El Ayuntamiento tira la toalla en su intento por evitar los pisos en Villa Fernanda (SUR)

Urbanismo descarta la compra de la finca ante la imposibilidad de asumir su coste en solitario y esperará a que el TSJA se pronuncie sobre la licencia

26.11.2011 - 

FRANCISCO JIMÉNEZ

 

MÁLAGA.

La mansión fue construida a comienzos del siglo XX por un ciudadano estadounidense. :: CARLOS MORET

Salvo que la justicia diga lo contrario, el proyecto para construir dos bloques de viviendas en Villa Fernanda saldrá adelante. El Ayuntamiento ha decidido tirar la toalla en su intento por mantener intacta la finca del paseo de Miramar, una de las pocas mansiones de comienzos del siglo XX que se conservan en la zona y que cuenta con un valioso jardín catalogado y tres edificios históricos blindados con el mayor grado de protección arquitectónica. ¿El motivo? La imposibilidad de asumir en solitario la adquisición de la parcela, valorada en unos 27 millones de euros, después de haber llamado a la puerta del resto de administraciones y de varias entidades financieras para que colaboraran para que esta joya se incorporara al patrimonio de la ciudad con el objetivo de darle un uso público . «Nos hemos movido mucho, con gestiones con numerosas instituciones, pero siempre hemos tenido la misma respuesta negativa», asegura el delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, quien también lamenta los intentos baldíos para que el Ministerio de Cultura o la Consejería de Cultura de la Junta declararan los jardines y los edificios de Villa Fernanda como Bien de Interés Cultural (BIC).

Las explicaciones del edil se producen después de que IU presentara en el pleno municipal del jueves una moción en la que se instaba al equipo de gobierno a revisar y anular la licencia de obras, además de a que dé los pasos necesarios para cumplir sendos acuerdos del pleno para iniciar el expediente de declaración como BIC y la búsqueda de la mejor fórmula jurídica para adquirir la finca.

Suspensión cautelar

«Lo hemos intentado, pero como no hay dinero para comprarlo, hemos decidido esperar a que lo que dicte la justicia y acatar la sentencia». Se refiere Maldonado al litigio iniciado por la comunidad de propietarios de un edificio próximo, que tiene paralizado el proyecto desde que en junio de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decretó la suspensión cautelar del estudio de detalle que amparó la licencia de obras para las casas, que a su vez fue concedida por silencio administrativo por la Gerencia Municipal de Urbanismo. De momento, todo está supeditado a la sentencia del alto tribunal andaluz.

Mientras tanto, los propietarios de la parcela siguen dispuestos a ejecutar los derechos edificatorios que les otorgaba el anterior Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1997, válido hasta que el pasado mes de septiembre entró en vigor el nuevo planeamiento. El proyecto contempla la rehabilitación de las edificaciones actuales, además de la construcción de dos bloques de seis y 14 viviendas respectivamente, previstas las zonas de la finca no ocupadas por el jardín, concretamente sobre la pista de tenis y sobre la piscina.

Aena insonoriza 783 casas afectadas por el ruido que genera el aeropuerto (Málaga Hoy)

La inversión realizada hasta ahora ronda los 14 millones de euros, aunque aún están pendientes de aislar otras 140 viviendas de Málaga y Alhaurín de la Torre que están afectadas por la huella acústica

RAQUEL GARRIDO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 25.11.2011 - 01:00

Carlos Fernández muestra el paso de un avión desde una de las habitaciones de su casa en San Julián.

Casi 14 millones de euros se ha gastado hasta la fecha Aena Aeropuertos en tratar de solucionar los problemas de ruido que sufren los vecinos que viven alrededor del recinto aeroportuario de Málaga-Costa del Sol debido al intenso tráfico aéreo que soporta. Son 783 viviendas de los municipios de la capital y Alhaurín de la Torre incluidas en la huella acústica del aeropuerto malagueño las que han sido insonorizadas hasta ahora y únicamente quedan pendientes 140 para completar el plan de aislamiento acústico que se inició hace ya varios años . 

Ventanas de doble cristal, puertas acorazadas y en algunos casos hasta parte de los tejados han sido colocados en estas viviendas para mitigar los efectos del paso continuo de aviones en zonas como Guadalmar, San Julián o Zapata. Y el resultado se nota. Lo contó ayer a este periódico Loli Jiménez, presidenta de la asociación de vecinos de San Julián y una de las beneficiadas del plan de Aena, ya que aseguró que desde que a principios de año terminaron de insonorizar su casa -en la que reside con su familia desde 2002- "ya puedo ver una película sin que me interrumpan los aviones cada dos minutos y no tengo que colgar cuando me llaman por teléfono porque antes parecía que estaban aterrizando en la misma terraza". 

Aún así hay zonas, como la cocina y el baño, donde el ruido continúa porque Aena no considera a estas partes de la casa como zonas de descanso y por tanto no han sido aisladas. Sin embargo, Carlos Fernández, un vecino la calle Tchaikovsky de la barriada de San Julián, señaló que de esta forma la insonorización "no está completa porque el ruido sigue entrando mientras haya zonas en las que no se actúe". 

