domingo, 13 de noviembre de 2011

Perfil para una ascensión (Málaga Hoy)


El 'skyline' que brinda la ciudad en su acceso por Ortega y Gasset es un núcleo de alta densidad de población y espectro social amplio, en el que los más diversos modelos familiares y económicos conviven con razonable armonía a pesar de la falta de espacio
PABLO BUJALANCE / MÁLAGA | ACTUALIZADO 13.11.2011 - 01:00
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En la página anterior, estampa típica del 'skyline' de Santa Cristina, con sus emblemáticos edificios de 12 plantas. En esta página, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, parque con recinto infantil, bar Los Cazadores, instalación del aparcamiento municipal con pintadas, una manita de pintura en la calle Arenisca y basura acumulada alrededor de los contenedores.
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"Antes todo esto era campo", dice un hombre mayor de cazadora de pana y gorra bien ajustada antes de entrar en un bar para pedir un café cargao. Málaga tiene en Santa Cristina una de sus fronteras proverbiales, y sigue ejerciendo como tal a pesar de que en los últimos años nuevos barrios como Cortijo Alto han ampliado considerablemente los límites de la periferia. Es cierto: hasta hace no mucho más de tres décadas, todo lo que se podía contar aquí era la Carretera de Cártama, y aunque ya había algunos edificios cualquier consideración de barrio terminaba en Tiro Pichón. Ahora, Santa Cristina ofrece a quienes llegan a la ciudad por carretera una emblemática panorámica tipo skyline, y aunque la de la Avenida Ortega y Gasset no es precisamente una de las entradas más notorias de la urbe, desde la A-7 puede contemplarse la imponente compostura de sus altos bloques de viviendas. Junto al mismo Cortijo Alto y el desarrollo del Cortijo de Torres, los últimos tiempos han propiciado la aparición de elementos como El Corte Inglés de Bahía Málaga y el Palacio de Ferias y Congresos, lo que, junto al crecimiento exponencial de la Universidad, traslada hasta aquí diariamente a miles de malagueños. Pero de nuevo, como a menudo ocurre en esta bendita ciudad, se produce la paradoja: a pesar de la proliferación de agentes que han contribuido a centralizar el entorno de Santa Cristina, la misma Avenida Ortega y Gasset y su conexión con la autovía continúan separando este barrio del resto de Málaga con firmeza infranqueable, con Tiro Pichón como única conexiónnatural. Así que, entre la distancia y la proximidad, entre la separación y la continuidad, Santa Cristina juega a ser un barrio autosuficiente y característico y a la vez uno de tantos, enlace necesario para que muchos lleguen cada mañana a su puesto de trabajo. Lo cierto es que todo ese contraste entre la esencia de la periferia y la de su condición de vértice indispensable en el trasiego diario de la urbe genera en Santa Cristina otro poderoso juego de contrarios, si se quiere, ya a ras de suelo, donde continuamente se cruzan los vecinos. El bar donde ha entrado nuestro hombre es precisamente eso, un bar de hombres, en perpetuo claroscuro, donde el café se sirve con vehemencia y el zapping televisivo se detiene donde quiera que haya fútbol. Pero justo al lado caminan unos adolescentes con las capuchas de los chandal convenientemente puestas. Uno de ellos, el más bajito, que podría pasar por un chaval de doce años, pregunta a una chica: "¿Tú has probado el tabaco?". La muchacha niega con la cabeza, pero él se apresura a responderse a sí mismo: "Yo sí. Pero me gustan más los petardos". Poco después, un matrimonio y sus cuatro hijos, todos de ellos de edades similares, suben al monovolumen que estaba aparcado frente al portal de uno de los altos bloques de doce plantas con las luces de emergencia encendidas. Se adivina la intención campestre: llevan algunos tupperware, una pequeña nevera portátil, atuendo idóneo para el más puro asueto, perfecto para un sábado por la mañana como el que acontece. Cuando todos los niños han subido al coche, el padre, un funcionario de Hacienda en potencia que luce un forro polar azul marino y vaqueros perfectamente planchados, entra en el portal y sale con el último ocupante que faltaba para emprender el viaje en brazos: un chucho marrón que no para de menear la cola y que en el suelo no debe levantar más de dos palmos. En pocos minutos, desde la misma perspectiva que nos ofrece la atalaya escogida en la calle Arenisca, cruzan algunos matrimonios mayores que caminan muy despacio, como si todo el tiempo jugara a su favor; un cuarteto de mujeres con velo islámico que ríen la ocurrencia de una de ellas con discreción y sana complicidad; y más adolescentes, algunos listos para dar patadas a un balón en la cancha de Tiro Pichón. Cualquier ser humano tendría aquí su lugar. 

No obstante, a pesar de su amplio espectro social, Santa Cristina es un barrio de poderosa adscripción a la defenestrada clase media. Y eso significa que no pocos de los vecinos se han quedado en el paro en los últimos años. Algunos de los negocios que se habían abierto en los bajos de los mismos bloques de viviendas (bazares, tiendas de alimentación y algunas academias) han tenido que cerrar sus puertas. En el parque infantil que se inauguró hace unos años por suscripción popular rondan no sólo madres que pasan el tiempo con sus hijos, también adultos que rondan para distraerse y tomar el fresco sin nada mejor que hacer. Conforme se dejan atrás los altos edificios de las calles Obsidiana y Cristóbal Villalón y se avanza por la misma calle Arenisca hacia otras como Río Huebra, Palva y Arriate, en las que los edificios tienen ya una altura mucho menor y en las que incluso aparecen algunas viviendas unifamiliares, la sensación se acentúa. Casi se respira cierto abandono en las cercanías del Colegio Neill, demasiado sucias para alegría de los gatos que salen disparados hacia La Barriguilla. El contraste urbanístico, por tanto, se traduce de inmediato en un contraste social: la faceta multirracial deriva en una soledad de contenedores de basuras que han amanecido repletos y a cuyo alrededor se amontonan desperdicios y muebles destripados. Hay pintadas obscenas o simplemente innecesarias en muchas paredes, incluidas las del aparcamiento municipal. Una señora que camina con las bolsas de la compra y que pasea a su vez a otro chucho parecido al anterior se acerca cuando nos ve prestar demasiada atención a los contenedores: "Sí, esto está hecho una porquería. Es una lástima". Tiene razón. 

