Nueva denuncia conjunta de clientes del Grupo Mirador contra los hermanos Faura por “estafa y apropiación indebida” en Vélez-Málaga (El Observador)

Los afectados han pagado entre 32.000 y 49.000 euros por una promoción que aún carece de licencia y cuyos terrenos están embargados por la Agencia Tributaria
11/09/08. Urbanismo. El Juzgado de Instrucción nº 14 de Málaga ha abierto diligencias previas contra Enrique y Leopoldo Faura de la promotora Grupo Mirador tras una nueva denuncia conjunta presentada contra ellos por varios clientes que les acusan de “apropiación indebida, estafa, delito contra la Hacienda Pública y contra el Patrimonio “, según consta en el escrito sellado al que ha tenido poder EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. Los denunciantes entregaron cantidades de dinero que oscilan entre los 32.000 y los 49.000 euros para una vivienda en la promoción Mirador de la Fortaleza, en Vélez Málaga. Las obras de dichas viviendas no han comenzado, ni siquiera se han iniciado, todavía no hay licencia de obras y las parcelas donde se iba a levantar la construcción están embargadas por la Agencia Tributaria “por un importe de 4.713.451 euros”, subraya la denuncia.VARIOS son los supuestos delitos sobre los que tendrán que responder los hermanos Enrique y Leopoldo Faura como administrador único y apoderado respectivamente de las empresas Mirador de la Fortaleza y Sherry Mirador -ambas parte de la promotora Grupo Mirador- después de que se haya incoado la denuncia presentada el pasado 24 de junio, entre ellos el de apropiación indebida, estafa, delito contra la Hacienda Pública y delito contra el Patrimonio.EN dicho escrito, en manos de EL OBSERVADOR, seis clientes que han desembolsado cantidades que oscilan entre los 32.000 y los 49.000 euros, denuncian “que exigieron la devolución de las cantidades por ellos entregadas no haciendo los acusados devolución de cantidad alguna (…) La falta de cumplimiento de las obligaciones legales resulta más grave aún, si consideramos que las obras de la promoción no han sido concluidas, ni siquiera iniciadas, careciéndose a día de hoy de licencia de obras”.TRAS destacar que las sociedades Mirador de la Fortaleza y Sherry Mirador están “desde 2005 fuera de control contable” (el último depósito presentado en el Registro Mercantil es de 2004), la denuncia apunta a que “otro hecho agrava la pésima situación que enfrentan los denunciantes: las fincas donde se proyectaba la promoción se encuentran embargadas por la Agencia Tributaria (…) por un importe total de 4.713.451 euros”.EN esta misma línea la denuncia apunta la comisión de un posible “delito contra la Hacienda Pública” debido a una “más que probable falta de ingreso en Hacienda de las cantidades recibidas anticipadas e indebidamente en concepto de IVA”.POR último, el documento deja constancia de que los denunciantes “han requerido telefónicamente en numerosas ocasiones y han acudido en repetidas ocasiones a las oficinas del grupo Mirador. Todas las visitas y solicitudes han sido inútiles, pues los Sres. Faura han ignorado sistemáticamente a los compradores, asegurando a estos que el inicio de las obras era inminente porque la obtención de licencias también lo era”.COMO en anteriores ocasiones, esta revista trató de obtener por teléfono y a través del correo electrónico de la compañía algún tipo de declaración de Enrique Faura o de otro responsable de la empresa para que apareciera en esta información, pero de nuevo, nuestra petición fue ignorada. LA promoción Mirador de la Fortaleza sigue anunciándose en la página web de Grupo mirador con algunas de las infografías que ilustran este artículo.EL grupo empresarial presidido por Enrique Faura ha visto como en meses varios de sus proyectos quedaban en la cuerda floja a merced de decisiones judiciales o administrativas. Al hotel La Perla de Benalmádena se le ha retirado la licencia de construcción que le concedió el anterior alcalde, Enrique Bolín; la finca de Cortijo Jurado, donde se ha anunciado un hotel de lujo, tiene abandonadas las obras desde hace más de un año e IU ha solicitado la reversión a titularidad pública; centenares de clientes han puesto su caso en manos del Defensor del Ciudadano y de los abogados porque las casas que están pagando no se han empezado a construir, como es caso de Mirador de la Fortaleza en Vélez, o no se han construido como debieran, como alegan los compradores de Fuente de Piedra.

Cines con mal cartel (SUR)

Cuatro años después de las últimas proyecciones de películas en el Astoria, Victoria y Andalucía, sus respectivos edificios no han sido reemplazados y ofrecen un imagen de abandono en pleno centro turístico de la ciudad
Es la estampa con la que se encuentran los visitantes que suben por la calle Alcazabilla camino de la plaza de la Merced y la que se observa desde los vehículos que salen o entran en el túnel de la Alcazaba. Cuatro años después de que los cines Andalucía, Astoria y Victoria cerraran sus puertas y dejaran atrás una dilatada trayectoria cinematográfica en el casco antiguo de la ciudad, sus respectivos edificios no han sido reemplazados y muestran los síntomas propios de los inmuebles clausurados y que tienen como destino cierto su derribo para dejar paso a nuevas construcciones. Numerosos carteles de conciertos y otra serie de eventos lúdicos pueblan la fachada de estos antiguos cines y ofrecen una imagen de deterioro en pleno centro turístico de Málaga.Como suele ser habitual en estos casos, la demora de diferentes procesos administrativos está detrás de esta situación, aunque cada caso reúne una serie de circunstancias particulares. El conjunto que forman los edificios de los antiguos cines Astoria y Victoria, en la plaza de la Merced, va a ser derribado para dar paso a una promoción de 60 viviendas de lujo cuyo proyecto se encuentra actualmente en un momento de incertidumbre. La promotora de los pisos, Baensa, firmó un convenio con el Ayuntamiento para destinar 1.372 metros cuadrados de la entreplanta del futuro inmueble a sala de exposiciones de la Fundación Picasso-Museo Casa Natal. Además, según ese acuerdo, la promotora tenía que invertir 900.000 euros para la mejora de la pavimentación en la plaza de la Merced y la renovación urbana de las calles Nicasio Calle, Moreno Monroy y Fresca.

