El alcalde de Málaga desconoce que se hayan abierto diligencias en torno a la remodelación de las obras
EUROPA PRESS El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado hoy que ningún técnico municipal certificaría "jamás" algo de una obra que no esté hecho, en relación a la denuncia sobre presuntas irregularidades que habría cometido Teconsa en la remodelación de la carretera Azucarera-Intelhorce.
En este sentido, el regidor ha afirmado en rueda de prensa que la Fiscalía de Málaga no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para iniciar una investigación, pero ha recalcado que en el caso de que la haya, "estaremos a su disposición".
De la Torre ha explicado que la denuncia remite a que Teconsa, empresa implicada en el caso Gürtel y que actualmente se encuentra en suspensión de pagos, habría cobrado más de lo que costaba la intervención en la citada carretera, y ha negado que exista tal irregularidad, "porque nuestros técnicos están para evitar eso".
Ha sustentado esta información en el hecho de que le da "mas confianza" la información que maneja el Consistorio que "una denuncia que no sabemos qué motivos puede tener".
Por otra parte, durante su intervención, el regidor ha calificado de "ilegal" que la Junta de Andalucía quiera que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga contemple como suelo no urbanizable la zona en la que se encuentran las edificaciones de las barriadas malagueñas de Pedregalejo, El Palo, Las Acacias y Playa Virginia.
"Es una ilegalidad incluir estos suelos como no urbanizables cuando de hecho es suelo urbano consolidado", ha insistido De la Torre, que ha recordado que "cosa distinta es pedir la desafectación de los terrenos para que no sean de dominio público", algo que solicitará más adelante la administración local.
En cuanto a la ordenanza sobre la prostitución, De la Torre ha informado de que "en no muchas semanas" se presentará un documento para su tramitación y aprobación, y que estará basado en el modelo de ordenanzas de otras ciudades, como el caso de Granada.
Piscina de Campanillas. En cuanto a que IU haya exigido la rescisión del contrato concedido por el Ayuntamiento a un particular para la gestión de la piscina de Campanillas debido a una serie de "irregularidades" por las que la Gerencia Municipal de Urbanismo ha propuesto una sanción de 251.764 euros, De la Torre señaló que "se hará todo lo que en derecho corresponda hacer en defensa de la legalidad".
"Hay un expediente sancionador que debe ser cobrado y si hay una edificación ilegal que no es legalizable tendrá que ser derribada", aseveró, agregando que "no descarto nada y haremos lo que en derecho corresponda hacer". Sí apuntó, no obstante, que, a priori, "una construcción en espacio verde es difícil de ser legalizada y para ser considerado equipamiento, tendría que demostrarse".
Según denunció ayer el viceportavoz de IU, Antonio Serrano, el adjudicatario sólo tiene permiso para la piscina, mientras que ni el gimnasio ni el parque infantil cuentan con licencia de obra ni de apertura. Asimismo, estaría construyendo un restaurante en una parcela de titularidad pública.
Desde el Ayuntamiento aseguraron que desde el inicio del expediente por obras sin licencia en el recinto de la piscina se está actuando y siguiendo los trámites reglamentarios, al tiempo que expusieron que las obras denunciadas están paralizadas y suspendidas.
De todos modos, el Consistorio malagueño ha adjudicado al concesionario de la piscina de Campanillas, las instalaciones acuáticas de Colmenarejo, en el mismo distrito.
Pluses. Preguntado por los complementos salariales personales a una decena de ex jefes de departamento de la Gerencia de Urbanismo y después de que la reclamación judicial impulsada por el comité de empresa para su eliminación fuera desestimada por el juzgado, De la Torre declaró su intención de "encontrar fórmulas para, reconociendo la valía de estas personas, poder romper la continuidad de esos pluses".
La sentencia no entraba, no obstante, en determinar la legalidad o no de estos complementos, ya que únicamente señalaba que el conflicto colectivo planteado por el comité de empresa no era el procedimiento adecuado en una demanda de estas características.
