Los promotores malagueños han encontrado en las palabras de la presidenta de la Junta un clavo ardiendo al que aferrarse para reflotar el sector, sumido en la más profunda de las crisis. Susana Díaz se comprometía la semana pasada a reactivar la construcción en la comunidad, impulsando la aprobación de los planes urbanísticos pendientes. El lunes, los alcaldes del PP exigieron al Gobierno andaluz la derogación del POTA para ello. La legislación actual, según los promotores, es un corsé excesivamente restrictivo que ha contribuido de forma decisiva en la paralización en seco de la actividad. También cargan contra estas limitaciones urbanísticas y piden a la Junta mayor agilidad en sus actuaciones ya que hasta ahora sólo ejerce de «cuello de botella», según dicen.
El presidente de los constructores malagueños, José Prado, se congratula de que la presidenta de la Junta se haya dado cuenta «por fin» de que «Andalucía no va a salir del 37% de paro si no es por la construcción» en sus distintas vertientes. No sólo se refiere, por tanto a la construcción de viviendas. Prado destaca la obra pública como «una base muy importante de la economía». «A los políticos se les olvida que por cada millón de euros invertido en obra pública reciben de vuelta un 65%, por tasas o impuestos», asegura el presidente de la ACP, que reprocha que en 2013 la Junta sólo haya invertido en infraestructuras 51 millones de euros, «retrocediendo a los niveles de 2001».
Desde su punto de vista, lo que ahora tiene que hacer la Junta es facilitar las cosas y acelerar al máximo la aprobación de los PGOU. Según recordó, desde que se aprobó la LOUA en 2006 todavía hay 90 planes generales «paralizados por completo». «Pedíamos que en estos años de crisis, la Junta se pusiera las pilas para que cuando saliéramos de la crisis pudiéramos empezar a trabajar rápidamente, pero no va a ser posible ya que la administración se ha encargado de ejercer de freno, todo se alarga eternamente y los ayuntamientos no pueden hacer nada porque todo depende de la Junta, que no da las respuestas necesarias», se queja.
Por este motivo, critica el POTA por ser «absolutamente restrictivo» y pide a la Consejería de Fomento y Vivienda que respete el ámbito de actuación y conceda más autonomía a los ayuntamientos. «El modelo de ciudad debe ser decidido por el ayuntamiento, que sabe el diseño que necesita el urbanismo», sostiene Prado, que considera incoherente que una misma legislación regule el desarrollo urbanístico en la Costa del Sol y en Jaén.
En el mismo sentido se expresa el presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores, Ricardo Arranz, que considera que el POTA diseñado por los técnicos de la Junta cundo Concepción Gutiérrez era consejera de Fomento «provocó un destrozo». A su juicio, la Junta hizo unas leyes para paralizar el desarrollo «en teoría excesivo» que se estaba dando en Andalucía, cuando «los desarrollos no se paralizan con leyes, sino que lo hace el propio mercado, como ha pasado».
Asegura que no es de recibo que el Gobierno andaluz hiciera una ley urbanística que trate a todos los municipios por igual. «No tiene nada que ver el desarrollo urbanístico en Jaén, Granada o Málaga... Si en la Costa del Sol, Marbella o Benahavís tienen posibilidades de desarrollarse en turismo residencial, los técnicos de la Junta tienen la obligación de estudiar, desde un punto de vista sostenible y ambiental, cuáles son realmente las opciones y no actuar con la pereza que han demostrado», ataca.
«Lo que sí es de aplaudir y una alegría para el sector es que una presidenta recién llegada tome esta iniciativa con esa valentía, aunque ahora tiene que revisar estas leyes de imposible aplicación, usando el sentido común», añade.
¿No resulta incompatible fomentar la construcción de nuevas viviendas cuando hay stock sin vender? Dependiendo de las fuentes, habría entre 17.000, que dice el Ministerio de Fomento, y 37.000, según Analistas Económicos de Andalucía. Los promotores, basándose en las cifras del Ministerio, señalan que ese stock es casi inexistente. De hecho, José Prado, asegura que en 2013 se han vendido unas 9.000 casas de las 10.000 que quedaban en manos de los promotores (el resto son propiedad de bancos).
«Lo que queda es un stock muy difícil de vender, aunque se irá filtrando poco a poco en los próximos cuatro o cinco años. El problema es que en el segundo semestre de 2014 ya habrá una demanda de vivienda que no podremos atender», pronostica el presidente de los constructores, que cree un error «meter todo el stock en el mismo puchero». El ladrillo ha de reinventarse. Prado habla de enfocar la actividad de los constructores hacia el nuevo mercado de mileuristas, que además tendrán muchas dificultades para encontrar financiación bancaria para adquirir una vivienda. Es decir, habrá que apostar por hacer pisos más pequeños.
Ricardo Arranz, por su parte, no se olvida de los mercados emergentes (ruso, noruego, Oriente Medio, chino...), «potenciales compradores jóvenes y con mucho dinero a los que ya no les gusta la típica casa andaluza», que es lo que queda en stock. «Demandan arquitecturas mucho más innovadoras, modernas, limpias, grandes... Ese producto no existe, luego hay que hacerlo. No podemos esperar a dar salida a unas casas que están cansadas», concluye.
