El Ayuntamiento, sin proyecto para Tabacalera, abierto a todo tipo de ofertas (La Opinión)

No quiere una iniciativa única sino repartir el inmueble entre escuelas de formación o talleres de música

Vista general de los edificios de Tabacalera.  C. Criado

JAVIER GARCÍA RECIO El Ayuntamiento de Málaga aún no sabe qué hacer o a qué dedicar el edificio de Tabacalera tras el fracaso del proyecto de instalar allí el museo de las gemas de Art Natura. Lo único claro que tiene el Consistorio al respecto es que la empresa o empresas que resulten adjudicatarias del espacio de Tabacalera deberán venir con el aval económico suficiente para autofinanciar el proyecto que presente «pues el Ayuntamiento no tiene dinero para gastar allí, ahora», según dejó claro el concejal de Cultura, Damián Caneda.

La información facilitada ayer por Caneda deja ver que el Ayuntamiento no tiene un proyecto claro y definido para Tabacalera, pero que renuncia a que exista un único proyecto y plantea repartir el edificio entre varias posibilidades diferentes como escuelas de formación, talleres de teatro y de danza o sede de entidades musicales.

De momento, se deja querer recibiendo ofertas de todo tipo que, según señaló, van más allá de la oferta museística, lo que va en contra de la reforma realizada al edificio, que ha sido adaptado para uso de museo.

Tal como lo explicó el concejal de Cultura, el Ayuntamiento en estos momentos se deja querer y está abierto a la presentación de ofertas por parte de empresas y entidades que quieran ubicarse en Tabacalera. Se trata de proyectos de pequeño o mediano formato que no tendrían la entidad de ocupar todo el edificio.

Estos pequeños proyectos concuerdan con la idea que tiene el Ayuntamiento de dedicar Tabacalera a «una suma de proyectos», de tal manera que coincidan varios que «puedan encajar».

El objetivo es que «haya una suma de proyectos» en cada uno de los inmuebles, promovidos por empresas o, incluso, por entidades públicas, las cuales «podrían tener alguna actividad», lo que, a juicio de Caneda daría «una libertad que dinamizaría» todo el proyecto.

Edificio pendiente. Para plasmar todo esto de manera ordenada el Ayuntamiento prepara un pliego de condiciones con el que convocar un concurso público para adjudicar los espacios de Tabacalera.

Para que no ocurra como con el proyecto de los cines Astoria y Victoria, el concurso se convocará cuando el Ayuntamiento esté seguro de las posibilidades que existen, de modo que no vaya a quedar desierto, «sino que haya por lo menos tres o cuatro proyectos asegurados y que puedan encajar».

Respecto al único edificio que aún está en obras, Caneda señaló que puede darse el caso de que el futuro adjudicatario se haga cargo de terminar la obra pendiente y adapte su interior a sus necesidades. El Ayuntamiento cuenta, no obstante, con una partida de 3,8 millones de euros para culminar la rehabilitación de este inmueble.

Una comisión

de investigación. El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga propondrá en el pleno ordinario de este viernes la creación de una comisión de investigación para esclarecer y fiscalizar los gastos «dilapidados» por el equipo de gobierno del PP en el fallido proyecto museístico de Art Natura, en la antigua Tabacalera.

La portavoz municipal socialista, María Gámez, explicó ayer que se trata de una petición «oportuna» si «no hay nada que temer». «Si el alcalde, Francisco de la Torre, no tiene nada que ocultar, no debe tenerle miedo a ninguna comisión de investigación», añadiendo que «con la misma vehemencia con la que apoya como senador la futura Ley de Transparencia, debería ser también transparente en Málaga».

«Si de esa comisión se deduce que el Ayuntamiento lo hizo mal, exigiremos las responsabilidades políticas que De la Torre no ha querido ni en un ápice reconocer hasta ahora», añadió Gámez, que calificó el asunto de Art Natura como «uno de los mayores despilfarros en la historia del PP en la ciudad de Málaga, en términos económicos y políticos».

El Consistorio frena el concurso del antiguo Astoria (La Opinión)

No ha encontrado aún proyectos con suficiente solvencia económica y actividades interesantes

El antiguo cine Astoria está sin uso desde diciembre de 2004.  Carlos Criado

MIGUEL FERARY El antiguo edificio del cine Astoria no tendrá un uso definido por el momento. El Ayuntamiento de Málaga ha dejado en suspenso la convocatoria del concurso para la rehabilitación y gestión cultural de este inmueble, para el que contaba con tres empresas interesadas.

Las dudas sobre la solvencia económica de las propuestas y el desacuerdo con el programa de actividades planteado han llevado al Consistorio a frenar el inicio del concurso para la gestión del inmueble, que se quedará paralizado hasta que se negocien «al menos dos ofertas interesantes y solventes», apuntó el concejal de Cultura, Damián Caneda.

