martes, 5 de mayo de 2009

La Junta ingresa casi la mitad por los impuestos inmobiliarios (La Opinión)

En 2008, recaudó un 42,5% menos por la compraventa de viviendas y la actividad inmobiliaria. El impuesto que más se redujo fue el del bingo

EUROPA PRESS. SEVILLA La Junta de Andalucía ingresó el pasado año un 42,5 por ciento menos por los impuestos que gravan la compraventa de viviendas y la actividad inmobiliaria, esto es, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados, hasta alcanzar los 1.720,9 millones de euros, frente a los 2.994,9 millones recaudados en el año 2007.
Según los Cuadernos de Recaudación Tributaria, elaborados por la Consejería de Economía y Hacienda y consultados por Europa Press, la recaudación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales descendió un 46,51% hasta los 760,2 millones; y los ingresos por los Actos Jurídicos Documentados –derivados de las escrituras y los procedimientos en torno a las viviendas nuevas– descendieron un 38,95% hasta los 960,7 millones de euros.
Junto a estas figuras tributarias, otro impuesto indirecto cuya recaudación se ha visto reducida de forma drástica ha sido el impuesto sobre el juego del bingo, que ha visto reducida su recaudación un 95,35 por ciento el año pasado, pasando de 6,4 millones de euros en 2007 a 301.166 euros en 2008.
Por el contrario, los ingresos por el Impuesto de Valor Añadido (IVA) aumentaron en 2008 un 6,37 por ciento, tras descender en los trimestres anteriores, hasta cerrar el año con una recaudación de 3.917,3 millones de euros.
Según los Cuadernos de Recaudación Tributaria, el pasado año se recaudaron 12.233,6 millones en el conjunto de tributos de todo tipo, lo que supone un 4,83% menos que en 2007.
En cuanto al conjunto de los impuestos especiales de fabricación, vieron aumentada su recaudación un 2,37 por ciento hasta los 1.508,8 millones de euros recaudados. No obstante, sufrieron un descenso significativo el pasado año los impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas, con un 10,57 por ciento menos, hasta los 62,9 millones de euros. Igualmente, los impuestos sobre los medios de transporte supusieron un 45,38% menos, hasta los 185,6 millones.
Por el contrario, los impuestos ecológicos vieron descender levemente su recaudación un 1,61 por ciento hasta los 17,9 millones de euros, siendo los impuestos por vertidos en aguas litorales los que registraron un mayor incremento, de un 66,16 por ciento, hasta 4,3 millones de euros.

Directos. En cuanto a los impuestos directos, compuestos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, y la tarifa autonómica del IRPF, también vieron aumentada su recaudación. En concreto el impuesto de Sucesiones y Donaciones aumentó un 15,03% hasta 323,5 millones y el tramo autonómico de IRPF aumentó un 16,91% hasta 3.612 millones.
En cuanto al Impuesto de Patrimonio, en el pasado año se recaudaron 163,9 millones, un 11,25 por ciento más que en 2007.

Un programa de rehabilitación beneficiará a un total de 18 viviendas. Cártama (SUR)

El llamado Programa de Rehabilitación Singular de Edificios Residenciales de la Junta de Andalucía beneficiará a un total de 18 viviendas de Cártama pertenecientes a una misma comunidad de propietarios. El alcalde, José Garrido, adelantó que la citada comunidad, situada en la zona de La Fabriquilla (Estación de Cártama) ha firmado ya con los representantes de la administración autonómica el convenio que permitirá mejorar las condiciones de habitabilidad de su edificio.
«La Junta aporta el 75 por ciento del presupuesto protegible, que contempla la asistencia técnica para la redacción del proyecto, la dirección de obras y los impuestos, y también sufragará los honorarios», manifestó el primer edil. Los trabajos, que se centrarán en la eliminación de humedades y la instalación de suministros, costarán unos 64.000 euros.

Adjudicadas las obras de construcción de la nueva casa consistorial. Yunquera (SUR)

La empresa Axial Caminos Inmobiliarios se encargará de la construcción del nuevo ayuntamiento de Yunquera. Ayer mismo, el alcalde, Francisco Oliva, y el director de contratación de la compañía, Luis Septién del Castillo, firmaron el contrato de adjudicación de las obras, que supondrán una inversión aproximada de 1,2 millones de euros y cuentan con un plazo de ejecución de 15 meses.
De esta forma, si se cumplen las previsiones, el edificio, que se ubicará cerca del consultorio médico y del centro de recursos telemáticos del pueblo, podría estar terminado el verano del próximo año 2010.
Desde el equipo de gobierno informaron ayer de que la empresa adjudicataria se ha comprometido a contratar a personas desempleadas y a vecinos de Yunquera, uno de los motivos por los que su oferta ha sido la más valorada. Para financiar los trabajos, se cuenta con una subvención de 800.000 euros aportada por la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.

La Junta declara a Vélez-Málaga 'Zona de Transformación de Infravivienda' para 2009. Vélez-Málaga (SUR)

El municipio de Vélez-Málaga ha sido declarado por la Junta de Andalucía 'Zona de Transformación de Infravivienda'. Esta declaración posibilitará la gestión y distribución de ayudas para la rehabilitación de inmuebles que presenten graves deficiencias en sus dotaciones sanitarias básicas, en las instalaciones de suministro de agua, gas, electricidad, saneamiento o cuyas condiciones de edificación estén por debajo de los requerimientos mínimos de seguridad estructural y constructiva, según ha informado el Ayuntamiento.
Las ayudas sufragan el cien por cien del coste de las obras, aunque el presupuesto de ejecución no debe superar los 30.000 euros.
Tras la firma del convenio de colaboración, que se suscribirá el próximo 12 de mayo entre el Ayuntamiento y la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, se abrirá el correspondiente plazo de presentación de solicitudes y petición de ayudas por parte de los interesados.

