El parque empresarial de Intelhorce, en el aire por problemas de la promotora (SUR)

ING Real Estate está «reanalizando» el proyecto, que iba a generar 154.000 metros cuadrados de suelo industrial. Dos socios minoritariosdemandan a la firma holandesa

El proyecto Innova Park Málaga no tiene fecha de reanudación por el momento. / ÁLEX LOBERA

EL PROYECTO

Inicio: En marzo de 2007 se presentó el proyecto Innova Park Málaga.

Superficie: 154.000 metros cuadrados, con 110.000 edificados.

Uso del suelo: Industria escaparate.

Promotor: Parque Comercial Guadalhorce.

Calendario inicial: Estaba previsto iniciar las obras a finales de 2007 y culminar la primera fase en 2008 y la segunda en 2009.

La construcción de uno de los mayores parques empresariales que se han acometido en Málaga está en el aire. La crisis económica y problemas internos de la empresa promotora se han aliado para paralizar el desarrollo de Innova Park Málaga, un gigantesco recinto de 154.000 metros cuadrados -con 110.000 edificados- consagrado a la industria escaparate que empezaba a dibujarse sobre los antiguos terrenos de Intelhorce.

Fuentes de ING Real Estate Development, que es el accionista mayoritario de la sociedad promotora, Parque Comercial Guadalhorce, reconocen estar «reanalizando» este proyecto, cuya inversión prevista superaba los 120 millones de euros, a la luz de la difícil coyuntura económica actual. La filial de ING barajaría dos opciones: vender el proyecto a otro promotor o bien esperar a que pase la crisis para retomarlo.

Retrasos acumulados

En cualquier caso, el desarrollo de este parque empresarial está completamente paralizado, acumulando ya un considerable retraso respecto a su calendario inicial. En marzo de 2007, cuando se dio a conocer este macroproyecto, sus promotores declararon que las obras de la primera fase comenzarían a finales de ese año y culminarían doce meses después. La segunda fase se iniciaría en octubre de 2008 y terminaría el mismo mes de 2009. Ninguno de estos plazos se ha cumplido; de hecho, lo único que se llegó a acometer fueron obras de desmantelamiento de instalaciones de la textil y movimientos de tierra.

Lo que sí estaba en marcha era la venta de las naves. De hecho, en septiembre de 2007 una de las agencias encargadas de la comercialización, Atisreal, ya aseguraba que se había vendido el 50% del suelo.

Al margen de la coyuntura económica, la sociedad Parque Comercial Guadalhorce, creada en 2005 con el único propósito de construir un parque empresarial en los terrenos de Hitemasa, afronta problemas internos que han acabado en los tribunales. Sus dos socios minoritarios, Bracar SL e Iberedil SL -que poseen el 33,3% del capital-, presentaron el pasado 7 de julio una demanda en un juzgado de Madrid contra ING Real Estate Development -dueña del otro 66,6%- por incumplimiento de contrato en el seno de dicha sociedad. Su argumento: la filial del banco holandés se niega a pagarles el precio pactado por la compra de sus acciones.

Bracar e Iberedil compraron en 2005 los terrenos de Intelhorce a través de la sociedad Parque Comercial Guadalhorce, vendiendo después la mayor parte de su capital a ING Real Estate Development. «A finales de 2008, ING convence a sus socios de que el mejor escenario ante la imposibilidad de ampliar capital y la carencia de financiación externa es adquirir su participación. La venta se acordó sobre un precio cerrado de 3,6 millones de euros», asegura Villacañas. Ocho meses y dos prórrogas después, el último día de vigencia de la oferta, los minoritarios recibieron, según su versión, una carta de ING en la que aceptaba la compra, pero «por una cuarta parte del precio pactado y con el precio aplazado». En la misma fecha se produjo el vencimiento de la hipoteca solicitada en su día para comprar los terrenos, por valor de 36 millones de euros.

Según los demandantes, ING les conmina a aceptar la reducción del precio o bien a pagar su parte del préstamo hipotecario -doce millones -. La no aceptación de ninguna de estas opciones conllevaría, según la carta que aseguran haber recibido Bracar e Iberedil, el concurso de acreedores de Parque Comercial Guadalhorce. José Villacañas asegura que el banco prestamista, Sabadell, ya ha requerido el pago, por lo que el embargo de la parcela de Intelhorce podría ser inminente. Frente a estas acusaciones, fuentes de ING consultadas por SUR se limitan a negar que llegaran a un precio cerrado para la compra de las acciones y afirman no tener constancia de haber recibido una demanda.

La Junta da la razón al Ayuntamiento sobre los terrenos para el bulevar (SUR)

El Gobierno andaluz avala el argumento municipal de que el pasillo del soterramiento ya fue compensado con los beneficios del plan urbanístico para renovar la estación

El Adif ha exigido una contraprestación a cambio de ceder el suelo para la avenida

La avenida discurrirá por el espacio liberado por las vías del tren. / ANTONIO SALAS

El informe de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio sobre el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) encierra entre sus numerosos reparos al documento una agradable sorpresa para los responsables municipales. Al analizar los pronunciamientos emitidos por las diferentes administraciones sobre el Plan General, se abunda en la postura del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) del Ministerio de Fomento sobre la disponibilidad de los suelos del pasillo del soterramiento para construir el bulevar que cerrará para siempre la cicatriz urbana del tren. En este aspecto, la Junta viene a dar la razón al Consistorio sobre la propiedad de esa superficie.

Hay que recordar que el Adif expuso en su informe del mes de diciembre del año pasado que el Ayuntamiento debía compensarle con derechos urbanísticos para poder hacer uso de los suelos y construir el bulevar. En ese sentido, le instaba a definir «la forma de obtención» de los terrenos. Por su parte, el equipo de gobierno redactó un informe en el que contesta a esta posición con el argumento de que el espacio del pasillo ferroviario ya fue compensado en el reparto de cargas y beneficios del plan por el que fue renovada la estación de trenes, en el que se incluyó el trazado para el futuro bulevar. En ese sentido, el alcalde, Francisco de la Torre, insistió en su momento en que el citado plan permitió la construcción de un hotel y edificios de viviendas, cuestiones por las que considera que el Adif ya tuvo la compensación adecuada.

