El PP pide una moratoria para 2.000 casas con expediente de demolición. Mijas (Málaga Hoy)

El Partido Popular solicita al Gobierno andaluz un plan para regularizar las viviendas
El senador y presidente del PP de Málaga, Joaquín Ramírez, reclamó hoy una moratoria para las 2.000 viviendas para las que hay puestos en marcha expedientes de demolición "con sus correspondientes multas coercitivas" en la localidad de Mijas. En este sentido, Ramírez pidió al Gobierno andaluz que ponga en marcha un Plan de Regularización de Viviendas Ilegales en la provincia, de modo que "paralice las demoliciones hasta la aprobación definitiva de los distintos Planes Generales de Ordenación Urbana", motivo por el cual el PP presentará en el próximo pleno de la Diputación una moción al respecto. Así, Ramírez consideró que la situación "es especialmente preocupante en Mijas, donde cerca de 2.000 familias se enfrentan al temor de ver su casa derruida por orden municipal" y recordó que "en la mayor parte de los casos se trata de viviendas habituales, no de segundas residencias".

CCOO pide que se cumpla la jornada intensiva en la construcción (Málaga Hoy)

El objetivo principal es que el nuevo horario alcance los dos meses de duración en 2011
Comisiones Obreras instó a los empresarios de la construcción y a las administraciones a que cumplan la jornada intensiva de siete horas, desde las 7:00 a las 14:00 o desde las 8:00 a las 15:00, que comienza hoy y que estará vigente hasta el próximo 31 de agosto. Desde el sindicato advirtieron de que éste es uno de los principales puntos del Convenio Colectivo de la Construcción en la provincia de Málaga, firmado hace sólo un par de semanas. El objetivo es que se alcancen los dos meses en el año 2011. Las altas temperaturas registradas en la provincia de Málaga en estas fechas hace que la jornada en el trabajo sea más difícil de realizar, sobre todo en el sector de la construcción, donde más de 70.000 trabajadores tienen que aguantar temperaturas de hasta 39 y 40 grados mientras realizan su labor, manifestaron en un comunicado desde CCOO. Para Comisiones Obreras, este hecho "pone en peligro la vida de los trabajadores de la construcción, sector principal donde se produce la mayoría de los accidentes graves y mortales". Asimismo, el sindicato denunció que hasta la fecha nueve personas han perdido la vida, siete de ellas murieron de forma traumática en el centro de trabajo, uno a causa de un infarto y otro en un accidente in itínere. De los nueve accidentes, cinco trabajadores pertenecían a la construcción, dos al transporte, otro al metal y otro al sector servicio.

Técnicos se reunirán la próxima semana con PSOE e IU para dar a conocer el PGOU de Málaga (Málaga Hoy)

El Plan General de Ordenación Urbana se llevará al pleno del 14 de agosto para su aprobación provisional

Los técnicos encargados de la elaboración de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga se reunirán la próxima semana con los miembros de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de la capital, PSOE e IU, para darles a conocer el planeamiento antes de que se lleve para su aprobación provisional al pleno del 14 de agosto. De la Torre afirmó a los periodistas que "pretendemos que haya el máximo tiempo posible para que lo conozcan". Además, el objetivo de la reunión es que "aquellas personas que llevan años trabajando en su realización puedan contestar a las preguntas que tengan los miembros de la oposición", añadió. El regidor del PP reconoció el retraso que arrastra el plan, "aunque no es por culpa nuestra, sino que hemos esperado el consenso con el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM), que se retrasó y que pertenece a la Junta de Andalucía". Sobre la posible negativa de la oposición en el próximo pleno municipal al PGOU, De la Torre afirmó que "cuando se toma una postura sin conocerlo antes es muy difícil que cambie", aunque el edil señaló que "lo que a nosotros nos importa es que el Plan sea el mejor y se apruebe pronto". Por último, el primer edil malagueño dijo que "respetaré lo que el PSOE diga sobre el PGOU, pero anunciar la negativa antes de conocerlo es lo que no entiendo".

Redactores del PGOU, a favor de una nueva exposición pública (La Opinión)

Consideran que ha habido cambios sustanciales y estructurales suficientes para tomar esa decisión. El informe que emita la secretaría municipal será decisivo
El grupo socialista no es el único que propone que debería de plantearse un nuevo periodo de exposición pública para el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga. Un grupo de técnicos de la Gerencia de Urbanismo que trabaja directamente en la redacción del PGOU desde su inicio está planteando en las últimas semanas la necesidad de que el documento, una vez que se apruebe provisionalmente, sea llevado de nuevo a exposición de los ciudadanos al entender que se han "producido modificaciones sustanciales y estructurales" desde su aprobación inicial que aconsejan tal medida, según ha podido saber La Opinión de Málaga. Estos técnicos argumentan que un nuevo periodo de exposición pública impediría que el PGOU quedase en inseguridad jurídica ya que se evitaría el riesgo de que el documento, una vez aprobado provisionalmente, sea recurrido por un particular o una entidad.Éste es sin duda uno de los graves problemas al que puede enfrentarse el PGOU: que un ciudadano o una entidad recurra su aprobación provisional al entender ha habido cambios sustanciales que le dejan indefenso en sus intereses particulares o generales.Frente a estas modificaciones sustanciales el PGOU contendría, a juicio de estos técnicos, otras cuestiones mal resueltas como el que se hayan cambiado los usos del suelo en algunas zonas, sin que haya ocurrido lo mismo con las infraestructuras, que se mantienen igual según el suelo sea para residencial o para industrial.Sin embargo, la decisión última de si se debe llevar el PGOU de nuevo a exposición de los ciudadanos la tiene el equipo de gobierno que, de momento, considera que no es necesario este nuevo periodo.Así se han pronunciado tanto el alcalde, Francisco de la Torre, como el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz. Sin embargo, el informe que emita el secretario general del Ayuntamiento al respecto será decisivo para tomar una decisión sobre esta polémica de la exposición pública.En manos de la Junta. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, es partidario de continuar el proceso pues un nuevo periodo de exposición pública "retrasaría aún más la aprobación definitiva del PGOU".En todo caso Díaz expone que una vez que el Ayuntamiento apruebe provisionalmente el documento éste se enviará a la Junta de Andalucía. "Será entonces la Administración autonómica la que nos envíe lo que se llama un expediente de cumplimiento y en él la Junta, en función de su criterio, puede pedirnos que saquemos a exposición pública tal o cual aspecto particular del PGOU, esto sí podría ocurrir pero al ser exposiciones parciales no afectarían al tiempo de tramitación".La decisión final la tomará el equipo de gobierno en los próximos días, una vez que conozca el informe que realice la secretaría general y antes del pleno convocado para la aprobación provisional del PGOU el próximo 14 de agosto.