Por las noches, Santa Cristina ofrece su panorámica más amable, con una amplia oferta de bares, cafeterías, restaurantes y establecimientos de comida rápida casi siempre llenos. Como si otro barrio esperara a que el día sea historia.

Reurbanización sobre el túnel (La Opinión)


Las calles ocupadas durante la construcción de la estación están prácticamente terminadas







La calle Mendívil reurbanizada.
La calle Mendívil reurbanizada. Arciniega
MIGUEL FERRARY Las calles ocupadas durante la construcción de la estación están prácticamente terminadas y a falta de devolver al uso público a sólo una parte de una ampliada y renovada calle Mendívil. Esta reurbanización ha servido para mejorar la calle, que estaba muy degradada como patio trasero de las estaciones de tren y de autobús, sin apenas accesos suficientes para tener una utilidad en la movilidad de la zona.

La construcción del túnel de la línea 1, proveniente de la calle La Unión, y la estación, ha permitido recuperar este espacio, que ahora cuenta con dos carriles por sentido separados por una mediana y aceras más anchas. Esta actuación también ha permitido la construcción de unos tragaluces que ofrecen ventilación natural al túnel del metro y que se pueden ver como una malla en el asfalto, que conecta con la calle.

La obra del metro obligó a Metro Málaga a desmontar una arcada del antiguo edificio del Centro de Exposiciones Sur, que está catalogado para su protección y pertenece a Adif. La empresa ha conservado todas las piedras del edificio, debidamente tratadas, para que Adif pueda reutilizarlas en la rehabilitación de este antiguo edificio ferroviario.

Un arroyo y un muro nazarí en el vestíbulo (La Opinión)


La obra de la estación incluye la integración de dos elementos poco usuales en un metro






El muro del fondo esconde la antigua muralla nazarí.
El muro del fondo esconde la antigua muralla nazarí. Arciniega
MIGUEL FERRARY La construcción del vestíbulo de la estación central del metro de Málaga se ha enfrentado a dos retos peculiares que los ingenieros han resuelto con su integración en la estructura. Así, un paño del antiguo muro nazarí que defendía los arrabales de la ciudad árabe de Málaga del siglo XIII se expondrá como un elemento más del vestíbulo, permitiendo acercar la historia de Málaga a los futuros usuarios del metro. Además, el vestíbulo cuenta con una estructura adosada al techo –que se tapará cuando se apliquen los acabados– por donde circula el cauce del arroyo del Cuarto.

Cauces

La confluencia de cauces subterráneos y restos arqueológicos ha supuesto un reto para la construcción de la estación. Bajo la esquina entre la plaza de la Solidaridad y la Explanada de la Estación –junto al local de una cadena de comida rápida– se encuentra el trazado de la antigua muralla nazarí de defensa del arrabal de El Attabanin. Actualmente estos restos, que han sido preservados durante la construcción del metro, están tapados por una capa de terreno que se retirará para su posterior exposición. Es un tramo importantes, que estará junto al acceso a la estación previsto en esa zona y que permitirá ver el muro, así como restos del torreón y los portalones.

Cerca de allí hay un cajón que cruza sobre el vestíbulo, adosado al techo, por donde pasa el cauce del arroyo del Cuarto, que desagua gran parte de las lluvias que caen en la zona norte de la ciudad. Otro de los brazos del arroyo, que pasa bajo la calle Edison, tiene su encauzamiento integrado en la estructura, por donde pasará el agua sin afectar al resto del espacio.

La Junta asesorará a los ayuntamientos de la Axarquía en la regularización de las casas ilegales. Vélez-Málaga (SUR)


Obras Públicas elabora un plan para informar a los municipios sobre los trámites a seguir para legalizar las viviendas fuera de ordenación
13.11.2011 - 
AGUSTÍN PELÁEZ
 
VÉLEZ-MÁLAGA.