Pero el esfuerzo de Aena para solventar este problema no es despreciable. Por cada vivienda se ha gastado una media de casi 17.500 euros y acaba de aprobar una nueva partida de 134.029 euros para llevar a cabo el aislamiento acústico de otras 40 casas en las que ya se ha empezado a actuar. Este nuevo empujón al plan se dio hace apenas dos semanas en la última reunión mantenida por la comisión de seguimiento en la que participan representantes de Aena Aeropuertos, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos de Málaga y Alhaurín de la Torre. 

El censo actual de viviendas incluidas en el plan de aislamiento acústico del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol contempla 923 viviendas con derecho a solicitar la insonorización. Es decir, que deben cumplir las tres condiciones imprescindibles para poder beneficiarse de estas actuaciones de acondicionamiento y que son que sean viviendas, centros sanitarios o educativos; que estén ubicadas dentro de la huella acústica del aeródromo y que dispongan de licencia de construcción anterior a la publicación de las declaraciones de impacto ambiental de 2003 y 2006. La mayoría, 833 del total, están situadas en el término municipal de Málaga y 90 se localizan en el de Alhaurín de la Torre. 

Pero no todas han solicitado a Aena la insonorización. Hasta ahora lo han hecho 862 propietarios, de las que 857 ya han recibido el visto bueno para la medición y el informe previo a la autorización de la obra. Aunque hasta ahora son 823 las que tienen la financiación aprobada, incluidas las 783 en las que ya se ha terminado la actuación necesaria para acabar con las molestias por ruido y las 40 que aún están en ejecución. 

No son todas las que están, ni están todas las que son. Al menos, así lo creen los vecinos de estas barriadas cercanas al aeropuerto que se han quedado fuera de la huella acústica. Uno de los casos más llamativos es el de la calle Carabineros de la zona de San Julián de la que sólo se han incluido las viviendas de la acera de la derecha, mientras que las de la izquierda -separadas apenas por varios metros- no tendrán derecho a optar al aislamiento acústico. Francisco Zaragoza, uno de los afectados por esta decisión, dijo no entenderlo "cuando es la misma calle y el ruido es el mismo". De momento, estos vecinos no saben qué ocurrirá, pero sí que seguirán insistiendo.

Cien profesores, contra la demolición de un corralón (La Opinión)

Desde 2000 han sido derribados 37 de los 43 corralones populares catalogados en Málaga

Un aspecto del corralón de las Dos Puertas desde la planta superior del inmueble, construido en el año 1900.  

Más de un centenar de profesores de Geografía e Historia de 22 institutos de Málaga reclaman a la Junta y a Urbanismo que no sea derribado el corralón de las Dos Puertas, de calle Curadero, de 111 años, en ruina económica por la falta de atención de la propiedad, según denuncian los inquilinos.

ALFONSO VÁZQUEZ El número 6, de la calle Curadero, un corralón construido según el catastro hace 111 años, ya cuenta con el apoyo de más de un centenar de profesores de Geografía e Historia de 22 institutos de la capital y la provincia, que se oponen a que Epsa, la Empresa Pública de Suelo de la Junta de Andalucía y propietaria del inmueble, lo demuela para construir 23 viviendas protegidas y 35 aparcamientos.

El profesor malagueño Julio Carralero, del instituto Camilo José Cela de Campillos, presentó ayer las firmas de su compañeros en la Gerencia de Urbanismo y la Delegación de Cultura de la Junta, acompañadas de la solicitud de protección de este inmueble histórico con carácter de urgencia y de un informe sobre su valor patrimonial y socioeconómico, entre otros puntos.

El corralón, en el que viven 16 vecinos, algunos de ellos nacidos en él hace más de 75 años, fue adquirido en 2001 por 30.000 euros por la empresa Los Nogales. Los inquilinos denunciaron la falta de mantenimiento de la propiedad y el intento, ese mismo año, de echarles a cambio de 150 euros de indemnización, aspectos recogidos en el informe de 2008 El acoso inmobiliario. Una lucha desigual, de la Oficina del Defensor del Ciudadano.

Finalmente, Los Nogales pidió en 2002 la declaración de ruina, a lo que se opuso Urbanismo, pero consiguió la declaración de ruina económica en los juzgados en 2005. Como paradoja, y según consta en documentos oficiales, no le fue tan mal a la propiedad, que nueve años después de adquirir el corralón por 30.000 euros, recibió 563.000 euros de Urbanismo cuando le fue expropiado. La propiedad ha pasado ahora a la Junta de Andalucía.

Los inquilinos, sin embargo, han hecho frente común y como ya informó La Opinión el pasado día 12, frente a la demanda de desahucio que interpuso en su día Los Nogales, han demandado a este propietario y al anterior por la falta de mantenimiento que durante años ha tenido el inmueble.