El informe de la Junta sobre el PGOU especifica que el «tramo referenciado está incluido en la misma área delimitada en el Plan General del 97 para el reparto de cargas y beneficios en el desarrollo del Plan Especial de Renfe». Por ello, «este punto se considera convenientemente subsanado», recalca el estudio autonómico, quien no obstante apunta que el subsuelo del bulevar -el túnel por el que circulan los trenes- deberá calificarse como sistema general de comunicaciones ferroviarias.

Mesa técnica

A mediados de este mes, el Ayuntamiento se reunió con responsables de Adif para abordar, entre otras cuestiones, ésta del uso de los suelos sobre el túnel del soterramiento. En este encuentro acordaron mantener nuevas reuniones en los próximos meses para llegar a un acuerdo sobre este asunto.

"Nadie se puede oponer a Arraijanal, ni la voluntad municipal ni la de los privados" (Málaga Hoy)

Su primer año como representante de la Junta en la provincia ha estado marcado por las complicadas relaciones con el Ayuntamiento de Málaga en asuntos como el Plan General, el Potaum o Carretera de Cádiz

María Gámez posa en la delegación de Gobierno de la Junta la semana pasada.

-¿Qué balance hace de este primer año como delegada del Gobierno andaluz en Málaga?

-Ha sido un año de una intensidad enorme, un año marcado por una situación económica dura y eso hace que todo tenga otra perspectiva, donde lo más importante es cómo está la gente.

-Desde la perspectiva que tiene como máxima representación de la Junta en Málaga, ¿cuál cree que es la principal asignatura pendiente de la provincia?

-Dar satisfacción a los ciudadanos que necesitan de viviendas a precio asequible. Hemos avanzado mucho en los trabajos preparatorios, como la delimitación de áreas de desarrollo residencial en el Potaum. De hecho, de 20.000 viviendas que se prevén más de la mitad serán protegidas. Esta asignatura manifiesta una contradicción tremenda, puesto que Málaga es una de las provincias con un mayor exceso de vivienda libre, sobre todo en la costa, al tiempo que hay una gran necesidad de vivienda en el lugar donde trabaja la gente.

-Hablemos de las relaciones con el Ayuntamiento de Málaga. En este año ha habido muchos roces: PGOU, Potaum, megahospital... ¿Cómo definiría ese trato?

-En materia de urbanismo, complicadas, porque la óptica desde la que miran el Ayuntamiento y la Junta son distintas. El Ayuntamiento sigue mirando el urbanismo como un mecanismo para hacer caja y la Junta lo hace para hacer ciudad. Y cuando las ópticas son tan distintas llegar a acuerdos es muy difícil. No obstante, viendo el análisis que reflejan los medios parece como si hubiera más motivos de distancia ahora que antes, cuando son los mismos. Hace más de dos años que se produjo la primera Declaración de Impacto Ambiental al PGOU y hace un año se produjo la segunda. Llevamos más de dos años diciéndole lo que no se debe hacer. En otras materias, sin embargo, funcionamos bien y colaboramos en proyectos como el auditorio, el soterramiento del AVE, la avenida del soterramiento, que se hará de manera conjunta...

-Un tema de fricción es Arraijanal, donde la Junta plantea la construcción de un parque. ¿Cómo se obtendrá ese suelo cuando el Ayuntamiento se niega a colaborar?

-Ese espacio se va a preservar frente a otra opción bien distinta, de chalés y hoteles. Frente a ello habrá un espacio para todos los malagueños. Se va a hacer sí o sí. Esperamos la colaboración del Ayuntamiento, porque hay que agotar esa vía, aunque es difícil. Existen caminos para hacerlo posible con los propietarios. Ya el consejero dijo que hay conversaciones con los dueños y el propietario mayoritario no espera hacer una negociación dura, sabe lo que puede esperar y no quiere perder lo que pagó. Nadie se puede oponer a hacer esto, ni la voluntad municipal ni la de los propietarios privados en su interés particular.

-Y en el actual escenario, también tenemos el megahospital...

-Va a ser un hospital de referencia en Andalucía, España y Europa, porque la idea no es tener más camas, sino aportar técnicas pioneras. Hemos pedido la colaboración al Ayuntamiento que él nos pediría. Le hemos pedido que nos lo ponga fácil, que no lo obstruya, como ha ocurrido en Cádiz, donde se ha podido hacer la operación.

-Resulta contradictorio que critiquen la utilización del urbanismo para hacer caja y justamente lo que quieran sea la recalificación de suelos para obtener dinero.

-Pero no para hacer caja, porque la Junta no gana. La Junta lo que quiere es reinvertir ese dinero en un equipamiento que requiere de unos 600 millones. Lo que le decimos es que el beneficio que le da a los privados, de los que sólo hace caja el Ayuntamiento, haga algo parecido para un proyecto público.

-¿Tienen documentos que detallen la viabilidad del hospital?

-Cuando a la consejera presentó el proyecto dijo claramente el número de camas que tendría, las áreas quirúrgicas, la pediatría especializada, una residencia para personas que quieran acompañar a los pacientes que vengan de otras provincias, zonas de investigación de empresas tecnológicas relacionadas con la biomedicina... El Ayuntamiento lo que quiere es el plano, pero primero hay que ver el suelo, que parece que estará en la zona de Soliva. Y el proyecto se encargará cuando tengamos el acuerdo con el Ayuntamiento. Me extraña que este Ayuntamiento, que es muy ambicioso, que quiere para Málaga lo mejor, diga que se hubiese contentado con un hospital con más camas. ¿Por qué en esta ocasión aspira a lo menos cuando le damos la opción y aspirar a lo más?

-Le llama la atención, ¿no?

-Tengo la respuesta. Creo que todo aquello que no alimente su esquema de agravios no le interesa. Ponerle un puente de plata a la Junta para que haga el gran hospital le pone difíciles las cosas, porque eso significaría que queremos apostar por Málaga.

