Art Natura pide una indemnización por el retraso en la apertura de Tabacalera (La Opinión)

Desiste de rescindir el contrato, pero insiste en ser resarcida por el retraso en la apertura del museo

Obras en uno de los pabellones de Tabacalera. Arciniega

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA La entidad Royal Collections, que gestionará el museo de la Gema de Art Natura, ha vuelto a reclamar al Ayuntamiento de Málaga una indemnización y que «reconozca los daños y perjuicios causados» como consecuencia del «incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones contractuales».

Después de que el pasado 14 de diciembre de 2010 la empresa pidiera al Ayuntamiento la resolución del contrato que tienen ambas partes para abrir un museo de la gema en Tabacalera y que el equipo de gobierno la rechazara, Royal Collections volvió a remitir el pasado 3 de marzo un nuevo escrito al Ayuntamiento firmado por su máximo responsable, Fulgencia Alcaraz, en el que desiste de solicitar la recisión del contrato, pero insiste en la necesidad de que el Consistorio le compense económicamente por «el incumplimiento grave» de las obligaciones del Ayuntamiento que se concretan en el retraso en la entrega de los edificios de Tabacalera lo que, a juicio de Royal Collections, «está produciendo a la entidad cuantiosos daño», por lo que además anuncian que se reservan las acciones legales que «nos correspondan».

Exigen explicaciones

En el nuevo escrito, que fue conocido el pasado lunes en la comisión de Hacienda del Ayuntamiento, además de solicitar que se le reconozcan los daños y perjuicios causados por ese retraso, la entidad le exige al Ayuntamiento que determine «la fecha en la que se va a poner a disposición» de Royal Collections el conjunto de edificios de Tabacalera «en perfecto estado de uso museístico para las exposiciones, colecciones, actividades y servicios que se detallan en los pliegos de condiciones».

Como en el primer escrito, la entidad no cuantifica la indemnización a la que a su juicio tendría derecho sino que se limita a exigir al Ayuntamiento a que «reconozca los daños y perjuicios causados» por el «incumplimiento» en la entrega de los edificios de Tabacalera.

En su primer escrito Royal Collections señalaba que siempre ha confiado «en las garantías aportadas por el Ayuntamiento y reiteradas por parte del alcalde, Francisco de la Torre, durante el mes de septiembre, de que Art Natura Málaga se inauguraría antes de finalizar 2010», por lo que la entidad ha firmado contratos con proveedores para la selección de 140 personas y para la adquisición de equipamientos «abonando cantidades a cuenta» y ha alcanzado convenios con touroperadores «que son necesarios para la inauguración».

El pasado 4 de marzo la junta de gobierno local del Ayuntamiento desestimó la petición de Royal Collections de declarar la resolución del contrato y de recibir una indemnización «por el incumplimiento contractual con la cantidad que sea determinada como consecuencia de la operaciones de cuantificación del daño definitivo». La entidad anunció entonces que «emprenderá acciones judiciales» contra el Ayuntamiento si antes del 4 de mayo no revisa el acuerdo tomado en esa junta de gobierno local del viernes 4 de marzo que, a su juicio, «contiene manipulaciones y falsedades de gravedad».

La Junta de Andalucía no afrontará la regulación de los chiringuitos hasta 2012 (La Opinión)

Cuatro consejerías gestionarán el litoral andaluz. Medio Ambiente asume el grueso de las competencias

Un chiringuito en una playa de la capital malagueña. Gregorio Torres

JOSÉ TORRES. MÁLAGA El traspaso de las competencias que giran en torno a los chiringuitos ya es real. La concesión se hizo efectiva ayer dentro del paquete aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con un decreto que asigna a las consejerías de Obras Públicas; Agricultura y Pesca; Turismo, Comercio y Deporte, y Medio Ambiente las funciones, medios, servicios y personal transferidos por el Estado para gestión y ordenación del litoral andaluz. Desde ahora, las concesiones y las autorizaciones de los chiringuitos sólo serán tramitadas por Medio Ambiente y Turismo, aunque, con la temporada ya iniciada, habrá una moratoria hasta el 2012.

La primera gran batalla de este sector ha tenido un final satisfactorio después de casi dos años de polémicas. Concretamente, la decisión responde a los contenidos del Estatuto de Autonomía y a la petición formulada por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en junio de 2009, fecha en la que se alcanzó el mayor nivel de controversia. Se acabó la «incertidumbre» y comienza el «diálogo» con una administración que será mucho más «sensible» con el sector de los chiringuitos.

Con estos términos celebró ayer el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, Norberto del Castillo, que ya conocía los detalles del decreto tras una reunión celebrada en la Subdelegación del Gobierno de Málaga entre todas las partes indicadas. Tal y como explicó, allí se habló de crear cuanto antes una «mesa de planificación» para definir las líneas a seguir en esta nueva etapa. «La predisposición es muy buena. El diálogo está garantizado e incluso nos han pedido ayuda durante estos primeros pasos. Es el momento de retomar la ilusión, de recuperar el tiempo perdido para todas esas playas y empresarios que están pendientes de decisiones», abundó Del Castillo, quien insistió en que en la federación comparte los criterios de «no abusar ni masificar las playas» y de crear instalaciones «lógicas, operativas y razonables».