El concurso sólo estaba pendiente de convocarse, una vez que los pliegos de condiciones habían sido terminados. Sin embargo, los contactos previos con las empresas interesadas en hacerse con la gestión del antiguo edificio del Astoria aconsejaron frenar el proceso. «La situación actual es muy complicada y habrá que esperar un mejor momento, aunque seguimos hablando con ellos», insistió Caneda, que no da por cerrada esta posibilidad.

El concejal de Cultura detalla que existen dudas sobre el programa de actividades propuesto por algunas empresas, ya que tienen que hacer una importante inversión –«de varios millones de euros»– para la rehabilitación del edificio y proponen actividades que le reportaran suficientes ingresos «pero que son ruidosas». «No nos interesa que la gestión del cultural edificio sea una fuente de problemas con los vecinos», insistió Damián Caneda, quien apuntó que la idea del Ayuntamiento es buscarle un uso al edificio «que no sea pasivo, porque ya tenemos mucha oferta de museos, sino que motive la afluencia de público y enriquezca la oferta de la ciudad».

Solvencia económica. Otro de los requisitos necesarios que reclama Caneda es que las ofertas presenten un proyecto con suficiente solvencia económica que asegure su autofinanciación, ya que el Ayuntamiento no cuenta actualmente con recursos para sostener estas actividades.

De hecho, las tres empresas que habían mostrado su interés en participar en el concurso son multinacionales especializadas en la gestión cultural, con sedes en distintos países. Una de ellas, además, es alemana y era una de las más interesadas en el proyecto, aunque la propuesta que plantea no termina de encajar en las exigencias municipales.

«Deben ser empresas grandes, que tengan capacidad para invertir en la rehabilitación del edificio y de organizar actividades que sean rentables», recalcó Caneda, quien insiste en que mantienen abiertas todas las opciones.

El edificio de los antiguos cines Astoria y Victoria, en la plaza de la Merced, está cerrado desde diciembre de 2004 y fue adquirido por el Ayuntamiento en diciembre de 2010 a Baensa, por 20 millones de euros y cambiando la prevista construcción de viviendas de lujo por equipamiento cultural.

Los promotores exigen a la Junta que reconozca su deuda (SUR)

La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga exigió ayer a la Junta de Andalucía que reconozca las facturas y certificaciones de obra emitidas en los últimos años para que las empresas puedan acogerse al plan de pago a proveedores que facilita el Real Decreto 7/2012. La ACP denunció, a través de un comunicado, que el Gobierno andaluz no ha recepcionado oficialmente las obras, no ha tramitado la fiscalización de las certificaciones, por carecer de crédito disponible, y no ha admitido facturas al no haber sido fiscalizados los importes de las certificaciones. «Con toda esta burocracia incompleta, las empresas se quedan fuera del plan de pagos a proveedores, ya que oficialmente la deuda no existe, no se computa, no se contabiliza y, por lo tanto, algo que no se debe, directamente no se paga», explica el comunicado. «Ante esta situación, las empresas reclaman el pago inmediato de las obras ejecutadas, ya que la falta de rigor en la tramitación oficial de la Junta de Andalucía vuelve a tener a los mismos damnificados: las empresas», añade.

Aena destina 13,8 millones a insonorizar 823 casas próximas al aeropuerto (SUR)

Aena ha destinado hasta el momento 13,8 euros a la insonorización 823 viviendas del entorno del aeropuerto de Málaga, entre las que se encuentran los 795 inmuebles cuyas obras de aislamiento acústico ya han finalizado y 28 en las que se ejecutan actualmente estos trabajos, según se desprendió ayer de la reunión de la comisión de seguimiento del plan de aislamiento acústico.

Una de las tres empresas que realizan el bulevar está al borde de la quiebra (SUR)

Una de las tres empresas que componen la unión temporal a la que el Ayuntamiento adjudicó la construcción del bulevar sobre el soterramiento de las vías del AVE pasa por serios apuros económicos. Se trata de la compañía constructora y de ingeniería sevillana Detea, que ha anunciado esta semana que reducirá su plantilla (que ronda los 200 empleados) a la mitad, y que ha solicitado el preconcurso de sus sociedades vinculadas a la construcción con el fin de evitar entrar en concurso de acreedores. El grupo, cuya cartera de obra asciende a 242 millones de euros, necesita un crédito de cinco millones.

El delegado municipal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, afirmó ayer a este periódico que aún no tenía constancia oficial de la situación por la que atraviesa Detea. No obstante, aseguró que ello «no afecta al desarrollo de las obras del bulevar, que ya están en marcha, porque hay otras dos empresas que las están asumiendo». Esas otras dos empresas son Vera y Construcciones Lasor. Junto con Detea compusieron la unión de empresas a la que Urbanismo adjudicó la primera fase del bulevar por 12,2 millones de euros.