Condenan al ex alcalde de Arenas a ocho años de inhabilitación por autorizar 27 viviendas en suelo no urbanizable. Vélez-Málaga (SUR)

El fallo del Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga condena también por el mismo motivo al ex concejal de Urbanismo Asimismo tendrán que pagar una multa 3.600 euros cada uno 
El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga ha condenado al ex alcalde de Arenas, Victoria García Cuadra (IU), y al ex edil de Urbanismo, José Antonio Alcoba García (PP), a la pena a cada uno de ellos de doce meses de multa, a razón de 10 euros diarios, e inhabilitación especial para cargo público durante ocho años, además de al pago de las costas procesales por un delito de prevaricación urbanística.
La sentencia, que es firme y tiene fecha de 30 de abril, considera probado que en abril de 2003, Victoriano García, entonces alcalde de la localidad, y José Antonio Alcoba, como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, habían concertado una licencia para la construcción de 27 viviendas en el paraje Las Casillas «a sabiendas de que el terreno era no urbanizable y sin que se llevara a cabo expediente administrativo alguno».
Asimismo, señala el tribunal que la construcción se llevo a efecto hasta su paralización por la nueva corporación municipal.
En la actualidad, las viviendas, que están en el límite con el municipio de Vélez-Málaga, están construidas y habitadas en su totalidad, según el Ayuntamiento.
El fallo del juzgado concede a petición de los acusados el fraccionamiento de la multa (3.600 euros), que podrán realizar en dos pagos de 1.800 euros cada uno, el primero el 27 de mayo de este año y el segundo, el 27 de junio.
Según expresa la sentencia, los acusados habían mostrado en el juicio oral su conformidad con la exposición realidad el Ministerio Fiscal, así como con la calificación jurídica de los hechos, interesándose las partes por una sentencia de conformidad.
Conformidad
El titular del juzgado expresa en la sentencia que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación urbanística y que los hechos se consideran probados en atención a la conformidad sobre los mismos realizada por los acusados en el trámite de juicio oral.
En este sentido, el magistrado hace constar en Fundamentos del Derecho que del delito son autores los acusados por haber realizado, material, directa y voluntariamente, las conductas de esta figura delictiva.
En el fallo se acuerda la toma de testimonio para enjuiciamiento aparte de un tercer acusado.

Convenio para la rehabilitación de los bloques donde residen 170 familias en la capital (SUR)

La delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Málaga, Josefa López, firmó ayer un convenio con la comunidad de propietarios José Fernández Castanys de la capital para rehabilitar 17 edificios residenciales y mejorar sus zonas comunes. La actuación, incluida en el Programa de Rehabilitación Singular desarrollado por la Junta, beneficiará a 170 viviendasd en la avenida Héroe de Sostoa

El PSOE impugna un proyecto de trescientos chalés junto al cementerio de Churriana (SUR)

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento ha impugnado el acuerdo de aprobación del plan urbanístico de Atalaya, en Churriana, que contempla la construcción de una promoción de unos trescientos chalés a una distancia del cementerio de este distrito inferior a los 500 metros que estipula el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.
El portavoz socialista, Rafael Fuentes, señaló en un comunicado que el acuerdo fue aprobado en solitario por el PP en la comisión de pleno de Movilidad y Urbanismo celebrada el pasado 18 de marzo, «pese a existir un informe contrario al plan por parte de la Consejería de Salud, ya que algunas casas estarán a menos de cien metros del cementerio de Churriana», señaló.
«La Gerencia de Urbanismo no ha tenido en cuenta el mencionado informe desfavorable de Salud, y ha seguido adelante con el expediente, siendo llevada la aprobación definitiva al pleno del Ayuntamiento, con los votos en contra del grupo municipal socialista», afirmó Fuentes. Asimismo, argumentó que la empresa municipal Parcemasa «recomendó la petición de informes sobre la actuación a la Consejería de Salud».

El CTM alquilará las cubiertas de sus naves para la instalaciones de paneles solares (SUR)

El Consorcio del Centro de Transporte de Mercancías (CTM), de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, quiere sacar partido al techo de sus naves, expuestas a pleno sol al sur del cementerio. Por ello, ha sacado a concurso el arrendamiento de unos 15.000 metros cuadrados de las cubiertas de las naves del recinto logístico para la instalación, explotación y mantenimiento de plantas fotovoltaicas, capaces de generar una energía renovable y no contaminante.
Las empresas interesadas en el proyecto disponen de plazo hasta el próximo 26 de mayo para presentar sus ofertas. Se estima que la inversión de privada rondará los cinco millones de euros. Está previsto que la producción anual de energía supere el millón de kilowatio-hora (Kwh), suficiente para el abastecimiento de 500 viviendas. Para más adelante está prevista una segunda fase del proyecto hasta alcanzar los 45.000 metros cuadrados cubiertas.

Luz verde al proyecto de un centro comercial de jardinería junto a Plaza Mayor (SUR)

El consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo que se celebra el próximo jueves prevé dar licencia de obras para la construcción de un centro comercial de plantas junto al centro de ocio y comercial Plaza Mayor. Se trata de una instalación promovida por la sociedad Cimodin, que abrirá un centro de la marca comercial propia Verdecora. El edificio, que dispondrá de 190 aparcamientos en superficie y 184 en sótano, se asentará en una parcela con una extensión cercana a los 9.000 metros cuadrados y estará especializado en plantas, mobiliario de jardín y animales de compañía.
Innovador
El complejo será además el primero que tendrá la compañía en Andalucía, ya que hasta la fecha esta firma sólo tiene presencia en Madrid (donde nació y cuenta con cuatro centros), y en Valencia. Desde la enseña manifestaron a este periódico que su filosofía se basa en un concepto «innovador y moderno» y se refleja en tiendas donde «prima la estética».
Un informe de la Junta concluyó que en Málaga existe un déficit del 16% en grandes comercios de jardinería. Un vacío que aliviarán tanto la apertura de Verdecora junto a Plaza Mayor como el proyecto de la compañía esteponera Agrojardín. Esta última tiene aún pendiente la inauguración del que será su tercer centro en el parque comercial Bahía Málaga, junto a Ikea. Sus 6.500 metros cuadrados tendrán tres pilares fundamentales: una macrosuperficie dedicada a animales, plantas y mobiliario de jardín.

lunes, 4 de mayo de 2009

El 45% de las casas turísticas rurales de la Serranía de Ronda son ilegales (Málaga Hoy)

En la zona hay unos 200 establecimientos, que suman 1.160 plazas, que no están sujetos a ningún tipo de control legal ni fiscal y que, sólo en Semana Santa, supusieron unos ingresos de 136.000 euros


Según los datos del RTA (Registro de Turismo de Andalucía) en la actualidad en los 21 municipios que forman la Serranía de Ronda tenemos un total de 245 alojamientos rurales (entre casas rurales y viviendas turísticas de alojamiento rural) que suman 1.425 plazas. Esto quiere decir que de media cada alojamiento rural en la Serranía tiene capacidad para 5,8 personas.

