Ayuntamiento y Junta irán de la mano en la restauración de la cantera. Benalmádena (SUR)

Ambas administraciones se comprometen a reactivar el proyecto para convertir la cicatriz de la sierra en un parque La actuación se perfilará en una reunión con la propietaria de los derechos de explotación , encargada de acometer los trabajos

25.11.2009 -

FRANCISCO JIMÉNEZ

BENALMÁDENA

Vista de la antigua cantera, desde la autovía /F. J.

El Ayuntamiento de Benalmádena y la Junta de Andalucía han dado por zanjada la polémica surgida en las últimas semanas a tenor de la situación de bloqueo en la que está inmersa la restauración de la antigua cantera del monte Calamorro y se han comprometido a ir de la mano para hacer realidad el proyecto que pretende convertir la cicatriz que atraviesa la sierra benalmadense en un gran parque público de 13 hectáreas. El primer paso lo dieron ayer el alcalde de la localidad, Enrique Moya, y la delegada provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Pilar Serrano, con una primera toma de contacto que ambas partes calificaron de «positiva».

Durante la reunión, a la que también asistió la edil de Medio Ambiente, Inmaculada Hernández, la Administración autonómica informó del preacuerdo alcanzado con el anterior equipo de gobierno municipal a comienzos de año y se mostró abierta a estudiar las aportaciones que el Ayuntamiento considere oportunas. Donde no habrá negociación es en tres puntos ya consensuados: el compromiso del Consistorio de dar la mayor agilidad posible a los trámites administrativos, que los entre 20 y 25 puestos de trabajo que se generen sean cubiertos por vecinos de Benalmádena y que el módulo de jardinería de la escuela taller colabore en las tareas de reforestación.

Tras esta primera toma de contacto para limar asperezas (recogidas por este periódico los pasados días 6 y 7 de este mes), ambas partes quedaron pendientes de una nueva reunión, aún sin fecha fijada, en la que también estarán presentes representantes de Aripresa, la empresa propietaria de los derechos de explotación del yacimiento que deberá hacerse cargo tanto las tareas de recuperación de la zona como de los 350.000 euros que se prevén invertir en el proyecto.

Desde la Delegación de Innovación, Ciencia y Empresa expresaron su «actitud de colaboración para llevar a buen puerto la restauración de la cantera, porque se trata de una actuación beneficiosa para los ciudadanos de Benalmádena».

Entendimiento

Un clima de entendimiento que también destacó el propio Moya, quien se mostró «muy satisfecho» del resultado de este primer encuentro, en el que «el Ayuntamiento ha puesto de manifiesto la importancia de reactivar las acciones encaminadas a la recuperación de la cantera, un proyecto que ha obtenido el compromiso y respaldo de la Delegación». Por su parte, Hernández explicó que los trabajos consistirán en la reforestación de la zona -de titularidad municipal desde hace nueve años- con plantas autóctonas y árboles, a la que le seguirá posteriormente la creación de un sendero.

Aunque en un principio estaba previsto que los trabajos comenzaran en el último trimestre de este año, el retraso sufrido en la redacción del proyecto, según alegan en la Junta por «cuestiones técnicas y debido a la complejidad del mismo», y la hasta ahora falta de comunicación entre administraciones han provocado que, a día de hoy, siga sin fecha de inicio. En cuanto a los plazos, las previsiones apuntan a unos cinco años prorrogables a dos más, aunque la intención es acometer la actuación por fases para que los ciudadanos puedan ir disfrutando de forma progresiva del entorne que se vaya recuperando.

El pleno debatirá la desestimación de las alegaciones al convenio saudí. Estepona (SUR)

El pleno de la Corporación debatirá en la sesión que se celebrará el viernes sobre la desestimación de las alegaciones presentadas por el Bloque Nacionalista Andaluz para poder aprobar de forma definitiva el convenio firmado con una sociedad vinculada a la Casa Real saudí. El acuerdo urbanístico se aprobó de forma inicial el pasado marzo. El recurso presentado por esta formación política ponía de manifiesto que no quedaba clara la superficie del ámbito de actuación del convenio y que no se había especificado el número de Viviendas de Protección Oficial que se construirán tras el desarrollo del sector. Asimismo, criticaban que no se ha concretado a qué se iba a destinar los ocho millones de euros que la sociedad Asturion Fondation entregará al Ayuntamiento por este convenio. Precisamente, fuentes municipales apuntaron la semana pasada que parte del dinero ingresado por este convenio se habría destinado al pago de nóminas.

Suelo para VPO

La sesión abordará además la cesión a la Empresa Municipal de la Vivienda de Estepona de una parcela de 2.152 metros cuadrados para la construcción de casi una veintena de Viviendas de Protección Oficial. El suelo, de titularidad municipal, está ubicado en la zona conocida como la Cuesta de Ronda. Las casas, de tipología de poblado mediterráneo, tendrán una superficie de 70 metros cuadrados útiles.

Otro de los asuntos que se pretende aprobar es la privatización del servicio del alcantarillado, que se paralizó tras el inicio de la 'operación Astapa'. El expediente se iba a adjudicar el mismo día que se iniciaron los registros policiales. Además, se debatirá sobre la modificación puntual de elementos del PGOU para eximir a los vecinos del pago de los aprovechamientos urbanísticos en las obras que se ejecuten dentro del casco histórico.

El Ayuntamiento reclama a la Junta que apruebe el PGOU antes de fin de año. Marbella (SUR)

No existen razones de índole técnico o legal para que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella no pueda ser aprobado por la Junta de Andalucía el próximo diciembre. Así lo aseguró ayer el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, que solicitó al Gobierno autonómico que cumpla su compromiso de dar el visto bueno definitivo al documento antes de que concluya 2009.

