Los extranjeros dueños de viviendas ilegales rechazan el decreto de regularización (La Opinión)

Critican la figura de asimilado o fuera de ordenación en la que se quedan la mayoría de viviendas de la Axarquía a nombre de foráneos

LA OPINIÓN Los extranjeros propietarios de viviendas ilegales en la comarca de la Axarquía de Málaga han rechazado la figura de asimilado a fuera de ordenación que ha incluido la Junta en el decreto aprobado esta semana para regularizar las edificaciones construidas en suelo no urbanizable.

El presidente de la asociación Save Our Homes Axarquía (SOHA) –Salvemos Nuestros Hogares, en español–, el británico Philip Smalley, ha manifestado a Efe que la mayoría de las miles de viviendas ejecutadas por residentes foráneos en esta comarca se verá afectada por esta fórmula que las deja «en un limbo».

«El asimilado como fuera de ordenación no nos da ninguna garantía jurídica, porque en un futuro pueden hacer lo que quieran con nuestras viviendas», señaló Smalley, que tampoco está de acuerdo con que sean los propios ayuntamientos que otorgaron las licencias lo que tengan ahora la responsabilidad de decidir los derribos.

Asamblea
La figura del reconocimiento como asimilado o fuera de ordenación está reservada para construcciones no adecuadas a la ley y al planeamiento, que no pueden obtener licencia de ocupación y en las que ha prescrito la infracción.
Este procedimiento, de competencia municipal, incluye tanto la prescripción como la tolerancia del uso si cumplen las exigencias de seguridad y habitabilidad; el acceso a los servicios de suministro al menos en régimen de autoabastecimiento, y la inscripción en el registro de la propiedad con esas condiciones.

Smalley, que es concejal del PA en el Ayuntamiento de La Viñuela, ha lamentado que el decreto «haya cambiado poco» desde su borrador y que no se hayan tenido en cuenta las exigencias del colectivo al que representa.

«Necesitamos estudiar en profundidad el decreto para ver cómo va a afectarnos y plantear actuaciones contra el mismo», ha precisado el presidente de SOHA, que celebrará a final de este mes su asamblea anual, en la que estarán representadas unas 400 familias de multitud de nacionalidad, principalmente británicas.

En la Axarquía malagueña, el Gobierno andaluz ha identificado 12.760 viviendas irregulares en veintidós municipios, de las que más de 11.000 pueden beneficiarse del reciente decreto de regularización.

El exalcalde de Canillas de Aceituno, otra vez al banquillo por una licencia en suelo rústico (SUR)

El exregidor acudirá el jueves a un nuevo juicio en el que también están imputados la alcaldesa, Pilar Ortiz, y cinco ediles del PSOE

16.01.2012 - 

AGUSTÍN PELÁEZ

 

VÉLEZ-MÁLAGA.

Aranda, en los juzgados de Málaga en mayo de 2010. :: SUR

El exalcalde de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE), será juzgado el próximo jueves por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga por conceder presuntamente una licencia de obras para la construcción de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable. El exregidor se enfrenta a cuatro años de prisión y veinte de inhabilitación especial para empleo o cargo público por dos presuntos delitos contra la ordenación del territorio.

Junto al exmandatario también se sentarán en el banquillo como acusados la actual alcaldesa, Pilar Ortiz, y otros cinco ediles y exediles del PSOE, todos ellos miembros de la Junta Local de Gobierno que aprobó el proyecto de actuación que desembocó posteriormente en la concesión de la licencia de obras mediante decreto de Alcaldía.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, Aranda, que se vio obligado a abandonar la Alcaldía en marzo del pasado año por una condena anterior también por delito urbanístico, concedió por decreto el 6 de septiembre de 2006 una licencia de obras para la construcción de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable en la zona conocida como La Machera con los informes en contra del arquitecto municipal y la secretaria del Ayuntamiento.

Al tratarse de un terreno no urbanizable le fue requerido al propietario un proyecto de actuación que fue informado negativamente por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda por entender que la construcción proyectada carecía de numerosos requisitos ineludibles, además de por no quedar justificada la necesidad de la vivienda unifamiliar vinculada a la explotación agrícola, según la Fiscalía.

El fiscal hace constar asimismo en el escrito de acusación que en marzo de 2006 los acusados, constituidos en sesión de Gobierno presidida por el entonces alcalde, José Manuel Aranda, resolvieron aprobar el proyecto de actuación aún conociendo el informe contrario de la Junta.

