Los alcaldes de la Axarquía no quieren renunciar al urbanismo. Ni ponerle un coto tan definido como el que propone la Junta en su normativa sobre la ordenación del territorio. La totalidad de los responsables municipales de la comarca, independientemente de su color político, siguen viendo la construcción como una vía de desarrollo para sus municipios, de ahí que de manera unánime y sin apenas debate previo hayan decidido plantar cara a la Junta de Andalucía y exigir a través de la Mancomunidad oriental la reforma y modificación inmediata de la Ley de Ordenación Urbanística andaluza (LOUA). De este modo, aspiran a reimpulsar el sector de la construcción y desbloquear el urbanismo, ahora totalmente paralizado, según los propios alcaldes, como consecuencia de los numerosos procedimientos judiciales abiertos por supuestas irregularidades en materia de planeamiento, que afectan a la mayor parte de los pueblos de la comarca.
Al presidente de la Mancomunidad, José Jesús Domínguez Palma (PSOE), no le preocupa en absoluto que la iniciativa de la entidad, respaldada por todos los partidos políticos con representación en el organismo (PSOE, PP, IU y PA), se pueda interpretar como una revuelta o un frente contra la Junta de Andalucía y la legislación aprobada por el Parlamento para regular el desarrollo urbanístico en Andalucía. «Queremos aportar soluciones. No es una reflexión para salvar el pellejo a nadie», asegura.
No obstante, a nadie se le escapa que el acuerdo se produce a remolque de la iniciativa de los alcaldes socialistas de exigir que las presuntas irregularidades cometidas se resuelvan por la vía del derecho administrativo y no la penal. En este sentido, los regidores hacen constar en el acuerdo de la Mancomunidad que el problema judicial al que se enfrentan algunos ediles «es fruto de la aplicación de las diversas normas urbanísticas».
Domínguez afirma sin complejos que «la normativa andaluza en la comarca está causando una grave problema, porque hay cientos de ciudadanos que ejecutaron sus viviendas de buena fe y con todos los permisos que están siendo citados a los juzgados y tratados casi como delincuentes».
Desde esta perspectiva, defiende que pedir la reforma de la normativa andaluza, tanto la LOUA como el Plan de Ordenación Territorial de la Axarquía (POTAX), es un derecho que asiste a los regidores. «Hay algo que está fallando y las leyes deben estar hechas no para ponerse en contra de los ciudadanos», declara.
El responsable de la Mancomunidad insiste en que el desencanto con la normativa andaluza en materia urbanística, aprobada en 2002, es generalizado en la comarca, hasta tal punto que los alcaldes no tienen el más mínimo pudor en culpar en parte de todo lo ocurrido a la existencia de un marco normativo disperso y cambiante, cuya interpretación ha sido «difícil, confusa e incomprensible».
Para la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, que no interpreta el requerimiento de la Axarquía como un pulso a la Junta, lo que realmente ha empujado a la Mancomunidad a pedir la modificación de la LOUA es la vía judicial, a veces incluso penal, abierta contra las infracciones urbanísticas.
Aberración
Según López, desde la Dirección General de Inspección se está colaborando con algunos ayuntamientos para elaborar un inventario de viviendas en suelo no urbanizable, porque es necesario conocer la realidad antes de poder establecer una solución. «Sin conocer la opinión de la Consejería ni lo que realmente proponen los alcaldes, lo que no se puede es querer resolver todas las infracciones cometidas con anterioridad con una modificación de la LOUA, ni se puede convertir en urbanizable todo un término municipal porque eso sería una aberración. Nunca una modificación va a ser para permitir construcciones indiscriminadas en todas partes», asegura la delegada, que en cambio si se muestra más receptiva con la posibilidad de elaborar un reglamento para regular las construcciones en el campo.
Aunque Domínguez asegura que lo único que mueve a la Mancomunidad es la inquietud que existe entre los propietarios de estas viviendas sobre el futuro de las mismas, el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción), ve detrás del acuerdo una estrategia para conseguir la derogación de la figura del «no urbanizable» para el suelo rústico, y dejar este territorio como «urbanizable» a todos los efectos, salvo los parajes protegidos.
Las propuestas de modificación se elevarán a través de una mesa de trabajo que la entidad supramunicipal quiere que esté integrada por representantes de la Junta, Diputación, los ayuntamientos, los colegios oficiales de Arquitectos y Abogados, la asociación de promotores y constructores, los sindicatos y otros agentes sociales, aunque no así los ecologistas, que son los que más críticos se han mostrado con el construcción incontrolada en el suelo no urbanizable de la Axarquía.
Esta no es la primera vez que los alcaldes de la comarca, con los ediles socialistas a la cabeza, se colocan frente a frente al Gobierno de la Junta. Ya lo hicieron por primera vez en 2006 con motivo de la aprobación del Plan de Ordenación Territorial de la comarca, documento al que dieron un «respaldo condicionado», para forzar cambios que no han llegado. Para los alcaldes, el POTAX ni regulariza las viviendas irregulares ni atiende las peculiaridades de la Axarquía, a la vez que condena a los pueblos del interior a tener que vivir sólo de la agricultura.
Algunos regidores, que prefieren mantenerse en el anonimato, afirman que lo que la Junta está recurriendo en la comarca de la Axarquía se permite en otras provincias. «En Granada no se está recurriendo un sólo proyecto de actuación», aseguran.
Los proyectos de actuación tienen la finalidad demostrar la vinculación de las construcciones en el suelo no urbanizable a los usos permitidos (caza, ganadería, agricultura...). La Delegación de Vivienda y Ordenación del Territorio ha venido emitiendo informes negativos para tales proyectos.
Pese a todo, los alcaldes han estado concediendo licencias por decreto, previo acuerdo del pleno. La Junta, sin embargo, ha recurrido parte de estas licencias ante el Contencioso Administrativo. El resultado ha sido la anulación por vía judicial de un número de licencias, no cuantificado. Según las estimaciones de la Junta, en la comarca existen unas diez mil viviendas ilegales, mientras que los ecologistas hablan de más de 22.000.
Reacciones
El secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Heredia, valora del acuerdo de la Mancomunidad la creación de la mesa de trabajo, al señalar que los socialistas defienden un pacto social para resolver el urbanismo en la provincia. El dirigente socialista no se pronuncia sin embargo sobre la modificación de la Ley de Suelo de Andalucía exigida por los alcaldes. «No vamos a sacar conclusiones antes de comenzar», apunta.
Son muchos los municipios de la Axarquía donde la Fiscalía de Medio Ambiente ha denunciado construcciones irregulares, casi siempre con informaciones proporcionadas por el Seprona y colectivos ecologistas.
En su memoria correspondiente al año 2008, el responsable de la sección, Juan Calvo-Rubio, insistió en la falta de coloboración de las corporaciones locales para frenar los delitos urbanísticos.