«Un desastre patrimonial»

La petición de los profesores de Geografía e Historia incluye que el corralón sea catalogado «a la mayor brevedad posible» por la normativa municipal y mientras se le otorgue una protección cautelar.

A este respecto, Julio Carralero destaca que, según le han informado fuentes de la Gerencia de Urbanismo, al ser la ruina económica, –es decir, que la rehabilitación supera el coste presente del edificio, y no hay ruina estructural– «hoy en día con la técnica arquitectónica que existe, hay soluciones para restaurar este edificio», de ahí que el documento pida que el corralón sea restaurado «en su integridad» para preservar, restaurar y dignificar «sus características originales».

En este sentido, el profesor incluye un informe que recuerda que de los 43 corralones populares de la capital, catalogados en el año 2000 por el profesor Francisco García Gómez en su obra La vivienda malagueña del siglo XIX. Arquitectura y sociedad, once años después han sido demolidos nada menos que 37. De los seis que quedan en pie, el llamado Corralón de las Dos Puertas –porque tiene salida a dos calles, Curadero y Rosal Blanco– es el segundo más antiguo y el que más elementos originales contiene, de ahí que resalte que «si desapareciera este edificio, la ciudad de Málaga perdería su último corralón en el sentido pleno de la palabra y ello sería un verdadero desastre patrimonial».

Resultaría paradójico que lo que comenzó con lo que el Defensor del Ciudadano califica de típico caso de «acoso inmobiliario», concluyera con el derribo del centenario corralón por parte de la Junta.

Por su parte, el delegado de Cultura, Manuel García, indicó a este diario que no es posible proteger el corralón porque el estado de ruina es «un punto de no retorno, y lo que hay que procurar es que si se reconstruye, se haga con fidelidad».

En el mismo sentido, el gerente de Epsa, Juan Alcaraz, manifestó: «Conservar un edificio en ruinas es difícil, otra cosa es que se haga una nueva construcción que respete las características del corralón».

La crisis del ladrillo deja a la Gerencia de Urbanismo de Vélez sin recursos (SUR)

La inactividad del sector de la construcción en el municipio está pasando factura al Ayuntamiento de Vélez. Por primera vez desde que se creara la Gerencia Municipal de Urbanismo, hace ya más de una década, el Consistorio se ha visto obligado a tener que inyectar recursos municipales para poder sostener económicamente a este organismo. Según el presupuesto de la Gerencia, que asciende a 3.886.676 , el Ayuntamiento aportará a la entidad durante el próximo ejercicio la cantidad de 1.149.891 euros, «cuando lo normal hasta ahora ha sido que el organismo autónomo municipal realice aportaciones al Consistorio», explicó el alcalde, Francisco Delgado Bonilla.

El nuevo presupuesto de la Gerencia es sin embargo sensiblemente superior al vigente de 2009, con 2.385.000 euros. La razón es que por primera vez se incluye en el documento económico una partida especial para promover la rehabilitación de viviendas en el centro histórico. La partida en cuestión asciende a 683.000 euros.

El parón inmobiliario en el municipio ha provocado una caída en picado de los ingresos urbanísticos en el Ayuntamiento, que ha visto descender los mismos en más de 3,5 millones en los cuatro años. Según la edil de Urbanismo, Concha Labao, la Gerencia prevé ingresar en 432.461 euros de licencias de obras, 300.500 en concepto de aprovechamiento urbanísticos y 510.000 por infracciones urbanísticas.

Otra novedad del documento es que se rebaja el gasto de personal un 5,62 por ciento aún a pesar de incorporar a la plantilla un inspector de obra más. El motivo es la reestructuración realizada en la plantilla, donde se han suprimido algunas jefaturas de sección y eliminado algunos pluses, según Labao. Así, el gasto previsto en Personal se situará en 1.096.144 euros.

La Junta da luz verde a las torres de Repsol y libera dinero para el bulevar (SUR)

La Consejería de Medio Ambiente ha dado el visto bueno al segundo estudio acústico del proyecto, que quedó en suspenso

25.11.2011 - 

JESÚS HINOJOSA jhinojosa@diariosur.es

 

MÁLAGA.

El camino para activar las obras del bulevar sobre el soterramiento del AVE queda más despejado. Uno de los principales escollos que impedían al Ayuntamiento gastar el dinero reservado para esta importante actuación ha quedado prácticamente superado. Los fondos para ejecutar la primera fase de la avenida corresponden, según ha planificado el equipo de gobierno municipal, a una parte de los ya ingresados por los convenios incluidos en el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Uno de los más cuantiosos es el acuerdo asociado al proyecto de torres de pisos en los suelos de los antiguos depósitos de Repsol, junto a la avenida de Juan XXIII. De este convenio se han ingresado ya 12 millones de euros que constituyen la mitad del dinero recaudado por las arcas locales a cuenta del PGOU que puede usarse para el bulevar.