Para la Fiscalía, los hechos son constitutivos de dos delitos contra la ordenación del territorio del artículo 320.2 del Código Penal. El fiscal pide para el exalcalde, José Manuel Aranda, cuatro años de prisión por los dos presuntos delitos, inhabilitación especial mientras dure la condena, así como otros 20 años de inhabilitación -10 por cada delito-, y multa de 48 meses -24 por cada uno- con una cuota diaria de 30 euros.

Para los seis miembros restantes de la junta de gobierno del Ayuntamiento también imputados, entre los que se encuentra la actual alcaldesa, Pilar Ortiz (PSOE), y a los que el fiscal considera también autores de un presunto delito contra la ordenación del territorio, la Fiscalía solicita dos años de prisión e inhabilitación mientras dure la condena, así como otros 10 años de inhabilitación especial y multa el 24 meses con una cuota diaria de 30 euros.

Inhabilitación

Aranda se vio obligado a abandonar el cargo de alcalde en marzo del pasado año después de que el Ayuntamiento de la localidad recibiera una notificación del Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga instándole a cumplir la sentencia de nueve años de inhabilitación a la que fue condenado por un delito urbanístico anterior.

La Audiencia Provincial condenó a Aranda en noviembre de 2010 a nueve años de inhabilitación por autorizar una licencia de obras en suelo no urbanizable, dejando sin efecto una sentencia anterior del Juzgado de los Penal número 3 que lo había absuelto varios meses antes.

José Manuel Aranda aún tiene pendientes varias causas más, también relacionados con la ordenación del territorio y el urbanismo en el municipio.

Una calle con cuatro historias (La Opinión)

La calle Nueva tiene cuatro dibujos en su pavimento que hacen un juego con el nombre de las vías adyacentes

Un corazón ardiente junto a la calle Marín García. Carlos Criado

MIGUEL FERRARY Un corazón ardiente, cintas, un fantasma y una representación sintética del Canal de Suez ilustran el pavimento de la calle Nueva desde hace veinte años. El ajetreo diario y el tiempo han diluido el significado de estos dibujos realizados con piezas de mármol en el suelo. Sin embargo, hablan de la historia de las calles que confluyen con esta vía comercial.

La idea surgió el arquitecto Eduardo Serrano, responsable de la reforma de la calle Nueva en los 90. Aunque cree «decepcionante» el resultado por «el desgaste de los materiales, que han deslucido mucho el resultado», todavía se aprecian cuatro de los cinco dibujos que originalmente concibió para el nuevo pavimento.

Serrano recuerda que la idea de reformar la calle «era una cuestión de fuerza mayor en esos años, porque el pavimento de los años 60 estaba muy desgastado». Aunque inicialmente planteó conservar ese dibujo anterior, el Ayuntamiento de Málaga optó por una renovación total que dio lugar al actual diseño.

«Mi objetivo era hacer legible el espacio que se cruza», señala Serrano, que optó por hacer una referencia simbólica a las vías que confluían en la calle Nueva mediante un juego de contraste de texturas de los materiales usados.

El corazón ardiente se colocó junto a la calle Marín García; las cintas, en la calle Cintería; un fantasma, en la calle Duende; y el Canal de Suez; junto a la calle Fernando de Lesseps. Se ha perdido la referencia a la calle Cinco Bolas, debido a unas reparaciones posteriores que obligaron a levantar el pavimento y no se volvió a reponer el dibujo. «El objetivo era que el vecino que conociera el barrio identificara los símbolos y al que no, le planteara una pregunta», apunta este arquitecto.

Hay una segunda lectura en la calle, con un dibujo general que no está adaptado a la longitud de la vía, sino que muestra una vocación de continuidad hacia la calle Compañía. Esta es una alusión a su origen en el siglo XV, ya que se diseñó recta y amplia en una operación para sanear el entramado musulmán tras la entrada de los Reyes Católicos, conectando el centro ciudadano con el económico del puerto. Curiosamente, un objetivo similar al que se planteó 400 años después en la calle Larios.

El filón de las viviendas ilegales. Vélez-Málaga (SUR)

Las asociaciones de afectados piden calma a sus asociados hasta que no se conozca el alcance de la nueva norma de regularización Bufetes de abogados llevan meses ofreciendo sus servicios ante la aprobación del decreto de la Junta

15.01.2012 - 

AGUSTÍN PELÁEZ apelaez@diariosur.es

 

VÉLEZ-MÁLAGA.

Algunos bufetes de abogados han instalado carteles en comarcas como la Axarquía como reclamo para los propietarios de casas irregulares. :: A. PELÁEZ

Las viviendas ilegales se han colocado en el punto de mira de los bufetes de abogados, conocedores de que más de 60.000 familias de toda la provincia, de las cuales una tercera parte se concentran en la Axarquía, aguardan como agua de mayo la legalización de sus casas.