La calle Beatas se defiende (La Opinión)

La plataforma en defensa de esta céntrica calle comienza a funcionar con el objetivo de buscar una salida al estado de deterioro de la vía y su entorno
Los turistas que dejan la hermosa calle San Agustín, presidida por el Museo Picasso, y se adentran por la calle Beatas suelen experimentar una transformación del rostro y del alma (esta última, suele caerse a los pies).El vergonzoso estado de abandono de esta calle y los alrededores ha llevado a un grupo de vecinos del Centro Histórico a fundar la ´Plataforma por la dignificación de Beatas y su entorno´, que la semana pasada comenzó su andadura con una conferencia del profesor de la UMA Alfredo Rubio sobre la rehabilitación de la calle y las perspectivas del Centro. "Hemos formado la plataforma porque llevábamos mucho tiempo pidiendo la rehabilitación de la calle Beatas y los alrededores, viendo que era una de las zonas más degradadas del Centro Histórico", destacó Lola Acosta, presidenta de la asociación de vecinos ´Centro Antiguo´ y miembro del nuevo colectivo.Para Lola Acosta, mientras se anuncia la rehabilitación, con fondos europeos, de zonas periféricas del Centro, dentro del ´cogollo´ del casco viejo de la ciudad queda "este núcleo que es la ley de la selva", y entra en detalles: "Aquí sigue habiendo botellón, hay ruidos y un problema grande con la seguridad, porque se consume droga, hay rotura de porteros automáticos y robos". La idea de la plataforma es implicar al mayor número de vecinos, comercios y negocios para que cooperen y añade una reflexión: "No podemos estar pidiendo la capitalidad cultural para 2016 y tener el ejemplo de la calle Beatas". Por su parte, María José Soria, vecina de la calle Beatas y una de las principales impulsoras de la plataforma, lamenta que esta deteriorada vía peatonal no esté en los planes de videovigilancia. "Siempre nos hemos quedado al margen porque las cámaras van a las zonas comerciales".La intención de la plataforma, además de ofrecer conferencias, paseos y otras actividades culturales, es reunirse con las administraciones y buscar una solución al abandono del entorno, tan próximo al radiante Museo Picasso. "Vamos a recoger firmas y las vamos a presentar en el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno", explica María José Soria, que lamenta que el estudio realizado por la Universidad Politécnica de Milán sobre la calle Beatas sólo cuente como referencia."¿Para qué sirve el estudio si no se va a recoger en el PGOU?", se pregunta. María José Soria comenta además que, en comparación con centros históricos como los de Granada o Córdoba, el de Málaga es "tercermundista". La calle Beatas y alrededores sigue siendo un problema sin resolver.Urbanismo. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, ha explicado a La Opinión que estará "encantado" de reunirse con los miembros de la plataforma. También ha señalado que Urbanismo está redactando el proyecto de urbanización, con fondos europeos, de la calle Beatas, pero también de calles como Tomás de Cózar, Pozos Dulces, Montaño o Arcos de la Cabeza.Con respecto al trabajo de los expertos de la Universidad Politécnica de Milán ha precisado que recibirá el tratamiento de ´plan especial´. "No puede ser obligatorio pero sí que tenga este carácter de plan especial para que sirva de guía".

Diputación adjudica por 1,2 millones las obras de 13 viviendas sociales en Nerja (SUR)

Estructuras y Vías del Sur S. L. ejecutará las VPO de La Noria, que estarán listas en 2010

La Empresa Pública Provincial para la Vivienda de Málaga (Emprovima) de la Diputación Provincial ha adjudicado las obras de construcción de las 13 Viviendas de Protección Oficial (VPO) previstas en la urbanización La Noria, en Nerja, en unos terrenos cedidos por el Consistorio. El presupuesto base de licitación estaba fijado en 1.285.678,29 euros más IVA. Un total de 26 empresas presentaron ofertas para optar a su construcción. Finalmente, la mesa de contratación de Emprovima ha adjudicado los trabajos de construcción de estas 13 viviendas sociales a la compañía Estructuras y Vías del Sur S. L., por un importe de 1.079.829,53 euros más IVA, hasta un total de 1.252.602,76 euros.De esta forma, está previsto que los trabajos de construcción de estas 13 viviendas sociales comiencen en septiembre, con un plazo de ejecución previsto de 18 meses, según informaron ayer a SUR fuentes de Emprovima. Así, los propietarios podrán irse a vivir a estas VPO a mediados de 2010. El sorteo para la adjudicación de estas 13 VPO tuvo lugar el pasado día 4 de abril en el pabellón cubierto de la Ciudad Deportiva Enrique López Cuenca.En total, hubo 807 solicitudes para los dos cupos, el de empadronados y el de no empadronados. Los agraciados deberán hacer frente al pago de un préstamo, para sufragar los 136.349 euros que cuestan estas viviendas sociales. Se trata de chalés con una superficie útil de 90 metros cuadrados.

Rincón, primer municipio de la provincia que adapta su PGOU a la Ley Andaluza (SUR)

La Junta da luz verde a la adaptación del documento de 1992 a la LOUA, lo que posibilitará desbloquear proyectos como los centros de salud o el auditorio Permitirá convertir suelo para VPO y la construcción de 5.000 viviendas libres

