Condenan a un año de prisión a José Luis Sierra por ´Belmonsa´ (La Opinión)

Ha sido considerado culpable de prevaricación urbanística en relación con una licencia ilegal en Marbella. Será inhabilitado como asesor jurídico municipal
EFE. MÁLAGA El abogado José Luis Sierra ha sido condenado a la pena de un año de prisión por el ´caso Belmonsa´, relativo a la concesión de una licencia ilegal en Marbella, al ser considerado culpable de un delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.Según la sentencia, Sierra tendrá que hacer frente también a la pena de inhabilitación especial para ejercer como asesor jurídico municipal.El juzgado de lo Penal número 7 de Málaga ha decidido también declarar la nulidad de la licencia de obra mayor concedida a Belmonsa en Marbella.En el escrito se hace referencia a que Sierra emitió un informe verbal en el que afirmaba la viabilidad legal de otorgar la licencia solicitada por Belmonsa al adecuarse a los parámetros urbanísticos establecidos en el documento de revisión del PGOU, que se estaba elaborando por la entidad Planeamientos 2000, de la que entonces era gerente Juan Antonio Roca.Según los hechos probados, en la comisión de gobierno de diciembre de 1997 se acordó por unanimidad de sus componentes otorgar la licencia al proyecto siguiendo las determinaciones que efectuó Julián Muñoz desde su cargo como alcalde.Con la licencia que se otorgó se culminó un proceso para favorecer económicamente a la promotora Belmonsa, que se había iniciado incluso antes de que se constituyese como persona jurídica, refleja la sentencia.La pena de un año de prisión impuesta a Sierra ratifica la petición de la Fiscalía, aunque él en su declaración negó haber informado favorablemente para la concesión de la licencia y acusó a los ex ediles de mentir. En este mismo caso, el ex alcalde Julián Muñoz y tres ex concejales del GIL se conformaron con un año de cárcel y 18 años de inhabilitación, mientras que Juan Antonio Roca aceptó una pena de nueve meses de prisión, por lo que sólo continuó el juicio para Sierra, que no alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público y las acusaciones.Roca deberá cumplir también cinco años de inhabilitación y pagar una indemnización de 2,4 millones de euros, al admitir el delito de tráfico de influencias del que se le acusaba, y en el caso de no abonar dicha cuantía económica tendrá que cumplir otro mes más de cárcel.Además de Muñoz, los ex ediles Mario Jiménez, Rafael González y Manuel Calle se conformaron con una condena de un año de prisión y 18 de inhabilitación para el cargo de concejal por los delitos de prevaricación genérica y contra la ordenación del territorio, con lo que se rebaja a la mitad la pena de cárcel que solicitaba inicialmente para ellos la Fiscalía.Por su parte, el ex edil José Marino Pomares ha aceptado una condena de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, mientras que el que fue primer teniente de alcalde de Marbella Pedro Román y la ex concejal Marisa Alcalá se han conformado con una pena de ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

La empresa pública Provise fomentará los alquileres en Benalmádena (La Opinión)

Los propietarios recibirán 6.000 euros en subvenciones, mientras que los inquilinos se ahorrarán un 40%
C. V. BENALMÁDENA El concejal de Promoción de Viviendas Sociales, Francisco Artacho, y el gerente de la empresa municipal de promoción de VPO Provise, José Moreno, presentaron ayer la puesta en marcha de la Agencia Local de Fomento del Alquiler en Benalmádena para impulsar la cesión de viviendas de alquileres a bajo coste para personas sin recursos."Ante la dificultad de acceso a una vivienda digna de toda la población benalmadense, hemos decidido constituir Provise como Agencia de Fomento del Alquiler, tras recibir la correspondiente aprobación de la Junta de Andalucía", informó Artacho, que explicó que el objetivo de esta agencia es tratar que los propietarios de viviendas desocupadas las cedan para alquileres a precios bajos a cambio de ayudas y subvenciones.El gerente de Provise indicó que los propietarios recibirán una ayuda de 6.000 euros, a cambio de comprometerse a tener alquilada la casa durante un periodo de cinco años, y los inquilinos se ahorrarán hasta un 40 por ciento con respecto al precio habitual. "El registro de demandantes de viviendas se encuentra en 1.692 solicitudes y el 70% de éstas corresponden a menores de 35 años" señaló Moreno.

Autorizan el primer hotel de cinco estrellas del municipio. Antequera (La Opinión)

Las obras se iniciarán en 2009 y está previsto que el nuevo complejo turístico rural se ponga en marcha en 2010
L. S. ANTEQUERA El pleno del Ayuntamiento de Antequera dará luz verde en la tarde de hoy al proyecto de actuación del primer hotel rural de cinco estrellas de la localidad. La ejecución viene de la mano del grupo Antequera Golf, tras la rehabilitación de un convento del siglo XVI ubicado en una parcela de olivos conocida como finca La Magdalena.La aprobación de la primera fase del proyecto por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía permitió iniciar la rehabilitación de los frescos y dependencias de la sede religiosa, que contará, tras su completa reforma, con un total de 19 habitaciones, nueve de las cuales serán tipo suite. "Esta zona, calificada como la parte antigua del hotel, también acogerá los locales de restauración, y esperamos concluirla para el primer trimestre de 2009", detalló el director general del grupo, Eduardo Ferre. A esta fase de rehabilitación se suma la construcción de un segundo inmueble contiguo al convento que acogerá un total de 61 habitaciones. Según detalló Ferre, la intención del grupo es poder iniciar las obras como muy tarde para principios de 2009, con la idea de inaugurar todo el complejo el próximo año 2010. Las dependencias se complementarán con zonas deportivas destinadas a la práctica del fútbol. Ahora, el pleno antequerano aprobará todo el proyecto, que sólo está pendiente de obtener licencia de obra para la ejecución del segundo inmueble.

Chaves anuncia rebajas fiscales y más medidas contra la crisis (La Opinión)

Facilitará la compra de vivienda a jóvenes y discapacitados y comprará suelo a los ayuntamientos para VPO. Promete todas las iniciativas que sean precisas
EFE. SEVILLA El presidente andaluz, Manuel Chaves, anunció ayer que a las "más de 40 medidas" adoptadas por la Junta contra la crisis económica se añadirán en próximas fechas nuevas actuaciones, tanto en el ámbito tributario -con rebajas fiscales- como en vivienda, construcción, empresas, empleo e infraestructuras.Chaves defendió la posición del Gobierno andaluz en el debate general que se celebró ayer en el Parlamento andaluz. "Hemos adoptado más de 40 medidas. Y añadiremos las que sean necesarias según lo exija la evolución de las circunstancias", subrayó Chaves.Tras aclarar que para superar la crisis se exigen instrumentos que no están al alcance de la comunidad, aseguró que, pese a todo, la Junta está haciendo "todo lo que está en nuestras manos para minimizar su impacto".Entre las medidas fiscales avanzadas por Chaves está la deducción del 100 por ciento, hasta el 31 de diciembre de 2009, en el impuesto de actos jurídicos documentados para menores de 35 años o discapacitados que adquieran su vivienda habitual, y que esta tenga la calificación de protegida o un precio menor a 180.000 euros.La Junta planteará también a partir del 1 de enero de 2009 una deducción en el IRPF del 15% de las cantidades satisfechas a la Seguridad Social en conceptos de cuotas por cuenta del empleador por las personas empleadas en el servicio del hogar, en el caso de familias monoparentales o en la que los cónyuges o parejas de hecho trabajen fuera de casa.En materia de vivienda, la Junta hará una oferta pública de adquisición de suelo para la protegida en los municipios con mayor demanda; modificación del coeficiente de habitabilidad de estas viviendas; la reducción de plazos y trámites administrativos en los planes urbanísticos; y 200 millones para la rehabilitación dirigidos a los municipios afectados por la crisis constructora.Críticas. El presidente del grupo popular, Javier Arenas, acusó a Chaves de utilizar, junto al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una estrategia de engañar a la sociedad por cuestiones partidistas. Tras recordarle que hasta el 29 de mayo no reconoció la existencia de la crisis, aseguró que el Gobierno andaluz está confundido pese a que ahora quiera reabrir su estrategia con propuestas repetidas.El portavoz de IU, Diego Valderas, que acusó también a la Junta de haber tardado en reaccionar, recordó a Chaves que la obligación de los gobiernos es la de intervenir en la economía y que tiene una oportunidad de reorientar el modelo económico.

Benalmádena creará una bolsa de viviendas en alquiler para jóvenes y familias con dificultades (SUR)

Los propietarios de pisos desocupados recibirán 6.000 euros si se comprometen a arrendarlos durante cinco años La mayoría de los demandantes son menores de 35 años

La empresa municipal Provise ya se ha constituido oficialmente como agencia local de fomento del alquiler, lo que se traducirá en la creación de una bolsa de viviendas destinadas a las familias con menos recursos económicos. El objetivo de esta entidad, homologada por la Junta de Andalucía, es tratar que los propietarios de inmuebles que se encuentren desocupados los saquen al mercado del alquiler a precios bajos a cambio de ayudas y subvenciones. De este modo, tal y como detalló el gerente de Provise, José Moreno, «los propietarios que accedan a ceder sus viviendas para esta modalidad de alquiler recibirán una ayuda de 6.000 euros, a cambio de comprometerse a tener alquilada la casa durante un periodo de cinco años». Con una parte de este dinero, los participantes en esta bolsa de pisos tienen la posibilidad de abonar un seguro que les cubriría en casos de impago del inmueble durante doce meses o de hipotéticos daños derivados de actos vandálicos.En este sentido, el concejal de Promoción de Viviendas Sociales, Francisco Artacho, subrayó que la intención es «lograr que todas esas viviendas vacías pasen a esta fórmula de alquileres baratos para ayudar a mitigar el problema del acceso a la vivienda y garantizar un hogar digno para todos los benalmadenses».

Ahorro

Pero esta iniciativa no sólo beneficiará a los arrendadores; también a los inquilinos, ya que la Junta de Andalucía otorga subvenciones tanto a los particulares que ceden las viviendas como a las personas que optan al alquiler, que podrán ahorrarse hasta un 40% en relación a los precios de mercado. «A la hora de acceder a estas bolsas de alquiler, la Junta marca como prioritarios los sectores en situaciones sociales más desfavorecidas, como son los menores de 35 años, víctimas de malos tratos o terrorismo, discapacitados, familias monoparentales y mayores de 65 años. En nuestro caso, estos baremos se ajustan a las peticiones que hemos recibido por el momento, ya que el 70% de los demandantes de viviendas sociales en Provise son menores de 35 años», aclaró Moreno.

Un juzgado condena a Sierra a un año de cárcel por la licencia ilegal a Belmonsa. Marbella (SUR)

El abogado, durante años defensor de Jesús Gil y Gil, recurrirá la sentencia que lo acusa de informar favorablemente para la concesión del permiso

El abogado José Luis Sierra, durante años defensor de Jesús Gil y Gil e imputado en el caso 'Saqueo', ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal 7 de Málaga a un año de prisión por el 'caso Belmonsa' conocido así por la concesión de una licencia ilegal a dicha empresa en 1997, con Julián Muñoz como alcalde, para la construcción de un edificio de doce plantas en suelo calificado por el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 como zona verde y viario público. El letrado, que también ha sido inhabilitado para ejercer como asesor jurídico municipal, ha sido condenado por un delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística. Sierra anunció ayer a SUR que recurrirá el fallo judicial.El juzgado, que ha declarado la nulidad de la licencia de obra mayor concedida a Belmonsa, lo acusa de informar favorablemente al adecuarse a los parámetros urbanísticos establecidos en el documento de revisión del PGOU, que se estaba elaborando por Planeamientos 2000, de la que era gerente Juan Antonio Roca. Sierra, que compartió banquillo con Roca, Muñoz y tres ex concejales del GIL que llegaron a un acuerdo previo con la Fiscalía, negó que informara sobre la licencia acusando a los otros procesados de mentir sobre este punto. El ex alcalde y los ex ediles se conformaron con un año de cárcel y 18 años de inhabilitación, mientras que Roca aceptó una pena de nueve meses de prisión.