El primer paso será ordenar toda la documentación de la que se hará cargo la administración andaluza y trabajar sobre ella con vistas ya al año que viene. Según Norberto del Castillo, pocas son las modificaciones que se pueden hacer para una temporada que ya está en marcha.

Según anunció la Junta de Andalucía, el traspaso se hará efectivo el próximo viernes con un coste anual efectivo de 2,11 millones de euros, haciéndose cargo de 62 puestos de trabajo y 21 vehículos. Asimismo, recibe un inmueble de 2.348 metros cuadrados ubicado en el número 12 del Paseo de la Farola. Según las fuentes, el uso de estas instalaciones será compartido por las administraciones central y autonómica hasta que se libere por parte de la Junta el edificio ubicado en el número 7 de esta misma vía, donde se ubicarán los servicios estatales.

El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, señaló tras el Consejo de Gobierno que el traspaso permitirá reforzar la «excelencia natural y turística» del litoral andaluz y consolidar su papel como un «espacio de oportunidades» que recibe al año seis millones de turistas y acoge tres millones de residentes al año.

El decreto recoge como una de sus principales novedades, según Díaz Trillo, la creación de una comisión de seguimiento y evaluación, adscrita a la Consejería de la Presidencia, como instrumento de participación de los agentes económicos y sociales en la ordenación y gestión del litoral. De igual modo, en las seis provincias con dominio público marítimo-terrestre, la administración andaluza creará comisiones interdepartamentales sobre la materia.

Competencias

El traspaso, previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, fue formalizado el pasado 12 de enero, y las funciones transferidas incluyen las autorizaciones y concesiones de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre relativas a playas, acantilados, dunas, marismas o humedales, entre otros espacios.

Entre otros permisos figuran los relativos a la realización de vertidos, las explotaciones de acuicultura y recursos mineros o energéticos, las actividades que requieren instalaciones desmontables durante más de un año, la ejecución de obras fijas en el mar y las infraestructuras menores como embarcaderos, pantalanes o varaderos.

La Administración andaluza también pasa a regular los usos de temporada en las playas (zonas de baño y ocio) y en el mar territorial (áreas de fondeo o pantalanes flotantes, entre otros). El decreto establece la participación de la comunidad autónoma en la planificación y programación de las obras de interés general, así como en la gestión de las adscripciones al dominio público marítimo-terrestre para construcción, ampliación o modificación de puertos y vías de transporte de titularidad autonómica. Díaz Trillo subrayó, entre otras ventajas, la simplificación de trámites relacionados con el litoral a través de una ventanilla única en las distintas provincias o la elaboración de planes de playa, en colaboración con los ayuntamientos.

Una nueva etapa para un pilar del turismo

La aprobación de este decreto supone un paso agigantado para los chiringuitos, uno de los santo y seña de la Costa del Sol y de buena parte del litoral andaluz. Atrás quedan años de, sobre todo, «incertidumbre». Así lo explicó ayer el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, Norberto del Castillo, quien recordó estos últimos años como «de mucha calma pero sin seguridad», quien aseguró que las funciones, medios, servicios y personal transferidos por el Estado para gestión y ordenación del litoral andaluz deben ser un punto y aparte para buena parte de la marca turística.

«Es el momento de avanzar innovando y no copiando modelos. Con las nuevas competencias debemos crear zonas de esparcimiento de refuercen un destino líder coma la Costa del Sol», aseguró.

IMA+S denuncia que peligra la estación intermodal prevista en el PGOU. Marbella (SUR)

El candidato de IMA+S a la Alcaldía de Marbella, Antonio Martín, denunció ayer que la ampliación de la concesión administrativa sobre la estación central de autobuses de Portillo por un periodo de 15 a 20 años supone la renuncia publica del PP a cumplir lo previsto en el PGOU dentro del capitulo de movilidad. Martín explica que el Plan General no contempla la ampliación de la actual estación porque propone una estación intermodal.

Sin embargo, recordó que el nuevo pliego de condiciones anunciado por la alcaldesa, incluye la reforma de la actual estación con un montante de 400.000 euros y el pago del canon que desde 2006 no fue abonado por Portillo.

Martín reprochó a la regidora que se jacte de llevar «trabajando mucho tiempo» sobre cómo solucionar el mal servicio que presta la empresa. «Lo que indica la elaboración de un nuevo pliego de condiciones a poco de la cita con la urnas es que la alcaldesa ni ha trabajado mucho ni ha trabajado adecuadamente», manifestó.