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha aprobado la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Rincón de la Victoria a la Ley de Ordenación Urbana Andaluza (LOUA), con lo que el municipio axárquico se ha convertido en el primero de la provincia que consigue salvar este trámite administrativo. Con esta adaptación, el Consistorio rinconero podrá poner en marcha una serie de proyectos importantes, como los centros de salud de Torre de Benagalbón y Huerta Julián o el teatro-auditorio, que se encontraban bloqueados por la falta de adaptación del planeamiento urbanístico a la normativa andaluza.De este modo, la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, en su reunión del pasado viernes 18 de julio, dictaminó favorablemente el documento urbanístico, lo que, según explicó ayer el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, José Jesús Domínguez Palma (PSOE), «permitirá desbloquear proyectos muy importantes que favorecerán de forma notoria al desarrollado económico de nuestro municipio».Domínguez Palma mostró su «gran satisfacción» por la resolución favorable de la Junta de Andalucía y valoró el «excelente trabajo» del equipo redactor municipal del Área de Urbanismo del Consistorio rinconero. «Nos hemos puesto a trabajar desde el principio y hemos sido los primeros en conseguir esta adaptación. Quiero felicitar a todos los empleados de la Concejalía de Urbanismo», declaró el concejal responsable, que explicó que con la adaptación aprobada, el Ayuntamiento podrá ahora tramitar modificaciones puntuales del elementos del PGOU, lo que será clave para sacar adelante proyectos como el nuevo centro de salud del núcleo de Torre de Benagalbón o el teatro-auditorio.Asimismo, esta modificación permitirá también regularizar la situación del hotel Elimar, que tiene un exceso de volumen construido respecto a la licencia original. La adaptación también permitirá dar luz verde a ala creación de nuevos equipamientos hoteleros y a la conversión de suelo para la construcción de viviendas sociales. Asimismo, el documento urbanístico de 1992 todavía tiene por desarrollar alrededor de 5.000 viviendas, según manifestó ayer Domínguez Palma.A pesar de este anuncio, el equipo de gobierno de PSIRV-PSOE mantiene su intención de aprobar un nuevo documento urbanístico, «aunque ahora se puede hacer sin prisas», matizó el concejal de Urbanismo. La adaptación ha sido posible tras la reuniones que ha mantenido Domínguez Palma con miembros de la Junta, dos con la Delegación Provincial de Obras Públicas en Málaga y una tercera en la capital hispalense».Estos encuentros han posibilitado, según el concejal Domínguez Palma, que Rincón de la Victoria se haya convertido en el primer municipio de la provincia de Málaga en conseguir adaptar su planeamiento urbanístico a la Ley Andaluza de Suelo.

El PP pide una moratoria para los dos mil expedientes de demolición en Mijas (SUR)

Joaquín Ramírez reclama a la Junta la puesta en marcha de un plan de regularización de viviendas ilegales y que se paralicen los derribos hasta la aprobación del nuevo PGOU «No tiene sentido aplicar ahora medidas drásticas que pueden quedar fuera de ordenación en un futuro inmediato», asegura

El PP se ha unido a la Asociación para la Regularización de Viviendas de Mijas a la hora de reclamar la paralización de los expedientes de demolición que pesan sobre unas dos mil construcciones ilegales del municipio, aunque se estima que este número puede llegar hasta las ocho mil. El presidente provincial de los populares, Joaquín Ramírez, solicitó ayer a la Junta de Andalucía una moratoria para estas órdenes de derribo hasta la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), así como la puesta en marcha de un plan de regularización de viviendas en toda la provincia.«La situación es especialmente preocupante en Mijas, donde muchas familias se enfrentan al temor de ver su casa derruida por orden municipal. En la mayor parte de los casos, se trata de viviendas habituales, no de segundas residencias», precisó Ramírez.«Lo sensato es esperar a que se apruebe definitivamente el PGOU y revisar entonces los expedientes de demolición. No tiene sentido aplicar ahora medidas tan drásticas que pueden quedar fuera de ordenación en un futuro inmediato», aseguró el senador del PP, quien recordó que el planeamiento vigente en Mijas data de 1999 y que el nuevo PGOU, cuyo avance se aprobó en 2006, se encuentra paralizado a la espera de su adaptación al POT y al POTA.

Vía PGOU

Precisamente, el PGOU es la principal vía que baraja el Ayuntamiento para regularizar estas construcciones, para lo que se contará con representantes de los afectados. Sin embargo, desde la plataforma vecinal acusan al equipo de gobierno socialista de «acelerar los expedientes de demolición». A petición de la propia asociación y con la mediación del PP de Mijas, el alcalde de la localidad, Antonio Sánchez, ha convocado un pleno extraordinario para el próximo día 31 para buscar posibles soluciones para los afectados.

Puerto Banús se mantiene como la zona más cara para alquilar en verano (SUR)

Puerto Banús, se mantiene como la zona más cara para alquilar en agosto, con precios medios de 3.087 euros al mes por un apartamento de 65 metros cuadrados, mientras en el resto de la provincia la media está entre los 1.200 y los 1.800 euros mensuales.El precio medio en agosto por alquilar un apartamento en primera línea de playa en España es de 2.400 euros al mes, según un informe de la sociedad de tasación TecniTasa. Los precios varían según la superficie, la tipología y otros, van desde los 812 euros al mes que se pagan en la playa de San Ciprián (Lugo) por un apartamento de 65 metros cuadrados, hasta los 5.200 euros al mes por una vivienda de igual superficie en San Sebastián.Según el estudio, los precios más altos de la costa se localizan en Gerona, Guipúzcoa e Ibiza, donde se superan los 4.000 euros por un apartamento de 65 metros cuadrados, mientras que las playas más asequibles, con precios inferiores a los 2.000 euros al mes, están en las provincias de Granada, Málaga, Almería, Valencia, Tenerife y Murcia.Asturias, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Castellón, Huelva, Las Palmas, Mallorca o Pontevedra mantienen precios medios, entre los 2.000 y los 3.000 euros al mes.El estudio, constata la dispersión de los precios en Mallorca, donde los alquileres oscilan entre los 1.420 euros al mes por un apartamento de 65 metros cuadrados en Alcudia y los 4.940 euros en el puerto de Sóller.

El Ayuntamiento desbloquea la realización de 1.150 viviendas en Teatinos (SUR)

El proyecto incrementa la superficie para un edificio de oficinas proyectado por la Junta de Andalucía y reserva 287 pisos de VPO

El equipo de gobierno local tiene previsto dar luz verde en el pleno municipal de la semana próxima a un proyecto urbanístico que contempla la realización de 1.150 viviendas en varias parcelas sin edificar en Teatinos. En concreto, se trata de los solares comprendidos entre las calles Arturo Toscanini, Franz Kafka, avenida de Gregorio Prieto y avenida del Doctor Manuel Domínguez.El desarrollo de este sector de Teatinos, que arrastra varios años de retraso, ha pasado por un complejo proceso burocrático a raíz de un recurso del PSOE contra la pérdida de viviendas públicas que se habían reservado para la comunidad universitaria dada la proximidad con el campus. Esas viviendas iban a ser de explotación privada, lo que generó el rechazo de los socialistas y de la Junta.