Más superficie

A cambio, el Consistorio se comprometió a tramitar una modificación del planeamiento urbanístico para dar más superficie construida a la promoción de viviendas, que pasaría de tener una altura de planta baja más tres y ático, a planta baja más cinco y ático.Sin embargo, esta modificación se ha topado con la negativa inicial de la Consejería de Cultura, que debía emitir un informe vinculante al respecto. El equipo de gobierno municipal trabaja ahora en hacer cambiar la postura de la Junta de Andalucía que, según fuentes consultadas por este periódico, ha criticado que la información sobre el proyecto le llegó tarde e incompleta.Mientras tanto, el promotor, que lleva tres años con la construcción parada a la espera de que se resuelvan los trámites para hacer posible el convenio que firmó con el Consistorio, no descarta anularlo y seguir adelante con la edificación de los pisos como estaba previsto inicialmente, sin dejar el espacio para la Fundación Picasso ni contribuir económicamente a la mejora de la plaza de la Merced y otras calles del Centro. No obstante, debido a que así lo indica la normativa urbanística, no puede demoler los antiguos cines hasta que no obtenga la licencia para las viviendas. Por ello, hasta entonces, seguirán ejerciendo como vallas publicitarias y se agravará su deterioro por su desuso.Es el mismo futuro que espera por el momento al edificio del antiguo cine Andalucía, situado al otro lado de la calle Victoria. En este caso, su sustitución está pendiente de que se resuelva un recurso judicial que sus propietarios presentaron contra la decisión municipal de expropiarlo para convertirlo en un equipamiento social o cultural. Por ello, el procedimiento para determinar qué pasará finalmente con la edificación puede demorarse aún varios años.La empresa Unión Cine Ciudad fue la que presentó el citado recurso a finales del año pasado para oponerse a la expropiación forzosa. Ese proceso judicial se encuentra todavía abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, según fuentes consultadas, puede durar un año o más.

Ocho años

Hace ocho años que el Ayuntamiento inició los trámites para que el Cine Andalucía pasara a tener uso público. Hace cuatro años, ese proceso se interrumpió porque aceptó la propuesta de los propietarios para construir en su lugar un hotel de cuatro estrellas. Sin embargo, este proyecto no llegó a fructificar.El Consistorio ha barajado varios usos para este cine. Se ha llegado a plantear como posible sede del museo del cine o del museo del historia de la ciudad, que inicialmente se planteó en el Palacio de Villalón, ahora lugar para el museo Thyssen. No obstante, tampoco se descarta que pueda tener un uso deportivo o social, ante la escasez de ese tipo de instalaciones en el Centro.

El IMV saca a concurso la inspección de viviendas del Ayuntamiento

La adjudicataria velará por que los pisos sean ocupados por las personas a las que se asignaron
El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) acaba de sacar a concurso el contrato para la inspección de las barriadas integradas por viviendas públicas de titularidad municipal. El presupuesto del servicio asciende a casi 600.000 euros y su extensión es de tres años. La principal tarea a desarrollar por el adjudicatario, que sustituirá a Inspecciones Fernando Martí, será controlar e informar de las ocupaciones ilegales que suelen producirse en este tipo de promociones, así como inspeccionar su estado."Una de las finalidades es asegurarnos de que las casas son ocupadas de forma correcta, que éstos se comporten adecuadamente y que no vivan en los pisos más gente que la que debe", señaló el gerente adjunto del IMV, José María Cerezo, quien alude a casos en los que los propios adjudicatarios alquilan los pisos o las permitan por otras.

Urbanismo insiste en que el caserón de Las Virreinas no tenía gran valor (La Opinión)

El caserón de Las Virreinas, construido a principios del siglo XX, no tenía valor arquitectónico suficiente para su protección. Así lo afirma el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, quien asegura que el informe realizado por la Gerencia en el año 2000 "era una consulta sin valor vinculante". Díaz insistió en que para realizar la protección de un edificio "hay que plantear argumentos de peso que lo justifiquen", algo que en su opinión no se cumplía en este antiguo palacete de inspiración colonial.El concejal destaca que el informe realizado por una técnico de Urbanismo ponía de relieve el mal estado en que ya se encontraba cuando pasó a propiedad municipal, "que era casi ruinoso". "Se preguntó de oficio sobre la conveniencia de la protección y el mismo técnico decía que faltaban elementos por el saqueo al que fue sometido", afirmó Manuel Díaz.El estudio técnico del departamento de Arquitectura de la Gerencia Municipal de Urbanismo, elaborado el 17 de octubre del año 2000, proponía "la inclusión del edificio en el Catálogo de Edificios con protección arquitectónica, debido al interés de los elementos arquitectónicos que todavía se aprecian en el edificio". Al mismo tiempo, detallaba los elementos que estaban en mal estado por los saqueos al que había sido sometido durante los años anteriores.Manuel Díaz manifestó que la decisión de demoler el edificio se tomó a partir del peligro de seguridad que representaba ante el riesgo de desprendimientos y accidentes. Además, añadió que la rehabilitación del caserón "era una opción mucho más cara que la reconstrucción".Sobre la posibilidad de volver a reedificar el palacete, Manuel Díaz aseguró que ya están redactando el proyecto básico de esta obra, para lo que se realizaron los planos detallados de toda la estructura. En este sentido, recalcó que se reproducirá estrictamente lo que había y se apoyarán en fotografías para conseguir una copia fiel del antiguo caserón de Las Virreinas."Cuando se termine el proyecto básico, que está muy avanzado, buscaremos el encaje presupuestario para hacer la obra, en función de lo que cueste", indicó el concejal de Urbanismo, quien no quiso dar un plazo hasta no tener este trabajo terminado.Moción. El viceportavoz de IU, Antonio Serrano, adelantó ayer que presentará una moción en el pleno donde se pedirá al equipo de gobierno que se comprometa a la reconstrucción fiel del caserón de Las Virreinas en un plazo cercano "y que no se olvide este proyecto, como ha ocurrido durante los últimos ocho años".Serrano, quien se mostró muy crítico con Urbanismo por obviar el informe que planteaba la protección del palacete, subrayó que en la moción pedirá que el Ayuntamiento se comprometa a asegurar el uso social y de equipamientos en esa parcela y en el futuro palacete reconstruido: "Será una forma de evitar las tentaciones del equipo de gobierno sobre la posible especulación en esta parcela". En este sentido, el concejal de IU planteó la posibilidad de que acoja talleres de empleo para la zona, "que se encuentra con muchos problemas de paro y de marginación".Serrano señaló que sí se podría plantear el permiso para construir algún edificio anexo al futuro inmueble "siempre que esté vinculado a un uso social y de equipamientos".

