José Carlos Aguilera, defensor de varios imputados en los casos de corrupción de la Costa, se queja de las condiciones de los calabozos y de la dureza de los juicios paralelos
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA José Carlos Aguilera defiende a algunos de los imputados clave en las últimas operaciones contra la corrupción desatadas en la Costa del Sol. La ex portavoz del PSOE en Marbella Isabel García Marcos (´Malaya´), el ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos (´Astapa´) y el jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación, José Mora (´Arcos´) -también lleva a uno de los notarios de ´Ballena Blanca´- le han encomendado que les represente procesalmente. El letrado acaba de denunciar públicamente la situación de los calabozos, y se queja del trato que reciben estos imputados tanto de los poderes establecidos como de sus conciudadanos. El juicio paralelo, la detención como forma de arrancar confesiones y el papel de las administraciones en la desarrollo de la corrupción son algunas de sus preocupaciones.
-Usted ha denunciado públicamente la situación de los calabozos de la provincia...
-Lo denuncié públicamente porque creo que es una forma de llamar la atención. Parece una exageración, pero realmente no lo es. Cuando hablamos de violación de los derechos humanos parece algo ajeno a nuestro tiempo, o algo que pasa en otro lugar, pero lo grave es que pasa justo a nuestro lado. Supongo que la vida cotidiana no nos hace reparar en hechos de esta naturaleza que, siendo graves, o se ignoran o se desconocen. Por el contrario, cuando fueron detenidas las azafatas de una compañía aérea en el Chad, pues creo que los españoles nos conmovimos por las condiciones de ese arresto. No reparamos o no queremos saber que esa realidad es muy cercana, que las condiciones de los centros de detención en España, concretamente en Málaga, no difieren mucho de los del Chad. Y cuando digo eso quiero decir que están en condiciones infrahumanas, y cuando una persona es detenida y se recluye en una celda en esas condiciones eso es una violación clara de derechos humanos. Es un trato degradante, de una crueldad manifiesta. Y a eso hay que añadirle las condiciones en las que se produce la detención. Mencionaba por ejemplo el caso de uno de los defendidos en el ´caso Arcos´ y hablaba del detalle de mantenerlo en una celda sin luz durante 48 horas. Yo me hice la reflexión. Y para que cualquiera comprendiera la situación que pensara que va a estar 48 horas en una celda de 1,80 por 1,80 metros sin luz. ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo le afectaría psicológicamente? Bueno, pues así dos días.
-Califica usted el trato de degradante...
-La situación de los calabozos de los centros de detención en comisarías de la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen unas condiciones que por sí mismas constituyen un trato degradante e inhumano y eso se llama violar derechos humanos. Y esto hay que atajarlo. Es una realidad cercana. Está pasando aquí en la avenida de Andalucía, en el Arroyo de los Ángeles, en Benagalbón... Y esa misma experiencia me la relataron personas que tuve ocasión de defender en ´Malaya´ o ´Astapa´, es decir, se repite la historia. He hecho la denuncia pública y voy a iniciar todas las acciones legales que pueda, incluida la penal, para que esto se corrija de inmediato. Hay que clausurar esos calabozos y hacer unos dignos.
-¿No se utiliza con demasiada alegría la detención en este tipo de casos?
-La detención debe ser proporcionada, y en estos casos no lo es, es algo innecesario. Porque la causa penal ya está en marcha, no son personas a las que se cite y no acudan. La detención obedece a otras razones. El arresto forma parte de un guión ya escrito, estas operaciones se planifican y tienen una finalidad ajena al proceso. Tratan de darle una publicidad que sirve a determinados fines que no son judiciales sino políticos. La detención se ha convertido en un espectáculo que, desde su arranque, no es una medida proporcionada. ¿Cómo se desarrolla? Se hace a instancias de una resolución judicial a petición del fiscal o de la policía judicial. En ´Arcos´ es la Guardia Civil. Se utiliza, al igual que la prisión provisional, con fines que no tienen amparo constitucional y a mi modo de ver es una medida de presión, de castigo anticipado. Obedece a una estrategia muy estudiada cuya finalidad última es arrancar confesiones. Quien permanece 72 horas en unas celdas en esas condiciones psicológicamente tiene sentimientos de culpabilidad y confesará cualquier cosa con tal de salir de allí. Todas las personas que he tenido la suerte de defender en este tipo de casos como ´Malaya´, la pionera, ´Astapa´ o ´Ballena Blanca´, recuerdan con especial horror el paso por los calabozos de la Comisaría Provincial. Es el episodio más traumático que han vivido. Si a eso le añades que los arrestos se prolongan más allá de las 72 horas que prevé la propia Constitución... Deben durar el tiempo imprescindible para investigar hechos, pero éstas se producen en el marco de un proceso penal y las averiguaciones ya están hechas.
