La falta de dinero pone en jaque el proyecto del puerto deportivo en San Andrés (SUR)

Los promotores de la actuación admiten que solo han conseguido una parte del crédito que pidieron para activar los trabajos

01.03.2012 - 

JESÚS HINOJOSA jhinojosa@diariosur.es

 

MÁLAGA.

A finales de 2009 se anunció que estaría listo en dos años, en 2010 se dijo que obras comenzarían a finales de ese ejercicio, luego se pospuso el comienzo para el verano de 2011 y más tarde se aseguró que arrancaría a principios de 2012. El puerto deportivo de San Andrés, el de mayores dimensiones de los propuestos para la ciudad, no ha salido todavía de una marejada de anuncios y promesas que puede echar por tierra una actuación que vendrá a poner en valor la zona portuaria situada al oeste de la desembocadura del Guadalmedina, donde también está previsto el Auditorio de la Música.

Como en otros muchos casos, la falta de financiación amenaza con dar al traste con el proyecto, planificado en época de bonanza económica. Fue adjudicado en octubre de 2009 a Marina Ciudad de Málaga, una sociedad formada al 50% por la entidad especializada en la gestión de puertos Marinas del Mediterráneo y la constructora GEA21, que todavía no ha puesto un solo ladrillo para materializarlo. Hasta ahora, la existencia de trámites burocráticos pendientes ha venido justificando las demoras. Sin embargo, el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Linde, confirmó ayer a SUR que ya están todos superados, incluida la autorización de Puertos del Estado.

El problema parece estar ahora en lo económico. José Carlos Martín, presidente del grupo Marinas del Mediterráneo, reconoció que no han conseguido todos los créditos bancarios que solicitaron, sino solo una parte pequeña por lo que, de momento, únicamente hay financiación para empezar la obra. No obstante, Martín se mostró dispuesto a firmar «en breve» con la Autoridad Portuaria el acta de replanteo de los trabajos, que cuantificó en 24 millones de euros, de modo que puedan iniciarse en las próximas semanas. Eso sí, con una carga de incertidumbre financiera.

Trámites finalizados

El portavoz de Marinas del Mediterráneo señaló que no ha sido hasta finales de enero cuando han recibido la comunicación oficial de que el proyecto estaba aprobado por Puertos del Estado, por lo que hasta ahora no han empezado la obra.

Enrique Linde recordó que el pliego de condiciones por el que se adjudicó el espacio portuario para construir y explotar la marina deportiva por un plazo de 35 años contempla sanciones si no se justifican las demoras en la puesta en marcha del puerto deportivo. No obstante, José Carlos Martín aseguró que todavía no caben esas sanciones porque el retraso de la obra ha estado motivado hasta ahora por causas ajenas a la concesionaria. «Ha sido hace veinte días cuando hemos tenido el informe de Puertos del Estado», argumentó.

No obstante, una vez superada la barrera de los trámites administrativos, parece difícil de saltar la de la financiación, lo que pone en jaque el desarrollo del proyecto.

Este periódico adelantó a mediados del año pasado (ver SUR 20/7/2011) que se habían producido contactos entre algunos responsables del proyecto y el jeque propietario del Málaga, Abdullah Al-Thani, para que éste lo avalara económicamente a cambio de hacerse con la mayor parte de las acciones. Sin embargo, esos contactos no han prosperado y, según apuntó ayer el presidente de Marinas del Mediterráneo, «no hay nada» al respecto.

Salto cualitativo

Aunque el futuro puerto deportivo de San Andrés no será de los más grandes de la provincia -el proyectado en la zona marbellí de La Bajadilla, donde sí está implicado el jeque Al-Thani, duplica su capacidad- sí supondrá un salto cualitativo para la oferta de la capital. Los actuales puertos de El Candado y el Club Mediterráneo suman 305 atraques, la mitad de los 626 puntos que ofrecerá San Andrés en alquiler.

Marina Ciudad de Málaga ha llegado a recabar más de doscientas solicitudes para contratar un atraque a largo plazo, es decir, durante los 35 años que dura la concesión. Esta cifra cuadra con sus previsiones de negocio, ya que el resto se concertarán por un periodo inferior. El 15% de los amarres estará destinado a embarcaciones en tránsito, lo que convertirá al puerto de San Andrés en una entrada de turistas de alto poder adquisitivo al Centro de la capital.

Un deslizamiento del suelo obliga a realizar obras de urgencia (La Opinión)

Urbanismo se ve obligado a ocupar una finca privada para ejecutar un talud que frenase el deslizamiento

J.G. RECIO El Ayuntamiento se ha visto obligado a ocupar de manera urgente unos terrenos junto al vertedero municipal de Los Ruices para levantar un talud ante el peligro de deslizamiento de tierras que sepultaría un camino de la zona.
El riesgo inminente ha obligado a la Gerencia de Urbanismo a actuar de urgencia y ocupar los terrenos para posteriormente pactar con la propietaria del mismo una solución conveniente para ambas partes.

Por ello, en una reunión mantenida con la dueña del solar ocupado el pasado 21 de febrero, ésta autorizó la ocupación y ejecución de las obras del talud para evitar mayores riesgos y a cambio reclamó que Urbanismo le reparase el camino de acceso a su finca y otro camino lateral, lo que ha sido aceptado por la administración.
No obstante, estos acuerdos para ser efectivos, deberán ser refrendados hoy por los miembros del consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo.

En la misma reunión, se deberá aprobar el incumplimiento de la función social de la propiedad del edificio de calle Mariblanca, 12. Se trata de un paso previo para que dicho inmueble sea expropiado de manera forzosa.

Durante varios años Urbanismo ha venido reclamando a la propiedad del edificio que realice obras de conservación y de mejora ante el deterior del inmueble, sin éxito ya que tuvo que ser declarado en ruina y ahora el Ayuntamiento quiere recuperar.