La empresa municipal Provise crea una bolsa de casas en alquiler para jóvenes. Benalmádena (SUR)

La empresa municipal Provise ya se ha constituido oficialmente como agencia local de fomento del alquiler, lo que se traducirá en la creación de una bolsa de viviendas destinadas a las familias con menos recursos económicos. El objetivo de esta entidad, homologada por la Junta de Andalucía, es tratar que los propietarios de inmuebles que se encuentren desocupados los saquen al mercado del alquiler a precios bajos a cambio de ayudas y subvenciones. De este modo, tal y como detalló el gerente de Provise, José Moreno, «los propietarios que accedan a ceder sus viviendas para esta modalidad de alquiler recibirán una ayuda de seis mil euros, a cambio de comprometerse a tener alquilada la casa durante un periodo de cinco años». Con una parte de este dinero, los participantes en esta bolsa de pisos tienen la posibilidad de abonar un seguro que les cubriría en casos de impago del inmueble durante doce meses o de hipotéticos daños derivados de actos vandálicos.

Los daños en la estructura, principales deficiencias detectadas en los análisis (SUR)

Los propietarios tienen un plazo de tres meses para solicitar la licencia de las obras de reparación una vez que Urbanismo les notifique su resolución

De los 57 informes de inspección técnica de edificios presentados por los particulares ante Urbanismo, 46 han tenido un resultado favorable, es decir, el arquitecto o aparejador que ha evaluado el estado del inmueble no ha detectado deficiencias a subsanar y 11 han sido desfavorables, por lo que los propietarios tendrán que acometer obras para reparar los daños observados, tal y como está recogido en la ordenanza de la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Según explicaron desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, en esta decena de casos, los problemas descubiertos hacen referencia sobre todo a la estructura de las construcciones, ya que en su mayoría se trata de edificios de más de cien años que se encuentran en el casco antiguo.El Ayuntamiento no ha notificado aún de manera oficial a los propietarios de estos 11 inmuebles que el resultado de la inspección es desfavorable, aunque ellos ya lo saben por el informe que les pasa el arquitecto. Una vez que lo haga, tendrán tres meses de plazo para solicitar la licencia de las obras de reparación.Si la propiedad del edificio no solicita el permiso de obra dentro de ese plazo, Urbanismo emitirá una orden de ejecución de la reparación e incoará un procedimiento sancionador, para el que se han fijado multas que oscilan entre los 600 euros de mínimo y los 6.000 euros como máximo.

Ejecución subsidiaria

Al margen de estas sanciones, la Gerencia podrá imponer a la propiedad hasta 10 multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes que equivaldrían, cada una, al 10% del coste estimado de las obras. La normativa municipal contempla la ejecución subsidiaria de la ITE, que consistiría en que el Ayuntamiento haría la inspección ante el incumplimiento del propietario y luego le cobraría los costes del proceso.En cualquier caso, una vez que se realice la reparación del edificio, se deberá presentar un certificado oficial que asegure su estabilidad o indique la necesidad de efectuar una nueva inspección.El Consistorio no ha previsto una línea de ayudas específica para las obras que se deriven de las inspecciones. No obstante, al tratarse en este caso de edificios que en su mayor parte están situados en el Centro Histórico, sus propietarios podrán acogerse a las subvenciones que gestiona la Oficina de Rehabilitación del Ayuntamiento.

Desembolso

Y es que la inspección puede llegar a suponer un importante desembolso económico para las comunidades de vecinos en el caso de que resulte desfavorable. Así, al informe en sí de la inspección, que puede costar como mínimo entre 500 y 800 euros, hay que sumar el presupuesto de las obras de reparación, que también son obligatorias. Con ello, el Ayuntamiento quiere garantizar en la medida de lo posible el buen estado de conservación de los 55.000 edificios contabilizados en toda la ciudad, y obligar a efectuar reparaciones a aquellos propietarios que, de manera intencionada, no mantienen los inmuebles como es debido.En este primer paquete de edificios a inspeccionar se incluyen 22 que son propiedad del Ayuntamiento y que ya están siendo revisados. Sus informes se presentarán en bloque antes de que finalice el plazo del 11 de noviembre. Entre ellos se encuentran el propio Ayuntamiento, el Hospital Noble, el Archivo Municipal y el edificio de la casa natal de Picasso, en la plaza de la Merced.

Más de 2.500 comunidades se arriesgan a ser multadas por no inspeccionar sus edificios (SUR)

El Ayuntamiento únicamente ha recibido 57 informes de los más de 2.600 inmuebles que están obligados a cumplir el trámite en dos meses Rebasar la fecha límite está sancionado con un mínimo de 600 euros

La obligación de inspeccionar todos los edificios con más de cien años o que cuenten con algún grado de protección arquitectónica antes del próximo 11 de noviembre no ha calado en sus propietarios. Justo a dos meses de que se cumpla ese plazo, el Ayuntamiento sólo ha recibido 57 informes de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) de los 2.671 inmuebles centenarios o protegidos que deben cumplir este primer plazo obligatorio, lo que supone un 2%. El resto, más de 2.500, se arriesgan a ser multados por no cubrir el trámite.Por desconocimiento o por desidia, lo cierto es que a fecha de hoy son muy pocos respecto al total el número de edificaciones que ya han sido supervisadas por un arquitecto o un arquitecto técnico para ofrecer un informe sobre el estado de la construcción en lo relativo a estructura, cimentación, fachadas, cubiertas, terrazas e instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad.Los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo consideran que han hecho todo lo posible para difundir la información sobre la inspección obligatoria de edificios y para facilitar la contratación de un arquitecto o un aparejador a los vecinos y comunidades de propietarios. Para ello, a finales del pasado mes de mayo, el Ayuntamiento firmó un convenio con los colegios de ambos oficios, que crearon una bolsa de profesionales dispuestos a ser contratados, y envió más de seis mil cartas a los dueños de los inmuebles para informarles sobre los plazos y todo lo relativo a la ITE.

Campaña publicitaria

Fuentes de Urbanismo recordaron que también se desarrolló una campaña publicitaria en vallas y marquesinas de autobuses que va a tener una segunda fase en las próximas semanas. Así, informaron de que se introducirán anuncios en las televisiones locales y se volverán a colocar carteles en marquesinas y soportes publicitarios de gran tamaño para recordar que el próximo 11 de noviembre finaliza el primer plazo obligatorio.Según la ordenanza que fue aprobada por el Consistorio hace dos años para regular las inspecciones, no presentar el informe de la ITE antes de esa fecha supone una sanción mínima de 600 euros. Es decir, aunque el informe se presente a los pocos días de haber expirado el plazo o tras una nueva notificación del Ayuntamiento para recordar que éste se ha incumplido, la multa estipulada es de 600 euros. No obstante, si pese al requerimiento municipal sigue sin presentarse la inspección, esa cuantía se eleva a 3.000 euros o 6.000, en el caso de que sean edificios con protección arquitectónica.

Realistas

Desde el equipo de gobierno son realistas y actualmente barajan una horquilla de cumplimiento de este primer plazo de la inspección obligatoria de edificios entre un 20% y un 45%, es decir, que se presentarán 500 informes en el peor de los casos y unos 1.100, en el mejor. De cualquier forma, esto supondría tramitar más de mil expedientes sancionadores que, según fuentes consultadas, requerirían un considerable esfuerzo administrativo para Urbanismo.Por ello, no está del todo clara aún qué medida tomará el Ayuntamiento en el caso de que el incumplimiento de la ITE a fecha del próximo 12 de noviembre sea masivo. Por el momento, no se descarta que pueda producirse una moratoria si el porcentaje de informes presentados sigue siendo muy reducido. Según las fuentes, eso es lo que sucedió en Sevilla después de que el primer plazo para las inspecciones tuviera una respuesta casi nula por parte de los propietarios de los inmuebles.

Promotores rechazan el plan de VPO a pesar de no vender pisos (Málaga Hoy)

Los empresarios sólo piden reconvertir a protegidas medio millar de viviendas libres · La cifra representa el 1,5% de las 16.000 casas que no tienen salida.

La estrategia diseñada por la Junta de Andalucía para hacer frente a la crisis del sector de la construcción mediante la ejecución masiva de viviendas de protección oficial (VPO) ha recibido, de momento, la oposición de la inmensa mayoría de los promotores de Málaga. Sólo unos pocos de estos empresarios han decidido acogerse a la línea de acción creada por la Administración autonómica y han solicitado reconvertir en protegidos medio millar de pisos levantados en su origen como de renta libre. La cifra equivale al 1,25 por ciento de las alrededor de 16.000 casas ya levantadas en la provincia pero que no encuentran comprador.

En la provincia, cuya tendencia se extiende al resto de la región, donde las casas adheridas a esta recalificación suponen poco más de 2.000, los promotores plantean la venta como VPO de 150 pisos en Málaga capital; de 25 en Alhaurín el Grande; de 28 en Álora; de 24 en Antequera; de 34 en Coín; de 30 en Vélez; de 48 en Villanueva de Algaidas, y de 85 en Mijas, entre otros municipios."La cifra es ínfima si se tiene en cuenta el número de casas que están acabadas y no tienen salida", admitió la responsable de la ACP en Málaga capital, Violeta Aragón. Y es igualmente menor si se toma como referencia la demanda real de VPO existente en al provincia, que, según los estudios elaborados por la Junta, asciende a 55.000 pisos a precio asequible, de los que al menos 21.000 se deberían localizar en la capital de la Costa del Sol.

A pesar de ello, la representante empresarial justificó la falta de interés que ha despertado el plan en la poca información que se ha aportado y en la incertidumbre que tienen los constructores respecto al mismo. Sin embargo, la exigua implicación de los empresarios se topa de lleno con la paralización absoluta del mercado inmobiliario, puesto que, como explicó Aragón, "el 95 por ciento de lo que se ha hecho está sin vender". "Y nadie se atreve a iniciar ahora una promoción nueva por temor a quedarse con ella", agregó.Precisamente, al objeto de clarificar en la medida de lo posible este proceso, los empresarios de la construcción se reunirán mañana con los representantes de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. En función de las conclusiones del encuentro, la representante de la ACP consideró que "o bien los promotores que ahora se han adherido al plan se echan para atrás o bien habrá otros muchos que apostarán por esta vía".

La dramática situación en la que está inmersa la industria del ladrillo desde hace meses llevó a la Junta de Andalucía a proponer a los constructores la posibilidad de vender como protegidas un buen número de las casas afectadas por la paralización inmobiliaria, a un precio muy inferior al inicialmente previsto. Aunque la medida fija una serie de exigencias, como que los pisos no tengan más de 90 metros y que su precio no supere los 174.000 euros.