-La marcha de Enrique Urkijo, ¿será un lastre para el Metro?

-Él ha sido capaz de tener las dos manos, la derecha y la izquierda, para hacer congeniar a las instituciones, y esa pérdida la vamos a sentir todos, pero el proyecto no se verá perjudicado. Se tendrá que buscar lo más parecido a él.

-¿Cuándo estará en funcionamiento el suburbano?

-La parte que sea rentable socialmente se pondrá en funcionamiento. Espero que podamos tener esa experiencia, porque los ciudadanos se merecen probarlo.

-La reurbanización de Carretera de Cádiz ha sido en los últimos años otro de los retos de la Junta. ¿Cómo se imagina la Carretera de Cádiz del futuro?

-La Junta lanzó una propuesta que creía muy buena, en la base de eliminar tráfico privado. La propuesta del Ayuntamiento se dejó caer demasiado tarde, al punto de que nos vinculaba a no ir a una actuación más ambiciosa. Creo que conscientemente. Vamos a ver si entre nuestra postura y la del Ayuntamiento, con el estado actual de las cosas, podemos hacer algo mejor.

-Se asume que una peatonalización completa es difícil.

-Parece complicado.

-El PSOE tiene abierto el debate sobre el candidato a la Alcaldía de Málaga. ¿A qué le suena todo esto?

-Me suena a que tenemos la suerte de poder barajar, con personas idóneas y capaces que pueden dar un buen perfil y pueden ser magníficos alcaldes.

-Usted no se ve en esa lista.

-Creo que es abrir demasiado la baraja.

Adif restaurará los antiguos torreones de Renfe y los destinará a oficinas (Málaga Hoy)

El organismo dependiente de Fomento se hace con la propiedad de estos inmuebles, protegidos por la Junta, tras un nuevo cambio en el Plan Especial de la zona

Los dos torreones están ahora mismo cubiertos con lonas y flanquean la entrada de la estación María Zambrano.

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Los históricos torreones que sustentaban la antigua marquesina de la estación de trenes de Málaga serán destinados a albergar usos de oficina. Así lo contempla el Agente de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Fomento, que tras una nueva variación en el Plan Especial de Renfe impulsado por el Ayuntamiento de la ciudad, pasará a hacerse con la propiedad de estas dos construcciones, que la Junta de Andalucía protegió en 2006.

Esta modificación se encuentra en fase de exposición pública, al objeto de que pueda recibir alguna alegación ciudadana. Una vez culmine este periodo y resueltas las alegaciones, si las hubiere, se aprobará provisionalmente para su remisión posterior a la Delegación de Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía para su aprobación y posterior aprobación definitiva en el Pleno del Ayuntamiento.

La principal novedad incorporada en este asunto es que se clarifica la propiedad de estas edificaciones, que hace algunos años el propio equipo de gobierno planteó como posible acceso al intercambiador modal de transportes que desea ejecutar en el subsuelo de la Explanada de la Estación, extremo que es asumido por parte de los responsables de Adif, según las fuentes consultadas.

La infraestructura planificada por los técnicos municipales, sobre la que de momento no existe un escenario claro, supondría la ejecución de una gran estación de autobuses bajo tierra con capacidad para 72 dársenas de autocares, liberando de este modo el actual espacio de la estación. Asimismo, los diseños municipales prevén la conexión de esta actuación con la línea del Metro que transitará por calle Mendívil y la estación María Zambrano. El coste estimado por los técnicos municipales para el desarrollo del intercambiador asciende a 81 millones de euros, aunque su financiación no está clara dado que la petición que hizo el equipo de gobierno del PP de disponer de fondos europeos ha sido hasta el momento desatendida.

Fuentes de Adif precisaron a este periódico que el organismo estatal ya dispone de un proyecto de restauración de los dos bloques, cuyas obras, previsiblemente, podrían salir a licitación antes de finales de este año.

Sobre lo que sigue sin haber novedad alguna es sobre la marquesina de la antigua estación, desmontada a finales de 2003 ante el inicio de las obras de la actual estación, dado que Adif no tiene previsión alguna de recuperar este elemento en sus instalaciones. Ello a pesar de que en abril de 2005 la Junta de Andalucía acordó la inscripción de la misma en el Catálogo General de Patrimonio Andaluz. Ello, según explicaron en su día desde la Dirección General de Bienes Culturales, suponía restaurar la fisonomía original de este espacio.

Colectivos vecinales optan por mantener dos viales de tráfico en Carretera de Cádiz (Málaga Hoy)

El Ayuntamiento logra el respaldo de las asociaciones y comerciantes a su proyecto de reurbanización de esta zona

Tramo de Carretera de Cádiz reabierto al tráfico tras la obra del Metro.

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El modelo diseñado por el Ayuntamiento de Málaga para reurbanizar Carretera de Cádiz aprovechando la construcción de la línea 2 del Metro (Martín Carpena-Juan Pablo II) empieza a cobrarse adeptos. Hasta el punto de que varios de los colectivos ciudadanos y vecinales con más peso en la zona de intervención, en la que habitan más de 120.000 personas, ya han mostrado su apoyo a la iniciativa municipal y al mantenimiento las avenidas Velázquez y Héroe Sostoa de dos carriles por sentido para el paso de vehículos, uno de ellos reservado en exclusiva para el transporte público. La medida choca con la idea de la Junta de Andalucía, que optaba por peatonalizar íntegramente este espacio, aunque permitiendo el paso a los residentes, así como a los vehículos de emergencias y servicios operativos.

El visto bueno de estas asociaciones, entre las que están las federaciones de asociaciones de vecinos Unidad y Cívilis, así como los comerciantes de Carretera de Cádiz, fue expuesto en las reuniones que en las últimas semanas han mantenido con responsables del Consistorios, al frente de los cuales ha estado el concejal del distrito, Julio Andrade. La toma de contacto, según explicó el edil del PP, continuará las próximas semanas con Solidaridad y varias de las asociaciones de Unidad que no estuvieron presentes en el encuentro.

