El consejero Espadas defiende el control del Gobierno andaluz en la Axarquía y dice que ha tramitado 21 denuncias e impugnado 27 acuerdos en este municipio.
El consejero andaluz de Vivienda, Juan Espadas, dijo ayer que el Gobierno andaluz ha llevado a los tribunales un total de 48 actuaciones del Ayuntamiento de Alcaucín, afectado por la operación Arcos contra una presunta trama de corrupción urbanística. En concreto, precisó que la Junta ha tramitado 21 denuncias de particulares sobre el urbanismo en este municipio y ha impugnado 27 acuerdos del Consistorio, cuyo alcalde, el socialista José Manuel Martín Alba, fue detenido el viernes por la Guardia Civil.
En declaraciones a los periodistas, Espadas defendió las medidas tomadas por el Gobierno andaluz sobre el control urbanístico y precisó que los acuerdos municipales impugnados correspondían fundamentalmente a licencias "indebidas". Espadas apuntó que entre 2002, año en que se aprueba la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, a 2005, cuando se crea la Dirección de Inspección, la Junta ha tramitado casi 800 denuncias en municipios la comarca de la Axarquía de Málaga.
"Es falso que no se hayan tramitado denuncias", recalcó Espadas, que añadió que de las 800 tramitadas, 85 fueron recursos contenciosos administrativos para impugnar licencias urbanísticas. Agregó que sólo en el año 2004 la Junta impugnó en Alcaucín 11 licencias del Ayuntamiento.
Las declaraciones del consejero se producen después de las acusaciones a la Junta de falta de control en la zona oriental de Málaga. El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción) informó el viernes de que este colectivo ha presentado 500 denuncias por infracciones urbanísticas en la comarca desde finales de los 90, de las que más de 100 han estado vinculadas a Alcaucín.
El presidente del grupo ecologista, Rafael Yus, explicó que al principio se optó por la vía administrativa ante la Delegación provincial de Obras Públicas. "Sin embargo, veíamos que las cosas no se arreglaban, sino que, en todo caso, se apañaban, ya que nuestras denuncias se archivaban, y por esa razón acudimos a la Fiscalía", dijo.
"Las actuaciones son comprobables y se pueden facilitar cuando se requieran", explicó, por su parte, el consejero, que recordó que recientemente se reunió con los alcaldes de la Axarquía para decirles que "no cabía ley de punto final y que los instrumentos de la administración permiten inspecciones más potentes".
Juan Espadas insistió en que los controles urbanísticos "funcionan mejor que hace unos años" por las leyes aprobadas por el Gobierno andaluz, y recordó que una cosa son las irregularidades urbanísticas y otra las responsabilidades penales. "Cuando el secreto de sumario se abra, podremos comprobar si los presuntos delitos están o no relacionados con las impugnaciones que presentó la Junta", manifestó.
El alcalde de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín Alba, fue detenido el viernes en una operación contra la corrupción urbanística que ha destapado una supuesta trama que construía viviendas sobre suelo no urbanizable en la Axarquía que tenían como destino final la venta, sobre todo a extranjeros. La operación Arcos ha estado coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y la de Medio Ambiente.
En declaraciones a los periodistas, Espadas defendió las medidas tomadas por el Gobierno andaluz sobre el control urbanístico y precisó que los acuerdos municipales impugnados correspondían fundamentalmente a licencias "indebidas". Espadas apuntó que entre 2002, año en que se aprueba la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, a 2005, cuando se crea la Dirección de Inspección, la Junta ha tramitado casi 800 denuncias en municipios la comarca de la Axarquía de Málaga.
"Es falso que no se hayan tramitado denuncias", recalcó Espadas, que añadió que de las 800 tramitadas, 85 fueron recursos contenciosos administrativos para impugnar licencias urbanísticas. Agregó que sólo en el año 2004 la Junta impugnó en Alcaucín 11 licencias del Ayuntamiento.
Las declaraciones del consejero se producen después de las acusaciones a la Junta de falta de control en la zona oriental de Málaga. El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción) informó el viernes de que este colectivo ha presentado 500 denuncias por infracciones urbanísticas en la comarca desde finales de los 90, de las que más de 100 han estado vinculadas a Alcaucín.
El presidente del grupo ecologista, Rafael Yus, explicó que al principio se optó por la vía administrativa ante la Delegación provincial de Obras Públicas. "Sin embargo, veíamos que las cosas no se arreglaban, sino que, en todo caso, se apañaban, ya que nuestras denuncias se archivaban, y por esa razón acudimos a la Fiscalía", dijo.
"Las actuaciones son comprobables y se pueden facilitar cuando se requieran", explicó, por su parte, el consejero, que recordó que recientemente se reunió con los alcaldes de la Axarquía para decirles que "no cabía ley de punto final y que los instrumentos de la administración permiten inspecciones más potentes".
Juan Espadas insistió en que los controles urbanísticos "funcionan mejor que hace unos años" por las leyes aprobadas por el Gobierno andaluz, y recordó que una cosa son las irregularidades urbanísticas y otra las responsabilidades penales. "Cuando el secreto de sumario se abra, podremos comprobar si los presuntos delitos están o no relacionados con las impugnaciones que presentó la Junta", manifestó.
El alcalde de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín Alba, fue detenido el viernes en una operación contra la corrupción urbanística que ha destapado una supuesta trama que construía viviendas sobre suelo no urbanizable en la Axarquía que tenían como destino final la venta, sobre todo a extranjeros. La operación Arcos ha estado coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y la de Medio Ambiente.
