Urbanismo da el último paso antes de que entre en vigor, pero con los interrogantes sobre convenios y suelos suspendidos
S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 21.04.2011 - 01:00
El instrumento estrella de planificación de la ciudad, el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), entra en su recta final después de que ayer, con los votos favorables del PP y la abstención del PSOE, se aprobase el documento de subsanación de parte de los defectos detectados por la Junta de Andalucía en el documento. Analizada la cuestión en el seno de la última Comisión de Movilidad y Urbanismo del presente mandato, el informe, tras ser ratificado en el Pleno, será remitido a la Administración autonómica, que, una vez estudiado, deberá dar luz verde a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Un paso que convertirá en efectivo el documento.
Pero la tramitación última no evita que el PGOU siga marcado por no pocos interrogantes, puesto que las subsanaciones realizadas por Urbanismo afectan sólo a cuestiones de menor entidad incluidas en informes sectoriales de organismos como la Agencia Andaluza del Agua, Carreteras de la Junta, Aviación Civil, entre otros, sin entrar en los aspectos suspendidos por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua). Y entre los que se incluyen propuestas como la construcción de 3.500 viviendas en sectores de Churriana, Campanillas, Santa Rosalía y Wittemberg "por no tener estudiados los cauces que discurren por ellos, según la Agencia Andaluza del Agua".
El rechazo se mantiene sobre "la ordenación detallada" de los antiguos suelos de Repsol, donde se proyectan cinco grandes torres con capacidad para unas 1.300 viviendas, y la reclasificación de la parcela del estadio de fútbol de La Rosaleda. Sobre ello, la Junta exige que se incluya un nuevo condicionado para garantizar "el previo traslado del campo". Al tiempo se descarta clasificar como urbano la franja de suelo ocupada por las viviendas de El Palo y Pedregalejo.
Queda por responder a qué ocurrirá con éstas cuestiones y sobre ciertos proyectos a los que se ha opuesto de manera continuada la Administración autonómica y que han sido recurridos judicialmente por el Consistorio. En este ámbito se sitúan, por ejemplo, la construcción de medio millar de casas al norte de la ronda este o la posible ocupación de los terrenos de Arraijanal, que la Junta ha logrado finalmente que queden contemplados como parque metropolitano.
A ello hay que agregar la sombra generada por la inseguridad de cobrar los convenios urbanísticos que se han suscrito en los años pasados con el PGOU como telón de fondo. Conforme a los calendarios manejados, en las semanas posteriores a la entrada en vigor del Plan General, el Ayuntamiento deberá cobrar alrededor de 170 millones de euros, extremo para nada claro ante las dificultades económicas por las que atraviesan algunas de las promotoras responsables de estos acuerdos. No obstante, el equipo de gobierno del PP insiste en que reclamará cada euro de los pactados y en la fecha prevista.
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, defendió ayer las bondades del planeamiento, mientras el concejal del PSOE Sergio Brenes volvió a denunciar la ausencia de zonas verdes y equipamientos en el documento. Al tiempo, insistió en que se trata de un documento diseñado "a golpe" de convenios urbanísticos.