El precio de la vivienda cae un 8% en el primer trimestre (La Opinión)

La bajada del último año ha sido algo superior en Manilva, Estepona o Benalmádena

J.V.R. El precio de la vivienda en España bajó durante el primer trimestre de 2012 un 9,2% con respecto al mismo periodo del año anterior, según el Índice de Mercados Inmobiliarios Españoles (Imie) que publicó ayer Tinsa. En la provincia de Málaga, la bajada a lo largo de los tres primeros meses del año ha sido del 8,1%, situándose en 1.654 euros el metro cuadrado.

Respecto a los precios de la vivienda en Málaga, Tinsa afirma que la bajada del último año ha sido algo superior en los municipios costeros con carácter turístico y de segunda residencia, más acusados en la costa occidental, en municipios como Manilva, Estepona o Benalmádena. En los municipios del interior, la tendencia ha sido la misma, aunque con un porcentaje de descenso algo inferior a la media de la provincia. En el caso de Málaga capital, «la pérdida de valor ha sido sensiblemente superior en la zona centro y en aquellas zonas de cierta antigüedad».

Por el contrario, las zonas de nueva creación han experimentado una caída algo inferior a la media provincial. La demanda extranjera ha aumentado significativamente respecto a años anteriores.

Por otro lado, el descenso acumulado desde que el valor de las viviendas alcanzase su punto más alto, en diciembre de 2007, es de casi un 29% a nivel nacional y de un 33,7% en el ámbito provincial, según Tinsa. Las provincias donde más ha descendido el precio han sido Almería (37,4%), Guadalajara con (36,1%), Zaragoza (36%) y Toledo (34,7%).

Por otro lado, el dato de las hipotecas del mes de febrero volvió a reflejar el colapso que sigue viviendo el sector inmobiliario. En Málaga se firmaron 831, un 52% menos que en el mismo mes del año anterior. A nivel nacional, el número de hipotecas ascendió a 26.415, con una caída del 47,1%.

Juan Ramón Fernández-Canivell, abogado: «La revisión de tasas urbanísticas que hace el Ayuntamiento es ilegal» (SUR)

Este experto en derecho urbanístico asegura que los procedimientos para revisar el cobro del ICIO no pueden emplearse para las licencias de obra

25.04.2012 - 

JESÚS HINOJOSA 

MÁLAGA.

Juan Ramón Fernández-Canivell, experto en derecho urbanístico. :: SUR

Con treinta años de trayectoria a sus espaldas, el despacho de abogados Consulting de Derecho Urbanístico es uno de los más veteranos y cualificados de la capital. Su responsable, el letrado Juan Ramón Fernández-Canivell, asegura que es ilegal la revisión de las tasas de las licencias de obra concedidas en los últimos años que el Ayuntamiento está realizando en los últimos meses, como adelantó este periódico el pasado domingo. Este experto cree que hay argumentos suficientes para recurrir y parar lo que considera un «enriquecimiento injusto» del Consistorio.

-¿Desde cuándo tiene constancia de que se están produciendo estas revisiones de las tasas abonadas para las licencias de obra concedidas años atrás?

-Tengo noticias desde el mes de marzo de esta nueva situación que el Ayuntamiento ha creado únicamente con fines recaudatorios. Es una medida que, en muchos casos, no va a poder llevarse a la práctica porque el expediente estará prescrito y, al margen de eso, se trata de una iniciativa ilegal porque es contraria al ordenamiento jurídico. Va en contra de la Ley de Haciendas Locales, tanto de la antigua como de la de 2004. En ambos casos, el artículo 24 dice que el hecho imponible de la tasa es el coste de la prestación del servicio de tramitar la licencia, no el presupuesto de la obra. ¿Qué ha ocurrido? Que el Ayuntamiento ha querido igualar el tema del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) a la licencia de obras. En el caso del impuesto, es lógico que al terminar la obra se liquide la cuota porque la ley dice que debe pagarse en función del costo real y efectivo de la obra, pero en la licencia no es el mismo hecho imponible, ya que aquí se trata de gravar el servicio que presta un funcionario a la hora de estudiar si la petición de licencia se ajusta o no a las normas urbanísticas. Por lo que no tiene sentido esperar al final de la obra para ver si vale más o menos.

-Entonces, de partida, la ordenanza de tasas urbanísticas del Ayuntamiento es contraria a la ley.

-Urbanismo utiliza unos módulos a los que aplica el 2,5% establecido para cobrar las tasas de las licencias. El planteamiento de que la base imponible para las tasas es el coste real de las obras es ilícito y no ajustado a derecho, ya que se trata de una tasa por la prestación de un servicio. Es lógico que Gestrisam compruebe el costo real de la obra para el ICIO pero, en el caso de la licencia, la tramitación del expediente es lo que justifica la tasa. Llegar al extremo de revisarla cuando ya se ha acabado la obra denota que hay un aspecto puramente recaudatorio y fuera de lo que la ley autoriza a una ordenanza de licencias.

-¿Qué pueden hacer los promotores y ciudadanos que se vean en esta situación?