"La disposición de los colectivos es muy buena en cuanto a la propuesta del Ayuntamiento", admitió Andrade, quien recordó que el diseño no abarca sólo al eje de Carretera de Cádiz, sino que propone actuaciones también en zonas aledañas. Los datos objetivos precisan que el plan de reurbanización del Consistorio interviene sobre 54 hectáreas de suelo, mientras que el de la Administración autonómica se reduce a 13 hectáreas.

La propuesta municipal proyecta el desarrollo de una urbanización básica en 263.173 metros cuadrados, de los que 126.809 se corresponden con Carretera de Cádiz y 1356.364 con zonas colindantes, al tiempo que se plantea una urbanización complementaria en 305.000 metros cuadrados. La ejecución permitiría ampliar el espacio peatonal, ya que las aceras pasarían de casi 96.000 metros cuadrados a 172.000. Por su parte, la calzada se vería rebajada de 85.500 metros a 53.267 metros.

"Ninguno de los colectivos apuesta por una peatonalización total; todo el mundo entiende que eso no es posible", señaló el concejal del distrito. Destacó que es importante que los responsables de la Obras Públicas, que se comprometió a analizar su colaboración económica en el proyecto, conozcan la opinión de los vecinos respecto a lo que hacer en la zona.

El presidente de Unidad, Ramón Carlos Morales, consideró "interesante" las medidas que se incluyen en el proyecto municipal y la calificó de "sensata". "En lo que se refiere a la Avenida de Velázquez no es que se mejore sustancialmente lo que hay, pero plantea mejoras en las avenidas transversales, con el soterramiento de Molière y Juan XXIII", explicó. "Estaremos a lo que digan las asociaciones de Carretera de Cádiz", añadió.

En la misma línea se pronunció el presidente de Cívilis, Antonio Fuentes, quien si bien entendió que el proyecto es "tardío", tildó la iniciativa de "ambiciosa". "Lo que más me gusta es que es un proyecto completo, que no se limita a reurbanizar Héroe Sostoa y Velázquez, sino que abarca todo el entorno", dijo, al tiempo que mostró su duda respecto a la financiación: "Veremos quién paga eso. Respecto a la propuesta autonómica, Fuentes valoró la acción, pero abogó por mantener paso para el tráfico.

Cinco años en el limbo. Marbella (Málaga Hoy)

El próximo miércoles el Pleno del Ayuntamiento de Marbella decidirá la aprobación provisional de su nuevo PGOU · Será entonces cuando se deshoje la incógnita sobre las últimas 500 viviendas ilegales

Una mujer toma el sol delante del edificio Banana Beach, construido ilegalmente junto a la playa.

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Tal vez sea uno de los documentos urbanísticos sobre los que más ojos hay puestos actualmente en todo el panorama nacional. No en vano, Marbella ha sido noticia durante demasiados años por los desmanes urbanísticos cometidos por anteriores corporaciones y por los intentos a la vuelta a la legalidad que se están dando desde 2006. Pero claro, 18.000 viviendas fuera de ordenación (tal y como avanzó la entonces consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, en la presentación del Plan General de Ordenación Urbana hace tres años) tienen difícil acomodo.

Ahora que el plan está a punto de ser aprobado provisionalmente, no está de más hacer un pequeño resumen de los acontecimientos que han dado lugar al texto en sí.

El plan general urbanístico comenzó a redactarse en 2004, en virtud de un acuerdo suscrito entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella, en aquel momento en el que Marisol Yagüe era alcaldesa de la localidad. El equipo dirigido por el arquitecto Manuel González Fustegueras (ligado a la redacción de múltiples planes urbanísticos por designación de la Junta, y que de hecho, fue concejal de Urbanismo en Jerez de la Frontera por el PSOE) se puso a trabajar de inmediato, y en 2005, se celebraron las primeras reuniones sectoriales con los diferentes colectivos sociales. Había que poner orden en muchos puntos.

El primer punto de inflexión que tuvo el devenir de este documento tuvo lugar en noviembre de 2005. Concepción Gutiérrez acudió a Marbella acompañada por el ya ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, para hacer pública una decisión inédita (la primera de muchas): la retirada de competencias urbanísticas a la ciudad. El Gobierno andaluz asume en solitario la redacción de este PGOU, que si todo avanza según lo establecido, se llevará a pleno el próximo miércoles. Mientras, se sucedían las idas y venidas de los concejales y responsables de la corporación gilista a los tribunales por el desaforado urbanismo practicado en la era GIL, las demandas por licencias ilegales se amontonan en los juzgados (aún quedan unas 200 que deberán ser dirimidas).

El 29 de marzo de 2006 la situación cambia radicalmente: la operación Malaya significa la detención de todos los miembros del equipo de gobierno y la posterior disolución del Consistorio. Con la llegada de la Comisión Gestora a la ciudad (en la que estaban presentes PSOE, PP, IU y PA), se empiezan a tomar las primeras decisiones que significan la recuperación de la normalidad urbanística: precinto de edificaciones ilegales, creación de la Oficina de Planeamiento de la Junta en la ciudad y la primera solicitud de aplazamiento de ejecución de sentencias hasta la aprobación definitiva del Plan General.

Las elecciones de mayo de 2007 dieron la victoria al Partido Popular. Se produjo entonces la devolución de competencias urbanísticas al Consistorio, y también, el 17 de julio de ese mismo año, la aprobación inicial del PGOU. Tal y como ha recalcado la regidora, Ángeles Muñoz, en más de una ocasión, "no es el plan que queremos para Marbella, pero entendíamos que había que asumirlo para devolver la legalidad en un documento de planeamiento. Era lo más sensato: aprobar sin modificar una coma". El proceso de exposición pública y las reuniones con colectivos se dilataron durante dos meses. Se presentaron más de 8.500 alegaciones en esta fase. La mayor parte de ellas tenía como objeto el sistema de compensación, por el cual es la propiedad la que había de pagar por las irregularidades cometidas.

