viernes, 5 de junio de 2009

Multan a la propietaria de una vivienda con humedades. Ronda (SUR)

El Consistorio sanciona con 300 euros a una vecina de las Peñas al considerar que su casa es un foco de insalubridad 
Multan a la propietaria de una vivienda con humedades
Leonor asegura que no puede pagarla, ya que tan sólo cobra una pequeña pensión. / PLT
El Ayuntamiento de la ciudad del Tajo ha impuesto una multa de 300 euros a una vecina del barrio de las Peñas, Leonor Francés, por padecer un problema de humedad en su vivienda, ubicada en la calle Tomilla, número 36. De esta forma, el Consistorio ha insistido en que, a pesar de que la casa no tiene indicios de ruina, existen gran cantidad de humedades que han motivado la aparición de hongos y un fuerte olor a humedad, por lo que el inmueble no reúne las condiciones mínimas de salubridad para vivir en él, y consecuentemente, se podría convertir en un riesgo para los vecinos de la zona.
Fundamentalmente, las humedades están localizadas en las zonas en las que las cubiertas carecen de cualquier elemento impermeabilizante ni solería, debido a la carencia de medios económicos, según ha explicado Leonor, para acometer estos trabajos.
Imposibilidad de pago
De este modo, la afectada, de mediana edad, ha insistido en que no puede hacer frente a la sanción del Ayuntamiento, puesto que sus únicos ingresos económicos son los de una pensión de 300 euros, el mismo importe por el que se le ha impuesto la sanción. «En mi casa vivo yo y dos familiares, además, estoy enferma y no tengo ingresos para pagar esto, tengo que comer», ha dicho Leonor. Así, ha hecho hincapié, en que está dispuesta a solucionar y costear los problemas de humedades, aunque pide al Consistorio rondeño que le retiren la sanción.
Además, Leonor ha relatado que la multa se incrementará en 300 euros cada 15 días si finalmente no ejecuta los trabajos necesarios para arreglar las humedades. El informe del agente de la Policía Local, que se trasladó al domicilio de la afectada, por orden de la concejalía de Obras y Urbanismo, para comprobar el problema, insiste en que es necesario la impermeabilización de las cubiertas, la limpieza de los hongos y el pintado de las zonas afectadas.
Por su parte, el primer teniente de alcalde, del Ayuntamiento de Ronda, el socialista Francisco Cañestro, ha afirmado que el Consistorio está estudiando actualmente la situación.

La constructora garantiza que la obra del pabellón de Joaquín Herrera estará en septiembre. Nerja (SUR)

La empresa constructora Jarquil, adjudicataria de las obras de construcción del nuevo pabellón cubierto del colegio público Maestro Joaquín Herrera de Nerja, se ha comprometido con el Ayuntamiento a que la actuación estará concluida para el comienzo del próximo curso escolar, en el mes de septiembre.
Así lo anunció ayer el concejal de Deportes, Andrés Márquez (PP), tras reunirse con la dirección del centro y con representantes de la Asociación de Padres y Madres, que el pasado martes denunciaron su «preocupación» por el retraso de un año y medio que acumulan las obras y reclamaron su finalización «inmediata».
«Les hemos explicado que los problemas no son económicos, sino técnicos, pero ya se han subsanado y está previsto que puedan estar concluidas para el inicio de próximo curso», declaró.

El Ayuntamiento se ofrece para «desbloquear» el proyecto del Museo de la Historia. Nerja (SUR)

El Ayuntamiento de Nerja ha recibido un escrito de la Mancomunidad en el que se le pide que presente para el próximo año el proyecto del nuevo Museo de la Historia para su financiación con cargo al Plan de Turismo Sostenible de la Junta, después de que esta propuesta fuera rechazada por el organismo tras la solicitud formulada por la Fundación que gestiona el monumento y está ejecutando el proyecto.
El alcalde, José Alberto Armijo (PP), mostró ayer su «sorpresa» por la petición, «cuando nosotros no estamos gestionando las obras del Museo, aunque sí hemos tenido siempre la mejor disposición, desde que tomamos la iniciativa de ceder el suelo», dijo. Así anunció que ha pedido una reunión con el presidente de la Mancomunidad y con el de la Fundación para ofrecer el apoyo del Ayuntamiento para «desbloquear» el proyecto, «dada la ineficacia del gerente», apostilló.