Compensación

Finalmente, se produjo un acuerdo que ha permitido desbloquear el proyecto mediante compensaciones con otros suelos por la supresión de las casas para universitarios. Así, en los mencionados solares en la zona de Bizcochero se alzarán 1.150 viviendas de las que 287 (el 25%) serán de VPO y el resto de renta libre. Esta operación se compensa con la reserva de otros pisos de protección oficial en la cercana zona de Morillas y al oeste de la ampliación del campus de Teatinos.Además, el expediente incrementa en 50.160 metros cuadrados de techo la edificabilidad de varias parcelas calificadas como equipamiento público. En ellas, la Junta tiene previsto construir un gran edificio de oficinas al que trasladará algunas de sus delegaciones provinciales que actualmente se encuentran de alquiler.Asimismo, la superficie de suelo destinada a espacios libres públicos pasa de 15.215 a 26.062 metros cuadrados, mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el Consistorio tiene previsto aprobar de manera definitiva en el pleno de la semana que viene.El Ayuntamiento prevé iniciar en enero de 2009 la construcción de las VPO en Morillas y al oeste de la ampliación del campus. Las de Bizcochero comenzarán en enero de 2010 y estarán listas en 2013.

Marmolejo Setién: «Es necesario tener más suelo industrial, pues hay poco y caro» (La Opinión)

El responsable municipal de los polígonos relata cómo intentan sacar del olvido a estos recintos con planes para más aparcamientos, limpieza, nuevos servicios y eliminando la prostitución
Después de años de rodaje político en los segundos escalones del poder, Marmolejo accedió a una concejalía de nueva creación que le ha permitido poner en marcha el reto de aportar soluciones a los polígonos industriales, un sector que ha padecido el abandono de las administraciones y que ahora comienza a levantar cabeza.

-¿De entrada habrá que convenir que los polígonos están aún en una situación precaria?

-Bueno, es cierto que hemos encontrado los polígonos en una situación difícil, no olvidemos que son muy antiguos, algunos con más de 30 ó 40 años y por ello cuando nos hicimos cargo de esta responsabilidad decidimos crear un plan de infraestructuras para mejorar las mismas en todos los recintos.

-¿Qué dice ese plan?

-La primera acción fue la solicitud de fondos Feder a la administración autónoma por valor de 65 millones de euros que nos permitiría la mejora sensible de todas las infraestructuras de los polígonos y de comunicación entre ellos. Aquí está incluido también el arreglo de la carretera Azucarera-Intelhorce por importe de 21,8 millones de euros ya que es un eje fundamental que ahora es un punto negro y está creando muchos problemas dado que es un sitio de paso de unos 50.000 vehículos al día. El año pasado destinamos cerca de 200.000 euros en un primer arreglo, pero es necesario su arreglo total. Mientras, estamos haciendo pequeñas actuaciones. Desde 2005 a 2009, el importe de estas actuaciones va a estar cercano a los 6 millones de euros. Este año, por ejemplo, tenemos previstos dos millones y una de las medidas que pretendemos es la ampliación del número de plazas de aparcamiento. Hemos hecho un estudio y sólo en el Guadalhorce podremos conseguir unas 7.000 plazas de aparcamientos rediseñando las aceras que son muy anchas y, estrechándolas algo, haríamos esas plazas. También tenemos una parcela de equipamiento en Santa Bárbara que queremos dedicar a aparcamientos.

-¿Hay otras medidas?

-Trabajamos también ahora en la mejora de la limpieza pues es necesario una buena imagen exterior de los polígonos que ayude a su actividad comercial. Ya tenemos un punto de recogida en el Guadalhorce y ahora vamos a aplicarlo en siete polígonos más, ya tenemos los suelos y vamos a hacerlos en Alameda, El Viso, Guadalhorce, Santa Bárbara, Santa Teresa y San Luis. Todos ellos tendrán su punto común de recogida en unas parcelas dispuestas por el Ayuntamiento y será una empresa gestora la que se ocupe de su retirada.También se va a implantar el sistema Gecor en los polígonos, un programa para captar problemas e incidencias que ocurren en la vía pública que se trasladan con urgencia a la entidad responsable para que le dé solución.

-Pero buena parte de los polígonos no están recepcionados aún por el Ayuntamiento...

-Estamos ahora en un proceso de ir recepcionándolos. Hace unos meses recepcionamos el de Santa Teresa, acabamos de hacerlo con el Guadalhorce a partir del convenio que hemos firmado con Sepes a cambio de una compensación de 3 millones de euros. Vamos a recepcionar el de San Luis y el de Santa Teresa... La intención nuestra es tener todos los polígonos recepcionados. Tenemos una magnífica relación con la Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma), nos reunimos una vez al mes y ponemos encima de la mesa todos los problemas que tenemos y vamos intentando resolverlos a través del acuerdo.

-Uno de los problemas es evitar que las empresas se vayan a otros destinos.

-El problema aquí es más bien por falta de suelo industrial y por eso se van a otras áreas emergentes. Es evidente esta falta de suelo industrial en la ciudad y el que hay es caro y por eso hemos previsto que en el nuevo PGOU haya más suelo y que se pueda poner a disposición de los empresarios a precios asequibles. Además es necesario enjugar la pérdida de los polígonos que han quedado muy encorsetados en la ciudad y hay que desplazarlos.

-¿Cómo contemplan solucionar el problema del traslado del polígono San Rafael ?

-Es un asunto del máximo interés del alcalde y mío. Ahora cuando se apruebe el PGOU vamos a abrir una oficina para mantener reuniones con sus propietarios de cara al traslado. Uno de los lugares que vemos como más factible es el futuro polígono de Buenavista.

-¿Y la prostitución?

-Es un tema muy complicado de eliminar. Este asunto no es bueno para el Guadalhorce y resulta incompatible con su actividad industrial. Por el bien del polígono, esta actividad debemos de erradicarla de allí.