Reuniones con afectados, con promotores, recepción de informes sectoriales… Y trabajo conjunto entre los técnicos municipales y equipo redactor. Un año después de aquella aprobación provisional, se produce la aprobación en pleno de los cambios introducidos por ambos en el documento. De nuevo se abre el período de alegaciones y, de nuevo, más de 8.000 solicitudes de modificación del documento. Surge la polémica por la modificación de las lindes del término municipal, debido a un acuerdo suscrito entre los regidores de Marbella y Benahavís, por el cual 14.000 metros cuadrados (que, según el PGOU de Benahavís son urbanizables y que por el de Marbella son zona verde) pasan a ser de la localidad vecina. El Consejo Consultivo emitió un dictamen por el cual se determina que será la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Gobernación, la que tenga que decidir al respecto.

A finales de junio de este mismo año, el Ayuntamiento recibe de manos del equipo redactor el texto para su aprobación provisional. En los tres textos hay una tónica común: más de 1.000 viviendas no ocupadas se quedan fuera de ordenación. Pero hay tres promociones, que suman otro medio millar de casas, que tampoco tienen acomodo, y estas sí están habitadas. Se trata del Banana Beach (sobre el que además pesa una sentencia de demolición), Río Real y La Víbora. Muñoz tiene la firme intención de regularizar estas tres promociones, tal y como anunció el pasado día 16. La Junta, a través del consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, lo advirtió claramente: "El pulso [de la regularización de viviendas] no es con la Junta, sino con los tribunales". Para el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio es "un profundo error plantear la legalización con carácter general con el criterio de que vive gente", algo que entiende es "jurídicamente imposible". "Siempre hemos dicho que no se trataba de legalizar lo ilegal, de un simple cambio de etiqueta, sino de definir un modelo coherente y razonable", explicó el consejero.

Muñoz parece que reculará. Ambos se reunieron el jueves para acercar posturas sobre el PGOU, cuya segunda aprobación provisional se lleva el miércoles a un Pleno extraordinario. Espadas afirmó que parece que la alcaldesa "reconsidera su postura, pero vamos a esperar a conocer los cambios y luego nos pronunciaremos". No en vano, la regidora adelantó que "no quería introducir elementos de inseguridad o de cuestionamiento de la legalidad urbanística".

De momento, hoy está convocada la comisión informativa del Pleno extraordinario de la aprobación del PGOU.

Una decena de edificios en estado de abandono, pendientes de ser subastados (Málaga Hoy)

La Gerencia de Urbanismo ultima los trámites para la venta forzosa de estos inmuebles · Entre ellos se incluyen los dos de la calle Mariscal, cuya enajenación quedó desierta al no recibir ninguna oferta

Edificios de la calle San Félix Cantalicio 5, 7 y 9.

Calle Vendeja, 2 y 4.

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La espada de Damocles, en forma de amenaza de expropiación y subasta, pende en estos momentos sobre los propietarios de una decena de edificios del centro histórico de Málaga. Todos ellos tienen un denominador común: haber incumplido sus obligaciones en materia de conservación de las edificaciones y estar en el punto de mira de la Gerencia de Urbanismo, que estudia poner en venta estas construcciones para acabar de esta manera con la dejación de sus dueños.

La vía en la que trabajan en este momento técnicos del servicio de Conservación de Urbanismo es la misma que se empleó a principios del pasado año con los bloques Mariscal 3 y 5, protagonista negativo de uno de los casos más conocidos y denunciados de acoso inmobiliario, y cuyo lamentable estado viene provocando quejas por parte de los vecinos desde 2004. El anuncio de enajenación de estos dos inmuebles, por algo más de 2,4 millones de euros, no despertó, sin embargo, el interés que podían pensar los responsables del equipo de gobierno, puesto que la convocatoria quedó desierta. Transcurrido ya más de un año desde esa primera intentona, el Ayuntamiento se prepara para sacarlo por segunda vez a subasta, en este caso a un precio algo inferior.

A esta convocatoria se podrían sumar en los próximos meses otros siete inmuebles, según la información remitida a este periódico por Urbanismo. En la misma se hace especial hincapié en los casos de calle Gaona,16; calle San Félix Cantalicio, 5, 7 y 9; Vendeja 2 y 4 y Trinidad Grund, 3, así como calle Somera 9 y 11. En la mayoría de estos casos, Urbanismo tiene tramitados expedientes por incumplimiento de la propiedad, lo que supone la inscripción de los inmuebles en el registro de edificios y solares y, pasado un plazo de un año sin que haya acción alguna por parte de la propiedad, la puesta en venta forzosa de los mismos con el fin de restituir la situación.

Si bien el engranaje de la maquinaria municipal ha acelerado su funcionamiento en los últimos años ante los supuestos de asustaviejas y abandono de edificios, hay ejemplos que constatan que la misma no siempre actúa con la misma celeridad. Uno de ellos es el de Gaona, 16. El pasado mes de febrero, Urbanismo aprobó el incumplimiento de la función social de la propiedad, pero lo hizo después de que desde 1997 se produjese una primera denuncia de Bomberos ante la necesidad de que se efectuase el apuntalamiento de la cubierta de la caja de las escaleras. Tras esta primera negligencia, nueve más entre 1997 y 2003.

Igualmente llamativo es el caso de Vendeja 2 y 4, con entrada desde Trinidad Grund, dado que los propietarios de este inmueble, que actualmente está completamente apuntalado, proyectaban la construcción de un hotel de cinco estrellas en el mismo. Sin embargo, el Ayuntamiento rechazó el estudio de detalle presentado y optó por incluir la edificación en el registro de solares, hecho que supuso el recurso por parte de la empresa responsable de la intervención.

A estos casos hay que sumar otros edificios en los que la dejación es igualmente evidente aunque la propiedad ha planteado a última hora la posibilidad de intervenir en los edificios. En este supuesto, Urbanismo incluye el número 9 de la calle Casas de Campo y los 2 y 4 de Simonet, donde "el trámite se ha prorrogado porque el propietario presentó un proyecto", y Alameda de Colón, 7, cuyo dueño ha obtenido licencia para intervenir en el mismo.