La Junta asesorará a los ayuntamientos de la Axarquía en la regularización de las casas ilegales
Miles de viviendas irregulares siembran los campos de la Axarquía malagueña. :: E. CABEZAS
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda no quiere que la entrada en vigor del decreto de regularización de las viviendas ilegales existentes en la comunidad autónoma, prevista para antes de finales de año, sorprenda a los ayuntamientos de la comarca de la Axarquía sin saber qué hacer ni cómo actuar ante la avalancha de solicitudes de legalización que presentarán los propietarios de las casas fuera de ordenación en suelo no urbanizable.
Por este motivo, desde Obras Públicas y Vivienda se ha anunciado la elaboración de un plan de trabajo que tendrá como finalidad informar a los ayuntamientos sobre los trámites a seguir. «Lo que queremos es informarles sobre cómo tienen que tramitar las solicitudes de regularización que presenten los propietarios», ha señalado el delegado provincial de Obras Públicas en Málaga, Enrique Benítez.
Según Benítez, en el caso de los ayuntamientos más pequeños, como son los del interior de la Axarquía, con menos medios y recursos humanos, la intención de la Consejería es hablar también con las diputaciones andaluzas «para crear servicios de apoyo. Lo importante es que los ayuntamientos sepan qué pasos han de seguir».
En este sentido, Benítez ha explicado que las reuniones con los ayuntamientos, tanto con los alcaldes como con los secretarios y técnicos de urbanismo, se mantendrán antes de que entre en vigor el decreto de regularización.«Pensamos que la avalancha de solicitudes será bastante grande, por lo que los ayuntamientos deben saber en todo momento qué hacer y cómo actuar», ha manifestado Benítez.
Encuentros inminentes
Si como ya anunciara en octubre pasado la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, el decreto de regularización de las viviendas construidas en suelo no urbanizable de Andalucía estará aprobado entre finales de noviembre y principios de diciembre, los encuentros con los ayuntamientos se desarrollarán de manera inminente.
El decreto, que permitirá dar solución a decenas de miles de viviendas irregulares en toda Andalucía, incluida la comarca de la Axarquía, daba por cerrada en septiembre pasado la fase de información pública iniciada en julio. El documento está pendiente solamente de una serie de trámites técnicos, así como la supervisión por parte del gabinete jurídico del Gobierno andaluz y la exposición al Consejo Consultivo de Andalucía, que será el encargado de su aprobación, toda vez que la nueva normativa no exigirá trámite parlamentario.
En el caso de la Axarquía el número de edificaciones inventariadas por estar construidas sobre suelo no urbanizable asciende a s 12.760, únicamente en 22 de los 31 municipios de la comarca, de las que más de 11.000 podrían beneficiarse del nuevo decreto.
De las 12.769 viviendas, 976 tienen menos de cuatro años, por lo que el delito aún no ha prescrito, de forma que los ayuntamientos deberán identificar «caso por caso» cada una de ellas y solicitar los informes oportunos para poder, finalmente, conceder la correspondiente licencia, según avanzó la consejera hace unos meses. Además, 859 viviendas se encuentran en suelo protegido, de modo que no se descarta su posible demolición, al no poder regular su situación.
Según Benítez, los trámites de regularización de las viviendas fuera de ordenación recaerán casi en sus totalidad en los ayuntamientos, de ahí la necesidad de que sepan en todo momento qué pasos deben dar y cómo actuar.

La Junta da el visto bueno al puerto deportivo previsto en la Cala de Mijas (SUR)


La inversión privada financia íntegramente el proyecto, desde los estudios previos hasta la gestión posterior del recinto

El nuevo equipo de gobierno de Mijas avanza en la ejecución del que es, sin duda, su proyecto estrella del mandato: la creación de un puerto deportivo en el entorno del núcleo de La Cala. Así, en los últimos días La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), organismo dependiente de la Junta de Andalucía, ha dado el visto bueno a la iniciativa.
El concejal de Urbanismo de la localidad, Manuel Navarro, ha mantenido en las últimas semanas diversas reuniones con responsables de la APPA con el objetivo de definir una hoja de ruta en la que se marquen las pautas legales a seguir para la construcción de la instalación portuaria. Esta infraestructura ya aparece reflejada en el Plan de Ordenación del Territorio, que data de 2006. Para que el expediente que recoge todas las pautas del proyecto eche a andar, se requiere de la elaboración de un estudio de viabilidad económica, que el equipo de gobierno tiene previsto sacar a concurso público.
Pasos previos
La empresa ganadora será la encargada de financiar todos los estudios técnicos y económicos exigidos por ley, que son necesarios para definir el proyecto de puerto que se quiere implantar. Y es que, para que la iniciativa salga adelante, es necesaria una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en la que se incluya la determinación de puerto que indica el POT. También se deben ejecutar los correspondientes estudios de impacto ambiental o el anteproyecto inicial y final de la futura instalación portuaria, entre otros trámites técnicos.
Se trataría, según las previsiones iniciales, de un puerto de 1.200 puntos de atraque, donde una vez finalizado, el Ayuntamiento dispondría de muchas instalaciones propias para el desarrollo de actividades, como una escuela municipal de vela, una oficina de turismo, salas de exposiciones, e incluso algunos puntos de atraque. Por otro lado, la administración local incrementaría el patrimonio municipal con locales comerciales y oficinas que se puedan plantear en este espacio.
En el momento en que estén elaborados y aprobados todos estudios y documentos, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía será la encargada de licitar tanto la construcción como la explotación de «un recinto turístico, lúdico y deportivo que pretende convertirse en uno de los motores económicos del municipio», aseguran desde el Ayuntamiento. Por ahora, los servicios municipales disponen de un estudio, firmado por un prestigioso catedrático de una universidad madrileña, que avala la construcción del puerto en la zona de Las Farolas, que queda fuera de las áreas de especial protección medioambiental, tiene una cota muy alta en relación a la carretera y no se verá afectada por las corrientes.
Desde que el equipo de gobierno hiciera pública su intención de promover la construcción de un puerto deportivo, varias empresas, tanto nacionales como extranjeras, se han interesado por el proyecto, que, «en cualquier caso, solo será ejecutado por la iniciativa privada», aseguró Navarro. Además, indicó que «poder disponer en un futuro no muy lejano de un puerto deportivo es una oportunidad única, desde el punto de vista turístico y económico». «Solo el proceso de construcción puede generar varios miles de empleos, algo muy bueno para Mijas», valoró el edil.

El TSJA desbloquea el proyecto para la ampliación del puerto de La Bajadilla. Marbella (SUR)


El alto tribunal andaluz descarta tomar medidas cautelares y permite seguir adelante pese al recurso presentado contra la licitación