-En algunos casos se prolongan hasta cinco días...
-¿Por qué se prolongan hasta cinco días? Porque la finalidad es inconstitucional: se trata de hacer saber al detenido que mejor es que me declare la verdad policial, que no es la real, y sin ir más lejos ´Malaya´ es un ejemplo lamentable de cómo utilizar la detención o la prisión provisional como mecanismo de arrancar confesiones y eso es muy grave. Y lo digo tal y como está en estas operaciones. Porque así se quiere que sea. Se trata de que en la forma en la que se planifica la operación policial existe un protocolo, que deciden quienes quieren darle a la operación esa proyección ante la opinión pública y se busca favorecer un juicio paralelo, que ha de ser mediático y el arresto es una forma de castigo.
-¿Sufren graves daños psicológicos?
-Los efectos colaterales son gravísimos. Son apestados. Su círculo de amigos se reduce. La condena social es dura. Te señalan por la calle. Si eres empresario estás en la ruina porque las entidades financieras con un cinismo bochornoso les privan de financiación, no les permiten abrir cuentas sólo por estar imputados. Eso es el producto de lo que representa en la práctica una condena anticipada. O lo que es una falta de respeto a la presunción de inocencia. El TC dice que el detenido o imputado ha de ser considerado no culpable y no se le puede castigar por medio de la detención o la prisión preventiva.
-También se queja del juicio paralelo...
-Es durísimo. Se busca expresamente. Y además de paralelo es sumarísimo y se traslada al gran jurado, la opinión pública, los hechos que incriminan, no los que van en su descargo. Además con un agravante, en un proceso con la restricción del derecho de defensa. Primero el juicio paralelo que se fomenta deliberadamente, en un proceso con secreto de sumario, limitando la defensa. Y no se conocen las conductas que motivan una acusación grave. A uno de mis defendidos en ´Arcos´ se le imputa cohecho, pero yo no he conseguido saber cuáles son los hechos, a pesar de que en la vista que se celebró antes de la adopción de medidas cautelares pregunté al fiscal por ellos y no pude saberlos. Los desconozco. A un detenido se le ha de informar de las razones de su detención y eso se puede hacer sin violar el secreto de sumario. No se facilita que la defensa pueda explicarse.
-¿Cómo se cambia todo esto?
-Se debe cambiar porque la Constitución, que ya tiene 30 años, ha desarrollado sus títulos I y II, pero no hay ley sobre la presunción de inocencia. El ministerio fiscal tiene la obligación de evitar que se vulnere el secreto del sumario o de que se publiquen noticias estrictamente incriminatorias. Cuando esto ocurre, el fiscal debe hacer pública otra que favorezca. Es el desarrollo legislativo urgente, como ocurre en Italia, Alemania o Austria, porque este derecho se vulnera sistemáticamente cuando desde instancias políticas se filtran noticias. Cuando la policía filtra, o el fiscal filtra, no lo hacen ellos, sino instancias superiores de la Policía Judicial o del propio ministerio fiscal que planifican las operaciones. En este contexto también me preocupa sobremanera cómo queda la independencia judicial. Lo que relato es una forma de injerencia del poder político en el judicial. No todos los jueces son indemnes a estos fenómenos.
-¿No están apareciendo demasiados jueces estrella?
