrario siguen la tramitación administrativa, en la cual normalmente se obliga a suspender la obra en curso y, si está finalizada, la restitución a su estado anterior o bien la legalización si el problema constatado es de falta de licencias. Esta vigilancia y protección medioambiental está fundamentada en el valor ecológico del ecosistema andaluz.

Formarse en el tajo (SUR)

Casi 1.700 personas con dificultades para encontrar trabajo aprenden un oficio mientras ponen en valor el patrimonio de la provincia y rehabilitan bienes de interés cultural

PARADOS de larga duración con edades que el mercado laboral se empeña en rechazar; menores inadaptados al sistema educativo que no han conseguido terminar la Secundaria e incluso algunos que cumplen medidas judiciales; inmigrantes, discapacitados y muchas mujeres, algunas de las cuales arrastran episodios difíciles. Todos los perfiles responden a personas con dificultades de inserción laboral e incluso con riesgo de exclusión social. Ahora, tras ser seleccionadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para participar en algunas de las más de medio centenar de escuela taller o talleres de empleo que se desarrollan en la provincia, se forman y aprenden un oficio mientras ponen en valor el patrimonio de la provincia, rehabilitan bienes de interés cultural o prestan servicios demandados por la sociedad, como en los casos en los que se han impartido programas de auxiliar de geriatría para mujeres víctimas de la violencia doméstica.Aprender trabajando. Esa es en síntesis la filosofía. Los alumnos perciben un sueldo mientras se forman, y los conocimientos que adquieren día a día los aplican en la ejecución de los proyectos seleccionados, que son presentados al Servicio Andaluz de Empleo por los propios ayuntamientos, convertidos en entidades promotoras.Mediante este programa, subvencionado en su mayor parte por la Delegación de Empleo, cerca de 1.700 alumnos ejecutan trabajos de recuperación en el asilo de los Ángeles, en el Acueducto de San Telmo en La Araña o sobre el patrimonio artístico y cultural de Mollina, Campillos, Antequera y Vélez-Málaga, por poner sólo algunos ejemplos.

Pautas para rehabilitar (SUR)

La Universidad Politécnica de Milán concluye el estudio para preservar las características de los edificios de la manzana comprendida entre las calles Beatas y Álamos

UNA radiografía al detalle de los edificios que componen la manzana por la que discurren las calles Beatas y Tomás de Cózar. Esto es lo que han elaborado miembros de la Universidad Politécnica de Milán, bajo la dirección de su vicerrector, Vicenzo Zucchi, en colaboración con arquitectos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. La iniciativa, enmarcada dentro del programa de la Unión Europea Interreg III, ha dado como fruto un completo trabajo de análisis de las construcciones y características urbanísticas de las casas ubicadas en las mencionadas calles que se plasmará próximamente en un libro.El documento, al que pudo tener acceso este periódico, recoge de manera pormenorizada los planos de planta y alzado de cada una de las edificaciones, señalando aquellos elementos que deberían ser preservados o recuperados en caso de su rehabilitación o reconstrucción. El estudio del politécnico de Milán los clasifica y establece para cada uno de ellos una recomendación para procurar que los inmuebles mantengan las características particulares con las que fueron concebidos hace siglos, en algunos casos.

Interior

«En la rehabilitación del Centro Histórico se ha insistido fundamentalmente en la preservación de las fachadas, pero este trabajo va mucho más allá y apuesta por mantener también la distribución interior de cada uno de los edificios, cómo tienen que ser los patios, los muros de carga y las estancias situadas inmediatamente después de las fachadas, entre otras cuestiones», comentaron fuentes municipales.Además, el estudio ha permitido descubrir que las composiciones de las fachadas de estas calles responden, pese a su estrechez, a un cierto ritmo en cuanto a la disposición de las ventanas y las cornisas que debe ser respetado. «Nos hemos dado cuenta de que los arquitectos de siglos pretéritos no hacían las cosas por capricho, sino que tenían muy en cuenta el entorno en el que se realizaban sus proyectos», agregaron.Según las fuentes, al margen de su publicación, el Ayuntamiento no tiene aún totalmente claro en qué va a emplear el estudio. En ese sentido, baraja la posibilidad de incorporarlo en parte o en su totalidad a las ordenanzas urbanísticas que rigen la edificación y rehabilitación en el Centro.

Acusan al alcalde de Tolox de 23 delitos urbanísticos (Málaga Hoy)

La Fiscalía denuncia que concedió licencias para ejecutar más de 2.000 casas presuntamente ilegales entre 2004 y 2006
La Fiscalía de Málaga ha acusado al alcalde de Tolox, Juan Vera (CA), de un total de 23 delitos urbanísticos por licencias de obra que concedió entre los años 2004 y 2006 para la construcción de más de 2.000 viviendas presuntamente ilegales, al ubicarse en terreno no urbanizable. Por cada uno de estos delitos, el regidor podría ser condenado a penas que oscilan entre uno y dos años de cárcel e inhabilitación de cargo público de hasta diez años, según fuentes de la acusación. Cada caso se juzgará por separado en Málaga y el alcalde, que pertenece a Convergencia Andaluza (CA), se enfrentará a una pena de dos años de cárcel en catorce procedimientos y de un año en nueve, añadieron las fuentes. Junto a él, en algunos casos, se sentarán en el banquillo de los acusados el arquitecto municipal y un asesor jurídico, que supuestamente orientaba a Vera para autorizar las licencias, pese a que éstas no se ajustaban a la legalidad vigente. En algunas de las acusaciones también está imputada la secretaria municipal porque supuestamente podría haber informado favorablemente de algunas licencias de obra. En una de las calificaciones, el fiscal pide un año de cárcel y diez de inhabilitación para empleo o cargo público para el alcalde por un presunto delito de ordenación contra el territorio. En el mencionado escrito, la Fiscalía, que también pide diez meses de prisión y ocho de inhabilitación para el arquitecto municipal Juan Antonio Benítez y para el asesor jurídico Diego José Sánchez, considera que Vera concedió por decreto una licencia de obras en enero de 2006 a pesar de constarle que no se ajustaba a la legalidad urbanística. Presuntamente, los acusados, de común acuerdo y con objeto de proceder al crecimiento urbanístico de Tolox, "sin respetar las normas urbanísticas vigentes", realizaron un expediente de licencia de obras para la construcción de 772 apartamentos. Para ello, el arquitecto formuló en diciembre de 2005 un informe técnico favorable, "a pesar de constarle que las mismas no se ajustaban a la legalidad urbanística", enmarcada en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), dado que Tolox carecía entonces de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Por su parte, Diego Sánchez, que había sido contratado por Vera para la emisión de informes jurídicos en determinados expedientes de licencias de obras, formuló un día después un escrito favorable en relación con esta promoción inmobiliaria, aunque también sabía que era contraria a la ley. La Fiscalía señala que el alcalde concedió la licencia mediante un decreto de enero de 2006, conociendo también que no se ajustaba a la legalidad, y apunta que la contratación de Sánchez responde al hecho de "evitar" la valoración de la secretaria titular, "que en algunas ocasiones había formulado informes contrarios a la concesión de algunas licencias de obras".

El Ayuntamiento proyecta instalar 2.000 metros de placas solares en el CAC (Málaga Hoy)

Esta instalación generará una potencia de 100 kilovatios, suficiente para abastecer 28 viviendas durante un año
El Ayuntamiento de Málaga acaba de dar un nuevo paso en su idea de potenciar el uso de las energías renovables y, en concreto, de la solar. La Agencia Municipal de la Energía, dependiente del área de Medio Ambiente, acaba de sacar a concurso la instalación de 14 plantas fotovoltaicas, que permitirán aportar a la red una potencia eléctrica de 225 kilovatios, lo que se traduce en 360.000 kilovatios hora anuales, y evitar la emisión a la atmósfera de unas 144 toneladas de CO2 al año. La intervención, además, supondrá una inversión próxima a los 1,8 millones de euros.De acuerdo con el pliego de condiciones que rige el concurso, al que tuvo acceso este periódico, once de estos dispositivos estarán localizados en otros tantos colegios públicos de la capital, mientras que los otros tres lo harán en la Jefatura del Distrito Este de la Policía Local, sita en la Avenida Salvador Allende; en el Paseo Marítimo Antonio Machado, justo enfrente de la sede de la Diputación provincial, y en el Centro de Arte Contemporáneo.Esta última propuesta es una de las más llamativas de las planteadas por el Consistorio. La idea es implantar sobre este edificio, localizado en calle Alemania, unos 2.000 metros cuadrados de placas solares, que generarán una potencia de 100 kilovatios, lo que equivale a unos 170.000 kilovatios al año. Esta energía es suficiente para abastecer a 28 viviendas durante doce meses.La instalación prevista sobre este centro cultural es la de mayor tamaño de las 14 planteadas en esta fase de fomento de plantas fotovoltaicas, que se suman a otras trece ya colocadas en inmuebles municipales y centros educativos de la ciudad. Aunque no es la más llamativa. Los responsables de la Agencia Municipal de la Energía proyectan otra planta fotovoltaica en cuatro pérgolas del Paseo Marítimo Antonio Machado, con una potencia total de 5 kilovatios.De otro lado, el Ayuntamiento también ha sacado a concurso la instalación en todos los distritos de la capital, a excepción del Centro, de reductores-estabilizadores de tensión en las instalaciones de alumbrado público de la ciudad. El montante económico de la operación asciende a poco más de 3,2 millones de euros. La mayor aportación se contempla para la zona este, con casi 617.000 euros, seguido de Cruz de Humilladero, con 467.000 euros, y Carretera de Cádiz, con 416.448 euros. Con esta iniciativa, el equipo de gobierno apuesta por ahorrar el 11% de energía final para el año 2012.