Haciendo un rastreo por internet, desde el CIT Serranía de Ronda han detectado que además de las casas legales se ofertan unas 200 casas de forma clandestina, ya que se publicitan como alojamientos rurales sin que estén inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía. Estas 200 casas ilegales suman un total de 1.160 plazas aproximadamente. Esto significa que se ofertan un total de 445 alojamientos rurales que suman unas 2.600 camas de las cuales el 45% no están inscritas.

Cuando el CIT Serranía de Ronda, en colaboración con el CEDER inició la campaña de sensibilización sobre la normativa turística, existían en la Serranía de Ronda unas 260 casas ilegales y esto suponía que aproximadamente el 60% de la oferta existente era ilegal. Como resultado de dicha campaña el CIT ha tramitado el alta de unas 60 casas rurales y viviendas turísticas de alojamiento rural lográndose pasar de un 60% a un 45% de oferta ilegal.

Ahora se está preparando una nueva campaña de sensibilización de forma que se organicen reuniones en todos los municipios destinados a informar a los propietarios de alojamientos ilegales sobre los riesgos que supone trabajar de forma clandestina y las ventajas que supone estar trabajando cumpliendo la normativa vigente. 

En cualquier caso el CIT Serranía de Ronda sigue prestando el servicio completamente gratuito para los interesados en tramitar el alta en el Registro de Turismo de Andalucía de cualquier tipo de alojamiento turístico y cualquier empresario de la Serranía de Ronda se puede beneficiar de dicha asistencia técnica.

La oferta clandestina supone una competencia desleal a la oferta reglada y los efectos que generan son los siguientes: En fechas clave en las que se ocupa toda la oferta existente hay 1.160 turistas alojados sin que exista ningún tipo de control sobre la calidad de los lugares donde se alojan. Ya que al no estar inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía, no se sabe si esas plazas cumplen los requisitos mínimos establecidos en la normativa vigente. Aquellos turistas que se van descontentos no sólo se van descontentos del alojamiento sino del destino. 

Dichos alojamientos generan importantes ingresos sobre los que no hay ningún tipo de control fiscal. Por ejemplo durante la pasada Semana Santa, fecha en que los alojamientos rurales existentes estuvieron completos y teniendo en cuenta el precio medio de los mismos (sacados de su publicidad en internet) se puede afirmar que dicha oferta ilegal generó unos ingresos de 136.000 euros que no han tributado de ninguna manera. 

Puede haber fechas en los que dichos alojamientos clandestinos estén ocupados mientras que otros que sí cumplen la normativa vigente estén vacíos, por lo que se convierten en una clara competencia desleal 

Los establecimientos legales se benefician de ventajas de las cuales los alojamientos no legales no se pueden beneficiar, como una mejor imagen de cara a la demanda, la posibilidad de promoción a través de las vías oficiales, el acceso al servicio prestado por la administración turística y de las asociaciones, el acceso a subvenciones o la posibilidad de acceso a los sistemas y marcas de calidad 

Desde el CIT Serranía de Ronda se apunta que "la calidad es la mejor de las estrategias comerciales", al tiempo que apunta que "prestar un servicio de calidad va a permitir que los clientes se vayan satisfechos y un cliente satisfecho generará una buena publicidad no solo del establecimiento, sino también del destino".

El hecho de que la Serranía de Ronda se identifique por parte de la demanda como un destino de calidad se consigue contando con una oferta de calidad. En estos momentos podemos afirmar que la Serranía de Ronda cuenta con una oferta turística de gran calidad y prueba de ello es que en éstos momentos es la comarca de interior de Andalucía que cuenta con más establecimientos turísticos con certificaciones de calidad ya que hay 27 empresas turísticas certificadas: 14 Marca Parque Natural de Andalucía, Certificaciones con ISO 9001/14001, 4 Certificaciones con Q.

A estas certificaciones hay que unir las 60 empresas que en breve van a recibir el certificado Compromiso de Calidad Turística que depende de la Secretaría de Estado de Turismo y que está siendo implantado en la zona por el CIT Serranía de Ronda. Esta actuación está enmarcada dentro del Plan de Dinamización del Producto Turístico de la Serranía de Ronda.

En cuanto al Puente de Mayo hay que indicar que se prevé una ocupación del 60% para los alojamientos rurales de la Serranía de Ronda y el 75% para los hoteles, cifras más bajas que las registradas en años anteriores.

El túnel para soterrar la A-7 por San Pedro se inicia esta semana. Marbella (La Opinión)

Las obras durarán algo más de un año y cuentan con un presupuesto que supera los sesenta millones de euros

LA OPINIÓN. MARBELLA Las obras del túnel para soterrar la A-7 a su paso por San Pedro Alcántara, en el municipio de Marbella, comenzarán esta próxima semana, tras el retraso sufrido debido a la afluencia de vehículos durante la festividad del puente de mayo. Según comunicó la empresa concesionaria del proyecto, OHL, al Ayuntamiento de Marbella, el inicio de la primera fase de construcción del túnel estaba previsto para el pasado 23 de abril. Sin embargo, los trabajos y los cortes de tráfico para los vehículos que circulen en dirección a Málaga se acometerán, finalmente, esta semana, con toda probabilidad a partir de hoy lunes.
La construcción del soterramiento durará algo más de un año. El proyecto de acondicionamiento de la travesía de San Pedro Alcántara, perteneciente a la autovía del Mediterráneo, cuenta con un presupuesto superior a los 60 millones de euros del Ministerio de Fomento para acometer la mejora de seis kilómetros, desde el 169,26 hasta el 175,16.
Contempla la construcción de un túnel de un kilómetro para eliminar dos semáforos y evitar las largas caravanas que se generan en la autovía a su paso por San Pedro Alcántara, considerado uno de los punto negros de la provincia. Con el inicio de la primera fase, esta carretera permanecerá cortada para los vehículos que circulen en dirección a Málaga. Será a mediados de junio cuando se procederá al corte total de la vía. La circulación se desviará por la variante sur.
Ante los problemas de tráfico que se generarán con motivo de estas obras, el Ayuntamiento marbellí aprobó en el pasado pleno del mes de abril una solicitud al Ministerio de Fomento para que libere el peaje de la AP-7 durante el grueso de los trabajos de soterramiento. El Consistorio marbellí aprobó ya varias mociones instando a liberar el peaje. "No se entendería una nueva negativa cuando existen precedentes de liberalización de autopistas en Aragón ante unas obras similares", aseguró el portavoz del equipo de gobierno del PP, Félix Romero.