-En primer lugar les aconsejo que analicen si el caso ha prescrito o no y, en segundo lugar, que impugnen en el recurso de reposición y que el tema llegue al Jurado Tributario. También que, por vía indirecta, impugnen la ordenanza fiscal número 15 sobre tasas por actuaciones urbanísticas, porque es contraria a la Ley de Haciendas Locales. No veo lógico que los promotores se conformen con que todo esto es legal, hay argumentos de peso suficientes para rebatirlo. Entiendo que el Ayuntamiento está muy mal de dinero, pero no puede llegar a estos límites.

-A su juicio, ¿cuándo prescriben los expedientes de licencias?

-El plazo de cuatro años para que prescriba el expediente debe empezar a contar desde que se paga la tasa. No es justo que se vayan a los permisos de primera ocupación para empezar a contar los cuatro años, ya que es un acto administrativo posterior al certificado final de obra.

La revisión de las tasas por licencias de obra se aplicará también a las reformas (SUR)

La iniciativa del Ayuntamiento sacará a la luz casos en los que un permiso de carácter menor amparó trabajos de mayor magnitud

24.04.2012 - 

JESÚS HINOJOSA

 

MÁLAGA.

Gestrisam revisa los costes finales de todas las obras. :: SUR

La revisión de las tasas por licencias de obra ingresadas por el Ayuntamiento de la capital en los últimos cuatro años no solo llegará a las obras promovidas por grandes empresas de la construcción, sino también a los permisos de carácter menor que los ciudadanos solicitan para hacer pequeñas reformas. De este modo, son miles los malagueños que quedan sometidos a una inspección que les obligará a pagar más por una obra, si es que se les subió de presupuesto respecto al que aportaron a la hora de solicitar la licencia. Esta práctica del equipo de gobierno municipal, que fue adelantada por este periódico el pasado domingo, puede alcanzar por lo tanto a todas las licencias, ya sean de carácter mayor o menor, concedidas por la Gerencia Municipal de Urbanismo en los últimos cuatro o cinco años, lo que puede suponer unos 15.000 expedientes, según se desprende de los datos reflejados en la página web del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), organismo dependiente del propio Ayuntamiento.

Todo se basa en la labor que habitualmente realiza Gestrisam a la hora de cobrar el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), para el que exige que se aporten las facturas que justifiquen que la cuota del impuesto responde al 4% del coste real de la obra, tal y como establece la correspondiente ordenanza municipal. Tantos particulares como empresas firman un acta de conformidad sobre el precio final de las obras que, hasta ahora, se quedaba en las oficinas de Gestrisam, ya que el único fin de este procedimiento es que el abono del ICIO se ajuste a lo marcado legalmente.

Sin embargo, como adelantó SUR, desde hace ya algún tiempo, Gestrisam está aportando a la Gerencia Municipal de Urbanismo estos datos sobre los costes finales de las obras para que, a su vez, se revisen las tasas que se abonaron en su momento en base a unos presupuestos estimativos que puede que luego no se correspondieran con la realidad.

Esta práctica, que hasta ahora no se realizaba, es la que está deparando en resoluciones de Urbanismo para exigir el pago de cantidades adicionales hasta alcanzar el 2,5% del precio final de la obra, porcentaje estipulado para la tasa de una licencia.

Debido a la crisis, nueve de cada diez de los permisos de obra solicitados en los últimos años lo fueron de carácter menor, es decir, para reformas y trabajos de menor entidad. La revisión de sus costes sacará a luz si realmente fueron de un calado inferior o si, por el contrario, ampararon construcciones de una mayor magnitud respecto a la permitida.

El Ayuntamiento remozará los Baños del Carmen ante la falta de dinero estatal (La Opinión)

El procedimiento administrativo permitirá desalojar a los "okupas" del recinto en un plazo de dos meses

Una vista del asentamiento que ocupa ilegalmente los terrenos del balneario desde hace unos dos años. Gregorio Torres

JAVIER GARCÍA RECIO El Ayuntamiento de Málaga abordará este mismo año varias actuaciones menores en los Baños del Carmen que supondrán la eliminación del muro que lo rodea, así como el arreglo del paseo peatonal que discurre por su entrada y la regeneración de las zonas verdes del interior. Estas actuaciones se pondrán en marcha en cuanto la Subdelegación del Gobierno culmine el desalojo de las personas que vienen ocupando ilegalmente el recinto, tal como se acordó ayer en la primera reunión de trabajo que tuvieron el subdelegado, Jorge Hernández Mollar, y el alcalde malagueño, Francisco de la Torre.

Las obras que abordará el Consistorio vendrán a salvar la cara del actual Gobierno, que en los presupuestos que destina a Málaga apenas ha contemplado una partida para el proyecto de regeneración de la zona, obras que tienen un costo de unos 13 millones de euros.

En los últimos años el Ayuntamiento se había desentendido de cualquier actuación en la zona y había urgido al anterior Gobierno socialista a la puesta en marcha de las obras. Es ahora, con la llegada de un gobierno popular, cuando ha decidido actuar ante la imposibilidad de hacerlo el Gobierno central.