La Fiscalía acusa al alcalde de Tolox de 23 delitos urbanísticos por licencias para 2.000 casas (La Opinión)

Juan Vera se enfrenta a condenas de uno a dos años de cárcel y diez de inhabilitación por cada caso. Permitió construir en terreno no urbanizable
La Fiscalía malagueña ha acusado al alcalde de Tolox, Juan Vera (CA), de un total de 23 delitos urbanísticos por licencias de obra que concedió entre 2004 y 2006 para la construcción de más de 2.000 viviendas presuntamente ilegales, al ubicarse en terreno no urbanizable.Por cada uno de estos delitos, el alcalde podría ser condenado a penas que oscilan entre uno y dos años de cárcel e inhabilitación de cargo público de hasta diez años, según informaron a Efe fuentes de la acusación.Cada caso se juzgará por separado en Málaga y el alcalde, que pertenece a Convergencia Andaluza (CA), se enfrentará a una pena de dos años de cárcel en catorce procedimientos y de un año en nueve, añadieron las fuentes.Junto al regidor, en algunos casos, se sentarán en el banquillo de los acusados el arquitecto municipal y un asesor jurídico, que supuestamente orientaba al alcalde para autorizar las licencias, pese a que éstas no se ajustaban a la legalidad vigente.En algunas de las acusaciones también está imputada la secretaria municipal porque supuestamente podría haber informado favorablemente de algunas licencias de obra.En una de las calificaciones el fiscal pide un año de cárcel y diez de inhabilitación para empleo o cargo público para el alcalde por un presunto delito de ordenación contra el territorio.En el mencionado escrito, la Fiscalía, que también pide diez meses de prisión y ocho de inhabilitación para el arquitecto municipal Juan Antonio Benítez y para el asesor jurídico Diego José Sánchez, considera que Juan Vera concedió por decreto una licencia de obras en enero de 2006 a pesar de constarle que no se ajustaba a la legalidad urbanística.Presuntamente, los acusados, de común acuerdo y con objeto de proceder al crecimiento urbanístico de Tolox "sin respetar las normas urbanísticas vigentes", realizaron un expediente municipal de licencia de obras para la construcción de 772 apartamentos.Para ello, el arquitecto municipal formuló en diciembre de 2005 un informe técnico favorable a la ejecución de las obras, "a pesar de constarle que las mismas nos se ajustaban a la legalidad urbanística" del municipio, enmarcada en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía dado que Tolox carecía entonces de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).Por su parte, Diego Sánchez, que había sido contratado por el alcalde para la emisión de informes jurídicos, formuló un día después un escrito favorable en relación con esta promoción inmobiliaria.

Aparecen dos necrópolis en el casco antiguo de Estepona (La Opinión)

El descubrimiento se realizó mientras se remodelaban las calles Málaga y Caridad. En las tumbas romanas se encontraron varias piezas de ajuar
Los trabajos de remodelación de las emblemáticas calles Caridad y Málaga, en el casco antiguo de Estepona, han dejado al descubierto los restos arqueológicos de dos necrópolis. Se trata de un enterramiento romano y otro musulmán que se hallaban en perfecto estado de conservación. La legislación obliga a que se realicen excavaciones arqueológicas cada vez que haya movimientos de tierra en los cascos antiguos, por lo que desde el inicio de las obras, el pasado mes de enero, se están extrayendo los distintos hallazgos.En la calle Caridad se ha descubierto la necrópolis más antigua, que es de la época romana, en la que también se han hallado alfileres y anillos que se incluían en los ajuares de los fallecidos y el enterramiento en ánfora de un niño. Cabe destacar que en esta zona del centro urbano es la primera vez que se conocen restos romanos, porque los más antiguos encontrados hasta el momento databan de la época musulmana. Precisamente un cementerio musulmán es el que ha salido a la luz en la calle Málaga, mucho más moderno en el tiempo pero más austero, ya que en la cultura islámica no es costumbre incluir ajuares en los enterramientos. No es la primera vez que aparece una necrópolis musulmana en la localidad, ya que hace años se descubrió una en la calle San Roque que, hasta el momento, sigue siendo la más extensa. No obstante, no se descartan otros hallazgos teniendo en cuenta que los arqueólogos estarán presentes durante toda la obra en las áreas donde pueda haber nuevos vestigios. Los cuatro profesionales que han trabajado en la zona han sacado, todos los cuerpos que serán estudiados y expuestos en los museos municipales.

Rehabilitar la iglesia de la Trinidad cuesta 2,8 millones. Antequera (La Opinión)

Más de 2,8 millones de euros costará rehabilitar el convento de los Trinitarios Descalzos de Antequera, templo levantado en el siglo XVII y sobre el que ya se realizó recientemente una actuación de urgencia para evitar la caída de tejas en la calle. La ejecución de la obra será llevada a cabo este año a través de la firma de un convenio entre la Consejería de Cultura, el Obispado y el propio Ayuntamiento, que participará en la actuación aportando las dependencias del taller municipal de restauración. "Actualmente el proyecto básico se encuentra en trámite de supervisión por parte de la Junta. Tras obtener el visto bueno, será necesario elaborar un proyecto de ejecución que nos permitirá firmar el convenio de actuación con las entidades implicadas", explicó el alcalde de la ciudad, Ricardo Millán. Las obras de remodelación del templo se realizarán en tres fases y se insistirá, "de una forma más evidente", en la recuperación de las cubiertas y la fachada. En un primer momento se procederá a la reparación de las tejas ubicadas en la nave central, sustituyendo todas aquellas que se encuentren en mal estado, así como los elementos de madera "más deteriorados". Está prevista la demolición del casetón de la escalera que da acceso a la bóveda central para definir una nueva dependencia con la utilización de ladrillo visto. También se recuperarán las zonas conventuales. La tercera fase se centrará en la fachada, siendo necesario recuperar una docena de sillares.

La Fiscalía imputa al alcalde de Tolox 23 delitos urbanísticos (SUR)

Vera se enfrenta a penas que suman los 37 años de prisión por la concesión de licencias en suelo no urbanizable

La Fiscalía malagueña ha acusado al alcalde de Tolox, Juan Vera, de un total de 23 delitos urbanísticos por licencias de obras que concedió entre 2004 y 2006 para la construcción de más de 2.000 viviendas presuntamente ilegales, al ubicarse en terreno no urbanizable. Por cada uno de estos delitos, el alcalde podría ser condenado a penas que oscilan entre uno y dos años de cárcel e inhabilitación de cargo público de hasta diez años, según ha informado a Efe fuentes de la acusación.Cada caso se juzgará por separado en Málaga y el alcalde, que pertenece a Convergencia Andaluza (CA), se enfrentará a una pena de dos años de cárcel en catorce procedimientos y de un año en nueve, añadieron las fuentes.Junto al regidor, en algunos de los casos, se sentarán en el banquillo de los acusados el arquitecto municipal y un asesor jurídico, que supuestamente orientaba al primer edil para autorizar las licencias, pese a que éstas no se ajustaban a la legalidad vigente, informaron fuentes de la acusación.En algunas de las acusaciones también está imputada la secretaria municipal porque supuestamente podría haber informado favorablemente de algunas licencias de obra.En una de las calificaciones, a la que ha tenido acceso Efe, el fiscal pide un año de cárcel y diez de inhabilitación para empleo o cargo público para el alcalde por un presunto delito de ordenación contra el territorio.En el mencionado escrito, la Fiscalía, que también pide diez meses de prisión y ocho de inhabilitación para el arquitecto municipal Juan Antonio Benítez y para el asesor jurídico Diego José Sánchez, considera que Vera concedió por decreto una licencia de obras en enero de 2006 a pesar de constarle que no se ajustaba a la legalidad urbanística.Presuntamente, los acusados, de común acuerdo y con objeto de proceder al crecimiento urbanístico de Tolox «sin respetar las normas urbanísticas vigentes», realizaron un expediente municipal de licencia de obras para la construcción de 772 apartamentos.

Informes favorables

Para ello, el arquitecto municipal formuló en diciembre de 2005 un informe técnico favorable a la ejecución de las obras, «a pesar de constarle que las mismas nos se ajustaban a la legalidad urbanística» del municipio, enmarcada en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía dado que Tolox carecía entonces de Plan General de Ordenación Urbana.Por su parte, Diego Sánchez, que había sido contratado por Vera para la emisión de informes jurídicos en determinados expedientes de licencias de obras, formuló un día después un escrito favorable en relación con esta promoción inmobiliaria aunque también sabía que era contraria a la ley.La Fiscalía señala que finalmente el alcalde concedió la licencia mediante un decreto de enero de 2006, conociendo también que no se ajustaba a la legalidad, y apunta que la contratación de Sánchez por Vera responde al hecho de «evitar» la valoración de la secretaria titular.

La crisis inmobiliaria puede destruir 1.200.000 empleos (La Opinión)

El parón que vive la construcción de viviendas puede generar esta pérdida masiva de puestos de trabajo en apenas dos años, según un análisis de KPMG
El frenazo del sector de la edificación residencial podría llegar a provocar la destrucción de hasta 1,2 millones de puestos de trabajo en dos años, contando los empleos derivados de las industrias auxiliares a la hora de hacer una vivienda, según advirtió la responsable de Infraestructuras y Sector Público de KPMG España, Elena Pisonero. En una entrevista con Europa Press, Pisonero explicó que, según las estimaciones del sector, la construcción de una vivienda requiere dos empleos directos, cifra que se puede duplicar al contar aquellos puestos procedentes de otros sectores asociados a la edificación, como fontanería o instalación eléctrica. En ese sentido, recalcó que ha sido la crisis en el sector financiero la que ha "cambiado el paso" de las inmobiliarias y constructoras españolas a la hora de asumir el cambio de ciclo del mercado español, que será de esta forma "más brusco" de lo esperado, hasta el punto de que en 2008 se podrían reducir hasta en 300.000 las viviendas iniciadas.No obstante, aseguró que las principales promotoras ya eran conscientes de la posibilidad del ajuste, y recordó que desde finales de 2006 los grandes grupos inmobiliarios aceleraron sus proyectos de concentración al ser conscientes de que se había tocado techo en la edificación residencial, tras alcanzar un récord de casi 900.000 viviendas nuevas. Este ´parón´ de la actividad en la parte residencial repercutirá en la cartera de las constructoras con un desfase que viene marcado por el periodo medio de edificación de una promoción, dos años.Diversificación. La experta señaló que este "impacto importante" en el empleo sólo podrá ser absorbido "parcialmente" por la obra civil o la construcción no residencial, lo que abre un panorama que obligará a "dinamizar la economía española" para que otros sectores productivos, como la industria, puedan acoger el excedente de trabajadores.Asimismo, explicó que las medidas anunciadas por el Ejecutivo para reforzar la construcción de VPO y la rehabilitación de viviendas no son una solución para la crisis inmobiliaria, ya que la "parte del león" de la demanda es la vivienda libre. Por eso, apostó por incentivar la demanda del propio sector y rechazó que el Gobierno pueda promover acciones directas para facilitar el acceso al crédito bancario a las empresas o financiar su actividad a través de líneas de créditos ICO.