Sin embargo, estos 12 millones están bloqueados porque el proyecto de Repsol es uno de los que la Consejería de Obras Públicas suspendió en la orden de aprobación definitiva del PGOU, el pasado mes de enero. ¿El argumento? La realización de un estudio acústico marcado por el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

Para poder disponer del dinero, el equipo de gobierno urgió a los promotores de la parcela a realizar ese estudio, que fue aprobado por un pleno extraordinario a principios del pasado mes de septiembre. Sin embargo, una vez remitido a la Junta de Andalucía para que levantara la suspensión al proyecto de Repsol y pudieran liberarse los fondos, el Gobierno andaluz lo rechazó porque el informe fue elaborado por una empresa no homologada, es decir, no reconocida por la Consejería de Medio Ambiente, como ya adelantó este periódico (ver SUR 7/10/2011).

Esta circunstancia, obligó al Gobierno local a solicitar a los promotores que efectuaran un nuevo estudio acústico, esta vez con una empresa homologada, para remitirlo de nuevo a la Junta y asegurarse poder hacer uso del dinero para el bulevar en el menor plazo posible ya que, en paralelo, se han reactivado los trámites para contratar las obras de la primera fase -valoradas en 16 millones de euros-, cuestión que estaba pendiente desde la pasada primavera.

Finalmente, según pudo confirmar este periódico, Medio Ambiente ha dado el visto bueno a este segundo informe acústico sobre el proyecto de las torres de Repsol y, con ello, se da pie a que la Consejería de Obras Públicas levante la suspensión que pesa sobre él desde enero -cuestión que podría producirse en los próximos días- y a que el Ayuntamiento pueda gastar los 12 millones ingresados. Igualmente, este paso le permite exigir a los privados la aportación del dinero restante recogido en el convenio, que asciende a 70,3 millones de euros. No obstante, al igual que sucede con otros acuerdos, el equipo de gobierno está negociando con los empresarios aplazamientos en los pagos pendientes ante las actuales dificultades del mercado financiero.

Martiricos

La otra gran fuente económica para poder iniciar la obra del bulevar, y algunas actuaciones más en la ciudad, que supone la entrada en vigor del nuevo PGOU, es el convenio con los promotores de las torres de Martiricos. Según lo pactado, este acuerdo supone unos ingresos de 23,2 millones de euros para la ciudad de los que 11,6 ya han sido adelantados. No obstante, para asegurarse su empleo, el Consistorio tiene que aprobar el plan urbanístico de la zona, que también incluye una promoción de VPO, equipamientos, oficinas y un parque. Según fuentes solventes consultadas, el Ayuntamiento procura incluir en el nuevo acuerdo con estos privados para aplazar los pagos, su permiso a que se pueda tocar el dinero que entregaron en su momento para poder financiar mejoras en la ciudad.

Urbanismo ordena a los propietarios de Cortijo Jurado su rehabilitación (Málaga Hoy)

Los nuevos dueños comunican dar continuidad al proyecto hotelero previsto

S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 24.11.2011 - 01:00

Vista de Cortijo Jurado desde la autovía del Guadalhorce.

El ruinoso estado que presenta desde hace años el Cortijo Jurado puede empezar a tener solución en los próximos meses. Ante el continuo retraso del eterno proyecto hotelero sobre este enclave, antes liderado por Grupo Mirador, la Gerencia de Urbanismo comunicó hace unos días a los nuevos dueños de la edificación, Promociones Pantie, la obligación de acometer la rehabilitación del edificio histórico. Una reclamación que, por lo que señalaron fuentes del organismo municipal, ha sido bien atendida por la promotora, al punto de asegurar que tiene intención de actuar de forma inmediata. "No hay un plazo seguro, pero la idea es que sea en una o dos semanas", indicaron. 

Esta decisión abre espacio para que un ligero rayo de luz se pose sobre un emblemático enclave de la capital de la Costa del Sol, asentado en las proximidades de Campanillas, y que desde mediados de 2005 es objeto de polémica ante la decisión de Mirador de construir un hotel de cuatro estrellas y usos comerciales. Sin embargo, la iniciativa empresarial quedó estancada, al punto de que hace apenas un mes Urbanismo decidió aprobar la caducidad de la licencia de obras otorgada en 2003 a la firma. La determinación sigue hoy vigente, a pesar del recurso interpuesto por Promociones Pantie, que informó al ente municipal de ser la nueva dueña del edificio. Es decir, que esta empresa tendrá que pedir nuevamente licencia para actuar en la parcela, a lo que se suma la necesidad de adaptar el proyecto de actuación a las nuevas condiciones técnicas vigentes. 