La aprobación esta semana del Decreto de Regularización de Construcciones y Edificaciones en suelo no urbanizable de Andalucía por parte del Consejo de Gobierno de la Junta no ha hecho sino acelerar la avalancha de ofertas de decenas de los gabinetes jurídicos en un intento de posicionarse ante el filón que representa en plena crisis económica hacerse con tan importante cartera de clientes.

«Llevamos meses recibiendo ofertas de todo tipo procedentes fundamentalmente de bufetes de abogados que de la noche a la mañana parecen estar más interesados que nadie en legalizar nuestras viviendas», señala un miembro de la Asociación Save Our Homes in Axarquía-Salvemos Nuestras Casas (SOHA), de la que forman parte más de 200 afectados, la mayoría residentes extranjeros.

El propio presidente de este colectivo, Philip Anthony Smalley, reconoce que no hay un solo día que no reciban correos electrónicos de algún gabinete jurídico en este mismo sentido. «Sin embargo estamos aconsejando a nuestros asociados que no hagan nada y que aguarden a que analicemos en profundidad el decreto. Muchos de estos bufetes no están especializados en temas urbanísticos y antes de decidir acudir a un profesional hay que saber si es o no el adecuado. De cualquier manera, nuestra asociación lleva tiempo trabajando con un bufete que, pensamos, es uno de los mejores», señala Smalley.

Una situación similar se produce también con la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI), que agrupa a medio centenar de colectivos de toda la provincia que tienen en común la misma problemática, que además del ofrecimiento de abogados está recibiendo ofertas de gabinetes de arquitectura. «Antes de hacer nada, los afectados pueden acudir a la asociación. Aquí le podemos aconsejar, aunque somos de la opinión de que el profesional que se contrate debe estar especializado en temas urbanísticos», declara la presidenta de APVI, María del Mar Vázquez.

Con la mosca tras la oreja

«Las ofertas pueden ser bien intencionadas o no, pero estamos con la mosca detrás de la oreja», afirma el edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcaucín y miembro de SOHA, Mario Blancke, que aconseja a los propietarios de viviendas ilegales que no se precipiten en la toma de decisiones que puedan tomar a partir de ahora. «Es necesario sopesar cualquier paso, sobre todo teniendo en cuenta que todavía se desconocen incluso los criterios de interpretación de la Junta de Andalucía sobre el Decreto de Regularización. Además estamos hablando de una norma que aún no ha sido publicada en el BOJA», dice Blancke.

Según recoge el propio Decreto en la disposición final tercera, la nueva norma entrará en vigor justo un mes después de sus publicación en el BOJA, por lo que, para Blancke, los afectados disponen de tiempo suficiente para analizar con detenimiento si necesitan o no recurrir a un abogado o cualquier otro profesional, bien un arquitecto o un arquitecto técnico.

No en vano, el mercado potencial de clientes que representan las más de 60.000 familias propietarias de viviendas ilegales en la provincia, ha llevado a algunos bufetes a incluir en sus ofertas el asesoramiento de gabinetes de arquitectura.

Smalley apunta que lo que parece claro es que los abogados pueden hacer su agosto a partir de ahora con los propietarios de casas irregulares una vez que se ha aprobado por la Junta de Andalucía el Decreto de Regularización, dada la desesperación por la que atraviesan muchas familias, que no piensan en otra cosa que en salvar sus casas y porque los propios ayuntamientos podrán requerir de oficio a los dueños que normalicen la situación de sus edificaciones. «Somos personas que hemos destinado todos nuestros ahorros a construir nuestras viviendas y es lógico que tratemos de salvarlas», asegura este residente que se confiesa totalmente «decepcionado» con el decreto de la Junta.

Retiran uno de los dos carteles de Stella Maris tras exigirlo Urbanismo (Málaga Hoy)

El departamento municipal espera que el lunes sea eliminado el otro anuncio

S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 14.01.2012 - 01:00

La característica piel de ladrillo de la iglesia Stella Maris, referencia arquitectónica de la ciudad de Málaga, vuelve a lucir sin uno de los dos carteles que desde hace meses herían la visión del templo, sobre el que pesa un grado de protección integral. Los responsables del restaurante que colocaron un cartel luminoso anunciando su presencia en una de las fachadas del inmueble lo retiraron a mediodía de ayer tras la exigencia recibida a primera hora por un técnico del departamento de Disciplina Urbanística. 

