Las infracciones urbanísticas caen a mayor ritmo que la actividad del ladrillo. En un año se han reducido un 22 por ciento
21.12.2009 -
Obra ilegal en Las Chapas que fue demolida este año tras un acuerdo del Ayuntamiento con el propietario, el empresario José Ávila Rojas. ::JOSELE-LANZA
Durante años, a los que a estas altura no hace falta ponerles nombre y apellidos, el urbanismo en la ciudad fue una auténtica anarquía. Desde el propio Ayuntamiento, que obvió todas las leyes habidas y por haber para enladrillar el horizonte, a algunos constructores modestos y no tan modestos que hicieron oídos sordos a la necesidad de pedir permisos hasta para tirar un tabique y decidieron seguir adelante para ahorrarse un puñado de euros. De lo primero ya no queda nada y de lo segundo, cada vez menos. Las obras ilegales detectadas por el Ayuntamiento van camino de convertirse en una anécdota. Al menos ese es el propósito del equipo de gobierno, que quiere poner el parche antes de la herida y optar por la pedagogía antes de tener que pasar de las palabras a los expedientes sancionadores. De momento, las estadísticas apuntan a un tímido cambio de tornas.
Inspectores
El cerco a las infracciones urbanísticas empieza a dar sus frutos. El número de expedientes incoados por la Delegación Municipal de Urbanismo, según los últimos datos facilitados por el Ayuntamiento hasta final de noviembre y a la espera de cerrar el ejercicio, asciende a 627 frente a los 893 abiertos a lo largo de 2008. Esto supone que frente a las 18 obras ilegales de media que los inspectores detectaron cada semana a lo largo del año pasado, en este ejercicio rondan las 14. La mayoría relativas a reformas o ampliaciones sin autorización o que exceden lo que recoge la licencia.
La crisis, que tiene la construcción en punto muerto, es una de las causas, pero no la única. Es más, mientras que las peticiones de licencia de obra menor o comunicadas, actuaciones donde se detectan el grueso de las irregularidades y que tienen un presupuesto inferior a los 60.000 euros, han caído en el último año un 18 por ciento, las infracciones se han reducido un 22 por ciento, cuatro puntos por encima. Frente a las 66 de 2008 se conceden unas 54 a la semana. Hay menos pero no una caída libre, como sería de esperar. «Un factor es la crisis pero también la labor pedagógica, que está funcionando», señala el concejal de Urbanismo, Pablo Moro.
El protocolo está fijado de antemano. La unidad de inspección, integrada por cuatro personas, ha potenciado las labores de vigilancia y las de prevención. Sus funciones: hacer un seguimiento de las obras mayores en varias fases clave para evitar problemas a la hora de dar la licencia de primera ocupación, solicitar los permisos en las obras e invitarles a que las regularicen si carecen de ellos y vigilar la actividad en la vía pública, relativa a las instaladoras de suministros, «para que no sea la ley de la selva».
«No salimos a ver a quién pillamos sino que les explicamos cómo pueden legalizar la obra, porque muchas veces hay desconocimiento», apunta el concejal de Urbanismo, que pone el acento en que cada vez hay más conciencia en que, al contrario que hace unos años, «no vale todo». «Cuando se va viendo que hay seriedad cada vez menos gente se atreve a saltarse la norma», anota. La agilidad en la concesión de las licencias para obras menores también ayuda. Antes se eternizaban e incluso se traspapelaban. Ahora en quince días, por la fórmula de licencias comunicadas, se entienden otorgadas si no hay problemas.
Sanciones millonarias
Muchos de los expedientes sancionadores en trámite, medio millar, vienen de atrás, de la época de la comisión gestora que tuvo la responsabilidad de poner al día el caos urbanístico del gilismo. Es el caso de los relativos a edificios en situación irregular que están a la espera de que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) clarifique su futuro. De ahí que en los decretos de resolución de procedimientos de este año haya cinco con una cuantía mayor a un millón de euros. La sanción va en proporción al presupuesto de ejecución y en estos casos, es millonario. Su resolución estará a expensas del planeamiento.
Son las más abultadas pero no las únicas. Este año se han resuelto seis sanciones de más de 200.000 euros, cinco de más de 100.000 euros, 19 de 10.000 euros y el resto, de menos de 10.000 euros. Por otro lado están las multas coercitivas, que se imponen mensualmente durante un año si se desoye la orden de demolición en los casos en que no cabe la legalización. Este año se han impuesto 43 por valor de 138.039 euros. Si sigue sin haber respuesta, el Ayuntamiento de Marbella se hace cargo del derribo de forma subsidiaria y posteriormente le reclama el gasto al propietario. Es el último cartucho.
