El Ayuntamiento desahució entre 2003 y 2007 a 145 personas tras instalarse de manera irregular en viviendas oficiales recién abandonadas por sus adjudicatarios
Un individuo situado junto a un portal o tras una esquina observa cómo los inquilinos de una de las miles de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler existentes en Málaga capital abandona de manera definitiva el piso que ha estado habitando. El sujeto, atento a cualquier incidencia y vigilante ante el desenlace, no quiere perder la oportunidad que se le presenta y aprovecha el adiós del inquilino para, patada en la puerta, si fuese necesario, ocupar de forma clandestina el piso. Sin sorteo previo, ni largas colas de solicitud ni engorrosos procesos de adjudicación.La estampa se vive cada semana en distintos puntos de la ciudad y se ha convertido en los últimos años en uno de los quebraderos de cabeza del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV). A ellos les corresponde, una vez cometida la fechoría, dar solución. Algo que, como se ha demostrado en numerosas ocasiones, no resulta nada fácil, especialmente por la lentitud con la que se suelen tramitar estas cuestiones si el último derrotero es el judicial.Los números aportados por el organismo municipal a este periódico son elocuentes. El pasado mandato, entre 2003 y 2007, fueron resueltos un total de 145 expedientes de desahucio contra okupas de VPO. Y la cifra no parece que vaya a ser inferior en los próximos ejercicios. "A todos los consejos de administración nos suelen llegan tres o cuatro casos de gente que entra en los pisos sin ser adjudicatarios", comentan técnicos del IMV, que apostillan de manera elocuente: "Hay promociones de viviendas protegidas en las que parece que la gente está pendiente de que alguien deje un piso para meterse dentro".Ante esta situación, los caminos son reducidos. O bien se opta por la negociación con los okupas, tratando de alcanzar un acuerdo, o se acude a la vía judicial, una senda harto compleja. Por ello, buena parte de los conflictos acaban resolviéndose mediante el diálogo y cierta presión. "Lo que se les suele decir a esas personas es que si no aceptan abandonar la vivienda no podrán tener derecho, en ningún caso, a ser adjudicatarios en algún momento de uno de esos pisos. Y suelen reaccionar", apuntan. Para esta tarea, el departamento encabezado por el concejal Diego Maldonado, tiene contratado el servicio de inspección a una empresa externa, que cuenta con media docena de técnicos especializados en la materia.En este contexto, y al objeto de evitar este tipo de problemas, los responsables de la inspección tratan de cerrar cualquier posibilidad de ocupación ilegal. Por ello, cuando uno de los inquilinos en régimen de alquiler va a abandonar el piso, bien porque cambie de promoción o porque sus condiciones económicas hayan mejorado hasta el punto de optar a una vivienda libre, el personal se cita con él para recoger la llave en persona y de forma inmediata.Uno de los casos habituales en este tipo de circunstancias se produjo hace escasas semanas en la barriada de García Grana, donde el IMV acaba de finalizar la segunda fase de la promoción, que servirá para realojar a 166 familias que hasta el momento vivían en edificios muy antiguos y en pésimo estado. Una vez terminadas las obras de la nueva construcción y ante el inminente comienzo de los trabajos de demolición de las actuales viviendas, los técnicos municipales optaron por tapiar la entrada a algunos de los pisos. Pero ello no fue obstáculo para que una familia entera tirase abajo el muro y se asentase en la casa. "¿Cómo la gente puede meterse en estas circunstancias?", se preguntaron los técnicos consultados por este periódico.
Un individuo situado junto a un portal o tras una esquina observa cómo los inquilinos de una de las miles de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler existentes en Málaga capital abandona de manera definitiva el piso que ha estado habitando. El sujeto, atento a cualquier incidencia y vigilante ante el desenlace, no quiere perder la oportunidad que se le presenta y aprovecha el adiós del inquilino para, patada en la puerta, si fuese necesario, ocupar de forma clandestina el piso. Sin sorteo previo, ni largas colas de solicitud ni engorrosos procesos de adjudicación.La estampa se vive cada semana en distintos puntos de la ciudad y se ha convertido en los últimos años en uno de los quebraderos de cabeza del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV). A ellos les corresponde, una vez cometida la fechoría, dar solución. Algo que, como se ha demostrado en numerosas ocasiones, no resulta nada fácil, especialmente por la lentitud con la que se suelen tramitar estas cuestiones si el último derrotero es el judicial.Los números aportados por el organismo municipal a este periódico son elocuentes. El pasado mandato, entre 2003 y 2007, fueron resueltos un total de 145 expedientes de desahucio contra okupas de VPO. Y la cifra no parece que vaya a ser inferior en los próximos ejercicios. "A todos los consejos de administración nos suelen llegan tres o cuatro casos de gente que entra en los pisos sin ser adjudicatarios", comentan técnicos del IMV, que apostillan de manera elocuente: "Hay promociones de viviendas protegidas en las que parece que la gente está pendiente de que alguien deje un piso para meterse dentro".Ante esta situación, los caminos son reducidos. O bien se opta por la negociación con los okupas, tratando de alcanzar un acuerdo, o se acude a la vía judicial, una senda harto compleja. Por ello, buena parte de los conflictos acaban resolviéndose mediante el diálogo y cierta presión. "Lo que se les suele decir a esas personas es que si no aceptan abandonar la vivienda no podrán tener derecho, en ningún caso, a ser adjudicatarios en algún momento de uno de esos pisos. Y suelen reaccionar", apuntan. Para esta tarea, el departamento encabezado por el concejal Diego Maldonado, tiene contratado el servicio de inspección a una empresa externa, que cuenta con media docena de técnicos especializados en la materia.En este contexto, y al objeto de evitar este tipo de problemas, los responsables de la inspección tratan de cerrar cualquier posibilidad de ocupación ilegal. Por ello, cuando uno de los inquilinos en régimen de alquiler va a abandonar el piso, bien porque cambie de promoción o porque sus condiciones económicas hayan mejorado hasta el punto de optar a una vivienda libre, el personal se cita con él para recoger la llave en persona y de forma inmediata.Uno de los casos habituales en este tipo de circunstancias se produjo hace escasas semanas en la barriada de García Grana, donde el IMV acaba de finalizar la segunda fase de la promoción, que servirá para realojar a 166 familias que hasta el momento vivían en edificios muy antiguos y en pésimo estado. Una vez terminadas las obras de la nueva construcción y ante el inminente comienzo de los trabajos de demolición de las actuales viviendas, los técnicos municipales optaron por tapiar la entrada a algunos de los pisos. Pero ello no fue obstáculo para que una familia entera tirase abajo el muro y se asentase en la casa. "¿Cómo la gente puede meterse en estas circunstancias?", se preguntaron los técnicos consultados por este periódico.