El TSJA desbloquea el proyecto para la ampliación del puerto de La Bajadilla
Presentación del proyecto de ampliación del puerto en mayo de este año. :: JOSELE-LANZA
El proceso para iniciar la construcción del nuevo puerto de La Bajadilla seguirá adelante. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desbloqueado el procedimiento al desestimar la adopción de medidas cautelares tras el recurso presentado por el grupo de empresarios que perdió la licitación frente a la Unión Temporal de Empresas formada por el jeque catarí Abdullah Ben Nasser Al-Thani y la sociedad municipal del Puerto Deportivo de Marbella.
La Sala de la Contencioso Administrativo del TSJA en Málaga tomó el pasado miércoles esta decisión, que no se comunicará a las partes hasta el próximo martes, según ha podido saber este periódico. En el auto judicial se considera que no está acreditado que seguir adelante con el proceso produzca daños irreparables a la sociedad que ha presentado el recurso -el consorcio Unión Temporal de Empresarios Marina Internacional de Marbella- aun en el hipotético caso de que los tribunales le acaben dando la razón. Los empresarios que perdieron el concurso sostenían en su recurso que en la adjudicación al jeque y su socio municipal no se respetaron las bases que fijaba el pliego de condiciones.
La decisión adoptada por el tribunal permitirá que en las próximas semanas se lleve a cabo la firma del contrato entre la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (dependiente de la Junta) y la UTE formada por la sociedad de Al-Thani y el Ayuntamiento, que en principio había sido prevista para mediados de octubre pero que tuvo que ser aplazada como consecuencia de la presentación del recurso.
Fuentes jurídicas han explicado a este periódico que el proceso contencioso administrativo podría prolongarse hasta una década, ya que los sucesivos recursos y apelaciones podrán llegar hasta el Tribunal Supremo. Para la ciudad hubiese supuesto un grave contratiempo que la principal obra de infraestructura prevista para su desarrollo económico, con una inversión estimada en 400 millones de euros, quedara empantanada en un contencioso judicial de esa envergadura.
Precisamente en este argumento, y en el hecho de que se trata de una obra de interés general que afecta al conjunto de los vecinos y al modelo de ciudad, se basó el escrito presentado por el Ayuntamiento contra el recurso de los empresarios que solicitaban medidas cautelares. El TSJA le ha acabado dando la razón.

Los deberes del nuevo Gobierno para Málaga (SUR)


La mejora de los Baños del Carmen y el parque en el Benítez, entre los asuntos pendientes
13.11.2011 - 
JESÚS HINOJOSA jhinojosa@diariosur.es