El Gobierno ultima un plan que doblará las inspecciones a obras (La Opinión)

La iniciativa del Ejecutivo permitirá que la plantilla de la Inspección de Trabajo se multiplique por dos, con lo que el departamento alcanzaría los 48 efectivos. Sólo falta que se publique la convocatoria de las oposiciones, lo que podría ocurrir a finales de 2008 o principios de 2009
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA La construcción sigue inmersa en su particular ´frenazo´ y, a pesar de que en la provincia hay menos obras desde hace meses, las muertes en el tajo continúan siendo una realidad incómoda. Sin ir más lejos, en el último mes han fallecido tres trabajadores del sector por fallos en las medidas de seguridad. Para acabar con la impunidad en la que se amparan muchas empresas, el Gobierno está ultimando un plan que permitirá duplicar las visitas que realizan los inspectores de Trabajo a los tajos de la provincia.Esta iniciativa permitirá que aumente considerablemente el número de funcionarios dedicados a estas lides. En concreto, ahora hay 22 inspectores en Málaga, mientras que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero prevé incrementar la plantilla provincial en otros 26 expertos en este área, con lo que se alcanzaría la cifra de 48, según se refleja en un documento al que ha tenido acceso a este periódico.Los nuevos funcionarios tendrán la categoría de subinspectores, lo que en el plano práctico no supone una gran diferencia, ya que su capacidad para realizar inspecciones e imponer sanciones es la misma de la que gozan los inspectores.La decisión está tomada y no hay marcha atrás, pero aún habrá que esperar a que se realice la convocatoria pública de oposiciones, lo que podría ocurrir a finales del presente año o al inicio de 2009.Para apoyar la labor de los 22 inspectores de Trabajo que desarrollan su actividad en Málaga, la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía creó un cuerpo de técnicos en Salud Laboral. A pesar de que en la provincia hay cinco personas que se dedican a este cometido, su papel es meramente testimonial, puesto que no tienen capacidad para sancionar. Lo único que pueden hacer es recomendar a la empresa de turno que mejore las medidas de seguridad.El cerco que se quiere levantar alrededor de la siniestralidad laboral es cada vez más elevado: se han endurecido las penas; se ha creado una Fiscalía especializada en el asunto; las medidas de seguridad mejoran continuamente y las campañas de concienciación entre sindicatos y empresarios son continuas. Sólo quedaba aumentar los inspectores de Trabajo, una demanda histórica de los sindicatos.Por eso estaba ayer tan satisfecho el secretario provincial de UGT, Manuel Ferrer, quien indicó lo siguiente: "La llegada de los subinspectores es una gran noticia, porque significará la presencia real de más personas en la calle controlando las obras. A nivel de control tienen las mismas competencias que los inspectores, tanto para detener una obra si detectan alguna falta de seguridad como para proponer sanciones".Ferrer no quiso pronunciarse sobre si el incremento de la plantilla es suficiente para combatir los accidentes en el tajo, apreciación que no quiso ahorrarse su homólogo en CCOO, Antonio Herrera, quien explicó: "Es positivo que vengan más funcionarios para hacer esto, pero está muy por debajo de las expectativas que debe cubrir la Inspección Laboral en la lucha contra la siniestralidad y la economía sumergida". Herrera propone que se estudie cuáles son las necesidades reales de la provincia en salud laboral, de forma que, una vez que exista un diagnóstico, la plantilla se incremente en la proporción acordada.El líder de CCOO también hizo un llamamiento para que aquellos que realicen obras en su casa implementen todas las medidas de seguridad que exige la ley.

Condenan a un año de prisión a José Luis Sierra por ´Belmonsa´ (La Opinión)

Ha sido considerado culpable de prevaricación urbanística en relación con una licencia ilegal en Marbella. Será inhabilitado como asesor jurídico municipal
EFE. MÁLAGA El abogado José Luis Sierra ha sido condenado a la pena de un año de prisión por el ´caso Belmonsa´, relativo a la concesión de una licencia ilegal en Marbella, al ser considerado culpable de un delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.Según la sentencia, Sierra tendrá que hacer frente también a la pena de inhabilitación especial para ejercer como asesor jurídico municipal.El juzgado de lo Penal número 7 de Málaga ha decidido también declarar la nulidad de la licencia de obra mayor concedida a Belmonsa en Marbella.En el escrito se hace referencia a que Sierra emitió un informe verbal en el que afirmaba la viabilidad legal de otorgar la licencia solicitada por Belmonsa al adecuarse a los parámetros urbanísticos establecidos en el documento de revisión del PGOU, que se estaba elaborando por la entidad Planeamientos 2000, de la que entonces era gerente Juan Antonio Roca.Según los hechos probados, en la comisión de gobierno de diciembre de 1997 se acordó por unanimidad de sus componentes otorgar la licencia al proyecto siguiendo las determinaciones que efectuó Julián Muñoz desde su cargo como alcalde.Con la licencia que se otorgó se culminó un proceso para favorecer económicamente a la promotora Belmonsa, que se había iniciado incluso antes de que se constituyese como persona jurídica, refleja la sentencia.La pena de un año de prisión impuesta a Sierra ratifica la petición de la Fiscalía, aunque él en su declaración negó haber informado favorablemente para la concesión de la licencia y acusó a los ex ediles de mentir. En este mismo caso, el ex alcalde Julián Muñoz y tres ex concejales del GIL se conformaron con un año de cárcel y 18 años de inhabilitación, mientras que Juan Antonio Roca aceptó una pena de nueve meses de prisión, por lo que sólo continuó el juicio para Sierra, que no alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público y las acusaciones.Roca deberá cumplir también cinco años de inhabilitación y pagar una indemnización de 2,4 millones de euros, al admitir el delito de tráfico de influencias del que se le acusaba, y en el caso de no abonar dicha cuantía económica tendrá que cumplir otro mes más de cárcel.Además de Muñoz, los ex ediles Mario Jiménez, Rafael González y Manuel Calle se conformaron con una condena de un año de prisión y 18 de inhabilitación para el cargo de concejal por los delitos de prevaricación genérica y contra la ordenación del territorio, con lo que se rebaja a la mitad la pena de cárcel que solicitaba inicialmente para ellos la Fiscalía.Por su parte, el ex edil José Marino Pomares ha aceptado una condena de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, mientras que el que fue primer teniente de alcalde de Marbella Pedro Román y la ex concejal Marisa Alcalá se han conformado con una pena de ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

La empresa pública Provise fomentará los alquileres en Benalmádena (La Opinión)