Un apercibimiento que se extendió al estanco que también decidió usar tan señalado edificio como pared anunciadora. Sin embargo, esta última señal, al menos en la tarde-noche de ayer, seguía luciendo sobre Stella Maris. Sobre ello, fuentes de la Gerencia de Urbanismo confiaron en que pasado el fin de semana se acometa la retirada de este otro elemento para el que, todo indica, no se solicitó autorización alguna. 

Esta misma fuente admitió que según el procedimiento cabe la opción de abrir un expediente sancionador contra los responsables de haber instalado sendos rótulos, si bien precisaron que cualquier multa, de llevarse a efecto, sería escasa. Cualquier determinación se adoptará, insistieron, una vez se conozca el informe que realice al respecto el técnico encargado de la inspección. 

La solución a medias que tuvo lugar ayer se produjo apenas horas después de que el delegado provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, Manuel García, informase a Málaga Hoy de la decisión de su departamento de dirigir un escrito al Obispado, como titular de la iglesia afectada, "recordándole la obligación de comunicar cualquier instalación de un cartel sobre el inmueble y que retiren los anuncios". Según el responsable autonómico, si desde el Obispado se hubiese girado consulta a la delegación, "la respuesta hubiese sido negativa respecto a la instalación de estos carteles". "Afean un edificio incluido en el catálogo de patrimonio histórico andaluz", expuso. 

La colocación de ambos letreros se remonta a hace unos cinco meses, según desveló la pasada semana el propietario del restaurante responsable de uno de los anuncios. El paso adoptado no ha contado, al parecer, con trámite administrativo alguno, puesto que el párroco del templo afirmó que permitió su instalación "por hacerles un favor y como acto de buena voluntad". "No sabía que había que pedir licencia", dijo. 

El malestar ha sido evidente entre los profesionales de la arquitectura, que consideran un referente de la capital de la Costa del Sol este inmueble. Muestra de ello es que el decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, Antonio Vargas, habló de "atentado", mientras que el que fuera máximo responsables de los arquitectos de España y ahora viceportavoz socialista en la Casona del Parque, Carlos Hernández Pezzi, dijo estar "indignado" ante lo sucedido. Una indignación que, todo apunta, podría tener respuesta el próximo lunes con la limpieza de la dobleanunciación que durante meses ha lucido sobre Stella Maris. Éste es el nombre que recibe la iglesia-convento de los Carmelitas Descalzos, obra del arquitecto José María García de Paredes Barreda, que lo diseñó en 1961.

Salud completa los documentos para obtener la licencia de obras del Ibima (Málaga Hoy)

El proyecto, primera pieza del 'megahospital', debería haberse iniciado en julio

L. G. / MÁLAGA | ACTUALIZADO 14.01.2012 - 01:00

El inicio de la obra del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima), que es la primera pieza del megahospital, fue comprometida por la Consejería de Salud para julio pasado. El martes pasado, la Administración sanitaria indicó que el retraso se debía a que el Ayuntamiento de la capital ha realizado varias peticiones de documentación adicional para conceder la licencia de obras. La Delegación precisó que ya había remitido todo el papeleo requerido a excepción de dos cartas de conformidad de compañías suministradoras; la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) y Telefónica. 

Ayer, la Administración sanitaria informó de que también ha remitido estos documentos al Consistorio a fin de obtener la luz verde municipal para iniciar los trabajos. 

Desde que la consejera de Salud, María Jesús Montero, anunció el megahospital hace más de tres años todavía no se ha avanzado en el proyecto. Lo único es la licitación de la obra del Ibima que se sacó a concurso y al que se presentó una treintena de ofertas. Esta elevada cantidad de empresas interesadas en el proyecto también ha sido esgrimido por la Administración autonómica como otra de las razones que han demorado el comienzo de las obras.

Urbanismo aplaza a 2017 el cobro íntegro del convenio de Martiricos (Málaga Hoy)

Espacio y Unicaja, promotoras de un proyecto que incluye 674 viviendas, deben al Ayuntamiento 11,6 millones del acuerdo suscrito en 2006 y que fijaba 23 millones

SEBASTIÁN SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 14.01.2012 - 01:00

2017. Hasta ese año el Ayuntamiento de Málaga no percibirá íntegramente los 11,6 millones de euros (el 50% de la cuantía total pactada a mediados de 2006) que le restan por ingresar del convenio de Martiricos, que autoriza a la inmobiliaria Espacio y a Unicaja a edificar 674 viviendas (210 protegidas), así como usos comerciales, terciarios y equipamientos, en los terrenos que albergaron años atrás las antiguas instalaciones de Citesa y el rastro. 