C on independecia del resultado que deparen las urnas dentro de una semana, el nuevo ejecutivo que llegue a la Moncloa tendrá ante sí una serie de cuestiones pendientes para Málaga y su provincia que, lejos de ser nuevas, llevan años a la espera de recibir el impulso decisivo para que puedan hacerse realidad. Aunque la actual crisis no es precisamente el mejor caldo de cultivo para que ahora se materialicen, el equipo que llegue al Gobierno central tendrá el reto de impulsarlas, máxime cuando se trata de actuaciones que en muchos casos le atañen directamente y que exigen su compromiso junto con el de otras administraciones públicas como los ayuntamientos o la Junta de Andalucía.
La conversión del campamento Benítez en un parque, la remodelación de los Baños del Carmen, la adaptación del antiguo colegio de San Agustín como biblioteca, la construcción del Auditorio, el acceso norte al aeropuerto, el tren litoral, el anillo ferroviario y el saneamiento integral son algunas de las principales asignaturas por resolver.
Los Baños del Carmen podría ser un buen ejemplo de 'eterno proyecto pendiente' para Málaga. Más de una década de retraso acumula ya la puesta en valor de este privilegiado enclave del litoral de la capital tras sucesivos anuncios de proyectos y trámites que no han llevado aún a nada en concreto. Y es que no fue hasta el año pasado cuando el Ministerio de Medio Ambiente aprobó definitivamente el proyecto, valorado en unos 13 millones de euros, y lo declaró como de utilidad pública. De hecho, llegó a incluir una partida de 400.000 euros en los presupuestos de este año para sacar a concurso las obras. Sin embargo, Costas aún no ha logrado resolver, después de todo este tiempo, el principal escollo: recuperar de las concesiones que existen en el lugar, un restaurante y unos astilleros, a los que todavía quedan nueve años de explotación.
En una situación parecida está el proyecto para hacer del antiguo colegio de San Agustín, en pleno Centro, la nueva Biblioteca Pública del Estado, que lleva más de 15 años en una sede provisional en la avenida de Europa. Después de seis años esperando su recuperación, el inmueble ya es uno de los edificios fantasma del casco antiguo, en el que habitan la suciedad, los gatos y las palomas. Tuvieron que clausurar una de sus entradas para evitar la presencia de 'okupas'. Mientras tanto, el Ministerio de Cultura y la Junta, que tiene transferida la gestión de la biblioteca, aún no han hecho los deberes para poner en marcha la obras. Tras cuatro años de trifulca burocrática, el tema sigue en punto muerto.
Museo de Bellas Artes
Cerca del antiguo colegio agustino se encuentra el Palacio de la Aduana, cuya reforma para Museo de Bellas Artes y Arqueológico se encuentra en pleno proceso de realización. El nuevo Ejecutivo central tendrá que gestionar la puesta en funcionamiento de este notable equipamiento.
Sin salir del ámbito urbano, todavía no está resuelta la cesión de la antigua cárcel de la Cruz del Humilladero al Ayuntamiento para convertirla en un nuevo centro ciudadano de tipo social o cultural, ni el traslado de las instalaciones del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) que se encuentran en un antiguo cuartel de la plaza de Capuchinos, que también podría pasar a manos municipales. De igual modo, está pendiente la tramitación del deslinde marítimo-terrestre que permitirá dar seguridad legal a las casas situadas en primera línea de playa en el litoral oriental de la capital.
En el terreno portuario, el Gobierno tendrá que decidir qué va a pasar con el proyecto para soterrar el ferrocarril que une los muelles de mercancías con la estación de trenes. Si bien es cierto que esta línea es poco usada desde hace un año y medio, debido a la caída de los derivados del cemento y de la exportación de cereales, está previsto volver a utilizarla para conectar el puerto con un nudo logístico planteado en Antequera por la Junta de Andalucía. Según el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Linde, la obra está pendiente de que el Ayuntamiento expropie unas viviendas.
Igualmente, tras las elecciones, la Administración central, junto con la autonómica y la local, deberá retomar el proyecto para levantar el Auditorio de la Música en la plataforma de San Andrés. Numerosos interrogantes se ciernen aún sobre este importante equipamiento, pendiente de unos últimos trámites para sacar a concurso la obra. El principal de todos ellos cómo asumir su coste, que está cuantificado en 81 millones de euros, una cantidad desorbitada para la carestía de las instituciones. De ahí que incluso se baraje la participación de capital privado para poder sacar adelante el proyecto.
A nivel ferroviario, queda pendiente el asunto del corredor ferroviario mediterráneo, aprobado inicialmente por la Comisión Europea en su trazado por el interior de Andalucía, es decir, uniendo Almería con Algeciras a través de Granada y Antequera. El trazado por el litoral malagueño no se contempla por ahora, lo que ha generado una gran controversia en las últimas semanas.
El anillo ferroviario
Igualmente, deberán darse los pasos necesarios para empezar a construir el anillo ferroviario de ensayo y experimentación que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha previsto en la Vega de Antequera. Con una longitud de 57,9 kilómetros, que requieren una inversión de más de 400 millones, se podrán alcanzar velocidades de hasta 450 kilómetros por hora.
El nuevo Gobierno también tendrá que intervenir, junto con los otros estamentos públicos, en otras dos destacadas actuaciones: la adecuación del cauce del Guadalmedina y la creación del tren litoral entre Málaga y Estepona. Esta semana se ha firmado el protocolo entre el Ministerio de Fomento y la Junta para esta última infraestructura que uniría con alta velocidad la capital y Estepona, pero su coste, nada menos que 5.000 millones de euros, hacen muy difícil su inicio en el momento actual. Posiblemente, en los próximos cuatro años tampoco se verán obras en el Guadalmedina, pero al menos se aclarará la solución para el río, inmersa en un concurso de ideas.
Mucho más factible, a priori, parece la conversión de los terrenos del antiguo campamento Benítez en un parque periurbano, proyecto que fue lanzado hace ya más de un año y que no ha pasado de las buenas intenciones por parte del Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento y la Junta. Todavía no se ha firmado el convenio a tres bandas para fijar las condiciones de esta actuación, muy demandada por los principales colectivos malagueños. Se dijo en marzo que había cinco millones de euros para el parque del Benítez a los que podrían sumarse otros tres de los planes de reforestación regionales. Nada de esto se ha fijado aún y el espacio, dotado ya con varios ejemplares de árboles de gran porte, permanece en desuso.
Acceso al Arroyo de la Miel
Lejos de los grandes presupuestos de infraestructuras de transporte de largo recorrido se encuentran una serie de actuaciones que, de ponerse en marcha, supondrían una notable mejora para el día a día de los malagueños. En ese sentido, cabe destacar la necesaria remodelación del acceso al Arroyo de la Miel desde la A-7, donde a diario se producen numerosos atascos, la culminación del soterramiento de esta autovía a su paso por San Pedro Alcántara tras más de cuatro años de obras, la realización del acceso norte al aeropuerto desde la nueva segunda ronda -con el proyecto redactado hace unos cuatro años- y la solución a la movilidad de los 14.000 trabajadores del Parque Tecnológico de Andalucía con la prolongación de la línea de Cercanías interior hacia la tecnópolis. Según informes técnicos de la Junta está opción es más rentable que la del metro porque permitiría transportar tres veces más pasajeros en hora punta hacia el Centro y hacerlo en la mitad de tiempo que con el suburbano. Además, llevaría el Cercanías a Campanillas, zona marcada para la expansión residencial de Málaga en los próximos años.
Las medidas pendientes para depuración y abastecimiento de agua también requieren atención del nuevo Gobierno si es que quiere alcanzarse el 'vertido cero' para el año 2015, como obliga la Unión Europea, con lo que ello supone de mejora para la calidad de las playas y el turismo. Están por hacer una depuradora en Nerja, que fue declarada de interés general estatal en 1995 para el único gran municipio del litoral malagueño que aún no la posee, culminar la ampliación de la de Estepona y construir la desaladora de Mijas, proyecto con las obras ya licitadas por 61,7 millones de euros, y que está pendiente de la cesión del suelo por parte del ayuntamiento.

viernes, 11 de noviembre de 2011

Los ayuntamientos deben 157 millones a la construcción en Málaga (La Opinión)

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ Las empresas del sector de la construcción en Málaga asisten impotentes al incremento mes a mes de la deuda que las administraciones públicas mantienen con ellas, algo que les está complicando extraordinariamente la existencia en estos momentos en el que el parón inmobiliario y la bajada de la licitación de la obra pública mantienen la actividad bajo mínimos. 

La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) cifra ya en unos 327 millones de euros la deuda que los distintos ayuntamientos de la provincia y la Junta de Andalucía tienen contraídas con empresas del sector por obras y servicios realizados y no satisfechos aún.

El montante del débito se reparte entre los 170 millones de euros que debe la Junta de Andalucía y los 157 que adeudan los municipios. Pero es que además ambas deudas crecen a un ritmo de un millón de euros al mes en concepto de intereses, según las estipulaciones de la Ley de Morosidad.

En lo referente a los ayuntamientos, las elecciones municipales del pasado 22 de mayo no han mejorado una situación de morosidad que se viene soportando desde hace más de dos años. Por el contrario, la llegada a los consistorios de los nuevos equipos de gobierno ha propiciado aún más retrasos en el pago, bien porque nada más llegar se solicitaron auditorías para comprobar el estado real de las cuentas, o bien porque se comprobó que, efectivamente, no había ni un euro en las arcas.

Un «top 5» de morosos

El ranking de ayuntamientos morosos sigue dominado, como ya se comentó hace unos meses, por cinco consistorios que reúnen entre todos ellos una deuda global de más de 50 millones de euros, lo que equivaldría a un tercio del total de lo que adeudan las administraciones locales malagueñas. Esos cinco ayuntamientos son, en orden de mayor a menor cuantía de la deuda, los de Estepona, Fuengirola, Benalmádena, Mijas y Rincón de la Victoria. Todos ellos deben por encima de los 10 millones.