Abrir el balneario a la ciudad. El alcalde fue claro al respecto al señalar que «no sabemos en qué momento habrá recursos públicos para poder abordar esta obra en toda su integridad». La eliminación del muro que históricamente ha delimitado los Baños del Carmen de su entorno supondrá, según explicó el alcalde, una medida de un gran impacto visual «y social», ya que permitirá «permeabilizar» esa zona que hasta ahora está oculta y abrirla a todos los ciudadanos. Esta actuación, «poco costosa y fácil de hacer», se hará «lo antes posible».

Además, el Ayuntamiento abordará el arreglo de las zonas verdes del recinto, «que de esta manera también quedarán abiertas al disfrute de todos» y del paseo peatonal, muy deteriorado, si bien estas dos actuaciones habrá que sacarlas a concurso y se alargarán algunos meses. De la Torre cuantificó en unos 500.000 euros el costo de esta operación, que se abordará con el remanente de tesorería obtenido de 2011 y que «permitirá a esta zona hacerla permeable y de acceso directo para los ciudadanos».

Cuenta atrás para los «okupas». Con todo, De la Torre aclaró que para ello habrá que contar con la autorización de la Junta de Andalucía y con la ayuda del concesionario privado que ocupa parte de los suelos de los Baños del Carmen. Al respecto, tanto el alcalde como el subdelegado culparon al actual Gobierno andaluz de «desentenderse del asunto y hacer dejación de sus competencias».

Las obras no se iniciarán mientras no se logre desalojar a los «okupas» que viven allí. La reunión celebrada ayer entre el subdelegado y el alcalde de Málaga sirvió para adoptar la decisión de «iniciar el procedimiento administrativo» para el desalojo de los ocupantes.

Al tratarse de un procedimiento administrativo donde hay unos plazos legales que cumplir, el proceso se alargará al menos unos dos meses, señaló Hernández Mollar, que reconoció que se trata de un tema «polémico y no fácil de resolver», pero al que «hay que darle un definitivo arreglo porque perturba la situación del terreno y la vida normal de los ciudadanos», de tal manera que esta situación irregular «no puede eternizarse».

El procedimiento lleva a que primero se requiera a los «okupas» que desalojen voluntariamente el recinto, obliga también a dar un plazo para que estos presenten, si lo estiman, un recurso contra la orden de desalojo, que deberá ser contestado y resuelto, y por último obliga igualmente a dar cuenta a la autoridad judicial a la que también podrán acudir los ocupantes. Todo ello para «actuar legalmente y de manera eficaz».

Por su parte, la Junta reaccionó a las críticas de falta de implicación lanzadas por De la Torre y Hernández Mollar. La delegada del Gobierno andaluz, Susana Radío, exigió al subdelegado que aplique las competencias del Estado en lo que a la ocupación ilegal de los Baños del Carmen se refiere, pero que «no busque la confrontación institucional con la Junta» que, a su juicio, «no tiene nada que decir en este asunto y a la que tampoco se ha dirigido en ningún momento». «Estamos hablando de problemas de orden público en terrenos estatales; es decir, Policía y Demarcación de Costas».

LAS CLAVES

REMOZAR
El histórico muro del balneario será demolido
Las actuaciones a realizar por el Ayuntamiento en los Baños del Carmen se centrarán en demoler el muro por cuestiones de seguridad, hacer un paseo peatonal que conecte Pedregalejo con la zona del balneario y El Morlaco y la mejora de las zonas verdes interiores. El costo rondará los 500.000 euros. La eliminación del muro será lo primero y el resto saldrá a concurso. Todo ello deberá contar con la autorización de la Junta de Andalucía.

DESALOJO
La Subdelegación se da un plazo de dos meses
La Subdelegación va a poner en marcha un procedimiento administrativo para ordenar el desalojo de las personas que ocupan ilegalmente el balneario. El procedimiento es lento ya que supone primero requerir a los ocupantes que desalojen, permitir que estos recurran y contar con autorización judicial. Todo ello va a demorar el desalojo unos dos meses.

SIN NOTICIAS
Diez años después las obras de regeneración siguen sin hacerse
Mientras tanto, diez años después, no hay plazos para el inicio de las obras de regeneración de la zona por falta de dinero.

El Ayuntamiento asumirá el futuro parque del Benítez para acelerar su ejecución (La Opinión)

El alcalde de Málaga acepta que sea un parque periurbano y de gestión municipal para conseguir que se desbloquee

El Campamento Benítez es uno de los grandes espacios libres del municipio y que se convertirá en un gran parque de 28 hectáreas.  Arciniega

La fuerte inversión prevista, de 20 millones de euros, se realizará por fases. De la Torre prevé que en el futuro pase a ser de la Junta de Andalucía como parque metropolitano.

MIGUEL FERRARY MÁLAGA El Ayuntamiento de Málaga no quiere que la conversión en parque del Campamento Benítez sufra más retrasos. El alcalde, Francisco de la Torre, está dispuesto a que la ciudad asuma la gestión del futuro parque con idea de desbloquear su conversión en zona verde pública, con una superficie de 28 hectáreas.