Un juzgado ordena que Yagüe empiece a cumplir cárcel por delito urbanístico. Marbella (SUR)

Envía un mandamiento a Soto del Real para que el ex edil pague año y medio de prisión por dos condenas pendientes 
El regreso del ex concejal de Marbella Juan Antonio Yagüe después de dos años y medio en busca y captura ha activado la pesada maquinaria de la Justicia. Un día después de entregarse e ingresar en la cárcel de Soto del Real, el juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ha enviado un mandamiento a la prisión madrileña para hacer efectivo el cumplimiento de dos condenas que el ex edil tiene pendientes y que suman año y medio de cárcel: los casos 'Banana Beach' y 'Proinsa'.
El hermano de la que fuera alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, procesada en el 'caso Malaya', fue condenado por primera vez en 2005. El Juzgado de lo Penal 5 le impuso seis meses de cárcel junto a otros cinco ex ediles del GIL y al ex alcalde Julián Muñoz. Como miembros de la comisión de gobierno autorizaron en febrero de 1998 una licencia para la construcción del complejo 'Banana Beach', 1.238 viviendas que se levantaron en una parcela no urbanizable situada a pie de playa.
Al ser una pena inferior a dos años no llegó a pisar la cárcel. Pero su situación procesal se complicó cuando un año más tarde le cayó una nueva condena de 12 meses por el 'caso Proinsa'. Los siete repitieron banquillo. El mismo juzgado los sentenció por autorizar una licencia ilegal de obras en esta ocasión a Promociones de Edificaciones Industriales S.A. (Proinsa) para la construcción de 150 viviendas, garajes y locales comerciales en una zona verde. Se trataba de un nuevo delito urbanístico cometido en 1999 cuando Yagüe era concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Marbella con Julián Muñoz como alcalde accidental. Esta segunda condena implicaba que debían entrar en prisión.
La huida
Días antes de ingresar en el penal de Alhaurín de la Torre Juan Antonio Yagüe huyó de la acción de la Justicia alegando que se sentía como un «cabeza de turco» y se refugió, al parecer en Venezuela, país que carece de tratado de extradición.
El ex edil se presentó el pasado viernes en el Consulado de Caracas donde firmó un acta de manifestación y visado en la que expresaba su deseo de entregarse. Fue detenido en el aeropuerto de Barajas y conducido a la cárcel de Soto del Real, donde permanece.
Ahora deberá enfrentarse no sólo a las condenas pendientes también a varios procedimientos judiciales en curso. Entre ellos, tendrá que declarar en un juicio en el Penal 7 de la capital por el que ya fueron condenados otros ex ediles gilistas a entre un año y nueve meses de prisión no sustituibles por multa.
Se trata del 'caso Algabamar' por la concesión ilegal de licencias para la construcción de 250 viviendas en suelo rústico entre 1998 y 1999. En este juicio ya se aplicó el pacto alcanzado alcanzado entre la Fiscalía de Málagay los ex concejales de la primera y segunda corporación del GIL para rebajar la condena y agrupar todos los delitos urbanísticos a cambio de su confesión e ingreso en la cárcel.

Leonor Muñoz, nueva decana del Colegio de Aparejadores (SUR)

Es la primera mujer en ponerse al mando de un ente profesional de este gremio en Andalucía

Leonor Muñoz, nueva decana del Colegio de Aparejadores
Leonor Muñoz. / S. SALAS
El Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Málaga estrena decana. Y por primera vez en la historia de este ente profesional es una mujer la que toma la vara de mando. Leonor Muñoz, de 40 años, es la protagonista de este hito, que asume con «ilusión», como confesó ayer a este periódico.
Su candidatura se impuso el pasado miércoles por una treintena de votos a la presentada por su oponente, Carlos Lamas, en unas elecciones reñidas y marcadas por la alta participación. Así, de los 1.800 colegiados que estaban llamados a las urnas más de 800 ejercieron finalmente su derecho a participar en el proceso.
Muñoz es madre de cuatro hijos y lleva 19 años de actividad profesional. Ha trabajado en diversos estudios de arquitectura y desde hace seis años está empleada en la Administración Local (IMV) y Gerencia de Urbanismo de Málaga. Antes de presentarse a candidata a decana, ya participó en la gestión del Colegio, siendo vocal y tesorera. Así, ha sido la persona más joven en integrar la Junta de Gobierno de este organismo.
Su proyecto para el Colegio sigue la estela de su antecesor, José María Gómez Aracil, con quien comparte la aspiración de fomentar la participación de los colegiados y el papel de la organización profesional como agente social.
Entre sus prioridades figura el que la Universidad de Málaga cree una escuela para la formación de estos profesionales.

Vecinos piden poder legalizar sus viviendas (SUR)

Un grupo de vecinos del núcleo diseminado del Cerro de Lanza, al norte de Puerto de la Torre, se concentraron ayer a las puertas de la sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo para pedir una reunión con el concejal Manuel Díaz y exponerle la situación por la que atraviesan. Se trata de un conjunto de más de un centenar de casas que se encuentran fuera de ordenación al haberse construido de manera ilegal. La mitad de este sector, que está habitado por unos trescientos vecinos, va a ser legalizada con la puesta en marcha del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Sin embargo, el resto de casas, sobre las que pesan algunas órdenes judiciales de derribo y cuantiosas multas, seguirán fuera de la ley. El concejal de IU, Antonio Serrano, señaló que, pese a reconocer su ilegalidad, el Ayuntamiento cobra a estos vecinos impuestos y les facilita servicios como la recogida de basuras. El edil de Urbanismo indicó ayer que estudiarán si se puede cambiar el PGOU para regularizar un mayor número de viviendas en esta zona.