Marbella recuperará dos zonas de equipamiento con las demoliciones previstas (Málaga Hoy)

Las parcelas están ocupadas por dos edificios ilegales, que tendrán que ser derruidos por sus promotores
Las dos demoliciones de obras ilegales que el Ayuntamiento de Marbella negoció con la Junta serán algo más que simbólicas. Ayer, la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), comentó que con los derribos de los dos bloques de viviendas deshabitados el municipio recuperará una zona verde y una parcela destinada a equipamiento público. En ese sentido, la regidora explicó que la estructura de tres alturas más planta baja que la promotora Naviro Inmobiliaria estaba levantando en Río Real se asentaba en una parcela que constaba como parque y jardines en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, calificación que mantendrá en el documento urbanístico que en breve se aprobará provisionalmente en Pleno.El otro caso de demolición afecta a los cimientos y a un muro de contención de un complejo residencial que había proyectado en un suelo de equipamiento la empresa Prosavi en la urbanización Lindavista Alta de San Pedro Alcántara. Los responsables de ambos esqueletos tienen un plazo de dos meses para hacerlos desaparecer, según consta en los decretos de Alcaldía que ayer firmó la regidora. Si no actúan de motu proprio en ese periodo de tiempo, el Consistorio asumirá la ejecución de los trabajos pero el coste económico repercutirá en las dos promotoras que decidieron construir sin solicitar ningún tipo de licencia.Además, los técnicos municipales de Urbanismo han abierto sendos expedientes sancionadores contra las constructoras por haber ocupado ilegalmente espacios que debían estar reservados para uso y disfrute de los ciudadanos. Pendientes de estudiar en profundidad las irregularidades urbanísticas cometidas, Muñoz señaló que todavía es pronto para aventurar qué multas económicas se les impondrá a ambas sociedades.Además, quiso aclarar que con estas actuaciones, incuestionables para que la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio diese su consentimiento a las licencias en precario que el Ayuntamiento va a conceder a los inmuebles y comercios irregulares de la era GIL, "se establece un punto de no retorno hacia políticas anteriores".

Urbanismo propuso proteger el caserón de las Virreinas hace 8 años (La Opinión)

Un informe de la Gerencia de octubre del año 2000 planteaba la inclusión del inmueble en el catálogo de los edificios con protección "por el interés de los elementos arquitectónicos"
MIGUEL FERRARY. MÁLAGA La Gerencia Municipal de Urbanismo propuso la protección del antiguo caserón de Las Virreinas hace ocho años, realizando además un informe en el que justificaba esta posibilidad y elaboró un borrador de la ficha para su inclusión en el catálogo de edificios protegidos. Sin embargo, ahí se quedó todo. En agosto de este año Urbanismo tomó la decisión contraria y mandó derribar totalmente el inmueble por su estado de ruina. Habían pasado ocho años y no se había hecho nada para su conservación.El caserón había sido adquirido por el Ayuntamiento de Málaga a principios del año 2000, con idea de darle un uso social para atender a la zona. Ya en ese momento se hizo un primer informe en el que se señalaba el pésimo estado de conservación del inmueble, pero en el que se resaltaba la solidez de la estructura.A partir de ese momento, el Servicio de Conservación de la Edificación de Urbanismo elaboró un informe en el que se propuso la inclusión del caserón de Las Virreinas en el catálogo de edificios protegidos "debido al interés de los elementos arquitectónicos que todavía se aprecian en el edificio, así como en el jardín de su entorno, prácticamente deteriorado por el abandono de su finca".Este informe fue solicitado por el gabinete técnico de la concejala de Urbanismo de ese momento, Olivia González, y seguía a un primero remitido al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en el que se aseguraba "la solidez" de la estructura.Valor arquitectónico. El estudio realizado por los técnicos de Urbanismo describe con precisión las características del caserón, señalando que responde al tipo de palacete de principios del siglo XX, con un estilo ecléctico "con elementos decorativos típicos de la arquitectura malagueña de inspiración colonial". El estudio realizado sobre este inmueble destaca algunos elementos como los aleros de madera, las grandes ménsulas, la cubierta de teja vidriada y la decoración de la fachada con estilo modernista.No obstante, también plantea el estado de deterioro del caserón de Las Virreinas por los constantes saqueos sufridos tras quedarse vacío. Estas entradas ilícitas para robar elementos arquitectónicos del inmueble habían provocado que se encontrara en mal estado de conservación, con la pérdida de las tejas de uno de los faldones del tejado, perjudicando la cubierta que quedó a la intemperie y el robo de la balaustrada de la cubierta.El informe también pone de relieve que los saqueos se habían cebado con el balcón principal, se había arrancado la carpintería de los balcones y ventanas y los jardines estaban muy abandonados.Pero estos problemas no eran fundamentales hace ocho años: "La construcción de la edificación es sólida, los deterioros y las deficiencias se deben a los saqueos". Ante esta situación, la protección era la opción más plausible para el caserón.De hecho, también en las mismas fechas, se elaboró el borrador de la ficha del edificio para su inclusión en el catálogo, algo que no se llevó nunca a cabo. En esta ficha se especificaba la necesidad de proteger la tipología y la volumetría del edificio, la reposición de las balaustradas, las cubiertas, la carpintería y los cierres.Hasta 2003. El informe quedó en suspenso hasta noviembre de 2003, cuando un escrito del departamento de Arquitectura de Urbanismo informa de que la propuesta de protección "fue remitida a la alcaldía para su conocimiento" y archivando el expediente "al no poder seguirse desde esta sección las actuaciones relativas al procedimiento de orden de ejecución de obras sobre patrimonio municipal", derivando la responsabilidad al departamento de Planeamiento.A partir de entonces, no se volvió a plantear ninguna actuación de arreglo del palacete, de propiedad municipal y dependiente, por tanto, del departamento de Planeamiento. Al menos hasta agosto, en que se derribó pese a que llegó a plantearse su protección.

El Consistorio saca a concurso la urbanización de un polígono industrial. Coín (SUR)

El Ayuntamiento de Coín ha sacado a concurso la ejecución de las obras de urbanización del sector 0SUPI-2, donde se ubica el polígono industrial La Inmaculada. El alcalde, Gabriel Clavijo, explicó que los trabajos serán sufragados por los mismos propietarios del polígono, aunque el Consistorio llegó a un acuerdo con ellos para ocuparse de la gestión y los trámites del concurso.Así, el pliego de condiciones establece un presupuesto base de licitación de 547.870 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses a contar desde el día siguiente a la firma del acta de replanteo. Clavijo indicó que la actuación servirá para reordenar las calles, crear zonas verdes y arreglar el entorno donde actualmente se ubican las naves, justo por detrás de la zona rural de La Charca. Se trata de un polígono que se autorizó a finales de los 90 pero donde no se ejecutaron adecuadamente los trabajos de urbanización que ahora se llevarán a cabo.El anuncio del concurso se publicó en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia) el pasado 22 de agosto y el plazo de presentación de ofertas concluiría en un mes, por lo que el contrato podría adjudicarse dentro de un par de semanas. De esta forma, si se cumplen las previsiones los trabajos podrían comenzar antes de que acabe el año y concluir en el primer trimestre de 2009.

La Junta rechaza el plan de la nueva entrada a Estación de Cártama y obliga a modificarlo (SUR)

El Ayuntamiento cambiará el trazado del vial para que no pase por una zona verde. Los trámites podrían alargarse dos meses

El proyecto para construir un nuevo acceso a Estación de Cártama desde la carretera que viene de Campanillas (A-7054) ha sufrido un revés después de que el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía informara desfavorablemente del plan especial aprobado en su día por el Ayuntamiento para cambiar el uso del suelo por donde discurrirá el vial.El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Jorge Gallardo, explicó que el dictamen del Consejo Consultivo era contrario al plan porque el trazado propuesto afectaba a una pequeña zona verde al Oeste de Estación de Cártama. En este sentido, Gallardo explicó que ahora habrá que modificar el proyecto inicial para que el futuro acceso no invada ese sector.Como consecuencia de este informe, el Ayuntamiento tuvo que aprobar este verano la retroacción del acuerdo plenario de noviembre del año pasado, cuando se dio luz verde al plan especial. Ahora, una vez modificado el proyecto, el pleno tendrá que aprobar de nuevo el plan. «Pienso que en un par de meses podríamos hacer las modificaciones y aprobarlo», adelantó el edil de Urbanismo.

Acceso directo

El vial servirá para crear un acceso alternativo a la actual travesía y enlazará con la zona Norte de Estación de Cártama, a la altura del área industrial donde se ubican las empresas Almendrera del Sur y Mora Salazar. El dictamen del Consejo Consultivo también obligará a cambiar el punto de partida de la carretera, que inicialmente iba a ser la rotonda de entrada a El Sexmo. Y es que el informe sostiene que dicha glorieta es demasiado pequeña para contar con otra conexión más, por lo que, según indicó Jorge Gallardo, probablemente el trazado partirá de la propia carretera de acceso a El Sexmo, un poco más al norte de la rotonda. Las exigencias del Consejo Consultivo retrasarán aún más un proyecto en el que el Ayuntamiento trabaja desde hace años con el objetivo de descongestionar la principal entrada a Estación de Cártama, que es la avenida de Andalucía, también denominada travesía urbana. El vial servirá asimismo para desviar el tráfico pesado procedente de la zona industrial situada al norte del núcleo, de forma que los camiones ya no tendrán que pasar obligatoriamente por el casco urbano, tal y como sucede ahora.

El plan de aparcamientos de Vélez necesita una inversión de 17 millones de euros (SUR)

El equipo de gobierno hace depender la ejecución de los diversos proyectos previstos a la venta de plazas

El plan de aparcamientos promovido por la Empresa Municipal de Vivienda, Infraestructura y Promoción (EMVIPSA), que el Ayuntamiento ejecutará entre 2008 y 2011, contempla una inversión de unos 17 millones de euros. El plan prevé la realización de cuatro aparcamientos, dos en Vélez y otros dos en Torre del Mar, con 962 plazas en una primera fase. La intención del Ayuntamiento es ejecutar cada uno de los proyectos conforme tenga asegurada la venta de, al menos, el 60 por ciento de los estacionamientos, entre otras razones porque el Consistorio carece de fondos para poder afrontar en solitario los 17 millones de inversión necesarios. Sin embargo, la inversión podrá ser garantizada cubriendo el 60% de la adquisición de las plazas.En Vélez-Málaga se construirán estacionamientos en la plaza de El Pozancón (319 plazas) y Arroyo San Francisco, en El Pajarillo, (94 plazas). En Torre del Mar, hay un estacionamiento proyectado en la plaza de La Paz, con un mínimo de 302 plazas, y otro en el mercado municipal de minoristas, donde se construirán un mínimo de 247 plazas. En total suman 962 estacionamientos, aunque la cifra final dependerá de la demanda ciudadana. En este sentido, la concejala de Vivienda y Aparcamientos, Concepción Labao, dijo que cabe la posibilidad de ampliar el proyecto de El Pozancón con una planta más, lo que significan otras 115 plazas. También se estudia la posibilidad de realizar un aparcamiento en la explanada de la estación de autobuses de Torre del Mar en sustitución del proyectado en el mercado.

Precios

Labao explicó que cada uno de estos aparcamientos dispondrá de una planta de rotación para apoyar la actividad comercial de la zona y el resto será en propiedad. La edil señaló que, aunque es prematuro establecer el coste de cada una de las plazas, desde Emvipsa se estima que estará entre los 16.000 y 18.000 euros.El Ayuntamiento tiene previsto mantener contactos con diferentes entidades bancarias con el objetivo de que los ciudadanos adquieran plazas de aparcamiento en propiedad con unas condiciones muy favorables y con cuotas asequibles. A partir del 30 de septiembre se instalarán casetas informativas en cada una de las localizaciones donde se construirán los aparcamientos para formalizar los primeros pasos para la adquisición de los estacionamientos. Según Labao, hasta la fecha la empresa municipal tiene registradas más de 300 solicitudes.Por su parte, el alcalde, Francisco Delgado, declaró que el plan tiene otros dos pilares, la zona azul y el servicio de grúa, reorganizar la movilidad de Vélez-Málaga y Torre del Mar.