Este paso representa un importante cambio de postura, en tanto que hasta ahora el Consistorio defendía que el parque fuese calificado como metropolitano y, por tanto, correspondiese a la Junta de Andalucía el gasto de su gestión y mantenimiento.

La negativa de la administración autonómica a llegar a un acuerdo ha forzado al Ayuntamiento de Málaga a cambiar de criterio, aceptado que el Benítez sea un parque periurbano de responsabilidad municipal. Al menos durante la ejecución de las obras y con vistas a que, en el futuro, sea traspasado a la Junta de Andalucía cuando pase la crisis y disponga de más recursos.

Este cambio consigue un doble objetivo. Por un lado deja fuera del debate político el futuro del Benitez, al ser el Ayuntamiento quien lidere la actuación. Por otro lado, se logra desbloquear un proyecto que lleva dos años enredado en negociaciones a tres bandas.

La propuesta se trasladará formalmente a la Junta de Andalucía en mayo, una vez que se haya constituido el nuevo Gobierno andaluz. La idea municipal es negociar un acuerdo que permita desbloquear definitivamente este proyecto y establecer un calendario para iniciar la inversión.
El Ayuntamiento estaría además dispuesto a asumir el mayor peso en la ejecución del parque, siempre que eso suponga impulsar de forma inmediata la ejecución del proyecto y sacarlo de su actual parálisis.

No obstantes, fuentes municipales insisten en que no renuncian a que la Junta de Andalucía asuma en el futuro la gestión del espacio, una vez que mejore la situación económica. Así, Málaga dispondría de unas instalaciones similares al parque de El Alamillo (Sevilla), de 15 hectáreas y con una consideración de parque metropolitano con gestión autonómica.

La ubicación del Campamento Benítez, en la frontera con Torremolinos, de fácil acceso desde toda la Costa del Sol y muy cerca de Alhaurín de la Torre, aconsejaría apostar por una consideración metropolitana al prestar servicio a varios municipios del entorno.

Actuación. Una de las claves de este cambio está en la decisión del Ministerio de Fomento de ceder a la ciudad la propiedad de estos suelos, saliendo del proyecto y simplificando el panorama político. El acuerdo entre ambas administraciones está muy avanzado y se espera la firma del convenio de cesión en las próximas semanas.

Una vez que el Consistorio asuma la propiedad, podrá plantear un proyecto para la conversión del antiguo campamento militar (cerrado en 1995) en un parque, que el alcalde siempre ha defendido que debe ser ambicioso. De hecho, su criterio es apostar por una inversión de unos 20 millones de euros, que convierta este espacio en un parque botánico de la flora mediterránea, incluyendo zonas deportivas y de juego.

El importante volumen de inversión que requiere aconsejará acometer por fases este proyecto, de modo que sea más asumible ante las limitadas capacidades presupuestarias de las administraciones

La actuación, en todo caso, permitiría sanear las 28 hectáreas del Campamento Benítez, que cuenta ya con un importante número de ejemplares de pinos carrascos, palmeras, eucaliptos y cipreses.

Además, se podrán aprovechar los jardines que originalmente e instalar mobiliario urbano para su uso ciudadano, como fuentes, bancos, pérgolas y cenadores, habilitando paseos por todo el recinto.

El aparcamiento de Plazamar de Torre del Mar sufre un nuevo retraso. Torre del Mar (SUR)

El agua existente en el subsuelo obliga a la empresa a redactar otro proyecto de cimentación

22.04.2012 - 

AGUSTÍN PELÁEZ

 

VÉLEZ-MÁLAGA.

Las obras de reparación y arreglo del aparcamiento de Plazamar de Torre del Mar han sufrido un nuevo retraso. La razón es el agua que existe en el subsuelo, que ha obligado a la nueva empresa que se hará cargo de los trabajos a redactar otro proyecto de cimentación, que no estará concluido hasta finales de este mes, según el edil de la empresa municipal, Antonio Martín.

Aunque se trata de un 'parking' de carácter privado, la responsabilidad de las obras recae sobre el Ayuntamiento de Vélez, administración que fue condenada el 23 de abril de 2001 por la Sala de lo Contencioso Administrativo Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a reparar el aparcamiento por no subsanar en su momento las filtraciones procedentes de la plaza pública situada en la parte superior.

Los propietarios del aparcamiento llevaban reclamando el arreglo de la plaza desde 1994, a causa de las filtraciones y humedades procedentes de la misma. La denuncia vecinal llevó al TSJA a condenar al Ayuntamiento a reparar el aparcamiento.

Más de un millón de euros

Las obras fueron finalmente contratadas por la empresa municipal de la Vivienda (Emvipsa) hace más de año y medio a la empresa Interbuild por un importe de 941.108 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. Interbuild ha cedido recientemente las obras a otra empresa. Al presupuesto de ejecución hay que sumar otros 216.081 euros que serán aportados por los propietarios y que tienen como finalidad que el aparcamiento, una vez realizadas las obras de ejecución, cumpla la normativa vigente, lo que significa que el importe final supera 1.230.000 euros.