Paralizan ´in extremis´ la subasta de ocho parcelas de Roca (La Opinión)

El Juzgado de lo Mercantil 1 iba a subastar las fincas de una empresa del exasesor que se declaró en concurso de acreedores

La Fiscalía dice que dos de estas parcelas acogen hoy la urbanización Nueva Ribera Beach.  La Opinión de Murcia

JOSÉ ANTONIO SAU El Tribunal del caso Malaya, presidido por José Godino, ha estado rápido de reflejos al lograr parar la subasta judicial de ocho fincas que Juan Antonio Roca tenía supuestamente en Murcia. Las parcelas, que debían acoger dos promociones de viviendas, son propiedad de una empresa atribuida al exasesor, Inmobiliaria Masdevallía, que se declaró en concurso voluntario de acreedores ya bajo la administración judicial. Esas tierras iban a ser sacadas a subasta pública por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga el pasado viernes, pero la Sala ha logrado que no se lleve a cabo la venta para asegurar un hipotético pago de multas e indemnizaciones.

En un auto fechado el 21 de febrero de 2012, el Tribunal da cuenta de dos escritos del administrador judicial (12 de enero y 21 de febrero) de la Compañía Inmobiliaria Masdevallía SL, actualmente en concurso de acreedores. En ellos, «se exponían los efectos perjudiciales que para la presente causa –Malaya– pudieran derivarse de la subasta pública de ocho fincas registrales propiedad de la sociedad administrada».

En concreto, la subasta se fundaba en dos incidentes hipotecarios del concurso voluntario de acreedores y se debía celebrar el pasado viernes en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga. El administrador instaba al tribunal a suspender este trámite. El fiscal también pidió la suspensión de la subasta. Se trata de ocho fincas contenidas en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción cuyo titular, Juan Carlos López Caballero, ha pedido el comiso para que luego, en la sentencia, esos bienes sirvan, si es que Roca es condenado, para satisfacer las multas y la responsabilidad civil.

El fiscal, según relata el tribunal en el auto, habla de dos fincas del Registro de la Propiedad de San Javier (Murcia). Éstas se dividieron posteriormente en régimen de propiedad horizontal, «dando lugar a 104 viviendas que tienen como anejo inseparable trastero y garaje» (Nueva Ribera Beach Club, según el fiscal). En segundo lugar, habla de otras seis parcelas, que formarían parte del «proyecto de compensación del Plan Nacional Nueva Rivera, ubicado en Los Alcázares (Murcia)». Éstas están destinadas a la construcción de viviendas de uso familiar y local comercial.

La Sala recuerda que, según el artículo 127 del Código Penal, toda pena por delito o falta dolosa llevará consigo «la pérdida de los efectos que de ellos provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito o falta, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar». Por tanto, este artículo «ampara y justifica la solicitud de comiso de la acusación».
En consecuencia, añade el ponente y presidente del juicio del caso Malaya, José Godino, «teniendo en cuenta que las fincas que pretenden subastarse en las ejecuciones hipotecarias en cuestión están incluidas en la petición de comiso formulada, parece evidente la procedencia de la suspensión interesada por la administración judicial».

Ello serviría para «garantizar la efectividad de los pronunciamientos que, al respecto y en su caso, puedan adoptarse en la sentencia». Es decir, el Tribunal trata de asegurar el cobro de las multas y responsabilidades civiles de una hipotética sentencia condenatoria. Así, la Audiencia suspende las ejecuciones hipotecarias y las subastas fijadas para el pasado viernes en base a los posibles «pronunciamientos sobre comiso que, en su caso, pueda contener la sentencia que se dicte en este sumario».

Además, comunica la decisión a Mercantil 1 de Málaga, al ministerio fiscal y a las acusaciones, amén de al administrador judicial, dado que contra ella cabe un recurso de súplica en tres días.

Los barrios temen que la amnistía anime a la especulación (La Opinión)

Los vecinos de El Palo, Pedregalejo y La Araña observan con expectación la reforma que prepara el Gobierno

Detalle de la primera línea de playa de la barriada de El Palo.  Arciniega

LUCAS MARTÍN Llevan más de tres décadas en espera de una solución. Sus casas se elevan cerca de la orilla desde antes de que se endureciera la legislación. Han pasado del limbo jurídico al coqueteo recurrente con la amenaza. Muchos han temido por la demolición. Los vecinos de El Palo, Pedregalejo y La Araña observan de cerca las intenciones del Gobierno con la ley de Costas; hace apenas dos días despertaron con la noticia de una posible amnistia. Debería ser un motivo de euforia, pero, de momento, son pocos los que interpretan el anuncio como una victoria definitiva y, sobre todo, inmediata.

Apenas unas horas antes de la reunión del Consejo Social de Medio Ambiente, que se celebra hoy, los vecinos se mostraban satisfechos, pero también expectantes, e incluso, escépticos. Las asociaciones llevan muchos años batallando contra la indeterminación y la falta de concesiones y dudan de que la incertidumbre se despeje con la contundencia con la que aparece en los papeles del Gobierno. Tanto Adolfo García, representante de Pedregalejo, como Santiago González, de El Palo, resaltan las dificultades; el hecho de acordar un nuevo deslinde y fijar un precio por el suelo, que tiene la catalogación de público, pese a que las viviendas pertenezcan a sus dueños. «Son procesos largos, con un camino legal preestablecido, no resulta tan sencillo», detalla García.

Las expectativas suscitadas por esta nueva vuelta de tuerca a la ley de Costas mueven los sentimientos de los vecinos, pero también su inquietud. González recuerda que no es la primera vez que se anuncia una reforma con ambición suficiente como para frenar, de una vez por todas, la irregularidad administrativa de las viviendas. «Ya hemos estado otras veces en este punto», señala. No obstante, los vecinos coinciden en un punto: todos anhelan obtener la certeza de que sus casas no volverán a ser cuestionadas, aunque no a cualquier precio. La desafectación propuesta por el Gobierno, que tiene previsto habilitar los usos privados en las áreas del litoral ya asumidas por el entorno urbano, caso de El Palo y Pedregalejo, anima a los propietarios, pero también les desasosiega. «No nos gustaría que al hacerse todo esto privado se permitiesen otro tipo de construcciones. Esto no se puede convertir en Benidorm», indica Antonio Rodríguez, vicepresidente de la asociación de El Palo.