Moro destacó que «se dan todas las condiciones para que el PGOU sea aprobado definitivamente por la Junta antes de Navidad» y restó importancia a las manifestaciones de la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, que el pasado lunes anunció que el nuevo planeamiento de Marbella no recibirá el visto bueno hasta enero del próximo año. «Las declaraciones probablemente obedecen a una falta de coordinación en el flujo de información», apuntó.

«Otra cuestión sería que políticamente no se quiera asumir el compromiso que se adquirió en su momento», afirmó el edil, que resaltó que el Plan podría aprobarse «incluso al día siguiente» de incorporarse el informe sectorial de la Consejería de Medio Ambiente, un dictamen que la Administración local recibirá presumiblemente en la jornada de hoy.

Moro indicó que el Consistorio marbellí tiene constancia de que dicho informe «está emitido desde hace ya por lo menos tres semanas» y subrayó que el documento urbanístico «se rematará desde el punto de vista técnico» en una última reunión que tendrá lugar el próximo viernes, por lo que «no hay ninguna razón para que no se pueda aprobar el PGOU durante el mes de diciembre». «Estamos convencidos de que será así y de que la Junta de Andalucía cumplirá su palabra, dado que la intención del Gobierno autonómico, al igual que la del Ayuntamiento, es aprobar el documento cuanto antes porque las dos instituciones somos conscientes de la importancia que tiene para Marbella», añadió el concejal de Urbanismo.

Aprobación urgente

Por su parte, el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Marbella solicitó ayer la aprobación «urgente» del nuevo PGOU con el objetivo de que la economía local «no se vea más mermada». El presidente del colectivo, Miguel Gómez destacó que, «ante la situación actual de crisis, Marbella no se puede permitir el lujo de perder un mes más, sea cual sea el motivo del retraso en la aprobación».

El pleno debatirá el fin de las obras del parque mirador sobre el acueducto de San Telmo (SUR)

La concejala del Distrito de Ciudad Jardín, María Victoria Romero, llevará al próximo pleno una moción para que se inste a la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía a que retome y finalice las obras de acondicionamiento y puesta en funcionamiento del parque mirador sobre el acueducto de San Telmo -Parque del Sendero del CAU de Mangas Verdes-, así como la rehabilitación del acueducto monumental.

En el año 2001, el ex presidente de la Junta Manuel Chaves visitó Mangas Verdes y preguntó a la asociación de vecinos qué obra podía hacer por ellos, según señala el PP en un comunicado. El presidente vecinal, Antonio Martos, le condujo a la zona por la que pasa el acueducto, en el corazón del barrio, y consiguió el compromiso del entonces presidente del Gobierno andaluz de realizar un parque mirador con estanques, pérgolas y todas comodidades.

Una página web permite visitar las casas más lujosas y exclusivas del mercado (SUR)

Sus precios sólo son aptos para unos pocos privilegiados. Aquellos a los que la crisis ni les va ni les viene. Estrellas del deporte o ricos con un patrimonio saneado. Sin embargo, las casas más lujosas y exclusivas del mercado están al alcance de la curiosidad de cualquier malagueño en Internet. A golpe de ratón, los internautas pueden visitar virtualmente chalés de ensueño en primera línea de playa, palacetes con pistas de tenis, mansiones o áticos con gimnasio y spa en el portal inmobiliario pisos.com, que ha hecho una selección de las viviendas más cotizadas del país.

El litoral mediterráneo se lleva la palma. Allí se concentran los inmuebles más selectos, entre ellos un palacete de 500 metros cuadrados en Rexeu (Alicante) valorado en 4,3 millones de euros y un chalé con vistas al mar en Sitges (Barcelona) con el prohibitivo precio de diez millones de euros.

Un ático de lujo de 1.200 metros cuadrados en Palma de Mallorca con un coste de 5,5 millones de euros y una mansión en Santa Brígida (Las Palmas) valorada en siete millones compiten en lujo con algunos de los chalés más exclusivos de España, a las afueras de Madrid.

Toda la oferta inmobiliaria de la provincia en www.pisos.com

Libertad con cargos para cuatro imputados en la supuesta trama urbanística de Almogía (SUR)

El secretario del Ayuntamiento niega irregularidades Hoy declara el alcalde, Cristóbal Torreblanca

25.11.2009 -

MONTES MARTÍN / AGENCIAS

MÁLAGA

La juez de instrucción número 12 de la capital dejó ayer en libertad con cargos al secretario municipal del Ayuntamiento de Almogía, a una funcionaria, a un policía local y a la mujer de éste, imputados en la presunta trama de irregularidades urbanísticas destapada el pasado mes de octubre por la Guardia Civil en este municipio.

El interrogatorio del secretario municipal giró en torno a siete u ocho licencias, además de una vivienda de su propiedad y otra de su hermano, según explicaron fuentes judiciales. El funcionario, de iniciales A. A. T., aseguró, según las fuentes, que en sus informes sólo se refería a aspectos del procedimiento y formales de los expedientes y no a los técnicos, sobre los que no tenía competencia. Declaró que los dictámenes eran estándar, que no los considera confusos respecto a la legislación sino «rigurosos», y que él sólo se dedicaba a informar sobre legislación que se debía aplicar respecto a régimen jurídico y procedimental.

Rechazó que con sus dictámenes persiguiera facilitar la construcción u otorgamiento de licencias presuntamente ilegales, ya que, según argumentó, no tenía conocimientos técnicos. Asimismo, declaró que no tuvo conciencia o voluntad de haber cometido un delito.