La adenda, rubricada ayer por el delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, y representantes de las firmas privadas, permite avanzar en el tortuoso camino en el que se ha convertido el cobro de los millonarios acuerdos alcanzados con las promotoras de este sector, así como de los antiguos suelos de Repsol y La Térmica. Convenios que, sumados, tendrían que haber supuesto una aportación a las arcas municipales de 163 millones de euros, de los que hoy sólo hay ingresados 23 millones. 

El retraso en la aprobación del Plan General (que no entró en vigor hasta finales de agosto pasado) y la caída en picado del sector del ladrillo acabaron por hacer que el equipo de gobierno del PP viese con buenos ojos el aplazamiento de estas aportaciones. Y esa es justamente la principal de las variaciones que introduce la reconsideración del convenio de Martiricos. 

Según informaron ayer desde el Consistorio, los mencionados 11,6 millones de euros se abonarán en un lapso de cuatro años, siendo noviembre de 2013 el primer ejercicio de abono, con 2,5 millones. A partir de ese momento, negro sobre blanco, las promotoras se comprometen a pagar 2,9 millones en noviembre de 2014; 1,6 millones el mismo mes de 2015; 4,25 millones, en 2016, y 370.000 euros, en 2017. 

Los responsables municipales destacaron que de la cuantía globan aún por percibir, 7.150.000 euros se destinarán a infraestructuras ya previstas dibujadas en el Plan General, caso de obras en la Avenida Luis Buñuel y Puente de la Rosaleda; la calle Toledo, la Avenida del Doctor Marañón y la acera este de la Avenida de Martiricos; el Paseo de Martiricos; el Puente de Armiñán y su ampliación, y una nueva plaza en la intersección entre el Paseo de Martiricos y la Avenida del Arroyo de los Ángeles, así como paseos paseos fluviales en las márgenes elevadas del río Guadalmedina entre los puentes de Armiñán y de la Rosaleda. Los 4,46 millones de euros restantes serán destinados a rehabilitación y otros fines urbanísticos. 

Respecto al desarrollo del sector, desde Urbanismo indicaron que a lo largo de 2012 se prevé la realización de los trámites necesarios para la aprobación del Plan Especial de Reforma Interior y distintos proyectos. Al tiempo, Maldonado destacó que la idea es dar prioridad a las viviendas protegidas, cuyo inicio podría tener lugar en 2013. Estas viviendas protegidas estarán ubicadas en un edificio de planta baja más ocho, mientras que el residencial libre irá en dos edificios de 30 plantas; los servicios terciarios/empresariales estarán integrados en un bloque de siete alturas y en la planta baja del edificio de VPO. 

Para el delegado de Ordenación del Territorio, el Ayuntamiento "no puede ser ajeno a la situación actual por la que atraviesa el sector empresarial y de la construcción" y entendió la necesidad de "ser flexible y facilitar el desarrollo de importantes proyectos para la ciudad". "Estamos satisfechos por haber culminado las negociaciones en este asunto; hemos logrado que se respeten los intereses de la ciudad y hemos atendido los planteamientos que las empresas privadas hacían en una situación económica difícil", expuso.

El Ayuntamiento delega en la asesoría jurídica la solución de Art Natura (La Opinión)

Estudiará si inicia acciones contra la campaña de la promotora y la previsible rescisión del contrato

Art Natura tenía previsto abrir un museo de gemas y ciencias en la antigua Tabacalera.  Carlos Criado

MIGUEL FERRARY El futuro de Art Natura depende sólo de los abogados. La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga aprobó ayer delegar en la asesoría jurídica la solución de la polémica sobre el museo de las gemas en Tabacalera, que parece condenada a dirimirse en los tribunales.
La campaña lanzada por el promotor de Art Natura en los medios de comunicación, en la que acusa al Ayuntamiento de impedir la apertura del museo de las gemas, será el primer objetivo de la asesoría jurídica, que estudiará si hay motivos para presentar una denuncia contra estas afirmaciones.

Más importante será su trabajo a partir del próximo 19 de enero, cuando se acaba el plazo de 120 días concedido por el Ayuntamiento al promotor del museo para su puesta en marcha. «Parece obvio que entraremos en la vía judicial», apuntó el concejal de Cultura, Damián Caneda, quien reconoce que la falta de movimiento en Tabacalera plantea la necesidad de que el Ayuntamiento rescinda el contrato con Art Natura «y pida daños y perjuicios por el incumplimiento», recalcó.