La canaleta de calle Granados, ´en capilla´ (La Opinión)

La Gerencia de Urbanismo, que remodelará la zona, estudiará con Emasa la eliminación de la canaleta. La Empresa de Aguas pide que se cierre
ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA La semana pasada ´Línea Directa´ recogió las molestias que causa a los vecinos la rejilla que por calle Granados comunica las fuentes de la plaza de Uncibay y de la calle Beatas. Diseñado este sistema con fines estéticos muy loables, ha terminado convirtiéndose en un depósito de suciedad en el que se vierten líquidos de toda procedencia, hojas secas y botellas y por el que transitan las ratas. Los vecinos han denunciado esta situación ante Emasa y el distrito Centro, reclamando, además de su limpieza, el cierre definitivo de una canaleta que no sirve para nada. La semana pasada, como aseguró el gerente de Emasa a esta sección, trabajadores de la Empresa Municipal de Aguas limpiaron en profundidad la canaleta de la calle Granados, retirando toda la basura acumulada. Sin embargo, el propio gerente destaca que esa no es la solución. "El canalón no tiene sentido y hace unos días he pedido a la Gerencia de Urbanismo la autorización para cerrarlo, creo que es lo más sensato".José Luis Rodríguez explica que hace un año Emasa decidió cerrar la comunicación entre las fuentes. "Pusimos dispositivos del control de nivel de las fuentes porque cuando rebosaba, el agua de la canaleta arrastraba la porquería y contaminaba la otra y eso era inadmisible". Con esta medida, explica el gerente, "cada fuente funciona de forma autónoma y mantenemos la calidad del agua". Por su parte el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, ha declarado a esta sección que conoce de primera mano el problema y ha explicado que la Gerencia de Urbanismo tiene previsto realizar varias actuaciones "en breve" en la zona (Cañuelo de San Bernardo, plaza de Uncibay y calle Granada, entre otras). "Así que aprovecharemos para hablar con Emasa y ver si podemos incluir esa petición". El concejal ha añadido que no costaría nada aprovechar estas obras para cerrar el canalón, "pero primero tenemos que valorar si lo cerramos o no".Jesús Moreno, uno de los vecinos afectados por los malos olores que desprende el canalón, conoció por ´Línea Directa´ la limpieza realizada por Emasa y la respuesta de Urbanismo."Los vecinos estamos todos conformes en que se cierre y nos preguntamos lo que costará al Ayuntamiento mantener eso. Si no tiene ninguna utilidad lo mejor es que se cierre".

Comienza el plazo para solicitar ayudas para la inspección de edificios (SUR)

La comisión de Movilidad y Urbanismo que se celebrará mañana tiene previsto dar el visto bueno inicial a la ordenanza que regulará la concesión de ayudas económicas para financiar el coste de los informes para la obligatoria Inspección Técnica de Edificios (ITE), a aquellos vecinos que dispongan de escasos recursos económicos. Estas subvenciones se concederán siempre que los informes se presenten dentro del primer plazo para hacerlo, que expira el próximo 11 de noviembre para los edificios con protección arquitectónica o con más de cien años de antigüedad.La cuantía para las primeras subvenciones asciende a 90.000 euros (el importe máximo de la parte subvencionada es de 900 euros) y se beneficiarán entre 260 y 300 familias (el 10% del total).

El ocaso de un ´imperio´ (La Opinión)

El alto precio que Martinsa pagó por Fadesa llevó a la empresa a la situación actual. Los analistas aseguran que la salvación de la compañía dependerá de las ventas pendientes
Martinsa-Fadesa es una de las empresas más conocidas en estos días por el anuncio de suspensión de pagos y por el expediente de regulación de empleo presentado que afecta a 234 trabajadores. Precisamente hoy se retoman las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo. No obstante, aún hay muchos aspectos que se desconocen sobre por qué la empresa ha llegado a esta situación. La realidad es que a Martinsa-Fadesa no le falta patrimonio, pues tiene, y mucho. El problema es el dinero de la caja, la liquidez. El bolsillo está tan vacío que ni siquiera pudo arañar los 150 millones de euros que le hubieran permitido cumplir una de las cláusulas impuestas por las entidades financieras para revisar los plazos de la multimillonaria deuda que arrastra y posiblemente así evitar la mayor suspensión de pagos de la historia en España.Todo empezó cuando el 28 de septiembre de 2006, Fernando Martín, por aquel entonces presidente de Martinsa, pactó con Manuel Jove la compra de Fadesa por más de 4.000 millones de euros. Para llevar a cabo esta compra, Martín, ex presidente del Real Madrid, tuvo que acudir a la financiación externa y firmar un crédito multimillonario con el que abonar, por un lado, los 2.200 millones que tenía que pagar a la familia Jove por su 54,61% de la empresa, y casi otro tanto en previsión de que la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada sobre el 100% del capital fuera masiva. Para evitar que la falta de liquidez estropeara que la empresa estuviera en Bolsa, el núcleo de Fadesa se abrió a nuevos socios, tales como Bancaja o Caja Madrid. Las sombras sobre la financiación llegaron pronto. En junio de 2007, distintas cajas de ahorro, preocupadas por los problemas del mercado inmobiliario, ponían trabas para sindicar el préstamo. No obstante, Fernando Martín negó que hubiera problemas. El gran salto. Martinsa-Fadesa dio el salto a convertirse en un gran promotor y hacia el sector servicios, con la explotación de energías. Respecto a la construcción, cambió de rumbo y apostó por viviendas unifamiliares, de precios asequibles y buena calidad. Además cruzó las fronteras hacia zonas geográficas en las que la demanda de pisos estaba comenzando, como Europa del Este, Marruecos o Norteamérica. Por otra parte, el camino se complicaba con las llamadas de atención desde las entidades bancarias. Por ello, Fadesa empezó a vender suelo y activos. La compañía intentaba así levantar los resultados trimestrales y el anual, casi en números rojos tras los enormes gastos de la Opa. El beneficio neto del primer semestre de 2007 caía un 1,8%. Sin embargo, los resultados anuales del grupo le dieron cierta tregua. Los 60 millones de euros de beneficio le permitieron mantener las apariencias en medio de anuncios de pérdidas en el sector. El 16 de marzo la compañía comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estaba negociando un trato con la mayoría de las entidades financieras para prorrogar los pagos. El acuerdo se cerró y Martinsa-Fadesa tenía tres meses para pagar 150 millones de euros. Para conseguirlo, la compañía intentó que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) le diera un préstamo por esa cuantía, sin embargo el organismo rechazó la solicitud, acabando así con el as que Martín guardaba bajo la manga.Así, Martinsa-Fadesa ha llegado a la situación actual, aunque todavía, su presidente, Fernando Martín, y los directivos del consejo de administración creen que hay margen para la esperanza, que la compañía tiene "viabilidad". Con la mayor cartera de suelo de toda Europa, el concurso de acreedores llega en un momento álgido de la actividad inmobiliaria del grupo, que tiene en obras o fase de proyecto casi 47.000 viviendas repartidas por proyectos residenciales y bloques de pisos y apartamentos en España, media Europa y algunos países latinoamericanos. La empresa asegura que seguirá con las construcciones, al fin y al cabo lo que necesitan es dinero. De hecho los expertos aseguran que la salvación vendrá de las ventas pendientes, las cuales están valoradas en más de 450 millones de euros. Habrá que esperar y ver qué pasa.