Preguntado sobre si sabía que la Policía Local elaboraba certificaciones sobre antigüedad para realizar obras de reforma, el funcionario manifestó que la Policía Local realizaba informes, no certificaciones de las parcelas a petición de los particulares y que éstos aportaban los proyectos visados. Sobre la construcción de una vivienda suya y de otra para su hermano, el secretario explicó que la resolución dictada por el alcalde de la localidad, Cristóbal Torreblanca, sobre la licencia de su parcela se ajustaba a derecho. Además, matizó que no está terminada y que obtuvo la licencia en 2005, tras encargar el proyecto técnico conforme a las normas subsidiarias. La juez imputa A. A. T. falsedad documental, prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y delito urbanístico.

Durante la jornada de ayer también declararon otras tres personas. El policía local F. L. D. está imputado por delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad, y a su mujer M. T. L. G., estafa, falsedad y tráfico de influencias. A la funcionaria del Ayuntamiento de Almogía responsable de los expedientes de disciplina urbanística, de iniciales B. A. H., se le imputa un delito de falsedad. Una quinta persona citada a declarar ayer, el arquitecto municipal, excusó su asistencia por enfermedad presentando su abogado un certificado médico.

Alcalde y dos concejales

Para mañana está previsto que continúen las declaraciones por este caso. Además del alcalde, Cristóbal Torreblanca, al que la Guardia Civil imputa falsedad documental y delito urbanístico, están citados a declarar en el juzgado dos concejales y otro policía local.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y de la Policía Judicial realizaron a finales de octubre un registro en el Ayuntamiento y en la Casa de la Cultura, donde se encuentra un archivo municipal, en el que intervinieron varios expedientes urbanísticos. Según fuentes próximas al caso, las pesquisas se centran en un total de quince expedientes por delitos contra la ordenación del territorio.

La Junta asume el mantenimiento del 'Palmeral de las Sorpresas' (SUR)

El muelle 2, paralelo al Parque, abrirá sus puertas en verano del año próximo con un gran jardín, museos y una zona de paseo

25.11.2009 -

I. LILLO / J. HINOJOSA

MÁLAGA

Imagen captada ayer del estado de las obras, con la estación marítima en primer término, . / SALVADOR SALAS

El nuevo parque que se abrirá en el muelle 2 del puerto, más conocido como el 'Palmeral de las Sorpresas', quedará bajo la responsabilidad de la Junta, que asumirá su mantenimiento y cuidado a través de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (Epsa), la entidad que dirige los trabajos de los dos museos, la estación marítima y la zona verde que se ubicará en la zona del recinto portuario más cercana a la plaza de la Marina.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, hizo estas declaraciones durante una visita a las obras, que acomete la empresa Heliopol, y que ya se encuentran al 60% de ejecución, por lo que culminarán a finales del próximo verano. Junto a ella se encontraban la delegada de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López; el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Linde, y el gerente de Epsa, Cristóbal Fernández.

Hasta la fecha se han plantado 383 árboles de los 420 previstos (de la variedad menos vulnerable al escarabajo picudo rojo) y ya han comenzado a levantarse los primeros pilares de la pérgola, de 450 metros de longitud y 11,75 metros de altura, que irá frente a la dársena. La instalación, de metal y hormigón, ofrecerá más sombra en los meses de verano que en los de invierno y estará concluida en primavera. Ya está empezando a fabricarse en el taller de la obra las primeras lamas o 'costillas' de hormigón previstas a lo largo de la gran pérgola. También está muy avanzada la futura estación marítima (al 78%) y, en menor medida, el futuro museo del puerto y el Aula del Mar.

La actuación diseñada por el arquitecto Jerónimo Junquera permitirá abrir este recito a la ciudadanía. En este punto, Enrique Linde explicó que la antigua valla de metal se abrirá en varios puntos para permitir el acceso al palmeral, aunque no se derribará completamente. La actuación en el muelle 1, que estará integrado por tiendas, bares, restaurantes y un aparcamiento, culminará, según el presidente, uno o dos meses después.

La crisis se traga el mercado de vivienda de segunda residencia (SUR)

El éxodo de británicos por la devaluación de la libra junto a la crisis que azota a las familias españolas mantiene paralizado a este sector. Las inmobiliarias alertan de que la oferta en venta se ha quintuplicado por la imposibilidad de los dueños de sufragar los gastos de impuestos y comunidad

25.11.2009 -

ALMUDENA NOGUÉS

MÁLAGA

FUGA DE EXTRANJEROS. Muchos foráneos ponen a la venta sus segundas viviendas en la Costa del Sol. SUR

Rocío Tordesillas reside en Madrid, pero presume de ser malagueña de adopción. Apenas tenía cuatro años cuando su abuela materna, Loreto, comenzó a traerle a la Costa del Sol cada verano. La luz, la playa «y los boquerones fritos», como ella misma explica, le cautivaron tanto que ya en su etapa adulta, una vez lograda la estabilidad laboral y familiar, consiguió ahorrar para hacer realidad el que era su sueño: comprarse un pequeño piso en Fuengirola para disfrutar de sus periodos vacacionales. Hoy, 15 años después, el balcón de su apartamento exhibe un vistoso cartel de 'Se vende'. «Lo he puesto en venta con una pena enorme, pero es la única salida. Pago 120 euros de comunidad, más todos los impuestos municipales y con la crisis y mi hijo en paro ya no podemos permitírnoslo», explica Tordesillas.

Su caso es sólo uno más de una larga lista. El mercado de la segunda residencia ha sufrido un acusado descenso en la Costa del Sol debido a la coyuntura económica que afecta tanto a España como a otros países que tradicionalmente han demandado estas viviendas, Reino Unido o Alemania entre ellos.