El PP pedirá en el Congreso la financiación del bulevar (SUR)

La iniciativa reclama al Gobierno, la Junta y el Consistorio que paguen el 30% del coste, y el resto se costee con fondos de la UE
Villalobos insta a los diputados del PSOE a respaldar la propuesta y aFomento a cumplir sus compromisos y no ser «cicatero»

El PP pedirá en el Congreso la financiación del bulevar
La ex alcaldesa y el actual regidor escoltan al presidente provincial del PP. / SUR
El debate sobre la financiación del bulevar sobre el soterramiento de las vías del tren llegará al Congreso de los Diputados. La diputada del PP por Málaga Celia Villalobos ha presentado en la Cámara Baja una proposición no de ley para debatirla en la próxima reunión de la Comisión de Fomento en la que se solicita al Gobierno central que alcance un acuerdo con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital para pagar el 30% del coste de esta obra (cifrada en unos treinta millones de euros) y que el 70% restante se cubra con cargo a los fondos europeos.
Asimismo, se reclama al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que el Ministerio de Fomento ponga a disposición del Consistorio los terrenos en superficie ganados al tren tan pronto como finalicen las obras del soterramiento, según se recoge en la propuesta que ayer dieron a conocer Villalobos, el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, y el presidente provincial del PP, Elías Bendodo.
Villalobos instó a los diputados del PSOE, en especial a la ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y al líder de los socialistas malagueños, Miguel Ángel Heredia, a que respalden esta propuesta y exigió a Fomento a que cumpla los compromisos que se suscribieron y no sea «cicatero».
Francisco de la Torre insistió en que la ciudad ya compensó en su día a Fomento con los aprovechamientos urbanísticos ferroviarios, residenciales, comerciales y hoteleros en la zona de la estación María Zambrano, por lo que se preguntó cómo ahora tiene «la osadía» de pedir una compensación por los terrenos del soterramiento.
Sobre la diferencia de posturas en cuanto a la compensación, el regidor dejó abierta la posibilidad de dirimir esta cuestión «desde la lealtad institucional» en los tribunales, pero, eso sí, sin que ello suponga un retraso en las obras del bulevar. En este sentido, incluso amagó con una movilización «cívica» porque, a su juicio, los vecinos no entienden que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente de Fomento, pida dinero.
Por su parte, Elías Bendodo criticó a la Junta y al PSOE por no dar fondos europeos a la capital para desarrollar proyectos de ciudad y exigió a la Administración regional que abandone su política «antimalagueña». Además, reivindicó el «papel protagonista» de Málaga en Andalucía y España.

Problemas de cimentación obligan a retrasar las obras en Tabacalera (SUR)

Los pilares de los antiguos pabellones de la fábrica de tabacos deberán ser reforzados para soportar el peso de los museos que albergarán
Urbanismo prepara una ampliación de cinco millones de euros para el presupuesto de la obra, que no finalizará al menos hasta mediados del año que viene

Las obras para convertir los edificios históricos de la antigua fábrica de tabacos en museos experimentarán un retraso de al menos seis meses sobre la fecha prevista, por lo que no estarán finalizadas hasta mediados del año que viene. Así se dio a conocer ayer en el consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo a raíz de una pregunta realizada por el grupo municipal del PSOE, quien denunció que los trabajos se encuentran paralizados. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, aseguró que eso no es cierto, pero sí admitió que las labores para poner en valor los inmuebles de la Tabacalera se han ralentizado debido a la necesidad de efectuar mejoras en la cimentación de sus pilares.
En concreto, los técnicos del departamento de Arquitectura de Urbanismo han encontrado que las bases de estos pilares no están preparadas para soportar los usos museísticos que prevé el proyecto. En concreto, está prevista la implantación de un museo de piedras preciosas y de las ciencias y de una colección de coches antiguos. Por ello, es necesario reforzarlos con unos apoyos que supondrán un sobrecoste del presupuesto inicial.
Modificación
La remodelación de la Tabacalera se adjudicó a finales de 2007 a la empresa Ferrovial por un importe de 24.599.319 euros, y un plazo de ejecución de 16 meses, más dos para la redacción del proyecto. Debido a los refuerzos necesarios para la estructura de los edificios, el precio de la obra se verá incrementado en unos 4,9 millones de euros y su realización no estará lista hasta mediados de 2010. Urbanismo tiene previsto aprobar el mes que viene una modificación del presupuesto para dar cabida legal a esta ampliación.
El edil del PSOE Sergio Brenes criticó ayer que los museos de Tabacalera cuesten finalmente treinta millones de euros «para mantener expectativas de negocio de unos privados», dijo, ya que las colecciones serán explotadas por las sociedades privadas que las ceden. Brenes señaló que el museo del automóvil tenía un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que debería haber abierto sus puertas en febrero de este año. «Resulta difícil de creer que no supieran en qué condiciones se encontraba la cimentación de este edificio antes de acometer las obras», indicó.
Tabacalera albergará la colección de coches Magalhaes, una de las más importantes de Europa, y el proyecto Art Natura, complejo que aglutina museos destinados a la colección de tapices, esculturas y piedras preciosas, al mundo de los minerales, su formación y colección de restos paleontológicos, y al de ciencias y seres vivos.
Sede de la Gerencia
Por otro lado, el concejal de Urbanismo reconoció que todavía no se ha llegado a una solución para reactivar los trabajos de la nueva sede de la Gerencia, junto al paseo marítimo de Antonio Machado. Las obras se encuentran a medio gas porque el Ayuntamiento no ha llegado a un acuerdo con la constructora sobre un sobrecoste del proyecto. El Consistorio sacó a concurso la construcción de este edificio por un importe cercano a los 30 millones de euros, pero lo adjudicó por unos 20 millones.
En abril del año pasado, autorizó una primera ampliación del presupuesto del 20%. Sin embargo, ese incremento no fue suficiente y la constructora ha vuelto a solicitar a Urbanismo un aumento de los precios para mejorar la calidad de los elementos de la fachada y la distribución interna. Por el momento, aún no hay un acuerdo entre ambas partes.