La propuesta del consejo asesor de Medio Ambiente, que será examinada en la convocatoria de hoy, menciona expresamente la posibilidad de autorizar la venta de los inmuebles, que, hasta ahora, estaba vetada por la administración. Los colectivos temen que ese movimiento despierte al fantasma de la especulación y exigen garantías de que la posible privatización de los terrenos no será el inicio de otro tipo de ocupación. «Se tiene que mantener la estética y el tipo de construcciones, no aprovechar para subir la altura. Se crearía, entonces, un problema mayor», dice García.

José Damián Ruiz Sinoga, profesor de Geografía Física de la Universidad de Málaga, comparte la inquietud. «Se desconoce el contenido de la reforma, pero me preocupa el interés en nuevos usos del suelo público», alerta.

Un problema de «media Costa del Sol». El problema de las casas de El Palo, Pedregalejo o La Araña, de las edificaciones radicadas en la primera línea de playa, en dominio público, ha variado en función de la presión de la ley y la interpretación del urbanismo y el medio ambiente. Desde mediados de los setenta, se han superpuestos los periodos de calma, acumulados a partir de la aprobación del PGOU de 1983, que reconocía la existencia urbana de las barriadas, con intensos debates como el de hace apenas dos años, en el que la revisión de los chiringuitos volvió a poner el acento en la situación de unas viviendas que todavía hoy carecen de concesión, pero en las que la sensación de peligro no parece ta acusada como en temporadas anteriores.

Después de décadas de inseguridad, los afectados desean que se resuelva su estado administrativo, aunque son conscientes de que ya no suponen una excepción en la provincia. «Si la ley se aplicara para todos, media Costa del Sol estaría en la misma situación», declara José Santos, presidente de la asociación de vecinos de La Araña. Los colectivos piden que se aproveche el cambio de norma para introducir mejoras en los paseos marítimos y en las playas del entorno.

Las tecnocasas reciben hoy la licencia (La Opinión)

Urbanismo aprobará el permiso de construcción del proyecto de la Junta para construir 80 VPO para jóvenes

Recreación de la futura plaza que se construirá en Lagunillas con las tecnocasas.  L.O.

MIGUEL FERRARY El proyecto de las tecnocasas proyectadas por la Junta de Andalucía parece que por fin saltará de los planos a la realidad. El Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobará hoy la concesión de la licencia de obra para el primero de los tres proyectos planteados y que consiste en la construcción de siete edificios en Lagunillas, con 80 VPO que irán enfocadas a jóvenes emprendedores.

La prevista aprobación de la licencia de obra termina un proceso de un año y tres meses para elaborar el proyecto de ejecución, a cargo del arquitecto Salvador Moreno Peralta, y abre el camino a iniciar la construcción de estas viviendas protegidas, con una inversión de 5,9 millones de euros.

Los nuevos edificios se levantarán sobre una parcela de 4.289 metros cuadrados de suelo entre las calles Victoria, Agustín Moreto, Esperanza, Lagunillas y Ana Bernal. Este proyecto ocupará las parcelas dejadas por seis edificios que han sido derruidos y otros dos protegidos y de los que se conservará la fachada.

Fuentes de la Empresa Pública de Suelos de Andalucía (EPSA), que promueve este proyecto, explicaron que, además de la licencia de obra, esperan obtener en breve la calificación como VPO de las viviendas, lo que permitirá el inicio de las catas arqueológicas en las parcelas.

La licencia concede un plazo de seis meses para iniciar las obras de construcción desde su expedición, de modo que antes de septiembre tendrán que entrar las máquinas a levantar los siete edificios previstos, con un plazo de ejecución máximo de 36 meses. No obstante, EPSA no tiene todavía cerrada la fecha de inicio de las obras ya que «dependerá de las catas y de la financiación», aunque subrayaron que ya disponen «del proyecto finalizado».

Emprendedores. Estas VPO se encuadran dentro de las denominadas tecnocasas, que están enfocadas a jóvenes emprendedores, de forma que en el mismo espacio se facilite la vivienda y un espacio de trabajo donde desarrollar una idea empresarial.

Las viviendas se ofertarán en régimen de alquiler para ofrecer a los jóvenes una VPO a un precio asequible, apoyando la consolidación de su empresa en los primeros años de gestación. De hecho, las viviendas serán de uno y de dos dormitorios, con un salón, cocina, un baño y un despacho profesional. Esta distribución está pensada para acoger a una persona sola o a una familia con no más de un hijo, pensando en que una vez que la empresa se asiente y crezca, se traslade y deje ese espacio a un nuevo joven emprendedor. Además de las 80 viviendas, el proyecto también contempla 13 locales comerciales y siete oficinas, además de 94 plazas de aparcamientos.

Esta actuación está pensada para intervenir en un entorno degradado, como ocurre con el barrio de Lagunillas, para favorecer la llegada de una población joven que residirá y desarrollará su actividad laboral en un mismo entorno, que se reurbanizará con nuevas plazas y zonas verdes.

El contacto con otros jóvenes emprendedores y la dotación de oficinas donde se les asesorará sobre la constitución de su empresa son otros dos aspectos que refuerzan la vocación de incubadora que tendrán estas 80 VPO.

Seis años de retrasos y dos proyectos parados. El proyecto de las tecnocasas acumula ya algo más de seis años de retrasos, en gran parte por los problemas que tuvieron la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para la expropiación de los terrenos donde se construirán estas VPO para emprendedores.