Los negocios inmobiliarios y los promotores consultados por este periódico coinciden en que, a día de hoy, la demanda de este tipo de pisos prácticamente ha desaparecido. Pero no sólo no se comercializan nuevas unidades. Además, los propietarios que hasta ahora se podían permitir mantener los gastos asociados a estas viviendas para disfrutarlas esporádicamente se están viendo obligados ponerlas en venta o en alquiler para intentar deshacerse de ellas y aliviar así el presupuesto doméstico.

Urbanizaciones del litoral

El escenario que trazan los expertos del gremio del ladrillo desde sus despachos tiene un fiel reflejo a pie de calle. Comprobarlo es tan simple como pasearse por los principales municipios costeros de la provincia y revisar las terrazas de las urbanizaciones cercanas a la playa en las que los letreros para captar a nuevos propietarios se multiplican como setas.

Lejos que da pues la euforia que saboreaba este mercado hace unas décadas. El delegado provincial de la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc), Alfredo Martínez, recuerda al respecto que estos recintos han sido imanes históricos de extranjeros, nacionales como cordobeses o madrileños o, simplemente, de malagueños que, una vez pagada su primera vivienda, ponían sus miras en un apartamento de esparcimiento en el litoral. «Dichos inmuebles llegaron a consolidarse convirtiéndose en un producto bastante popular entre las familias de clase media. La crisis, sin embargo, ha acabado transformándolos en artículos prácticamente de lujo, inaccesibles para la mayor parte de los hogares», indica este experto.

José Prado, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), confirma este retroceso y aporta un dato significativo: «En 2006, de las 46.000 viviendas que se visaron en la provincia, el 40% correspondían a segundas residencias adquiridas por autóctonos, nacionales o extranjeros. Hoy, por contra, este porcentaje es tan residual que casi está extinguido», expone Prado al tiempo que lamenta la mala racha que atraviesa el sector inmobiliario. «No sólo estamos tocando fondo, sino que ya vamos por el sótano. El problema es que entre los consumidores no hay confianza y el miedo al futuro y a poder perder el trabajo desanima a los posibles compradores», añade.

En la misma línea, el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Málaga, Cayetano Rengel, destaca la caída libre en la que está inmersa la segunda vivienda, un descalabro que cifra en torno al 80%.

«Hace años estas operaciones eran bastante habituales y formaban parte de la rutina de las inmobiliarias, lo que alegraba bastante la actividad. Por desgracia, el mercado ha dado tal giro que en estos momentos estas transacciones son impensables, pese a que hay una mayor flexibilidad de precios y mejores descuentos», cuenta. Y continúa: «El problema es que ha crecido tanto la oferta que hay una competencia brutal, además de que los bancos han cerrado el grifo», apostilla Rengel, quien exige que las administraciones presionen más a las entidades financieras para facilitar el acceso a los préstamos hipotecario, uno de los motores imprescindibles para reactivar el ladrillo.

Impuestos más caros

Preguntadas por los ingredientes que han desencadenado el frenazo en seco del turismo residencial, las fuentes consultadas citan dos motivos fundamentales. Por un lado, la notable bajada del mercado británico por la devaluación de la libra, «que les ha restado un 40% de poder adquisitivo y ha hecho que a muchos ya no les compense vivir en España», destaca el representante de los promotores. Paqui Ojeda, empleada de la Inmobiliaria Playamar, en Torremolinos, suscribe las palabras de Prado. «Buena parte de los que están tratando de vender estas casas son ingleses que antes podían costearse el venir un par de meses a la Costa del Sol y a los que su pensión ya no les da para este tipo de vacaciones», comenta.

El encarecimiento que han sufrido en los últimos años tanto los impuestos municipales como las cuotas de las comunidades de vecinos es el segundo factor que está haciendo mella, como indica Francisco Jiménez, administrador de la inmobiliaria Riviera, en Benalmádena Costa. «Los ayuntamientos cada vez gravan más estas viviendas, con subidas del IBI o de las tasas de basura. La situación es tan dramática que la oferta en venta se ha multiplicado por cinco. En 40 años no he visto nada igual», concluye.

La licitación de obra pública aumenta un 4,2% en Andalucía (La Opinión)

Málaga es la segunda provincia por volumen, con 894,8 millones, por detrás de Sevilla

EUROPA PRESS Las obras licitadas por parte de las distintas administraciones públicas en Andalucía durante los primeros diez meses de 2009 en Andalucía alcanzaron los 5.228,1 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,2 por ciento en relación con el mismo período de 2008, cuando la licitación alcanzó los 5.013,1 millones, según datos de la patronal de grandes constructoras, Seopan.

El último informe de Seopan, al que tuvo acceso Europa Press, detalla que la comunidad acaparó en los primeros diez meses un 16,2 por ciento de los proyectos licitados en el conjunto nacional, cifrados en 32.252,5 millones de euros.

De este modo, Andalucía se situó como la primera comunidad autónoma por volumen de licitación, superando a Cataluña, con 5.075,1 millones de euros.

Del total de administraciones, la Junta de Andalucía fue la que más invirtió en esta materia en la región, con un total de 2.186,3 millones de euros, lo que supone un descenso del 18,5 por ciento en relación con los diez primeros meses de 2008.

La licitación en la Junta fue la de mayor cuantía, aunque fueron los ayuntamientos los que registraron mayores incrementos, puesto que las administraciones locales andaluzas licitaron obras por valor de 1.922,6 millones, un 180,9 por ciento más que en 2008; y el Gobierno central aprobó proyectos por 1.119 millones, un 31,9 por ciento menos.

Los datos reflejan que la obra civil acaparó hasta octubre de 2009 la mayor parte de la obra pública licitada en la región, con 3.469,4 millones de euros, mientras que el resto (1.758,6 millones) correspondió a obras de edificación.