jueves, 4 de junio de 2009

Licencia de obra para el centro deportivo de la ACB en El Palo (La Opinión)

 La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) ya tiene luz verde para iniciar la construcción de las obras de un pabellón deportivo de alto nivel en las antiguas cocheras de los tranvías en la avenida Juan Sebastián Elcano, en El Palo.
La asociación tiene ya la licencia de obra autorizada por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, lo que permitirá que los trabajos se inicien próximamente.
El terreno está prácticamente listo para iniciar los trabajos ya que durante los meses de octubre y noviembre pasados se llevaron a cabo las tareas de demolición de las instalaciones que aún existían en el recinto.
El complejo deportivo que construirá la ACB, sobre una superficie de 8.200 metros contará con un centro ´wellness´ donde se ubicará una piscina cubierta de 25 por 12,5 metros, otras dos piscinas de 12,5 por 5 metros, salas para ´fitness´, gimnasio, cafetería y vestuarios. Además, en el exterior, se incluirán pistas de pádel. La inversión superará los 8,5 millones de euros. 
La construcción de este centro forma parte de un convenio firmado entre el Ayuntamiento y la ACB que pagará un canon anual de 30.000 euros por la cesión de los terrenos y otros 30.000 como prestaciones adicionales que consistirán en la utilización de las instalaciones y los servicios del centro deportivo por este valor.

El PGOU acepta las limitaciones de altura a los rascacielos (La Opinión)

Un documento final, que irá a un pleno extraordinario la próxima semana, asume que Aviación Civil fije los límites de altura de las torres de Repsol y La Térmica

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El Plan General de Ordenación Urbana de Málaga (PGOU) "tendrá en cuenta" finalmente "lo establecido" por Aviación Civil sobre "adaptación" de alturas máximas para los rascacielos previstos en los suelos de Repsol y La Térmica y establece que tanto en estos sectores como en otros "que puedan incumplir las servidumbres aeronáuticas" será la propia Aviación Civil "quien establecerá las limitaciones definitivas de alturas", tras los estudios aeronáuticos de detalle pertinentes, a los que deberán acogerse las construcciones que se realicen en dichas zonas.
Estas determinaciones forman parte del documento de revisión del texto de aprobación provisional del PGOU que el equipo de gobierno del Ayuntamiento llevará para su aprobación a un pleno extraordinario previsto para el martes de la próxima semana, según explicó ayer el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz.
El texto es un trabajo de corrección de los errores percibidos y de incorporación de algunas de las indicaciones apuntadas en los informes sectoriales remitidos por otras administraciones, indicaciones que han sido consensuadas en las reuniones mantenidas entre los redactores del PGOU y los técnicos de dichas administraciones. 
Salvo en lo referido a Aviación Civil, el documento que se eleva a aprobación el próximo martes, no presenta modificaciones sustanciales a lo ya establecido anteriormente en el PGOU. 
Una vez aprobado se remitirá a la Junta de Andalucía cuyos responsables se han comprometido a emitir la resolución de aprobación definitiva antes de finales del mes de julio, si bien dejando fuera las actuaciones que la Administración andaluza rechaza, como Arraijanal o la construcción al norte de las rondas. 
El grupo socialista acusó ayer al PP de "falta de previsión", y puso de relieve que con este tipo de actuaciones el alcalde, Francisco de la Torre, "no hace otra cosa que frenar de forma continuada el avance de la ciudad".