Alertan a arquitectos de que falsear declaraciones de obra conlleva cárcel (La Opinión)

La Fiscalía detecta un repunte de falsificaciones de certificados en los que se presentan construcciones recién realizadas como si fueran antiguas
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Los fiscales no quieren permitir más argucias para burlar la política urbanística. Así, el área de Medio Ambiente del ministerio público ha lanzado un aviso claro y directo para los arquitectos, ingenieros agrícolas y aparejadores que rubriquen declaraciones de obra presentando una construcción ilegal recién ejecutada como si tuviera varios años de antigüedad: pueden dar con sus huesos en la cárcel.El caso es típico en numerosos pueblos de la provincia que han crecido a base de diseminados sobre parcelas rurales y da una idea de hasta qué punto muchos pequeños promotores han aguzado el ingenio para burlar la ley. "Un hombre no puede construir en su parcela, pero empieza a hacerlo sin solicitar la licencia de obra al consistorio en cuestión. Espera que no lo cojan, pero después acaba presentando al registro de la propiedad una declaración de obra nueva, junto al título de propiedad de la finca, firmado por un perito -habitualmente un perito agrícola, un aparejador o un arquitecto-. Se trata de demostrar que la construcción se ha desarrollado durante cuatro o cinco años o tiene esa fecha, todo ello con el objetivo de legalizar la obra", explica el ministerio fiscal.Ya han sido ´cazados´ varios de estos promotores y sus cooperadores gracias a testigos o a las fotos aéreas hechas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.Pero el horizonte penal de los profesionales que incurran en este delito se complica. Este ilícito se recoge en el Reglamento Hipotecario Urbanístico, una norma que a partir de ahora deberá ser interpretada de forma más dura. De esta forma, los profesionales que firmaban estas declaraciones de obra se enfrentaban únicamente a cuantiosas multas. Ahora, hay penas de cárcel que oscilan entre los tres y los seis años, multas e inhabilitaciones."Estamos hablando de algo muy grave, concretamente de falsedad en documento público, porque esa declaración de obra se inscribe, junto a otros documentos, en el registro de la propiedad, de forma que el profesional que hace la anotación lo da por bueno", relata la acusación pública.Así se elude el control del Ayuntamiento sobre el desarrollo urbanístico de su territorio y, por otro lado, las autoridades municipales no advierten esta manifiesta ilegalidad. "Estamos hablando de documentos de carácter oficial en los que el arquitecto dictamina que la obra de nueva construcción tiene más de cuatro o cinco años. Ahora estamos detectando numerosos casos de este tipo y el profesional puede verse ante una tesitura difícil", indica. Sólo en este año se han detectado veinte casos de este tipo, aunque según las estimaciones de la Fiscalía, "únicamente se registra la mitad de los que se dan en toda la provincia". Un caso típico. La Fiscalía de Málaga solicita una multa de seis meses a razón de treinta euros diarios para un arquitecto que certificó que una obra desarrollada en Vélez Málaga tenía una antigüedad superior a los seis años, "cuando consta que es de reciente construcción atendiendo al documento fotográfico que se incorpora y que revela que la misma comenzó en 2005, ejecutada además sin licencia ni autorización municipal".El certificado de obra fue entregado en el registro civil por los otros dos acusados, quienes de común acuerdo, según el fiscal, construyeron la vivienda unifamiliar aislada de unos 125 metros cuadrados en una finca de Iznate, concretamente en una parcela no urbanizable de especial protección, de forma que el 23 de noviembre de 2005 incorporaron el certificado presuntamente falso en la documentación del registro civil. Estos dos procesados se enfrentan a dos años de cárcel y a dos multas cuya suma final asciende a 10.800 euros.

Vía libre para construir en el único solar libre de Teatinos (La Opinión)

El Ayuntamiento aprobará un nuevo acuerdo para la zona de Bizcochero Capitán que permitirá construir 700 viviendas libres y 468 de protección
La única parcela sin edificar que queda en Teatinos perderá esta condición en breve. El Ayuntamiento llevará al pleno de este mes la aprobación definitiva de la modificación de elementos del PGOU para los terrenos de Bizcochero-Capitán, un suelo con 118.000 metros de edificabilidad, situado junto a la Ciudad de la Justicia. Se trata de la única parcela sin edificar que queda en Teatinos, ya que su desarrollo urbanístico ha estado bloqueado siete años.La modificación de elementos, que irá primero a la comisión de Urbanismo y después al pleno, permitirá posteriormente un desarrollo residencial de 1.068 viviendas, de las que 360 serán de VPO y las 700 restantes de renta libre. En 2001, el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga firmó un convenio con los propietarios de este suelo por el cual quedaban liberados de construir VPO y, en su lugar, podrían edificar 1.100 viviendas de renta libre a cambio de aportar unos 13 millones de euros de plusvalías al Ayuntamiento.El acuerdo fue impugnado por el grupo socialista al entender que era una operación "puramente especulativa y que favorecía claramente los intereses de los dueños del suelo". Finalmente, en octubre de 2003, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía aceptaba la impugnación del PSOE y dictaba una resolución anulando el convenio entre el Ayuntamiento y los promotores. A partir de ahí, el asunto estuvo bloqueado hasta el año 2006 en que el propio PSOE puso en marcha unas negociaciones que terminaron facilitando un acuerdo entre las partes que es el que ahora se aprobará.Ello ha permitido al concejal del PSOE, Sergio Brenes, señalar que, "gracias a nuestra participación, se consiguió que en este suelo se respetara la inclusión de VPO". El edil socialista insistió en que el acuerdo es una "muestra de que en cualquier parte de la ciudad es posible hacer VPO".

