viernes, 18 de julio de 2008

Medio Ambiente recorta en 4.200 viviendas el PGOU elaborado por la propia Junta. Marbella (SUR)


La delegación provincial pide que se ajuste el nuevo parque residencial a la ratio de crecimiento del POTA. Tilda de «inviable» la autopista proyectada al norte

Nueva carambola en el ámbito urbanístico. La Junta de Andalucía se corrige a sí misma. Si el documento de revisión del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella lo confeccionó el equipo redactor bajo directrices de la Consejería andaluza de Obras Públicas, cuando ésta tenía las competencias en esta materia, ahora es la Delegación Provincial de Medio Ambiente la que supedita la declaración de impacto ambiental -vinculante para el Ayuntamiento- a que cumpla a pies juntillas una docena de determinaciones. La de mayor repercusión alude a la previsión de crecimiento que recoge el nuevo Plan General, cuya aprobación provisional se ha retrasado a septiembre. En el informe de declaración previa, al que ha tenido acceso este periódico, Medio Ambiente recorta en algo más de 4.200 viviendas la previsión de parque residencial para los próximos ocho años, por lo que éste se incrementaría en unas 14.100 en vez de en 18.407 casas que recoge el nuevo planeamiento urbanístico. A esta cifra, hay que sumar otras 9.236 viviendas (con un mínimo del 30% de VPO) que contempla el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Y es que la delegación provincial pide que se revise el incremento de población estimado conforme a los criterios de crecimiento establecidos por el POTA y así, se «ajuste la dotación de viviendas y la superficie edificable a su resultado». En caso de aplicar el ratio de 2,7 personas por casa, según establece el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el POTA, en vez de 2 que utiliza el PGOU marbellí, el incremento poblacional sería del 39,6 por ciento -unas 50.000 personas- «muy superior al límite del 30 por ciento que establece la norma del POTA». Por otro lado, Medio Ambiente incide en la necesidad de justificar la suficiencia de recursos hídricos para garantizar los nuevos crecimientos previstos.El informe apunta a que el documento urbanístico «podría ser viable a los solos efectos ambientales» y explica que la declaración de impacto ambiental se formulará cuando se apruebe el texto provisionalmente, con la incorporación del condicionado. Respecto a los plazos, la alcaldesa Ángeles Muñoz confirmó ayer, tras la reunión con la delegada provincial del Gobierno andaluz, María Gámez, que el nuevo PGOU se llevará al pleno de septiembre. Según Muñoz, «el último trámite está prácticamente acabado» y sólo quedan unas 200 alegaciones por estudiar.
Rechazo
Medio Ambiente se opone a una de las grandes apuestas en infraestructuras de comunicación, criticada por los colectivos. Se trata de la variante norte de la autopista de peaje, en la falda de Sierra Blanca, incluida en el Plan Territorial y concebida para descargar los incrementos de circulación. Para la delegación provincial, resulta «inviable» por suponer «un impacto de magnitud e intensidad elevada sobre el monte de Sierra Blanca», no justificarse su utilidad y plantear discordancias con el modelo sostenible de transporte que impulsa el propio PGOU.El Gobierno andaluz también matiza las propuestas de mejora de la conexión interurbana, que recoge el nuevo Plan. Así, ve «necesario» estudiar trazados alternativos en algunos tramos. Por otro lado, pide que se incluya como suelo no urbanizable de especial protección el alcornocal de Elviria y el monte público de Sierra Blanca, y que se corrija los límites de un sector al norte de la AP-7, de uso residencial de baja intensidad, por invadir zona de protección especial.

jueves, 17 de julio de 2008

Los constructores piden ayuda a las administraciones para frenar la crisis (Málaga Hoy)

Temen que se sucedan las suspensiones de pagos de forma masiva tras el verano
La suspensión de pago de Martinsa-Fadesa, una de las mayores promotoras de viviendas en España, han encendido las alarmas en todo el país. En Málaga, ayer celebró su asamblea general el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultorías y Obra Pública (Ceacop), que reclamó ayuda de las administraciones públicas, tanto central como autonómica, para afrontar "la grave crisis". De otro modo, anuncian muchos casos de suspensión de pagos, "sobre todo después del verano".Hoy por hoy, el riego de que empresas de la construcción quiebren es "muy alto". En este sentido, el secretario general de Ceacop -la mayor asociación de empresas de obra pública de Andalucía y una de las mayores de España, que genera unos 100.000 puestos de trabajo-, Ignacio Díaz, considera que las grandes entidades financieras no deben de mantener "el grifo cerrado". Para revertir la situación actual, pide que los políticos medien en la causa para intentar devolver la confianza en el sector. "Los pisos no se van a regalar, este es un mensaje fácil que sólo está generando desconfianza", arguye Díaz.El problema para conseguir liquidez afecta a todo el sector, no sólo a los pequeños actores. Sirva de ejemplo el caso de Martinsa, que aspiraba a cotizar en Bolsa y no ha sido capaz de sobrevivir a una deuda de 5.200 millones de euros. Dada la delicada situación, nadie se atreve a financiar un sólo euro. Díaz aseguró ayer que a todos los grandes grupos constructores de Andalucía les falta cartera y tienen problemas de financiación. "En ocasiones hay empresas que pueden llegar a poseer 15 millones de euros en pagarés, pero la entidad bancaria no los acepta porque no se fía de la otra constructora", asegura el portavoz de Ceacop.Respecto al estado de salud de las compañías andaluzas, desde Ceacop aseguran que ya se han producido algunas suspensiones de pagos en pequeñas empresas. Según Díaz, al mes cierran una media de 10 ó 15. "Por suerte o por desgracia todavía no se ha visto afectada ninguna de las empresas que está generando más riqueza y más empleo, aunque después del verano podría haber sorpresas", matizó el experto.El representante de Ceacop señaló que no quieren ayudas ni subvenciones "pero sí una serie de medidas que ayuden a paliar un poco la crisis", porque temen que los planes de vivienda andaluz y las inversiones del Ministerio "se queden en papel mojado". Además, se queja de la falta de confianza en las empresas andaluzas porque, según dice, casi el 80% de todo lo que se invierte en Andalucía es para empresas nacionales o regionales de otra comunidad autónoma. "No puede ser que Andalucía enriquezca a otras regiones y que las nuestras estén cerrando", denunció.Díaz ha pedido "soluciones a corto y medio plazo" (tienen a diario reuniones con representantes de la Junta), que pasan por mantener las inversiones y ejecuciones en obra pública y relanzar las hidráulicas, porque se están perdiendo los fondos europeos para ello. En relación a los planes urbanísticos, Díaz aboga por que se acaben las decenas de miles de contenciosos administrativos entre ayuntamientos y Junta, "que tienen paralizada la construcción".Finalmente, el portavoz de Ceacop denunció ayer que en cuanto a las adjudicaciones de obras, la mayoría de los ayuntamientos no las publican en los boletines oficiales, situación especialmente agravada en Málaga, donde el 85% no lo hace. Subrayó especialmente el caso de la Diputación Provincial que, según dice, lleva tres años eligiendo las empresas a dedo.

