La Fiscalía cree que siguió levantando parte del complejo pese a las sucesivas órdenes de suspensión
Imagen tomada en 2003 de las obras del complejo que levantó el acusado. Arciniega
JOSÉ ANTONIO SAU La tortuosa guerra administrativa que ha librado la Gerencia de Urbanismo contra el promotor del centro hispano ruso del monte San Antón entra en su fase final. La Fiscalía de Málaga pide para el empresario, cuyas iniciales son Vladimir D. B., dos años y medio de cárcel por un presunto delito continuado y permanente contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia. Además, la Fiscalía solicita para el encausado una multa de 18 meses con el pago diario de 30 euros.
En un principio, iba a promover un centro hispano ruso, pero lo que se acabó levantando fue una construcción que en mayo de 2009 constaba de dos cuerpos de vivienda, uno bajo la rasante de los aparcamientos con seis apartamentos; y otro adosado al anterior con otros cuatro dúplex, y varios apartamentos más pequeños, así como un gimnasio, una sauna y un salón de belleza y un masaje.
La guerra administrativa ha sido tal que se inició con una inspección de la Policía Local a la construcción en 1998 y ha estado conformada por varias órdenes de paralización, de suspensión de obras o directamente de demolición. En cada visita, los técnicos municipales descubrían que había seguido, siempre según el escrito de conclusiones de la Fiscalía, construyendo. La polémica protagonizó numerosos plenos, en los que los partidos de la oposición achacaban al equipo de gobierno escasa mano dura con el acusado.
La Fiscalía pide que se tenga en cuenta la atenuante de reparación del daño, puesto que entre diciembre de 2010 y enero de 2011 el procesado ha procedido «a la demolición parcial de las construcciones ilegales». En un escrito de acusación muy técnico, al que tuvo acceso La Opinión de Málaga, la Fiscalía da cuenta detallada del avance inexorable de las obras, detectado en más de una docena de visitas de los técnicos municipales. Éstos concluyeron que la edificación seguía adelante pese al rosario de demoliciones y suspensiones.
El 29 de octubre de 1998, la Policía Local y un inspector visitan las parcelas, ubicadas en terrenos urbanizables y en parte no urbanizables de la calle Halepensis, en Pinares de San Antón, de tal forma que comprobaron que se estaban ejecutando 32 metros cuadrados de ampliación del porche, cuatro pilares y un muro de 15 metros de longitud que «invadían suelo no urbanizable común y, por tanto, se ajustaban a la licencia concedida». Días después, la alcaldía ordena la paralización de las obras, y en dos visitas posteriores la policía comprueba «que las obras no se han paralizado», asegura el fiscal.
Luego se realizan nuevas inspecciones, y en 2002 se comprueba que las obras continúan, ordenándose la demolición de un exceso de edificabilidad de 36 metros cuadrados. Los técnicos detectan que se levanta una piscina de 956 metros cuadrados y un cenador. En 2003, la Gerencia de Urbanismo vuelve a suspender las obras «al falaz amparo de una licencia que autoriza obras diferentes en otro emplazamiento distinto».
El acusado solicita entonces una licencia para legalizar una alberca y para el almacenaje agrícola de los productos de la finca, permiso que se le deniega «por no acreditar la condición de agricultor». Las obras siguen en 2004, «con apreciable avance del cuerpo ubicado más al Este», relata la acusación pública.
En una inspección del 19 de mayo de 2008, se comprueba que se han construidos dos cuerpos edificatorios de vivienda, con sauna, salón de belleza y masaje y gimnasio: «Todas estas instalaciones se encuentran bajo la rasante de la calle Halepensis, estando terminadas a falta de mobiliario y decoración, con una superficie total construida de la edificación entre los cuatro niveles de 1.672,45 metros cuadrados», añade el fiscal.
El 9 de febrero de 2009 se detectan nuevas obras, como un muro escollera o la ampliación de un carril. Tras nuevas visitas, el 18 de mayo de 2009, «ante el incumplimiento de la suspensión, se ordena el precinto de las obras», pero el 25 de ese mismo mes se vuelve a detectar que «se sigue construyendo con una máquina y varios operarios trabajando», subraya.