De la Torre justifica la desaladora del PGOU ante el rechazo de la Junta a nuevas obras hidráulicas (SUR)

El alcalde argumenta que el crecimiento de la ciudad en el futuro no puede detenerse por la falta de agua

El alcalde, Francisco de la Torre, justificó ayer en el crecimiento que experimentará la ciudad en los próximos años que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) prevea la construcción de una desaladora de agua del mar como infraestructura para garantizar el suministro, pese a que hasta ahora había mostrado su rechazo a esta medida, como adelantó este periódico en su edición del pasado jueves. De la Torre argumentó que, ante la oposición de la Junta de Andalucía a los proyectos planteados por el Ayuntamiento para mejorar el abastecimiento de agua a la capital, entre los que citó el trasvase de recursos desde el Guadiaro y la ampliación del embalse de La Concepción, el PGOU se ve forzado en cierta forma a incluir la desaladora, que está cuantificada en 57.983.000 euros. El plan prevé además que esta cantidad sea financiada por los promotores con sus aportaciones al desarrollo urbanístico de la ciudad.

Sin obstáculos

«Nadie puede poner pegas a las aspiraciones legítimas de crecimiento moderado de nuestra ciudad argumentando que no tenemos agua», declaró el regidor, quien reconoció que la desaladora se ha incluido para que la falta de recursos hídricos no suponga «un obstáculo» para que la Junta apruebe el PGOU.No obstante, recordó que esta medida supone un fuerte gasto de energía e insistió en que existen otras fórmulas para garantizar el agua. «Pero si no se hacen, pues ahí está la desaladora, de esa forma nadie podrá decir que no hay agua para Málaga», concluyó.

El Ayuntamiento de Marbella ordena los dos primeros derribos de edificios ilegales (SUR)

Se trata de inmuebles deshabitados e inconclusos que el nuevo PGOU no prevé regularizar. Las promotoras tendrán dos meses de plazo para demolerlos desde la firma de los decretos

PROMOCIONES
La alcaldesa ordenará en breve las dos primeras demoliciones de edificios ilegales desocupados en Marbella, en virtud del la ejecución anticipada del nuevo PGOU.

Bloque en Las Chapas

Ubicación: En Golf Río Real.

Promotor: Naviro Inmobiliaria, propiedad del empresario granadino Rafael Ávila Rojas.

Infracción: Ocupa zona verde, según el Plan vigente. En la revisión del nuevo PGOU, será equipamiento público. Carece de licencia municipal.

Situación actual: El bloque de planta baja más tres alturas está en fase de revestimiento, inacabado y no habitado.

Bloque en San Pedro

Ubicación: En la calle Boreal, de la urbanización Linda Vista Alta.

Promotor: Prosavi.

Infracción: Ocupa zona verde, que se mantendrá como tal.

Situación actual: Sin habitar, en fase de cimentación y con parte de los muros de contención ejecutados.

Habrá derribos. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ordenará en los próximos días las dos primeras demoliciones de edificios ilegales desocupados. Se trata de dos estructuras, ubicadas en la zona de Golf Río Real, en Marbella, y en Linda Vista Alta, en San Pedro Alcántara, que deberán desaparecer del paisaje urbano de la ciudad en virtud del acuerdo que alcanzaron el Ayuntamiento marbellí y la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta para la ejecución anticipada del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en tramitación. La Junta de Gobierno Local, presidida por Muñoz, aprobó ayer sendas órdenes de derribo que afectan a dos bloques de viviendas ilegales. En ambos casos, los inmuebles están deshabitados e inconclusos, además de contravenir el Plan vigente -el de 1986- y de ser incompatibles con el modelo de ciudad que recoge el nuevo planeamiento urbanístico, al ocupar zona verde. Es el caso de un edificio de planta baja más tres alturas, en fase de revestimiento, y por lo tanto no habitado, que promueve la entidad Naviro Inmobiliaria SA, propiedad del empresario granadino José Ávila Rojas, procesado en el 'caso Malaya' contra la corrupción urbanística. Se ubica en la zona de Golf Río Real, en las inmediaciones del Hospital Costal Costa del Sol. Las obras, paralizadas por orden de la comisión gestora del Consistorio, están ejecutadas al 60 por ciento de lo presupuestado, pero carecen de licencia. Según fuentes municipales, la promotora solicitó en 2004 la autorización al Ayuntamiento, entonces presidido por Marisol Yagüe, pero se le denegó al no presentar el estudio de detalle.

Sorpresa mayúscula

No fue hasta 2006 cuando en una inspección de la Delegación Municipal de Urbanismo a unas obras que acometía la misma mercantil en una parcela anexa, para la que sí tenía permiso, se detectó la irregularidad urbanística, lo que conllevó la apertura de un expediente disciplinario y la paralización de los trabajos acometidos sin permiso. Según informó ayer la alcaldesa tras celebrarse la Junta de Gobierno Local, el inmueble, que está inconcluso, se encuentra en zona verde, y aparece contemplado como equipamiento en el nuevo Plan General. La otra estructura que tampoco podrá seguir en pie la promueve Prosavi en una parcela, ubicada en la calle Boreal de la urbanización Linda Vista Alta, en San Pedro Alcántara. Se trata de seis viviendas adosadas, también inacabadas, que se levantan sobre zona verde, cuya calificación se mantendrá en el futuro. A diferencia de la anterior promoción ilegal, esta actuación cuenta con la licencia municipal de obras concedida por el GIL en base al PGOU de 1998, que aprobó de forma unilateral en pleno y que luego fue anulado por los tribunales, y en este caso, según fuentes municipales, se ha llegado a un acuerdo con la mercantil para proceder al derribo de la estructura, que está en fase de cimentación y con parte de los muros de contención ejecutados.Las promotoras tendrán dos meses para acatar las ordenes de demolición desde la firma de los decretos. Si no actuaran de forma voluntaria, lo haría el Ayuntamiento repercutiendo en las dos empresas el gasto ocasionado. La regidora marbellí avanzó así que esta actuación no supondrá un desembolso para las arcas municipales. Es más, Muñoz advirtió de que «no sólo debemos contar con un documento que garantice la seguridad jurídica y urbanística; también hay que establecer un punto de no retorno hacia las políticas anteriores y actuar de manera contundente contra las actuaciones que no son legalizables en el planeamiento urbanístico».

El Consistorio invertirá 1,1 millones en un polideportivo cubierto en Cristo de los Molinos. Marbella (SUR)

La alcaldesa anuncia que en una segunda fase se crearán pistas deportivas en una parcela próxima destinada a parques y jardines. Se reservarán dos hectáreas de suelo para equipamiento escolar

El equipo de gobierno municipal se ha propuesto paliar el déficit de equipamientos públicos que registra la zona de Cristo de los Molinos con varios proyectos de envergadura. En la construcción de un pabellón deportivo cubierto invertirán 1,1 millones de euros de los presupuestos municipales de 2009. Esta instalación se levantará en una parcela de 3.800 metros cuadrados de superficie, ubicada en Bello Horizonte. Para poder acometer la obra, el Ayuntamiento deberá solventar un escollo administrativo: la titularidad de la misma. La alcaldesa Ángeles Muñoz informó ayer tras la reunión mantenida con los representantes vecinales de la zona de que se trata de un suelo incluido en un plan parcial aprobado provisionalmente, por lo que debería estar cedido, pero que éste aún no está inscrito a nombre del Consistorio marbellí en el Registro de la Propiedad.

Más instalaciones

En una segunda fase, se crearán unas pistas deportivas en un solar cercano destinado a parques y jardines. Además, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en tramitación, contemplará una reserva de suelo de 20.000 metros cuadrados de superficie para equipamientos educativos. La cesión de su uso a la Junta para que construya un colegio y un instituto, si fuera necesario, estaría supeditada a la aprobación del nuevo documento urbanístico, ya que, según aclaró la primer edil marbellí, en el Plan vigente aparece calificado como urbanizable no programado por lo que dar luz verde a la iniciativa habría que incluirlo en el ámbito desarrollado del plan parcial aprobado provisionalmente en su día.Otra de las actuaciones en la zona que están sobre la mesa es la adecuación de la Cañada Real para parque público. En este sentido, la alcaldesa avanzó que tratará en breve de desbloquear con la nueva delegada provincial de Medio Ambiente, Remedios Martel, esta cesión de uso que ya estaba ultimada con el anterior responsable del área. Desde el Ayuntamiento, están a la espera de que la Junta, en que recae la titularidad de estas cuatro hectáreas de vías pecuarias, le remita el proyecto.Por otro lado, la semana próxima arrancarán los trabajos de acerado y adecuación de pluviales en la calle Cristo de los Molinos. y se adecuará una rotonda para dar fluidez al tráfico rodado.

El inicio de las obras en la Aduana acumula un retraso de seis meses (Málaga Hoy)

El ministro de Cultura anunció que los trabajos comenzarían en el primer trimestre de 2008 · Las piezas de la sección de Bellas Artes que se encuentran almacenadas en el ático se trasladarán al PTA en un mes
Las obras de Palacio van despacio. Este refrán popular parece creado ex profeso para la ocasión. Justo hoy hace tres años que la Junta de Andalucía y los Ministerios de Fomento y Cultura firmaron el convenio para el desalojo de la Aduana como sede de la Subdelegación del Gobierno. El motivo era convertir el emblemático edificio en el futuro Museo de Málaga y, sin embargo, aún no han comenzado las obras que permitirán la exposición de los fondos que llevan almacenados once años. Aunque un cartel anuncia los trabajos desde que el 10 de junio se supiese que la firma Sacyr será la encargada de la obra, los operarios no han comenzado la labor. El ministro de Cultura, César Antonio Molina, anunció en Málaga a principios de octubre del pasado año que las obras se iniciarían en el primer trimestre de 2008.Pero antes de comenzar la tarea de convertir un edificio dedicado a tareas administrativas en un museo, han de desalojar las piezas que se conservan en el ático de dicho inmueble. Unos 2.000 objetos, pinturas, dibujos y esculturas, serán trasladados a dos naves en el Parque Tecnológico que han tenido que ser previamente adecuadas a las condiciones necesarias de temperatura y humedad que demanda este tipo de almacenaje. Sin embargo, habrá que esperar algunas semanas para que comience esta tarea, según la propia directora del Museo de Málaga. Desde que el 8 de octubre del pasado año, los ministros de Cultura y Fomento presentaran las líneas maestras del proyecto de reconversión de la Aduana, se han sucedido los trámites pertinentes. Un goteo incesante de novedades que aún no se han reflejado sobre el terreno. Cuando se presentó el proyecto diseñado por los arquitectos Fernando Pardo Calvo, Ángel Pérez Mora y Bernardo García Tapia, el edificio seguía siendo la sede de la Subdelegación, que no se trasladó a La Caleta hasta mediados de noviembre de 2007. Pocos días después, el 28 de noviembre, la Comisión Provincial de Patrimonio aprobó el proyecto de reconversión de la Aduana en pinacoteca, requisito indispensable al tratarse de un Bien de Interés Cultural. El 1 de diciembre del pasado año, se publicó que el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que se autoriza la contratación de las obras de rehabilitación del Palacio de la Aduana por un importe de 35 millones y medio de euros. No fue hasta dos meses después, ya en enero de este año, cuando el Ministerio de Cultura licitó las obras y se abrió el plazo del concurso para que se presentasen las empresas interesadas.Hasta el 18 de marzo pudieron enviar sus propuestas, aunque no se abrieron los sobres hasta un mes después. El 24 de abril se conocían las ofertas enviadas para esta gran tarea. El siguiente paso era la reunión de la mesa de contratación para adjudicar la firma ganadora. Y se tardó mes y medio en decidir cuál era la candidata más adecuada para llevar a cabo el proyecto de la treintena de firmas presentadas al concurso público.El pasado 9 de junio se conoció que el Ministerio de Cultura ha encargado a Sacyr por un importe de 23,6 millones de euros uno de los proyectos culturales más esperados y demandados de la ciudad. Cuando empiecen las obras aún les aguardan 36 meses para convertir los 12.000 metros cuadrados actuales en más de 13.300 que albergarán las colecciones del Bellas Artes y Arqueológicos, además de disponer de salas de reserva e investigación, un auditorio, una biblioteca, cafetería, tienda y aulas didácticas. Aún habrá que seguir esperando para ver un final que se anunció para el año 2012.