Fuentes del sector recuerdan que actualmente se ha habilitado una línea de créditos a cargo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinada a que los ayuntamientos salden sus deudas con los proveedores y apuntaron que «sería muy interesante comprobar cuántos municipios se han adherido a la misma» porque eso demostraría su predisposición a solucionar el problema. De momento, sólo se han conocido casos esporádicos de localidades que han solicitado estos créditos o han mostrado su intención de hacerlo para atender al pago a proveedores –y no sólo a constructores– como Vélez-Málaga, Torremolinos o Manilva. 

Los datos oficiales apuntan que la citada línea de crédito «ICO entidades Locales», puesta en marcha el pasado mes de julio y que expira el 30 de noviembre, ha aprobado en toda España 459 millones de euros en préstamos para 164 entidades locales, pero no hay desglose de datos provinciales ni municipales. 


Registro municipal de facturas y vía judicial


El sector constructor malagueños damnificado por las deudas también reclama a los ayuntamientos en general que cumplan con su obligación de crear los Registros Municipales de Facturas, que son obligatorios según la Ley 15/2010 de modificación de la Ley de Morosidad desde el mes de julio del año 2010. En caso de fallar todos estas instancias, los empresarios ya han afirmado en alguna ocasión que la única salida que ven al problema de las deudas de los ayuntamientos es que la Justicia imponga responsabilidades penales a los responsables municipales como continuación a algunas sentencias dictadas en los últimos años.

Pero tampoco en esa vía hay demasiadas esperanzas. Los empresarios recuerdan que la falta de un procedimiento judicial agilizado hace que cuando llegan las sentencias haya pasado tanto tiempo que la pequeña o mediana empresa afectada por la morosidad, con toda probabilidad, ha desaparecido por «asfixia financiera».

Esta situación, por otro lado, no es exclusiva del sector de la construcción, aunque sí es verdad que es uno de los más afectados. La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) afirmó hace unas semanas que la deuda global de las administraciones con sus empresas proveedoras asciende a 500 millones de euros.

Avalancha de ofertas para construir 84 VPO en Málaga (La Opinión)


Más de 500 firmas han presentado sus ofertas para redactar los proyectos básicos, de ejecución, de infraestructuras de telecomunicaciones y la dirección de obras de diez actuaciones que suponen la construcción de 511 viviendas en las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla.

Según indica la Junta, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha sacado a licitación estos proyectos con un presupuesto de 1,61 millones de euros y la previsión es que se puedan adjudicar en el primer trimestre de 2012. De ese futuro parque residencial, 211 viviendas se construirán en el marco de los planes de rehabilitación integral que ejecuta la Junta de Andalucía en los cascos históricos de Almería y Málaga; mientras que el resto corresponde a desarrollos urbanísticos en terrenos propiedad de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. Estas diez actuaciones, en las que las empresas adjudicatarias destinarán aproximadamente un periodo de 8 meses para la redacción de los proyectos, tienen una inversión asociada a la ejecución de las obras de 21,6 millones de euros en concepto de edificación y urbanización.

En el ámbito de la rehabilitación, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha recibido 281 ofertas procedentes de empresas interesadas en asumir la redacción de seis proyectos de Almería y Málaga.

En Málaga, un total de 170 empresas optan a adjudicarse con un presupuesto de casi 365.000 euros la primera fase de cuatro proyectos incluidos en el área de rehabilitación del centro histórico de la capital, que prevén la construcción de 84 VPO en las calles Chinchilla, Dos Aceras, Alta, Biedmas, Viento, Rosal Blanco y Parras.

Esas promociones se desarrollan en el marco del convenio existente entra la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para destinar suelo a la edificación de vivienda protegida. Las viviendas se construirán en régimen general en venta, salvo los 14 alojamientos protegidos previstos en la calle Parras, que se destinarán al alquiler.

En la provincia de Almería las dos actuaciones que se están licitando, con un presupuesto de 309.519 euros, han recibido 111 ofertas y hacen referencia a la redacción de los proyectos para la demolición y construcción en El Puche Centro de 116 VPO, destinadas a sustituir a las actuales edificaciones existentes en esa zona del barrio de El Puche.

Esta iniciativa está vinculada al proceso de renovación urbana que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda desarrolla en esta barriada, con el fin de «mejorar la calidad de vida y lograr una normalización de su población residente». El proceso de realojo definitivo en nuevas viviendas y demolición de las existentes se ha iniciado ya, con la construcción de 142 viviendas protegidas que fueron entregadas a las primeras familias en el presente año. Los futuros pisos, que contarán con tres dormitorios y 70 metros cuadrados de superficie, se adjudicarán en régimen de alquiler a 25 años.

Urbanismo vetará el uso de pavimento resbaladizo (La Opinión)

Las reformas de calles que se realicen a partir de ahora no podrán utilizar materiales que resbalen o acumulen suciedad, según explicó ayer el delegado municipal de Urbanismo y Vivienda, Diego Maldonado, quien apuntó que se ha dado la orden de vetar esos pavimentos para seguir las indicaciones de la Guía para la utilización de pavimentos en espacios públicos, elaborada por el Ayuntamiento de Málaga en colaboración con expertos en este tema.

Maldonado señaló que los próximos proyectos de reurbanización que está realizando la Gerencia Municipal de Urbanismo ya incorporan las recomendaciones de la guía, que fue presentada ayer junto al concejal de Accesibilidad y Movilidad, Raúl López. Así, para la próxima reforma de calles vinculada al Soho o la remodelación del entorno sur de la Catedral «no autorizaremos ningún pavimento que no ofrezca seguridad contra los deslizamientos y facilidad de limpieza», apuntó Diego Maldonado.