La Junta impulsará un sello de calidad para edificios nuevos (La Opinión)

El consejero de Vivienda apoyará esta idea de los promotores para recuperar la credibilidad del sector. Sería de adscripción voluntaria y aseguraría la calidad de la construcción y su legalidad

MIGUEL FERRARY. MÁLAGA La Junta de Andalucía está dispuesta a apoyar la creación de un sello de calidad para las nuevas promociones, en especial en la Costa del Sol, con idea de recuperar la credibilidad del sector de la construcción, muy dañadas por casos de corrupción y de ventas ilícitas de viviendas.
Al menos así lo planteó ayer el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, quien participó en los ´Desayunos con abogados´ que organiza el Colegio de Abogados de Málaga y en el que lanzó este anuncio. Espadas afirmó que este sello de calidad ya funciona "en dos o tres países europeos con eficacia" y reconoció que es una idea planteada por promotores de Almería y Málaga "que tendría el apoyo de la Junta de Andalucía para ofrecer este marchamo de calidad".
Esta propuesta se encuentra todavía en sus primeros pasos, ya que antes quiere entrar en contacto con los empresarios "para ver cuáles estarían dispuestos a participar de este sistema de calidad". De hecho, Juan Espadas insistió en que sería de carácter voluntario.
Este certificado tendría como objetivo asegurar al comprador "el cumplimiento riguroso" de la normativa por las promociones y la calidad en la construcción, según apuntó el consejero, al tiempo que señaló que estaría vigente para toda Andalucía "aunque interesa sobre todo para la Costa del Sol porque ha sido más castigada por un modelo de desarrollo urbanístico depredador".
Embrión local. La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga tiene prevista la puesta en marcha de un sistema similar para sus propios asociados, como recalcó la gerente de la entidad, Violeta Aragón, quien adelantó que se centrará en comprobar "que la promoción certificada cumple con los requisitos legales para defensa del consumidor". 
"Ya existe una ley que asegura las cantidades que aporta el comprador, que la documentación que se entregue esté completa y con todos los datos. Nosotros lo que haremos es avalar que se cumplen estas exigencias", manifiesta Violeta Aragón. 
Sobre la propuesta del certificado propuesto por la Junta, la gerente de la ACP advierte de que "se obtiene el certificado de final de obra porque el edificio cumple con todas las garantías de calidad y ese sello no tiene sentido". No obstante apuntó que esperan conocer más detalles del planteamiento de la administración.
Bolsa de vivienda. El consejero de Vivienda también aprovechó su intervención de ayer en el Colegio de Abogados de Málaga para anunciar que hoy se reunirá con sindicatos y empresarios para proponer una bolsa de viviendas rebajadas con idea de dar salida al ´stock´ de pisos sin vender en Andalucía.
La intención de la Junta es hacer aflorar el ´stock´ de viviendas libres que reúnan requisitos en precios y calidades para familias de rentas medias que quieran dedicarla a vivienda habitual. Juan Espadas plantea que los propios promotores incluyan estos pisos de forma voluntaria con una rebaja que los hagan atractivos y, en el plazo de un mes, disponer de una base de datos para ofrecer en el mercado. De forma paralela, la Consejería negociará con los bancos la concesión de hipotecas para estos compradores.

Urbanismo mantiene en el PGOU los proyectos a los que se opone la Junta (Málaga Hoy)

Insiste en construir en Arraijanal y el norte de la ronda y en el puerto deportivo de El Morlaco, actuaciones todas ellas rechazadas por la Administración autonómica

El Ayuntamiento de Málaga vuelve a hacer oídos sordos al rechazo que de manera reiterada y pública ha expuesto la Junta de Andalucía a algunas de las principales intervenciones contempladas en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad. A pesar de la insistente negativa de la Administración autonómica a que los terrenos de Arraijanal sean ocupados, a que se construya medio millar de viviendas al norte de la ronda este, a la edificación en las márgenes del río Campanillas o al diseño de un puerto deportivo en El Morlaco, el equipo de gobierno del PP insiste en mantener todas estas actuaciones en el planeamiento, que el próximo martes, en un Pleno extraordinario, será objeto de pequeñas modificaciones.

De hecho, de los proyectos contemplados en el PGOU y afectados por las observaciones de los organismos públicos con competencias en la materia, los únicos en los que el equipo de gobierno acepta las exigencias son los correspondientes a las torres previstas en los suelos de Torre del Río, Nereo, Repsol y el polígono San Rafael, cuyas alturas deberán ajustarse a lo dicho en el informe emitido por Aviación Civil. Esto supone, si no hay un cambio posterior por parte de este organismo, una rebaja de hasta 30 metros en las cuatro edificaciones dibujadas junto a La Térmica y de 85 metros en el gran rascacielos diseñado en Repsol, cuya altura inicial era de 186 metros. 

El equipo de gobierno del PP justifica su decisión en que los proyectos objeto de confrontación, a los que hay que sumar la propuesta del colegio de Maristas en suelo protegido y de dos hoteles en la zona de Churriana, son actuaciones "cuya viabilidad y beneficio para la ciudad se ha puesto de manifiesto ante las distintas administraciones que las han declarado inviables por cuestiones de oportunidad, no por cuestiones de legalidad". En este sentido, desde el Consistorio se considera que la Junta se ha extralimitado en sus competencias al oponerse a estas propuestas urbanísticas.