Datos provinciales

Por provincias, Sevilla concentró la mayor parte del volumen licitado en los primeros diez meses del año en la comunidad autónoma, con un total de 1.230 millones de euros. Por detrás figuran Málaga, con 894,8 millones; Granada, con 698,4 millones; Cádiz, con 660,9 millones; Almería, con 601,1 millones de euros; Córdoba, con 420,7 millones de euros; Huelva, con 341,3 millones; y Jaén, con 337,8 millones de euros. A esto se suman 42,6 millones de euros correspondientes a actuaciones no localizadas en ninguna provincia determinada.

Las casas del mar (La Opinión)

CARLOS PÉREZ ARIZA Amenazados por la demolición, han vivido al borde del desahucio durante dos décadas. Tras eso años de incertidumbre, los propietarios de las casas que ocupan esa franja del litoral urbano que va desde Pedregalejo hasta El Palo y más allá, han conseguido que las leyes de Costas se adecúen a sus reclamaciones y no al revés. El ´milagro´ ha sido fruto del consenso, una palabra en desuso entre las administraciones usualmente enfrentadas desde las distintas trincheras políticas.

En 1988 se quiso aplicar a rajatabla la Ley de Costas sobre esas casas por estar situadas dentro del denominado ´dominio público marítimo-terrestre´. Pero esas construcciones, chabolas de pescadores hasta la década de los cincuenta, están allí mucho antes de que la citada ley se redactara. Las viviendas, que han crecido en altura y solidez, llevan allí ancladas algo más de un siglo. Aunque, ahora, los arquitectos propongan modernizar su entorno.

A estos viejos pescadores les ampara el derecho romano, base del nuestro. Aquellos romanos, tan modernos en tantas cosas, también previeron esta situación. Le decían uti possidetis iure, que ellos aplicaron a las conquistas territoriales, pero que en este caso es perfectamente invocado. "Lo que has poseído, poseerás".

Les ampara tal derecho y, además, han pagado sus contribuciones inmobiliarias al Ayuntamiento de Málaga. Esta institución municipal les ha apoyado siempre, dando los permisos para reformas y ampliaciones de dichas casas. Por su parte, la otra administración implicada, la Junta de Andalucía, ha terciado en la disputa con Costas para que las casas se quedaran donde están. Al final, los juristas de Madrid han cedido, procediendo a un consenso poco usual en los tiempos que corren entre los políticos españoles.

Las leyes no pueden estar por encima del bien común. En este caso, esa premisa les ha facilitado la vida a esos paleños, cuyo único ´delito´ ha sido proveerse un techo donde cobijar sus vidas ligadas a su mar. Las casas, que levantaron a fuerza de tirar de las redes, no podían tener un final de tragedia clásica. Por otra parte, ¿qué político iba a cargar con ese estigma firmando el desahucio? Si de algo saben estos pobladores paleños es de tempestades. Sus casas siempre han tenido dos puertas. Si se anegaba la que miraba a la mar, salían por detrás. Pero en esta ocasión se han quedado dentro.

Los habitantes de esa franja litoral son como una gran familia. Pescadores de toda la vida, han tenido que buscarse la vida alquilando los frontales de sus viviendas para los restaurantes y bares, donde el espeto se abrasa sobre las ascuas y los frutos del mar se venden al paladar de los turistas. Esa zona es, sin duda, una de las más pintorescas de la ciudad. Una de las formas que tiene la ciudad de acercarse a la mar de toda la vida. Donde los ciudadanos de aquí y de allá se aproximan para respirar la sal de la vida. Y esas casas están ahí para poner su grano de arena en este Mare Nostrum.

Un vecino de Cártama derriba su vivienda ilegal tras una orden judicial (La Opinión)

Un vecino de Cártama propietario de una vivienda construida en suelo no urbanizable de protección especial, en la Dehesa Alta, comenzó ayer a desmantelar su casa ante la orden del juzgado y la inminente demolición fijada por el Ayuntamiento para el 26 de noviembre.

Ya el pasado mes de julio, el juzgado ordenó la demolición de esta vivienda en sentencia firme, pero el propietario no autorizó la entrada en su domicilio, por lo que se ha pospuesto hasta ahora.

El expediente de esta vivienda se inició en 1997 y el Ayuntamiento remitió el expediente al juzgado por presunto delito contra la ordenación del territorio. En 1999 se dictó sentencia acordando la demolición de esta edificación, de 128 metros, y desde entonces hasta ahora los propietarios han estado recurriendo la sentencia.

"Son unos 2.900 expedientes de viviendas irregulares en el campo iniciados en este Ayuntamiento y se debe cumplir lo que establece la ley y las sentencias emitidas por los juzgados", señaló ayer el edil de Urbanismo, Jorge Gallardo.

Eliminan las tasas para las reformas en el centro histórico. Estepona (La Opinión)

La comisión informativa de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona aprobó ayer la modificación puntual de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para eliminar los aprovechamientos urbanísticos en el casco histórico del municipio.

El alcalde, David Valadez, explicó que a partir de su aprobación plenaria los vecinos no tendrán que pagar "cargas urbanísticas para realizar reformas en sus viviendas que, en algunos casos, suponían un gasto superior al de la licencia de obras".

El alcalde valoró esta modificación en el PGOU ya que permitirá embellecer el casco urbano, la dinamización del sector de la construcción en el municipio y el ingreso de fondos en las arcas municipales por las licencias de obras. El gobierno llevará esta medida al pleno del viernes donde tendrá que ser aprobada por mayoría absoluta.