Antequera oferta suelo ´barato´ para pequeños empresarios. (La Opinión)

El Ayuntamiento fijará bonificaciones para la adquisición de las parcelas, que no superarán los 500 metros cuadrados
La definición del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Antequera ha traído consigo la ampliación del suelo industrial de la localidad con un valor añadido: dar prioridad en la adquisición de las parcelas a los pequeños empresarios y sociedades cooperativas para su ubicación en el suelo productivo de la ciudad.El objetivo es favorecer la reubicación de las pequeñas empresas de Antequera desde el casco urbano a la zona de suelo industrial, espacios dotados de las últimas tecnológicas y las redes de comunicación idóneas para su desarrollo. "La zona de ampliación del polígono industrial, justo en la parte trasera del hospital comarcal, es el espacio que se ha reservado para la definición de lo que se denominarán pequeños polígonos o zonas industriales de alta densidad", resaltó la concejala de Polígonos, Pepa Sánchez, quien aclaró que los terrenos puestos a la venta de forma individual no superarán los 500 metros cuadrados. Las parcelas se ofertarán a los empresarios a precios sujetos a bonificaciones que podrán alcanzar deducciones de hasta un 60% en relación al valor actual de este tipo de suelo en el mercado. "Primaremos la presencia de empresas de la zona dedicadas a la producción de productos típicos de Antequera, de aquellas que apuesten por una ampliación de sus naves en suelo antequerano, así como sociedades nacidas de la mano de las instituciones públicas y las escuelas de empresas", afirmó Sánchez.La idea es configurar en la zona de ampliación del polígono industrial de Antequera lo que se denominan zonas industriales de "alta densidad", espacios en los que prima la presencia de pequeñas empresas y sociedades cooperativas. La reserva de espacio puesto a disposición por el Ayuntamiento para este fin supera los 17.000 metros cuadrados, divididos en dos parcelas de unos 10.000 metros cuadrados la primera y de 7.000 la segunda. "Sin haberse aprobado de forma definitiva el PGOU, cuya fecha que se baraja tiene que ver con el primer semestre de 2009, ya hay 14 empresas interesadas en instalarse en este suelo", continúo la responsable de Polígonos, quien aclaró que en estos momentos el Consistorio está cerrando una ordenanza en la que se establecerán las ventajas económicas a las que podrán acogerse las citadas compañías, así como el sistema de subasta de las parcelas. El procedimiento que se seguirá para la aplicación de las deducciones será similar al utilizado en la subasta de suelo en el Parque Empresarial, al que se acogieron seis empresas antequeranas.

Vía libre a la construcción de viviendas en Villa Fernanda (La Opinión)

El plazo que se dio el Ayuntamiento para buscar un posible comprador acabó ayer sin que ninguna entidad, pública o privada, se interesase en su compra
El proyecto para construir dos bloques de viviendas en el palacete de Villa Fernanda, en el Limonar, tiene desde ayer vía libre. Ayer se cumplió el plazo de tres meses que marca la ley para aprobar el estudio de detalle que la Gerencia de Urbanismo tramita para este conjunto, sin que durante este tiempo ninguna entidad pública o privada haya pujado por su compra.El equipo de gobierno, junto con los grupos de la oposición, acordó en marzo pasado apurar hasta el máximo el plazo legal de tres meses que marca la LOUA (Ley de Ordenación Urbana de Andalucía) antes de aprobar definitivamente el estudio de detalle. El objetivo era que durante esos tres meses el Ayuntamiento y los grupos municipales buscasen un comprador para Villa Fernanda para, de esta forma, evitar así la construcción de dos bloques de viviendas junto a los edificios históricos.En un segundo acuerdo tomado en el pleno del mes de mayo se instaba a la Junta de Andalucía y al Gobierno central para que, junto al Ayuntamiento, asumieran la financiación de la compra de la finca, que Urbanismo ha valorado en 20 millones de euros.El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, requirió a la Junta de Andalucía para que estudiara la posibilidad de instalar alguna dependencia autonómica en este inmueble, como el Tribunal de Defensa de la Competencia de Andalucía, el Consejo Económico y Social o la propia Cámara de Cuentas.Sin embargo, pasados los tres meses que marca la ley, ninguna entidad ni publica ni privada ha llegado ni siquiera a interesarse por el inmueble, tal como confirmó ayer el edil de Urbanismo Manuel Díaz.Por ello, cumplidos todos los trámites y plazos legales la propiedad del inmueble requerirá ahora a la Gerencia de Urbanismo para que el Ayuntamiento apruebe de manera definitiva el estudio de detalle que permitirá la construcción de los dos bloques.El Ayuntamiento está obligado a conceder la aprobación del citado estudio de detalle por lo que la propiedad de Villa Fernanda podrá continuar con el resto de trámites. Villa Fernanda es un conjunto de tres edificios históricos levantados a principios del siglo XX, uno de ellos de estilo regionalista y los otros dos más racionalistas. Los tres tienen protección arquitectónica de grado uno. La finca cuenta con un jardín catalogado, de estilo francés que contiene 136 ejemplares de 26 especies distintas, ornamentado con estaturas y fuentes.Sus actuales propietarios, de acuerdo con la ley y el PGOU, proyectan la rehabilitación de los inmuebles ademas de la construcción de dos bloques de viviendas de tres plantas; uno de ellos se levantaría en la zona que ahora ocupa la pista de tenis y el segundo sobre lo que ahora es el césped de la piscina.