«Esto ya es un tema jurídico de incumplimiento de contrato», subrayó el concejal de Cultura, quien puso el acento en la «falta de voluntad» de los promotores en poner en marcha el museo de las gemas.

«Cuando se han cambiado 30 cosas y luego te piden tres más, es que no tiene voluntad en cumplir su compromiso», advirtió el edil, quien achaca esta situación a la crisis y a que los promotores «han pedido un modelo de gestión diferente, en el que el Ayuntamiento le asegure unos ingresos que no estamos en condiciones de asegurar». Para Caneda «ese es el problema» de fondo, la exigencia de Art Natura de que el Consistorio «le garantice que asumiría las pérdidas». «Si hiciéramos eso, ¿dónde estaría el riesgo empresarial?», se preguntó Caneda.

No obstante, el concejal de Cultura reconoció que la inversión de 20 millones realizada en la rehabilitación de Tabacalera no se perderá, destacando la recuperación de unos edificios con unas instalaciones «maravillosas, espectaculares y a las que le daremos un uso cultural».

La construcción de las torres de Martiricos comenzará en 2013 (La Opinión)

El Ayuntamiento cierra un acuerdo para reactivar este proyecto, con 670 viviendas previstas

Recreación de Martiricos con la construcción de los edificios previstos sobre la antigua ubicación del Rastro La Opinión

MIGUEL FERRARY La explanada de Martiricos cambiará radicalmente su imagen a partir de 2013. El Ayuntamiento de Málaga ha cerrado con la promotora Espacio Medina una reforma del convenio urbanístico que reordena el terreno de la antigua Citesa y que abre el camino para iniciar la construcción de las 674 viviendas previstas el año próximo.

Dos torres de 30 plantas y otros dos edificios de 9 y 7 plantas se levantarán en el antiguo solar del Rastro, cerca de la ribera del río Guadalmedina, mientras que el viejo solar de Alcatel se quedará como una gran zona verde que compensará la edificación en la zona. Eso será a partir de 2013, para cuando está previsto el comienzo de la construcción de las 210 viviendas de protección oficial (VPO) previstas en el proyecto de las 674 contempladas.

El impulso de este proyecto se ha conseguido tras la firma de una adenda al convenio urbanístico firmado en 2007 que reorganiza el calendario de pagos de las compensaciones a la ciudad, adaptándolo a la situación de crisis económica.

La promotora se había comprometido a abonar 23,2 millones de euros al Consistorio en el convenio firmado en 2007, de los que 11,6 millones ya habían sido entregados. Sin embargo, la Gerencia de Urbanismo ha negociado un nuevo calendario de pago del resto de los 11,6 millones pendientes y que se entregarán entre los años 2013 y 2017.

Este acuerdo establece que 7,15 millones de euros se abonen a la ciudad en concepto de obras de mejora del entorno. Los proyectos serán realizados por la Gerencia Municipal de Urbanismo, que licitarán las obras para que sea la promotora Espacio Medina quien abone su coste. En total serán doce actuaciones de mejora en las calles del entorno de Martiricos.

El resto del dinero pendiente de abono, 4,46 millones de euros, se entregará a Urbanismo en pagos que irán dirigidos a los fines urbanísticos que el Ayuntamiento considere oportunos.

El calendario de pagos al Ayuntamiento se iniciará en noviembre de 2013 con la entrega de los primeros 2,5 millones. A partir de entonces, en el mismo mes de los años 2014 a 2016 se irán aportando las cantidades de 2,9 millones, 1,60 millones y 4,25 millones, respectivamente. En diciembre de 2017 se cerrará el calendario de pago con los últimos 370.000 euros.

El delegado municipal de Urbanismo, Diego Maldonado, subrayó que el acuerdo reactiva el desarrollo urbanístico de Martiricos, con la creación de VPO, viviendas libres y un edificio para actividades empresariales. 

El proyecto contempla la construcción de 210 VPO en un edificio de 9 plantas, 464 viviendas libres en dos torres de 30 plantas y un edificio con 15.795 metros cuadrados construidos para usos empresariales de 7 plantas. También se crearán 25.300 metros cuadrados de zonas verdes.

La Fundación Ciedes contesta a 25 consultas sobre el Guadalmedina (SUR)

La Fundación Ciedes ha respondido a un total de 25 consultas procedentes de los 38 equipos inscritos en el concurso de ideas sobre la integración urbana del río Guadalmedina. Todas ellas han girado en torno a cuestiones técnicas y administrativas. Así, un porcentaje alto se han referido a la posibilidad de incluir a nuevos miembros en los equipos o a la forma de conseguir diversos mapas.