La Junta promueve la rehabilitación de 375 viviendas en Marbella (La Opinión)

La Junta de Andalucía está impulsando 85 actuaciones de mejora de viviendas y edificios residenciales en el Área de Rehabilitación Concertada del Casco Antiguo de Marbella y San Pedro, la tercera creada en la provincia por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para revitalizar centros históricos.

La mitas de esas intervenciones ya están terminadas o en ejecución y, en su conjunto, permitirán crear unos 250 puestos de trabajo en el municipio marbellí.

Así lo dieron a conocer ayer las delegadas del Gobierno andaluz, María Gámez, y de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, durante su visita a las obras de mejora de un bloque de 20 viviendas en la barriada Divina Pastora de Marbella, cuya comunidad de propietarios recibió una subvención por parte de la Junta del 95% para eliminar humedades de las fachadas y cubiertas y renovar las instalaciones de suministro eléctrico y de agua.

Hasta ahora, la inversión de la Consejería en esta área de rehabilitación concertada asciende a 2,75 millones de euros para 375 inmuebles acogidos a las primera convocatoria de ayudas públicas de la Oficina de Rehabilitación de Marbella. Se trata de 375 viviendas de familias de las barriadas del casco antiguo –Divina Pastora, Plaza de Toros, Santa Marta, Miraflores, Leganitos, El Barrio y San Bernabé– en el caso de Marbella, y de la zona centro –Divina Pastora y Plaza de la Libertad– en el núcleo sampedreño.

Pendón apuesta por legalizar las viviendas sin variar la legislación. Sayalonga (La Opinión)

El pleno del Ayuntamiento de Sayalonga respaldó ayer de forma unánime al alcalde, al que prestará su defensa

FRAN EXTREMERA. MÁLAGA Todo es posible sin cambiar ahora la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Lo dijo ayer el presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón, quien matizó que el proceso de regularización de las viviendas que se encuentran fuera de ordenación en la comarca de la Axarquía "se puede hacer, incluso, sin cambiar la ley, porque se ha hecho en otras partes de Andalucía".

Pendón respondió así a las críticas de numerosos regidores axárquicos tras las palabras del consejero de Gobernación, Luis Pizarro, el pasado miércoles.

Como portavoz de la Junta en este asunto, Pizarro se dirigió a los regidores, después de que la Fiscalía haya solicitado en las últimas semanas penas de cárcel para varios alcaldes que además están al frente del PSOE en sus respectivos municipios: "La LOUA no se modificará y no todo podrá legalizarse". Esas declaraciones fueron matizadas ayer por Pendón, al considerar que a través de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) "se pueden regularizar algunas situaciones".

La fórmula propuesta es poder emplear "planes de regularización que sean respetuosos con lo contemplado en las leyes urbanísticas". No obstante, abrió una puerta a la esperanza al manifestar que sí caben "leves modificaciones en el Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía, si bien no significará cambiar la ley".

"Ya es hora de que empecemos a desviar un poco los focos de la comarca de la Axarquía. Parece que intentamos demonizar una determinada situación", explicó con rotundidad Pendón. Pero horas más tarde volvió el foco hacia la comarca oriental. El secretario general del PP de Málaga, Francisco Salado, señaló en un comunicado que Pendón "ha fallado a los alcaldes de la Axarquía al no aportar una solución a los problemas urbanísticos y perpetuar así que siga habiendo más alcaldes imputados y condenados".

Salado recordó que el propio presidente de la Diputación y la dirección provincial de su partido "convencieron a los alcaldes para que votaran a favor del Plan de Ordenación de la Axarquía cuando realmente este ordenamiento iba en contra de los intereses de los municipios".

El PP respaldó ayer en Sayalonga –donde el alcalde, el socialista José Luis Navas, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de cuatro años de cárcel– la petición de un pleno extraordinario para que el Consistorio preste su defensa al regidor "hasta donde haya que llegar". Navas se mostró muy crítico con la "persecución" que afirma que hay contra él. Ayer la Fiscalía no remitió a los juzgados de Torrox su nueva petición, "cuando el viernes sí que se apresuró a última hora para enviarla a la prensa".

Por otra parte, los ecologistas de la Axarquía (GENA) criticaron ayer que el secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Heredia, apueste por calificar de "faltas" los "delitos urbanísticos" si "no se mete la mano en la caja".

Un futuro de más vientos y olas (La Opinión)

Un informe que será presentado ante la UE alerta de que el urbanismo debe adaptarse a un nuevo clima. En el litoral mediterráneo habrá cambios en las mareas y en las borrascas

Oleaje. Pescadores en Huelin en uno de los temporales de los últimos años. L.O.

LA OPINIÓN. SANTANDER Las ciudades costeras de Europa tendrán que adaptar sus infraestructuras para el desafío que supone el cambio climático, que no sólo se está traduciendo en un paulatino incremento del nivel del mar, sino también en mayores niveles de oleaje, cambios en el viento y condiciones meteorológicas distintas. Éstos son algunos de los avances del estudio sobre los efectos del cambio climático en la costa del viejo continente que el Consejo de Europa ha encargado al Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria y al Ayuntamiento de Santander, y del que ayer se ofrecieron unas primeras impresiones.

El director del Instituto de Hidráulica de la Universidad de Cantabria (UC), Íñigo Losada, señaló que las ciudades costeras de Europa, en las que residen 70 millones de personas, se enfrentan a una situación "compleja", porque sus infraestructuras no están diseñadas para soportar estas nuevas condiciones climáticas y deben "adaptarse".

Losada dijo que para ello se tienen que evaluar todo tipo de infraestructuras, como las de saneamiento, transporte, alcantarillado, abastecimiento energético y de agua, y analizar "cómo pueden verse afectadas por el nuevo clima".