Los constructores dicen que la crisis será aún más dura tras el verano (La Opinión)

El sector cree que las grandes empresas podrían verse abocadas a la suspensión de pagos si no se adoptan medidas. Más de quince constructoras cierran cada mes en la región
A pesar de las elevadas cifras de paro y de la ralentización del ritmo de trabajo, la construcción aún no ha vivido la parte más severa de la crisis, que podría manifestarse después del verano. Según las previsiones del Círculo de Empresas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), la situación cobrará tintes dramáticos a partir del próximo otoño, en el que, si no se aportan soluciones, habrá un riesgo "muy alto" de que se reproduzcan cierres como el de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa.La organización, que celebró ayer una asamblea para abordar el problema, insistió en que la falta de financiación podría poner en jaque a las grandes empresas y se refirió las alarmantes cifras de la actualidad, que recogen una tasa de paro cercana al treinta por ciento en el sector. Una coyuntura que ya ha estragado a las empresas más débiles, que desaparecen a un ritmo de entre quince y treinta por mensualidad. Por el momento, las más afectadas han sido las más modestas, pero el problema podría extenderse a las grandes firmas en apenas unos meses. De acuerdo con Ignacio Díaz, secretario general de Ceacop, las grandes corporaciones están empezando a padecer la falta de flexibilidad crediticia, especialmente en lo que respecta al cobro de pagarés rubricados por otras empresas o, incluso, por corporaciones municipales. "Hay empresas que tienen veinte millones en pagarés y no los pueden canjear porque los bancos no se fían del que se los firma", reseñó.Díaz también se quejó de la actitud de las administraciones y censuró la lentitud en la aprobación de los planeamientos urbanísticos, circunstancia que junto a los contenciosos de algunos ayuntamientos con la Junta de Andalucía, ha derivado en la "paralización" de un gran número de proyectos. En este sentido, instó a las instituciones a establecer un gran pacto con las sociedades financieras para lograr un diapasón más amplio en el tratamiento de las constructoras. El portavoz de Ceacop aludió asimismo al retraso en la ejecución de algunos proyectos como las obras hidráulicas, que ha provocado, en su opinión, la retirada de varias partidas de los fondos FEDER.En cuanto a las consecuencias de la crisis en el mercado de la vivienda, Díaz refutó los cantos de sirena que apuntan a una caída pavorosa de los precios en los próximos meses. "Los pisos no se van a regalar", pontificó. No obstante, mostró su conformidad en rebajar la cuantía de los apartamentos de turismo residencial para generar confianza en la inversión extranjera.El representante de la patronal incitó a las administraciones a buscar soluciones a la crisis y propuso un pacto de Estado entre el Gobierno y la oposición, además de reclamar una mayor transparencia en la obra pública.Un aspecto en el que, dice Díaz, la provincia no se encuadra precisamente en paradigma de lo correcto. "Sólo el 15 por ciento de los ayuntamientos de Málaga publican en boletines oficiales la adjudicación de proyectos, cosa que tampoco hace la Diputación", puntualizó Ignacio Díaz.El secretario de la organización denunció asimismo que el ochenta por ciento de los proyectos públicos de la Junta se concede a empreas de fuera de la región.

Un anónimo fuerza otra línea de ´Malaya´ que apunta a La Mancha (La Opinión)

El juez manda investigar la relación entre imputados del caso marbellí con asuntos de corrupción de la comunidad castellana. El fiscal recibió un escrito que no estaba firmado y un CD que contenía esta información. El grupo III de Blanqueo de la Udyco se encarga ya de las pesquisas
El ´caso Malaya´ estalló el 30 de marzo de 2006 en Marbella. Desde entonces han sido procesadas 86 personas, detenidas más de 100 y se han intervenido bienes de todo tipo por un valor superior a los 2.400 millones de euros, según los cálculos del Ministerio del Interior. Pero, tras dos años y tres meses de instrucción, la investigación sigue dando sorpresas, algunas de ellas desagradables para los implicados. No en vano, en una providencia firmada por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad, Óscar Pérez Corrales, el magistrado ordena investigar la relación entre algunos de los imputados en la trama marbellí "con los casos de corrupción inmobiliaria de Castilla La Mancha".El escrito, al que tuvo acceso este periódico, está fechado el 15 de julio de 2008, y en él se da cuenta de un CD y un escrito anónimo recibido por el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, que contiene información que "vincula a algún imputado en el ´caso Malaya´ con los casos de corrupción inmobiliaria en Castilla La Mancha", por lo que el magistrado decidió remitir el CD a la Comisaría Provincial para que el grupo III de Blanqueo de la Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco) investigue esta relación. En concreto, el instructor les insta a que estudien "si la información contenida fuera de relevancia para las presentes actuaciones".Además de la providencia de Óscar Pérez Corrales, comunicada a las partes ayer mismo, este periódico ha tenido acceso al oficio remitido por la Fiscalía al magistrado el pasado 11 de julio, en el que el mismo acusador público afirma haber recibido un CD "junto con un escrito sin firma" en el que se alude a las vinculaciones de determinados encausados en ´Malaya´ con esos casos -en plural- de corrupción inmobiliaria en Castilla La Mancha, enunciado que repite el informador anónimo en un escueto documento que consta de dos líneas escritas a ordenador.Ahora serán los investigadores los que establezcan qué grado de veracidad tienen las informaciones contenidas en ese CD y con qué casos concretos que se instruyen actualmente en la autonomía vecina están relacionados los imputados de ´Malaya´ a los que se hace referencia.Algunas partes expresaron ya ayer su "sorpresa" por la relevancia de esta información, al tiempo que consideraron "improcedente" que un juzgado de Instrucción de Marbella investigue algo que ocurre a tantos kilómetros de la localidad. "Debería remitirse, como se ha dicho varias veces, esta pieza separada al juzgado Decano que corresponda y que éste lo turne a su vez a otra sede. Pero, vamos, aquí ya estamos hablando de un caso que es clara competencia de la Audiencia Nacional", dice un letrado.Esta reflexión puede ser cierta. De hecho, los delitos investigados en ´Malaya´ afectan a varias provincias: hay piezas separadas en los juzgados de la Palma del Condado (Huelva) y San Javier (Murcia), además de en Marbella, y se han producido registros e intervenciones policiales en otras zonas del país (por ejemplo, en Madrid, Mallorca y Cádiz). El lunes se celebra el primer juicio salido directamente de la investigación ´Malaya´ y los investigadores siguen teniendo por delante una intensa labor.

miércoles, 16 de julio de 2008

El precio de la vivienda cae más en Málaga que en el resto de España (Málaga Hoy)

Esta situación de recesión es la primera vez que se da en los últimos 10 años · Por comunidades, sólo Madrid y Aragón bajaron en los últimos 12 meses