No obstante, el delegado de Urbanismo subrayó que las indicaciones que se recogen en la guía no se aplicarán a las calles ya remodeladas: «Es un planteamiento de futuro, pero no podemos levantar todo el pavimento de Málaga, sino que actuaremos en los nuevos proyectos». De esta forma, Maldonado descartó actuar en calles como la plaza del Siglo o del Carbón, que recibió muchas críticas por el acabado del acerado. Eso no quita para que Diego Maldonado afirme: «Si hay cualquier cuestión que necesite mejorar en seguridad y accesibilidad, lo haremos».

Respecto a las últimas remodelaciones del Centro, el delegado de Urbanismo subrayó que la plaza de la Merced se ha ejecutado siguiendo estos criterios, mientras que en el caso de las calles Cister, Alcazabilla y Molina Lario «se ha buscado un material que está por encima de lo que exige la normativa». Maldonado subrayó que la guía va mucho más allá de la exigencia legal «y nos servirá para ajustar más las mejoras y ofrecer más calidad de vida».

Muelle 1 y 2

El concejal de Accesibilidad y Movilidad, Raúl López, destacó la reforma de los muelles 1 y 2 del puerto como ejemplos en la elección de pavimentos que no son deslizantes y no acumulan suciedad «que además de afectar la imagen, también resbala». En este sentido, señaló que el material elegido en las actuaciones «hemos trabajado para que no resbale y dificulte el desplazamiento».

Además, Raúl López adelantó que también se ha buscado una solución para el adoquinado tradicional de esta zona portuaria y que se mantiene en algunos tramos del muelle 1. «Se instalarán caminos que irán de forma longitudinal al muelle y perpendicular a los comercios para facilitar el acceso», agregó el concejal, quien reiteró que esta actuación es muy importante para facilitar el tránsito de personas con alguna discapacidad motora.

El concejal de Accesibilidad y Movilidad destacó también que se está actuando en la calle Madre de Dios para corregir los problemas ocasionados por su diseño y elección de materiales en el tramo del carril bici y que había provocado muchas quejas por ser resbaladizos.
La Guía para la utilización de pavimentos en espacios públicos ha sido elaborada a partir de las I Jornadas de Diseño de Pavimentos Accesibles, en las que diversos expertos plantearon sus recomendaciones para la elección de un material que facilite el tránsito peatonal. 

Además, este libro cuenta con el apoyo del Grupo TAU, que plantea la existencia de productos que no son deslizantes y son fáciles de limpiar.
El director de la empresa Todo Construcción, distribuidora en Málaga de TAU, José Modesto, destacó que Málaga se sitúa como una referencia europea con esta guía, que es pionera en el sector.

Propuestas de actuación en zonas señaladas (La Opinión)

MIGUEL FERRARY La Guía para la utilización de pavimentos en espacios públicos incluye el análisis de varias zonas de la ciudad, sobre las que analiza sus problemas y aporta algunas soluciones, a cargo de distintos expertos. Es el caso del paseo marítimo de Pedregalejo, donde señala la posibilidad de eliminar la diferencia de altura que hay en el paseo, dejando todo al mismo nivel.

Así, propone que la actual zona de paseo, la más cercana a la playa, se diferencia de las terrazas por el tipo de material. Mientras la primera sería con madera tratada, la parte de las terrazas se pavimentaría a base de hormigón con áridos o granito. También plantea peatonalizar los acceso peatonales desde la calle Bolivia, eliminar jardineras y mejorar los vados.

La guía también plantea una reforma de la calle San Agustín, donde el pavimento del tramo entre la iglesia y el Museo Picasso dificulta la accesibilidad. La propuesta es mantenerlo en los laterales y abrir un camino central con un material más adecuado. 

Sobre el Paseo Marítimo de Poniente, advierte de la existencia de diferentes niveles de paseo que no siempre están bien conectados, así como una mezcla de pavimentos que no continúan un criterio claro. Propone diferenciar mejor el carril bici, así como hacer que el tránsito entre el paseo y la playa sea suave y con una rampa mínima. En esta línea, insiste en la necesidad de continuar el paseo marítimo de Poniente hacia la desembocadura del Guadalhorce, con un diseño propio de un paseo fluvial y recuperando el espigón de la Térmica.

La venta de viviendas en la provincia cae un 39% en septiembre (SUR)


El desplome del sector inmobiliario sigue lejos de encontrar freno. La compraventa de viviendas descendió en septiembre en la provincia de Málaga un 39% respecto al mismo mes de 2010, según los datos de la estadística de transmisiones de derechos de la propiedad del Instituto Nacional de Estadística, difundidos ayer. Se trata de una caída superior a la registrada en el ámbito (que fue del 32,6%) y nacional (del 28%).
En el noveno mes de este año se registraron 1.196 operaciones de compraventa de viviendas en la provincia, frente a las 1.960 de septiembre de 2010. La bajada fue mayor en los inmuebles nuevos que en los usados, de forma que ambos tipos casi igualaron sus ventas: se comercializaron 662 nuevos y 534 de segunda mano. Por otra parte, solo el 10% de las casas vendidas fueron de protección oficial.
La segunda cifra más baja
En el ámbito, la compraventa de viviendas cayó un 28,2% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 25.881 operaciones, siendo esta la segunda cifra más baja de la serie histórica, que arranca en 2007. Andalucía fue la región que encabezó la comercialización de viviendas en septiembre de 2011.
Por provincias, de las 4.778 viviendas sometidas a operaciones de compraventa, 1.196 se hallaron en Málaga, 834 en Sevilla, 714 en Almería, 617 en Cádiz, 420 en Granada, 360 en Jaén, 342 en Córdoba y 295 en Huelva.
Sumando las fincas urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana) y las rústicas, el total de fincas transmitidas en septiembre de 2011 en Andalucía fue de 18.472, lo que supone un descenso del 18,7% en relación con septiembre de 2010, de las que la mayor parte de las transacciones correspondieron a fincas urbanas, con 15.061, y el resto, 3.411, a rústicas.