Sobre ello, la jefa de Inspección y Disciplina Urbanística de Urbanismo, Teresa Domingo, explicó que tras varios problemas a la hora de comunicar la caducidad de la licencia, ésta se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). "Se daba un plazo de un mes para el recurso de reposición y antes de cumplirse, vinieron los nuevos propietarios, que mostraron su intención de llevar a cabo el proyecto previsto", explicó. Sin embargo, el citado recurso ha sido desestimado, al no ser posible prorrogar el permiso de obras, puesto que se ha cubierto todo el espacio temporal. "No podemos transmitir la licencia y sí le damos la posibilidad de pedir la licencia en el plazo de dos meses", añadió Domingo. El proyecto ideado en su momento por Grupo Mirador incluía la ejecución de un establecimiento hotelero de 200 habitaciones, y que el mismo abriese sus puertas a lo largo de 2007. La actual dueña del complejo no es ajena a la polémica, puesto su administradora única es la esposa de un juez que fue investigado por el Consejo General del Poder Judicial ante una denuncia realizada por el juzgado encargado de la subasta de este bien.

La Junta lanza otro plan de ayudas para el alquiler sin haber pagado el anterior (Málaga Hoy)

Las agencias homologadas en Málaga denuncian el impago de unos 10 millones en ayudas, incluyendo la cuantía que se les adeuda a los propietarios · El nuevo plan beneficiará a 2.000 inquilinos andaluces

JAVIER CINTORA / MÁLAGA | ACTUALIZADO 24.11.2011 - 01:00

Fachada de una de las agencias de fomento del alquiler.

En el año 2005 la Junta de Andalucía impulsó el Plan de Fomento del Alquiler con el objetivo de dar una respuesta desde la Administración al difícil acceso a una vivienda con el que se encontraban miles de jóvenes y familias. Seis años después el programa está desbordado y acumula una deuda millonaria ante la avalancha de solicitudes que presentaron las inmobiliarias, los inquilinos y los propietarios. En ese escenario, el Gobierno andaluz acaba de lanzar una nueva convocatoria, recogida la semana pasada en el BOJA, de ayudas al alquiler de viviendas dotada de 14,5 millones de euros. 

La medida impulsada por el Gobierno andaluz ha provocado el "lógico enfado" de las agencias de alquiler que en su momento se apuntaron a la iniciativa. La presidenta de la Asociación de Agencias de Fomento del Alquiler y Asimiladas (Asafand), Lola Navarro, aseguró que es un "contrasentido". "Son las cosas de la Junta de Andalucía, quizás tenga algo que ver que el próximo año estén convocadas las elecciones autonómicas", aseguró Navarro. Desde Asafand se apunta a que la Junta de Andalucía les adeuda a las agencias unos 5 millones de euros, cantidad similar a la que deberían recibir tanto los propietarios como los inquilinos. 

Los tres actores protagonistas de este plan, las inmobiliarias, los dueños de casas y los arrendatarios, ven ahora cómo los expedientes se amontonan en la Junta de Andalucía. Según el plan, los propietarios que alquilaran su vivienda tenían derecho a recibir 6.000 euros en un periodo de cinco años, mientras que los inquilinos recibirían una ayuda mensual de 240 euros en el plazo de dos años. Las agencias, por su parte, actuaban como intermediadoras y, según el acuerdo, ganarían unos 600 euros por expediente y año. Sin embargo, desde Asafand se asegura que el crack de la política de alquiler ha provocado que de las 150 agencias homologadas que había hace unos años se haya pasado a 20. 

Por su parte, el delegado de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Enrique Benítez, se remitió al calendario de pagos fijado por la Consejería en una reunión con las agencias que se celebró a principios de año. En aquel encuentro, la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, se comprometió a pagar "todo lo que se adeudaba" a las agencias de fomento de alquiler "en los próximos meses", algo que, según varias inmobiliarias consultadas por este periódico, todavía no se ha producido. En aquel encuentro, Cruz confesó que los últimos planes preveían 3.000 ayudas de fomento de alquiler, tanto a propietarios, inquilinos como agencias, "pero finalmente se multiplicaron por cinco, hasta 15.000 ayudas", de manera que "los recursos inicialmente previstos no eran suficientes para dar respuesta a todas las ayudas concedidas". Uno de los escollos con los que se topan las agencias, que sólo valoran el trabajo de Benítez para desbloquear el conflicto, es que el ingreso de las subvenciones está condicionado a que previamente tanto los inquilinos como los propietarios reciban las cantidades que se les adeudan. 

Como puede consultarse en la propia web de la Consejería de Obras Públicas, la nueva línea de ayudas se pretende abonar en tres anualidades, con 6,5 millones previstos para 2012, otros 7,2 millones para 2013 y 726.900 euros para el año 2014. La normativa publicada la semana pasada recoge algunas novedades en los requisitos que deben cumplir los interesados y en la presentación y tramitación de las solicitudes. La convocatoria primará a las rentas más bajas, a los colectivos de especial protección (mayores, familias numerosas o monoparentales, víctimas de violencia de género y terrorismo, etcétera), a las familias con todos sus miembros en paro o a quienes en esa situación de desempleo se ven obligados a vender su vivienda protegida por no poder afrontar los pagos de la cuota hipotecaria. 

Según la información de la Junta de Andalucía, desde 2005 se han tramitado la concesión de 26.509 ayudas para los inquilinos. En esos seis años, la Junta ha destinado 52,1 millones de euros en subvenciones para apoyar a los ciudadanos en el pago del alquiler de sus viviendas, aunque la deuda, según Asafand, que mantiene en Andalucía con las tres partes implicadas podría superar los 40 millones de euros. 