"En todas las ciudades del mundo se está observando que existe una clara necesidad de tener en cuenta el cambio climático como elemento fundamental de la planificación territorial", apostilló.

El director del Instituto de Hidráulica Ambiental explicó que la costa atlántica europea está afectada, en general, por los distintos fenómenos que exponen en su informe. En el caso del Mediterráneo, el principal efecto se observa en el cambio de las mareas meteorológicas, es decir, en un aumento del nivel del mar provocado no tanto por el calentamiento global y el deshielo como por el cambio en las borrascas.

El experto apuntó que se está viviendo una "intensificación" de este tipo de eventos en las costas e insistió en que es necesaria una política de adaptación que comience por estudiar la capacidad de las infraestructuras de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas.

A nivel mundial, subrayó, es necesario tener en cuenta el cambio climático en la planificación territorial, incluidos los planes generales de ordenación urbana. "Antes veíamos el cambio climático como algo lejano, pero ahora lo vemos cada vez más cercano, y en el horizonte de 20 años en el que se planifica el territorio, vemos que el clima está cambiando", comentó.

Informe en Estrasburgo. Losada presentó junto al alcalde de Santander y presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Íñigo de la Serna, algunos detalles sobre este informe preliminar, que será expuesto el próximo 1 de diciembre, en Estrasburgo (Francia).

El alcalde incidió en que el informe pretende que en el marco del Consejo de Europa se "abandone" la idea de que el efecto del cambio climático se traduce principalmente en la elevación del mar y que se incorporen otros efectos adicionales meteorológicos, como el cambio del viento y la presión atmosférica, o las modificaciones en la dirección y la altura de la olas.

De la Serna señaló que el informe presenta dos líneas generales de trabajo, una dirigida a la adopción de políticas para la prevención contra las emisiones de gases y otra para la adaptación y mitigación del cambio climático, como obras de protección y reubicación de infraestructuras.

El objetivo es que el documento final tenga ocho o diez recomendaciones para que las entidades locales las adopten en sus políticas de gestión frente al cambio climático, aunque ayer se rehusado adelantar ninguna de ellas.

Cae una red de estafadores en el ámbito de la multipropiedad (La Opinión)

La operación finaliza con 22 arrestados en Málaga y Tenerife. Los detenidos en la Costa del Sol se hacían pasar por abogados y volvían a estafar a las víctimas

Litoral. El ´time sharing´ vuelve a ser objeto de fraude en la Costa del Sol. La Opinión

J. TORRES. MÁLAGA Otra macrooperación de la Policía Nacional desarrollada en Málaga y Tenerife ha concluido con 22 detenidos por un presunto delito de falsificación y estafa en el ámbito de la gestión de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles o ´time sharing´. La intervención ha supuesto la detención de siete personas en la Costa del Sol, cuatro de ellas arrestadas en Fuengirola tras dos registros domiciliarios, dos detenidas en Torremolinos y una en la capital malagueña, donde también se realizó un registro. Estos detenidos son de nacionalidad francesa, tunecina, rumana y checa.

Derechos. Fuentes de la Comisaría Provincial de Málaga dijeron ayer que los estafadores contactaban con sus víctimas para comunicarles que había compradores interesados en sus derechos de uso. Sin embargo, una vez que éstos se hacían cargo de los gastos de los trámites de la compraventa, tanto los compradores como los intermediarios desaparecían con el dinero de las supuestas transacciones. Así, cuando las víctimas aceptaban la propuesta, los detenidos intercambiaban documentación con ellas y les hacían creer que eran los presuntos compradores, e incluso los abogados y notarios que garantizaban que la venta estaba cerrada. Los ahora arrestados ponían en conocimiento de los perjudicados que el dinero ofertado ya estaba a su disposición, si bien antes tenían que cumplir los trámites administrativos de liquidación de derechos, tasas, impuestos, etc. En algunos casos, las víctimas eran nuevamente estafadas. En esta ocasión la infraestructura del grupo actuaba desde la Costa del Sol y el fraude consistía en hacerse pasar por abogados que se encargaban de litigar con las empresas vendedoras de derechos. Según la investigación, afirmaban haber recuperado el dinero estafado y les aseguraban que les iba a ser devuelto, para lo que solicitaban nuevos pagos por los servicios prestados. Pero estos gastos eran inventados. Una vez que se realizaba el pago, los intermediarios desaparecían y la operación no se producía.

Comienzan las declaraciones en el juzgado sobre las supuestas irregularidades urbanísticas. Almogía (SUR)

La Justicia toma cartas en el caso de Almogía. El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga tiene previsto comenzar hoy mismo a tomar declaración a once personas sobre las supuestas irregularidades urbanísticas que se investigan en Almogía, según apuntaron fuentes judiciales.

Así, se ha citado para hoy a cuatro personas que no declararon ante los investigadores de la Guardia Civil, encargados del caso. De éstos, uno es un policía local y dos son funcionarios o tienen relación con el Ayuntamiento de dicha localidad; mientras que la tercera es la mujer de uno de ellos, indicaron las fuentes.

Por otro lado, el alcalde, Cristóbal Torreblanca, al que de forma inicial la Guardia Civil imputa los delitos de prevaricación urbanística, en relación a órdenes de paralización y concesiones, y falsedad documental, deberá comparecer mañana. Para ese mismo día se han citado a otras seis personas, entre ellas dos ediles y otro agente. El instituto armado inició esta investigación por un presunto delito de prevaricación, aunque también investigan otros como cohecho, tráfico de influencias, falsedad y alteración del precio de las cosas.