De acuerdo con la información aportada ayer por el Ayuntamiento, serán 162 los ajustes y subsanaciones que se introducirán en el documento municipal y a las que, previsiblemente, se dará luz verde mañana en la Comisión de Urbanismo y el martes próximo, en Pleno. De ellas, 49 son cambios por errores materiales, 92 por consideraciones de la Junta (38 modificaciones ante los informes sectoriales y 54 tras las reuniones mantenidas por los técnicos de Vivienda y Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento) y otros 21 ajustes derivados de los informes del Estado. A pesar del número de cambios, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, estimó que no son sustanciales, por lo que se descarta la posibilidad de someter a un nuevo plazo de información pública el documento.

La Junta plantea un certificado con el que avalar la legalidad de las viviendas (Málaga Hoy)

El distintivo fue anunciado por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, que señala que permitirá "recuperar la credibilidad" en el territorio · El mismo no será obligatorio, sino una medida de autorregulación

La Junta de Andalucía se ha marcado el objetivo de, junto a los promotores y constructores de la región, empezar a corregir la alargada sobra de duda que pesa desde hace años sobre buena parte del urbanismo desarrollado en la provincia de Málaga, así como en otros puntos de la comunidad. Con esta idea, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio ha recogido el guante que en su momento lanzaron algunos empresarios del sector y trabaja en la creación de un certificado de calidad a aplicar a las promociones inmobiliarias que así lo soliciten para despejar cualquier duda jurídica y de legalidad que pudiera existir sobre la misma.

La aplicación de la iniciativa, que ayer anunció el titular de este departamento autonómico, Juan Espadas, en el marco de un desayuno informativo organizado por el Colegio de Abogados, responderá a los múltiples interrogantes que muchos compradores aún hoy se hacen en relación al riesgo o no de adquirir una vivienda en ciertos municipios y territorios malagueños, evitando ejemplos de inseguridad como el ocurrido en Marbella o en viviendas levantadas en el ámbito rural.

Espadas, que admitió que se trata de una propuesta que llega de la mano de empresarios de Almería y Málaga, recordó que la puesta en marcha de esta acción supone una importante novedad a nivel andaluz e incluso nacional, dado que son escasas las experiencias que se conocen a nivel europeo. Asimismo, aclaró que la asunción de este certificado de calidad no será obligatorio para todos los profesionales del sector. 

"Podría recuperar la credibilidad y la imagen de un territorio, que no la ha perdido, pero en el que hay una duda o inquietud de si se cumplen todos los parámetros de seguridad", apostilló, al tiempo que explicó que el efecto de la iniciativa no será de regulación por parte de la Administración regional, sino de "autorregulación de aquellos promotores que quieran que sus edificaciones tengan un certificado que acredite una serie de requisitos, entre otros el cumplimiento escrupuloso de la legalidad urbanística".

El consejero confió en que haya una alta demanda entre los promotores, aunque admitió que probablemente despertará más interés en las zona de litoral, "porque es donde se ha castigado más, no sólo en temas de licencia, sino también respecto a modelos de desarrollo urbanístico más o menos depredadores sobre valores naturales o viabilidad de recursos hídricos".

La cuestión, no obstante, se encuentra aún en un punto inicial. Para empezar a dar forma a la propuesta, Espadas señaló que ha encargado a los propios promotores y constructores que trabajen para determinar cuál será la plataforma de empresarios dispuestos a entrar en ese sistema de calidad, a los que la Junta apoyará con algún sistema de validación.

La situación de viviendas ilegales en territorio malagueño fue uno de los temas que despertó el interés de los asistentes ayer al acto del Colegio de Abogados, en el que Espadas pronunció una conferencia sobre el proyecto de ley de vivienda en Andalucía. Durante la fase de preguntas, uno de los letrados presente interpeló al consejero en relación a la situación en la que se encuentran cientos de ciudadanos extranjeros que han comprado terrenos y edificaciones en la provincia cuya situación es irregular.

A este respecto, el consejero fue claro al pedir un reparto de "las responsabilidades" en este tipo de casos, dado que no se puede eximir "absolutamente" de la misma a los que "han querido hacer negociete y aprovechar una ventaja en un momento determinado de algo que valdría infinitamente más caro en sus lugares de origen que aquí, donde lo han encontrado a un precio magnífico". "En sus países de origen hay normativas y formas de saber la seguridad o no de inversión", añadió.

Torrox pide una subvención a la Junta para adaptar su PGOU a la ley andaluza. (SUR)