El IMV estudiará si coloca protección en el descansillo (La Opinión)

Técnicos municipales visitarán esta semana el bloque de la calle Los Negros que ha pedido una verja para evitar el consumo de droga en una zona común

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA El pasado mes de febrero ‘Línea Directa’ dio a conocer el problema por el que pasan los vecinos del número 3 de la calle Los Negros, un bloque de cuatro plantas que padece un grave problema de convivencia. Se trata del descansillo que hay en la última planta y que comunica con el cuarto de ascensores. 
Este lugar es elegido desde hace años por un grupo de personas para consumir droga, comer e incluso para hacer sus necesidades, ya que los vecinos se han encontrado alguna vez con un cubo lleno de excrementos. 
El bloque ya solicitó la ayuda de esta sección para lograr que el Ayuntamiento volviera a poner en marcha el ascensor, que estuvo sin funcionar durante ocho años. 
Gracias a las gestiones del concejal de Vivienda Diego Maldonado, el problema se solucionó de inmediato y los vecinos ya cuentan con un ascensor. 
Pero queda pendiente el asunto del descansillo. Trinidad García, vecina del bloque, explicó a esta sección que la única solución posible era colocar una verja al inicio de la escalera que lleva al cuarto de ascensores y colocar en los huecos de la escalera otra verja protectora para que los ‘asiduos’ de este espacio no puedan meterse dentro. 
El Instituto Municipal de la Vivienda ya se ha puesto en contacto con los vecinos y ha confirmado que en la semana entrante los técnicos visitarán el bloque para ver si es posible la verja. 
Trinidad García explica que, hace cinco años, el Ayuntamiento ya estuvo a punto de hacer realidad esta medida. "Un hombre muy amable me midió todo pero le dio un infarto y se murió", lamenta. A partir de este infortunio, los vecinos no volvieron a saber más de la verja. 
Y el caso es que el problema sigue. "Lo grave es que no dormimos, estoy pendiente y cuando oigo algo me subo para arriba", cuenta Trinidad, que ha tenido que enfrentarse más de una vez a las personas que utilizan el descansillo. De hecho, cuenta que este grupo de individuos ha vuelto a intentar echar abajo la puerta del cuarto de ascensores. "Lo que pasa es que no han podido". 
Si lograran entrar en el cuarto de ascensores y ‘hacerse fuertes’ en ese reducto, las mejoras que acaba de realizar el IMV?con el nuevo ascensor tendría los días contados. A la espera de la llegada de los técnicos, los vecinos han dejado de limpiar el descansillo, para que el Ayuntamiento vea la suciedad que se acumula tras estas ‘reuniones’.

El Ayuntamiento busca nuevos sitios para trasladar el botellón (La Opinión)

El aumento de la presencia policial en el Centro hace descender la afluencia de personas en la plaza de Mitjana, punto de encuentro de numerosos bares

ROCÍO P. LLAMAS. MÁLAGA El Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga enviará esta semana más de 25.000 cuestionarios a los jóvenes de la ciudad dentro del estudio encargado a una empresa para buscar alternativas para el botellón en el paseo de los Curas, cuyas conclusiones se prevé que puedan estar a finales de mes.
El envío de estos cuestionarios será a través de correo electrónico y se utilizará la base de datos de la Tarjeta Más Joven, ya que, según el director del Área de Juventud, Mario Cortés, el 80% de los usuarios de la misma hace botellón, por lo que "es una muestra bastante fiable".
A través del cuestionario, se determinará el perfil del joven que hace botellón, el consumo de alcohol, la frecuencia, cómo se desplaza y nuevos emplazamientos para esta práctica. Estos parámetros se tendrán en cuenta a la hora de "tomar una decisión, que será política", matizó Cortés, sobre un nuevo espacio para beber en la calle, que concite el visto bueno de todos los implicados –jóvenes, empresarios y vecinos–.
El director del Área de Juventud, aunque reconoció la necesidad de buscar otra ubicación para el botellón, dada la imposibilidad de continuar en el paseo de los Curas ante las obras de remodelación del Puerto, dejó claro que "no se va a hacer nada que sea contraproducente y que genere problemas de convivencia con los vecinos". 
De este modo, Cortés insistió en que, de momento, se descartan zonas como Martiricos o Cortijo de Torres, ya que no presentan la seguridad necesaria o están lejos del Centro Histórico, lo que implicaría que, después de beber alcohol, los jóvenes cogieran el coche, puesto que "no tienen la costumbre de ir en autobús".
Por otra parte, Cortés ya anunció que durante este fin de semana la Policía Local llevaría a cabo mayores controles para evitar la práctica del botellón fuera del paseo de los Curas. Así, habría un especial seguimiento por parte de los agentes en distintos puntos del centro histórico y en el camino de San Rafael, donde, además, se hicieron controles de alcoholemia.
Control. Vecinos del entorno de camino de San Rafael ya denunciaron las molestias que padecen debido a la creciente actividad de botellón en esta zona de la ciudad, al igual que los habitantes, comerciantes y hosteleros del Centro, especialmente en calles como Luis de Velázquez o Comedias o en la plaza de Mitjana.
De hecho, este mismo fin de semana en la plaza de Mitjana se pudo una mayor presencia policial controlando el tipo de consumo de alcohol que se realizaba en la zona. Sin duda, el aspecto de la plaza no era el característico de otros días festivos, cuando este espacio se llenaba de jóvenes que hacían uso de las terrazas al aire libre. Aunque por el momento no ha sido confirmado el número de denuncias que se llevaron a cabo durante el fin de semana, el Ayuntamiento sí ha informado de que la sanción por beber en la calle es de 300 euros.