Subida en un autobús

Según el líder del partido fundado también por el exsocialista Javier de Luis, «el servicio que presta no ha podido ser más calamitoso en estos años». Así, achacó a la empresa múltiples deficiencias: vehículos en malas condiciones técnicas, precios muy caros, retrasos, etc. «Este ha sido el pésimo aval que ha ofrecido Portillo con la complacencia del equipo de gobierno», censuró el líder político.

El candidato de IMA+S recordó asimismo que la alcaldesa se subió en la campaña electoral de 2007 a un autobús para denunciar el servicio que prestaba la empresa. «Sin embargo, hoy en plena precampaña para las municipales de 2011, la regidora vuelve a prometer mejorar las condiciones que ha sido incapaz de enmendar en cuatro años de gobierno», zanjó.

Alumnos de Arquitectura ganan un concurso de ideas para el puerto de Barbate (SUR)

Los alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga (UMA) Marina Díaz García, Daniel Natoli Rojo y Marina Díaz Gallego han ganado el primer premio del concurso de ideas denominado 'The Limit' para el cerramiento del Puerto de Barbate, convocado por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA).

Los estudiantes han recibido ya el premio, dotado con 6.000 euros. Según el jurado, el proyecto, denominado 'La Almadraba', recoge un planteamiento en el que se incluye «un cerramiento transparente que genera un espacio urbano de grandes posibilidades entre el pueblo y la ciudad». Además de la dotación económica con la que está galardonado este primer premio, el galardón permitirá a los autores constituir el pliego técnico de un posterior concurso de proyecto y obra para la construcción de este nuevo cerramiento del Puerto de Barbate. Para el concurso, se recibieron 8 propuestas de la ETS de Málaga, 16 propuestas de Granada y 47 propuestas de Sevilla

El traspaso a la Junta abre un nuevo escenario para regularizar los chiringuitos (SUR)

La Junta asumirá a partir del viernes las competencias para autorizar este tipo de establecimientos sobre la arena

30.03.2011 -

IGNACIO LILLO ilillo@diariosur.es

MÁLAGA.

Los empresarios de playas tendrán que negociar con el Gobierno andaluz los permisos para ocupar las playas. :: SUR

El próximo viernes comienza una nueva etapa en las playas de la Costa del Sol, una oportunidad para acabar definitivamente con dos décadas de conflictividad en torno a los chiringuitos y su ubicación sobre la arena. La ambigüedad con que la Ley de Costas de 1988 aborda la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, unido a la escasa sensibilidad que desde el Ministerio de Medio Ambiente en Madrid se ha demostrado en reiteradas ocasiones hacia unos negocios que son seña de identidad del destino turístico malagueño eran motivo habitual de confrontación entre los responsables de este departamento y los empresarios de hostelería, que reclamaban seguridad jurídica para poder trabajar y adecentar sus negocios. El último brote, en 2009, llevó, tras semanas de protestas de los empresarios, a que José Antonio Griñán, presidente del Ejecutivo autonómico, solicitara a su homólogo nacional, José Luis Rodríguez Zapatero, que el Estado le cediera las competencias sobre las playas andaluzas, tal y como estipula el artículo 56 del Estatuto de Autonomía. En Cataluña ya se aplica.

Sede en el paseo de la Farola

Tras un año y medio de trámites y negociaciones, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el decreto por el que se asignan a cuatro consejerías (Turismo, Medio Ambiente, Obras Públicas y Agricultura y Pesca) las funciones y el personal transferidos por la Administración central en materia de ordenación y gestión del litoral.

El traspaso se hará efectivo el próximo 1 de abril y tendrá un coste anual de 2,11 millones. La Administración andaluza asume un total de 62 puestos de trabajo (18 funcionarios y 44 laborales) y 21 vehículos; a lo que se añade la transmisión de un inmueble de 2.348 metros cuadrados en el número 12 del paseo de la Farola, en la capital. Su uso será compartido por las administraciones central y autonómica hasta que se libere por parte de la Junta el edificio ubicado en el número 7 de esta misma vía, donde se ubicarán los servicios estatales.

Las funciones transferidas que ahora se asignan a las cuatro consejerías incluyen las autorizaciones y concesiones de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en playas, acantilados, dunas, marismas y humedales, entre otros espacios costeros. Entre estos permisos destacan los relativos a los chiringuitos. En este punto, el sector mantuvo el pasado viernes una reunión con representantes del Gobierno y la Junta para iniciar contactos de cara a resolver asuntos tales como las dimensiones máximas de los locales, que han sido fijadas en un máximo de 150 metros cuadrados, según fuentes autonómicas. En próximas reuniones se seguirán concretando todos los flecos pendientes.

También serán potestad de la Junta la realización de vertidos; las explotaciones de acuicultura y recursos energéticos; las instalaciones desmontables; la ejecución de obras fijas en el mar e infraestructuras tales como embarcaderos, pantalanes y varaderos; así como los usos lúdicos y comerciales en la temporada de verano.

El traspaso de las competencias en gestión y ordenación del litoral, previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, fue formalizado el pasado 12 de enero en una reunión presidida por el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, y la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno de la Junta, Mar Moreno. Su regulación se recoge en el Real Decreto aprobado el 21 de enero.