Liberan medio millón de euros para mejorar la piscina de Puerto de la Torre (SUR)

La Junta de Gobierno Local celebrada ayer aprobó la solicitud planteada por la empresa que explota la piscina y centro deportivo de Puerto de la Torre de hipotecar la concesión por un importe de 500.000 euros para destinar ese dinero a mejoras en las instalaciones.

El equipo de gobierno municipal ha dado luz verde a esa propuesta con la condición de que se demuestre a los diez días de que se haga efectivo el dinero que se va a emplear para obras de mejora en el centro. En caso contrario, se rescatará la concesión. Los trabajos tendrán que desarrollarse a lo largo de seis meses.

Málaga alega contra un cambio del límite con el término de Rincón de la Victoria (SUR)

El Ayuntamiento de Málaga, y también el de Rincón de la Victoria, ha alegado contra un cambio del límite entre ambos términos municipales que pretende llevar a cabo la Junta de Andalucía. En el próximo pleno se dará cuenta de esta alegación en la que se argumenta que el cambio de la línea de frontera entre ambos municipios «produce más problemas que soluciones». Por ello, se solicita que se mantenga la delimitación reflejada en el Mapa Topográfico de Andalucía, que es el que usa para los servicios municipales, en todo el ámbito que discurre por el arroyo de Totalán, exactamente por el eje del arroyo o, en su caso, por el margen izquierdo.

Para el resto del límite con Rincón, se aboga por tener en cuenta las lindes de las fincas ya que, con el cambio, puede darse el caso de que una misma finca pertenezca a los dos municipios.

El Ayuntamiento tardará cinco años en cobrar 12 millones de un convenio (SUR)

El equipo de gobierno no puede gastar aún los 11,6 millones de Martiricos ya ingresados porque dependen de un trámite urbanístico

14.01.2012 - 

JESÚS HINOJOSA

 

MÁLAGA.

Recreación virtual de las torres de Martiricos. ::SUR

De los convenios millonarios firmados en plena burbuja inmobiliaria a la arena de una realidad con el ladrillo parado. Es el ejercicio que en las últimas semanas está haciendo el Ayuntamiento de la capital para adaptar los cobros pendientes de los convenios recogidos en el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), un documento que ha tardado casi siete años en ver la luz. El último paso en ese sentido se produjo ayer con la firma del acuerdo para aplazar los pagos pendientes del convenio de Martiricos, asociado al proyecto para construir en la parcela de Citesa y el lugar que ocupó el rastro dominical medio millar de pisos en dos torres gemelas de 30 plantas, doscientas VPO, un edificio de oficinas y comercial, un parque y equipamientos.

La entidad Espacio Medina, integrada por Inmobiliaria Espacio y Unicaja, ya entregó en su momento al Ayuntamiento 11,6 de los 23,3 millones de euros del convenio, es decir, la mitad. El resto se irá cobrando a plazos hasta el año 2017 en función de los diferentes hitos de la tramitación del sector por lo que, si la burocracia urbanística se demora, ello irá en contra de la cuenta de resultados municipal. No obstante, se ha previsto recibir 2,5 millones de euros en noviembre del año que viene, 2,9 al año siguiente, 1,6 en 2015, 4,25 en 2016 y 0,37 en 2017.

Obras en el entorno

El uso de este dinero está limitado por la legislación urbanística regional. Para poder dedicar la mayor parte de él a infraestructuras para la ciudad, se ha estipulado en el acuerdo de ayer que un total de 7.150.000 euros de los 11,6 por ingresar en los próximos cinco años se destinarán a la realización de obras para mejorar las calles del entorno del sector. En ese sentido, se mencionan la avenida de Luis Buñuel, el puente de la Rosaleda, la calle Toledo, el paseo de Martiricos, la calle Huerto de los Claveles, la avenida de Jorge Silvela, el puente de Armiñán y su ampliación prevista en el nuevo PGOU, así como una futura plaza en la intersección del paseo de Martiricos y la avenida del Arroyo de los Ángeles, y los paseos fluviales del Guadalmedina. El resto, 4,46 millones, tendrá otros fines conforme a la ley del suelo.