Malos tiempos para el negocio inmobiliario (La Opinión)

La estadística ha puesto en evidencia esta semana que el mercado de la vivienda está en horas bajas como consecuencia de un ajuste más brusco de lo inicialmente previsto, lo que pone en aprietos a muchas empresas del sector entre las que están proliferando las solicitudes de concurso de acreedores.
De acuerdo con las cifras oficiales, los permisos para construir nuevos pisos cayeron más de la mitad en enero, lo que permite prever que el número de viviendas iniciadas este año bajará notablemente, pese a que estos dos indicadores no tengan una correspondencia exacta. No corren buenos tiempos para construir casas que ya no tienen la venta garantizada, como muestra la caída del 27 por ciento en el último año de las operaciones de compraventa, según la estadística del INE realizada con datos de enero. Una vez que la inversión especuladora ha salido del mercado de la vivienda, éste sigue contando con una demanda más o menos estable, garantizada por quienes se emancipan solos o forman una familia, si bien estos potenciales compradores están retrasando su decisión por las mayores dificultades para conseguir una hipoteca y la perspectiva de que los precios puedan bajar. Esta esperanza está siendo alimentada por los expertos, cuyas opiniones tienen amplio reflejo en los medios de comunicación, mientras que desde el propio sector se afanan en explicar que es muy difícil que eso ocurra con las viviendas nuevas, debido a que el valor del suelo y los costes de construcción limitan la capacidad de los promotores para bajar el precio final. Sin embargo, las previsiones son muy cambiantes y la patronal de los promotores madrileños Asprima ya pronostica una caída de precios del 8 por ciento para este año, si bien se trata de una media que incluye la vivienda usada, donde los vendedores tienen más posibilidades de rebajar unos precios que en muchos casos corresponden a expectativas desmesuradas. Asprima prevé asimismo que el número de viviendas iniciadas caiga en 2008 hasta 300.000 unidades, algo más de la mitad de las empezadas el año pasado, lo que acarreará la destrucción de 600.000 empleos durante los dos próximos años. Por esta razón, esperan que el Gobierno tome la iniciativa y ponga en marcha medidas financieras y fiscales que permitan dar salida a las viviendas que no se venden y que alivien el estrangulamiento que padecen las empresas del sector por la falta de liquidez. Ante esta situación, no queda más remedio que negociar con los bancos para alargar los plazos de vencimiento de los pagos. Este ha sido el caso de Martinsa Fadesa, que esta semana ha conseguido poner de acuerdo a todos sus acreedores para que le refinancien su deuda total (5.153 millones de euros), con lo que ha eludido el abono de 362 millones que cumplía en marzo. Diferente es el caso de Colonial, que sin estar acuciada por los plazos de amortización de sus créditos, ha visto como su venta al fondo soberano de Dubai ICD se ha frustrado en dos ocasiones por la imposibilidad de los árabes para conseguir un acuerdo con los bancos acreedores de la inmobiliaria, cuya deuda total supera los 8.000 millones. Más complicada es la situación de pequeñas y medianas empresas, con las que las entidades financieras estás siendo menos condescendientes, por lo que se ven obligadas a pedir en los tribunales la suspensión de pagos para evitar la quiebra. Las pioneras en la presentación del concurso voluntario de acreedores fueron Llanera en Valencia, Contsa en Sevilla o Jale en Cádiz, y sólo en las dos últimas semanas también lo han solicitado Seop, Cosmani Inmobiliaria y la constructora de vivienda protegida Prasi, mientras que otras como Detinsa negocian la venta de activos para evitar los impagos. Nadie se atreve a predecir cuántas les seguirán, pero los expertos coinciden en que es sólo la punta del iceberg.

Las promotoras dirigen sus inversiones a centros comerciales frente a la edificación residencial (La Opinión)

Las grandes promotoras canalizarán sus inversiones en el sector de centros comerciales, en detrimento del debilitado mercado de la edificación residencial, a pesar del retroceso experimentado por el consumo en los últimos meses, según un estudio de Alimarket al que tuvo acceso Europa Press.
EP De esta forma, el sector de centros comerciales se erigirá en elemento diversificador de las carteras de las grandes promotoras en muchos casos y de forma creciente, al tiempo que se verá reforzado por la oportunidad que brinda a las firmas de patrimonializar activos. En este sentido, la promotora Sonae Sierra destacó que siguen existiendo grandes oportunidades de inversión, tanto en la promoción de nuevos centros como en la modernización de los ya existentes. Concretamente, a lo largo de 2007 entraron en funcionamiento 25 nuevos centros comerciales en España, que aportaron 621.756 metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable (SBA) y a los que previsiblemente se unirán otros 25 complejos durante el presente ejercicio, según el informe. De cumplirse las expectativas para los próximos meses, España se colocará a la cabeza de Europa en cuanto a Superficie Bruta Alquilable (SBA) puesta en el mercado, por delante de Italia, Reino Unido, Francia, Polonia o Turquía, entre otros. A la hora de decidir la ubicación de un centro comercial, los promotores apuestan dentro de las grandes ciudades por nuevas áreas urbanísticas con importantes necesidades dotacionales para implantar sus complejos o por el centro histórico, que ofrece la posibilidad de rehabilitar viejos edificios dedicados anteriormente a otros usos. Otro nicho de mercado es el de las poblaciones de entre 75.000 y 100.000 habitantes, que acogieron alrededor de un 70% de los centros abiertos en 2007 y que, en los próximos años, continuarán en el punto de mira, puesto que necesitan dotarse del equipamiento comercial necesario para satisfacer los incrementos de población que están experimentando. En cuanto a las características del centro en sí, un diseño atractivo y la multifuncionalidad son condiciones básicas a la hora de concebirlo, valorándose asimismo la especialización del equipamiento, destaca el estudio. Ultimamente, los promotores centran su interés en los parques de medianas superficies, ya que un tercio de las aperturas realizadas en 2007 correspondieron a este tipo de equipamientos, si bien el grueso de los centros que serán inaugurados hasta 2010 serán complejos de gran tamaño.

Cae la compra-venta de viviendas protegidas (SUR)

La compra-venta de viviendas protegidas en Málaga descendió el pasado mes de enero un 21,3% en relación a 2007, al situarse en las 2.863 viviendas. En cuanto viviendas de renta libre, de las 11.471 operaciones que se registraron en Andalucía, 2.746 corresponden la provincia de Málaga. En líneas generales, la compra-venta de viviendas en Andalucía descendió el pasado mes de enero un 24,4% con relación al pasado año, pasando de las 16.819 unidades de 2007 a las 12.699 viviendas en 2008.

Un juzgado ordena la demolición de una casa construida sin licencia en Málaga (SUR)

La vivienda está levantada desde el año 2004 sobre suelo no urbanizable en el diseminado de Los Ruices. El dueño ha sido condenado a seis meses de prisión y 2.000 euros de multa

Los tribunales se han propuesto poner coto a la construcción ilegal en la provincia. El Juzgado de lo Penal número 1 ha condenado a un hombre por construir una vivienda sin licencia y en suelo no urbanizable en el diseminado de Los Ruices, en la capital, y ordena su demolición. En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se declara probado que en septiembre de 2004 el acusado llevó a cabo las obras de construcción de una vivienda unifamiliar de 70 metros cuadrados en la parcela de su propiedad ubicada en dicho núcleo, terreno que según el plan general de ordenación vigente a la fecha de los hechos estaba calificado «como no urbanizable común de control paisajístico».Además, la resolución precisa que el acusado no había obtenido licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Málaga, que abrió expediente administrativo para sancionarlo por infracción urbanística. Para la juez, los hechos se enmarcan en el delito contra la ordenación del territorio y condena al hombre a seis meses de prisión, multa de 2.160 euros e inhabilitación durante seis meses.EmbarazoEn los fundamentos jurídicos, la juez expresa que el procesado «pese a no contar con licencia para la construcción de la obra que realizó», construyó una vivienda, «como así lo reconoció no sólo en instrucción sino también en el juicio oral, argumentando que en un primer momento era una construcción de cuadras «para animales», pero añadiendo que «luego su hijo dejó embarazada a la novia y la destinó a vivienda».El acusado declaró que acudió a informarse, «aunque no aporta prueba alguna», y que le dijeron que sí podía construir unas cuadras, aunque «no consta que solicitara licencia para las mismas». Además, dijo que «cuando ocurrió lo de su hijo» preguntó para hacer una casa y le dijeron que «por el momento no se podía hacer, pero iba a salir el plan parcial».En este punto, el procesado admitió que «se adelantó a la construcción de la vivienda sin solicitar licencia ni presentar proyecto alguno». Por lo que el tribunal incide en que se dan los elementos para considerarse un delito urbanístico, puesto que el hombre «pese a tener conocimiento de que no podía llevar a cabo la citada construcción, la realizó».Además, señaló que no se han aportado pruebas de que la construcción se pueda legalizar, a pesar de que lo indicara la defensa, al no constar que se haya llevado a cabo gestión alguna de cara a la legalización, ni que hayan aprobado los planes parciales.

«El nivel de inversiones no se podrá mantener, habrá un descenso» (La Opinión)

El alcalde le ha pedido a Solbes una moratoria en la Ley de Estabilidad, que impondrá serias limitaciones a los ayuntamientos para endeudarse y para afrontar nuevas inversiones públicas
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, considera que no es el momento de imponer la Ley de Estabilidad, que supone serias limitaciones a los ayuntamientos a la hora de endeudarse, ya que en este momento de atonía económica sería bueno que los ayuntamientos contribuyesen a compensar el bajón de la inversión privada. Por eso le ha escrito al ministro Solbes pidiéndole una moratoria de uno o dos años en la aplicación de la ley. De lo contrario augura que el Ayuntamiento de Málaga no podrá continuar con el ciclo expansivo de sus inversiones.

-¿En qué momento llega la Ley de Estabilidad?

-El panorama económico es de atonía y se prevé necesario un esfuerzo inversor público que compense el decrecimiento de la inversión privada. Por ello la Ley de Estabilidad supone una limitación en el endeudamiento para inversiones municipales muy fuerte. Esta posibilidad del crédito para la inversión prácticamente desaparece, sólo se podrá utilizar para amortización. Es evidente que no estamos seguros que las inversiones se puedan mantener exactamente igual, habrá un descenso.

-¿Cómo afectará a las inversiones en la ciudad este recorte en el endeudamiento?

-Hombre, la inversión que salga de los créditos bajará mucho y se podrá compensar creciendo en otras fuentes que sostienen la inversión. Tenemos tres pilares de ingresos: el crédito, el ahorro corriente que es la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, y lo que venga de venta de suelo, convenios etc. Habrá que exigir el máximo en las dos últimas.

-¿El dinero que se ha solicitado de los fondos europeos para inversiones podrá paliar esta situación?

-También ayudarán que duda cabe. Estamos en contacto con la Junta, que canaliza estos fondos, para consensuar los temas. Sé que las reuniones van avanzando y esperamos no tardar mucho en acordar un documento que no necesite cambios.

-¿Con este panorama, peligran algunas de las inversiones previstas o que estén para un futuro próximo?