"La idea que tenemos es seguir adelante con esta herramienta, al objeto de evitar que los edificios se deterioren", comentó el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado. Un instrumento al que en el último año se ha sumado la Inspección Técnica de Edificios (ITE), a la que están obligados los propietarios de inmuebles con una determinada antigüedad. La primera fase del proceso afectó a 2.200 edificios de más de cien años y protegidos, de los que 1.240 han sido objeto de examen. De estos últimos, 735 disponen de informe positivo y los 481 restantes han de ser sometidos a obras de mejora y adecuación.

La opción manejada por el equipo de gobierno del PP fue respaldada por el Defensor del Ciudadano de la Provincia, Francisco Gutiérrez, quien a lo largo de los últimos años ha denunciado decenas de casos de acoso inmobiliario en el centro de Málaga. Cuestionado por la posible subasta de algunos de los inmuebles implicados en estas denuncias, consideró que se trata de una línea interesante, "al menos porque es una decisión que se toma ante la dejación de la propiedad". Sin embargo, estimó como "más efectiva" la expropiación de los bloques por parte del Consistorio.

En este sentido, recuerda lo sucedido hace un año con Mariscal 3 y 5, que fue subastado por el Ayuntamiento sin recibir una sola propuesta. "Me consta que había seis o siete empresas interesadas en hacerse con los edificios, pero el precio que se pedía por ellos era muy elevado", indicó. "Hay que buscar un precio que sea atractivo para las empresas, más aún cuando se trata de edificios que prácticamente hay que tirarlos y a cuyos inquilinos hay que realojar", añadió.

Suspenso en urbanismo (La Opinión)

Una lucha incomprensible para el ciudadano se ha abierto entre el equipo de gobierno del Consistorio malagueño y la Junta de Andalucía, cuyos órganos de vigilancia legal consideran inadecuados tantos capítulos del plan de ordenación urbana propuesto para Málaga, que prefieren su hundimiento en el mar de las suspensiones absolutas, antes que los retoques. Don Francisco está convencido de que aún queda septiembre, ahí sacará buena nota. La Consejería, inflexible aunque condescendiente, ha indicado que en la próxima convocatoria el plan pasará de curso y, además, desmiente que la tenga tomada con el alcalde, lo castiga por su bien y por el de todos los vecinos. El paseante contempla tantas barbaridades autorizadas a lo largo de la Nacional 340 que sufre una profunda desorientación. Por un lado Málaga se encuentra constreñida en su crecimiento y por otro su crecimiento deglute el entorno, al que ya no queda un metro virgen, si no acudimos a un concepto tan en extremo laxo de lo virginal que provocaría chistes. Una residencia de ricos banqueros, pongamos Zurich, se agazapa tras las cómodas murallas del lujo y la exclusividad. Málaga, mal que le pese, ahora necesita expandirse; su desarrollo exige la repoblación del Centro urbano, a la vez que el diseño de nuevas avenidas, la conquista de terrenos hasta hace poco industriales y, desde luego, un avance más allá de las rondas como sucedió a Madrid cuando traspasó la M-30, o a Barcelona o Valencia cuando corrieron más allá de sus anillos, o como en los casos paradójicos de Rincón de la Victoria, Benalmádena, o Marbella, terrenos sobre los que la Junta sí tiene competencias y sobre los que el pagano (por cuestiones de pagos) no comprende por qué no se actuó con iguales criterios a los que se aplica con Málaga para que no se produzca esa pretendida inseguridad jurídica con que, según parece, nos íbamos a despertar cada mañana los vecinos si el plan hubiese sido aprobado.

Una gran descoordinación se atisba entre varias actuaciones administrativas, perjuicio para los contribuyentes de una localidad que vive en un grado excesivo de la construcción, sí, pero para la que no se anuncia otro horizonte. Si la expropiación de Arraijanal por parte del Ministerio correspondiente ya se hubiera llevado a cabo, si las circunvalaciones se trazaran con previsión de amplio futuro, o si los trenes anduviesen entre nosotros bajo tierra como en cualquier núcleo civilizado desde hace décadas, no se habrían producido ese ofensivo tirón de orejas a la alcaldía de Málaga que, desde la óptica de las declaraciones de la Junta, semeja un ayuntamiento de especuladores facinerosos, como aquel que la misma Junta tuvo en la Costa a pocos kilómetros de aquí y contra el que no fue capaz de actuar, hasta que no cayó casi por el propio peso de su cadáver. El exceso de rigor también provoca injusticias, o revanchas, según se mire.

José Luis González Vera

Unos cinco inversores se interesan por adquirir el hotel Don Miguel (La Opinión)

El Supremo considera que los dueños declararon la quiebra de manera fraudulenta

EUROPA PRESS La adquisición del hotel Don Miguel del municipio malagueño de Marbella, que cerró sus puertas el 5 de octubre de 2004, ha despertado el interés de al menos cinco inversores tanto nacionales como internacionales.

Este establecimiento emblemático de la Costa del Sol está ubicado en una parcela de más de 70.000 metros cuadrados a cinco minutos del centro urbano del municipio, y cuenta con unos grandes jardines subtropicales, además de piscinas.

El secretario general de Turismo, Comercio y Hostelería de CCOO-A, Gonzalo Fuentes, informó a Europa Press de que el Tribunal Supremo (TS) no ha admitido a trámite el recurso de la actual empresa propietaria del establecimiento, presentado ante el Alto Tribunal tras la condena de la Audiencia Provincial de Málaga a 11,9 millones de euros.

Según Fuentes, el hotel tiene, actualmente, un precio que ronda los 30 millones de euros y en el que se incluye la deuda que mantiene. En este sentido, declaró que, una vez que tiene "estabilidad jurídica" y el suelo se fija en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como de uso hotelero, "puede que aumente el interés".

Indicó que los propietarios "no han conseguido su objetivo de especular con este hotel", y confió en que la solución llegue cuanto antes, ya que si no se consiguiera vender el establecimiento, éste saldría a subasta, tal y como ha sucedido recientemente con el hotel Byblos de Mijas (Málaga), otro emblemático recinto que se ha adjudicado en subasta pública por la ejecución de créditos hipotecarios a una sociedad de origen inglés, aunque aún se está a la espera de la resolución sobre la finca del edificio principal.