El traspaso de las competencias es una reivindicación de los empresarios de playas, que muestran su esperanza en que la mayor «sensibilidad y cercanía» del Gobierno andaluz, en especial por parte de la Consejería de Turismo, ayude a generar seguridad jurídica y estabilidad para desarrollar sus negocios con garantías de que no serán sancionados.

La Junta tiene ante sí una oportunidad histórica de traer la paz a uno de los conflictos laborales más enquistados de la historia reciente de la provincia.

Cae el precio medio de la vivienda usada, pero aún roza los 200.000 euros (Málaga Hoy)

Los inmuebles de segunda mano mantienen un coste alto · Marbella es la localidad con los pisos más caros de la provincia

A. RECIO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 29.03.2011 - 01:00

Una pareja observa varios pisos en venta en una inmobiliaria.

Las terrazas de miles de viviendas en Málaga siguen teniendo carteles de venta colgados. El precio ha descendido de manera notable en los dos últimos años pero esa bajada aún es insuficiente para los bolsillos de muchos malagueños y, sobre todo, para obtener la confianza de las entidades financieras para conceder un crédito hipotecario. De hecho, el coste medio de una vivienda de segunda mano todavía está en torno a los 200.000 euros.

El precio medio de un inmueble usado en la provincia en marzo ascendió a 1.924 euros por metro cuadrado -en una vivienda tipo de 100 metros el coste sería de 192.400 euros-, lo que supuso un descenso del 4,5% respecto al primer trimestre del año anterior, según los datos facilitados ayer por el portal inmobiliario idealista.com.

Los inmuebles más caros vuelven a estar, una vez más, en Marbella, donde el metro cuadrado tiene un coste medio de 2.319 euros, un 2,9% menos. En la capital el precio está fijado en torno a 2.014 euros el metro cuadrado, un 4,8% menos. Según este portal, el precio ha disminuido en el último año en todos los grandes municipios malagueños, aunque las mayores caídas porcentuales se han registrado en Antequera (-13,4%) y Manilva (-8,6%). Vélez-Málaga, dentro de los grandes municipios, es el más barato de la provincia con un coste medio de 1.338 euros por metro cuadrado.

El jefe de estudios de idealista.com, Fernando Encinar, asegura que "el precio de la vivienda no ha tocado suelo y aún hay un largo periodo bajista".

Eduardo Souto de Moura, premio de arquitectura Pritzker 2011 (La Opinión)

El portugués recibe el galardón por una carrera en la que ha combinado modernidad y "ecos de la tradición"

Eduardo Souto de Moura TOÑI CARTAGENA

EFE/ MADRID El portugués Eduardo Souto de Moura (Oporto, 1952) ha sido galardonado con el Premio Pritzker de Arquitectura 2011, dotado con 100.000 dólares (70.994 euros), por un trabajo desarrollado durante tres décadas en el que ha combinado la modernidad "con los ecos de la tradición", según el jurado.

El jurado ha elegido por segunda vez en la historia de este premio, considerado el "Nobel" de arquitectura, a un portugués, tras habérselo otorgado en 1992 a Alvaro Siza, profesor de Souto de Moura y con el que éste trabajó durante varios años.

La noticia del fallo se iba a dar a conocer el próximo 11 de abril, pero hoy el blog de un portal de arquitectura español, según han explicado a Efe fuentes de la organización, se ha saltado el embargo y lo ha adelantado, ante lo que han decidido difundir ya el nombre del ganador.

El premio Pritzker de Arquitectura fue instituido en 1979 por Jay A.Pritzker y su mujer, Cindy, para reconocer el trabajo de profesionales vivos que hubiesen demostrado con él cualidades como el talento, la visión y el compromiso aplicados a contribuir al desarrollo de la humanidad y su entorno, así como al arte de la arquitectura.

El presidente del jurado, Peter Garth Palumbo, explica en el fallo del premio que la razón de elegir a Souto de Mora obedece a que durante las tres últimas décadas ha producido un trabajo contemporáneo que a la vez "contiene ecos de la tradición".

"Sus edificios tienen la habilidad única de transmitir al tiempo características aparentemente contradictorias: poder y recato; bravuconería y delicadeza; autoridad y descaro público y sentido de la intimidad", señala.

Desde que Souto de Moura estableció su propio estudio, en 1980, ha concluido alrededor de 60 proyectos, la mayoría en Portugal, pero también ha trabajado en España -Casa en Llabia, por ejemplo- Italia, Alemania, Reino Unido y Suiza.

Sus proyectos van de casas familiares a cines, centros comerciales, hoteles, apartamentos, oficinas, galerías de arte, museos, escuelas, estadios deportivos, como el municipal de Braga (Portugal), e instalaciones de transporte, entre otras el metro de su ciudad natal, Oporto, donde vive y trabaja.