El precio de la vivienda libre en Málaga baja. Si la situación a nivel nacional es llamativa, en el segundo trimestre cayó el 0,3% comparado con el trimestre anterior, en la provincia malagueña dicha caída es un punto y medio superior y alcanza el 1,9%. Esta situación supone la primera caída desde hace una década. En España, el último año registró el crecimiento más bajo desde 1997, con una subida del 2%, que supone una pérdida de su valor del 3%, pues el IPC se situó en junio en el 5%.Desde que en el último trimestre de 1997 el precio de la vivienda creciera el 1,2%, el valor de los inmuebles libres comenzó una escalada que llegó a un máximo del 18,5% en 2003, para comenzar a caer hasta el 2% actual. La directora general de Arquitectura y Política de Vivienda, Anunciación Romero, aseguró ayer que estos datos se acercan al objetivo del Gobierno de que el precio de los inmuebles crezca en torno al IPC.Desde el Gobierno ven esta caída real como una oportunidad única para conseguir un crecimiento del precio que no esté descompensado, en tanto que desde el sector promotor consideran que este ajuste es positivo, porque el precio de la vivienda había adquirido un nivel muy alto como consecuencia del encarecimiento del suelo. No obstante, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Guillermo Chicote, dijo que pedirá una reunión al Gobierno y a las entidades financieras para buscar soluciones conjuntas ante la crisis inmobiliaria, al tiempo que recordó que "nosotros ya hemos bajado los precios".Por su parte, el secretario general del G-14 -que agrupa a las principales inmobiliarias cotizadas-, Pedro Pérez, sugirió que la bajada de los precios de la vivienda libre ha sido significativamente mayor que la que señala el Gobierno, si se tienen en cuenta las ofertas y facilidades de compra que han dado las promotoras desde octubre del año pasado. La mayoría de las promociones inmobiliarias de los últimos meses han tratado de animar a la compra con numerosas ofertas que han ido desde descuentos hasta regalos como el garaje de la vivienda, viajes o coches, entre otros. La estadística sobre el precio de la vivienda presentada ayer detalla que, por comunidades autónomas, sólo Madrid (-0,4%) y Aragón (-0,1%) registraron caídas en los últimos 12 meses, aunque fueron compensadas por las subidas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (6%), y de Cataluña (4,5%), Andalucía (3,8%), Galicia (3,2%) y Asturias (3,1%), entre otras. Si se tiene en cuenta la tasa trimestral, el precio de la vivienda libre descendió en las comunidades de La Rioja (-1,7%), Murcia (-1,6%), Aragón (-1,4%), Castilla-La Mancha (-1,2%), Castilla y León (-0,9%), Madrid (-0,9%), Galicia (-0,7%), País Vasco (-0,3%), Extremadura (-0,2%) y Navarra (-0,1%).

Cómo construir una ciudad de cine (Málaga Hoy)

Un catedrático de Historia del Arte dice que Málaga necesitaría nuevos espacios
El catedrático de Historia del Arte Ángel Luis Hueso no cree que ninguna ciudad española pueda superar a París como escenario para películas. Siempre nos quedará París. La sentencia se utilizó también para titular, ayer, una de las conferencias impartidas en el seno del curso titulado Ciudades de cine. Su ponente defendió con rotundidad la fuerza expresiva de la capital gala, objeto de cientos de rodajes cinematográficos.Según el profesor, ninguna ciudad española podría alcanzar "el empaque que tiene París". Sobre Málaga, Hueso dijo que el desarrollo de la ciudad y de toda su zona de influencia podría propiciar que los cineastas se fijaran más en ella, y puso el ejemplo de la ciudad de los rascacielos: "El Nueva York de Woody Allen es sólo un pedacito de la misma, centrado en la Quinta Avenida; pero está también la Nueva York del Central Park, o la Nueva York del Queens. Lo importante es que las ciudades no sean monolíticas y cuando Málaga supere eso, su imagen será rica", afirmó el experto.En ese sentido, Hueso destacó al final la visión "íntima" que están ofreciendo sobre París nuevas películas como Amelie, que rompen con los reconocidos escenarios de la siempre ciudad del amor.

Nueva operación en Marbella por un fraude fiscal de 200 millones (Málaga Hoy)

La Policía registró una sucursal bancaria, un despacho de abogados y varios domicilios · La investigación es a nivel nacional y afectaría a unos 70 profesionales y a casi 200 inversores
La Costa del Sol vuelve a la primera línea de actualidad por un gran delito económico. Una sucursal bancaria, un despacho de abogados y al menos dos viviendas vinculadas a personas de este despacho profesional fueron registrados ayer por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria durante el transcurso de una investigación por un fraude a la Hacienda Pública que excedería los 200 millones de euros y con el que vinculan a unas 70 personas de distintas provincias. La inversiones se hacían en fundaciones de Liechtenstein, principal paraíso fiscal de Europa, tras pasar por una entidad bancaria de este país -LGT Group- y después de ser evadido de España a través de un entramado financiero. Fuentes del Instituto Armado informaron de que la intervención se inició a primera hora de la mañana, con 19 registros a un banco, asesorías fiscales, agencias de inversión y otros despachos profesionales de Málaga, Madrid, Barcelona y Zaragoza, que estaban previsto que se prolongasen durante la pasada madrugada. La intervención de ayer corresponde con la primera fase de la investigación, pues del análisis de los equipos informáticos y los documentos intervenidos se desprenderán nuevas líneas de investigación.La parte del operativo desarrollado en la provincia de Málaga se centró en Marbella, donde agentes desplazados desde Madrid inspeccionaron una sede de un banco supuestamente implicado en la trama, un despacho de abogados y al menos dos viviendas relacionadas con las personas del mismo.La intervención, dirigida por el juez Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, investiga la comisión de delitos fiscales y blanqueo de capitales a través del envío de fondos a Liechtenstein, operación que se inició en el mes de abril, después de que la Agencia Tributaria enviara a la Fiscalía la información sobre 80 depósitos bancarios en Liechtenstein correspondientes a 198 titulares españoles. La operación, en la que por el momento el juez no ha ordenado ninguna detención, aunque aún se mantiene abierta, ha puesto de manifiesto la comercialización de productos bancarios a través de bancos privados y agencias de inversión, con la ayuda de distintas asesorías fiscales, con el fin de facilitar al inverso una estructura opaca que permitiera su ocultamiento ante la Hacienda Pública y evitar así consecuencias impositivas o patrimoniales. Asimismo, se ha podido establecer la existencia de una cantidad de personas físicas y jurídicas que habrían dirigido a través de estas estructuras importantes cantidades de dinero hacia el Principado de Liechtenstein, gestionando estas inversiones a través de fundaciones administradas por mercantiles ubicadas en distintos paraísos fiscales para evitar la relación del dinero con el inversor en cuestión. De esta forma, el dinero ya limpio podía ser devuelvo a los empresarios en España u otros países como Suiza. Las fuentes consultadas explicaron que los implicados conseguían de este forma no declarar parte del dinero que poseían, para lo cual abonaban un porcentaje a los asesores, abogados o personal del banco, "que lógicamente siempre era inferior al 35% que exige Hacienda".Éstas manifestaron que el principal delito que se investiga es el fraude y que el de blanqueo de capitales es una consecuencia de la salida ilícita del dinero del país.Los investigadores podrían estar implicados varios empresarios, entre ellos miembros de la alta burguesía catalana, aunque a día de ayer no se había producido ninguna detención. En total, podría haber implicadas unas 70 personas, fundamentalmente empresarios y trabajadores en despachos de abogados, y el importe de lo defraudado puede alcanzar los 200 millones de euros.Las pesquisas relacionadas con esta operación, denominada Jade Limusina, continúan.