Lagunillas es el proyecto más avanzado, pero no es el único previsto en el Centro de Málaga, ya que hay otras dos promociones planteadas en Cobertizo del Conde y la calle Gigantes, aunque de menor tamaño y mucho más retrasadas. De hecho, se encuentran prácticamente paralizadas por la falta de financiación y no tienen ni los proyectos básicos aprobados, trámite previo a presentar el proyecto de obra y solicitar la licencia de obra. Hay que recordar que la inversión completa para las tecnocasas rondará los 17 millones de euros.

La gestación de este proyecto ha sido muy lenta, ya que ha requerido de cuatro años de trámites para completar las expropiaciones de los terrenos donde se iban a ubicar estas viviendas, con una inversión de 3,4 millones de euros para pagar la obtención de los suelos.

Frenan un nuevo intento de lucro por la expropiación de zonas verdes (La Opinión)

Una empresa promotora que compró un suelo por 3,6 millones reclama ahora al Ayuntamiento 63,2 millones

JAVIER GARCÍA RECIO La Gerencia de Urbanismo va a frenar un nuevo intento de enriquecimiento desproporcionado de una empresa promotora que adquirió terrenos que debían ser expropiados por dicha Gerencia de Urbanismo, para a continuación reclamar por la expropiación de esos suelos cantidades muy superiores a las desembolsadas por ellos en la compra.
La empresa compró en enero de 2007 una parcela correspondiente a la parte trasera del colegio El Monte y pagó por sus 21.881 metros cuadrados la cantidad de 3.606.073 euros.

Seis meses después, en junio de 2007 la propiedad presenta una petición de expropiación fijando un justiprecio de 68.234.784 euros, lo que supone una valoración 19 veces superior al precio de compra. De ellos, 61.363.730 corresponden al valor del suelo, 3.621.777 al de la arboleda y 3.249.275 por el 5% de premio de afección.

La empresa se vale para ello de una argucia legal ya que dicha parcela, al igual que otras que están en el entorno de Gibralfaro, figuraban en el PGOU de 1997 como suelo a obtener por el Ayuntamiento para sistema general. La ley señala que si esos suelos no son obtenidos por la administración en el plazo de cuatro años desde la aprobación del PGOU, sus propietarios podrán reclamar su expropiación «por ministerio de ley», es decir de forma forzosa y el Ayuntamiento está obligado a realizarla.

El Consistorio, sin embargo, no está dispuesto a «indemnizar con cantidades desorbitadas» la expropiación de esos suelos. Por ello la Gerencia de Urbanismo aprobará en su reunión del consejo hoy una expropiación valorada en 3.210.353 euros. Para ello ha realizado un exhaustivo estudio de precios de las zonas y suelos colindantes y ha llegado a dicha valoración, muy alejada de las pretensiones de la empresa de 68.234.784 euros

Bloques sin visos de ser rehabilitados (La Opinión)

Tres edificios del barrio afrontan un futuro difícil, con casi todos los vecinos en paro e irregularidades en la propiedad

Un grupo de vecinos detalla los problemas del número 27 de la calle Cabriel, en La Palma. En primer plano, unas tuberías al aire junto a la escalera. Gregorio Torres

ALFONSO VÁZQUEZ En octubre del año pasado eran 14 los bloques de La Palma que quedaban por rehabilitar. En teoría, la rehabilitación de los 88 bloques del barrio, una obra a la que se comprometió el Ayuntamiento en 2004, debía haber terminado en 2008 pero cuatro años después algunos bloques siguen deteriorándose a marchas forzadas sin que asome la solución. Hoy visitamos tres de los que están en peor estado.

«Esto es una cosa aislada, no es un resumen de cómo está el barrio», advierte un dirigente vecinal, que como algunas de las personas que aparecen en este reportaje, prefiere no dar su nombre. Para este dirigente vecinal el problema, de momento insalvable, estriba en que cada comunidad de propietarios debe aportar un 10 por ciento del presupuesto de rehabilitación, «y como no lo aportan, la rehabilitación no sale».

Se trata de bloques construidos en los 70 por el Instituto Nacional de la Vivienda. Los adjudicatarios de las viviendas tienen la titularidad del piso mientras la van pagando a plazos a la Junta, que se encarga de administrarlo. Sin embargo, uno de los principales problemas es que, en ocasiones, estos pisos «se alquilan o se venden, cuando no se pueden vender ni cambiar de dueño y una vez tuyo, la Junta te lo tiene que autorizar», asegura el dirigente vecinal, que explica que a causa de la crisis hay pisos que se están vendiendo por sólo 300 euros.

Si no hay un propietario claro de la vivienda, tampoco hay comunidad de propietarios ni forma de pagar ese 10 por ciento, aunque ha habido intentos. «Más de 18 vecinos pagamos en 2007 365 euros para la rehabilitación y no hemos vuelto a saber nada del dinero», se queja una vecina del número 27 de la calle Cabriel, el bloque más dañado del barrio, con 13 plantas y 52 viviendas. Desde principios de los 90 el bloque no tiene ascensor y después de tres años sin luz por un incendio en el cuarto de contadores, en 2007, han vuelto a tener conducción eléctrica por un empeño municipal. Otra cosa son los enganches ilegales, que persisten.

Nada más entrar al bloque, recibe al visitante Juan Montes, un indigente que lleva diez años durmiendo en cartones en el hall, aunque precisa que, «en verano, duermo fuera». «Tengo 57 años, perdí el DNI y no tengo dinero para hacérmelo aunque he cotizado tiempo y he estado 15 años sirviendo en el Tercio», explica, a la vez que recalca que busca ayuda para recibir una paga. El caso de este vecino, durmiendo durante una década en la entrada del bloque, es todavía más extraño porque, como él mismo asegura, «mis cinco hijos y mis nietos viven aquí».