-Podríamos decir que el proyecto del río Guadalmedina, pero eso es algo que no está presupuestado todavía. Es evidente que aquellas cosas nuevas que queramos plantear de aquí a un futuro próximo tendrán poco margen para ello y para darles un impulso y un paso más. Serán esos proyectos que se están fraguando los que tendrán poca capacidad de dar pasos adelante.

-¿La tentación de subir los impuestos para compensar la situación, se contempla en el Ayuntamiento?

-Trato de no plantearlo pues en este escenario de una economía con interrogantes lo que tenemos es que hacer un esfuerzo todas las administraciones públicas en la doble vía del esfuerzo de inversión y de ser cuidadosos a la hora de que los recursos para la inversión no lo carguemos sobre el ciudadano pues entonces estamos limitando la capacidad de consumo privado, que también debe reaccionar. Nosotros seremos moderados y los impuestos crecerán como hasta ahora. Una subida mayor sería el último recurso, pero no debemos acudir a él.

-¿Peligra la economía municipal?

-En absoluto. La economía municipal es solvente y sólida, estamos muy bien, pero nos apetece, por responsabilidad, seguir haciendo muchas cosas para la ciudad para mejorarla y por eso pedimos un esfuerzo para compensar esto.

Fomento licita por 49 millones un tramo de la alta velocidad Antequera-Algeciras (SUR)

Las obras consistirán en renovar las vías entre la estación de Cortes de la Frontera y la de San Pablo de Buceite

El Ministerio de Fomento ha movido una nueva ficha en la construcción de la línea de alta velocidad entre Antequera y Algeciras con la aprobación por parte del Consejo de Administración del ente público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de la licitación del contrato de obras del tramo Cortes de la Frontera-San Pablo de Buceite, enmarcado en el proyecto 'Renovación de Línea Bobadilla-Algeciras'. Con un presupuesto de licitación de 48.655.886,7 euros, la actuación consistirá en la renovación de vía y la mejora de las instalaciones entre ambas estaciones. Según explicó ayer a este periódico el diputado socialista Miguel Ángel Heredia, la línea de alta velocidad Antequera-Algeciras se acometerá a través de dos procesos distintos. Por un lado, Fomento adjudicó a finales de 2007 a la Unión Temporal de Empresas (Ute) formada por Euroestudios e Inserco Ingenieros la redacción del estudio informativo del proyecto del AVE que unirá Antequera (desde la estación Santa Ana) con Ronda. A su vez, un tren de altas prestaciones enlazará la ciudad del Tajo con Algeciras y para ello ya se ha adjudicado el tramo entre Ronda y Cortes de la Frontera. Además, ayer se aprobó el que unirá este último municipio con San Pablo de Buceite, en Cádiz. Un tercer tramo entre esta localidad y Algeciras está pendiente de licitación.Las obras que salieron ayer a concurso se desarrollarán durante 36 meses entre la estación de Cortes de la Frontera (Málaga) y el apeadero de San Pablo de Buceite (Cádiz), atravesando los términos malagueños de Cortes y Benalauría y el gaditano de Jimena de la Frontera. La renovación de la vía, de 20,55 kilómetros de longitud, se encuentra recogida dentro de las actuaciones contempladas en el Contrato Programa, suscrito entre la Administración General del Estado y Adif para el periodo 2007-2010, y que incluye un Plan de Renovaciones de Vía con actuaciones sobre 500 kilómetros.Según apuntó Adif en un comunicado, con todo esto se pretenden definir las actuaciones necesarias para que la línea Bobadilla-Algeciras sea capaz de servir de soporte de conexión adecuada al puerto de Algeciras-La Línea y a la zona de la Bahía de Algeciras con el resto de la red ferroviaria española y europea.Las actuaciones previstas tienen por objeto incrementar la capacidad de la línea, aumentando y mejorando el tráfico de mercancías actual. En cuanto a la infraestructura, se incluye la ejecución de muros con pantallas de carriles, muros de gaviones, mallas de guiado, barreras rígidas y barreras flexibles o bulonado para mejorar la estabilidad de los taludes; la disposición de tacones de escollera, muros de gaviones, e inyecciones para aumentar la estabilidad de los terraplenes.Se contempla también la reparación de las estructuras existentes y se proyectan dos nuevas estructuras y diversos muros, así como falsos túneles y la prolongación de falsos túneles actuales. En los túneles se llevarán a cabo labores de reparación e impermeabilización en algunos de ellos y se mejorará el armamento de la vía actual mediante la sustitución del balasto existente. En las estaciones se racionaliza el esquema funcional de las estaciones del tramo, adaptándolas al uso ferroviario previsto en el futuro. Heredia apuntó que la actuación «es la continuación de los trabajos de renovación ya adjudicados por 37,2 millones de euros, y actualmente en marcha, en el tramo comprendido entre Ronda y Cortes de la Frontera, de 39,05 kilómetros de longitud, en la citada línea férrea Bobadilla -Algeciras», que aunque tenga esta definición oficialmente será realmente la estación de Santa Ana y no la de Bobadilla el punto de enlace.

El Ayuntamiento de Mijas se compromete a impulsar este año la construcción de 300 VPO (SUR)

El anuncio de Sánchez se enmarca en el protocolo firmado con la Junta que prevé 2.076 inmuebles en cuatro años. Se contemplan promociones en los tres núcleos urbanos

Las últimas críticas del PP al equipo de gobierno de Mijas en materia de vivienda protegida tuvieron ayer una rápida respuesta en boca del alcalde, Antonio Sánchez, quien se comprometió a sacar a concurso la construcción de 300 VPO a lo largo del año . Una iniciativa enmarcada en el protocolo firmado en enero con la Consejería de Obras Públicas de la Junta, en el que se prevé impulsar 2.076 inmuebles en cuatro años.Sobre la ubicación de estas 300 viviendas poco se sabe. Sólo que se contemplan actuaciones en parcelas de titularidad municipal de los tres núcleos urbanos. En este sentido, el primer edil destacó que el Ayuntamiento ya dispone de suelo para 1.800 viviendas gracias a los acuerdos alcanzados con los propietarios de 19 sectores. La agilización de los trámites urbanísticos que propicia el convenio con la Junta hace que se obtenga más rápidamente el suelo e incluso que se puedan elegir solares mejor situados con respecto a los cascos urbanos. Así, la intención reflejada en el convenio es que después del verano se esté en condiciones de empezar a tramitar las primeras adjudicaciones de obras a los promotores que las llevarán a cabo.Además, el alcalde volvió a mostrar su confianza -como hizo tras la firma del protocolo- en poder superar, «si es necesario», los 2.076 inmuebles previstos; «un importantísimo número de viviendas que es una gran oportunidad para las familias y también para el sector de la construcción».El protocolo garantiza que al menos dos terceras partes de las viviendas se destinen a familias cuyos ingresos no superen en 2,5 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, unos 1.500 euros mensuales. La superficie de las viviendas oscilará entre los 70 y 80 metros cuadrados, y su precio no será superior a los 90.000 euros.Por cada una de las viviendas que se oferte al mercado con estas características, el promotor recibirá una subvención autonómica de 3.000 euros.

La sede de la Autoridad Portuaria recuperará su estado original (SUR)

El edificio de la Autoridad Portuaria recuperará su estado original a principios del próximo año. El BOE publicó ayer la adjudicación a la empresa Rofez de los trabajos, con un importe de medio millón de euros. Ello permitirá remozar y limpiar la fachada, reestructurar los elementos y algunas pequeñas mejoras.El diputado socialista Miguel Ángel Heredia explicó que a lo largo del 2008 el puerto de Málaga recibirá un fuerte impulso, ya que los Presupuestos Generales del Estado para el presente año contemplan una inversión de casi 17 millones.Heredia señaló que las cuatro actuaciones más importantes impulsadas por Fomento en el puerto han sido la estación marítima, las obras del programa de remodelación primera y segunda fase, el atracadero morro-sur de cruceros y el atraque morro-norte. El diputado socialista aseguró que estas inversiones han permitido incrementar la capacidad del recinto portuario, que en 2008 prevé recibir 270 cruceros y unos 325.000 pasajeros.

La casa en propiedad, contra la movilidad laboral (Málaga Hoy)

Los europeos residen una media de 35 años en la misma vivienda y se resisten a cambiar de ciudad
La casa ata. Peter Rupert, investigador de la Universidad de California, ha explicado durante las jornadas Avances en el análisis de las fricciones en el mercado de trabajo cómo en aquellas zonas en la que la proporción de viviendas en propiedad es mayor, la movilidad laboral es sensiblemente inferior. Y este fenómeno es más acusado en Europa. En este sentido, ha constatado cómo el periodo medio que una familia vive en un mismo domicilio alcanza en Europa los 35 años, mientras que en Estados Unidos es de 15.Además, que los trabajadores estadounidenses están tres veces más dispuestos que los europeos a cambiar de domicilio por motivos laborales. En este sentido, la ratio de movilidad al año en Europa es inferior al cinco, mientras que en Estados Unidos supera el 15%."Hemos visto que el mercado inmobiliario provoca fricciones en el laboral porque al final el desempleado busca empleo en su zona de residencia. Esto hace que el mercado de trabajo sea menos flexible", apunta Socorro Puy, coorganizadora de estas jornadas patrocinadas por Unicaja y la Junta de Andalucía.Otro de los fenómenos que se han analizado durante este encuentro entre primeros espadas de la economía occidental ha sido el protagonismo en la creación de empleo. Fabien Postel-Vinay, investigador de la Universidad de Bristol, ha constatado al estudiar el mercado laboral entre los años 1970 y 2000 cómo cuando las economías en crisis tocan fondo y están a punto de remontar, la creación de puestos de trabajo es asunto de las pequeñas y medianas empresas. En ese momento las grandes compañías mantienen políticas de empleo muy conservadoras. Sin embargo, cuando el ciclo expansivo se consolida son estas empresas de gran tamaño las que lideran la creación de empleo. Tanto es así que llegada esa época, las corporaciones de gran tamaño roban trabajadores a las pymes, que pueden incluso perder empleados hasta el punto de poner en riesgo su propia pervivencia.

"Los británicos venderán sus casas aquí para pagar las hipotecas en el Reino Unido" (Málaga Hoy)

issarides cree que la crisis financiera en el mercado británico arrastrará al sector inmobiliario de la Costa, pero no al turismo hotelero porque el paro no está creciendo entre las clases medias inglesas

El profesor de la London School of Economics Christopher Pissarides figura desde hace algún tiempo en las quinielas para el Nobel de Economía. Considerado el fundador de las investigaciones que analizan las fricciones que experimenta el mercado de trabajo, ayer estuvo en Málaga en unas jornadas organizadas por el departamento de Teoría e Historia Económica de la Universidad de Málaga (UMA).