Martinsa ´arrastra´ a la Bolsa (La Opinión)

La suspensión de pagos de la constructora provoca el desplome del Ibex en un 2,55%, un nuevo mínimo anual. El Gobierno anuncia que trabajará para "mitigar" las consecuencias
LA OPINIÓN. MADRID El mismo día en que Martinsa-Fadesa presentó ante la justicia su suspensión de pagos tras no poder refinanciar su deuda, anunció también una decisión que repercutirá directamente en su plantilla. La constructora presentó ante la autoridad laboral un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 234 trabajadores, un 26,5% de su plantilla. Además de estos despidos directos, los sindicatos cuantifican que la pérdida de empleo indirecto podría llegar a afectar a entre 2.000 y 4.000 trabajadores pertenecientes a empresas subcontratadas por la inmobiliaria. Entretanto, la cotización de la inmobiliaria sigue suspendida en el parqué madrileño, que ayer cayó un 2,55% y marcó su nivel mínimo en más de dos años arrastrado por el efecto cadena generado en todo el sector del ladrillo. La bolsa española bajó hasta un nuevo mínimo anual, 11.151,60 puntos, afectada por el impacto de la suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa en los bancos y constructoras. Asimismo influyó el empeoramiento de las perspectivas económicas en Europa y EEUU. La compañía de Fernando Martín cuenta con un patrimonio inmobiliario valorado en 14.800 millones de euros y soporta una deuda de 5.100 millones. Las entidades bancarias comenzaron ya ayer a mover ficha y Caja Madrid confirmó que ha realizado una provisión de 250 millones de euros para cubrir el riesgo de impago del préstamo de 1.000 millones concedido a Martinsa. Mientras, el Banco Popular dotó una provisión de 100 millones en el primer semestre con carácter cautelar por el mismo motivo. Trabajo del Gobierno. Al respecto, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, prometió ayer que el Ejecutivo trabajará para "mitigar" las consecuencias de esta suspensión y atender a los empleados de la inmobiliaria. En este sentido, el presidente del PP, Mariano Rajoy, avisó de que el Estado no está para rescatar al sector privado cuando tiene dificultades. Por su parte, el comisario europeo de Economía y Finanzas, Joaquín Almunia, apuntó que ya se sabía que esta empresa atravesaba problemas y que tenía un volumen de deuda muy importante. En este sentido, el portavoz del PP, Esteban González Pons, exigió ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que explique si en la campaña electoral conocía ya la mala situación económica de Martinsa y si "mintió" y "engañó" a los ciudadanos para ganar los comicios.

Unos 700 trabajadores pueden ir al paro en Málaga
El concurso de acreedores de Martinsa-Fadesa y la regulación de empleos impuesta para superar la crisis de la empresa podría afectar en Málaga a unos 700 empleos, entre directos e indirectos, informó ayer el secretario de Construcción de CCOO en Málaga, Salvador Rojas. "Hemos hecho un cálculo y creemos que una treintena de trabajadores que desempeñan su labor en tareas administrativas de las distintas sucursales o delegaciones que la compañía tiene en Málaga irán al paro", explicó Rojas. Del mismo modo, añadió que varias obras de construcción de viviendas en la Costa del Sol ya están paradas, en concreto en Estepona, Marbella y la capital de la provincia, aunque no supo precisar el número concreto ni el lugar donde se llevaban a cabo estos trabajos. Sin embargo, los principales inconvenientes lo tendrán las empresas que eran subcontratadas en la provincia por esta importante inmobiliaria. El secretario de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), Juan Moreno, destacó que el golpe será muy duro en la provincia. "La repercusión de esta crisis será a nivel nacional", advirtió. Moreno reclamó apoyo por parte de las instituciones y administraciones a las grandes empresas, para que puedan salir de esta situación de dificultad económica. Moreno añadió que "es un nuevo golpe que tendremos que soportar los empresarios de la construcción. Esto son cosas que paga todo el sector".

La vivienda en Málaga pierde casi el 3% de su valor en el último año (La Opinión)

El precio del metro cuadrado baja un 1,5% en el segundo trimestre, la primera depreciación tras una década de continuas subidas. Esta caída fue más acusada en el resto del país
IGNACIO A. CASTILLO. MÁLAGA El precio de la vivienda libre ha caído en Málaga un 1,5% en el segundo trimestre de 2008, hasta situarse en una media de 2.304 euros por metro cuadrado, aunque en los últimos doce meses ha subido un 2,4%. Sin embargo, este incremento supone una depreciación real de casi el 3% (teniendo en cuenta la inflación, cuya tasa en junio fue del 5%). Así que el valor de la vivienda en Málaga ha perdido 2,7 puntos en el último año, ya que ha subido la mitad que el coste de la vida.Se trata de la primera vez que el precio de la vivienda cae en tasa trimestral, tras más de una década de continuas subidas. El caso de Málaga es más acusado que en el resto del territorio nacional. En el segundo trimestre del año, el índice general de precios bajó un 0,1%, aunque el aumento interanual fue del 2,4%. El metro cuadrado. Estepona es el municipio donde las casas están más caras. En esta localidad de la Costa Occidental el metro cuadrado roza los 3.000 euros (en concreto, 2.939,4 euros). En Marbella cuesta 2.832,9 euros y en la capital, el precio del metro cuadrado alcanza los 2.409,9 euros de media, según los datos hechos públicos ayer por el Ministerio de la Vivienda.La directora general de Arquitectura y Política de Vivienda, Anunciación Romero, explicó ayer que estos datos suponen tener más cerca el objetivo del Gobierno de que el precio de la vivienda crezca en torno al IPC, de forma que se adecuen "a la realidad de mercado".En los últimos doce meses, la vivienda bajó en Madrid un 0,4%. Es la única comunidad autónoma que ha registrado un descenso interanual de los precios. En Andalucía, por ejemplo, los pisos incrementaron su valor un 3,8%. Por provincias, el precio de la vivienda libre cayó interanualmente en Álava (-1,2%), Cáceres (-1,1%), Zaragoza (-0,9%), Valladolid (-0,9%), Burgos (-0,7%) y Guadalajara (-0,5%).Si se tiene en cuenta la tasa trimestral, el precio de la vivienda libre descendió en las comunidades de Aragón (-1,4%), Castilla y León (-0,9%), Castilla-La Mancha (-1,2%), Extremadura (-0,2%), Galicia (-0,7%), Madrid (-0,9%), Murcia (-1,6%), Navarra (-0,1%), País Vasco (-0,3%) y La Rioja (-1,7%). Por provincias, las caídas más destacadas se han registrado en Valladolid (-1,1%), Burgos (-0,4%), Álava (-0,3%) y Zaragoza (- 0,2%).El secretario de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores (ACP), Juan Moreno, explicó que, en el caso de Málaga, esta caída de los precios puede tener su explicación en el gran número de viviendas en ´stock´. "Los promotores han podido rebajar la venta de estas casas, para darle salida, en su propio beneficio, pero eso no quiere decir que el precio de la vivienda libre baje", concluyó.