Los propietarios recibirán 6.000 euros en subvenciones, mientras que los inquilinos se ahorrarán un 40%
C. V. BENALMÁDENA El concejal de Promoción de Viviendas Sociales, Francisco Artacho, y el gerente de la empresa municipal de promoción de VPO Provise, José Moreno, presentaron ayer la puesta en marcha de la Agencia Local de Fomento del Alquiler en Benalmádena para impulsar la cesión de viviendas de alquileres a bajo coste para personas sin recursos."Ante la dificultad de acceso a una vivienda digna de toda la población benalmadense, hemos decidido constituir Provise como Agencia de Fomento del Alquiler, tras recibir la correspondiente aprobación de la Junta de Andalucía", informó Artacho, que explicó que el objetivo de esta agencia es tratar que los propietarios de viviendas desocupadas las cedan para alquileres a precios bajos a cambio de ayudas y subvenciones.El gerente de Provise indicó que los propietarios recibirán una ayuda de 6.000 euros, a cambio de comprometerse a tener alquilada la casa durante un periodo de cinco años, y los inquilinos se ahorrarán hasta un 40 por ciento con respecto al precio habitual. "El registro de demandantes de viviendas se encuentra en 1.692 solicitudes y el 70% de éstas corresponden a menores de 35 años" señaló Moreno.

Autorizan el primer hotel de cinco estrellas del municipio. Antequera (La Opinión)

Las obras se iniciarán en 2009 y está previsto que el nuevo complejo turístico rural se ponga en marcha en 2010
L. S. ANTEQUERA El pleno del Ayuntamiento de Antequera dará luz verde en la tarde de hoy al proyecto de actuación del primer hotel rural de cinco estrellas de la localidad. La ejecución viene de la mano del grupo Antequera Golf, tras la rehabilitación de un convento del siglo XVI ubicado en una parcela de olivos conocida como finca La Magdalena.La aprobación de la primera fase del proyecto por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía permitió iniciar la rehabilitación de los frescos y dependencias de la sede religiosa, que contará, tras su completa reforma, con un total de 19 habitaciones, nueve de las cuales serán tipo suite. "Esta zona, calificada como la parte antigua del hotel, también acogerá los locales de restauración, y esperamos concluirla para el primer trimestre de 2009", detalló el director general del grupo, Eduardo Ferre. A esta fase de rehabilitación se suma la construcción de un segundo inmueble contiguo al convento que acogerá un total de 61 habitaciones. Según detalló Ferre, la intención del grupo es poder iniciar las obras como muy tarde para principios de 2009, con la idea de inaugurar todo el complejo el próximo año 2010. Las dependencias se complementarán con zonas deportivas destinadas a la práctica del fútbol. Ahora, el pleno antequerano aprobará todo el proyecto, que sólo está pendiente de obtener licencia de obra para la ejecución del segundo inmueble.

Chaves anuncia rebajas fiscales y más medidas contra la crisis (La Opinión)

Facilitará la compra de vivienda a jóvenes y discapacitados y comprará suelo a los ayuntamientos para VPO. Promete todas las iniciativas que sean precisas
EFE. SEVILLA El presidente andaluz, Manuel Chaves, anunció ayer que a las "más de 40 medidas" adoptadas por la Junta contra la crisis económica se añadirán en próximas fechas nuevas actuaciones, tanto en el ámbito tributario -con rebajas fiscales- como en vivienda, construcción, empresas, empleo e infraestructuras.Chaves defendió la posición del Gobierno andaluz en el debate general que se celebró ayer en el Parlamento andaluz. "Hemos adoptado más de 40 medidas. Y añadiremos las que sean necesarias según lo exija la evolución de las circunstancias", subrayó Chaves.Tras aclarar que para superar la crisis se exigen instrumentos que no están al alcance de la comunidad, aseguró que, pese a todo, la Junta está haciendo "todo lo que está en nuestras manos para minimizar su impacto".Entre las medidas fiscales avanzadas por Chaves está la deducción del 100 por ciento, hasta el 31 de diciembre de 2009, en el impuesto de actos jurídicos documentados para menores de 35 años o discapacitados que adquieran su vivienda habitual, y que esta tenga la calificación de protegida o un precio menor a 180.000 euros.La Junta planteará también a partir del 1 de enero de 2009 una deducción en el IRPF del 15% de las cantidades satisfechas a la Seguridad Social en conceptos de cuotas por cuenta del empleador por las personas empleadas en el servicio del hogar, en el caso de familias monoparentales o en la que los cónyuges o parejas de hecho trabajen fuera de casa.En materia de vivienda, la Junta hará una oferta pública de adquisición de suelo para la protegida en los municipios con mayor demanda; modificación del coeficiente de habitabilidad de estas viviendas; la reducción de plazos y trámites administrativos en los planes urbanísticos; y 200 millones para la rehabilitación dirigidos a los municipios afectados por la crisis constructora.Críticas. El presidente del grupo popular, Javier Arenas, acusó a Chaves de utilizar, junto al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una estrategia de engañar a la sociedad por cuestiones partidistas. Tras recordarle que hasta el 29 de mayo no reconoció la existencia de la crisis, aseguró que el Gobierno andaluz está confundido pese a que ahora quiera reabrir su estrategia con propuestas repetidas.El portavoz de IU, Diego Valderas, que acusó también a la Junta de haber tardado en reaccionar, recordó a Chaves que la obligación de los gobiernos es la de intervenir en la economía y que tiene una oportunidad de reorientar el modelo económico.

Benalmádena creará una bolsa de viviendas en alquiler para jóvenes y familias con dificultades (SUR)

Los propietarios de pisos desocupados recibirán 6.000 euros si se comprometen a arrendarlos durante cinco años La mayoría de los demandantes son menores de 35 años

La empresa municipal Provise ya se ha constituido oficialmente como agencia local de fomento del alquiler, lo que se traducirá en la creación de una bolsa de viviendas destinadas a las familias con menos recursos económicos. El objetivo de esta entidad, homologada por la Junta de Andalucía, es tratar que los propietarios de inmuebles que se encuentren desocupados los saquen al mercado del alquiler a precios bajos a cambio de ayudas y subvenciones. De este modo, tal y como detalló el gerente de Provise, José Moreno, «los propietarios que accedan a ceder sus viviendas para esta modalidad de alquiler recibirán una ayuda de 6.000 euros, a cambio de comprometerse a tener alquilada la casa durante un periodo de cinco años». Con una parte de este dinero, los participantes en esta bolsa de pisos tienen la posibilidad de abonar un seguro que les cubriría en casos de impago del inmueble durante doce meses o de hipotéticos daños derivados de actos vandálicos.En este sentido, el concejal de Promoción de Viviendas Sociales, Francisco Artacho, subrayó que la intención es «lograr que todas esas viviendas vacías pasen a esta fórmula de alquileres baratos para ayudar a mitigar el problema del acceso a la vivienda y garantizar un hogar digno para todos los benalmadenses».