El tesón de Augusto. «Aquí los pisos pagados se cuentan con los dedos de la mano y habitables no están todos», explica Augusto, un fontanero en paro que también ha trabajado como ayudante de arqueólogo. Desde que Augusto llegó al bloque hace dos años las cosas han mejorado mucho gracias a su tesón. «Se hace lo que se puede, enfoscando, tapando y arreglando cosas», explica, y detalla que en septiembre de 2009 se constituyó una comunidad de propietarios, con unos gastos por piso de 10 euros mensuales, pero en este bloque con la inmensa mayoría de los vecinos en paro, muy pocos pagan.

«Todo es por el money, sin dinero no hay nada», cuenta José Heredia, otro vecino. La explicación la da en la séptima planta, a la que se llega a pie. Junto a las escaleras, hay boquetes en los muros que dejan ver las tuberías. «Han echado abajo lo de dentro porque aquí hay ratas», detalla una vecina, que habla teniendo por techo los forjados al aire libre de la escalera.

Otro problema endémico, ante la falta de ascensores, es el lanzamiento de basura por algunos vecinos a un ojo patio del bloque, lo que provoca que se formen montañas de varios metros de altura. Precisamente, el día anterior al reportaje, la empresa de un vecino del bloque sacó varios contenedores de bolsas de basura. Al pie del bloque, un enorme agujero en la pared, como la entrada de una cueva, da fe de estas limpiezas cíclicas, cuando el olor no se puede aguantar.

La paradoja, señala el dirigente vecinal, es que hace unos seis años, cuando se instaló por fin un ascensor nuevo, «no duró ni un día, le prendieron fuego». Este vecino lo atribuye a la presencia de droga «y a que creo que consideran que el bloque tiene que estar así, es algo psicológico».

De cualquier modo, Augusto admite que algo sí se está consiguiendo. «A paso de tortuga vamos mejorando, porque antes metían muebles en el descansillo y la planta 10 ardió por eso», explica. El vecino se refiere al incendio que se produjo en 2004 y que obligó a los vecinos de las plantas 10 a 13 a buscar refugio en la azotea. A causa del fuego, un inmigrante tuvo quemaduras en el 66 por ciento de su cuerpo.

Los medios de comunicación llevan años hablando de este bloque pero en condiciones parecidas se encuentra el número 1 de la calle Eume, un edificio de diez plantas y sin ascensor, que también se encuentra en muy mal estado.
«Aquí llevan sin ascensor 13 o 14 años», cuenta el responsable vecinal en el portal del edificio, lleno de pintadas, como los bajos del exterior, donde también se aprecia un escape, al parecer bastante veterano, de aguas fecales.

El interior se asemeja mucho al número 27 de la calle Cabriel. Al subir por las escaleras se ven ventanas sin cristales y las mismas zonas de la escalera llenas de agujeros. «Aquí reventaron las tuberías hace 8 años y los vecinos saltaron al bloque de al lado», cuenta el presidente de la asociación de vecinos, que considera que «cuanto más dejado está el aspecto de un barrio, mejor es para la droga».

Y dentro de lo malo, el número 9 de la calle Cabriel, el tercer bloque visitado, no está en condiciones tan pésimas como los anteriores. Es un edificio de tres plantas que se construyó directamente sin ascensor.

Los forjados al aire se ven desde fuera, en los balcones de las viviendas en mal estado y hay muchos desconchones por la humedad pero algunos vecinos se han empeñado en mejorar el estado del bloque, como un albañil, en paro desde hace cuatro años, que ha dejado su planta irreconocible.

«Aquí no hay comunidad, así que yo he hecho todo, he puesto una plancha tapando esto –señala un hueco– para que no entren las ratas»– Su casa, en la que vive con su mujer y tres niños pequeños, es bonita y moderna, por eso lamenta el estado del bloque. «Al no haber comunidad de vecinos, todos los apaños los hemos hecho nosotros pero uno se cansa», admite.

También vive en el bloque, desde hace 8 años, Mari Ángeles Gómez, una señora mayor que cuenta que sólo le funciona una única bombilla en toda la casa, «y tengo cuatro cuartos».

En los tres bloques arrecia el paro, la propiedad de las casas no siempre se corresponde con quien vive en ellas y no hay dinero para pagar el 10 por ciento de la rehabilitación. ¿Qué hacer? Augusto, de Cabriel 27, propone que a los vecinos que no puedan pagar «se les den ayudas sociales».

Para el dirigente vecinal, la única estrategia posible, al menos en los dos bloques de 10 y 13 pisos, «es el realojo temporal, rehabilitar los pisos y que la Junta, con el Ayuntamiento facilitándole el padrón, investigue a los propietarios si tienen otras viviendas, si las tienen, a la calle y si no, que se las adjudiquen».

´Si la Junta no regulariza, estamos maniatados´ (La Opinión)

ALFONSO VÁZQUEZ La concejala de La Palma-Palmilla, Mar Torres, informó ayer a La Opinión de que «prácticamente más del 90 por ciento de los bloques de La Palma están rehabilitados, aunque hay un par de bloques cuya situación es diferente porque no hemos podido negociar con los vecinos para hacer la rehabilitación». En este sentido, explicó que «no está en nuestra mano arreglarlos si antes la Junta no regulariza la situación de los titulares, y ahí estamos maniatados de pies y manos» .

A este respecto, puso de ejemplo un decreto de urgencia de hace unos años en Cabriel, 27 para que tuviera luz. «Se realizó la instalación eléctrica, se hizo limpieza y se puso todo nuevo, incluido un ascensor pero cuando se quisieron hacer los contratos de luz, para que los vecinos pagaran religiosamente, no pudo ser porque no tenían regularizada la situación».

Con respecto a la rehabilitación de la barriada, Mar Torres añadió que el Ayuntamiento ha invertido unos 10 millones de euros y que el Consistorio sigue trabajando con las familias de estos bloques por medio del distrito y los servicios sociales.

También ayer, el alcalde, Francisco de la Torre, criticó la falta de control de la Junta en La Noria, Las Castañetas y La Palma, de titularidad autonómica y puso como ejemplo Cabriel, 27. Precisamente, tras el incendio en 2007 de este bloque, la entonces delegada de Vivienda, Josefa López, se comprometió a regularizar la situación de los vecinos pero en 2009 la delegación admitió que existían «obstáculos» para llevarlo a cabo. Ayer fuentes de la Junta declararon que la competencia para rehabilitar La Palma «es del Ayuntamiento».