-España, en general, y la Costa del Sol en particular sufren una crisis inmobiliaria que está dejando a muchos trabajadores en el paro. ¿Hay que pensar en trasvasar esa fuerza laboral a otros sectores productivos?

-Es necesario analizar la dimensión de esta recesión, conocer cuánto va a durar porque si es temporal mover trabajadores de un sector a otro no es lo más adecuado, porque tienen unas capacidades y una formación que habría que adaptar y si la recesión no es tan profunda después será necesario volver a formar empleados para la construcción.

-Tradicionalmente se atribuye al trabajador español una gran resistencia a la movilidad tanto geográfica como entre sectores. ¿Cómo observa este fenómeno?

-La movilidad laboral es una característica que se da fundamentalmente del mercado estadounidense. En Estados Unidos ha habido regiones que han crecido mucho mientras otras quedaban estancadas y eso ha favorecido la movilidad geográfica de los trabajadores. En Europa, en cambio, no se da ese fenómeno. El crecimiento en Italia o Francia no es muchísimo más grande que en España, por eso no se produce tanta movilidad laboral.

-La Costa del Sol depende mucho del mercado británico. ¿Cómo nos puede afectar la crisis financiera que hace mella en el Reino Unido?

-El mercado inmobiliario británico está muy afectado porque la crisis financiera ha provocado que se restrinjan los préstamos hipotecarios. Ahora es muy difícil conseguir financiación para la vivienda en Reino Unido. Esta crisis por extensión, afectará a la Costa del Sol. Creo que muchos británicos venderán sus casas en la Costa para poder financiar la deuda hipotecaria que tienen en el Reino Unido. Sin embargo, la crisis financiera no está teniendo consecuencias sobre el mercado de trabajo, no está destruyendo empleo, por lo que el turismo hotelero no se verá alterado. Además, las clases medias aún ven la Costa del Sol como un destino barato, por lo que seguirán viniendo de vacaciones. Quienes no tienen casa aquí ni préstamos hipotecarios allí no se verán muy afectados. Esta está siendo una crisis diferente porque perjudica más a quienes tenían más capacidad adquisitiva y disponían de dos casas.

-Frente al criterio de la Reserva Federal estadounidense, el Banco Central Europeo se resiste a rebajar los tipos de interés. ¿Qué opinión le merece esta política?[Christopher Pissarides deja clara su opinión con una broma y dice entre risas que si él tuviera la responsabilidad bajaría los tipos de interés].

-El Banco Central Europeo está más preocupado por contener la inflación y ha tenido un comportamiento más conservador, en la línea de la política del Bundesbank. Creo que las decisiones de la Reserva Federal de recortar los tipos de interés son más adecuadas.

Los discapacitados contarán con un gran centro polivalente en Teatinos (Málaga Hoy)

Las obras se iniciarán este verano en la zona de Torre Atalaya, sobre una parcela de 22.000 metros cuadrados cedida por el Consistorio · El proyecto, en fase de redacción, rondará los 18 millones de euros


Málaga contará con un centro polivalente para discapacitados a finales del año próximo. El centro, cuyas obras se iniciarán en verano, está llamado a convertirse en todo un referente dentro del territorio andaluz. Contará con una residencia, un centro de día y un complejo deportivo adaptado, además de servir de sede administrativa de la Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos (FAMF) de Málaga. Las instalación será la primera de esta envergadura en la provincia y la segunda de Andalucía.El centro polivalente para discapacitados se emplazará en el entorno de Teatinos, concretamente en Torre Atalaya. Para ello, el Ayuntamiento ha cedido a este colectivo una parcela de 22.000 metros cuadrados -15.000 metros cuadrados útiles- durante 50 años, según señaló ayer Joaquín Fernández, el presidente de la FAMF, durante la asamblea general celebrada en la capital malagueña.El proyecto, calificado por Fernández como "el buque insignia de la discapacidad", se encuentra aún en fase de redacción, aunque se estima que su presupuesto rondará los 18 millones de euros. La federación cuenta, por el momento, con ayuda económica de administraciones como la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, aunque confía en contar con las aportaciones de otras e, incluso, de entidades privadas y financieras. Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía estuvieron representadas en el acto de ayer para dejar de manifiesto su compromiso con este colectivo. Además de la parcela municipal, la FAMF cuenta ya con el anteproyecto y se espera disponer a lo largo de este segundo trimestre de una subvención de 200.000 euros por parte del Gobierno andaluz, lo que permitirá redactar el proyecto y poner la primera piedra.Fernández abogó por contar con un entorno accesible y una calidad de vida extendida a todos los ciudadanos. "Todos seremos discapacitados el día de mañana", señaló el presidente, en alusión a los problemas de movilidad que padecen muchas personas mayores. En cuanto a los objetivos de la FAMF, hizo hincapié en la necesidad de seguir trabajando con las mujeres con discapacidad, que sufren una doble discriminación, y de apoyar a los gravemente afectados y a la infancia.

La nueva sede de Tráfico ofrecerá al usuario menos servicios que la antigua (Málaga Hoy)

La instalación de Cortijo Alto no contará con ventanillas de asistencia de Gestión Tributaria municipal ni de Diputación · La Jefatura Provincial cierra hoy por mudanza y abrirá el martes en calle Max Estrella
La sede de la Jefatura Provincial de Tráfico de la calle Mauricio Moro, detrás del edificio negro, cerró ayer sus puertas para siempre. Entre hoy y el lunes se llevará a cabo la mudanza a la nueva sede de calle Max Estrella, que abrirá el próximo martes al público con menos servicios para los usuarios. La instalación, ubicada en el entorno del barrio de Teatinos, no contará con ventanillas de asistencia de Gestión Tributaria municipal ni de Diputación, por lo que para un único trámite podría ser necesario dar varios viajes de un punto a otro de la ciudad. Es decir, la nueva sede provincial pondrá su granito de arena para saturar aún más si cabe las colapsadas vías de la capital malagueña.La antigua sede disponía de sendas ventanillas para estas gestiones, pero en los últimos días anunciaban a través de varios carteles que dejarán de prestar sus servicios tras el traslado a Cortijo Alto. De este modo, cualquier gestión tributaria de carácter municipal habrá que realizarla desde el próximo martes en el edificio de la Tabacalera, que alberga varias dependencias municipales, entre ellas la de recaudación de impuestos. Para los vehículos matriculados en otros municipios de la provincia (salvo algunas excepciones de grandes ayuntamientos), los usuarios deberán dirigirse al Patronato de Recaudación Provincial, que se encuentra en el Parque Tecnológico. Las gestiones dependientes de la Junta de Andalucía se seguirán desarrollando en las instalaciones de la Plaza de San Juan de la Cruz.Fuentes municipales aseguran que muchos de estos trámites ya se pueden realizar por internet, a través de la propia página del Ayuntamiento (www.malaga.eu), y que cada distrito cuenta con una Oficina Municipal de Atención al Público (OMAP), donde se pueden resolver posibles dudas. Desde los sindicatos tampoco consideran que la ausencia de este servicio vaya a trastornar mucho a los usuarios, aunque consideran que no es una decisión definitiva y que cuando se realice el traslado y la nueva sede de la Jefatura de Tráfico empiece a funcionar, se estudiará su conveniencia con mayor detenimiento. Entre los usuarios y los profesionales del sector (las gestorías) encuestados, sin embargo, no hay tanto convencimiento de la conveniencia de eliminar estas ventanillas de la Jefatura de Tráfico."Cualquier gestión relacionada con el vehículo, salvo las bajas que ya se realizan en los desguaces, requieren el impuesto de circulación y según donde esté domiciliado, hay que recogerlo en la sede del Ayuntamiento o de Diputación. Antes era suficiente con subir a la primera planta del edificio, pero ahora será necesario desplazarse", decía ayer un profesional del sector. Para la gestoría, según asegura, supone más trabajo, pero también se espera un aumento de clientes. "El problema será para el usuario, que se volverá loco para ir de un sitio a otro", añade.El caso que más desplazamientos requiere lo tendrá que realizar quien tramite los papeles para vender un vehículo financiado. Además de las gestiones anteriormente descritas, también tendrá que desplazarse a calle Cerrojo, donde tiene su sede el registro de venta a plazos. Así, la nueva instalación de la Jefatura Provincial mejorará su imagen y, según Tráfico, también el servicio que prestará a los usuarios. Aunque a priori también contribuirá a saturar un poco más la circulación urbana.

El acceso Sur al Aeropuerto cumple plazos para estar concluido en 2010 (La Opinión)

Fomento adjudica el contrato de control y vigilancia de las obras, que empezaron el pasado enero z Esta vía de 1,94 kilómetros partirá de la rotonda de Guadalmar
Las obras del nuevo acceso Sur al Aeropuerto, una carretera de apenas 1,94 kilómetros de longitud que unirá la rotonda de Guadalmar en la ronda Oeste, con el interior del recinto, cumplen los plazos previstos para que entre en funcionamiento en el verano de 2010. Ayer, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la adjudicación del contrato de control y vigilancia de los trabajos por 1,3 millones de euros. Es un nuevo impulso a un proyecto clave para mejorar la deficiente comunicación por carretera del que es el cuarto aeródromo del país.Las obras comenzaron el pasado mes de enero con la firma de las actas de replanteo del proyecto. El Ministerio de Fomento había adjudicado las obras en junio de 2007 a la empresa FCC por un montante global de 36,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 28 meses. Puede parecer una cantidad elevada para una vía de menos de dos kilómetros de longitud, pero la dificultad del trazado obliga a una importante inversión.En este sentido, la carretera partirá desde la autovía A-7 a la altura de la rotonda de Guadalmar en un paso elevado de casi 200 metros de longitud. Tendrá características de autovía urbana, con dos calzadas por sentido y separadas por una mediana. Desde ahí, la traza discurre al sur de la avenida de Guadalmar, por el polígono de San Julián. En el primer kilómetro, la vía se prolonga entre muros de suelo reforzado y hay proyectados tres pasos inferiores para permitir la continuidad de otras tantas calles del polígono. El cruce con la antigua N-340 (hoy MA-21) tiene lugar en el punto kilométrico 1,26 y discurre en paralelo a la línea del Cercanías hasta llegar a una rotonda desde la que se facilita el tránsito interior por el Aeropuerto. Cuando esté listo, el acceso Sur absorberá parte del tráfico que soporta el único acceso actual, por la MA-21, de 36.000 vehículos al día. A éste se unirá otro acceso, el Norte, que partirá desde la futura hiperronda, hoy en obras.

