De cero a 400 en cinco semanas. Ésta es la velocidad que ha alcanzado el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella en cuanto a la regularización de viviendas ilegales. Desde que arrancó la aprobación de expedientes de normalización, a finales del pasado noviembre, el Ayuntamiento ha dado luz verde a la legalización de cuatro promociones inmobiliarias, levantadas en su día de forma irregular, mediante el sistema de compensaciones que establece el nuevo planeamiento. La Junta de Gobierno Local acordó ayer la última de ellas, que se corresponde con los 81 inmuebles del complejo residencial Jardines del Príncipe y que se suman a las 316 casas regularizadas hasta el momento por el Consistorio.
No se trata, sin embargo, de un expediente más. Sobre la promoción que cierra los procesos de normalización de 2010 recae el dudoso honor de ser una de las edificaciones más polémicas de la 'era GIL', especialmente por las ampollas levantadas entre los vecinos afectados por su construcción, que siguen reclamando ante los tribunales que se ejecute la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2005 que anulaba la licencia de obras y obligaba a la restitución de la legalidad.
El proceso de normalización de Jardines del Príncipe establece que la empresa promotora, Coepro Marbella SA, cede al Ayuntamiento una parcela de 2.221 metros cuadrados cercana al complejo residencial, así como siete viviendas en el propio edificio cuya superficie conjunta alcanza los 1.000 metros cuadrados. Ambos espacios estarán destinados a equipamiento público, según explicó el delegado municipal de Urbanismo, Pablo Moro.
Cargas económicas
Las cargas a las que ha tenido que hacer frente la empresa para legalizar la promoción, según señaló el concejal, contemplan además el pago de unos 2 millones de euros en metálico correspondientes a tres partidas: 1.541.000 euros en concepto del 10 por ciento del incremento de aprovechamiento urbanístico, 90.600 euros para ejecutar las obras de urbanización pendientes en los viales perimetrales del complejo residencial y 370.000 euros para garantizar la adecuación de los siete inmuebles cedidos como equipamiento.
El Ayuntamiento estudiará ahora los posibles usos de los suelos cedidos por la promotora, tanto en lo que respecta a las viviendas de la promoción inmobiliaria como a la parcela, que no permanece diáfana sino que incluye también una edificación. Los terrenos, junto con la villa levantada en sus lindes, han sido valorados a efectos tributarios en más de 2,4 millones de euros, según apuntó el concejal de Urbanismo.
Sobre la resolución judicial que decretaba la anulación de la licencia de obras, el edil explicó que, al igual que en el resto de los casos, el Consistorio marbellí remitirá a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA en Málaga un incidente de ejecución de sentencia en el que se recoge, entre otras cuestiones, un «informe pormenorizado» sobre la situación de los 81 inmuebles tras su normalización al amparo del nuevo PGOU. «Hay que explicarle a la Sala el nuevo escenario que hay que manejar con respecto a esta promoción», apuntó el delegado municipal.
900 sentencias
El nuevo Plan, que entró en vigor la pasada primavera, fija sobre el papel las pautas para la regularización de 16.500 viviendas levantadas de manera ilegal en el municipio durante la 'era GIL'. Los tribunales han anulado las licencias de construcción de casi todas ellas, según apuntó Moro. «Hay que tener en cuenta que tenemos sobre la mesa 900 sentencias», destacó el concejal, que indicó que en algunas de ellas se establece de manera específica la demolición de los inmuebles.
El edil recordó que el nuevo ordenamiento, aprobado por la Junta de Andalucía, plantea un sistema de compensaciones para normalizar las edificaciones irregulares sin que la ciudad pierda los suelos para equipamiento y zonas verdes y sin castigar a los compradores de buena fe. El modelo choca de lleno con las resoluciones judiciales. Según explicó Moro, el Ayuntamiento está «a la espera de que la Sala se pronuncie, pero somos optimistas y confiamos en que al final impere el sentido común. El PGOU también es ley», añadió.