El Plan General será revisado por el Colegio de Arquitectos. Marbella (La Opinión)

Su decano, Francisco San Martín, cree que documento debe "solucionar problemas en lugar de crearlos", en referencia al sistema de compensaciones
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella contará con la supervisión del Colegio de Arquitectos de Málaga. Este órgano se encargará de asesorar a los técnicos municipales a la hora de modificar el texto aprobado inicialmente, a partir de las cuestiones planteadas en las 8.537 alegaciones recibidas."Nos interesa mucho que el nuevo PGOU solucione problemas en lugar de crearlos", afirmó ayer su decano, Francisco San Martín, quien considera que la fórmula de normalización de las viviendas irregulares planteada en el documento actual "no resuelve nada". En su opinión, la posibilidad de cargar a los compradores de buena fe con las compensaciones urbanísticas requeridas para legalizar sus viviendas y recuperar suelo para equipamientos supone "prolongar el problema con pleitos a lo largo del tiempo". Una situación que no tiene por qué tiene que producirse "existiendo, como existen, otras opciones en la legislación urbanística".Retraso. La aprobación provisional del Plan General no se producirá en julio, como estaba previsto por el Ayuntamiento, sino que se retrasará, al menos, hasta después del verano. Un hecho que ya adelantó este diario el pasado mes de junio y que ayer ratificó el Colegio de Arquitectos de Málaga, al avanzar que las reuniones para asesorar al equipo redactor comenzarán en septiembre.San Martín se reunió ayer con la alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz, para suscribir un acuerdo entre ambas instituciones. En virtud de este convenio, el organismo colegiado no sólo prestará su ayuda para agilizar la tramitación del PGOU; sino que también colaborará en otros asuntos. Es el caso del estudio de proyectos para la obtención de licencias de obra, la construcción del nuevo mercado de abastos de San Pedro Alcántara y la creación de una guía de arquitectura de la ciudad para difundir sus valores patrimoniales.El colegio se encargará de evaluar, a petición de los promotores, los proyectos de obra antes de solicitar autorización al Ayuntamiento. Una vez analizados, el plan podrá recibir un sello de calidad, denominado visado de cualificación urbanística, que acelerará la obtención de la licencia. "Es un informe técnico que garantiza que el proyecto ya viene verificado por parte del Colegio de Arquitectos y, por tanto, facilita el trabajo de los funcionarios ".

Martinsa-Fadesa presenta un ERE para 234 trabajadores, la cuarta parte de su plantilla (La Opinión)

Martinsa-Fadesa presenta hoy ante la autoridad laboral un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 234 empleados, la cuarta parte (el 26,5%) de la plantilla de 880 trabajadores con que actualmente cuenta la empresa, informaron a Europa Press en fuentes de CC.OO. y UGT.
EP Los responsables de Recursos Humanos de la inmobiliaria que controla y preside Fernando Martín cuantificaron a los representantes de los trabajadores la dimensión el ajuste de plantilla previsto en la empresa para adaptarla a las nuevas condiciones del mercado en una reunión celebrada en la mañana de hoy en Madrid. Martinsa-Fadesa trabajaba en este ajuste desde hace meses, pero finalmente su concreción coincide en la misma jornada en que la inmobiliaria ha presentado concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos). La suspensión se acordó ayer lunes en la reunión del consejo de la inmobiliaria, después de que la empresa constatara sus "graves" dificultades de liquidez ante la imposibilidad de obtener un crédito de 150 millones de euros. La inmobiliaria necesitaba este préstamo para cumplir las condiciones del contrato de refinanciación suscrito en mayo. Martinsa-Fadesa soporta actualmente una deuda de unos 5.100 millones de euros, pero asegura contar con un patrimonio inmobiliario valorado en unos 10.800 millones de euros. La reunión entre empresa y sindicatos se reanudará durante la tarde y en ella los representantes sindicales esperan obtener detalles sobre el ERE, como son la distribución geográfica de los empleados afectados y la compensación económica que se les ofrece. PREOCUPACION DE LOS SINDICATOS. En fuentes de la Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT) expresaron a Europa Press la preocupación del sindicato, no sólo por los efectos del ERE sobre la plantilla de Fadesa, sino por su impacto en subcontratas que emplean a unas 3.000 personas y en las empresas proveedoras. Por su parte, el portavoz de la Federación de Construcción, Madera y Afines de CC.OO., Antonio Garde, adelantó que "exigirán" a la dirección de la empresa un plan de viabilidad que garantice el futuro de la compañía a "medio y largo plazo", además de "las mejores condiciones para los trabajadores que tengan que abandonar la compañía. En su opinión, la situación económica de Martinsa-Fadesa es "terrible", por lo que mostró su preocupación por que ello conlleve su desaparición en un plazo breve de tiempo, "lo que conllevaría el despido de los 600 empleados restantes".

La vivienda libre cae por primera vez un 0,3% en el segundo trimestre (La Opinión)

El precio de la vivienda libre bajó en el segundo trimestre del año un 0,3 por ciento, lo que supone la primera caída desde que el Ministerio de Vivienda elabora esta estadística de precios.
EFE Teniendo en cuenta los últimos doce meses, el precio de la vivienda creció hasta junio el 2 por ciento, lo que supone una caída real (teniendo en cuenta la inflación) del 3 por ciento. La directora general de Arquitectura y Política de Vivienda, Anunciación Romero, explicó en una conferencia de presa que esta subida interanual supone tener más cerca el objetivo del Gobierno de que el precio de la vivienda crezca en torno al IPC.