La deuda pública con las constructoras alcanza la cifra récord de 327 millones (SUR)



La asfixia provocada por los impagos de la Junta y los ayuntamientos pone en peligro la viabilidad de medio millar de pymes
11.11.2011 -
FRANCISCO JIMÉNEZ pjimenez@diariosur.es

MÁLAGA.


La deuda pública con las constructoras alcanza la cifra récord de 327 millones
Las obras en los accesos a la circunvalación de Ronda llevan paralizadas desde comienzos de año por impago a la empresa constructora. :: V. M. / PLT
La crisis del ladrillo y la falta de liquidez de las administraciones públicas han dado pie a un binomio fatal para las pequeñas y medianas constructoras de la provincia. Ante el parón del sector inmobiliario, la única vía de subsistencia estaba en la obra pública, pero este clavo ardiendo al que se agarraron para mantenerse a flote también puede ser el que les acabe condenando a la extinción. El desplome generalizado de las inversiones en infraestructuras es algo que veían venir, pero lo que realmente está conduciendo a medio millar de empresas malagueñas al borde de la quiebra son los impagos por los trabajos realizados a cuenta de los organismos públicos.
El grifo empezó a cerrarse en 2008. Desde entonces, la deuda de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos con las constructoras no ha parado de crecer hasta alcanzar en la actualidad la cifra récord de 327 millones de euros. Según los datos que maneja la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), la morosidad del Ejecutivo autonómico está ya en 170 millones, el grueso acaparado por las consejerías de Obras Públicas y Medio Ambiente para la mejora de carreteras y actuaciones hídricas como la puesta en marcha de depuradoras, aunque también hay colegios que ya están operativos sin que aun se haya abonado su edificación. En el caso de las actuaciones municipales pendientes de pago, que van desde la creación de parques públicos hasta la remodelación de calles, suponen un montante de 157 millones. En cuanto al Gobierno central, afirman que la incidencia en este sentido es mínima ya que al tratarse de pymes no tienen capacidad para aspirar a los grandes contratos del Ministerio de Fomento.
Desde la patronal apuntan que directamente afectadas hay unas 70 empresas, aunque a partir de ahí se forma una cadena de subcontrataciones e impagos que acaba arrastrando a unos 500 negocios, algunos de los cuales ya se han acogido a la Ley Concursal. Precisamente por este bola de nieve, resulta complicado poner número a los trabajadores que podrían verse abocados al paro si los entes públicos no saldan sus deudas con los contratistas, aunque según el presidente de los constructores, José Prado, podrían ser unos 4.500. «Si por cada millón de euros que se invierten en infraestructuras se crean 14 empleos de media, la ecuación es sencilla», afirma Prado, quien advierte de que las arcas públicas también tendrán que hacer frente a los cuantiosos intereses de demora. De hecho, con base a lo estipulado en la Ley de Morosidad, la deuda se incrementa mensualmente por encima del millón de euros tanto para la Junta como para el conjunto de los consistorios.
Además de esta losa de 327 millones, otra carga cada vez más insoportable la aporta la obligación de pagar el IVA de las facturas que no han cobrado. «El problema es que cuando se extiende un certificado de obra, aunque no se cobre, hay que abonar el 18% del IVA, así que encima que las arcas están vacías, tienen que endeudarse para pagar los impuestos. Esto es lo que verdaderamente está destrozando a las empresas», se lamenta el responsable de la ACP.
Calendario de pagos
En su defensa, el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Enrique Benítez, argumenta que si se está acumulando la deuda es porque también se está invirtiendo. «Hay que ser conscientes de que Andalucía ha sido la comunidad autónoma más inversora en los últimos cinco años, permitiendo acometer obras muy necesarias para la región», advierte. Además, recalca que la política que está aplicando el Gobierno autonómico cuando no puede hacer frente a los plazos es la negociación de un calendario de pagos que, a su juicio, «se está cumpliendo, aunque lo ideal es que se hiciera con una mayor agilidad». En cualquier caso, insiste en la intención de la Junta de mantener ese espíritu inversor en el próximo ejercicio, poniendo como ejemplo «los 110 millones de euros en los presupuestos de 2012 que garantizarán la continuidad de las obras del metro de Málaga». «Si hay tanta deuda es porque también se está invirtiendo mucho», incide.
En cuanto a los ayuntamientos, desde la patronal aseguran que la morosidad está prácticamente generalizada, aunque con la positiva excepción del de la capital, «el único que paga en tiempo y forma». En el lado negativo, destacan Estepona, Fuengirola, Benalmádena, Mijas y Rincón de la Victoria, todos con deudas acumuladas por encima de los diez millones de euros. Este periódico se puso en contacto ayer con los distintos gobiernos municipales, aunque ninguno hizo valoraciones al respecto.
Quien sí que tiene palabras para los alcaldes de la provincia es Violeta Aragón. La secretaria general de la ACP les insta a que «no se escuden en que las deudas son de la anterior legislatura para no pagar». En este sentido, se muestra comprensiva con los ciertos retrasos que se puedan producir en aquellos ayuntamientos que han cambiado de manos tras las elecciones del 22 de mayo debido a las auditorías internas que están acometiendo para ponerse al día de las facturas pendientes. Aun así, subraya: «El único problema es que no hay dinero, y eso lo utilizan como excusa para ir dilatando los pagos». Igualmente, los constructores también exigen el cumplimiento de la Ley de Morosidad, que en su modificación de julio de 2010 incorpora la obligación de las administraciones de crear registros municipales de facturas que permitan a los empresarios una mayor planificación de sus cuentas al conocer el orden que ocupan sus certificados de obras.