"Se trata de una serie de consideraciones de incidencia social relacionadas con la actual situación de crisis y con las propias necesidades familiares de la ciudadanía", aseguran desde la Junta. De igual modo, las subvenciones se presentarán, tramitarán, resolverán y abonarán en las ocho Delegaciones Provinciales de la Consejería. El deseo del Gobierno andaluz es que sean las propias delegaciones las que dirijan todo el proceso, un extremo que aún no está confirmado.

Vélez insta a la Junta a licitar las obras de un edificio del XVIII. (SUR)

El Ayuntamiento estima en 2,4 millones de euros el presupuesto para rehabilitar Los Pósitos, que está protegido como BIC

24.11.2011 - 

AGUSTÍN PELÁEZ

 

VÉLEZ-MÁLAGA.

El Ayuntamiento de Vélez no quiere retrasar por más tiempo la rehabilitación y restauración del antiguo edificio de Los Pósitos, un inmueble del siglo XVIII inscrito como Bien de Interés Cultural (BIC) en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz que, por su valor monumental, está llamado a convertirse en uno de los focos de atracción de la ciudad antigua, pero que presenta importantes desperfectos. Por este motivo, el equipo de gobierno del PP ha instalado a la Junta de Andalucía a licitar las obras antes de que sea demasiado tarde. De hecho, el nuevo ejecutivo local, que acaba de concretar el plan de etapas para avanzar en la restauración y rehabilitación del inmueble, se ha marcado como objetivo que las obras sean licitadas como en junio próximo, siempre que la elecciones andaluzas así lo permitan.

Según el alcalde, Francisco Delgado, la preocupación del Ayuntamiento es que cuanto mas tiempo transcurre el deterioro del edificio se hace mucho más visible, poniendo en peligro su conservación y elevando así el presupuesto exigido para su rehabilitación, que se estima alcanzará los 2,4 millones de euros.

En marzo de 2006, Obras Públicas y el Consistorio suscribieron un convenio para rehabilitar Los Pósitos, según el cual la actuación será financiada en un 60 por ciento por la Consejería y el 40 restante, por el Ayuntamiento. Hace cinco años las dos administraciones habían estimado el valor de las obras en 1,2 millones.

El plan de etapas acordado por el Ayuntamiento prevé la realización del informe arqueológico correspondiente en el plazo de un mes. Asimismo, a finales de enero deberá estar concluido el proyecto de ejecución, para que pueda ser aprobado por la comisión mixta técnica entre abril y mayo de 2012, y licitado en junio. «Esto quiere decir que la pelota está en el tejado de la Junta», ha declarado el alcalde.

Las inversiones municipales sufrirán un recorte en 2012 (SUR)

De la Torre denuncia el «mal servicio» de la Junta por el retraso del PGOU, que impide garantizar el cobro de los convenios urbanísticos

24.11.2011 - 

FRANCISCO JIMÉNEZ

 

MÁLAGA.

El incremento de los presupuestos del Ayuntamiento de Málaga de este año fue una raya en el agua. Para 2012, las cuentas públicas recuperarán la tendencia a la baja que venían registrando desde que en 2007 tocaron techo rebasando la barrera de los mil millones de euros. Aunque en el mes que falta para su aprobación se podrían introducir algunas modificaciones, lo cierto es que el borrador está lo suficientemente avanzado como para dar por seguras dos cuestiones: que el montante total se situará por debajo de los 874,8 millones del presente ejercicio y que el capítulo de inversiones sufrirá un considerable recorte.

«Estamos elaborando unos presupuestos con realismo y plenamente adaptados a los ingresos, de forma que no vamos a gastar más de lo que ingresemos para así poder seguir pagando a nuestros proveedores en tiempo y forma, además de mantener el gasto social y la calidad de los servicios básicos», aseguró el alcalde, Francisco de la Torre. La principal razón que explica este descenso es que esta vez no se contemplarán los 151 millones de euros que el Consistorio esperaba ingresar este año por convenios con promotores incluidos en el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), la mayoría firmados en una época de bonanza que nada tiene que ver con el panorama actual. «Ahora ya sabemos qué convenios presentan más dificultades para su cobro íntegro, así que hemos reducido los ingresos», apuntó el regidor municipal, quien criticó el «papel negativo» y el «mal servicio» de la Junta de Andalucía hacia la ciudad de Málaga por el retraso en la aprobación del PGOU. «Ha situado la entrada en vigor en un contexto de crisis que lo complica todo, porque si se hubiera aprobado en 2009, sería más factible cobrar el cien por cien».

Transferencias del Estado

Otro frente abierto del equipo de gobierno en la Casona del Parque a la hora de elaborar las cuentas públicas es la relativa a las transferencias que se percibirán del Estado, cuya cuantía sigue siendo a día de hoy una incógnita dado que el Gobierno saliente aún no ha presentado los Presupuestos Generales del Estado. «Ante la falta de información al respecto, hemos hecho una previsión similar a la de este año», reconoció De la Torre.