El alcalde dice que el Caserón de las Virreinas no tiene interés patrimonial (Málaga Hoy)

De la Torre insiste en que el edificio será reconstruido de forma idéntica al original
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aseguró ayer que el Caserón de las Virreinas que fue derribado "no tenía ningún interés" ni valor "desde el punto de vista patrimonial, cultural o histórico", aunque insistió en que "será reconstruido exactamente igual que estaba una vez que tengamos el destino".El regidor del PP indicó que dicho inmueble fue recibido dentro del desarrollo urbanístico de la zona de las Virreinas, estando "vacío y sin uso", circunstancias que, según el alcalde, "deterioran muchísimo" los edificios. Además, indicó que "la situación se fue degradando y provocando inseguridad", por lo que el departamento correspondiente de Urbanismo "entendió que existía riesgo de que pudiera ocurrir una desgracia". En este punto, aclaró que "una declaración de ruina inminente lleva al derribo, pero con el compromiso de su reconstrucción", al apuntar que "tenemos planos exactos hechos por el Ayuntamiento y otros ofrecidos por la familia que era propietaria del edificio, para que se pueda reconstruir en cuanto tengamos el destino, porque si no se consigue un destino rápido, se deteriora".Respecto a la protección del Caserón, dijo que una administración no puede gastarse en la misma más de lo que vale el edificio, aunque matizó que se instalaron vallas alrededor del mismo. Reiteró que "era un edificio bonito que puede ser reconstruido en los términos exactos en los que estaba", insistiendo en que "no era un edificio de ningún valor cultural".

Muñoz: ´No se demolerán las viviendas que estén habitadas´. Marbella (La Opinión)

Los derribos sólo afectarán a los inmuebles que estén vacíos, que no sean regularizables en el nuevo Plan General y que sean contrarios al PGOU de 1986
PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA Ni siquiera cabe la posibilidad. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, lo negó ayer con rotundidad. "De ninguna manera se contempla la demolición de viviendas irregulares que estén habitadas". Una postura que asegura mantener por "coherencia".El pacto alcanzado con la Junta de Andalucía en materia urbanística es bastante claro en este sentido, en opinión de la propia regidora. Ella misma recordó ayer que se derribarán aquellas edificaciones que no estén regularizadas en el Plan General aprobado inicialmente, que no estén habitadas y carezcan de permisos municipales para su construcción.Acuerdo. Todos estos requerimientos son los que incluye el convenio suscrito entre el Gobierno andaluz y el Consistorio marbellí. Una alianza política por la que la Junta se asegura la denominada "reposición de la realidad física alterada" durante los más de quince años de mandato del Gobierno Independiente Liberal (GIL), aunque sea simbólicamente, ya que, tal y como afirmó Muñoz, se tratará de unas cuantas estructuras de hormigón.Además de las demoliciones, el acuerdo, al que ha tenido acceso este diario, contempla la revisión de oficio de las licencias otorgadas por anteriores gobiernos a edificaciones no habitadas, contrarias al planeamiento de 1986 y que no sean regularizables en el nuevo documento. Mediante esta herramienta jurídica, el Ayuntamiento podrá recuperar por ejemplo algunos de los suelos que originariamente eran de titularidad municipal, pero que, por el momento, se encuentran cedidos a particulares.De la misma forma, otro de los apartados recoge la posibilidad de que se puedan considerar como "caducadas" las licencias otorgadas a edificaciones que cumplan las tres condiciones expuestas anteriormente, por incumplir los plazos previstos para el inicio o la terminación de las obras.A cambio de poner en marcha estas medidas, el gobierno municipal del PP ha podido otorgar licencias de apertura, primera ocupación y obras vinculadas a ambas acordes con el texto urbanístico ya acordado inicialmente, lo que supone anticipar su aplicación. Esta iniciativa está en marcha desde su aprobación en pleno el pasado julio.Hoy mismo, está previsto que la junta de gobierno local apruebe algunas de las primeras demoliciones acordadas para ejecutarlas antes de final de año.

Constructores piden que se agilicen las licitaciones para evitar cierres (Málaga Hoy)

Según el presidente de ACP, las pymes se han centrado en el segmento residencial
La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) ha pedido a las administraciones públicas que agilicen las licitaciones de obras para garantizar la actividad de las pequeñas y medianas (pymes) empresas del sector y evitar que éstas se vean abocadas al cierre. Según el presidente de la ACP, José Prado, las pymes de la construcción han centrado su actividad en los últimos años "casi exclusivamente" en el segmento residencial, por lo que ahora atraviesan un mal momento, que se prevé que se prolongue otros dos años. "Algunas van a tener que cerrar", si las administraciones no adoptan medidas "a tiempo para salvarlas", señaló Prado.

El teatro de Banderas, un proyecto en el aire (La Opinión)

El delegado de Cultura, Miguel Briones, asegura que el espacio escénico ideado por el actor malagueño no tiene lugar en el Puerto y aún no cuenta con presupuesto
EFE / L.O. MÁLAGA El futuro teatro-escuela del actor malagueño Antonio Banderas continúa en su fase de estudio tras haber pasado más de cuatro años del anuncio de su construcción, según informó el delegado de Cultura, Miguel Briones. "Existe la intención de llevar a cabo el proyecto, aunque la realidad es que la idea está poco madura", destacó el delegado, quien explicó que en un principio éste iba a levantarse en el Puerto de Málaga, y que en la actualidad, no hay "ni lugar ni presupuesto". Aunque el Ayuntamiento de Málaga, así como la Diputación y la Junta de Andalucía, mostró en su día un gran interés por el proyecto, Briones recordó que es "importante" que se unan otras administraciones, "porque este es un tema que siempre se debe abordar al alimón".El actor Antonio Banderas firmó ante notario en junio de 2004, junto a otros siete patronos, la constitución de la Fundación Teatro Puerto de Málaga, que gestionará el espacio escénico que se construirá en la capital malagueña y que pretende contar con la participación de destacadas figuras internacionales, que acudirían a Málaga para ofrecer clases magistrales.El intérprete anunció que su intención era darle a la gente que estudia Arte Dramático "las cosas que él no tuvo", y que inicialmente se planteó un teatro semi-profesional, aunque al final el proyecto de diversificó en "ramas diferentes: una audiovisual y otra de formación"."No es sólo un teatro, es un centro cultural a muchos otros niveles, con centro audiovisual, centro de documentación, restaurantes y un lugar interesante desde el punto de vista arquitectónico, con un proyecto precioso, muy extraño y bonito", afirmó Banderas.Tanto la Junta de Andalucía como el propio actor anunciaron en repetidas ocasiones que el nuevo teatro-escuela iría en el Puerto. El actor anunció el año pasado que, "si se arreglan y se avienen" las partes implicadas en su proyecto para crear el teatro-escuela en Málaga, podría retomar la iniciativa, que había quedado paralizada en los últimos años. Espacio profesional. La idea que tiene el malagueño es la de crear un espacio profesional orientado, eso sí, hacia los musicales. "A mí lo que me gustaría sería un teatro profesional que contara con grupos mixtos de profesionales que pudieran llegar de Madrid, con chavales jóvenes que salen de la escuela con una tendencia un poquito más fuerte y acentuada al teatro musical. También quisiera darle la posibilidad a los músicos del Conservatorio y a la gente nueva que siempre esta experimentado" explicaba Banderas. En este sentido el actor siempre pretendió crear un centro de estudios donde se impartieran clases y cursos. "Creo que Málaga ya ha crecido lo suficiente para sostener un teatro de estas características". El inicial proyecto del edificio cuenta con tres teatros, uno con setecientas butacas, otro con 250, y un último de unas cien, para recitales de poesía, ruedas de prensa y clases. Cuatro años después del ilusionante anuncio, parece que el proyecto de Banderas se encuentra más en el aire que nunca.

Los propietarios han blindado 8.900 casas contra los morosos (La Opinión)

Los arrendadores firman con los inquilinos el documento de garantía del alquiler, de forma que se aseguran de que los arrendatarios cumplan con el contrato rubricado
Z JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Ahora que la crisis inmobiliaria se ha cebado con propietarios e inquilinos, son muchos los que no pueden pagar el alquiler. Por ello, nace la Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad, una institución que media entre ambos actores jurídicos y que resuelve los conflictos en tan solo un mes en contraposición con los nueve que tarda un Juzgado de Primera Instancia.En Málaga hay 130 inmobiliarias homologadas con la Corte de Arbitraje. Estas oficinas ofrecen un documento de ´Garantía de Alquiler´ que, previo pago de 52 euros, establece más claramente las condiciones de los inquilinos y, en caso de que éste dañe la vivienda o no pague los recibos, el arrendador está cubierto jurídicamente. En Málaga, los propietarios han blindado así contra los morosos 8.980 viviendas, posibilidad que sólo ofrecen esos 130 establecimientos auspiciados por la institución.Asimismo, la Corte de Arbitraje ha resuelto en Málaga 610 conflictos entre propietarios y morosos: de ellos, 575 hacen referencia a impagos; ocho a daños en el inmueble y otros tantos por cesión o subarriendo no consentido. En 17 ocasiones, el organismo, creado para optimizar las novedades que ofrece el Plan Nacional del Alquiler Garantizado, intervino por falta de pago de los suministros y en dos ocasiones, porque el inquilino realizó obras no consentidas.La Corte se ubica en Madrid pero sus miembros pueden trasladarse a cualquier punto de España para mediar en los conflictos de intereses. De hecho, emite sentencia en sólo treinta días, frente a los nueve que tarda en hacerlo un Juzgado de Primera Instancia normal.Los profesionales se encargan de solicitar el documento de ´Garantía de Alquiler´ a la Corte de Arbitraje, que lo facilita tras el pago de los 52 euros. Además, este escrito funciona como una medida disuasoria para aquellos arrendatarios que no tienen intención de cumplir el contrato que firmaron con el dueño de la vivienda. "El nuevo sistema ha reforzado la confianza de los propietarios, ya que la medida incrementa la salida al mercado de viviendas en alquiler. El plan es una ayuda al sistema para superar la crisis", señala el secretario general de la Corte, Mario Navarro-Rubio.