El retraso de los ingresos por convenios demora los planes de rehabilitación (La Opinión)

El IMV no tiene dinero para subvencionar la rehabilitación de edificios al no ingresar los tres millones de euros previstos

Las ayudas a la rehabilitación han permitido 679 actuaciones en el Centro Histórico de las 1.220 subvencionadas en 15 años. Gregorio Torres

MIGUEL FERRARY El Ayuntamiento de Málaga vivió en 2011 un año de total carestía en subvenciones a la rehabilitación, algo que no experimentaba desde 1995, cuando se puso en marcha el sistema de ayudas para el arreglo de edificios del Centro y de las barriadas. La falta de dinero obligó a suspender la convocatoria de ayudas prevista por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), que se espera retomar a lo largo de este año y conforme se concrete el ingreso de 3 millones de euros proveniente de los convenios urbanísticos de Repsol y Martiricos.

El delegado municipal de Urbanismo y Vivienda, Diego Maldonado, explicó que cuentan actualmente con un millón de euros reservado para subvencionar obras de rehabilitación, aunque no se abrirá el plazo para solicitar las ayudas hasta que se reciban los otros 3 millones de euros pendientes de los convenios.

Maldonado achaca la falta de subvenciones a que «pensábamos que en verano de 2011 se aprobaría el PGOU, pero quedó pendiente un informe de impacto acústico para los proyectos de Repsol y Martiricos» que retrasó este trámite.

La consecuencia fue la total falta de subvenciones a la rehabilitación, ya que las últimas solicitadas se realizaron dentro de la convocatoria para los años 2009 y 2010, en la que se repartieron 5,2 millones de euros entre los 127 edificios apoyados, de los 268 que solicitaron la ayuda financiera municipal.

Esta situación es desconocida en los últimos dieciséis años, ya que desde 1995 se han aplicado distintos planes de rehabilitación en el Centro y en las barriadas que han permitido el arreglo de 1.220 edificios, con 31.056 viviendas beneficiadas directamente. De hecho, las ayudas concedidas por el Consistorio ascienden a 70,5 millones de euros en 15 años, que han generado una inversión privada cuatro veces mayor en el arreglo de viviendas.

La última línea de ayudas abierta por el IMV se empezó a gestionar en 2009, beneficiando a 127 inmuebles, de los que 63 –la mitad– se acogieron a las ayudas a barriadas y el resto fueron en el Centro, incluidos 3 locales.

Actualmente se ha ejecutado el 71% de estos trabajos, entregando ya 3,7 millones de euros y esperando que en los próximos meses se terminen de certificar el resto de las obras pendientes, hasta agotar los 5,2 millones concedidos.

Sin embargo, todavía no hay ningún nuevo expediente abierto, lo que está conduciendo a cierta paralización de las obras de arreglo de los edificios más antiguos. No obstante, el IMV espera resolver para el verano el ingreso de los fondos pendientes de los convenios urbanísticos, que está terminando de negociar para que los promotores adelanten parte del dinero comprometido con el Ayuntamiento.

Hace tres años, el Consistorio cambió el sistema de concesión de las ayudas, que ahora se plantea mediante una convocatoria pública para solicitar la subvención. Para ello se presentan los proyectos en la Oficina Municipal de Rehabilitación, que es quien los estudia y determina si entran dentro de los requisitos subvencionables.

Los arreglos de los inmuebles antiguos que tienen un informe negativo de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) constituyen el grueso de los solicitantes.

Vélez formaliza la compra del antiguo cuartel La Coscoja. Vélez-Málaga (SUR)

El alcalde de Vélez, Francisco Delgado Bonilla, y el secretario general de Infraestructuras y Material de Seguridad y director de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad Social, Rafael Ferrera Corraliza, suscribieron el lunes en Madrid, la escritura de compraventa de la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil La Coscoja, en El Hornillo de Almayate. La adquisición de esta infraestructura se ha realizado por un importe de 38.800 euros, de los que ya se habían abonado, en concepto de fianza, el 25%, es decir, 9.700 euros, mientras que el resto, 29.100 euros, se hizo efectiva la pasada semana.

Delgado señaló que su gobierno aún está estudiando el uso definitivo que se le dará a estos terrenos, aunque ha precisado que mientras se materializa algún proyecto, «la finca podría ser utilizada de estacionamiento durante los próximo meses de verano, dada su cercanía con el litoral». El alcalde ha avanzado no obstante que el fin del edificio estará relacionado con el proyecto de Playa Fenicia, que persigue la puesta en valor de los yacimientos de la zona. Para la compra de esta finca, de más de 3.000 metros cuadrados, el pleno aprobó a finales de septiembre la firma de un crédito extraordinario por el mismo importe en el que se ha valorado el edificio.

Arreglo de tres nuevos edificios de La Palma (La Opinión)

MIGUEL FERRARY El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) sacará en breve a contratación el arreglo de otros tres nuevos edificios que forman parte de la barriada de La Palma y dentro del proyecto de rehabilitación de 88 edificios de esta barriada. Los tres inmuebles se sitúan en los números 3 y 10 de la calle Ebro y en el número 10 de Guadalbullón. En total son 48 viviendas, a razón de 16 viviendas por cada inmueble.

Las ayudas del Ayuntamiento de Málaga cubrirán el 90% de la actuación –224.990 euros–, a los que habrá que sumar otros 25.000 euros aportados por los propietarios de las viviendas y que previamente se han tenido que constituir como comunidad de vecinos para asumir el posterior mantenimiento de las zonas comunes.

La actuación se centrará en la mejora de las cubiertas, enfoscado y pintura de las fachadas, instalaciones eléctricas comunes, contadores, saneamientos y antenas colectivas, ascensores y espacios comunes, como el vestíbulo y las escaleras.