Pérez considera que es «la única vía» para asumir las viviendas pendientes 
Torrox pide una subvención a la Junta para adaptar su PGOU a la ley andaluza
Quedan aún 10.000 casas por construir. / E. C.
El Ayuntamiento de Torrox ha aprobado en pleno por unanimidad de todos los grupos solicitar a la Junta de Andalucía una subvención de 67.000 euros para financiar los trámites para proceder a la adaptación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, que data de 1996, a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Este trámite permitirá desbloquear la situación de «parálisis» que está viviendo el desarrollo urbanístico de la localidad, como consecuencia de la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía (POTA), en 2006.
Según explicó el concejal de Urbanismo, José Luis Pérez Moreno (IU), esta adaptación se realizará de forma paralela a la revisión del plan, un trámite que ya se ha aprobado de forma inicial, aunque ha recibido un primer informe negativo de incidencia territorial por parte de la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, al superar el documento los límites máximos de crecimiento en número de viviendas y en población, del 30 y el 40%, respectivamente.
En este sentido, Pérez Moreno adelantó que el equipo de gobierno tripartito (IU, PSA, PIU) tiene previsto proseguir con los trámites, ya que estos informes «no son vinculantes», aunque anunció su intención de reunirse con los responsables de la Junta para analizar las posibilidades de cambiar el documento. «Lo que no podemos hacer es desclasificar suelos que ya están como urbanizables en el PGOU del 96, porque la mayoría cuentan ya con figuras de planeamiento para su desarrollo», dijo.
«Crecimiento cero»
Por este motivo, el concejal de Urbanismo detalló que «lo único que podemos quitar en el documento de la revisión son las 400 viviendas que habíamos incluido nuevas, sobre todo en la zona de la Costa y de El Morche», detalló. «El resto -unas 10.000- tienen que seguir ahí», justificó, al tiempo que explicó que con el trámite de la adaptación parcial del documento urbanístico ahora en vigor a la LOUA, se conseguirán «desbloquear estos suelos y proseguir con los trámites para su urbanización». «Sólo podemos prever crecimiento cero de nuevas viviendas que no estaban en el plan del 96», insistió el concejal.
Por otro lado, apuntó que actualmente se está procediendo a estudiar las 400 alegaciones presentadas a la propuesta de revisión del PGOU, de manera que la aprobación provisional del nuevo documento urbanístico podría tener lugar antes de finales de año.

La Junta promoverá la venta a buen precio del stock de viviendas de la región (SUR)

Aunque no hay cifras oficiales, los expertos calculan que Andalucía suma un stock de entre 100.0000 y 150.000 viviendas. Dispuesto a atajar esa oferta de inmuebles sin vender y a reactivar el mercado inmobiliario, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, anunció ayer que la administración andaluza pretende sacar este mes de junio una convocatoria con la que quiere configurar una bolsa de pisos que reúnan un perfil concreto y cuyos promotores estén dispuestas a ponerlas a la venta a precios «interesantes», dijo Espadas.
El consejero, que asistió ayer al ciclo de 'Desayunos con abogados', organizado por el Colegio de Abogados de Málaga, explicó que el objetivo es despertar la demanda de ciudadanos que tienen ahorros y están expectantes.
Para ello, adelantó que ya ha mantenido dos reuniones con agentes del sector y que su intención es cerrar la convocatoria en un par de meses para a continuación establecer acuerdos con entidades bancarias para garantizar la financiación de los pisos. Su deseo, dijo, es que este proyecto sea una realidad a finales de este año.

El Ayuntamiento no se pliega a las exigencias de la Junta sobre el PGOU (SUR)

El equipo de gobierno mantiene la construcción en Arraijanal y al norte de la ronda este en el documento, al que se realizan 162 modificaciones para corregir errores
Urbanismo confía en que el recorte a las torres por parte de Aena pueda reducirse


El equipo de gobierno municipal mantiene en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) los proyectos rechazados por la Junta de Andalucía y critica el informe medioambiental realizado por ésta para considerarlos inviables. El Ayuntamiento celebrará el próximo martes un pleno extraordinario para efectuar 162 correcciones al documento de las que 49 son errores materiales y el resto se han derivado de las indicaciones realizadas por otras administraciones en sus respectivos informes. Sin embargo, los proyectos que han generado una mayor controversia, al ser rechazados por el Gobierno andaluz en la Declaración de Impacto Ambiental, se mantienen en el plan.
Es el caso de la urbanización de los terrenos de Arraijanal, junto a Guadalmar, para construir hoteles, 664 viviendas y oficinas. Sobre esta actuación, Urbanismo asegura que los argumentos expuestos por la Junta para resaltar las cualidades ambientales de la zona «no están basados en estudio alguno, protección o directiva».
En ese sentido, el Ayuntamiento señala que la afirmación de la Declaración de Impacto Ambiental sobre la existencia en Arraijanal de especies vegetales incluidas en una directiva de protección (la Directiva Hábitats), como la denominada 'azucena del mar' (pancratium maritimum), no es cierta. En concreto, argumenta que la citada planta no está catalogada dentro de la citada directiva, a la que además no pertenece Arraijanal. Asimismo, recuerda que la urbanización de este espacio ya está recogida en el PGOU todavía vigente de 1997, por lo que no tiene que ser evaluada ahora por la Junta.
Limonar Alto
En cuanto a la construcción de medio millar de chalés al norte de la ronda este, en la zona denominada Limonar Alto, Urbanismo responde al Gobierno andaluz que «los riesgos de erosión son mínimos con la baja edificabilidad y los accesos viarios pegados al terreno, además se han preservado las vaguadas y delimitado las llanuras de inundación para que no sean ocupadas, y se preservan masas forestales».
En el mismo sentido, el equipo de gobierno critica la doble vara de medir de la Junta para la urbanización de los márgenes del río Campanillas. Según comenta, unas cuatro mil viviendas propuestas por el PGOU se rechazan por riesgo de inundación, pese a que su construcción se condiciona a que el río sea encauzado, y en cambio se permiten otros sectores residenciales y empresariales en el curso bajo del cauce que, según el Consistorio, tienen «las mismas características de inundabilidad previa al encauzamiento».
«Es un ejemplo más de la discrecionalidad de criterios de la declaración de impacto y la ingerencia que supone en la potestad planificadora del municipio», relata el expediente del correción del PGOU, que también mantiene la realización de un puerto deportivo en la zona de El Morlaco.
Por otra parte, en cuanto a los informes de Aviación Civil que obligan a recortar las torres de pisos previstas en los sectores de Repsol, junto a la avenida de Juan XXIII, y en la Térmica, Urbanismo confía en que las indicaciones de Aena varíen más adelante, con el uso de la segunda pista del aeropuerto, y sean menos restrictivas.
Crítica del PSOE
El portavoz del grupo municipal del PSOE, Rafael Fuentes, criticó ayer que el PGOU «contiene hasta 162 errores cinco años después del inicio de su redacción» y que el equipo de gobierno insista en mantener proyectos «que ya conocían de informes contrarios». En el mismo sentido, el edil socialista Sergio Brenes dijo que el plan ha creado unas «expectativas irreales» que generan inseguridad a promotores.
Por otro lado, el pleno del martes avanzará en los trámites para construir 190 viviendas entre El Mayorazgo y Cerrado de Calderón y 3.970 en Lagar de Oliveros, al oeste de Puerto de la Torre. La Junta debe autorizar ambos proyectos.