Eduardo Elisio Machado Souto de Moura, que cumplirá 59 años el 25 de julio, sostiene que la coexistencia de lo natural con las construcciones de las que es capaz el hombre constituye la gran arquitectura, por eso explicaba que le pareció un "drama" tener que perforar la montaña anexa al estadio de Braga para obtener piedra.

El jurado del galardón, que en España sólo ha logrado Rafael Moneo, considera este último trabajo en especial "...muscular y monumental" e integrado en "el poderoso paisaje", mientras que de otro de sus proyectos, las Torres Burgo en Oporto, resalta que "dialogan entre ellas" y con el paisaje urbano.

Souto de Mora, que estudió arquitectura en la Escola Superior de Belas Artes de Oporto, ha sido profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto y en las escuelas de arquitectura de Ginebra, Paris-Belleville, Harvard, Dublin, Zurich y Lausanne.

Del jurado del Pritzker 2011 han formado parte, además de Palumbo Alejandro Aravena, Carlos Jimenez, Glenn Murcutt, Juhani Pallasmaa, Renzo Piano y Karen Stein.

El palmeral, el Thyssen y el Benítez (La Opinión)

El parque en el Campamento Benítez se ha encontrado con un problema casi insalvable. La voracidad del Ministerio de Fomento, reclamando una compensación por hacer la obra, impide el impulso de este proyecto. El bloqueo es similar a lo que ocurrió con el bulevar sobre el soterramiento

MIGUEL FERRARY. MÁLAGA El Campamento Benítez ha entrado en un callejón sin salida. La exigencia del Ministerio de Fomento para que se le compense por ceder este suelo para construir un parque ha puesto los pelos de punta al Ayuntamiento y, de paso, a toda la ciudad. Poco más o menos reclaman que se le dé una cantidad de terreno similar a la que ponen a disposición. Es decir, casi 270.000 metros cuadrados, con un beneficio estimado de 76 millones de euros. Un absurdo ante una inversión de 8 millones de euros para un parque.

El bloqueo es similar al que sufrió el bulevar sobre las vías del tren y que se resolvió de forma parcial. Sin embargo, en este caso la descompensación entre lo que se ofrece y lo que se reclama es demasiado alta. El ministerio, como se dice popularmente, se ha pasado tres pueblos, aunque ahora haya voces que maticen que es sólo un borrador y que se puede negociar. Pero el problema sigue siendo el mismo, no se trata del importe de la compensación, sino del hecho de que haya que aceptarla para que hagan un parque de 8 millones de euros.

Hay ejemplos de que las cosas se pueden hacer de otra forma. Hace unos días la Consejería de Obras Públicas inauguró el palmeral del muelle 2, un parque en el que ha invertido 32,15 millones de euros. Hasta el alcalde de Málaga le echó flores a la Consejería y no puso ni un «pero», cosa extraña en época preelectoral. Este gesto, que le honra, también dice mucho de lo que se ha hecho y del cuidado puesto en esta inversión. Es dinero bien invertido, con calidad y resultado ciudadano inmediato. Una muestra de este éxito la dieron las miles de personas que acudieron durante este fin de semana.

Otro paso adelante de la ciudad se vivió también la pasada semana, con la inauguración del Museo Thyssen. Gracias a una inversión que ronda los 27 millones de euros a cargo del Ayuntamiento de Málaga, la ciudad dispone de una notable colección de cuadros del siglo XIX español y que, en su primer fin de semana, recibió más de 10.000 visitantes aprovechando la jornada de puertas abiertas.

La coincidencia de estas inauguraciones en el tiempo no es casualidad. Es cierto que la cercanías de las elecciones tiene mucho que ver en los plazos de apertura. Sin embargo, merece la pena hacernos los tontos y que parezca que no nos damos cuenta si se pone al servicio de la ciudad una inversión bien hecha y de ese porte. Por eso, y por la falta de decencia vista durante toda la operación para rescatar el proyecto del parque en el Campamento Benítez, duele tanto la exigencia de una compensación por parte del Ministerio de Fomento. Puestos así, casi mejor que dejen el Campamento como está, que ya de por sí merece la pena, y que el ministro de Fomento compense con su silencio a la ciudad por tanto despropósito.

Porras eximía a las empresas de la bajada de precio por la que ganaban el contrato (La Opinión)

Los contratos eran adjudicados a las sociedades que se comprometían a una bajada sobre el importe fijado en el pliego. Al librar a las empresas de la bajada se produce un pago indebido y un quebranto de miles de euros a la hacienda municipal

0

Secuencia de documentos que demuestran que las empresas se comprometen a una rebaja del pliego pero luego el Ayuntamiento les abona el importe del concurso sin incluir la rebaja. La Opinión

NOTICIAS RELACIONADAS

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA La concejala de Sostenibilidad y Servicios del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, permitió que las empresas adjudicatarias de los contratos menores no aplicasen el porcentaje de bajada de precio al que se comprometían al ganar una adjudicación, lo que podría considerarse un pago indebido y un quebranto a las arcas municipales que se han visto privadas de miles de euros al haber estado pagando facturas con un exceso de costo, mientras se favorecía a las empresas contratadas.