Ahorro

Pero esta iniciativa no sólo beneficiará a los arrendadores; también a los inquilinos, ya que la Junta de Andalucía otorga subvenciones tanto a los particulares que ceden las viviendas como a las personas que optan al alquiler, que podrán ahorrarse hasta un 40% en relación a los precios de mercado. «A la hora de acceder a estas bolsas de alquiler, la Junta marca como prioritarios los sectores en situaciones sociales más desfavorecidas, como son los menores de 35 años, víctimas de malos tratos o terrorismo, discapacitados, familias monoparentales y mayores de 65 años. En nuestro caso, estos baremos se ajustan a las peticiones que hemos recibido por el momento, ya que el 70% de los demandantes de viviendas sociales en Provise son menores de 35 años», aclaró Moreno.

Un juzgado condena a Sierra a un año de cárcel por la licencia ilegal a Belmonsa. Marbella (SUR)

El abogado, durante años defensor de Jesús Gil y Gil, recurrirá la sentencia que lo acusa de informar favorablemente para la concesión del permiso

El abogado José Luis Sierra, durante años defensor de Jesús Gil y Gil e imputado en el caso 'Saqueo', ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal 7 de Málaga a un año de prisión por el 'caso Belmonsa' conocido así por la concesión de una licencia ilegal a dicha empresa en 1997, con Julián Muñoz como alcalde, para la construcción de un edificio de doce plantas en suelo calificado por el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 como zona verde y viario público. El letrado, que también ha sido inhabilitado para ejercer como asesor jurídico municipal, ha sido condenado por un delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística. Sierra anunció ayer a SUR que recurrirá el fallo judicial.El juzgado, que ha declarado la nulidad de la licencia de obra mayor concedida a Belmonsa, lo acusa de informar favorablemente al adecuarse a los parámetros urbanísticos establecidos en el documento de revisión del PGOU, que se estaba elaborando por Planeamientos 2000, de la que era gerente Juan Antonio Roca. Sierra, que compartió banquillo con Roca, Muñoz y tres ex concejales del GIL que llegaron a un acuerdo previo con la Fiscalía, negó que informara sobre la licencia acusando a los otros procesados de mentir sobre este punto. El ex alcalde y los ex ediles se conformaron con un año de cárcel y 18 años de inhabilitación, mientras que Roca aceptó una pena de nueve meses de prisión.

La empresa municipal Provise crea una bolsa de casas en alquiler para jóvenes. Benalmádena (SUR)

La empresa municipal Provise ya se ha constituido oficialmente como agencia local de fomento del alquiler, lo que se traducirá en la creación de una bolsa de viviendas destinadas a las familias con menos recursos económicos. El objetivo de esta entidad, homologada por la Junta de Andalucía, es tratar que los propietarios de inmuebles que se encuentren desocupados los saquen al mercado del alquiler a precios bajos a cambio de ayudas y subvenciones. De este modo, tal y como detalló el gerente de Provise, José Moreno, «los propietarios que accedan a ceder sus viviendas para esta modalidad de alquiler recibirán una ayuda de seis mil euros, a cambio de comprometerse a tener alquilada la casa durante un periodo de cinco años». Con una parte de este dinero, los participantes en esta bolsa de pisos tienen la posibilidad de abonar un seguro que les cubriría en casos de impago del inmueble durante doce meses o de hipotéticos daños derivados de actos vandálicos.

Los daños en la estructura, principales deficiencias detectadas en los análisis (SUR)

Los propietarios tienen un plazo de tres meses para solicitar la licencia de las obras de reparación una vez que Urbanismo les notifique su resolución

De los 57 informes de inspección técnica de edificios presentados por los particulares ante Urbanismo, 46 han tenido un resultado favorable, es decir, el arquitecto o aparejador que ha evaluado el estado del inmueble no ha detectado deficiencias a subsanar y 11 han sido desfavorables, por lo que los propietarios tendrán que acometer obras para reparar los daños observados, tal y como está recogido en la ordenanza de la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Según explicaron desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, en esta decena de casos, los problemas descubiertos hacen referencia sobre todo a la estructura de las construcciones, ya que en su mayoría se trata de edificios de más de cien años que se encuentran en el casco antiguo.El Ayuntamiento no ha notificado aún de manera oficial a los propietarios de estos 11 inmuebles que el resultado de la inspección es desfavorable, aunque ellos ya lo saben por el informe que les pasa el arquitecto. Una vez que lo haga, tendrán tres meses de plazo para solicitar la licencia de las obras de reparación.Si la propiedad del edificio no solicita el permiso de obra dentro de ese plazo, Urbanismo emitirá una orden de ejecución de la reparación e incoará un procedimiento sancionador, para el que se han fijado multas que oscilan entre los 600 euros de mínimo y los 6.000 euros como máximo.

Ejecución subsidiaria

Al margen de estas sanciones, la Gerencia podrá imponer a la propiedad hasta 10 multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes que equivaldrían, cada una, al 10% del coste estimado de las obras. La normativa municipal contempla la ejecución subsidiaria de la ITE, que consistiría en que el Ayuntamiento haría la inspección ante el incumplimiento del propietario y luego le cobraría los costes del proceso.En cualquier caso, una vez que se realice la reparación del edificio, se deberá presentar un certificado oficial que asegure su estabilidad o indique la necesidad de efectuar una nueva inspección.El Consistorio no ha previsto una línea de ayudas específica para las obras que se deriven de las inspecciones. No obstante, al tratarse en este caso de edificios que en su mayor parte están situados en el Centro Histórico, sus propietarios podrán acogerse a las subvenciones que gestiona la Oficina de Rehabilitación del Ayuntamiento.