Los tribunales de Ronda investigan otras tres presuntas obras ilegales en la Hoya del Tajo. Ronda (La Opinión)

Diez ediles de la anterior legislatura están declarando ante el juez tras autorizar una edificación en estos parajes, por lo que han sido acusados de prevaricación

BLAS GIL. RONDA Los tribunales de Ronda han abierto diligencias previas para averiguar si otras tres edificaciones de reciente construcción que se han situado en la Hoya del Tajo son ilegales, tal y como ha denunciado Ecologistas en Acción.
De esta forma, además del caso que investiga en estos momentos el Juzgado de Instrucción número 1 de Ronda, sobre la presunta obra ilegal del Puerto de la Muela, consistente en un centro de equitación, y por la que han sido acusados diez ediles de la anterior legislatura por un presunto delito de prevaricación, ahora se quiere averiguar si existen más edificaciones irregulares en la misma zona, concretamente dos chalés y una nave agrícola.
Las diligencias previas abiertas en los tres juzgados rondeños corresponden a los expedientes 546/08; 538/08; y 574/08.
A juicio de los ecologistas, la infracción urbanística es la misma que la cometida en las polémicas caballerizas del Puerto de la Muela, ya que estas tres edificaciones se habrían levantado en una zona que está catalogada dentro del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ronda, como de protección integral.
Un portavoz de este colectivo indicó que "si tenían licencia de obras mal hecho, porque ahí no se les puede conceder, y si no la tenían, aún peor".
Esta noticia se ha conocido cuando durante los últimos días ya han empezado a declarar ante la titular del Juzgado número 1 de la ciudad del Tajo la gran mayoría de los diez concejales de la anterior legislatura que han sido acusados por la Fiscalía de Málaga de un presunto delito de prevaricación, por votar en una comisión municipal de Urbanismo celebrada en 2005 a favor de conceder una licencia de obras para la construcción de un voluminosa edificación en la Hoya del Tajo, donde se ha situado una casa de dos plantas y unas caballerizas, para crear una centro de equitación.
Los ediles que se han visto implicados en este asunto son los socialistas Isabel Aguilera, Juan Fraile, Maribel Morales, Pedro Fernández Coca y Javier Navarro; los populares José Herrera y Maripaz Fernández; los miembros del GIL, Trinidad Aragón y Carlos Gustavo González; y el edil no adscrito Jerónimo García. 
Durante las declaraciones, la juez se interesó, principalmente, por cómo se desarrolló la citada comisión municipal de Urbanismo y si los concejales tuvieron conocimiento de algún informe que indicase que la obra denunciada podía ser ilegal.
En sus declaraciones los concejales han señalado, principalmente, que no tuvieron conocimiento de que la construcción fuese ilegal y que además ellos tan sólo dieron el visto bueno a la reconstrucción de la casa que allí existía y no a la totalidad de las instalaciones que se han edificado y que su voto no era vinculante.
José Herrera, que concedió la licencia de obras a través de un decreto para la edificación cuando era el delegado municipal de Urbanismo, explicó que el permiso era para la rehabilitación de la vivienda que allí existía y que al comprobarse el volumen de los trabajos el Ayuntamiento tramitó los expedientes sancionadores pertinentes contra el propietario.

Las obras para finalizar las 26 VPO de La Lobilla se retomarán hoy tras seis meses paralizadas. Estepona (SUR)

El Consistorio espera que las viviendas se entreguen en enero del próximo año 
Las obras para finalizar las 26 VPO de La Lobilla se retomarán hoy tras seis meses paralizadas
Imagen de uno de los bloques en construcción. / M. P.
Enero será el mes previsto para la entrega de las 26 Viviendas de Protección Oficial (VPO) situadas en la zona de la Lobilla. Esta es la estimación que maneja el Ayuntamiento de Estepona, que firmó la semana pasada con la nueva adjudicataria, Construcciones Goymu, S.L., el acta de replanteo para que hoy se retome la obra. La mercantil contratará para la ejecución de los trabajos a 35 desempleados de la localidad.
Las obras permanecían paralizadas desde hace unos seis meses. La anterior concesionaria, Profasán, dejó sin terminar los trabajos, tras presentar en octubre del año pasado una solicitud de concurso de acreedores, que finalmente no se llegó a formalizar; si bien, los trabajos no se retomaron. Y es que para continuar con la obra, la mercantil propuso al Consistorio un modificado del proyecto que encarecía la obra en 250.000 euros. Una propuesta que el Ayuntamiento rechazó porque repercutiría en el coste que tendría que afrontar el Consistorio, y por lo tanto, en el precio final que tendrían que pagar sus propietarios. Finalmente, los adjudicatarios de las mismas tendrán que pagar 100.000 euros por la vivienda, que tendrá unos 75 metros cuadrados de superficie y contará con trastero y aparcamiento.
Así las cosas, el Ayuntamiento de Estepona llegó a un acuerdo de liquidación del contrato con la anterior empresa adjudicataria, que le permitió volver a licitar los trabajos por un importe de 1,2 millones de euros. Se abonó a la mercantil el valor del material de la obra y los trabajos realizados por un importe de unos 100.000 euros.
Cancelada
Las obras que también están en marcha son las de las 12 VPO de Cancelada. La empresa adjudicataria de los trabajos, Tau Icesa, comenzó hace un mes la construcción de estos inmuebles. El plazo de ejecución de la promoción, ubicada en las Lomas de Retamar, es de once meses y medio.
Un total de 1.781 personas demandan una VPO en Estepona. En la actualidad, el Consistorio busca suelo para ofrecerlo a la Junta de Andalucía para la ejecución de más viviendas. La delegación provincial de la Vivienda de la Junta estimó que en el municipio se deberían edificar 2.738 pisos protegidos para cubrir la demanda a diez años vista, sobre todo, teniendo en cuenta que hay 17.950 jóvenes de entre 18 y 35 años de edad.

El Observatorio Territorial pide que el sentido común impere en el futuro de los chiringuitos (SUR)

El urbanista Vicente Granados reivindicó que se imponga el «sentido común» sobre el futuro de los chiringuitos, pues la restauración es una actividad económica que requiere de garantía jurídica, pero también apuntó que algunos son «auténticas casas» sobre la arena.
Granados, que preside el Observatorio Territorial de Andalucía, dijo que él es «el primero en usar» los chiringuitos, pero «algunos tienen más calidad, y otros no». Abogó por regularizar estos establecimientos mediante una estrategia que sea «aceptada por todo el mundo, en unos plazos determinados».
Ante la demanda del Ministerio de Medio Ambiente de que los chiringuitos se adapten a la Ley de Costas, indicó que los chiringuitos se empezaron a hacer «mucho antes» de esta ley, y manifestó que también «cabría pedir» al Gobierno mayor agilidad en los deslindes. Sobre la posibilidad de que parte de los establecimientos tengan que reubicarse para ajustarse a la ley, se mostró partidario de que se negocie una solución.