La documentación que obra en poder de La Opinión de Málaga refleja con decenas de ejemplos como las empresas que optaban a un contrato en las áreas controladas por la edil Teresa Porras se comprometían en sus ofertas a aplicar un porcentaje de bajada sobre el precio de licitación inicial propuesto por el Ayuntamiento. Las empresas obtenían el contrato gracias a esa bajada, pero ésta finalmente no se producía. Cuando las empresas presentaban sus facturas lo hacían por el precio de licitación inicial, sin aplicar la rebaja ofertada, y el Ayuntamiento le daba el visto bueno y ordenaba el pago pese a que en los informes de propuesta de contrato consta literalmente: «... resultando la más conveniente a los intereses municipales la presentada por..., al ser la más económica».

El doble proceso administrativo

También llama la atención que el área que dirige la concejala iniciara dos procedimientos de adjudicación para un mismo contrato menor. Primero se optaba por una adjudicación directa a una empresa determinada y, a la vez, se iniciaba un proceso negociado, para dar aparencia de mayor concurrencia, y se invitaba a tres empresas, que en un número elevado de casos pertenecían al mismo propietario o tienen lazos societarios.

El Ayuntamiento publicaba un pliego de condiciones con el objeto del contrato, su precio de licitación inicial y reseñando que «las empresas interesadas deberán ofertar un porcentaje general de bajada» y añadiendo que «la adjudicación se realizará en base a la propuesta económica más favorable». El pliego aclaraba por ello que «el Ayuntamiento no está obligado a consumir la totalidad del importe adjudicado, tratándose éste de un importe máximo».

A partir de ahí el área correspondiente pedía ofertas a tres empresas. Éstas respondían comprometiéndose a bajadas que en algunos casos han llegado a ser del 44% y otras del tipo del 8 o del 10%. La bajada en el precio era determinante, según el pliego para obtener el contrato, pero, una vez realizada la obra, nunca se llevaba a efecto.

Cuando la empresa adjudicataria enviaba su factura para el cobro de la obra realizada siempre era por el precio inicial de licitación sin incluir la rebaja comprometida y por la que fue elegida. La factura era avalada con la firma de la concejala y el Ayuntamiento autorizaba el reconociento de crédito para su abono donde figuraba igualmente el precio inicial de licitación.

Decenas de casos idénticos en su procedimiento obran en poder de La Opinión de Málaga. En uno de ellos referido a trabajos de microactuaciones en las barriadas García Grana y Tiro de Pichón, por importe de 30.000 euros, la empresa Excavaciones El Copo ganó el contrato con un compromiso de bajada del 8%, pero la factura que emitió y cobró fue de 30.000 euros.

Igual ocurre en el procedimiento para obras en la barriada Santa Cristina, de Cruz de Humilladero, por un importe inicial de 30.000 euros. La empresa Imesapi gana el contrato con una proposición económica con un porcentaje de bajada del 11,5%, bajada que no cumple ya que la factura que presenta es por los 30.000 euros del pliego de condiciones.

Un tercer caso. Obras de mejora y reforma en los colegios Los Prados y Ciudad de Popayán, por un importe inicial de 30.000 euros. La empresa Pinturas Sixto se compromete a hacerlo con una bajada del 3%. La factura que presentó, sin embargo mantiene los 30.000 euros, avalados con la firma de la concejala.

Si se inicia un proceso negociado debe seguirse

El argumento que estos días vienen explicando tanto el alcalde de Málaga como la concejala Teresa Porras de que están obrando con arreglo a la ley ya que al ser contratos menores basta con la adjudicación directa no es totalmente correcto a tenor de los juristas consultados. El artículo 122 de la Ley de Contratos del Sector Público señala literalmente que «los contratos menores podrán adjudicarse directamente». Al emplear el verbo «podrán» significa que no excluye otros procedimientos.

Por tanto, el Ayuntamiento puede poner en marcha un procedimiento negociado para contratos menores, pero al hacerlo, debe seguirlo hasta el final y sujetarse a él y no utilizarlo como pantalla para aparentar transparencia ya que, a su vez que se pone en marcha, por otro lado realiza adjudicaciones directas.

El silencioso final de Salyt (La Opinión)

La fábrica lleva dos años en coma, sin actividad fabril y con un ERE temporal que se ha convertido en definitivo

La fábrica de ladrillos Salyt ha vendido todo su stock y ya planea su próximo cierre. La Opinión

MIGUEL FERRARY. MÁLAGA El próximo 31 de marzo se certificará la defunción, por abandono, de la fábrica de ladrillos de Salyt. Una de las últimas industrias de Málaga, que ha alimentado de material de construcción a la provincia durante 70 años, cerrará sus puertas definitivamente. Los siete últimos empleados están a la espera de que llegue la fecha que confirmará su despido y el cese formal de la actividad, aunque de hecho hace dos años que no se fabrica nada.