El PGOU protege 218 edificios fuera del Centro Histórico (La Opinión)

Con respecto al Plan General de Ordenación Urbana de 1997, el nuevo documento incluye 54 construcciones más. Contiene zonas de Málaga no contempladas antes como Ciudad Jardín, La Trinidad, Campanillas o el Puerto de la Torre y aumenta la protección en el distrito Oeste
ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA Todavía resuenan las críticas por el fulminante derribo del caserón decimonónico de la Virreina, prueba de que el apego por el patrimonio arquitectónico y monumental gana peso en Málaga, aunque para algunos sectores, esta importancia apenas se refleje en actuaciones. En todo caso, el nuevo PGOU ha incluido 218 construcciones en el catálogo de edificios protegidos, 54 más en comparación con el plan general de 1997, que incluía 164. El catálogo incluye los edificios y monumentos protegidos de Málaga a excepción del Centro Histórico, que cuenta con un catálogo de protección aparte. La finalidad de esta lista es garantizar la conservación de los edificios y monumentos incluidos, estableciendo tres tipos de protección: ´integral´ (preserva todas las características arquitectónicas) ´protección I´ (controla actuaciones para impedir la desaparición y sustitución) y ´protección II o parcial´ (sólo protege elementos o ´tipologías´ que deben reproducirse en nuevas construcciones). En comparación con el PGOU del 97, que apreciaba 7 zonas de protección, el nuevo catálogo contempla 13 , 6 de ellas nuevas: Campanillas-Guadalhorce, Ciudad Jardín, el Puerto, Puerto de la Torre, la Rosaleda y la Trinidad. En Campanillas se incluyen entre otros edificios la nave de Intelhorce, el Cortijo Bacardí y el Cortijo Jurado, cuyo mal estado ha llevado a la oposición a pedir al Ayuntamiento una actuación urgente. Ciudad Jardín, incluida en 1997 de forma bastante simbólica en la zona Norte, cuenta con 9 edificaciones protegidas, entre ellas las haciendas de San José y la Concepción, dos molinos de San Telmo y una casa de principios del XX.La zona del Puerto la forman en su mayoría edificios institucionales del Paseo de la Farola, mientras que en el Puerto de la Torre se han protegido 4 edificios, uno de ellos el cortijo del Cañaveral de los Frailes, en muy mal estado. En la zona de la Rosaleda se protegen el Colegio del Mapa, el instituto Nuestra Señora de la Victoria y el asilo de los Ángeles, mientras que el barrio de la Trinidad cuenta con 10 edificios incluidos en el catálogo, como la antigua Casa de Socorro de calle Libertad, una vivienda unifamiliar en la calle Juan de Austria,19 y el Corralón de Santa Sofía.El Oeste de Málaga pasa de 3 a 9 edificios protegidos, incorporando las iglesias del Colegio San Manuel y San Patricio, la antigua nave de Lapeira, el Colegio de Médicos, el parador de Golf de Málaga y la portada del Campamento Benítez. La zona de Churriana, con 17 edificaciones catalogados, protege dos más: el arca de aguas de la Fuente del Rey y la terminal de Aviación General del Aeropuerto.La zona Norte, que antes coincidía con el barrio residencial del entorno de Conde de Ureña, ahora con un tratamiento de protección aparte, va desde el Camino de Colmenar, con la preciosa sede de Emasa, hasta el número 1 de la calle Huerto de los Claveles, el antiguo dispensario. El Cuartel de Segalerva, el Colegio del Monte y el Cementerio de San Miguel son otras construcciones protegidas.En El Palo, la protección ha subido de seis a diez edificios. Las nuevas incorporaciones son la facultad de Ciencias Sociales, el Castillo de San Antón, el Cementerio del Palo (de San Juan) y la portada del antiguo Camino de Vélez.El segundo barrio con más edificios protegidos es Pedregalejo, que sube de 42 a 43. La novedad es el número 18 de la calle Juan Valera, una villa de comienzos del siglo XX . El Limonar-Malagueta encabeza la lista de barrios con más edificios catalogados, pasando de 72 a 80, al proteger por separado casas de la avenida de Príes que antes agrupaba por parejas. En todo caso, se incorporan entre otros inmuebles el Colegio de las Teresianas y los números 14-18 del Paseo de Reding (el desfile del Amor).

Promotores exigen que se agilicen las obras públicas (SUR)

La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) ha pedido a las administraciones públicas que agilicen las licitaciones de obras para garantizar la actividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector y evitar que éstas se vean abocadas al cierre.Según el presidente de la ACP, José Prado, las pymes de la construcción han centrado su actividad en los últimos años «casi exclusivamente» en el segmento residencial, por lo que actualmente atraviesan un mal momento, que se prevé que se prolongue otros dos años.«Algunas van a tener que cerrar si las administraciones no adoptan medidas a tiempo para salvarlas», señaló Prado, quien ha agregó que la patronal «no apuesta por los cierres, sino por las inversiones de las administraciones públicas».A este respecto, comentó que las inversiones no deben llevarse a cabo «sólo en carreteras», ya que a éstas suelen acceder las grandes empresas, sino también en obra civil, para lograr una reactivación de las pequeñas y medianas empresas.

Paralización

Prado insistió en que entre el 70% y el 90% de la comercialización de viviendas está paralizada, una situación que no sólo afecta a la provincia de Málaga, pero que es más acusada aquí.En cuanto a la diversificación de mercados, el presidente de la ACP explicó que algunas empresas malagueñas apostaron por otros países hace cinco o seis años, fundamentalmente en el Este de la Unión Europea.

La obra de la hiperronda avanza y enseña sus grandes estructuras (La Opinión)

Los trabajos se han ejecutado al 20% de su presupuesto y se van cumpliendo los plazos para su entrada en servicio a principios de 2010. Viaductos y túneles ya se dibujan en el paisaje
MIGUEL FERRARY. MÁLAGA Son nueve los grandes viaductos que jalonan los 21,3 kilómetros de la futura segunda ronda de la ciudad. Unas grandes estructuras que empiezan a aparecer en el paisaje del municipio y que anuncian la buena marcha de estos trabajos, que van cumpliendo los plazos y entrarán en servicio a principios del año 2010. Apenas queda un año y medio de obras, aunque su trazado ya se hace evidente, con un 20% de lo presupuestado que se ha ejecutado, aunque su traslación a obra realizada represente un porcentaje mayor.Esta infraestructura cuenta con un presupuesto cercano a los 340 millones de euros y aspira a descargar la ronda Oeste, al límite de su capacidad. Pero su construcción no es una empresa fácil, ya que tiene que sortear zonas muy montañosas, como la parte norte del Puerto de la Torre y el enlace entre Churriana y Torremolinos. Para ello, el proyecto incluyó un túnel de 1,28 kilómetros de longitud que se empezó a excavar en mayo en la sierra de Churriana. El objetivo es construir el segundo túnel más largo de la provincia, tras el que está proyectado en la autopista de peaje de Las Pedrizas. El método constructivo elegido es mediante voladura y actualmente se encuentran terminando de abrir el pasaje y retirando las rocas del trazado.Pero más evidente a los ojos del malagueño son las grandes estructuras de los nueve viaductos previstos, con los que se salvan los grandes desniveles existentes en las zonas más montañosas. Precisamente en la parte norte del Puerto de la Torre están previstos seis de ellos, algunos de los cuales se recortan en el paisaje de forma más que evidente.Además está en marcha la construcción de un puente sobre el arroyo España y 29 pasos inferiores y catorce superiores para sortear caminos y carreteras.Una de las características de estas obras es que ya está prevista la instalación de pantallas antirruido en las zonas que afecten a los edificios y urbanizaciones próximas a la autovía.La construcción de la hiperronda está dividida en cuatro tramos, que se reparten entre Ferrovial-Agromán (del Palacio de Congresos de Torremolinos hasta Churriana), Acciona (de Churriana a la Autovía del Guadalhorce), OHL (hasta el Puerto de la Torre) y Sacyr con Prinur, encargados del enlace con Las Pedrizas.Tres de estos tramos tengan tres carriles por sentido, separados por una mediana, aunque deja un espacio para permitir la ampliación a un cuarto en el futuro y según el uso que reciba.El cuarto tramo, el más cercano a Las Pedrizas, quedará con dos carriles por sentido, aunque con la misma reserva para permitir la ampliación de un tercer carril.La hiperronda servirá como una alternativa a la actual ronda Oeste, conectando la carretera de Las Pedrizas con la A-7 a la altura del Palacio de Congresos de Torremolinos. Además dará salida a la autopista de peaje de Las Pedrizas, que está ahora en construcción y está previsto que entre en servicio casi a la vez que la segunda ronda. Esta conexión se hará a la altura del arroyo España, en el Puerto de la Torre.

Marbella afronta la primera revisión del catastro en las últimas dos décadas (SUR)

El Gobierno central saca a concurso por un millón de euros la asistencia técnica para su actualización. Los nuevos valores supondrán un incremento en el recibo del IBI, aunque se aplicará progresivamente

LAS CLAVES
¿Qué es el catastro?: Es el censo y padrón estadístico de las fincas rústicas y urbanas y su valor.

¿Cómo se revisa?: En base a los planes generales de ordenación urbana y a estudios de mercado sobre los precios por tipo de suelo y metros cuadrados.

¿A qué afecta?: El valor catastral supone la base imponible para calcular el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) que se paga anualmente. Se multiplica por un tipo impositivo que fija el Ayuntamiento. Actualmente roza el 1 %. También a la declaración de la renta o al impuesto de trasmisiones.

¿Cómo repercute en el IBI?: Cuando se revisa sube la base imponible. En algunos municipios las valoraciones catastrales se han incrementado hasta en un 300 % con el consiguiente aumento del IBI, conocido como contribución.

¿Cada cuánto tiempo se revisa?: Va emparejado especialmente a la redacción de nuevos planes urbanísticos y la revisión la realiza de oficio la Dirección General del Catastro de cada provincia.

¿Cuándo se hizo en Marbella?: Hace 20 años que no se revisa por el caos urbanístico registrado durante el gilismo.

La revisión del catastro de Marbella ya está en marcha. El Gobierno central, a través de la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, acaba de sacar a concurso por poco más de un millón de euros la asistencia técnica para actualizar la base de datos tanto de los inmuebles urbanos como de las construcciones en suelo rústico de todo el término municipal. Sobre el papel no es más que un trámite administrativo pero detrás se esconde la primera actualización del mapa urbanístico de la ciudad que se realiza en veinte años, debido a los problemas de planeamiento que se registraron durante los 15 años de gobiernos gilistas y posgilistas y a la ausencia de un Plan General de Ordenación Urbana que sirviera de referencia para actualizar los valores catastrales. Con la publicación de la licitación de la asistencia técnica, Marbella afronta esa primera revisión con la incertidumbre sobre el reflejo que tendrá en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), conocido como contribución, que se calcula con el valor catastral como base imponible. Algunos expertos consultados advierten de que la situación vivida en Marbella, farolillo rojo en la puesta al día del catastro, es la más atípica de la provincia, con lo que se espera que los resultados sean apabullantes. Sin embargo, no deben traducirse necesariamente en un aumento exponencial del impuesto y menos de una tacada.

Mayores ingresos

Aunque se prevé que una vez finalizada la revisión se puedan llegar a multiplicar por tres los ingresos municipales en concepto de IBI, se deberá especialmente a que computarán por primera vez decenas de miles de viviendas, locales, garajes o parcelas que hasta ahora no rezaban en el censo. Así, si este año el Ayuntamiento, a través del Patronato Provincial de Recaudación, ha girado para el cobro del IBI 163.000 recibos con un importe de 73,8 millones de euros, cuando el catastro se actualice, podrían superar los 200.000 recibos. Más en detalle, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ya ha anunciado su compromiso de que no haya una subida brusca. La ley prevé que la revisión del catastro se pueda aplicar a lo largo de diez años a razón de un diez por ciento del aumento en cada ejercicio para que sea una escalada moderada. «En Marbella no puede pasar lo que en Estepona, donde algunos pagan el triple de un año para otro. Eso es una barbaridad. Si el tipo que se aplica está ahora en torno al uno por ciento, los bajaremos al mínimo», aseguró la regidora al hilo de la revisión del catastro. Lo que se desconocen aún son los plazos tanto para que la actualización esté sobre la mesa como para que se comience a aplicar. Dependerá tanto de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuyos datos servirán de guía para clarificar el censo de nuevas construcciones y de las fincas rústicas, como de la celeridad con que se realicen los trabajos de campo sobre el valor de mercado de los inmuebles en función del suelo y de los metros cuadrados construídos. Algunas fuentes consultadas fijan la entrada en vigor para 2011. De hecho, en el anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se contempla el pago de los 1.095.500 euros de la asesoría técnica en tres anualidades -54.775 euros, en 2008; 763.760 en 2009; 276.965 euros, en 2010-.