Desembolso

Y es que la inspección puede llegar a suponer un importante desembolso económico para las comunidades de vecinos en el caso de que resulte desfavorable. Así, al informe en sí de la inspección, que puede costar como mínimo entre 500 y 800 euros, hay que sumar el presupuesto de las obras de reparación, que también son obligatorias. Con ello, el Ayuntamiento quiere garantizar en la medida de lo posible el buen estado de conservación de los 55.000 edificios contabilizados en toda la ciudad, y obligar a efectuar reparaciones a aquellos propietarios que, de manera intencionada, no mantienen los inmuebles como es debido.En este primer paquete de edificios a inspeccionar se incluyen 22 que son propiedad del Ayuntamiento y que ya están siendo revisados. Sus informes se presentarán en bloque antes de que finalice el plazo del 11 de noviembre. Entre ellos se encuentran el propio Ayuntamiento, el Hospital Noble, el Archivo Municipal y el edificio de la casa natal de Picasso, en la plaza de la Merced.

Más de 2.500 comunidades se arriesgan a ser multadas por no inspeccionar sus edificios (SUR)

El Ayuntamiento únicamente ha recibido 57 informes de los más de 2.600 inmuebles que están obligados a cumplir el trámite en dos meses Rebasar la fecha límite está sancionado con un mínimo de 600 euros

La obligación de inspeccionar todos los edificios con más de cien años o que cuenten con algún grado de protección arquitectónica antes del próximo 11 de noviembre no ha calado en sus propietarios. Justo a dos meses de que se cumpla ese plazo, el Ayuntamiento sólo ha recibido 57 informes de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) de los 2.671 inmuebles centenarios o protegidos que deben cumplir este primer plazo obligatorio, lo que supone un 2%. El resto, más de 2.500, se arriesgan a ser multados por no cubrir el trámite.Por desconocimiento o por desidia, lo cierto es que a fecha de hoy son muy pocos respecto al total el número de edificaciones que ya han sido supervisadas por un arquitecto o un arquitecto técnico para ofrecer un informe sobre el estado de la construcción en lo relativo a estructura, cimentación, fachadas, cubiertas, terrazas e instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad.Los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo consideran que han hecho todo lo posible para difundir la información sobre la inspección obligatoria de edificios y para facilitar la contratación de un arquitecto o un aparejador a los vecinos y comunidades de propietarios. Para ello, a finales del pasado mes de mayo, el Ayuntamiento firmó un convenio con los colegios de ambos oficios, que crearon una bolsa de profesionales dispuestos a ser contratados, y envió más de seis mil cartas a los dueños de los inmuebles para informarles sobre los plazos y todo lo relativo a la ITE.

Campaña publicitaria

Fuentes de Urbanismo recordaron que también se desarrolló una campaña publicitaria en vallas y marquesinas de autobuses que va a tener una segunda fase en las próximas semanas. Así, informaron de que se introducirán anuncios en las televisiones locales y se volverán a colocar carteles en marquesinas y soportes publicitarios de gran tamaño para recordar que el próximo 11 de noviembre finaliza el primer plazo obligatorio.Según la ordenanza que fue aprobada por el Consistorio hace dos años para regular las inspecciones, no presentar el informe de la ITE antes de esa fecha supone una sanción mínima de 600 euros. Es decir, aunque el informe se presente a los pocos días de haber expirado el plazo o tras una nueva notificación del Ayuntamiento para recordar que éste se ha incumplido, la multa estipulada es de 600 euros. No obstante, si pese al requerimiento municipal sigue sin presentarse la inspección, esa cuantía se eleva a 3.000 euros o 6.000, en el caso de que sean edificios con protección arquitectónica.

Realistas

Desde el equipo de gobierno son realistas y actualmente barajan una horquilla de cumplimiento de este primer plazo de la inspección obligatoria de edificios entre un 20% y un 45%, es decir, que se presentarán 500 informes en el peor de los casos y unos 1.100, en el mejor. De cualquier forma, esto supondría tramitar más de mil expedientes sancionadores que, según fuentes consultadas, requerirían un considerable esfuerzo administrativo para Urbanismo.Por ello, no está del todo clara aún qué medida tomará el Ayuntamiento en el caso de que el incumplimiento de la ITE a fecha del próximo 12 de noviembre sea masivo. Por el momento, no se descarta que pueda producirse una moratoria si el porcentaje de informes presentados sigue siendo muy reducido. Según las fuentes, eso es lo que sucedió en Sevilla después de que el primer plazo para las inspecciones tuviera una respuesta casi nula por parte de los propietarios de los inmuebles.

Promotores rechazan el plan de VPO a pesar de no vender pisos (Málaga Hoy)

Los empresarios sólo piden reconvertir a protegidas medio millar de viviendas libres · La cifra representa el 1,5% de las 16.000 casas que no tienen salida.

La estrategia diseñada por la Junta de Andalucía para hacer frente a la crisis del sector de la construcción mediante la ejecución masiva de viviendas de protección oficial (VPO) ha recibido, de momento, la oposición de la inmensa mayoría de los promotores de Málaga. Sólo unos pocos de estos empresarios han decidido acogerse a la línea de acción creada por la Administración autonómica y han solicitado reconvertir en protegidos medio millar de pisos levantados en su origen como de renta libre. La cifra equivale al 1,25 por ciento de las alrededor de 16.000 casas ya levantadas en la provincia pero que no encuentran comprador.

En la provincia, cuya tendencia se extiende al resto de la región, donde las casas adheridas a esta recalificación suponen poco más de 2.000, los promotores plantean la venta como VPO de 150 pisos en Málaga capital; de 25 en Alhaurín el Grande; de 28 en Álora; de 24 en Antequera; de 34 en Coín; de 30 en Vélez; de 48 en Villanueva de Algaidas, y de 85 en Mijas, entre otros municipios."La cifra es ínfima si se tiene en cuenta el número de casas que están acabadas y no tienen salida", admitió la responsable de la ACP en Málaga capital, Violeta Aragón. Y es igualmente menor si se toma como referencia la demanda real de VPO existente en al provincia, que, según los estudios elaborados por la Junta, asciende a 55.000 pisos a precio asequible, de los que al menos 21.000 se deberían localizar en la capital de la Costa del Sol.

A pesar de ello, la representante empresarial justificó la falta de interés que ha despertado el plan en la poca información que se ha aportado y en la incertidumbre que tienen los constructores respecto al mismo. Sin embargo, la exigua implicación de los empresarios se topa de lleno con la paralización absoluta del mercado inmobiliario, puesto que, como explicó Aragón, "el 95 por ciento de lo que se ha hecho está sin vender". "Y nadie se atreve a iniciar ahora una promoción nueva por temor a quedarse con ella", agregó.Precisamente, al objeto de clarificar en la medida de lo posible este proceso, los empresarios de la construcción se reunirán mañana con los representantes de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. En función de las conclusiones del encuentro, la representante de la ACP consideró que "o bien los promotores que ahora se han adherido al plan se echan para atrás o bien habrá otros muchos que apostarán por esta vía".