Martinsa deja en el aire 2.500 viviendas en la provincia y una compensación millonaria en Marbella (SUR)


El grupo, que ha anunciado la mayor suspensión de pagos española, debe resarcir a la ciudad costasoleña con suelo por la construcción irregular de 1.386 casas. En Antequera cuenta con dos parcelas en el parque empresarial para uso industrial y comercial

ACTIVIDAD EN MÁLAGA

Manilva
Superficie: 2.531.000 m2.
Edificabilidad: 430.308 m2.
Uso: Residencial.
Número de viviendas: 2.531.
Estado: Según el Plan General de Ordenación Urbana aprobado inicialmente este suelo tiene la categoría de urbanizable no sectorizado, estando a la expensa de que se solucionen las infraestructuras.
Antequera
Superficie: 131.665 m2 distribuidos en dos parcelas.
Uso: Industrial y comercial.
Actuaciones previstas: En torno a un centenar de naves y oficinas para negocios.
Mijas
Uso: Residencial.
Número de viviendas: 84 apartamentos de lujo de dos y tres dormitorios.
Los precios oscilan entre 215.000 y los 491.400 euros.
Estado: La obra ya está finalizada y actualmente se están entregando a los propietarios.
Marbella
Uso: Residencial.
Número de viviendas: 1.386 viviendas ya construidas en la zona de Guadalmina Alta y un centro comercial.
Estado: Debe compensar al Ayuntamiento con suelo por las irregularidades detectadas.

La crisis económica se ha cobrado su primera gran pieza con la declaración de insolvencia por parte de Martinsa-Fadesa, una de las principales promotoras inmobiliarias españolas, que ha pedido acogerse al concurso de acreedores. Las consecuencias de esta situación ya se están dejando sentir por todos los territorios en los que en los últimos años, al calor del 'boom' del ladrillo, se había ido expandiendo. En esta lista de damnificados también se encuentra Málaga. En la provincia queda en el aire qué va a ocurrir con las 2.531 viviendas que la empresa presidida por Fernando Martín tenía previsto construir en Manilva o cómo se va a solventar la compensación millonaria que tenía que hacer al Ayuntamiento de Marbella por irregularidades en la construcción de varias promociones de viviendas.En el caso de Manilva cuenta con una parcela de 2,5 millones de metros cuadrados en la que tenía previsto desarrollar 2.531 viviendas. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, en su aprobación inicial de 2007, cataloga este suelo como urbanizable no programado y estaba pendiente de solucionar las infraestructuras para que el proyecto fuera viable. Sin embargo, la alcaldesa de la localidad, Antonia Muñoz (IU), explicó a SUR que el plan se va a revisar y no descartó que se pueda cambiar el uso de esos terrenos.Martinsa-Fadesa realizó una decena de promociones en Marbella, fundamentalmente en Guadalmina Alta, que se tradujeron en 1.386 viviendas y un centro comercial. Esta actuación se hizo en base a convenios urbanísticos firmados durante los gobiernos del GIL en la ciudad y en virtud del PGOU aprobado por Jesús Gil y no reconocido por la Junta de Andalucía. Esas licencias fueron revisadas cuando la gestora se hizo cargo del Ayuntamiento tras la disolución del mismo y concluyó que la promotora tenía que compensar al municipio para poder legalizar esas viviendas debido a que se habían excedido en la edificabilidad (según los cálculos de la Administración regional lo habrían superado en unos 20.000 metros cuadrados) y por haber construido una gran superficie en una zona de equipamiento público.
Guadalmina Alta
Estas contraprestaciones deben hacerse en suelo en las propias promociones (convirtiendo en público parques ahora privados, por ejemplo, entre otras actuaciones) y afectaría a una superficie de al menos 100.000 metros cuadrados, según se desprende de las fichas del Área de Reforma Interior contempladas en el PGOU de Marbella. Para ello, se han efectuado varias reuniones entre las partes para alcanzar el acuerdo.Fuentes municipales señalaron ayer que están a la espera de qué va a ocurrir con la empresa y quién se va a poner al frente de la misma para poder materializar esos acuerdos. El Consistorio se había comprometido con los compradores de esas casas a que ellos no tenían que asumir tales compensaciones.Pero las consecuencias se están dejando sentir en otros puntos de la provincia, como Antequera, donde la promotora cuenta con dos parcelas que suman 131.665 metros cuadrados en el parque empresarial para uso comercial e industrial. Allí preveían levantar naves y locales comerciales en un centro de negocios, según la información que aparece en la página web de la firma. Este suelo, según varias fuentes, se incorporó al patrimonio de la empresa tras la entrada en la misma del empresario malagueño Antonio Martín Criado, que cuenta con un 15,11% del capital. El concejal de Urbanismo de Antequera, José Luis Ruiz Espejo, indicó que la firma ya tenía presentado el proyecto de una de las parcelas y añadió que están preocupados al no saber lo que puede ocurrir.
Empleo
Por su parte, en Mijas, en la urbanización de Nueva Calahonda, han concluido recientemente la construcción de 84 apartamentos de lujo que ya se están entregando a los propietarios. De ellos se han vendido el 20% de los mismos, cuyos precios oscilan entre los 215.000 y los 491.000 euros. Respecto a los trabajadores, el expediente de regulación de empleo afectará a 234 empleados de la compañía en toda España. En Málaga, según fuentes sindicales, no hay afectados ya que la empresa subcontrataba los trabajos y actualmente no tiene ningún proyecto en ejecución. En esta infORMACIÓN Han COLABORADO: Carmen Martín y Francisco Jiménez.

El PP critica que el edificio de la Diputación arrastra un sobrecoste de casi 30 millones de euros (SUR)


Los populares subrayan que el equipo de gobierno de PSOE e IU hace una gestión instalada «en la autocomplacencia y el pan y circo»

El portavoz del PP en la Diputación de Málaga, Francisco Salado, criticó ayer que el coste del nuevo edificio de la institución -en el paseo marítimo de poniente de la capital- arrastra un sobrecoste de casi 30 millones de euros. Según sus datos, en obras se han facturado 61,2 millones, a los que hay que unir los diez millones pendientes de abonar en concepto de mobiliario, sistemas informáticos y de aire acondicionado. La inversión anunciada en su día por la institución supramunicipal era de 44,4 millones de euros. Esta fue una de las denuncias formuladas por los diputados populares en una rueda de prensa de balance del primer año de mandato del equipo de gobierno PSOE-IU en la Diputación, donde incidieron «en la nefasta gestión» económica que se está haciendo. Así, señalaron que se gasta más en la promoción del flamenco o en protocolo que en prevención de riesgos laborales y alertaron de que el endeudamiento llegará a los 230 millones «al límite de lo que legalmente permite la ley» y muy cerca del presupuesto de la institución (240 millones). Asimismo, añadieron que la Diputación tiene más de 72 millones pendientes de cobro de otras administraciones por la dejadez de sus responsables. «El equipo de gobierno tiene una actitud complaciente, basada en el mínimo esfuerzo y el pan y circo», subrayó Salado. Unos extremos negados por el diputado de Hacienda, Cristóbal Bonilla, quien dijo que la situación «no es alarmante». Así, indicó que el nivel de endeudamiento se ha mejorado, que ahora se debe menos y que los cobros pendientes cada vez son menos. Sobre el coste del nuevo edificio de la institución, Bonilla declaró que el PP ha computado como gasto de construcción los de mantenimiento desde su entrada en funcionamiento.