Un juez obliga a una familia a demoler su vivienda en Cártama (SUR)

«Lo hemos preferido hacer nosotros porque si lo hacía el Ayuntamiento teníamos que pagar unos 10.000 euros». Con la voz quebrada por el llanto, Dolores confesaba así las razones que han llevado a ella y a su marido a encargar la demolición de la vivienda que construyeron en una zona rural de Cártama hace unos 15 años. Ayer mismo dieron comienzo los trabajos para derribar la casa después de un largo periplo por los juzgados que terminó con una orden firme de demolición debido a que la construcción se situaba en el paraje de la Dehesa Alta, terreno calificado como suelo no urbanizable de protección especial.

El concejal de Urbanismo, Jorge Gallardo, explicó que el Consistorio había previsto este jueves para proceder a la demolición de forma subsidiaria, aunque finalmente ha sido la propia familia la que ha decidido encargarse de los trabajos. El pasado mes de julio, tal y como adelantó en su día este periódico, representantes del Ayuntamiento ya se personaron en la finca para derribar la casa, pero aquel día los dueños impidieron el acceso a su propiedad.

Otra orden de derribo

Entonces, Francisco Sánchez, marido de Dolores, se quejó de la arbitrariedad de la Justicia en estos casos y suplicó que se suspendiera la orden hasta que se resolviera la petición de indulto que habían tramitado, cosa que el juez no ha permitido finalmente. Además, otro juzgado ha ordenado el derribo de una caseta de 20 metros cuadrados en suelo no urbanizable en la zona de la Manguarra. En Cártama hay cerca de 2.900 expedientes abiertos por construcciones irregulares en el campo.

El Ayuntamiento no exigirá a las empresas avales para concursar. Coín (SUR)

El equipo de gobierno acuerda con AJEP eliminar las garantías provisionales para las pymes y los autónomos

24.11.2009 -

J. J. BUIZA

Clavijo y Pacheco, ayer./ J. J. B.

El Ayuntamiento de Coín ha aceptado la petición de los empresarios de la provincia y ha anunciado que no exigirá garantías provisionales a aquellas pymes y autónomos que se presenten a los concursos públicos que convoque el Consistorio.

Así lo anunció ayer el alcalde, Gabriel Clavijo, tras llegar a un acuerdo con la Asociación de Jóvenes Empresarios y Profesionales (Ajep), que le trasladó esta propuesta debido a que este tipo de avales provisionales son «una medida desproporcionada en los actuales momentos de dificultad económica», en palabras del presidente de este colectivo, Andrés Pacheco. «Suponen un elevado coste añadido, máxime cuando las entidades financieras están obligando a depositar por adelantado y con carácter indefinido el importe del aval», agregó.

El de Coín se convierte así en el primer ayuntamiento de la comarca en aprobar esta medida, que reclaman varias asociaciones, incluida la CEM (Confederación de Empresarios de Málaga).

Vélez participará con 3,3 millones en el proyecto del palacio de congresos. Vélez-Málaga (SUR)

El pleno del Ayuntamiento veleño aprobó ayer en pleno la firma de un convenio de colaboración con la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes y la Diputación de Málaga para sacar adelante el proyecto del palacio de congresos. Según el acuerdo plenario, que sólo fue votado en contra por el PP, el proyecto contará con un presupuesto de 9.990.000 euros, de manera que cada administración, incluido el Ayuntamiento, participará con una aportación de 3,3 millones.

El grupo municipal PP se quedó sólo al proponer que el proyecto sea financiado íntegramente por la Junta de Andalucía y la Diputación, tal y como figura recogido en el plan de iniciativa común suscrito en su día entre PSOE e IU y que sirvió para sacar adelante la moción de censura. Asimismo, el PP se quedó sólo al pedir que el proyecto del palacio de congresos se ejecute por el importe al que asciende al único proyecto redactado hasta el momento y que se eleva a 20 millones de euros.

El grupo socialista dijo en este sentido que lo importante es que el proyecto se haga, aunque ello signifique tener que rebajar la inversión y que el Ayuntamiento participe económicamente en su ejecución.

El Ayuntamiento solicita a Cultura que se implique en la restauración del Acueducto del Águila. Nerja (SUR)

El proyecto, valorado en 792.000 euros, será financiado en un 70 por ciento por la Junta con la Iniciativa de Turismo Sostenible

24.11.2009 -

EUGENIO CABEZAS

NERJA

El Acueducto del Águila está declarado BIC. / E. C.

El Ayuntamiento de Nerja solicitará formalmente a la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía su implicación económica en el proyecto de restauración y puesta en valor del Acueducto del Águila, un monumento del siglo XIX, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y situado en las proximidades de la pedanía nerjeña de Maro, y que será recuperado dentro de la Iniciativa de Turismo Sostenible de la Axarquía (ITS), que ha puesto en marcha la Consejería de Turismo, que prevé una inversión de 4,3 millones de euros en 2010, en un total de 18 actuaciones en 15 municipios de la comarca.

El proyecto global contempla una inversión de 792.000 euros, de los que el 70% (554.780 euros) serán aportados por la Consejería de Turismo con cargo a este plan pionero, que persigue dinamizar y mejorar la oferta turística de la comarca oriental. El 30% restante corresponde a la aportación municipal, aunque el alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP), anunció ayer que presentará una moción al pleno para pedir la implicación de Cultura, con un 50% de esta parte.

Así, la Consejería de Cultura, que según el regidor «tiene buena disposición» para respaldar el proyecto, aportaría 118.862 euros, una cantidad idéntica a la del Consistorio. El proyecto se prevé licitar a comienzos de 2010, con un plazo de ejecución previsto de un año.

La restauración del Acueducto es la más costosa de las 18 actuaciones previstas en la comarca, seguida de un nuevo centro de interpretación de las ruinas romanas del Faro de Torrox, por 624.000 euros.