ANTECEDENTES

El 5 de octubre de 2004 la empresa propietaria del Don Miguel cerró las puertas del establecimiento hotelero y presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) tras las demandas interpuestas por más de 200 trabajadores, que protestaron al considerar que el cierre era un "fraude". Tras varios procedimientos judiciales y con la sentencia del TS, CCOO confía en que la solución llegue en breve.

"Muchos empresarios son ladrilleros que van buscando la rentabilidad a corto plazo y no piensan que los hoteles aquí generan mucho empleo", afirmó, al tiempo que apuntó que el mismo edificio del Don Miguel tenía un precio, según los propietarios, de 100 millones de euros, y ahora es de unos 30.

Fuente recordó que se firmó un plan de viabilidad entre empresa y trabajadores que nunca se cumplió porque "lo que querían era dejar morir lentamente el hotel y su finca con la pretensión de reconvertirlo en apartamentos y adosados".

Este hotel cuenta con 502 habitaciones y 28 salas de reuniones, alguna de ellas preparadas para albergar congresos. En las diversas crisis que sufrió el turismo en la Costa del Sol en los años 80 y 90 cerraron más de 25 establecimientos hoteleros, lo que representó más de 7.000 camas hoteleras menos. Algunos de ellos se reconvirtieron en comunidades de propietarios.

Una de las mejores noticias para el sindicato es el compromiso con la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, para que el suelo donde se ubica este establecimiento sea para uso hotelero y no residencial. Sin embargo, los sindicatos temen que la situación de este hotel se repita con Los Monteros, otro buque insignia que continúa en horas bajas y a la espera de una solución definitiva que permita la apertura total del establecimiento y la continuidad de los 180 trabajadores que llevan siete meses sin cobrar su salario.

Marbella aprueba el miércoles su PGOU para que la Junta lo ratifique este año (La Opinión)

La alcaldesa tquería introducir modificaciones para la normalización de viviendas habitadas

EFE El Ayuntamiento de Marbella prevé aprobar provisionalmente su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en un pleno extraordinario del próximo miércoles, de forma que la Junta de Andalucía pueda aprobarlo de manera definitiva este mismo año, según la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP).

La alcaldesa tenía previsto introducir modificaciones para normalizar las viviendas habitadas que quedaban fuera de ordenación en las zonas de Banana Beach, La Víbora y Río Real, pero el consejero de Vivienda y Ordenación de Territorio de la Junta, Juan Espadas, advirtió de que las propuestas de cambios planteados ponían en riesgo la legalidad del documento.

Espadas se refirió a que la legalidad del planeamiento de Marbella debe ser también vista en los tribunales, ya que existen más de cien sentencias que se verán afectadas por el PGOU.

Muñoz ha expresado su voluntad de no bloquear la aprobación del documento, que espera que entre en vigor antes de final de año, por lo que no introducirá modificaciones.

Por su parte, el PSOE considera que el plan desprecia las preocupaciones que los vecinos han manifestado en forma de alegaciones, a las que el PP no ha respondido.

El concejal socialista Javier de Luis sostiene que el documento ofrece ventajas a promotores que han causado importantes daños urbanísticos para el municipio a través de la no revisión de sus licencias de obras ilegales.

A juicio del edil, se ha ofrecido a estos promotores tres años de ventaja como mínimo para escaparse de sus obligaciones como precedentes propietarios y tres años para eludir sus obligaciones y ha criticado que este documento suponga reducción de compensaciones que los promotores deberían haber realizado.

Desde el otro grupo de la oposición del consistorio marbellí, IU, se convocó el pasado viernes una mesa de participación ciudadana sobre el nuevo plan, al entender que el equipo de gobierno del PP no cuenta con la población de cara a la aprobación provisional del texto.

El portavoz de IU, Enrique Monterroso, ha denunciado que el PP gestiona el documento de espaldas a los vecinos, por lo que destaca la necesidad de convocar a colectivos sociales para debatir al respecto.

Vecinos muestran su rechazo al PGOU marbellí por falta de participación, según IU. Marbella (La Opinión)

Según IU "no se resuelve el déficit de equipamientos y espacios públicos perdidos por los ciudadanos tras el gobierno del GIL"

EUROPA PRESS La convocatoria de una mesa de participación ciudadana sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) realizada por IU reunió el pasado viernes a una veintena de colectivos vecinales, sociales y profesionales. Según el portavoz municipal de la coalición de izquierdas, Enrique Monterroso, "todos coincidieron en que el PP ha elaborado el texto sin contar con los vecinos y no se resuelve el déficit de equipamientos y espacios públicos perdidos por los ciudadanos tras más de una década de gobierno del GIL".

La ausencia de una participación ciudadana efectiva se debe, según Monterroso, "tanto a la negativa de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, a convocar la mesa de participación, como al hecho de que no se haya contestado ninguna de las más de 15.000 alegaciones presentadas al PGOU en los dos procesos de exposición pública".

En cuanto a la oposición al PGOU en su conjunto, las críticas ciudadanas se referían a que "los vecinos no se verán resarcidos de las pérdidas patrimoniales de los atropellos urbanísticos" y a "las dificultades que existirán para gestionar el Plan, lo que motivará que las escasas compensaciones contempladas difícilmente puedan hacerse realidad", según trasladó en un comunicado el edil de IU.

Otro de los aspectos que más preocupación suscitó entre los asistentes fue la proliferación de grandes superficies comerciales, hasta cinco se contemplan en el texto que avala el PP, lo que, como denunció, "acabará por hundir a los pequeños y medianos comerciantes".

Monterroso se comprometió a llevar al pleno extraordinario del próximo miércoles, donde se prevé aprobar provisionalmente el PGOU, "este sentir ciudadano para garantizar que los vecinos y profesionales de Marbella y San Pedro Alcántara sean tenidos en cuenta".