La Ciudad del Automóvil abre hoy sus puertas tras un lustro de espera (SUR)

El centro albergará exposiciones de las marcas Mercedes-Benz, Kia, Lancia Jeep y Carplus junto al nudo de San Julián

24.11.2011 - 

JESÚS HINOJOSA jhinojosa@diariosur.es

 

MÁLAGA.

La Ciudad del Automóvil abre hoy sus puertas tras m ás de cinco años de espera. Este nuevo centro comercial, dedicado exclusivamente a todo lo relacionado con el motor, se ha construido en una parcela situada entre la carretera N-340 y la barriada de San Julián. El Ayuntamiento aprobó ayer un permiso especial para que pueda inaugurarse sin que se haya realizado una rotonda de acceso que todavía no ha sido autorizada por el Ministerio de Fomento, pese a que el proyecto se le remitió el pasado mes de agosto. La apertura del centro estaba condicionada a la ejecución de esa rotonda, por lo que sus promotores tienen que aportar un aval de 391.011,61 euros para garantizar su ejecución más adelante, cuando se ocupen totalmente las zonas comerciales.

Y es que la ciudad no abre con todos los expositores ocupados, aunque sí la mayor parte de ellos. En concreto, de los cinco previstos se abrirán tres, que serán explotados por las marcas Kia, Mercedes-Benz (compartida con Smart) y Lancia Jeep. Todas estas compañías tendrán también talleres en la zona, que empezarán a funcionar a partir del próximo lunes. La zona de venta será inaugurada esta tarde, a las 19.30 horas, y habrá una jornada de puertas abiertas hasta el domingo.

Así lo expuso José Vidal, gerente de Ibericar Benet, que se encarga de la gestión de la Ciudad del Automóvil, que ha sido promovida por los hermanos Quesada. Vidal apuntó que, pese a la actual crisis, que ha ralentizado considerablemente la venta de vehículos, se ha defendido este proyecto. «Es una apuesta a nivel nacional por el futuro del automóvil», subrayó, al tiempo que resaltó que uno de los principales atractivos del centro comercial es que reúne en un mismo lugar zonas de venta, alquiler, reparación y accesorios para todo lo relacionado con el motor. «El futuro es dar un servicio integral de estas características», dijo.

Además, destacó que la ciudad albergará una exposición de la cadena de coches de ocasión Carplus, con sedes en Galicia y Madrid, que por vez primera abre en Andalucía. «Aquí mantendrá una oferta permanente de unos cien vehículos en stock», puntualizó José Vidal, que espera la asistencia de más de mil personas para la inauguración de hoy.

Aparcamientos

El centro cuenta con un aparcamiento subterráneo de 170 plazas que, aunque estará abierto hoy, luego quedará restringido al uso de los concesionarios, que necesitan un lugar para el almacenamiento de vehículos. No obstante, se han previsto 54 estacionamientos en superficie para la fase del proyecto que se inaugura ahora, que se completarán con 27 más en la siguiente fase. El horario de apertura será de nueve de la mañana a ocho de la tarde, y los sábados hasta las dos de la tarde.

Un estudio de tráfico ha calculado una afluencia de unos 700 vehículos al día para este complejo comercial. Al no existir aún la rotonda prevista para canalizarlos, se ha instalado un cartel que obliga a los vehículos ligeros a salir hacia Málaga por San Julián entre las 8 y 10, 12 y 17, y 19 y 21 horas. No obstante, el estudio apunta que la apertura del nuevo acceso sur al aeropuerto, prevista para principios del año próximo, mejorará las condiciones de movilidad de la zona.

Licitan la asistencia para el montaje de dos viaductos del AVE en Antequera (SUR)

Las obras en la Línea de Alta Velocidad que comunicará la ciudad de El Torcal con Granada van a todo ritmo. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha licitado ya la asistencia para el montaje de dos viaductos en el tramo Antequera-Peña de los Enamorados por 576.000 euros, concretamente los que pasarán sobre la A-45 y sobre el río Guadalhorce y la A-92.

El objeto del contrato es la prestación de apoyo técnico al director de obra de ambos viaductos para su control, seguimiento y apoyo en la coordinación de seguridad y salud. De este modo, la asistencia comprende la descripción general de las obras, supervisión y validación del montaje de los tramos metálicos; el seguimiento de la ejecución de las soldaduras; el control de calidad de los materiales, y la definición de la infraestructura completa hasta la conclusión de los viaductos.

Características

El cruce de la plataforma ferroviaria con la autovía A-45 se produce mediante un viaducto de 130 metros de longitud, cuya estructura está compuesta por tres vanos. Por su parte, el viaducto sobre el río Gualdalhorce y la autovía A-92 se sitúa en las proximidades de la Peña de los Enamorados. Consta de 49 vanos y tiene una longitud total entre ejes de estribos de 2.525,5 metros, lo que lo convierte en el segundo viaducto más largo de la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada, tras el de Archidona. El tramo Antequera-Peña de los Enamorados tiene 8,5 kilómetros de longitud y está en fase de obras.