La dramática situación en la que está inmersa la industria del ladrillo desde hace meses llevó a la Junta de Andalucía a proponer a los constructores la posibilidad de vender como protegidas un buen número de las casas afectadas por la paralización inmobiliaria, a un precio muy inferior al inicialmente previsto. Aunque la medida fija una serie de exigencias, como que los pisos no tengan más de 90 metros y que su precio no supere los 174.000 euros.

Marbella recuperará dos zonas de equipamiento con las demoliciones previstas (Málaga Hoy)

Las parcelas están ocupadas por dos edificios ilegales, que tendrán que ser derruidos por sus promotores
Las dos demoliciones de obras ilegales que el Ayuntamiento de Marbella negoció con la Junta serán algo más que simbólicas. Ayer, la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), comentó que con los derribos de los dos bloques de viviendas deshabitados el municipio recuperará una zona verde y una parcela destinada a equipamiento público. En ese sentido, la regidora explicó que la estructura de tres alturas más planta baja que la promotora Naviro Inmobiliaria estaba levantando en Río Real se asentaba en una parcela que constaba como parque y jardines en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, calificación que mantendrá en el documento urbanístico que en breve se aprobará provisionalmente en Pleno.El otro caso de demolición afecta a los cimientos y a un muro de contención de un complejo residencial que había proyectado en un suelo de equipamiento la empresa Prosavi en la urbanización Lindavista Alta de San Pedro Alcántara. Los responsables de ambos esqueletos tienen un plazo de dos meses para hacerlos desaparecer, según consta en los decretos de Alcaldía que ayer firmó la regidora. Si no actúan de motu proprio en ese periodo de tiempo, el Consistorio asumirá la ejecución de los trabajos pero el coste económico repercutirá en las dos promotoras que decidieron construir sin solicitar ningún tipo de licencia.Además, los técnicos municipales de Urbanismo han abierto sendos expedientes sancionadores contra las constructoras por haber ocupado ilegalmente espacios que debían estar reservados para uso y disfrute de los ciudadanos. Pendientes de estudiar en profundidad las irregularidades urbanísticas cometidas, Muñoz señaló que todavía es pronto para aventurar qué multas económicas se les impondrá a ambas sociedades.Además, quiso aclarar que con estas actuaciones, incuestionables para que la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio diese su consentimiento a las licencias en precario que el Ayuntamiento va a conceder a los inmuebles y comercios irregulares de la era GIL, "se establece un punto de no retorno hacia políticas anteriores".

Urbanismo propuso proteger el caserón de las Virreinas hace 8 años (La Opinión)

Un informe de la Gerencia de octubre del año 2000 planteaba la inclusión del inmueble en el catálogo de los edificios con protección "por el interés de los elementos arquitectónicos"
MIGUEL FERRARY. MÁLAGA La Gerencia Municipal de Urbanismo propuso la protección del antiguo caserón de Las Virreinas hace ocho años, realizando además un informe en el que justificaba esta posibilidad y elaboró un borrador de la ficha para su inclusión en el catálogo de edificios protegidos. Sin embargo, ahí se quedó todo. En agosto de este año Urbanismo tomó la decisión contraria y mandó derribar totalmente el inmueble por su estado de ruina. Habían pasado ocho años y no se había hecho nada para su conservación.El caserón había sido adquirido por el Ayuntamiento de Málaga a principios del año 2000, con idea de darle un uso social para atender a la zona. Ya en ese momento se hizo un primer informe en el que se señalaba el pésimo estado de conservación del inmueble, pero en el que se resaltaba la solidez de la estructura.A partir de ese momento, el Servicio de Conservación de la Edificación de Urbanismo elaboró un informe en el que se propuso la inclusión del caserón de Las Virreinas en el catálogo de edificios protegidos "debido al interés de los elementos arquitectónicos que todavía se aprecian en el edificio, así como en el jardín de su entorno, prácticamente deteriorado por el abandono de su finca".Este informe fue solicitado por el gabinete técnico de la concejala de Urbanismo de ese momento, Olivia González, y seguía a un primero remitido al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en el que se aseguraba "la solidez" de la estructura.Valor arquitectónico. El estudio realizado por los técnicos de Urbanismo describe con precisión las características del caserón, señalando que responde al tipo de palacete de principios del siglo XX, con un estilo ecléctico "con elementos decorativos típicos de la arquitectura malagueña de inspiración colonial". El estudio realizado sobre este inmueble destaca algunos elementos como los aleros de madera, las grandes ménsulas, la cubierta de teja vidriada y la decoración de la fachada con estilo modernista.No obstante, también plantea el estado de deterioro del caserón de Las Virreinas por los constantes saqueos sufridos tras quedarse vacío. Estas entradas ilícitas para robar elementos arquitectónicos del inmueble habían provocado que se encontrara en mal estado de conservación, con la pérdida de las tejas de uno de los faldones del tejado, perjudicando la cubierta que quedó a la intemperie y el robo de la balaustrada de la cubierta.El informe también pone de relieve que los saqueos se habían cebado con el balcón principal, se había arrancado la carpintería de los balcones y ventanas y los jardines estaban muy abandonados.Pero estos problemas no eran fundamentales hace ocho años: "La construcción de la edificación es sólida, los deterioros y las deficiencias se deben a los saqueos". Ante esta situación, la protección era la opción más plausible para el caserón.De hecho, también en las mismas fechas, se elaboró el borrador de la ficha del edificio para su inclusión en el catálogo, algo que no se llevó nunca a cabo. En esta ficha se especificaba la necesidad de proteger la tipología y la volumetría del edificio, la reposición de las balaustradas, las cubiertas, la carpintería y los cierres.Hasta 2003. El informe quedó en suspenso hasta noviembre de 2003, cuando un escrito del departamento de Arquitectura de Urbanismo informa de que la propuesta de protección "fue remitida a la alcaldía para su conocimiento" y archivando el expediente "al no poder seguirse desde esta sección las actuaciones relativas al procedimiento de orden de ejecución de obras sobre patrimonio municipal", derivando la responsabilidad al departamento de Planeamiento.A partir de entonces, no se volvió a plantear ninguna actuación de arreglo del palacete, de propiedad municipal y dependiente, por tanto, del departamento de Planeamiento. Al menos hasta agosto, en que se derribó pese a que llegó a plantearse su protección.

