investigación La ex arquitecta municipal y otras tres personas están acusadas
La prevaricación urbanística también salpica al alcalde de Colmenar, imputado.
La Guardia Civil investiga al Ayuntamiento por conceder licencias para viviendas en un proyecto de nave agrícola.
El urbanismo de la comarca de la Axarquía vuelve a estar en el punto de mira sólo un mes después de que se destapara la operación Arcos contra la corrupción urbanística en Alcaucín. La Guardia Civil está investigando al Ayuntamiento de Colmenar por haber concedido certificados de licencia de primera ocupación para una nave agrícola cuando en realidad se trataba de viviendas. El alcalde del municipio, el socialista Pedro Fernández Palomo, y la ex arquitecta municipal, A. B. A., están imputados por un presunto delito de prevaricación urbanística, mientras que a otras tres personas, entre ellos un arquitecto y dos promotores, se les acusa de un presunto delito de falsedad documental.
Los hechos se remontan a 2003. Según confirmaron a este periódico fuentes cercanas a la investigación, la entonces arquitecta del Consistorio -esposa del ex jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación José Francisco Mora, actualmente en la cárcel por el caso Alcaucín acusado de cohecho, falsedad documental y prevaricación urbanística- emitió un informe favorable para construir una viviendas en este término municipal en un solar en el que estaba prevista una nave agrícola y a pesar de que el proyecto urbanístico presentado originalmente así lo contemplaba.
Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil constataron esta irregularidad durante una inspección en el inmueble que contaba tanto con la licencia urbanística como la de primera ocupación. Pero al cotejarlo con el expediente abierto por el Ayuntamiento este municipio axárquico, descubrieron que el proyecto para construir la nave agrícola no estaba visado y que la licencia de primera ocupación había sido concedida sin el informe pertinente.
Al igual que la arquitecta municipal, el alcalde socialista de Colmenar también está imputado por un presunto delito de prevaricación ya que, según las mismas fuentes, hizo caso omiso a un informe escrito del secretario municipal en el que advertía de las anomalías que se estaban produciendo y de la imposiblidad de legalizar la operación urbanística.
La Guardia Civil también acusa a un arquitecto de Sevilla, identificado como P. F. D. V., de falsificar el certificado final de obra que presentó al Ayuntamiento de Colmenar sobre el proyecto aprobado inicialmente para construir una nave de aperos. Los dos promotores imputados por la Guardia Civil, J. F. P. y A. C. D., admitieron además que cuando se aprobó la certificación había una vivienda y no una nave agrícola, para lo que habían hecho coincidir en los planos la distribución y la superficie de la vivienda con la nave agrícola que se suponía que se iba a construir.
Según apuntaron las mismas fuentes, ambos habían inscrito en 2004 la vivienda en el Registro de la Propiedad con un informe del arquitecto también imputado de que la obra tenía más de cinco años. Pero los agentes del Seprona comprobaron mediante las fotos realizadas y los certificados concedidos por el Ayuntamiento de Colmenar entre los años 2001 y 2002 que la licencia municipal otorgada era para una nave agrícola y fue autorizada en mayo de 2003, por lo que los dos promotores están acusados de falsificar el certificado de antigüedad de la vivienda.De momento, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no se ha producido ninguna detención.
Los independentistas de San Pedro Alcántara recurrirán al Tribunal Constitucional al entender que el Supremo les ha denegado la justicia respecto a su causa, que no es otra que segregarse de Marbella y tener Ayuntamiento propio. Así lo anunció ayer la abogada que lleva el expediente de segregación, Ana Gallego, quien estuvo acompañada por Manuel López, el presidente de la Comisión Por la Independencia de San Pedro, y Manuel Rincón, teniente de alcalde de Torre del Mar.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó EN 2006 la caducidad y el archivo del expediente que decretó en su momento la Junta de Andalucía. Ahora el Supremo anuló el fallo, aseguró que el caso se cerró indebidamente y retrotrajo las actuaciones a 1994, año en el que la Consejería de Gobernación acordó el archivo.
La abogada recordó que por aquel entonces el expediente ya estaba en el TSJA, que según ella «debía haber anulado» su caducidad. «Lo que está claro es que San Pedro cumple los requisitos que marcaba la ley cuando presentó el expediente, aunque después una ley posterior se aplicara con carácter retroactivo», explicó. Ahora, según expusieron, se trata de un easunto político, por lo que reclamaron apoyo a los partidos.