El final de Salyt llega apenas dos años y medio después de que la empresa, el Ayuntamiento y los empleados llegaran a un acuerdo por unanimidad en el que se comprometían a mantener los 20 puesto de trabajo que había en ese momento y en que Promálaga ayudaría a que continuara la actividad productiva.

El camino al cierre

Eso fue a finales de 2008. Pocos meses después se inició un ERE temporal de un año en la fábrica, que condenó a los trabajadores a dejar la producción. «El patio estaba lleno de stock que se ha ido vendiendo en este tiempo y ya no queda nada», explica Diego Rodríguez, uno de los últimos empleados de la planta y que junto a Salvador Morilla son los dos únicos que trabajaban en la fábrica, ya que los cinco restantes pertenecen al departamento administrativo.

El ERE temporal de un año se amplió a un segundo el pasado año. Mientras, poco a poco, la empresa fue extinguiendo los contratos de cada uno de ellos. El próximo 31 de marzo se marchará el resto. Significará el final de la fábrica, que ha tenido que rechazar encargos de material en los últimos meses «porque llevamos dos años sin producir y el stock que estaba almacenado ya se ha vendido», apunta Salvador Morilla, quien recalca que la empresa prevé que la antigua fábrica de ladrillos se convertirá en un espacio para almacenaje y depósito de material.

«Es una pena porque todavía hay mucha materia prima para mantener la fábrica y la maquinaria está en perfecto estado», insiste Salvador Morilla.

Su historia

La fábrica se abrió a la producción de ladrillos en los años 40, en un yacimiento arcilloso junto a la ronda de Málaga, cerca de Granja de Suárez. Durante los últimos años ha pertenecido a las empresas Miramar y Edipsa, que se ha nutrido de su producción para sus realizar sus promociones inmobiliarias, además de vender material a otras empresas.

El final de Salyt llega pese al compromiso de mantener la actividad industrial en esta zona. Este acuerdo se alcanzó tras un intento fallido por recalificar la parcela de 34.000 metros cuadrados para uso comercial y trasladar la fábrica a un terreno junto al PTA. El Ayuntamiento estuvo inicialmente a favor de este cambio de actividad siempre que se continuará con la producción en la nueva ubicación. Sin embargo, finalmente se llegó al acuerdo de continuar donde está en la actualidad y no incluir la recalificación en la revisión del PGOU. El resultado ha sido el discreto final de la actividad.

El precio de la segunda mano cae un 22% en Málaga (La Opinión)

Benalmádena, Fuengirola y la capital lideran las bajadas, y Marbella tiene el metro cuadrado más caro de la provincia, con 2.319 euros

Jóvenes miran los carteles de una inmobiliaria. Javier Albiñana

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ. MÁLAGA El precio de la vivienda de segunda mano en la provincia de Málaga ha caído ya entre un 16% y casi un 22% en relación a los máximos que marcó entre los años 2007 y 2008, según los datos del portal inmobiliario Idealista.com. El valor medio del metro cuadrado se sitúa ahora mismo en los 1.924 euros, con un descenso del 4,5% respecto a hace un año. Para idealista.com, estos datos demuestran además que continúa la tónica de descensos pese al pequeño «rally alcista» vivido a finales de 2010, cuando la finalización de parte de las deducciones fiscales para la compra de casas hizo registrar un ligero aumento de precios. En el primer trimestre de 2011 la reducción de precios ha sido del 1,6%, siempre sobre los datos de las 25.240 viviendas ofertadas en la provincia de Málaga en este portal inmobiliario.

Los municipios con mayor caída de precios a partir del estallido de la burbuja inmobiliaria han sido Benalmádena, con un descenso del 21,9% en los precios que deja el metro cuadrado en 1.908 metros, Fuengirola (-21,3%, 1.914 euros el metro), Málaga capital

(-20,3%, 2.014), Mijas (-18,9%, 1.675) y Torremolinos (-17,1%, 2.098). Marbella rebaja su precio un 16,8% su precio, pero conserva el metro cuadrado más caro de toda la provincia: 2.319 euros. Torrox también cae un 18,6% (2.065) y Estepona lo hace un 16,2% (1.747).

Los datos nacionales

En España, el precio de la vivienda usada disminuyó un 2,2% en el primer trimestre del año respecto a los tres últimos meses de 2010, hasta situarse en los 2.219 euros por metro cuadrado. La estadística muestra que en el 78,5% de los municipios analizados el precio de los inmuebles bajó de precio, así como en todas las comunidades autónomas analizadas salvo en Canarias, Galicia y Asturias, donde creció el 1,6%, el 1,4% y el 0,3%, respectivamente.

En las principales capitales de provincia, destaca del comportamiento de Barcelona, donde el precio de la vivienda de segunda mano cayó el 3,4%, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en los 3.907 euros y vuelve a cifras del año 2004.