Guadalhorce: seis municipios condenados a entenderse (La Opinión)

La constitución de una futura mancomunidad en el Valle del Guadalhorce vuelve a ser un proyecto sobre la mesa de los alcaldes de la comarca

Valle del Guadalhorce. La comarca está constituida por Coín, Cártama, Pizarra, Álora, Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre. Ana García

ANA GARCÍA. COÍN Los pueblos del Valle del Guadalhorce deberán dejar de un lado sus ganas de convertirse en la cabecera de la comarca para negociar la constitución de una única voz que les haga más grandes en conjunto. Álora, Cártama, Pizarra, Coín, Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre, todos grandes pueblos o pequeñas ciudades siempre en duelo por tener la mejor situación geográfica, el mayor crecimiento de la población o las mayores perspectivas de desarrollo.

Esta lucha constante los hace competitivos pero ahora se les plantea la oportunidad de unir fuerzas para convertirse en uno solo con la constitución de la mancomunidad de municipios del Guadalhorce.

Para los regidores más veteranos de la comarca éste es el segundo intento. El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, organizó hace doce años en su pueblo la primera reunión con los representantes del resto de localidades para poner en marcha el proyecto. Pero la idea se liquidó en poco tiempo, ya que las diferencias políticas levantaron un muro entre los ayuntamientos. "En aquella ocasión planteamos que la representatividad en el nuevo órgano fuera conforme a la composición de los plenos, pero IU, que gobernaba en Álora y Pizarra, quiso darle voz al PSOE sin tener ninguna alcaldía".

"Momento oportuno". Esto acabó con las negociaciones, aunque Villanova reconoce que ahora sería más fácil y habría que hablar. Por su parte, los regidores socialistas en la comarca ya están hablando y llevan unos meses trabajando sobre el proyecto de constitución de la mancomunidad de municipios.

José Garrido en Cártama, Gabriel Clavijo en Coín, Francisco Vargas en Pizarra y José Sánchez en Álora coinciden en que éste es el momento oportuno para la creación del nuevo ente, ya que los pueblos pueden obtener beneficios en cuanto a la gestión de servicios agrupados y favorecer el desarrollo de los municipios en el marco de la actual situación de crisis.

"Llevamos unos meses preparando este tema, aunque ahora parezca que es IU el grupo que lo plantea porque va a presentar unas mociones en los ayuntamientos para proponerlo". "Esto me parece un poco oportunista por su parte", considera el alcalde de Cártama, quien reconoce también que la mancomunidad tendrá sus inconvenientes pero que serán más los beneficios que pueda aportar a los pueblos.

Y estos beneficios son los que quiere ver el regidor de Alhaurín el Grande, Juan Martín. El primer edil asegura no estar en contra de la creación de la mancomunidad pero reconoce que le gustaría oír primero las propuestas antes de pronunciarse. "Tendríamos que ver si las instituciones como la Diputación Provincial de Málaga o la Juta de Andalucía se implicarían con financiación porque si no tuviéramos ayudas externas tampoco sería el momento", según el regidor alhaurino.

Mancomunidad. El objetivo que se plantea con la creación de la mancomunidad de municipios del Guadalhorce es el desarrollo social, cultural y económico de los pueblos. Una comarca con voz propia, al igual que la tienen el resto de comarcas de la provincia de Málaga que están constituidas en mancomunidades o consorcios.

En base a estas directrices, el alcalde de Coín, Gabriel Clavijo, ha reconocido que actualmente existe una buena sintonía entre los consistorios y que se podría llegar a un consenso antes de que finalice este año. "Este nuevo órgano permitiría gestionar servicios agrupados y favorecer el desarrollo de nuestros pueblos".
Así las cosas, ahora sólo queda esperar que los políticos, que son los que tienen la última palabra, acerquen posturas, limen asperezas y el proyecto de la mancomunidad de municipios del Valle del Guadalhorce no vuelva a guardarse en un cajón por diez años más.

El equipo de gobierno trasladará hoy a partidos y vecinos su postura final sobre el PGOU. Marbella (SUR)

El equipo de Gobierno dará a conocer hoy a los grupos de la oposición y los vecinos su postura definitiva respecto al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, que pasa por no introducir los cambios anunciados para no dilatar la tramitación. Lo hará en la comisión informativa previa al pleno extraordinario del próximo miércoles, en el que se aprobará de forma provisional el documento, y en una reunión, respectivamente. El Ejecutivo local apuró los plazos de la convocatoria y comunicó el pasado viernes a los grupos municipales del PSOE e IU la celebración de la comisión, que debe tener lugar al menos 48 horas antes de la sesión plenaria. Los tiempos han venido marcados por el intento, infructuoso, del Ayuntamiento de encontrar una solución consensuada de última hora con la Junta especialmente sobre las cuatro promociones habitadas que finalmente quedarán fuera de ordenación: Banana Beach, las viviendas de Río Real y la Víbora y un conjunto de casas situadas junto al Río Verde.

La semana pasada trascendió que el acuerdo entre ambas instituciones pasaba sólo por la retirada de las modificaciones introducidas por el Gobierno municipal al documento para incorporar el cerca de medio millar de viviendas habitadas al proceso de regularización por compensaciones que contempla el PGOU. La Administración autonómica advirtió de que estos cambios ponían en peligro la legalidad del texto urbanístico, por lo que su aprobación definitiva, en manos de la Junta, se antojaba compleja. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, aseguró que no llevaría a Marbella a una situación de bloqueo por imponer el criterio del equipo de gobierno y finalmente así lo hará. Con este cambio de postura, además, el Plan General podría estar aprobado a finales de octubre.

Reunión de IU

Por otra parte, IU informó ayer del resultado de la reunión que mantuvo el pasado viernes con una veintena de colectivos vecinales, sociales y profesionales. Según el portavoz municipal de la coalición de izquierdas, Enrique Monterroso, «todos coincidieron en que el PP ha elaborado el texto sin contar con los vecinos y no se resuelve el déficit de equipamientos y espacios públicos perdidos por los ciudadanos tras más de una década de gobierno del GIL».

Decepción vecinal por el plan de la Junta (SUR)

Vecinos de Santa Rosalía-Maqueda afirmaron sentirse «sorprendidos, decepcionados y con una gran incertidumbre» después de ver que el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga incluye entre sus previsiones un centro de transportes de mercancías en esta zona.