La construcción pide que se recupere la inversión en obra pública (La Opinión)

Málaga ha pasado de emplear a 100.000 personas en este segmento a menos de 40.000

Pasajeros en el Cercanías, cuya línea en un futuro se pretende llevar de Fuengirola a Marbella, además de extenderla a la costa oriental malagueña.  Carlos Criado

El sector se postula como el gran generador de empleo, pero requeriría una partida anual de 1.000 millones solo en Málaga.

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ El sector de la construcción ya ha manifestado su primera demanda al próximo Gobierno que presidirá Mariano Rajoy. La esperanza de los empresarios es que el Ejecutivo, a pesar de los famosos recortes de gasto que se barruntan, decida incrementar en los próximos meses la partida destinada a nuevas infraestructuras en atención al empleo que generan estas obras. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) reclamó ayer a Rajoy que revitalice la inversión pública en infraestructuras y tenga presente al sector como parte de la solución a la actual crisis económica. A su juicio, y para evitar un «dramático» ajuste del sector, el nuevo Gobierno debe destinar un 10 % del consumo público, unos 25.000 millones de euros anuales según los datos actuales, a la inversión pública en construcción.

La visión de la CNC es desde luego compartida por la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), José Prado, y por el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Juan Cobalea, que recuerdan el efecto directo que la inversión en obras públicas tiene sobre las contrataciones. La provincia se movió en los años previos a la crisis en un volumen de entre 1.000 y 1.500 millones de inversión sumando la inversión de los distintos poderes públicos –Estado, Junta y ayuntamientos– aunque la voz cantante la llevó siempre la Administración central, que aglutinaba la mitad de estas cifras gracias a actuaciones como la ampliación del aeropuerto o el AVE. La regla de oro del sector dice que ese entorno de 1.000 millones garantiza en Málaga la permanencia de 30.000 empleos directos ligados a esas actuaciones.

Sin embargo, la crisis minimizó ya en 2010 el desembolso a poco más de 640 millones y este año 2011 acabará, según Cobalea, en el entorno de los 315, con una caída añadida del 50%.

En suma, una inversión muy pobre, y justo en el momento en el que la obra pública cobra mayor importancia, ya que la otra pata de la construcción –la edificación de vivienda– vive un momento de colapso. La situación no es, desde luego, para tomársela a broma: la construcción llegó a dar empleo en Málaga a más de 100.000 personas durante los años álgidos del boom inmobiliario, pero el panorama ha cambiado drásticamente. Tanto, que empresarios y sindicatos calculan que ahora mismo no habrá trabajando en este segmento más de 40.000 personas. Los 60.000 empleados desaparecidos o bien están en el paro o bien, si han podido, han regresado a sus antiguos empleos en el sector de la hostelería o en el de la agricultura.

«El Gobierno debe entender que las infraestructuras no son un gasto sino una inversión», asegura Prado, que sostiene que el Estado recibe mucho más de lo que gasta cuando hablamos de obra pública. La CNC, en concreto, afirma que por cada millón de euros invertido en infraestructuras el retorno fiscal a la Administración es de 570.000 euros, mientras que por cada millón de euros que se recorta en inversión se destruyen 18 puestos de trabajo en un sector que, en toda España, ha perdido ya más de un millón de empleos.

Actuaciones pendientes

¿Y qué actuaciones en Málaga podrían ser impulsadas en un tiempo de crisis como éste? Juan Cobalea apunta a dos veteranas reivindicaciones de la Costa del Sol. Por un lado, la progresiva ejecución de algunos de los tramos ya planificados del tren litoral entre las localidades de Fuengirola, Marbella y Estepona y, por otro, la finalización del saneamiento integral del litoral malagueño, una demanda del sector turístico que se pierde en la noche de los tiempos.

«Lo que no nos vale es el argumento de que Málaga, como ha tenido ya grandes inversiones como el aeropuerto, la hiperronda, el AVE o el metro, ahora tiene que esperar. Se ha paliado un déficit histórico, sí, pero necesitamos nuevas obras que mantengan nuestra actividad y nuestra economía porque, a corto y medio plazo, todos los parados de la construcción no van a encontrar empleo en otra actividad», remarca.

Derriban el antiguo mercado del Carmen (SUR)

El Ayuntamiento ha iniciado la demolición del edificio que albergó el mercado del Carmen. Se trata de una obra muy demandada por los comerciantes y vecinos del entorno, ya que temían que la permanencia de este inmueble pudiera atraer a 'okupas'. Los ciudadanos esperan ahora que el Consistorio no tarde en iniciar las obras del vial que ocupará el espacio del desaparecido mercado y que permitirá conectar la calle La Serna, que tiene doble sentido de circulación hacia Cuarteles, con la de Callejones del Perchel, lo que mejorará notablemente los accesos.