El Ayuntamiento ofertará 880 viviendas de VPO en venta a finales de este año (SUR)

Los pisos se construirán en el entorno del campus de Teatinos y en el sector del Parque del Norte, junto a la avenida de Carlos Haya 

El Ayuntamiento ofertará 880 viviendas de VPO en venta a finales de este año
Diseño de uno de los bloques de VPO para Morillas, en el norte de Teatinos. / SUR
La próxima oferta de viviendas públicas por parte del Ayuntamiento será a finales de este año y consistirá en un total de 880 pisos en venta que se construirán en el sector denominado 'Universidad', al oeste de campus de Teatinos, en las inmediaciones del Parque del Norte y en el ámbito de Morillas, al noreste de Teatinos. La cantidad es inferior a la barajada inicialmente por el Consistorio debido a que el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) ha apostado por incrementar la proporción de casas en alquiler en la zona de Universidad. Finalmente, en este sector habrá unos 660 hogares que saldrán en régimen de venta y 340 que podrán ser ocupados en alquiler con opción a compra.
El concejal de Vivienda, Diego Maldonado, explicó que la experiencia vivida en las últimas ofertas de viviendas públicas tramitadas por el IMV «hace pensar que lo más asequible para los malagueños actualmente es un piso en alquiler con opción a compra en un plazo de diez o más años», señaló, por lo que la política de promoción residencial del Ayuntamiento se modificará para orientarla hacia esta tipología de VPO. «Esto supone un esfuerzo añadido de gestión por parte de la administración local, pero pensamos que es una buena fórmula para dar respuesta a la demanda actual de vivienda en la ciudad», argumentó el concejal.
Hay que recordar que la última de las ofertas de casas lanzada por el IMV ha sido de este tipo y ha recabado un total de 19.100 solicitudes para 246 viviendas. Maldonado indicó que se mantiene la fecha de finales de mayo para la celebración del sorteo en el que se hará una preselección de adjudicatarios de las casas.
Plazos
Tras ese sorteo, la siguiente convocatoria, en el último trimestre del año, ofertará las 660 casas en venta del sector de Universidad, 100 más en Parque del Norte y un total de 121 en Morillas. «Nuestra intención es tener aprobadas las bases de esta oferta antes del verano y abrir el plazo de presentación de solicitudes para septiembre u octubre», informó el nuevo gerente del IMV, José María López Cerezo.
Por su parte, Maldonado anunció que para esta convocatoria se establecerá un nuevo método de adjudicación de los hogares entre las familias preseleccionadas por sorteo. «Queremos implantar una fórmula que permita agilizar los procedimientos», dijo el edil. El fin de esta medida es evitar que vuelva a repetirse la demora en la firma de contratos que ha experimentado la adjudicación de las casas de Soliva, que fueron sorteadas a finales de 2006. Desde el IMV reconocieron que, más de dos años después, todavía no ha culminado el proceso para reservar todas las viviendas, ya que muchos aspirantes no ha cumplido finalmente los requisitos, como ya informó este periódico (ver SUR 11/2/2009).
El Consistorio confía en que para septiembre se puedan iniciar las obras de urbanización del ámbito de Universidad, donde también se desarrollarán más de mil viviendas de renta libre a cargo de diversas promotoras. Esa urbanización durará unos 14 meses y los responsables municipales de Vivienda quieren que se ejecute en paralelo a la construcción de algunos de los bloques de VPO proyectados para la zona, que ya cuenta con los permisos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, paso previo a su autorización por parte de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía.

domingo, 3 de mayo de 2009

Los investigadores de la Colonia. Málaga (SUR)

A finales del siglo XIX la zona noroeste de la capital acogió una de las fábricas de cerámica más importantes de España. Dispuestos a rescatar su historia, los alumnos del Colegio El Atabal han iniciado un ambicioso trabajo de campo sobre la factoría que dio nombre a la barriada: Santa Inés.

 Los investigadores de la Colonia
Los dueños de la factoría vivían en el mismo recinto. / SUR

Su huella aún sigue viva en forma de chimenea. El esqueleto de ladrillo que se erige en la zona noroeste de la capital formó parte de la que fue una de las factorías de cerámica y alfarería más importantes de la España del siglo XIX. Hoy, sin embargo, muy pocos de sus vecinos recuerdan el esplendor industrial que saboreó la fábrica de la Colonia Santa Inés; un negocio que según recogen algunos documentos, producía más de 20.000 piezas diarias. Dispuestos a recuperar su historia, un grupo de alumnos del colegio El Atabal han iniciado un trabajo de investigación en el que pretenden involucrar a toda la ciudadanía del Puerto de la Torre.

Su objetivo, como destaca el profesor de Geografía e Historia que dirige este ambicioso proyecto, Carlos San Millán, no es otro que recopilar toda la documentación existente sobre la fábrica, recabar nuevos datos e intentar conseguir testimonios de familiares de antiguos trabajadores de este negocio que, como cuenta San Millán, fue fundado en torno a 1879 por la familia Viana de Cárdenas, de la que formaban parte un antequerano llamado José María de Uribe y Tamarit, y su esposa, Inés Disdier, una cubana que se dice bautizó a la Colonia.

Se busca colaboración
Para buscar el material, los alumnos de El Atabal han impreso medio millar de carteles (realizados en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga) que prevén colgar en los próximos días por centros sociales, comercios y demás establecimientos de la barriada. En ellos, piden la colaboración de los residentes del distrito, a quienes invitan a participar en su trabajo bajo el reclamo '¡Necesitamos su ayuda! Nos interesa cualquier documento o información'.
El profesor San Millán explica que la idea surgió el curso pasado a raíz de una visita a la laguna de la Barrera. Fue entonces cuando este docente se dio cuenta de que pese a estar en su entorno más próximo, los alumnos no sabían nada ni de la historia de la Colonia Santa Inés ni de su fábrica.
«Pensé que invitarles a investigarla sería una buena forma de despertar su interés por la asignatura y a su vez de que conocieran cómo fue la factoría que tuvo un gran impacto económico en la Málaga de entonces», subraya Carlos San MIllán.

El trabajo de campo estará liderado por diez alumnos de 3º y 4º de ESO, aunque el reto del profesor es que participen todos los estudiantes de secundaria. Así, el docente ha elaborado unas fichas que repartirá entre todos los escolares para que éstos indaguen entre sus familiares más cercanos para intentar buscar testimonios de descendientes de los empleados de la factoría.
La fábrica vivió su esplendor en torno a 1924, cuando fue adquirida por el empresario Modesto Escobar Acosta; un afamado hombre de negocios que a su vez poseía otra fábrica de mármoles en Coín, un hotel en Sevilla y fue diputado a Cortes por Málaga. Ya en manos de Escobar Acosta, la factoría experimentó el despegue que la situó entre las más renombradas del país.