Correos invertirá 11 millones de euros en rehabilitar su sede de la avenida de Andalucía (La Opinión)

La atención al público seguirá durante los casi dos años de obras con acceso por la avenida de la Aurora. Instalarán dos ascensores panorámicos
Casi once millones de euros y 21 meses de obras serán necesarios para la reforma de la sede central de Correos en Málaga, un edificio emblemático de la ciudad que se levanta en la avenida de Andalucía y que fue construido en 1980.La sociedad estatal ha adjudicado a la empresa Vías y Construcciones el contrato de reforma del edificio, de entre las once ofertas que recibió este contrato. Los trabajos de reforma no supondrán la suspensión de la atención al público, que se mantendrá durante las obras pero con acceso desde la avenida de la Aurora.Los trabajos se centrarán en la reordenación interior del edificio, de forma que se dé un mayor espacio para la atención al público y se concentren los servicios de Correos en la planta baja y primera. Esto permitirá que las plantas superiores queden libres, aunque fuentes de la sociedad estatal señalan que todavía no se ha definido su destino y que no se descarta que se alquilen.Uno de los aspectos más destacables del proyecto es la construcción de dos ascensores panorámicos para el acceso al edificio. De forma complementaria, el espacio de la entrada quedará cubierto por una estructura de vidrio y acero inoxidable.El inmueble dispone de 17.100 metros cuadrados, aunque sólo una parte será para servicios de Correos. Así, en la planta baja se concentrarán la mayor parte de los servicios, con 22 puestos de atención al público, 1.200 apartados postales, la tienda ´Telecor´, cuatro locutorios telefónicos, un cajero de Bancorreos y algunos despachos. Para concentrar estos usos, la parte destinada al público se ampliará en 524 metros cuadrados la superficie para los ciudadanos, en detrimento de almacenes.También en la planta baja estarán el almacén de la paquetería, la Unidad de Servicios Especiales y el acceso de los vehículos de reparto a los muelles de carga de correspondencia, que se realizará desde la avenida de la Aurora.En la planta primera irá el área administrativa, las unidades de reparto y los vestuarios y aseos para los empleados.Los trabajos de reforma del edificio permitirán la eliminación de las barreras arquitectónicas, lo que garantizará la total accesibilidad a las instalaciones. Nuevas oficinas. Correos tiene prevista la construcción de ocho instalaciones, de las que tres se situarán en la capital (calle Blas de Lezo, Churriana y Puerto de la Torre) y las otras seis en distintos municipios de la provincia: Coín, Mijas, Mijas Costa, Antequera y Gaucín.Estas ocho instalaciones servirán para ir ampliando la red de Correos en Málaga, de forma que seis se destinen a oficinas de atención al público y dos para el reparto de correspondencia.Junto a la compra de nuevas instalaciones, Correos prevé la reforma o modernización de siete de sus oficinas este año.

De la Torre pide a Solbes que suspenda la norma que impide pedir créditos para inversiones (La Opinión)

"Lo que planteo es que ese reglamento se suspenda dos o tres años mientras tengamos en España un panorama económico mejor que el de ahora", explica el alcalde de Málaga
EFE El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha enviado esta mañana una carta al vicepresidente segundo en funciones del Gobierno, Pedro Solbes, en la que le pide la suspensión del Reglamento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que impide a los ayuntamientos pedir créditos para inversiones.De la Torre ha explicado hoy a los periodistas que dicha normativa, que se aprobó el pasado 2 de febrero, afecta a las corporaciones locales y supone un condicionante para poder utilizar créditos bancarios.En este sentido, ha apuntado que los Ayuntamientos no pueden solicitar créditos en la misma cuantía que la partida dedicada a las amortizaciones y, por ello, le han pedido la suspensión del citado reglamento durante dos años prorrogables a tres.El regidor malagueño ha señalado que, dada la situación económica que atraviesa España, a las administraciones les interesa hacer inversiones porque "es una manera de crear puestos de trabajo, riqueza y compensar una debilidad de la inversión privada"."Lo que planteo es que ese reglamento se suspenda dos o tres años mientras tengamos en España un panorama económico mejor que el de ahora", ha indicado De la Torre, quien ha subrayado que ha reenviado también la misiva al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincia para que si lo ve oportuno apoye la iniciativa.

Roca podrá salir de la cárcel si paga una fianza de un millón de euros (La Opinión)

Mañana se cumplen 2 años de su entrada en prisión

► Es el único que sigue en la cárcel por el 'caso Malaya'

► Su pronóstico de fuga es "elevado"
EFE El juez del 'caso Malaya' afirma que el pronóstico de riesgo de fuga del ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca es "elevado", pero justifica imponer una fianza de un millón de euros para su puesta en libertad en que no ha huido durante años a pesar de estar implicado en otras causas judiciales.En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el instructor del caso argumenta que "es razonable pensar que dispone de fondos en territorios considerados como paraísos fiscales, sin que tal vez nunca pueda llegar a conocerse con exactitud su alcance al ser territorios que dificultan la cooperación (como la Isla de Man)".El juez considera que, sin embargo, Roca, de cuya detención se cumplen mañana dos años, "posee en España una muy elevada fortuna, a través de diversas sociedades que en la actualidad están siendo controladas judicialmente", está casado y tiene dos hijos y siempre ha residido en España.El magistrado afirma que el pronóstico de riesgo de fuga sugerido por las circunstancias es sin duda "elevado", pero destaca que en otro procedimiento judicial seguido ante la Audiencia Nacional Roca cumplió durante casi cuatro años con las obligaciones impuestas para quedar en libertad.En el auto, el instructor, que afirma que Roca tiene que hacer frente a "numerosos y graves" procedimiento penales en España, fija una fianza de "cuantía elevada" por su acreditada relación con otras personas que pueden ayudarle a pagarla y ordena la comparecencia diaria del procesado en los juzgados.El ex asesor urbanístico, al que el primer juez considera como el presunto cerebro de la trama de corrupción, ingresó el 31 de marzo de 2006, en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde permaneció hasta el 6 de octubre del mismo año, fecha en la que fue trasladado a la cárcel de Albolote (Granada).Roca es el único procesado que se encuentra en prisión provisional por el "Caso Malaya", puesto que el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz también permanece en la cárcel pero, aunque ingresó tras su detención por esta causa, cumple condena por causas urbanísticas.El magistrado imputa a Roca los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales y contra la flora y fauna, entre otros.La fianza de un millón de euros fijada para la puesta en libertad del ex asesor urbanístico constituye la de mayor importe económico impuesta por el juez a los procesados del "Caso Malaya".La Audiencia Provincial de Málaga fijó una fianza por el mismo valor para la excarcelación del ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella Pedro Román, aunque posteriormente el instructor de la causa rebajó el importe a 200.000 euros.

La Fiscalía pide cárcel y no multas en el acuerdo sobre los casos urbanísticos de Marbella (La Opinión)

El Ministerio Público se inclina por la alternativa de solicitar penas de prisión para todos los ex ediles del GIL implicados en la concesión ilegal de licencias
La Fiscalía de Málaga ha pedido penas de cárcel en el pacto para unificar las causas urbanísticas de Marbella en las que están implicados ex concejales del GIL. Fuentes judiciales confirmaron a este periódico que el Ministerio Público ha solicitado la pena de prisión como alternativa a la multa para todos los ex ediles acusados de delitos contra la ordenación del territorio.Las bases del futuro acuerdo han quedado fijadas con los abogados de la defensa, y se han remitido a la Fiscalía Superior de Andalucía, órgano competente para autorizar o no este pacto.El fiscal coordinador de Medio Ambiente de Málaga, Juan Calvo, se ha vuelto a reunir esta semana con los letrados defensores y el pasado miércoles concertó un encuentro con el fiscal superior de la comunidad andaluza, Jesús García Calderón, quien deberá dar la última palabra sobre la idoneidad o no del acuerdo. Pero previsiblemente remitirá antes el caso a la Fiscalía General del Estado, para que consulte las bases e informe sobre su posible aplicación. Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicitará inhabilitación en el cargo público para los ex ediles. Sin pacto e independientemente del número de causas pendientes, los acusados podrían permanecer encarcelados hasta un máximo de seis años de cárcel, resultado de aplicar la triple de la pena mayor del delito, que es de dos años. Con el acuerdo, tanto la Fiscalía como las defensas intentan agilizar los procesos estancados en los juzgados penales y muchos todavía en instrucción. Pero para alcanzar el consenso ha sido necesario que los procesados reconozcan los hechos delictivos, es decir, haber concedido licencias de obra a sabiendas de que incumplían la legalidad urbanística. El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, que actualmente cumple condena por un caso urbanístico, está implicado en casi un centenar de causas relativas a supuestas licencias de obra ilegales. El pacto le beneficiaría en cuanto a la condensación de las penas. Juicios. Mientras se estudian las bases de este acuerdo marco, los juzgados penales han señalado varios juicios. El próximo 2 de abril comenzará la vista oral en el juzgado Penal 1 por un caso en el que Julián Muñoz y seis ex ediles se enfrentan a una pena de dos años de prisión y diez de inhabilitación por autorizar presuntamente 74 viviendas ilegales. La siguiente semana se ha fijado otra vista oral en el Penal 6. La conformidad en ningún caso se aplicaría a los procesos que se instruyen por supuestos convenios urbanísticos irregulares, en los que están imputados miembros de la última corporación del GIL como la ex alcaldesa Marisol Yagüe o el que fue asesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca.

Urbanismo pide a Endesa que aclare el futuro de subestación de Cuesta del Visillo. Vélez-Málaga (SUR)

El consejo de de la Gerencia de Urbanismo acordó ayer solicitar a Endesa que aclare cuál será el futuro de la subestación eléctrica de Cuesta del Visillo, sobre todo después de que le Ayuntamiento pidiera a la compañía el traslado de la misma por estar rodeada de edificios. La petición de aclaración se produce con ocasión del debate para la concesión de licencia para la realización de una segunda subestación en la zona de Taramillas.Aunque tanto Obras Públicas como la Cuenca Mediterránea han informado favorablemente el proyecto, Urbanismo ha pedido a ambas administraciones que aclaren si la subestación puede verse afectada al estar calificado el suelo como zona inundable.