Desde que alcanzó su precio máximo en el primer trimestre de 2007 (4.888 euros), Barcelona ha acumulado una bajada del 20,1%. Por su parte, Madrid sitúa su precio en 3.629 euros el metro, también en cifras de 2004, con un descenso acumulado del 15,9%.

Los bancos frustran el plan de la Junta para aliviar el 'stock' de vivienda de la provincia (SUR)

De los trece mil pisos que se preveían vender apenas han salido 200, según los promotores, por la falta de apoyo de las entidades financieras

28.03.2011 -

ALMUDENA NOGUÉS

MÁLAGA.

La abultada cartera de pisos embargados unido a los controles de solvencia hace que las entidades no estén cumpliendo lo acordado en el protocolo inicial del plan . :: SUR

Fracaso absoluto. Y con mayúsculas. El plan anunciado a bombo y platillo por la Junta para dar salida al abultado 'stock' de viviendas ha acabado siendo un fiasco -según critican tanto los promotores como el propio gobierno andaluz- por culpa de la poca colaboración ofrecida por las entidades financieras, «que han actuado como cuello de botella». La iniciativa, que despertó el pasado año gran expectación entre los empresarios del ladrillo, que veían en ella una válvula de escape, no ha dado pues los frutos esperados en la provincia, donde inicialmente se calculaba que podría impulsar la comercialización de hasta 13.000 inmuebles. La realidad, sin embargo, ha sido mucho mas cruda: «Apenas hemos conseguido dar salida a 200 pisos», explica el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores, Pepe Prado, sin ocultar su decepción por los malos resultados cosechados.

La bautizada como Medida de Impulso y Acceso a la Vivienda se puso en marcha a mitad de enero de 2010 con unas atractivas reglas de juego fruto de un acuerdo a tres bandas entre la administración autonómica, los promotores y los bancos. Cada una de las patas de este trípode asumía así unas obligaciones: la Junta se comprometía a dar un préstamo de entre 9.000 y 15.000 euros al comprador para evitarle el desembolso de la entrada (lo que suponía un ahorro medio del 40% en la hipoteca durante los ocho primeros años), mientras que el promotor debía ofrecer los inmuebles -recogidos en el portal www.tuviviendaenandalucia.es- a precio de hipoteca con un coste máximo de 245.000 euros, lo que se traducía en una rebaja mínima del 20%.

Hasta aquí, como resaltan las partes, el plan se ha cumplido. El escollo se genera con el tercer pilar del programa (las entidades), cuyo papel era vital para que el programa pudiera funcionar. A tenor de lo pactado, la treintena de bancos y cajas que habían mostrado su apoyo explícito a la iniciativa tenían que facilitar el acceso a la financiación otorgando préstamos por el 100% del valor de la hipoteca, sin cobrar entrada (solo el IVA) y ofertando hasta tres años de carencia, lo que suponía aliviar la cuota a la mitad esos primeros años.

La teoría era prometedora. Pero la práctica ha sido bien distinta. De hecho, de los mil millones reservados a esta medida, la Junta solo ha tenido que invertir finalmente veinte. «El plan estaba bien diseñado pero el estrangulamiento de las entidades ha impedido que funcione», reconoce el delegado provincial de Obras Públicas y Vivienda, Enrique Benítez, quien achaca la postura de los bancos a la coyuntura económica. «Los bancos se han visto sometidos a unos controles de solvencia exigentes que les han obligado a frenar el crédito para reducir el riesgo inmobiliario, lo que ha cerrado las puertas a nuevas operaciones». «Y si el crédito el programa se queda cojo», añade.

El grifo, totalmente cerrado

La coordinadora en Andalucía de la Asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros (Adicae), Carmen Gutiérrez, denuncia al respecto que las entidades hayan cerrado el grifo y que solo estén autorizando las operaciones de las viviendas que tienen embargadas, ante lo que exige la intervención de las administraciones. «Lo que no es de recibo es que se les haya ayudado dándoles liquidez y las familias sigan sin poder acceder a una hipoteca. El plan de la Junta no ha cuajado porque las promesas van por un lado y la realidad del mercado por otra», denuncia.

Los promotores explican que, más allá de los cálculos de la Junta, su esperanza consistía en vender en torno a un millar de pisos. «Fuimos con mucha ilusión pero no ha podido ser no por falta de ganas nuestra ni por cumplimiento por parte de la Junta, los bancos son los que no han respetado lo firmado», destacó al tiempo que recordó que mientras no se libere el 'stock', no podrán volver a edificar, con lo que la rueda no se reactivará», advierte Prado.

En la misma línea se expresa el director de la Cátedra Inmobiliaria del Instituto de Práctica Empresarial, José Antonio Pérez, quien pone sobre la mesa la necesidad de vender los pisos construidos para que vuelva «a arrancar la maquinaria». «Para ello es imprescindible que se haga un estudio serio, se clasifique ese 'stock' y se haga un plan a la medida de cada producto, «ya que cada uno debe tener su propia estrategia», plantea.