Diez ideas para el Thyssen (La Opinión)

Acciona. Proyecto de Iñaki Pérez de la Fuente. (Fotografía)

Más de una decena de prestigiosos arquitectos españoles, de la mano de la mayoría de las grandes constructoras, compiten por levantar la futura pinacoteca de los Bornemisza en la capital
Estampar su firma en el ambicioso proyecto de construir y diseñar un museo de alto nivel como el que el Ayuntamiento y Carmen Cervera proyectan en Málaga es una idea muy golosa para cualquier empresa constructora que se precie y para todo arquitecto que quiera enriquecer su currículum poniendo su nombre a un proyecto de estas características.De ahí que el concurso lanzado por el Consistorio, a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), para diseñar el futuro museo Thyssen-Bornemisza en la capital, haya concitado la presencia de las más potentes constructoras que, a su vez, han recurrido a prestigiosos arquitectos para el diseño urbanístico.Diez ideas. En estos momentos, los técnicos municipales, con el importante asesoramiento de Tomás Llorens, que durante 14 años ha sido el conservador jefe del museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, desmenuzan los diez proyectos presentados para seleccionar finalmente el que consideren más factible para Málaga y el entorno donde se quiere levantar el museo. Un espacio flanqueado a derecha e izquierda por dos bellas iglesias como son la del Cristo de la Salud y la de Sagrado Corazón, que actúan como marco perfecto que encuadre el edificio de la pinacoteca. Las empresas que han presentado ofertas son Sacyr, en unión con Fernández Molina, Obras y Servicios, que se ha aliado con el estudio de arquitectura de Fernando Pardo Calvo y Bernardo García Tapia, autores del proyecto de remodelación del Palacio de la Aduana. La empresa Aldesa Construcciones presenta un diseño con la firma de los arquitectos Isidro Gallego y Mota Cerezuela, que proyectan un hotel en la calle Victoria para la cadena Catalonia. La malagueña Construcciones Vera, en unión con Volconsa, se presenta de la mano del también arquitecto malagueño José Seguí, autor de la Ciudad de la Justicia y del pabellón de deportes de los Juegos del Mediterráneo de Almería.FCC ha confiado su proyecto al arquitecto malagueño Salvador Moreno Peralta, responsable, entre otras obras, de la rehabilitación del Parador de San Rafael.Ferrovial Agromán ha presentado una oferta con los arquitectos Jaime Lorenzo, Ignacio de las Casas y Agustín Benedicto, este último responsable del proyecto del futuro auditorio de música en el Puerto. Sando se ha unido a Construcciones San José para ejecutar el proyecto que diseñarían los arquitectos César Portela y Luis Machuca, este último autor de la nueva sede de la Diputación de Málaga. Construcciones Bonifacio Solís y Llabrés Feliú presentan su propuesta con los arquitectos mallorquines Luis García Ruiz, Jaime García Ruiz, Ángel Sánchez-Cantalejo y Vicente Tomás El estudio de arquitectura HCP, de Javier Higueras, autor, entre otros proyectos, del nuevo edificio sobre el antiguo Multicines América, acude junto a la unión de Dragados y Hexa. Las empresas Contrat, Hermanos Campano y OHL se han unido para presentar una oferta con el proyecto de Javier González García y Rafael Roldán, autores del anteproyecto del Thyssen. Por último, Acciona acude con una propuesta de Iñaki Pérez de la Fuente, uno de los autores de la remodelación de la calle Larios.

Denuncia contra la ex alcaldesa de Cártama por prevaricación (La Opinión)

La Fiscalía cree que otorgó licencias municipales de segregación para que se construyera en dos parcelas sin que los permisos fueran avalados por informes
La Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado una denuncia ante el Juzgado Decano de Málaga contra la ex alcaldesa de Cártama, Leonor García (Partido Popular), por un presunto delito cometido por ésta durante el ejercicio 2003, poco antes de perder la alcaldía a manos de José Garrido (PSOE). El ministerio público cree que incurrió en un supuesto ilícito de prevaricación.Según informaron a este periódico fuentes judiciales de toda solvencia, la Fiscalía considera que la ex regidora popular y actual portavoz del partido en el Consistorio "concedió licencias municipales de segregación con el objeto de que una particular pudiera construir en varias parcelas".Concretamente se trata de las parcelas ´176 a 178 del polígono 30´ de la localidad de Cártama. En principio, no tendría que haber habido ningún problema con la concesión de estas licencias municipales de segregación, lo que ocurre es que la Fiscalía de Málaga entiende que esos terrenos están considerados "por el ordenamiento urbanístico del municipio como zonas no urbanizables", siempre según las fuentes consultadas, y esos permisos se concedieron a una particular sin que "en ninguno de los casos estuvieran sustentados en informes técnicos ni jurídicos".De momento, la denuncia se ha interpuesto ante el Juzgado Decano de la capital, sede judicial que deberá turnarlo entre alguno de los diez órganos de instrucción que hay en la ciudad y que son competentes para investigar en Cártama, ya que esta localidad pertenece, al igual que otros municipios del Guadalhorce, al partido judicial de Málaga.Con esta denuncia, Leonor García se suma al amplio grupo de ediles, alcaldes y ex alcaldes investigados en Málaga por presuntos delitos urbanísticos entre los que se encuentran los de varios pueblos de la Axarquía (La Viñuela o Gaucín), Ronda, Tolox, Benalmádena, Manilva Sabinillas o Marbella."Beligerancia". La Fiscalía ha acusado en varias ocasiones tanto a la Junta de Andalucía como a los ayuntamientos de la provincia de "ser poco beligerantes" con el urbanismo y recuerda en su memoria que las denuncias interpuestas por la Consejería de Obras Públicas han descendido de 89 a 23 entre 2006 y 2007.En este sentido, por delitos contra la ordenación del territorio se abrieron el pasado ejercicio 238 diligencias de investigación y la propia Fiscalía distingue dos supuestos: "En el litoral, la mayoría de los delitos cometidos consisten en prevaricaciones urbanísticas; por otro lado, comienzan a aparecer sin embargo denuncias contra los municipios del interior, también por prevaricación". Además, los acusadores insisten en "la falta de colaboración de muchos municipios amparándose en los pocos medios de los que disponen".