Al año siguiente

Una vez aprobado, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero del año siguiente, al tratarse de un impuesto de devengo, por lo que se mira al horizonte de 2011 como fecha más probable de su entrada en vigor. «Si el PGOU no se aprueba en los plazos previsto la revisión del catastro se paraliza», señalaron las fuentes consultadas, que recordaron que actualmente el tipo es cercano al uno por ciento precisamente para compensar las dos décadas que lleva sin ponerse al día. De lógica será, por tanto, que cuando la nueva foto fija del urbanismo de Marbella esté sobre la mesa, ese porcentaje con el que se calcula el recibo del IBI vuelva a valores mínimos, tal y como ya ha anunciado la alcaldesa. Será la única forma de esquivar un impuesto demasiado abultado.

Detectan cuatro viviendas ilegales en los locales de El Copo (Málaga Hoy)

Fueron localizadas durante las inspecciones realizadas por la comisión antirruido
Las inspecciones efectuadas por la comisión antirruido, constituida por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga para el cumplimiento de la sentencia del caso Ipanema, han detectado la construcción de viviendas ilegales en los áticos de cuatro locales de El Copo en el núcleo poblacional de Torre del Mar. Según informó el alcalde, Francisco Delgado Bonilla (PP), se han incoado los correspondientes expedientes de protección de la legalidad urbanística, como paso previo a la demolición de estas viviendas.En total, la comisión antirruido ha iniciado hasta la fecha un total de 42 expedientes a diferentes locales de Torre del Mar en el proceso de ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, y por la que los vecinos del Conjunto Ipanema deberán ser indemnizados por el Ayuntamiento con 2,8 millones de euros. La comisión volvió ayer a reunirse, y el alcalde señaló que se han iniciado los trámites de ocho expedientes de clausura a locales que carecen de licencia para ejercer su actividad comercial. Asimismo, se ha abierto expediente a quince locales para que retiren rótulos de las fachadas y las adecenten. Además, la comisión antirruido también ha comenzado los procedimientos para retirar la licencia de actividad a tres recintos que permanecen cerrados desde hace más de seis meses, y a otros doce establecimientos que deberán adecuar sus locales a los proyectos originales.

El empresario Ávila Rojas recurre ante el Tribunal Supremo su condena por fraude a Hacienda (Málaga Hoy)

El constructor expresó, como ya hiciera al inicio del juicio por este caso, la «convicción» que tenía en su «absoluta inocencia».
El constructor José Ávila Rojas ha iniciado esta semana los tramites judiciales para recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada que le condenó a ocho años de cárcel por defraudar a Hacienda en la compraventa de dos fincas de Marbella (Málaga). En concreto, según han informado a Efe fuentes de la defensa del empresario, ya se ha presentado la preparación del recurso de casación que, una vez admitido a trámite, será fundamentado jurídicamente e interpuesto formalmente. El pasado 31 de julio, tras conocer el contenido de la resolución judicial, Ávila Rojas expresó a Efe, como ya hiciera al inicio del juicio por este caso, la «convicción» que tenía en su «absoluta inocencia». El constructor fue condenado por la Audiencia a un total de ocho años de cárcel y al pago de un multa global que ronda los 10 millones de euros como autor de cuatro delitos consumados de defraudación a la Hacienda Pública, si bien el máximo de cumplimiento efectivo de estas penas sería de seis años. La Sección Primera señalaba que, aunque la tesis de la defensa giró en torno a negar la cualidad de empresario de Ávila Rojas respecto de las dos compraventas efectuadas en 2001 y 2002 -que estaban sujetas a IVA e IRPF- «no existía duda alguna» de que se cometió delito al haber eludido el pago de estos impuestos. La sentencia recurrida declaró expresamente probado que, el 22 mayo de 2001, Ávila Rojas y la sociedad mercantil CCF 21 Negocios Inmobiliarios adquirieron por 3 millones de euros la finca «Huerta de las Monjas» de Marbella, y que ese mismo día la vendieron por 11,47 millones, operaciones sujetas al impuesto del IVA. La sociedad compradora entregó a cada vendedor la parte proporcional de dicho impuesto que debían ingresar al Erario Público, correspondiendo al acusado la cantidad de 918.346 euros, que tenía que haber reflejado en sus autoliquidaciones de 2001. No obstante, al no hacerlo obtuvo una defraudación en la cuota del impuesto por 583.570 euros y, de igual modo, con la reventa de la finca logró una ganancia empresarial de 4,23 millones. Posteriormente, el 29 de julio de 2002, de nuevo el procesado y la mercantil CCF 21 vendieron a la sociedad Arenal 2000 SL por 7,67 millones de euros otra finca de Marbella, la denominada «Coto de los Dolores», que habían adquirido antes por 1,8 millones, declarándose la operación «expresamente sujeta» al IVA. El 9 de octubre de 2002, se acuerda por escritura elevar el precio inicial en 2,54 millones, de modo que el precio de venta definitivo fue de 10,21 millones de euros y no sujeto al IVA, «con lo que eludió el pago del impuesto en este periodo», obteniendo con ello también un beneficio, precisa la sentencia. Respecto al impuesto de la Renta del ejercicio 2002 se produjo un beneficio empresarial de 4,2 millones, que debió ser integrado en la base de la declaración de su IRPF.

El Simed ofertará precios y cuotas atrayentes a los compradores de casas (La Opinión)

El Salón quiere atraer a todos los interesados en la adquisición de una vivienda. Los bancos también estarán presentes para ofrecer condiciones de financiación "particularmente ventajosas"
LA OPINIÓN. MÁLAGA El Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed), que celebra su quinta edición en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga entre los próximos 9 y 12 de octubre, se dirigirá fundamentalmente al público general, para lo que ofertará "las mejores condiciones de precio y forma de pago".Según informaron los responsables del Palacio, el objetivo de la organización es atraer "a todos aquellos interesados en la adquisición de una vivienda de primera o segunda residencia para que formalicen sus compras durante esta feria", y especificaron que "este año pondrán a disposición de los visitantes un amplio abanico de productos adaptados a todos los perfiles y necesidades del mercado".Junto a las promotoras, estarán presentes en el Salón las "principales entidades financieras" con presencia en Málaga y su provincia, que según concretaron desde el Palacio, "pondrán en marcha una oferta atractiva y exclusiva del producto financiero que incluye condiciones de financiación particularmente ventajosas".Como novedad este año, el Simed contará con un nuevo formato para rentabilizar la presencia de las promotoras con una menor inversión económica. Concretamente, todas las promotoras que acudan al Salón Inmobiliario mostrarán la misma imagen exterior a través de expositores comerciales homogéneos de ´semidiseño´, lo que -según la organización-, permitirá centrar la atención en la venta."Así, los nuevos promotores interesados podrán tener presencia en la feria maximizando su oportunidad comercial mientras reducen los gastos derivados de una mayor presencia institucional".Por otra parte, la organización del Simed pondrá en marcha una campaña publicitaria en medios gráficos y una amplia campaña en portales de internet especializados en la compra-venta inmobiliaria, cuyo objetivo es comunicar las ventajas de asistir al Salón con un mensaje "claro y directo" para todo aquel que esté buscando una vivienda.

La Junta invertirá 8,2 millones de euros en mejorar la A-92M. Antequera (SUR)

El pliego de condiciones fijaba en seis meses el plazo de ejecución de las obras, que afectarán a todo el trazado Giasa también adjudica el refuerzo del firme de la A-7202

La mejora de los casi 26 kilómetros que tiene la A-92M, construida para evitar el paso por Antequera en la conexión Granada-Málaga, le costará a la Junta de Andalucía 8.173.689,21. La Consejería de Obras Públicas, a través del ente Gestión de Infraestructuras de Andalucía S. A. (Giasa), ha adjudicado por ese importe a la Unión Temporal de Empresas formada por Contrat y Martín el acondicionamiento y mejora de esta autovía en todo su recorrido. Así las obras se ejecutarán desde el punto kilométrico 0, localizado a la altura de La Palma (Loja), al punto 25,930 donde la A-92M enlaza con la A-45 en Las Pedrizas.Las obras salieron a concurso en torno al pasado mes de abril por 11.512.910,14 euros, aunque de ellos 492.700,88 euros se licitaron para reforzar el firme de la carretera A-7202 que comunica Villanueva del Trabuco con Archidona y que también llevará a cabo la misma UTE. La mejora de la A-7202 es una antigua demanda del Ayuntamiento de Archidona, que no sólo ha reclamado desde 1999 la mejora del firme sino también un nuevo trazado. Además, esta es la carretera que se usará para ir tanto desde la localidad archidonesa como desde Villanueva del Trabuco a la cárcel que el Gobierno central quiere empezar a construir en la próxima primavera en la zona de La Saucedilla. Como compensación por la construcción de la segunda prisión de Málaga en suelo de Archidona, el Ayuntamiento quiere sacar en beneficio el arreglo íntegro de esta carretera, caracterizada por un trazado sinuoso y lleno de baches.El actual alcalde de Archidona y coordinador comarcal de IU, Manuel Sánchez, ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de realizar un nuevo trazado que solvente las deficiencias que presenta la carretera, cada vez más frecuentada por vehículos pesados y turismos al ser la vía que muchos trabuqueños y archidoneses toman para ir a Málaga capital. El nuevo trazado costaría unos ocho millones de euros, pero por lo pronto los vecinos se tendrán que conformar con la remodelación del firme. Según el pliego de condiciones, esta obra tendría un plazo de ejecución de dos meses, mientras que el acondicionamiento y mejora de la A-92M en todos su trazado tardaría unos seis meses.

La rehabilitación de la iglesia Mayor estará terminada dentro de un año. Casares (SUR)

Las obras de rehabilitación de la iglesia Mayor de Casares concluirán antes de un año, según avanzó la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, que visitó ayer las instalaciones, que se encuentran al 85% de ejecución. El alcalde de la localidad, Juan Sánchez, aprovechó la presencia de la responsable de Cultura para solicitarle el apoyo de la Administración andaluza para la financiación del equipamiento interior del nuevo edificio, que una vez rehabilitado albergará un centro cultural de Casares. Las obras comenzaron en 2005 y tienen un presupuesto de más de 1,7 millones de euros.No es la única obra pendiente. El pleno de la Corporación aprobó la construcción de un vial en la zona costera de Casares que dará acceso a las parcelas municipales de equipamientos públicos, entre ellas a la destinada a la construcción del nuevo edificio que albergará la Tenencia de Alcaldía. El proyecto, que tiene una inversión de 400.056 euros, implicará el encauzamiento de un arroyo, que evitará el encharcamiento que se produce en la carretera de Casares.