Los trabajos consisten en la demolición de la plaza que causó los daños al aparcamiento, la reparación integral del 'parking' y su adaptación a la normativa vigente. Aunque los trabajos comenzaron en febrero de 2011, las obras no han terminado de arrancar y han estado ralentizadas, cuando no paralizadas, hasta que hace un mes la empresa adjudicataria cedió la ejecución a otra constructora, que es la que finalmente realizará el proyecto. El motivo del retraso ha estado relacionado con el atraso en los pagos de las certificaciones de obra a la empresa adjudicataria, según Emvipsa.

Propuestas para mejorar el entorno urbano y medioambiental de El Ejido (SUR)

Participantes en uno de los cuatro talleres de trabajo. :: SUR

El Observatorio de Medio ambiente y Urbano (OMAU), celebrado viernes y sábado en la capital, ha reunido a estudiantes, docentes, agentes sociales, técnicos municipales y ciudadanos en general que han debatido sobre ideas y propuestas para mejorar el barrio de El Ejido.

Los planteamientos se han basado tanto en las necesidades manifestadas por la población local como en las recomendaciones para la mitigación y adaptación al cambio climático elaboradas en el marco del proyecto Mi Ciudad AC2.

Los participantes han trabajado en los cuatro talleres que se han organizado para reunir las propuestas en materia de planeamiento urbanístico y gestión de la movilidad; planificación de zonas verdes, arbolado urbano y espacios naturales; políticas municipales de eficiencia y ahorro energético; y concienciación y participación ciudadana.

Los dueños de casas ilegales le dan la espalda al decreto de regularización. Vélez-Málaga (SUR)

Las peticiones de legalización registradas en los ayuntamientos son casi inexistentes un mes y medio después de que entrara en vigor la norma

22.04.2012 - 

AGUSTÍN PELÁEZ

 

VÉLEZ-MÁLAGA.

Los propietarios de viviendas ilegales en la provincia se resisten a aceptar el decreto por no estar de acuerdo con las soluciones propuestas. :: A. P.

El decreto por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en Andalucía sigue sin convencer a los dueños de las más de 50.000 viviendas irregulares que se estima existen en la provincia de Málaga. Tanto es así que un mes y medio después de la entrada en vigor de la nueva normativa el número de solicitudes de regularización registradas en los ayuntamientos es casi inexistente.

En la comarca de la Axarquía, donde las viviendas y edificaciones ilegales rondan las 20.000, en la mayoría de los consistorios las peticiones de regularización se pueden contar con los dedos de una mano. En Vélez, con más de 3.000 construcciones irregulares, no llegan a diez.

Según el edil de Urbanismo de Alcaucín, Mario Blancke, donde el número de casas pendientes de regularizar alcanza las 1.800, solo dos propietarios han pedido su legalización. «Lo han hecho porque necesitan hacer obras para garantizar la seguridad de las viviendas. Si no fuese así, no lo habrían solicitado», asegura convencido el edil.

«En este municipio muchas de las casas se construyeron con licencia del Ayuntamiento, aunque estas no estuvieran de acuerdo con el planeamiento. Lo único a lo que pueden aspirar es a un reconocimiento como asimilado a fuera de ordenación, algo que en absoluto supone su legalización. Es normal que la gente no quiera renunciar a su licencia para ser asimilado, que lo que hace es dejarles como ilegal», explica Blancke, que aclara que aunque el decreto está en vigor desde el 1 de marzo, este no es aplicable todavía.

Según el concejal, la Junta debe aprobar aún las normas directoras con las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad que deberán cumplir los asentamientos, hábitats rurales diseminados y las casas irregulares aisladas, y que deben servir de orientación a los ayuntamientos para establecerlas en sus planes generales o, en ausencia de esta regulación, mediante ordenanzas municipales.

Para la presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI), María del Mar Vázquez, muchos propietarios no van a solicitar su regularización porque «no ven que el decreto les resuelva su problema. Dicho con mas claridad, no les legaliza sus casas».

Levantar la liebre

«La propia Junta de Andalucía cuando se aprobó el decreto en enero pasado reconocía que solo un 10% de las edificaciones podrán ser legalizadas, otro 10% seguirá siendo ilegal y el 80% restante solo podrá aspirar a su reconocimiento como asimilado a fuera de ordenación, una figura que conlleva su legalización. ¿Quién va a querer que le reconozcan una ilegalidad? Yo se lo diré: nadie. Quien se ha hecho una casa sin licencia y todavía no ha prescrito no va a levantar la liebre acudiendo al Ayuntamiento para pedir su regularización, cuando lo primero que van a hacer es incoarle un expediente de protección de la legalidad urbanística para restablecer el orden perturbado», declara Vázquez, partidaria de promover una iniciativa legislativa popular para modificar la LOUA y permitir la legalización de la viviendas.