Fuengirola pretende crear su propio régimen de VPO para bajar los precios (SUR)

Oña considera «enormemente costoso» el módulo que establece la Junta y asegura que las viviendas protegidas se podrían abaratar hasta un 50% . Familias adjudicatarias de Los Pacos tienen problemas para comprar los pisos

En el Ayuntamiento de Fuengirola no están dispuestos a que se repitan situaciones como las que están viviendo algunas de las familias adjudicatarias de las 102 VPO de Los Pacos, que se están encontrando con problemas para adquirir la vivienda con la que resultaron agraciados en el sorteo del pasado 18 de junio debido a su elevado coste. El metro cuadrado útil sale por 1.743 euros, tal y como establece el módulo de vivienda protegida marcado por la Junta de Andalucía, de forma que hay pisos que, con el garaje y el trastero, rondan los 170.000 euros. Ante este panorama, el Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de crear su propio régimen de vivienda protegida. «Si la ley nos lo permite, vamos a intentar gestionarlo todo nosotros», asegura la alcaldesa de la ciudad, Esperanza Oña, quien anade: «El módulo que establece la Junta es enormemente costoso, más que el metro de este Ayuntamiento. Por ello, si logramos tener un régimen municipal, no haremos ninguna VPO más porque podremos promover viviendas protegidas a mitad de precio». Así, el proceso consistiría en sacar a concurso la construcción de las viviendas sin la catalogación de VPO por un precio del metro cuadrado bastante inferior a las establecidas en el módulo oficial.En este sentido, cabe recordar que Fuengirola se encuentra entre los 41 municipios andaluces en los que las viviendas protegidas tendrán un precio hasta un 15% más elevado que en el resto de localidades, según se contempla en una orden del Ministerio de Vivienda por la que se declaran los ámbitos territoriales de precio máximo superior para 2008. El objetivo de esta medida es garantizar la rentabilidad de su construcción a los promotores ante la coyuntura de los costes y del mercado de la vivienda libre.

Los otros 'ladrillazos' (SUR)

Una treintena de empresas de la construcción han presentado suspensión de pagos en Málaga en el primer semestre del año. Los expertos advierten de que lo peor está por venir y esperan una «avalancha» de casos tras el verano

LAS AFECTADAS
Empresas cuyo nombre ha trascendido tras acogerse a la ley:

Jale: Tenía actuaciones en los municipios del litoral y también en localidades como Alhaurín de la Torre.

Cogilco: La promotora ha dejado colgada una promoción en Torremolinos y proyectos en Benalmádena.

Seop: Dejó un total de siete promociones paralizadas.

Prodicasa Construcciones: Almogía y la franja litoral.

Valsan: La capital y el litoral. Martinsa: Tenía previstas 2.500 viviendas en Manilva y proyectos comerciales en Antequera.

El sonoro desplome protagonizado esta semana por Martinsa-Fadesa -buque insignia de las inmobiliarias españolas- le ha puesto cara a un realidad que en los últimos meses se propaga como la pólvora en muchos lugares del país como consecuencia de la crisis económica internacional: la de las empresas vinculadas al mundo del ladrillo que presentan suspensión de pagos y se acogen a la ley concursal para hacer frente a sus deudas.Málaga no es ajena a esta situación. Según los datos recopilados por este periódico de distintas fuentes, alrededor de una treintena de empresas relacionadas con el ladrillo han presentado un concurso voluntario de acreedores en la provincia durante el primer semestre del año. Ello supone casi la mitad de las suspensiones de pagos y quiebras que se han presentado ante el juzgado de lo Mercantil durante este periodo. Un fenómeno que ya se ha bautizado como el 'ladrillazo'. Jale, Seop, Cogilco, Valsan, Prodicasa Construcciones, la delegación malagueña de la agencia inmobiliaria Viva States, además de la mencionada Martinsa -con importantes intereses en la provincia-, son algunos de los nombres que han trascendido de esta lista negra. Empresas medianas y pequeñas que se han visto obligadas a echar el cierre ante la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones y la falta de liquidez en esta época de vacas flacas. «Es imposible dar una cifra, pero los que estamos trabajando todos los días en el sector sabemos que esta situación se está produciendo», señaló Ignacio Díaz, secretario del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop). Esta misma semana, dicha patronal del sector reconoció durante su asamblea anual, celebrada en Málaga, que en Andalucía se producen cada mes entre diez y quince suspensiones de pago. «Mientras más limiten las entidades financieras la concesión de dinero, tanto a los empresarios como a los compradores, la situación se agravará más», subrayó Díaz.

Efecto dominó

Este fenómeno está generando un efecto dominó. La mayoría de estas firmas se dedican a la construcción de viviendas por diversos puntos de la provincia, fundamentalmente en los municipios de la franja litoral, por lo que los primeros afectados están siendo los compradores que ven como las promociones no se concluyen o se retrasan. Una situación que les lleva a tener que esperar las decisiones que tomen los administradores concursales (quienes se hacen cargo o vigilan la gestión de la empresa). No hay cifras oficiales, pero las estimaciones, apuntan a que son cientos los afectados. Asimismo, se están quedando en la estacada aquellas otras empresas que fueron subcontratadas por las que han quebrado. Y, por último, los trabajadores que están perdiendo sus empleo. Las cifras de las estadísticas oficiales son claras: en un año (de junio de 2007 al mismo mes de 2008) el volumen de desempleados de la construcción registrados en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga ha crecido en 8.726 personas.A ello se unen las empresas que en los últimos años, al calor del 'boom' del ladrillo, vinieron a Málaga para participar en el reparto de la tarta inmobiliaria y que ahora se están marchando o aquellas que están vendiendo parte de su patrimonio para tener liquidez. Una de ellas es Evemarina que hace unos meses puso a la venta un hotel en construcción en Casares para paliar la falta de liquidez.

El antecedente del 93

Un escenario que constata Juan Moreno, secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), quien apuntó que algunas empresas, «que aprendieron de la crisis de los noventa», están poniendo en práctica actuaciones como la de dejar de ganar parte de sus beneficios e incentivar la compra para hacer caja y tener liquidez. «Ahora es un buen momento para comprar por dos motivos. El primero es que las viviendas no van a bajar de precio como algunos creen. El segundo es que cuando pase este bache los precios volverán a subir», dijo. Pero la cosa no queda ahí porque a juicio de los expertos, lo peor está por venir. Las fuentes consultadas coinciden en señalar que tras el verano «se espera una avalancha» de casos de empresas que se acogerán a la ley concursal. Los despachos profesionales especializados en estos asuntos «están colapsados», según apuntaron.La Ley Concursal prevé que a ésta se puedan acoger de dos maneras: una voluntariamente por los propietarios, en cuyo caso éstos pueden seguir gestionando la firma pero con la vigilancia de un administrador; y cuando no es voluntaria, sino que a instancias de un acreedor se nombra uno y varios administradores de la empresa. Sobre la situación en la que quedan los compradores de una vivienda, la organización de consumidores Facua recordó estos días que la ley ampara a los adquirientes. Así, tienen derecho a que si finalmente las casas no son entregadas, pueden reclamar la devolución de la totalidad del dinero entregado a cuente más el interés legal del dinero. Además, pueden ponerse en contacto con la administración concursal de las empresas afectadas para que les oriente sobre lo que va a ocurrir.