El Ayuntamiento retoma el avance del PGOU para proceder a su aprobación. Torrox (SUR)

Urbanismo reconoce que todavía hay suelo sin desarrollar para 10.000 viviendas
El equipo de gobierno del Ayuntamiento (IU, PSA y PIU) ha ordenado al equipo redactor del PGOU del municipio que retome los trabajos para proceder a una nueva aprobación inicial. La medida se produce después de que en julio de 2007 el pleno decidiera revocar la aprobación inicial realizada por el anterior gobierno en agosto de 2006. Asimismo, el plan se retoma una vez conocida las modificaciones introducidas por las Consejería de Obras Públicas en el Plan de Ordenación territorial de Andalucía y el POT de la Axarquía en cuanto a crecimiento de población y número de viviendas.Tras la primera aprobación inicial, las Dirección General de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía emitió un informe instando al Consistorio a priorizar las zonas de oportunidad y los polos de dinamización turística entre las propuestas para el crecimiento urbanístico del municipio. También solicitaba que se concretará más el hábitat rural para no propiciar un incremento de los sectores diseminados.En materia de infraestructuras, el informe de la Junta hacía hincapié en la reserva de suelo para el corredor ferroviario y en la concreción del trazado del vial intermedio. Asimismo, señalaba que se sobrepasaban los límites en cuanto a aumento del número de viviendas y de población durante la vigencia del PGOU.

Suelos

Según el edil de Urbanismo, José Luis Pérez Moreno (IU), el municipio dispone en función del plan de 1996 de suelo suficiente para construir 10.000 nuevas viviendas, por lo que el nuevo PGOU no podrá recoger nuevos crecimientos. En cambio, si se podrá calificar suelo industrial sectorizado, que no contabilizarán en cuanto a crecimiento, al igual que las zonas de oportunidad turística (65 hectáreas) que el POT sitúa en Mascuñar, y la de dinamización (unas 45 hectáreas) de Carlaja. No obstante, se fijará suelos urbanizables no sectorizados que en ningún caso podrá ser desarrollado sen tanto haya suelo urbano sectorizado.En cuanto a los suelos no urbanizables, la idea es permitir la realización de aperos de 40 metros cuadrados y almacenes de hasta 200, de autovía para abajo, en parcelas mínimas de 10.000 metros. En los diseminados, que están al norte de la autovía, la parela mínima será de 5.000 metros cuadrados y se podrán realizar almacenes o viviendas de no más de 150 metros.En el no urbanizable común la propuesta que se incluirá en el PGOU será la de almacenes y viviendas de hasta 250 metros en parcelas mínimas de 200.000 metros.

Revocan la licencia del hotel de La Perla al acusar al promotor de vender apartamentos. Benalmádena (SUR)

El Ayuntamiento sostiene que sería un «fraude de ley» permitir viviendas en un terreno destinado a uso hotelero. Grupo Mirador recurrirá el decreto municipal

Nuevo capítulo, aunque no el último, en torno al hotel de cuatro estrellas previsto en La Perla, en Benalmádena Costa. El Ayuntamiento ha revocado la licencia de obras concedida en enero de 2006 a la promotora Grupo Mirador para la construcción de un complejo hotelero al entender que la empresa pretendía dividir la edificación y vender apartamentos. «Nos consta de que se había iniciado la venta de apartamentos», aseguró ayer el alcalde de la localidad, Javier Carnero, quien ofreció los servicios jurídicos municipales a los posibles afectados por la anulación de la licencia. Una acusación que desmiente la constructora, que recurrirá el decreto municipal y amenaza incluso con llevar el caso a los tribunales.Según el decreto del Consistorio, al que ha tenido acceso este periódico, cuando la licencia fue concedida por el anterior equipo de gobierno de Enrique Bolín se incluían, entre otros condicionantes, que el inmueble debía inscribirse en el Registro de la Propiedad como de uso hotelero, además de la imposibilidad de segregar o dividir la edificación para otros fines.«Teníamos dudas de que fuera a ser un hotel y el tiempo nos ha dado la razón», comentó el primer edil, haciendo referencia a un escrito enviado en agosto de 2007 por la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio de la Junta en el que se informaba de que la promotora quería registrar la propiedad como apartahotel.

Requerimientos

Ante esta situación, el Ayuntamiento exigió a la mercantil que rectificara y no intentara llevar a cabo la división horizontal del inmueble. En un principio, el requerimiento fue aceptado por Grupo Mirador. Sin embargo, según los fundamentos de derecho recogidos en el decreto municipal, «la interesada no aporta documento alguno que así lo acredite».Tras el supuesto incumplimiento de ambos condicionantes de la licencia por parte de la constructora, desde el Area de Arquitectura y Urbanismo del Ayuntamiento se insiste en que «cualquier división o desmembración física o jurídica de un edificio es incompatible con el uso hotelero y determina, de facto, su conversión en residencial, con los gravísimos efectos que ello tendría sobre el municipio», ya que supondría un aumento de población que requeriría un incremento de los equipamientos. Por ello, Carnero destacó que «admitir la división horizontal supondría un fraude de ley con claro perjuicio para el interés público, en cuanto que se permitirían viviendas en un espacio que no ha sido diseñado para ello».Por su parte, el consejero delegado de Mirador, Enrique Faura, insistió en el carácter hotelero del proyecto. «Hemos subsanado la escritura tal y como nos exigió el Ayuntamiento para que no se pueda hacer un uso distinto, así que, si no nos dan la razón, iremos al Contencioso-Administrativo», ad-virtió.Faura explicó que su proyecto se encuadra dentro del fenómeno de condominio hotelero, «que contempla la Ley del Turismo y del que existen ejemplos similares en Torremolinos, Estepona o Nerja». Mediante este sistema, el promotor ejecutaría la edificación con características de hotel y vendería las 196 habitaciones como copropiedad a diferentes personas que contratarían a una compañía hotelera la gestión del inmueble. Sobre la supuesta venta a particulares, el responsable de la constructora aseguró que llevan tres años sin comercializar ninguna 'suite' y que, a los que ya la habían adquirido, se les ha devuelto su inversión.Los terrenos se encuentran ubicados en la Unidad de Ejecución 95 (Los Pajaritos), creada mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1993 por la que varias parcelas que tenían la calificación de unifamiliares pasaron a ser hoteleras, «con un importante incremento del techo edificable», que pasó de 2.000 a 8.000 metros cuadrados. Las obras han estado dos años paralizadas, por lo que de momento sólo se han realizado tareas de cimentación.

Los cambios en el proyecto del túnel de San Pedro obligan a expropiar más suelo. Marbella (SUR)

El modificado del trazado, en respuesta a peticiones vecinales y del Consistorio, supondrá además una inversión extra de 9,3 millones de euros. PSOE e IU reclaman que se cree una comisión para el seguimiento de los trabajos
Las modificaciones en el proyecto de soterramiento de la A-7 a su paso por San Pedro Alcántara, en respuesta a varias demandas vecinales y del Ayuntamiento, han obligado al Ministerio de Fomento a hacer más expropiaciones de suelo y también a variar el presupuesto, que ha sumado 9,3 millones a los 48,1 millones de euros de inversión contemplada inicialmente. Según informaron desde el Grupo Municipal Socialista, que presentó junto a la Plataforma Por el futuro el proyecto de construcción modificado, Fomento negocia con los afectados -nueve, al parecer- para disponer de estos suelos necesarios para acometer la remodelación del enlace de Guadalmina y el de la carretera de Ronda. Precisamente, la supresión del 'scalextric' en el cruce de esta carretera comarcal con la autovía A-7 es una de las seis mejoras, quizá la más clamorosa, introducidas en el proyecto reformado, que está actualmente en exposición pública.

Cruce polémico

Fomento ha eliminado este puente elevado con la creación de un paso inferior con dos rotondas en la zona de Las Petunias -una de ellas, soportará 60.000 vehículos al día de tráfico rodado y servirá de enlace con la estación intermodal del futuro tren litoral- con lo que se permite que el cruce actual quede a la altura de la calzada. Además, se ejecutará un falso túnel desde los puntos kilométricos 1,480 al 2,480, que permitirá eliminar los semáforos de El Ingenio y de Marqués del Duero. Para Juan Luis Mena, concejal socialista, la inclusión de estos cambios han convertido a este proyecto en uno más ambicioso que el original, en respuesta a las demandas reales de los vecinos, además, de ser un hito que Fomento accediera a modificarlo una vez que estaba adjudicado y en marcha. Tanto el Grupo Municipal Socialista como el de Izquierda Unida subrayaron la necesidad de que se cree una comisión de seguimiento de los trabajos para velar por el cumplimiento del proyecto y sus plazos. Juan Antonio García, portavoz de la Plataforma por el Futuro, sólo tuvo palabras de agradecimiento para Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, por impulsar un proyecto reclamado desde hace años y «bloqueado por el PP» y, para Diego Martín Reyes, actual comisionado de la Costa del Sol, por trasladar sus propuestas a la Administración central cuando presidió la comisión gestora del Ayuntamiento. Este último felicitó a los vecinos por ver culminados los deseos que plantearon. No obstante, desde la coalición de izquierdas insistieron en la necesidad de acometer otras modificaciones, mejorar la señalización de las obras y liberar el peaje de la autopista, petición que según Monterroso, «avala el propio informe de Fomento».Por otro lado, desde el Ayuntamiento, informaron de que con motivo de las obras del soterramiento, desde el lunes 31 se cortará el tráfico del paso inferior del Arroyo de Los Chopos, que no se reabrirá hasta dentro de un mes.

El Instituto Municipal de la Vivienda adjudica la construcción de 51 casas de VPO (SUR)

El Instituto Municipal de la Vivienda aprobará en su consejo del próximo lunes los contratos para construir promociones de viviendas de protección oficial que suman medio centenar y que se encuentran incluidas dentro de las que fueron sorteadas a finales de 2006. En concreto, adjudicará las obras para la promoción de 15 casas públicas adosadas en la zona de Olletas, junto al Seminario, y para otra de 36 viviendas en el sector conocido como Virgen del Carmen, en la barriada de Puerto de la Torre.Además, el consejo del IMV aprobará la lista definitiva de los adjudicatarios de las 193 viviendas de la segunda fase de realojo de los vecinos de García Grana. Fuentes municipales indicaron que la Junta de Andalucía aún no ha dado la aprobación definitiva a esta promoción, ni a otras dos situadas en la zona de Hacienda Cabello y la calle Mariscal, por lo que el Ayuntamiento no puede entregar los pisos pese a que las obras de los bloques ya se encuentran finalizadas.

La reforma de Correos costará once millones y se prolongará casi dos años (SUR)

La sede de Correos se someterá a un cambio radical. La empresa ha adjudicado a Vías y Construcciones S. A. las obras de reforma integral de su edificio principal en Málaga , situado en la avenida de Andalucía, por un importe cercano a los 11 millones de euros. Según pudo confirmar ayer este periódico, este profundo cambio de imagen comenzará en el primer semestre de este año y contemplará un plazo estimado de ejecución de 21 meses.Durante la realización de estas obras, los servicios de atención al público se mantendrán en el mismo edificio, con acceso directo desde la avenida de la Aurora, en lugar de la actual entrada por la avenida de Andalucía, según informaron ayer desde la entidad a través de un comunicado.El proyecto de reforma integral permitirá una redistribución total del espacio interior, para aprovechar mejor el inmueble y hacerlo más funcional y operativo. Además, se realizarán obras de protección de la estructura exterior de la sede, para prevenir el posible impacto de la salinidad.