La provincia recibirá seis millones para recolocar a trabajadores de la construcción (SUR)

La provincia de Málaga recibirá unos seis millones de euros dentro del Plan de Recolocación estatal para emplear a los trabajadores de la construcción afectados por la crisis económica, según anunció ayer el secretario general del PSOE, Miguel Ángel Heredia. Esta es una de las medidas propuestas por el Gobierno, que destinará 201 millones de euros para todas las provincias en 2009, de los que seis serán para Málaga. Además, se revisarán los próximos planes de empleo, se modernizarán los servicios públicos de empleo y se desarrollará el Estatuto de Trabajo Autónomo

Quinta edición del salón inmobiliario (SUR)

La quinta edición del Salón Inmobiliario del Mediterráneo, el SIMed , se celebrará entre los días 9 y 12 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Su objetivo, es atraer a todos aquellos interesados en la adquisición de una vivienda de primera o segunda residencia para que formalicen sus compras con las mejores condiciones de precio y forma de pago. La entrada será gratuita

Más del 80% de la avenida de Velázquez se abrirá este mes para uso peatonal tras la obra del metro (SUR)

El tramo entre el Martín Carpena y el puente de la estación de Renfe entrará en servicio en un plazo de dos años
.
Más del 80% de la superficie de la Carretera de Cádiz estará disponible para su uso público a partir de la semana que viene. Así lo aseguró ayer el director de Metro Málaga, Enrique Urkijo, quien se mostró satisfecho por el desarrollo de las obras. De los 3.700 metros por los que transcurre la avenida, más de tres kilómetros podrán ser disfrutados de nuevo por todos los ciudadanos y vecinos del barrio. Se espera que se pueda poner en servicio el tramo entre el Martín Carpena y el puente de Juan Pablo II, junto a la estación, en dos años.El tramo 4, de una longitud de 600 metros entre la calle Frigiliana y la avenida de La Paloma, se liberó en mayo, y durante la próxima semana se liberarán tanto el tramo 2, de 400 metros entre Molière y los Guindos; como el 3, de unos 700 metros entre Los Guindos y la calle Frigiliana. Aún se encuentran en obras el entorno de la glorieta de la avenida Molière con Puerta Blanca, la avenida de La Paloma y la zona de Juan XXIII con la próxima estación de Huelin, que se ubicará en las cercanías de la calle Goya. En el subsuelo, las obras también marchan a buen ritmo. Ya se han creado 2,5 kilómetros de túnel, lo que supone un más de un 67% de las obras. Tan sólo faltan 150 metros para conectar el tramo de los Guindos con el de la Carretera de Cádiz pero, según Urkijo, esta conexión se llevará a cabo en torno al día 16 del presente mes. Las obras subterráneas en esta zona de la línea 2 se desarrollan en dos niveles diferentes uno de 5.5 metros de profundidad y otro de 11 bajo el suelo. Durante los días 19 y 29 se abrirá al público la obra en la zona del Martín Carpena para que todo aquel que lo desee visite las instalaciones y compruebe su estado. Se trata de mantener a los vecinos al tanto de todo. «Estamos obsesionados con que todos dispongan de la máxima información posible», aseguró Urkijo.El proyecto para el tramo común para las líneas 1 y 2, que discurrirá entre las futuras estaciones de Guadalmedina y Malagueta ya se ha presentado y se espera que este mes salga a licitación pública. «Vaticinar cuándo se abrirá la línea por completo es complicado, primero tenemos que empezar a trabajar y luego ya sabremos fechas», dijo el director de Metro Málaga.

Alhaurín crea una concejalía de Ordenación del Territorio (Málaga Hoy)

La gestión del área es asumida directamente por el alcalde
El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre cuenta con una nueva concejalía en este segundo año de legislatura, así como se producen cambios y repartos de delegaciones. El equipo de gobierno ha creado el departamento de Ordenación del Territorio y Vivienda con el objetivo de adaptar los proyectos del ente local a la estructura y organigrama de la Junta de Andalucía. Las principales actuaciones que asumirá la nueva concejalía serán las referentes al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), actualmente en aprobación, así como la política de vivienda, sobre todo el desarrollo de las promociones de viviendas de protección oficial que el equipo de gobierno está impulsando. De esta forma, el área de Vivienda deja de pertenecer a Bienestar Social y pasa a ser llevado desde la alcaldía, ya que el regidor municipal, Joaquín Villanova (PP), no ha delegado la responsabilidad de esta área.Pero este no ha sido el único cambio en la estructura municipal ya que se unen las delegaciones de Igualdad y Bienestar Social en una única área del mismo nombre, que comprende Mujer, Mayor, Centro de día, Centro Ocupacional, Servicios Sociales Comunitarios, ONGs e Inserción laboral. Esta nueva delegación la asume la anterior concejal de la Mujer y el Mayor, María José Sánchez Garrido. Así la concejalía de Educación que dirigía Sánchez pasa a manos de la edil de Bienestar Social, Remedios Cueto.Por último, el equipo de gobierno ha decidido crear un área de coordinación con la Fundación Social y Medioambiental de las Canteras que desempeñará el concejal de Hacienda, Rafael Gómez Chamizo.

Marbella quiere que Costas legalice el paseo marítimo que construyó Jesús Gil (Málaga Hoy)

Muñoz adelantó que en los próximos presupuestos habrá una partida para un puente entre la playa del Ancón y Río Verde

El Ayuntamiento de Marbella mantendrá una reunión la próxima semana con la directora general de Costas, Alicia Paz, para tratar la regularización del Paseo Marítimo que construyó el ex alcalde, Jesús Gil. Como el fallecido no se dignó a pedir los permisos pertinentes para estas obras que utilizó de forma propagandística en sus discursos políticos, el gobierno de Ángeles Muñoz (PP) quiere ahora que se legalice la situación de la pasarela. Aunque el Consistorio pagó hace años una multa millonaria por haber construido sin licencia, todavía no está claro si algunas zonas del Paseo deberían ser demolidas. Muñoz confía en que esto no suceda debido al tiempo transcurrido, pero no descarta que haya que adecuar determinados tramos con materiales más idóneos.Por otra parte, la dirigente popular anunció que el Ayuntamiento ha logrado un acuerdo con dos de los tres propietarios de las parcelas afectadas por la futura ampliación del Paseo Marítimo desde San Pedro Alcántara hasta Linda Vista. En el caso de los que han dado el sí, la administración local tiene previsto ofrecerles alternativas de compensación por la vía del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En cuanto al tercer propietario, Muñoz señaló que pertenece a un ciudadano extranjero, que al parecer se encuentra ingresado en prisión. En este caso, va a instar a Costas a que inicie para la expropiación de la finca. De esta manera, el Gobierno central podrá iniciar la prolongación del Paseo Marítimo, cuyo proyecto cuenta con una partida de 600.000 euros en los Presupuestos Generales desde 2003, según recordó la alcaldesa.

Un informe constata el deterioro de la construcción en Málaga. (Málaga Hoy)

La finalización de la autovía A-7 o el tren AVE han estancado la obra civilUn congreso mostrará la evolución del puerto malagueño en este sector
Un informe elaborado por la Fundación Cajamar constata que durante el segundo trimestre de este año continuó el deterioro de la construcción en Málaga, con lo que aumentó la dependencia del turismo, que "se configura nuevamente como el sector clave de la economía malagueña". "El tejido productivo provincial depende ahora más que nunca de la buena marcha del turismo", señala el estudio, que indica que la finalización de los grandes proyectos de infraestructura, entre los que cita la autovía A-7 y el tren AVE, "ha estancado" la obra civil", lo que contribuye a que la situación de la construcción sea "especialmente delicada" en la provincia. Durante el segundo trimestre de este año, se ha reducido el número de viviendas iniciadas, lo que los analistas consideran "lógico" por las dificultades de financiación y la debilidad de la demanda. Además, la licitación en Málaga se encuentra "en fase descendente" después de la actividad que supusieron la finalización de la A-7 y el AVE.

Barrantes y Olivo declaran hoy por irregularidades urbanísticas. Marbella (Málaga Hoy)

También debe comparecer el interventor del Ayuntamiento de Marbella, Juan Castro
El empresario murciano Tomás Olivo y el interventor del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Castro, declaran hoy, entre otros, como imputados por una causa en la que el juez investiga presuntas irregularidades urbanísticas. Además, deben comparecer en el Juzgado número 1 de Marbella en calidad de imputados el empresario cordobés José María Enríquez y el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes. El juzgado investiga la adjudicación por parte del Consistorio marbellí de parcelas y aprovechamientos urbanísticos a la empresa General de Galerías Comerciales. Dicha actuación supuso, según el Tribunal de Cuentas, un perjuicio de más de 44,8 millones para las arcas municipales. Según el informe de fiscalización del Ayuntamiento y sus sociedades participadas en los años 2000 y 2001 elaborado por el citado tribunal, los bienes inmuebles salieron a subasta pública en marzo de 1996 por más de 11,5 millones. La subasta quedó desierta y cuatro años después las parcelas fueron adjudicadas de forma directa por el alcalde, Julián Muñoz, a la empresa, siete meses después de que el Consistorio firmara un convenio en el que se consideraba deudor de esta compañía por unas supuestas obras ejecutadas. Al tratarse de una enajenación de bienes que superaba el 10% de los recursos ordinarios del Ayuntamiento, la Comisión de Gobierno carecía de potestad tanto para convocar la subasta como para facultar al alcalde la adjudicación, competencia del Pleno, que debía acordarlo por mayoría absoluta.

La segunda mano cae en Málaga un 7% y un 11% en Mijas y Estepona (La Opinión)

El metro cuadrado de la vivienda usada cuesta ahora 2.500 euros, casi 170 menos que hace un año. Las casas de Marbella, con una caída del 6,2%, están ya por debajo de los 3.000 euros el metro.

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ. MÁLAGA El precio medio de la vivienda de segunda mano en la provincia de Málaga se situó en el mes de agosto en 2.449 euros por metro cuadrado, según los datos del Índice Inmobiliario fotocasa.es, que constata una bajada del 0,6% en relación al mes anterior y del 7,1% en relación a hace un año, cuando valía una media de 2.616 euros. La bajada es similar a la registrada de media en Andalucía, donde el metro cuadrado cotiza actualmente a 2.292 euros el metro, y menor que la media española, donde la variación interanual registra una bajada del 8,4%, con un valor medio actual de 2.677 euros el metro.

Si se analiza la evolución del precio medio de la vivienda por municipios, de los 289 estudiados por este índice inmobiliario, se constata que el 69% de ellos (200 municipios) ha registrado una caída del precio de la vivienda. El 21% (61 municipios) constata una subida de los precios, mientras que el 4% (11 municipios) no percibe variaciones de precio. En el caso de Málaga, el descenso es generalizado en los principales municipios malagueños estudiados, con caídas máximas en Mijas (-11,8%, para quedarse en 2.176 euros el metro), Estepona (-11,6%, 2.428), Manilva (-11,1%, 1051) y Fuengirola (-10,3%, 2460). En el caso de Marbella, la bajada es del 6,2%, cayendo el precio de los más de 3.000 euros que se pagan hace un año a los 2.833 de la actualidad. En Vélez Málaga la reducción es de un 8,7%, que lo deja en 2.185 euros el metro y en Málaga capital se queda en el 7%, con 2.487 euros de valor en agosto de 2008.

Por provincias, Sevilla es la única que experimentó un aumento en el precio medio de la vivienda durante el mes de agosto y una bajada de precios de sólo un 3,2%. También se afianza como la más cara en el segmento de la vivienda usada de toda la comunidad andaluza, con un precio medio de 2.509 euros por metro cuadrado. El mayor batacazo porcentual de Andalucía se lo lleva Jaén, donde la caída ha sido del 13%.En el resto de España, las caídas de precio también han sido la nota predominante. En Madrid, la vivienda de segunda mano ha bajado un 9,7% su valor, con 3.78 euros el metro cuadrado, mientras que en Barcelona la depreciación es del 10,4%, con 3.887 euros el metro. No obstante, el precio más alto de España lo tiene Guipúzcoa donde, pese a caer un 1,4% el precio, la cotización sigue en unos inalcanzables 4.472 euros el metro. Le sigue Vizcaya (3.946, pese a haber bajado un 7,2% el precio en el último año), la citada Barcelona y Álava, (3.535, -3,5%). Y junto a Madrid, es Zaragoza (3.109 euros y -8,6%) la que completa el sexteto de provincias españolas donde, pese al parón de ventas, la vivienda usada sigue por encima de los 3.000 euros el metro.