Esta actuación ya se ha completado en 67 de los 88 edificios de La Palma, con 2.640 viviendas beneficiadas por las mejoras. Además, ahora se está trabajando en otros siete edificios, lo que sumarán otras 149 viviendas de La Palma y a las que en breve se incorporarán los tres inmuebles pendientes de rehabilitar.

Quedan 11 bloques, con 230 viviendas, sin que se haya actuado en ellos por diversos problemas entre los vecinos, que no han regularizado su situación.

La empresa municipal de obras de Rincón arrancará con 300.000 euros (Rincón de la Victoria)

El Ayuntamiento destinará la partida de los Planes de Obras de la Diputación a contratar a vecinos para ejecutar actuaciones en las calles

29.02.2012 - 

EUGENIO CABEZAS

 

RINCÓN DE LA VICTORIA.

El alcalde preside la sociedad y en el consejo de administración está representada la oposición. :: E. C.

La nueva Empresa Municipal de Viviendas y Obras de Rincón de la Victoria, constituida la pasada semana por el Ayuntamiento, ya cuenta con una primera partida presupuestaria, de 300.000 euros, para poner en marcha actuaciones de mejora en las calles y plazas del municipio, que serán ejecutadas por vecinos en situación de desempleo, contratados directamente por el Consistorio rinconero.

Con ello, se conseguirá no solo reducir la elevada tasa de paro que registra la localidad, paliando la difícil situación que atraviesan numerosas familiares del municipio, sino que también se podrá ahorrar una importante cantidad de dinero en los proyectos de estas obras. Así, tal y como ya informó este periódico en su edición del pasado día 23 de febrero, el ahorro estimado por los servicios técnicos y jurídicos municipales podría rondar entre el 30 y el 35% de lo previsto si se ejecutaran mediante un procedimiento de licitación pública, adjudicándoselas a una empresa del sector de la construcción.

El alcalde, Francisco Salado (PP), explicó a SUR que estos primeros 300.000 euros serán de los fondos correspondientes al Ayuntamiento procedentes de los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la Diputación. «No es una cantidad demasiado grande, pero tal y como está la situación, vendrán muy bien para hacer arreglos en aceras, plazas y en temas de saneamiento en las calles, que serán ejecutados por los vecinos en paro», explicó el regidor rinconero, quien insistió en que la creación de esta nueva empresa municipal no conllevará costes económicos para las maltrechas arcas locales.

«Ninguno de los representantes en el consejo de administración, en el que está también la oposición, va a cobrar nada por acudir a las reuniones, y todos los aspectos técnicos serán realizados por los funcionarios del Ayuntamiento», aseguró.

Esta sociedad ya quedó formalizada en la anterior legislatura, con el objetivo inicial de promover viviendas y agilizar licencias de obras en Rincón, pero no llegó a constituirse oficialmente. Tras la constitución formal del pasado jueves, Salado es el presidente de la nueva empresa municipal, en cuyo consejo de administración está también el concejal de Urbanismo, Antonio Manuel Rando (PP), que es además el gerente de la sociedad. Hay además un tercer representante del Consistorio, que ha sido designado por los grupos de la oposición (PSOE, PSIRV, IU y PA).

Personal externo

El consejo de administración se completa con otras seis personas externas al Ayuntamiento, de las que cuatro han sido designadas por el equipo de gobierno del PP y dos por la oposición municipal. «Nuestra intención es que no haya ningún tipo de sospechas ni de críticas en relación a las contrataciones que se puedan hacer una vez que se pongan en marcha las obras», explicó el concejal de Urbanismo.

Rando destacó que las obras que se hagan permitirán un ahorro medio del 30%, ya que al ejecutarse directamente por la administración no tendrán que pagar el IVA de los contratos, ni los gastos generales, a lo que se sumará el beneficio industrial. Ahora está previsto que en las próximas semanas el Ayuntamiento abra el plazo para que los vecinos en paro puedan inscribirse en la nueva bolsa de empleo municipal que se va a constituir para llevar a cabo las constrataciones para la empresa.

Unas 10.000 personas se manifiestan en Sevilla por el decreto de viviendas ilegales (SUR)

Miles de personas, según los organizadores, se concentraron ayer ante el Parlamento andaluz contra el decreto de viviendas ilegales de la Junta, aprovechando la presencia en dicho escenario de representantes políticos andaluces con motivo de la celebración del acto de izado de la bandera de Andalucía, que para conmemorar el 28 de febrero, día de la comunidad.

En concreto, alrededor de 10.000 vecinos, principalmente procedentes de las provincia de Málaga, pero también de Cádiz y Córdoba, propietarios de viviendas ilegales, se manifestaron en contra de la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y del nuevo decreto que regula las viviendas ubicadas en suelo no urbanizable.

Así, fuentes del colectivo contrario a la LOUA expresaron a Europa Press su satisfacción por el desarrollo de la manifestación que han llevado a cabo por las calles de Sevilla desde la glorieta de San Lázaro hasta el Parlamento andaluz, que ha concluido con la lectura de un manifiesto, si bien criticaron que no pudieran acceder a los jardines de la Cámara regional, como era su deseo y habían solicitado, ya que «les cerraron las puertas en las narices» cuando se iba a celebrar el izado de la bandera, obligándoles a «permanecer dos horas en la calle» hasta que, una vez concluido el acto, pudieron entrar a dicho espacio.

En cualquier caso, las mismas fuentes subrayaron que, con la manifestación de ayer, demostraron que son «gente normal y corriente, personas que viven en el campo y que no sabían que era ilegal hacerse una casa allí», y no «delincuentes o especuladores».

De esta manera, recordaron que el objetivo que plantean lograr con sus reivindicaciones es que se modifique la LOUA, ya que, a su juicio, ésta se ha aprobado en el Parlamento andaluz «desde el desconocimiento». Por eso, abogaron por valerse de los mecanismos que prevé el Estatuto de Autonomía para garantizar la participación ciudadana en la labor legislativa para ser los propios colectivos afectados quienes modifiquen dicha normativa.