-No es tolerable que en este tipo de operaciones, llámense ´Malaya´, ´Astapa´ o ´Arcos´, esté todo planificado. Cuando van a detener al alcalde de Alcaucín los medios están allí y cuando el guardia llama a la puerta las cámaras empiezan a filmar. La detención es un espectáculo buscado ex profeso. Están antes los medios. Ése es el resumen. Y está pasando en Málaga y ´Malaya´ fue pionera. Nadie repara en los daños que sufren los municipios en los que se desarrollan estos casos. A veces esos daños son tan graves o más que los perjuicios que hayan podido causar los responsables de los delitos. Fundamentalmente en su imagen y su reputación. Por ejemplo en Marbella. El daño que le ha hecho ´Malaya´ es irreparable.
-¿Son casos que podrían haberse llevado de otra forma?
-Sí, por lo menos con más discreción. Los medios a veces son desproporcionados. Por ejemplo, la detención de algunos notarios. Llegaron a la notaría con un cuerpo de intervención y con armas. Impidieron, por ejemplo en ´Hidalgo´, a los clientes del Marbella Club salir del hotel durante horas. La experiencia vivida es para no olvidarla nunca. Yo creo que se pueden hacer las cosas con más prudencia y más respeto a los derechos particulares. Hay que luchar contra la corrupción, pero hay que hacerlo a tiempo. Esa lucha se ha puesto en marcha tardíamente, con mucho retraso, cuando ya había indicios bastantes como para percibir que existía el fenómeno. Cuando no se ataja a tiempo, la consecuencia es que crece, se expande. Eso favorece que crezca en la medida en que alguien pensará que todo el monte es orégano. Y eso ocurre cuando los poderes públicos se muestran pasivos o permisivos con estos fenómenos.
-¿Deben hacer autocrítica las administraciones públicas?
-Hay una corresponsabilidad. El alcance y la gravedad de ese fenómeno es corresponsabilidad del ministerio fiscal, de los partidos políticos, las instituciones financieras y las instituciones públicas. El ministerio fiscal no ha cumplido con su deber, los partidos políticos no han tomado conciencia de la gravedad del problema, es más lo utilizan como arma arrojadiza, y a veces las instituciones financieras, hablando del fenómeno urbanístico, han favorecido el desarrollo de esa actividad a sabiendas de que financiaban casas ilegales. Y el ejemplo paradigmático es lo de Marbella.
-¿Hay que investigar el papel de la Junta?
Yo creo que hay que investigar el papel de la Junta. Hay que hacerlo con el máximo rigor y respeto a la institución, es decir, no hay que hacer acusaciones gratuitas sobre su papel, pero hay que hacer esa investigación porque tiene importancia en cuanto al desarrollo del fenómeno de la corrupción urbanística si la ha habido. Tiene importancia cuando hay una dejación de funciones en competencias que son propias como la inspección o el control de la legalidad, sobre todo en municipios pequeños sin servicios técnicos y que dependen de la administración. En el urbanismo hay competencias compartidas entre el consistorio y la Junta, y cuando ocurre eso también hay responsabilidades compartidas. Partiendo de esa reflexión tengo que decir que hay sentencias de juzgados de lo Penal de Sevilla y Córdoba en las que estas circunstancias, es decir, el papel de la Junta, ha sido tenido en cuenta para absolver a acusados en delitos urbanísticos cuando ha existido una pasividad frente a un fenómeno extendido durante años y cuando ha quedado constatado que no ha habido reacción de la administración.
-¿Ha existido pasividad?
-No se puede condenar a una persona por construir una vivienda en un sector del municipio en el que hay 500 construcciones ilegales desarrolladas a lo largo de los últimos doce años. Eso es un fenómeno consentido, se le puede reprochar pasividad, inactividad, tolerancia, y después no se puede ir con el hacha y cortar la cuerda por el lado más fino. Esas sentencias me llevan a la conclusión de que en el ´caso Arcos´ es necesario investigar con rigor el papel de la Junta. No ahora, sino lo ocurrido hace cuatro o cinco años.