miércoles, 3 de junio de 2009

Empresarios alertan del daño económico si no se aprueba el PGOU. Marbella (MALAGAHOY)

Aseguran que si no se acomete la aprobación provisional este mes se perderán miles de puestos de trabajo.

 Marbella perderá el 30 por ciento de su tejido empresarial y comercial, miles de puestos de trabajo y grandes inversiones privadas si el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad no se aprueba de forma provisional en junio. Esta fue la advertencia que lanzó ayer la Asociación de Empresarios y Profesionales de Marbella (CIT), cuyo presidente, Miguel Gómez, exigió que se acometa la aprobación provisional del documento este mes, dado que resulta "de vital importancia para la supervivencia de nuestro tejido empresarial".

Gómez, que presentó junto al secretario general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara, una batería de medidas empresariales "anticrisis", destacó que la tramitación de los planes urbanísticos "condicionan los resultados económicos de las empresas incidiendo directamente en su competitividad y en su cuenta de resultados". "Las informaciones que tenemos es que hay grandes inversiones pendientes de venir a Marbella, pero sin seguridad jurídica no lo van a hacer", afirmó el presidente del CIT.

En relación con la seguridad jurídica y urbanística, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), mostró ayer su satisfacción sobre las consideraciones recogidas en la Memoria de 2008 del Consejo Consultivo de Andalucía, que aprecia un retorno a la legalidad urbanística en el litoral malagueño y cita a Marbella como ejemplo de dicha recuperación. Muñoz aseguró que el informe "supone un aliciente" para el trabajo desarrollado por su equipo de Gobierno y constituye un mensaje a la oposición "para que no sigan inventando y viendo oscurantismo en la gestión municipal".

Para Ecologistas en Acción, sin embargo, las afirmaciones recogidas en la memoria del Consejo Consultivo de Andalucía suponen "un balón de oxígeno a todos aquellos imputados en delitos urbanísticos". El colectivo aseveró ayer que "difícilmente puede ponerse a Marbella como ejemplo de buena gestión ni como retorno a la legalidad cuando se ha limitado a trasladar al Consejo Consultivo sólo 100 expedientes en dos años de Gobierno y la mayor parte no tienen nada que ver con la concesión de licencias de obras ilegales por las que se está condenando a los concejales que concedieron aquellos permisos".

El PSOE critica "la falta de planificación urbanística" del PP (Málaga Hoy)

Los socialistas aseguran que el Ayuntamiento tendrá que modificar varios convenios

El PSOE en el Ayuntamiento criticó ayer "la falta de planificación" que mantiene el equipo de gobierno del PP en materia urbanística con la aprobación de políticas basadas en modificaciones de crédito. El portavoz municipal socialista, Rafael Fuentes, señaló que el consejo de la Gerencia de Urbanismo analizará mañana el primer expediente conjunto de modificaciones de créditos y cambios de financiación del presupuesto de 2009 por 5.453.761 euros. 

Fuentes destacó que ya advirtió "de las posibles dificultades para llevar a cabo actuaciones urbanísticas a cargo de la obtención de recursos por convenios urbanísticos", lo que ha motivado que ahora "el PP tenga que desistir de proyectos importantes para hacer frente a otras actuaciones en la ciudad".