No obstante, los portavoces de los manifestantes reconocieron que en este asunto existe una «división palpable» entre las personas que viven en el campo, ya que, según recordaron, éste es «la cuna del socialismo», lo que provoca, a su juicio, que haya vecinos que no quieran oponerse a las políticas de la Junta.

Los afectados por el decreto de viviendas ilegales van a protagonizar una nueva manifestación, esta vez en Málaga el próximo día 17 para exigir las mismas reivindicaciones. Partirá del Ayuntamiento y se dirigirá hasta la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, ante la que pretenden protagonizar una sentada.

Urbanismo retira a la propiedad un inmueble que dejó abandonado (Málaga Hoy)

El dueño de Mariblanca, 12 eludió las demandas para que lo conservase

S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 28.02.2012 - 01:00

Fachada de Mariscal, 3 y 5, que Urbanismo puso en venta forzosa hace años.

La Gerencia de Urbanismo se agarra de nuevo a las herramientas que la ley le permite para sacar a subasta pública un inmueble declarado en ruina después de que su propietario ignorase de forma permanente los numerosos apercibimientos remitidos por el Consistorio. La finca, demolida en octubre de 2010 de forma subsidiaria por el Ayuntamiento, se encuentra situada en el número 12 de la calle Mariblanca, y fue objeto de una importante polémica porque el mal estado de la construcción obligó a desalojar a los inquilinos, que durante años denunciaron el deterioro que presentaban las instalaciones. 

El objetivo del organismo dirigido por Diego Maldonado, que pasa por aprobar en el Consejo de Administración de este jueves de la declaración de incumplimiento de la función social de la propiedad, busca encontrar un nuevo dueño para la parcela, sobre la que levantar un nuevo inmueble. 

El expediente, al que tuvo acceso este periódico, constata cómo desde principios de 2008 son continuas las notificaciones que Urbanismo remitió a la propiedad de Mariblanca, 12, exigiendo la realización de una serie de mejoras en la construcción. Así, por ejemplo, en junio de 2008 se le remite un escrito ordenando "la retirada de elementos sueltos en cubierta, la solución de continuidad a los puntales de la entreplanta de los locales, la colocación de los testigos y seguimiento de las fisuras y vigilancias". 

Pero no es el único caso. En noviembre de ese mismo año se ordenó la limpieza del patio y el interior del inmueble, así como la emisión de un informe con el que certificar la estabilidad de la estructura; en junio de 2009, "tras comprobar que las obras ordenadas no han sido realizadas ni presentado el informe de Inspección Técnica de la Edificación (ITE)", se abrió un expediente de ruina, que es formalmente declarada en agosto de 2010, después de que Bomberos informase de la caída de un muro lateral y de que la Policía Local tuviese que cortar la calle por el riesgo de derrumbamiento. 

La acción prevista para Mariblanca, 12, tiene un precedente que pone en duda la efectividad de la iniciativa: Mariscal, 2 y 4. Éste fue el primer intento de la Gerencia de Urbanismo de cambiar la propiedad del inmueble a través de su venta en subasta pública. Sin embargo, la misma quedó en nada tras dos intentos consecutivos, en los que el procedimiento no recibió una sola oferta dado lo elevado de la cifra que se reclamaba, 2,4 millones de euros. Queda la duda de si la solución ahora diseñada para Mariblanca tendrá mejor resultado en el actual escenario de crisis.

Mijas remodela el área de Urbanismo para que el servicio sea más eficiente. Mijas (SUR)

Oficina Técnica y Obras Municipales trabajarán de forma conjunta para agilizar los trámites que los departamentos tienen encomendados

28.02.2012 - 

M. C. JAIME

 

MIJAS.

Desde que el PP se hiciese con la alcaldía de Mijas el pasado mes de junio se han sucedido varios cambios en la estructura organizativa del Ayuntamiento. El último de ellos, que se anunció durante la celebración del pleno del mes de febrero, tiene que ver con el área de Urbanismo, que está viviendo un proceso de transformación para integrar todos los departamentos competentes con el objetivo de hacer más eficiente la administración.

Hasta el momento la Oficina Técnica y Urbanismo funcionaban como departamentos separados. Con el cambio, un solo espacio atenderá las iniciativas relacionadas con licencias, infraestructuras, obras municipales y planeamiento. Una modificación en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consistorio permitirá esta medida que se llevara a cabo, según la edil de Personal, Lourdes Burgos «sin ampliar la plantilla ni modificar el presupuesto elaborado para el área, ya que en la práctica es un cambio organizativo».

La reordenación de un área de Obras para un municipio que supera los 147 kilómetros cuadrados va encaminada, sobre todo, a obtener mayores resultados con el personal municipal existente actualmente en los departamentos urbanísticos de Mijas. Hay que recordar que el municipio se encuentra enfrascado en numerosas labores técnicas que requieren de complicadas tramitaciones. El proceso de regularización de viviendas levantadas en suelo no urbanizable, o el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad, que data del 1999 aunque ya está adaptado a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), son algunos ejemplos.

Proyectos pendientes

Por otro lado, el departamento tiene también en cartera importantes proyectos aún pendientes como la creación de una tecnópolis para el Parque Empresarial; el desarrollo de tres millones de metros cuadrados para industrias que el Plan de Ordenación del Territorio (POT) recoge como Área de Oportunidad, situada entre los diseminados La Alberquilla, La Rosa y el Hinojal; o la construcción de un puerto deportivo.

La Junta recupera la gestión del parque público de viviendas (SUR)

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda y el Ayuntamiento de Málaga tienen previsto firmar mañana el acuerdo por el que se resuelven los convenios por los que en su día se cedió al municipio la gestión del parque público de viviendas titularidad de la Junta de Andalucía, y que suma un total de 2.046 inmuebles en distintas promociones.