Martinsa-Fadesa anuncia la mayor suspensión de pagos de España (La Opinión)

La crisis inmobiliaria se ha cobrado su primera víctima. La inmobiliaria Martinsa-Fadesa, una de las mayores del país, solicitó ayer un concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) tras constatar las graves dificultades de tesorería que afrontan. La compañía que preside Fernando Martín protagonizará así la primera suspensión de pagos de una inmobiliaria cotizada con la que, según indicó, persiguen garantizar la continuidad de su proyecto empresarial, procediendo al saneamiento y reorganización de la compañía a través de los instrumentos de la Ley Concursal. Las dificultades de la compañía provienen de la no consecución de un crédito de 150 millones de euros que le obligaba a suscribir el contrato de refinanciación de deuda que acordó con 45 entidades financieras en mayo. La no consecución del préstamo suponía la suspensión de dicha refinanciación de la deuda de 5.100 millones que actualmente soporta la empresa.

martes, 15 de julio de 2008

Denuncian que Urbanismo no hace planes de tráfico para sus obras (Málaga Hoy)

Los socialistas critican la falta de controles en los proyectos del Ayuntamiento · Díaz Guirado dice que ya se invierten 600.000 euros anuales en desvíos de la circulación
El grupo municipal socialista denuncia que en obras del propio Ayuntamiento no se contemplan estudios de tráfico o accesos para los peatones, poniendo en riesgo a los ciudadanos que circulan por estas zonas. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz (PP), por su parte, asegura que el Consistorio invierte 600.000 euros anuales en esta materia, por lo que las críticas carecen de justificación.El edil socialista Sergio Brenes (PSOE) lamenta que el nuevo edificio de la Gerencia de Urbanismo, ubicado en uno de los principales nudos de comunicaciones de la ciudad como es el Paseo Marítimo y la avenida Ingeniero José María Garnica, está en obras "sin que se hayan adoptado medidas de agilización del tráfico en la zona por lo que a diario se registran problemas considerables de atasco". Los socialistas también critican que no se haya previsto un paso provisional para peatones, ya que -según dicen- se trata de un lugar muy transitado por ciudadanos que van a la playa y se encuentra en un sector de la ciudad que tiene en sus inmediaciones un hotel, restaurantes, comercios y equipamientos privados.El concejal de Urbanismo defiende que en la citada obra se va a realizar una inversión de hasta 290.000 euros para cuidar precisamente estos detalles. Concretamente, 200.000 euros irán destinados a la calidad de los trabajos y los 90.000 euros restantes a un estudio de seguridad y salud, según asegura el mismo Díaz. "Resulta paradójico que la propia Gerencia de Urbanismo no contemple en sus obras planes de tráfico, ni de accesibilidad que si se les exigen a los promotores privados", señala Brenes.Por otro lado, los socialistas también criticaron que la falta de controles sobre las obras municipales realizadas o contratadas por Urbanismo suponen un gasto extra para las arcas municipales. "Muchas de las actuaciones en materia de accesibilidad en las aceras que se han llevado en la ciudad han necesitado de obras posteriores de reparación con lo que han sido pagadas en dos ocasiones, lo que supone un despilfarro para las arcas municipales como las rampas y rebajes para personas con movilidad reducida que se han realizado en el último mes en la plaza de las Gabias en Campanillas, o en el parque infantil de la barriada de Pilar del Prado, que han necesitado de derruir lo construido y volver a ejecutar las obras", concluye Brenes.

La Junta asegura que el proyecto del futuro auditorio de la capital se conocerá a finales de año (Málaga Hoy)

El viceconsejero de Cultura concretó que los plazos de ejecución se están cumpliendo "totalmente"
El viceconsejero de Cultura de la Junta de Andalucía, José María Rodríguez, aseguró hoy que el proyecto del futuro auditorio de la capital malagueña estará "a finales de año, enero o febrero conformado", por lo que indicó que en ese momento "sabremos cómo va a quedar". Así, especificó que el proyecto ya se adjudicó y que, en estos momentos, "los arquitectos ganadores lo están desarrollando" y que, por ello, "hay que esperar a que ellos acaben con su obra" aunque "tenemos una idea de cómo va a quedar". En este sentido, Rodríguez, que visitó hoy los trabajos del Teatro Romano de Málaga junto con el delegado provincial de Cultura, Francisco López, reiteró que los expertos "tienen unos seis o siete meses para crear el proyecto definitivo". Por otro lado, recordó que el consorcio se tiene que reunir "pronto" porque "tiene que nombrar a un director". "Tenemos que reunirnos antes del finales del mes de julio para nombrar gerente y aprobar todo lo que se tenga que aprobar", subrayó. Finalmente, el viceconsejero de Cultura concretó que los plazos de ejecución en torno al futuro auditorio se están cumpliendo "totalmente". El equipo de arquitectos seleccionado para construir el futuro auditorio de la capital malagueña tenía, a partir de la firma del correspondiente contrato, un plazo de dos meses para presentar el anteproyecto. Una vez presentado y considerado adecuado, hay un plazo para redactar el proyecto de ejecución, según concretó la consejera de Cultura, Rosa Torres, el pasado mes de junio.

Álora tendrá en otoño un gran edificio comercial con 22 locales (SUR)


El inmueble incluirá un supermercado, 230 aparcamientos y 36 viviendas

El edificio llamado a impulsar la actividad comercial de Álora entrará en funcionamiento el próximo otoño después de más de dos años y medio de obras. La Asociación de Empresarios y Comerciantes (AECA) informó de que a finales de septiembre o principios de octubre podrían terminar los trabajos que promueve la empresa Akprom en el mismo corazón de la ciudad.Se trata de un gran inmueble de viviendas y comercios que se espera que cree unos 80 puestos de trabajo con los nuevos negocios que allí se emplazarán. En concreto, habrá 4.800 metros cuadrados comerciales distribuidos en 22 locales, incluyendo un gran supermercado de 1.500 metros cuadrados.Además, se construirán un total de 36 viviendas de entre 70 y 120 metros cuadrados y el que se convertirá en el primer aparcamiento público del centro de Álora. Dentro habrá un total de 230 plazas, de las que 80 serán en propiedad y 150 de rotación. Por otro lado, los trabajos supondrán la recuperación del parque de La Cancula, uno de los más emblemáticos del municipio pero que se encuentra en una situación de abandono importante.Cabe recordar que dentro del edificio también se emplazarán las nuevas sedes de Hacienda y el SAE, así como una gran sala de exposiciones con 700 metros cuadrados de superficie.