Más accesible

Otro objetivo fundamental del proyecto de reforma es eliminar las barreras arquitectónicas, para garantizar la total accesibilidad a las instalaciones. Para ello, se construirán dos rampas y dos ascensores panorámicos.Cuando finalicen estos trabajos, la planta baja acogerá la oficina principal, con 22 puestos de atención al público, 1.200 apartados postales, una tienda 'Telecor', cuatro locutorios telefónicos, cajero Bancorreos y despachos. En total, serán 524 metros cuadrados de superficie, donde los ciudadanos encontrarán un espacio amplio y cómodo.En la planta primera, estará ubicada el área administrativa y las unidades de reparto, con vestuarios y aseos para los empleados. Y la totalidad de las plantas superiores quedará disponible para otros usos.

La estación del cercanías en la calle Cuarteles estará un año cerrada por obras (SUR)

Los trabajos, que durarán 20 meses, permitirán reconstruir el túnel para duplicar la vía

Cerrado por obras. El letrero colgará a partir del próximo miércoles en las estaciones de cercanías Málaga-Renfe y Málaga-Centro Alameda. La construcción de una plataforma y vía para incrementar la sección en el túnel de acceso y la remodelación de los andenes obligarán a cerrar estas paradas de forma provisional durante doce meses. Así, desde el 2 de abril, todos los trenes de Cercanías de entrada y salida a Málaga utilizarán la estación María Zambrano, que concentrará así todos los servicios ferroviarios de ancho nacional e internacional.Tras la clausura provisional de las taquillas de Málaga-Renfe, los billetes y abonos para trenes de cercanías se podrán adquirir tanto en las máquinas autoventa del vestíbulo principal como en el punto de venta número 1 de las taquillas del Centro de Viajes. La venta de billetes se verá reforzada además con un nuevo punto de venta junto a la vía número seis.

Ampliación de andenes

Los trabajos que se van a llevar acabo en la estación Málaga-Renfe -y que obligarán a interrumpir el tráfico desde Plaza de Toros Vieja hasta la Explanada de la Estación- consisten en la transformación del túnel existente, de vía única, a uno de mayor sección que permitirá la implantación de una doble vía con ancho nacional. Asimismo, se ampliarán los andenes de la estación en 60 metros hasta alcanzar los 160. Ambas actuaciones -cuyo importe supera los 16,6 millones de euros- se desarrollarán en una longitud de 600 metros y durarán unos 20 meses. Los trabajos servirán para aumentar la capacidad y la regularidad de la línea Málaga-Fuengirola e incrementar la frecuencia de paso de los trenes (que podría pasar de los actuales 30 minutos a 10 o 15) y reducir el tiempo de viaje.Como consecuencia de esta obra, Renfe ajustará, a partir del 2 de abril, el horario de los trenes de media distancia convencional que prestan servicio entre Sevilla y Málaga. De este modo, los diez trenes diarios que enlazan ambas ciudades por la vía convencional modificarán unos minutos sus horarios de salida. Estos ajustes no afectarán al tiempo de viaje y se mantendrán las paradas intermedias habituales

El plan de Gibralfaro obliga a que el funicular no perjudique el paisaje (SUR)

El documento urbanístico condiciona el proyecto a que respete los valores monumentales, arqueológicos y medioambientales del monte

El avance del plan urbanístico para convertir el monte de Gibralfaro en un parque obliga a que el funicular proyectado por el propio Ayuntamiento para conectar el castillo con la plaza de la Merced no perjudique el paisaje ni los valores monumentales, arqueológicos y medioambientales del monte. Así se recoge en el documento urbanístico aprobado por el Consistorio, en el que se precisa: «La implantación del funicular en superficie plantea claras contradicciones con los criterios de protección y valoración cuya defensa, además, dentro del programa de capitalidad cultural Málaga 2016, debe ser ejemplar».El avance del plan agrega que el funicular, aunque fuese soterrado, debe estar siempre «muy justificado» frente a otras alternativas posibles y señala que «representa una incidencia negativa por la merma de la vegetación existente, agresión que, en el desarrollo de las obras y dada la dificultad topográfica del espacio, tendría afección sobre un ámbito notablemente superior al que sería necesario ocupar definitivamente». «Su implantación en superficie condicionaría de modo evidente la vegetación a usar en la zona», agrega el documento en referencia a la propuesta planteada para mejorar y renovar las especies vegetales del monte.

Barrera

Asimismo, el avance del plan urbanístico para Gibralfaro incide en que el funicular, cuyo estudio de viabilidad ha sido adjudicado recientemente por el Ayuntamiento a la consultora Typsa con un plazo de ejecución de seis meses, no debe suponer una barrera de paso o conexión entre distintos ámbitos del conjunto del monte y agrega que su trazado en superficie «representaría sin duda una barrera que impediría el objetivo de hacer permeable la red de movilidad interna del entorno y su conexión con la ciudad».No obstante, el avance del plan de Gibralfaro concluye que el funicular, como medio de transporte, puede contribuir a reducir los desplazamientos en vehículo privado y autobús al monte, con lo que se logra reducir los niveles de contaminación. Por ello, aconseja que se opte por la alternativa que suponga el menor impacto posible.

El Ayuntamiento de Málaga, con 529 millones, el más endeudado de Andalucía (SUR)

El Consistorio argumenta que una quinta parte corresponde a préstamos para construir viviendas de protección oficial

El Ayuntamiento de Málaga es el más endeudado de la comunidad autónoma andaluza con una cuantía total de 529 millones de euros, según los últimos datos recogidos en un informe del Banco de España. La deuda del Consistorio malagueño supera a la de Sevilla, que se cifra en 384 millones de euros, y es algo menor que la del Ayuntamiento de Zaragoza, que alcanza los 574 millones.No obstante, fuentes municipales señalaron que el endeudamiento del Consistorio no ha superado el límite del 110% de los ingresos corrientes, es decir los que se obtienen los impuestos y las tasas, por lo que Málaga no tiene que pedir aún autorización a la Junta de Andalucía para suscribir nuevos préstamos.Además, puntualizaron que casi un centenar de los 529 millones de euros recogidos por el informe del Banco de España corresponden a préstamos hipotecarios contraídos para la construcción de viviendas de protección oficial en la ciudad. Estos créditos están considerados como 'préstamos puente', ya que se cubren a medida que se van entregando las viviendas.

Transferencias

Por otro lado, desde el Ayuntamiento recordaron que el nivel de endeudamiento municipal está condicionado por el nivel de ingresos que se reciben como transferencias de otras administraciones, como la central o la autonómica. En la medida en que éstas y otras aportaciones son menores, el Consistorio se ve obligado a contraer más préstamos para poder acometer inversiones. Además, insistieron en que en torno a un 30% de los servicios y actuaciones que lleva a cabo el Gobierno local son en realidad competencia de otras administraciones.En cuanto a la deuda global de las grandes capitales del país recogidas por el informe del Banco de España, esto es, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza, ésta alcanza los 9.192 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,7% respecto a los datos de hace un año.La deuda de la comunidad autónoma andaluza alcanzó los 7.285 millones de euros al cierre de 2007, el 5,2% de su PIB, lo que la convierte en la cuarta región del país con una deuda más elevada.

La compraventa de viviendas se desploma un 20% y confirma la recesión inmobiliaria (SUR)

La contratación de hipotecas también cae un 41%, el mayor descenso de la última década, según los datos del Instituto Nacional de Estadística Los expertos coinciden en que ambos indicadores ratifican el deterioro del mercado del ladrillo y auguran peores resultados para los próximos meses

Nuevo varapalo estadístico. Hace tan sólo dos días un estudio de la consultora Aguirre Newman volvía a verter un jarro de agua fría sobre el debilitado sector inmobiliario al señalar que los plazos de comercialización de inmuebles en la Costa del Sol superan ya los 50 meses. Ayer, el Instituto Nacional de Estadística (INE) puso la puntilla tras hacer público el último informe sobre la actividad ligada al sector del ladrillo. Según los datos difundidos por este organismo, en enero de 2008 la compraventa de viviendas descendió en Málaga la friolera del 21% con respecto al mismo periodo del año anterior. Así, si en el primer mes de 2007 la provincia registró 3.638 movimientos de este tipo, en 2008 esta cifra cayó hasta los 2.863. No es el único mal resultado que arrojan las estadísticas del INE. A tenor de estas tablas, el negocio hipotecario también sufrió otro batacazo importante. En enero se constituyeron en la provincia 3.250 préstamos para la financiación de viviendas por valor de 545,3 millones. La cifra representa un recorte del 41% comparada con la de enero de 2007, cuando se firmaron 5.515 créditos para este fin.

Nueva etapa

Desde mitad del año pasado, el ladrillo muestra unos claros síntomas de enfriamiento, como ya han evidenciado meses atrás los termómetros del número de visados, los ritmos de venta o el desempleo. A estos indicadores se suman ahora los de compraventa y contratación de hipotecas. Dos nuevos índices que, según remarcaron ayer los expertos, ratifican el deterioro del mercado de la vivienda y dejan claro que el sector de la construcción encara una nueva etapa de desaceleración.La estampa de Málaga coincide con la fotografía fija del resto de España, aunque con algunos matices. Así, en el conjunto del país, enero dejó una caída más acusada en las operaciones de compraventa, con una bajada del 27%. Por contra, el descenso de casas hipotecadas fue mucho más suave en España, donde el retroceso fue del 25%, 16 puntos menor que el de Málaga. Diversos expertos y representantes del sector financiero e inmobiliario coincidieron en señalar que este escenario no conlleva buenos augurios para los próximos meses. Al respecto, el director del área de investigación y profesor de la Cátedra Inmobiliaria del Instituto de Practica Empresarial, José Antonio Pérez, subrayó que los datos evidencia «un claro cambio de tendencia, no un ajuste» y aseguró que «lo peor está por llegar».En la misma línea, el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, consideró que en los próximos meses habrá «más problemas» en el sector inmobiliario, «porque el mercado de la vivienda nueva está paralizado», añadió.La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), por su parte, pidió ayer que se tomen medidas para controlar la «crisis financiera» que afecta al sector inmobiliario, una actividad que calificó como «estratégica», motor de la economía y un importante sustento del consumo.