Aunque el decreto es de aplicación inmediata, la Junta había calculado un periodo mínimo de tres meses desde su entrada en vigor para ver los primeros resultados de la nueva normativa en la provincia. Los ayuntamientos, sin embargo, consideran que este plazo se podría demorar bastante más, ya que hay muchas dudas sobre su aplicación.

El Ayuntamiento revisa tasas de licencias de obra de hace cuatro años para hacer caja (SUR)

Numerosos promotores y particulares recurren las actas de cobro que, aunque legales, llegan en el peor momento para sus economías

22.04.2012 - 

JESÚS HINOJOSA jhinojosa@diariosur.es

 

MÁLAGA.

Urbanismo advierte ahora de que se aporten presupuestos ajustados al coste real de las obras.:: SUR

Muchos promotores y particulares se han encontrado en las últimas semanas con una desagradable sorpresa en forma de escrito de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga en el que se les revisa la tasa de una licencia de obras que solicitaron hace cinco o seis años y que depara en el abono adicional de una cantidad que, aunque es legal, les pilla en el peor momento para sus bolsillos. El motivo es que el Consistorio está comprobando si los presupuestos de obra que se aportaron inicialmente para pagar la tasa -que supone el 2,5% del coste real y efectivo de los trabajos- se mantuvieron o se superaron una vez finalizada la construcción. Y hay casos en los que no solo se supera el presupuesto inicial, sino que llega a duplicarse, con lo que los afectados se ven obligados a tener que abonar ahora una tasa de igual valor que la que pagaron en su momento.

Fuentes municipales reconocieron a este periódico que en años anteriores no se revisaban las tasas de las licencias, pero de un tiempo a esta parte sí se están actualizando por dos motivos. Por un lado, porque el Ayuntamiento dispone de mejores herramientas tecnológicas para cruzar los datos de la empresa Gestrisam con los de Urbanismo y, por otro, porque las peticiones de licencias han caído -sobre todo las de obra mayor- y los funcionarios disponen ahora de más tiempo para analizar estas cuestiones. No obstante, a nadie escapa que todo esto supone a la postre unos mayores ingresos para las arcas municipales, cada vez más mermadas por la situación de crisis general.

El delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, reconoce que esto permite «recaudar más», pero asegura que no supone un abuso de autoridad, ya que todos los expedientes que se tramitan están amparados por la ley. Para ello, Urbanismo está revisando las licencias cuyo último acto administrativo fue notificado cuatro años atrás, plazo durante el que no prescriben a estos efectos.

Apoyo en Gestrisam

La Gerencia se está apoyando fundamentalmente en Gestrisam para llevar a cabo esta labor recaudatoria. Y es que el Organismo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento es el que se encarga de inspeccionar los cobros relativos al Impuestos de Construcciones, Instalaciones y Obras (OCIO), exigiendo cuando concluyen las facturas de su coste real. Los promotores están acostumbrados a estas revisiones de la cuota del impuesto que se quedaban solo en eso. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, y sobre todo cuando existe un acta de conformidad en el que el particular o la promotora reconoce que la obra ha costado más de lo que se declaró a la hora de solicitar la licencia, Gestrisam informa a Urbanismo para que la gerencia también revise la tasa de ese permiso.

A modo de ejemplo, este periódico pudo hacerse con una documentación en la que se demuestra que, a raíz de una de estas actas de conformidad, Urbanismo exige a un empresario el pago casi cinco mil euros por la tasa de una licencia de obras cuyo permiso de primera ocupación fue evacuado en septiembre de 2008. Este promotor ya pagó en su momento una tasa de 4.580 euros, y ahora se ve obligado a abonar un importe adicional de 4.678 porque, una vez comprobado el coste final de la obra, resulta que el 2,5% del mismo es 9.258 euros.

Este empresario considera «toda una injusticia» que se le exija ahora aportar una cantidad igual a la que pagó en su momento por la tasa de la licencia de obras. «Es como pagar dos veces por un edificio que ya está más que terminado y ocupado, no lo veo justo», dijo.

Urbanismo ve el asunto desde otra óptica. Según algunas fuentes, son muchos los promotores y particulares que habitualmente presentan presupuestos muy por debajo del coste real de las obras para abonar una tasa de licencia menor. «Nos han estado engañando durante años», reconocen, al tiempo que aseguran que, en algunos casos, se comprueba que la inversión final llega incluso a duplicar lo aportado inicialmente.

Los particulares afectados por estas revisiones no se están quedando quietos y han empezado a recurrir las órdenes de pago remitidas por Urbanismo. Ante la llegada de numerosos recursos, el Ayuntamiento está estudiando algunas medidas para dar facilidades de abono de las cantidades que se adeudan. Eso sí, de momento no da marcha atrás a la hora de exigir su cobro. Además, ya se está informando de ello a los que acuden ahora para solicitar una licencia, advirtiéndoles de que aporten un presupuesto lo más ajustado posible a la realidad.