Pobladores de China
De sus instalaciones salían a diario miles de ladrillos, zócalos, jarrones, tejas y preciosos mosaicos, cuya fabricación daba trabajo a una importante plantilla de obreros, buena parte de ellos procedentes de pueblos de la provincia. «Incluso se dice que algunos de los primeros pobladores de la Colonia vinieron de China», señala.

El primer paso dado por este grupo para reconstruir la historia ha sido elaborar un árbol genealógico de sus fundadores. Gracias a él ya han localizado a dos nietos de Escobar Acosta. Su testimonio será de gran utilidad para dar forma al libro que esperan publicar cuando finalice su investigación, prevista para el próximo curso.

Los negocios de los polígonos industriales, en la cuerda floja. Malaga. (SUR)

Unas 5.000 personas han perdido su empleo en el último semestre mientras el cierre de empresas va en aumento El sector advierte de que la situación es insostenible
Los negocios de los polígonos industriales, en la cuerda floja
Los carteles de 'Se vende' o 'Se alquila' son cada vez más numerosos. / ANTONIO SALAS
Los polígonos de la capital avisan: la cuerda está tensada al máximo y a punto de romperse. La precaria situación económica por la que están atravesando muchas de las firmas instaladas en estas áreas de producción está poniendo a prueba la capacidad de aguante de los empresarios, que se están viendo obligados a despedir a parte del personal o, en el peor de los casos, a cerrar sus negocios. Así lo confirma Ana López, presidenta de Apoma (Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga y Provincia), que señala que en los últimos seis meses unas cinco mil personas han perdido su empleo al tiempo que los carteles de 'Se vende' o 'Se alquila' son cada vez más numerosos.

«La actividad se está viendo afectada de forma importante por la crisis, sobre todo en las compañías relacionadas con materiales y servicios a la construcción, que son las que han cerrado o disminuido su facturación y el empleo», explica López, que advierte a las instituciones públicas y a la sociedad malagueña de que «estamos aguantando, pero todo tiene un límite».

El cierre de empresas está afectando a unos polígonos más que a otros, aunque la caída de la actividad es generalizada. Así, en el Guadalhorce son medio centenar los negocios que ya se han marchado, mientras que en Santa Bárbara en los últimos meses han desaparecido diez empresas, según datos facilitados por los representantes de los polígonos a Apoma. En el caso de la Azucarera, se estima que el cierre afecta al 5% de las firmas.

Financiación
Todas estas cifras irán en aumento y podrían multiplicarse en breve si no se toman medidas, según advirtió la portavoz de estas áreas industriales: «Se cierran pocos negocios si tenemos en cuenta cuál es nuestra situación. La mayoría son empresarios con muchos años de actividad que están intentando salvar sus sociedades, en muchos casos tirando de reservas o ampliando capital para poder acceder a la financiación bancaria, tan difícil en estos momentos».

El desempleo también es general. Apoma calcula que en el último semestre se ha perdido el 20% de los puestos de trabajo en las más de 4.000 empresas instaladas en los 12 polígonos asociados, es decir, 4.800 empleos, si bien las más afectadas son las firmas relacionadas con la construcción, que registran una tasa de paro superior al 60%.

López critica que las instituciones se vuelquen más con las firmas que vienen de fuera que con las autóctonas: «Parece que no son conscientes de las consecuencias que puede tener para la economía local la caída de la actividad en los polígonos. Hay que poner en valor a nuestras empresas».

La solución, a su juicio, pasa por que las administraciones se impliquen en la creación de la marca 'Polígono': «Pretendemos transformar las instalaciones actuales en unos centros comerciales abiertos a los que puedan acudir los ciudadanos para hacer sus compras». De esta forma, según la representante de Apoma, se conseguiría impulsar el consumo y sacar de los números rojos a algunas empresas.
«Gran parte de los polígonos son eminentemente comerciales y hay de todo: cristalerías, fontanerías, empresas de construcción, de puertas, de muebles... Pero para que la gente pueda ir a comprar es necesario mejorar las infraestructuras y poner en marcha un servicio de autobuses desde la capital y el resto de la provincia», apunta López, que explica que la primera parte ya está en marcha gracias al Fondo Estatal de Inversión Local (Feil).

Obras de mejora
«A final de año deberán estar listas las obras que se vienen realizando en los diferentes polígonos, por lo que sería conveniente que al mismo tiempo se llevaran a cabo otras medidas como la creación de una línea de transporte o la mejora de la señalética, ya que ni las calles ni las diferentes empresas están bien indicadas», propone.

En este sentido, Apoma ya ha mantenido contactos con la delegada de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Dolores Fernández, que «nos ha asegurado que va a tomar el tema del transporte como un asunto propio».

Las empresas locales harán una cuarta parte de las obras del 'plan Zapatero'. Estepona (SUR)

Realizarán proyectos por un valor total de cerca de 1,5 millones.

Las obras de infraestructuras que se financiarán con cargo al Fondo Estatal de Inversión local ya están adjudicadas. El municipio pondrá en marcha 15 proyectos, que supondrán más de 10,6 millones de euros. Una cuarta parte de estos trabajos lo realizarán empresas de la localidad esteponera. Se trata de las obras de remodelación integral de la Casa de la Cultura, que las realizará la empresa Diego Soto, S.L. por un importe de 157.000 euros. La misma mercantil acometerá el arreglo de las dependencias de la Policía Local (618.605 euros). La remodelación de la céntrica calle Félix Troyano la realizará la empresa Volconsa Construcción y Desarrollo de Servicios, S.A. por 758.308 euros. La empresa Excavaciones Retamar ejecutará un tramo de saneamiento de la Vaguada, en la zona de Cancelada por 24.000 euros.

El grueso de las propuestas que se incluyen dentro de esta financiación estatal van dirigidas a iniciativas ya previstas por el área de Infraestructuras y que no habían sido incluidas en el presupuesto municipal. Entre los proyectos estrella se encuentra la quinta fase de remodelación del casco antiguo, con la reforma de unos 16 viales. La obra costará más de tres millones de euros. Un poco menos, dos millones, se invertirá en la construcción del primer tramo del carril bici, que discurrirá entre la zona de Guadalobón y El Faro.
El Consistorio financiará además con el 'plan Zapatero' obras de mejora en la barriada de Cancelada, la creación de varios edificios multiusos en esta zona para acercar las gestiones de la administración local a los residentes en esta barriada. También se mejorará el acceso al polígono industrial y se ampliarán los hidrantes en este recinto, entre otras actuaciones.