El Consistorio saca a concurso la urbanización de un polígono industrial. Coín (SUR)

El Ayuntamiento de Coín ha sacado a concurso la ejecución de las obras de urbanización del sector 0SUPI-2, donde se ubica el polígono industrial La Inmaculada. El alcalde, Gabriel Clavijo, explicó que los trabajos serán sufragados por los mismos propietarios del polígono, aunque el Consistorio llegó a un acuerdo con ellos para ocuparse de la gestión y los trámites del concurso.Así, el pliego de condiciones establece un presupuesto base de licitación de 547.870 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses a contar desde el día siguiente a la firma del acta de replanteo. Clavijo indicó que la actuación servirá para reordenar las calles, crear zonas verdes y arreglar el entorno donde actualmente se ubican las naves, justo por detrás de la zona rural de La Charca. Se trata de un polígono que se autorizó a finales de los 90 pero donde no se ejecutaron adecuadamente los trabajos de urbanización que ahora se llevarán a cabo.El anuncio del concurso se publicó en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia) el pasado 22 de agosto y el plazo de presentación de ofertas concluiría en un mes, por lo que el contrato podría adjudicarse dentro de un par de semanas. De esta forma, si se cumplen las previsiones los trabajos podrían comenzar antes de que acabe el año y concluir en el primer trimestre de 2009.

La Junta rechaza el plan de la nueva entrada a Estación de Cártama y obliga a modificarlo (SUR)

El Ayuntamiento cambiará el trazado del vial para que no pase por una zona verde. Los trámites podrían alargarse dos meses

El proyecto para construir un nuevo acceso a Estación de Cártama desde la carretera que viene de Campanillas (A-7054) ha sufrido un revés después de que el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía informara desfavorablemente del plan especial aprobado en su día por el Ayuntamiento para cambiar el uso del suelo por donde discurrirá el vial.El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Jorge Gallardo, explicó que el dictamen del Consejo Consultivo era contrario al plan porque el trazado propuesto afectaba a una pequeña zona verde al Oeste de Estación de Cártama. En este sentido, Gallardo explicó que ahora habrá que modificar el proyecto inicial para que el futuro acceso no invada ese sector.Como consecuencia de este informe, el Ayuntamiento tuvo que aprobar este verano la retroacción del acuerdo plenario de noviembre del año pasado, cuando se dio luz verde al plan especial. Ahora, una vez modificado el proyecto, el pleno tendrá que aprobar de nuevo el plan. «Pienso que en un par de meses podríamos hacer las modificaciones y aprobarlo», adelantó el edil de Urbanismo.

Acceso directo

El vial servirá para crear un acceso alternativo a la actual travesía y enlazará con la zona Norte de Estación de Cártama, a la altura del área industrial donde se ubican las empresas Almendrera del Sur y Mora Salazar. El dictamen del Consejo Consultivo también obligará a cambiar el punto de partida de la carretera, que inicialmente iba a ser la rotonda de entrada a El Sexmo. Y es que el informe sostiene que dicha glorieta es demasiado pequeña para contar con otra conexión más, por lo que, según indicó Jorge Gallardo, probablemente el trazado partirá de la propia carretera de acceso a El Sexmo, un poco más al norte de la rotonda. Las exigencias del Consejo Consultivo retrasarán aún más un proyecto en el que el Ayuntamiento trabaja desde hace años con el objetivo de descongestionar la principal entrada a Estación de Cártama, que es la avenida de Andalucía, también denominada travesía urbana. El vial servirá asimismo para desviar el tráfico pesado procedente de la zona industrial situada al norte del núcleo, de forma que los camiones ya no tendrán que pasar obligatoriamente por el casco urbano, tal y como sucede ahora.

El plan de aparcamientos de Vélez necesita una inversión de 17 millones de euros (SUR)

El equipo de gobierno hace depender la ejecución de los diversos proyectos previstos a la venta de plazas

El plan de aparcamientos promovido por la Empresa Municipal de Vivienda, Infraestructura y Promoción (EMVIPSA), que el Ayuntamiento ejecutará entre 2008 y 2011, contempla una inversión de unos 17 millones de euros. El plan prevé la realización de cuatro aparcamientos, dos en Vélez y otros dos en Torre del Mar, con 962 plazas en una primera fase. La intención del Ayuntamiento es ejecutar cada uno de los proyectos conforme tenga asegurada la venta de, al menos, el 60 por ciento de los estacionamientos, entre otras razones porque el Consistorio carece de fondos para poder afrontar en solitario los 17 millones de inversión necesarios. Sin embargo, la inversión podrá ser garantizada cubriendo el 60% de la adquisición de las plazas.En Vélez-Málaga se construirán estacionamientos en la plaza de El Pozancón (319 plazas) y Arroyo San Francisco, en El Pajarillo, (94 plazas). En Torre del Mar, hay un estacionamiento proyectado en la plaza de La Paz, con un mínimo de 302 plazas, y otro en el mercado municipal de minoristas, donde se construirán un mínimo de 247 plazas. En total suman 962 estacionamientos, aunque la cifra final dependerá de la demanda ciudadana. En este sentido, la concejala de Vivienda y Aparcamientos, Concepción Labao, dijo que cabe la posibilidad de ampliar el proyecto de El Pozancón con una planta más, lo que significan otras 115 plazas. También se estudia la posibilidad de realizar un aparcamiento en la explanada de la estación de autobuses de Torre del Mar en sustitución del proyectado en el mercado.

Precios

Labao explicó que cada uno de estos aparcamientos dispondrá de una planta de rotación para apoyar la actividad comercial de la zona y el resto será en propiedad. La edil señaló que, aunque es prematuro establecer el coste de cada una de las plazas, desde Emvipsa se estima que estará entre los 16.000 y 18.000 euros.El Ayuntamiento tiene previsto mantener contactos con diferentes entidades bancarias con el objetivo de que los ciudadanos adquieran plazas de aparcamiento en propiedad con unas condiciones muy favorables y con cuotas asequibles. A partir del 30 de septiembre se instalarán casetas informativas en cada una de las localizaciones donde se construirán los aparcamientos para formalizar los primeros pasos para la adquisición de los estacionamientos. Según Labao, hasta la fecha la empresa municipal tiene registradas más de 300 solicitudes.Por su parte, el alcalde, Francisco Delgado, declaró que el plan tiene otros dos pilares, la zona azul y el servicio de grúa, reorganizar la movilidad de Vélez-Málaga y Torre del Mar.