La Policía Local denuncia el levantamiento de una pista de pádel, y a finales de 2009 aparecen nuevos cuerpos edificatorios «sin la correspondiente licencia y sin proyecto de actuación al tratarse de suelo no urbanizable común de control paisajístico». El fiscal reclama que derribe una parte de las construcciones ilícitas.
En un principio, iba a promover un centro hispano ruso, pero lo que se acabó levantando fue una construcción que en mayo de 2009 constaba de dos cuerpos de vivienda, uno bajo la rasante de los aparcamientos con seis apartamentos; y otro adosado al anterior con otros cuatro dúplex, y varios apartamentos más pequeños, así como un gimnasio, una sauna y un salón de belleza y un masaje.
La guerra administrativa ha sido tal que se inició con una inspección de la Policía Local a la construcción en 1998 y ha estado conformada por varias órdenes de paralización, de suspensión de obras o directamente de demolición. En cada visita, los técnicos municipales descubrían que había seguido, siempre según el escrito de conclusiones de la Fiscalía, construyendo. La polémica protagonizó numerosos plenos, en los que los partidos de la oposición achacaban al equipo de gobierno escasa mano dura con el acusado.
La Fiscalía pide que se tenga en cuenta la atenuante de reparación del daño, puesto que entre diciembre de 2010 y enero de 2011 el procesado ha procedido «a la demolición parcial de las construcciones ilegales». En un escrito de acusación muy técnico, al que tuvo acceso La Opinión de Málaga, la Fiscalía da cuenta detallada del avance inexorable de las obras, detectado en más de una docena de visitas de los técnicos municipales. Éstos concluyeron que la edificación seguía adelante pese al rosario de demoliciones y suspensiones.
El 29 de octubre de 1998, la Policía Local y un inspector visitan las parcelas, ubicadas en terrenos urbanizables y en parte no urbanizables de la calle Halepensis, en Pinares de San Antón, de tal forma que comprobaron que se estaban ejecutando 32 metros cuadrados de ampliación del porche, cuatro pilares y un muro de 15 metros de longitud que «invadían suelo no urbanizable común y, por tanto, se ajustaban a la licencia concedida». Días después, la alcaldía ordena la paralización de las obras, y en dos visitas posteriores la policía comprueba «que las obras no se han paralizado», asegura el fiscal.
Luego se realizan nuevas inspecciones, y en 2002 se comprueba que las obras continúan, ordenándose la demolición de un exceso de edificabilidad de 36 metros cuadrados. Los técnicos detectan que se levanta una piscina de 956 metros cuadrados y un cenador. En 2003, la Gerencia de Urbanismo vuelve a suspender las obras «al falaz amparo de una licencia que autoriza obras diferentes en otro emplazamiento distinto».
El acusado solicita entonces una licencia para legalizar una alberca y para el almacenaje agrícola de los productos de la finca, permiso que se le deniega «por no acreditar la condición de agricultor». Las obras siguen en 2004, «con apreciable avance del cuerpo ubicado más al Este», relata la acusación pública.
En una inspección del 19 de mayo de 2008, se comprueba que se han construidos dos cuerpos edificatorios de vivienda, con sauna, salón de belleza y masaje y gimnasio: «Todas estas instalaciones se encuentran bajo la rasante de la calle Halepensis, estando terminadas a falta de mobiliario y decoración, con una superficie total construida de la edificación entre los cuatro niveles de 1.672,45 metros cuadrados», añade el fiscal.
El 9 de febrero de 2009 se detectan nuevas obras, como un muro escollera o la ampliación de un carril. Tras nuevas visitas, el 18 de mayo de 2009, «ante el incumplimiento de la suspensión, se ordena el precinto de las obras», pero el 25 de ese mismo mes se vuelve a detectar que «se sigue construyendo con una máquina y varios operarios trabajando», subraya.
La Policía Local denuncia el levantamiento de una pista de pádel, y a finales de 2009 aparecen nuevos cuerpos edificatorios «sin la correspondiente licencia y sin proyecto de actuación al tratarse de suelo no urbanizable común de control paisajístico». El fiscal reclama que derribe una parte de las construcciones ilícitas.