«Insuficiente»
Desde la oposición se ha considerado «insuficiente» el número de empresas locales que han resultado adjudicatarias de obras; así como el número de puestos de trabajo que generarán estos proyectos. El edil del PP, Ignacio Mena, aseguró que el alcalde de Estepona, David Valadez, mintió cuando cifró en un millar el número de empleos que se iban a generar con estas obras. Según el concejal popular, no se van a crear más de 200 puestos de trabajo.

Por su parte, el edil del PES, Manuel Reina, solicitó además la relación de las empresas con las que se han firmado contratos para la ejecución de obras con cargo a este plan de financiación y al plan Proteja; así como los desempleados que se van a contratar y su procedencia. 

La construcción del vial del Peñoncillo se retomará la próxima semana. Manilva (SUR)

La próxima semana se reanudarán las obras del vial del Peñoncillo, que serán sufragadas por las empresas Prienesur y Cajasur, propietarias de parte del sector. Así, las mercantiles construirán un kilómetro de este vial, en la zona de Maicandil. El resto, lo tendrán que costear los demás propietarios. En este sentido, todavía no se ha llegado a un acuerdo en las conversaciones entre el Ayuntamiento y los afectados.

Esta vía unirá el núcleo urbano manilveño con la costa y se convertirá en una alternativa a la carretera que actualmente existe. Su ejecución costará 3,5 millones de euros.

La cifra de inmuebles embargados casi se duplica en el primer trimestre de 2009. (MALAGAHOY)

La Tesorería de la Seguridad Social actuó entre enero y marzo sobre 1.377 viviendas y locales, frente a los 773 de 2008.

También aumentan los aplazamientos concedidos a empresas La cifra de inmuebles embargados en los tres primeros meses de este año por la Tesorería de la Seguridad Social en la provincia de Málaga mantiene una dramática y alarmante línea ascendente, efecto de la crisis económica que asuela a cientos de empresas y ciudadanos. Los datos dados a conocer por este departamento a este periódico constatan cómo entre enero y marzo de 2009 el número de viviendas, locales y edificios afectados por esta medida ha crecido alrededor de un 78% respecto al mismo periodo de tiempo de 2008. Así, la deuda acumulada con la Seguridad por las sociedades afectadas ha hecho que este ente haya intervenido un total de 1.377 inmuebles, frente a los 773 del pasado año y a los 693 de 2007.

El director de la Tesorería en Málaga, Francisco Javier de Santiago, admitió que el incremento de estas operaciones es un reflejo claro de la mala situación que atraviesa la economía nacional y provincial, puesto que en muchos de los casos, debido al procedimiento necesario para efectuar el embargo, se trata de empresas que mostraron su incapacidad para abonar las cuotas obligatorias antes de que finalizase 2008.

Sin embargo, si bien crecen las apropiaciones de inmuebles por parte de la Seguridad Social, las subastas de los mismos, no parecen pasar por el mejor momento. De Santiago admitió que aún se realizan subastas con cierta normalidad, aunque destacó la dificultad de desprenderse de los mismos dadas las "importantes cargas que tienen". "Eso hace que sea más difícil que acudan compradores, al tiempo que disminuye la efectividad de las subastas por la falta de liquidez que hay a nivel general".

Junto a la información relativa a los embargos de inmuebles, otro de los aspectos que permite dibujar más a las claras la pésima situación en la que se encuentran muchas empresas de la provincia son los aplazamientos de deuda que se solicitan a la Tesorería. El responsable del organismo estatal en la provincia alude exclusivamente a las operaciones concedidas en los primeros tres meses de 2009, en los que se ha dado luz verde a 849, lo que supone un incremento superior al 53% respecto al mismo periodo de 2008, un ejercicio que cerró con 2.260 aplazamientos aprobados.

De Santiago precisa que generalmente los aplazamientos autorizados se suelen corresponder con todas las peticiones por parte de las empresas o autónomos, dado que en muy pocos casos se atreven a hacer esa petición si no están decididos a asumir las condiciones que impone la Tesorería. Asimismo, apunta que entre enero y marzo pasados las cuantías de las prórrogas concedidas han ascendido a más de 97 millones de euros, una cuantía para nada normal en este tipo de procedimientos. Por ello aclara que el pasado mes de marzo se dio la particularidad de que fueron aprobados los aplazamientos de deuda de los ayuntamientos de Estepona y Torremolinos, que por sí solos suman un débito por encima de los 90 millones de euros.

Esta dinámica se observa no sólo en la provincia de Málaga, sino también nacional, donde en los meses de enero y febrero de 2009 hubo 9.073, frente a los 7.438 de 2008, los 7.049 de 2007 y los 4.036 de 2006. Pero el pedir un aplazamiento no implica que se cumpla. El director de la Tesorería de la Seguridad Social admite que se ha producido en los últimos meses un ligero aumento de empresas y usuarios que, acogiéndose a estas prórrogas, la han acabado por incumplir. El dato concreto se eleva al 8,98%, o lo que es lo mismo, que de cada cien solicitantes a cuyo aplazamiento se da luz verde hay casi nueve que no cumplen.

"No es un dato especialmente negativo", comentó De Santiago, quien subrayó la necesidad de que las empresas que piden esos aplazamientos "adecuen sus planes de viabilidad a las posibilidades reales", aunque recordó que siempre existe la opción de revisar las condiciones de esos acuerdos. Asimismo, destacó que desde el organismo "intentamos que las empresas con dificultades busquen con nosotros la manera de hallar una vía de solución que les permita afrontar las cosas con otro espíritu". 

Para ello, la propia Tesorería de la Seguridad Social trata también de adaptarse "a los tiempos actuales, siendo más flexibles". "Si antes pedíamos un nivel de garantías de tres veces el importe de la deuda ahora estamos muy equiparados con respecto a lo que adeudan; antes le decía que la deuda era de 80.000 euros y tenía que pagarla en dos meses, ahora le decimos que en función de sus ingresos fije un plazo en el que abonarla...", explicó, al tiempo que sentenció: "No pretendemos ahogar a la empresa".