Al aplazamiento en un lustro del cobro del convenio de Martiricos hay que añadir otra dificultad más, y es que el dinero ya ingresado -11,6 millones- todavía no puede tocarse porque, como ya adelantó este periódico (ver SUR 31/8/2011) y pese a que luego hubo opiniones contrarias por parte de algunos responsables municipales, ello depende, según la legislación regional, de que se apruebe la figura de planeamiento que recoge la ordenación del sector. Esa figura es un Plan Especial de Reforma Interior que el equipo de gobierno pretende impulsar de manera inmediata, según reconoció ayer el concejal de Ordenación del Territorio, Diego Maldonado. No en vano, de ello depende poder hacer uso de un dinero en depósito que viene como agua de mayo para unas arcas municipales mermadas por la crisis.

De igual modo, el Consistorio espera con impaciencia que la Junta mande el documento por el que levanta la suspensión que dictó para el proyecto de las torres en los terrenos de los antiguos depósitos de Repsol. De ello depende que pueda gastar los 12 millones de euros que se ingresaron por este otro convenio.

Urbanismo inspecciona la colocación de dos carteles en Stella Maris (Málaga Hoy)

Puede vulnerar la normativa urbanística del centro · El Colegio de Arquitectos habla de "atentado" y pide la retirada de los anuncios

S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 13.01.2012 - 01:00

La doble anunciación que hiere desde hace meses la piel de una de las edificaciones más significativas de Málaga capital, la iglesia de Stella Maris, sigue dando que hablar. La decisión de los propietarios de un restaurante y un estanco localizados en el rebautizado soho de la capital de la Costa del Sol provocó el malestar del Colegio de Arquitectos de la provincia y la reacción de la Gerencia de Urbanismo, organismo desde el que se ha ordenado una inspección para precisar si los anuncios atornillados a una de las fachadas del templo cuentan o no con licencia, extremo que fuentes del ente municipal pusieron en duda. 

"Nos vamos a interesar en conocer lo ocurrido y ver los trámites que se han seguido", expuso aMálaga Hoy el concejal responsable de Urbanismo, Diego Maldonado, quien añadió que en función de las conclusiones de los análisis técnicos "se actuará en consecuencia". Lo señalado por el edil fue complementado por una fuente que ayer indicó que se había solicitado una inspección, al tiempo que apuntó que dada la ubicación de los anuncios todo apunta a que se incumple la normativa. El propio párroco de la iglesia corroboró hace una semana que permitió colocar los carteles por "hacerles un favor" a los propietarios de los locales. 

El Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Centro (norma que fija las condiciones urbanísticas de este espacio) restringe la colocación de elementos publicitarios en los edificios. El documento precisa que debe estar integrada al resto del edificio, teniendo en cuenta la discreción y el respeto a su calidad arquitectónica; su ubicación deberá efectuarse dentro de los límites del local de que se trate, extremo que no se cumple en el caso de Stella Maris, ni sobrepasar la planta baja. A ello se añade la necesidad de que no sobresalgan más de cincuenta centímetros del plano de fachada. 

La posición del Colegio de Arquitectos de Málaga es clara: "Hay que retirar esos carteles". Antonio Vargas, decano del colectivo, considera incluso un "atentado" el que estos anuncios estén clavados sobre la fachada de una referencia arquitectónica de la ciudad, cuyo "gran pecado es no tener cien años más". "Si se ponen dos letreros, mañana pueden ser tres, porque el que vende los bocadillos algo más abajo puede pedir lo mismo", añadió. 

En la misma línea, el portavoz adjunto del grupo municipal del PSOE en la Casona del Parque, al tiempo que arquitecto de profesión, Carlos Hernández Pezzi, dijo estar indignado y anunció que pedirá información a Urbanismo sobre lo ocurrido y sobre si la colocación de los carteles disponía de licencia. "Estoy indignado; es una obra clave de la arquitectura española contemporánea y de Málaga; eso lo tienen que desmontar de inmediato porque no tiene sentido que una de las obras más singulares de la ciudad sea soporte de un cartel publicitario", apostilló. 

La Iglesia de Stella Maris es un templo cristiano católico de la ciudad de Málaga. Está situada en la Alameda Principal, en el Ensanche Centro. Destinado a la Orden de los Carmelitas Descalzos, es un edificio que consta de un cuerpo, en el cual se incluyen la iglesia, el coro, las oficinas, claustro y celdas. Obra del arquitecto José María García de Paredes, es destacable la perfecta integración de los colores y materiales con el entorno circundante de la Alameda Principal. 

Del valor que los arquitectos dan a esta edificación da buena muestra un sondeo que Málaga Hoyhizo a mediados del año 2007 con diez profesionales, a los que se pidió citasen sus edificios preferidos de la ciudad. Una escueta encuesta que ensalzó Stella Maris como el inmueble más valorado de la capital, muy por delante de, por ejemplo, el Museo Picasso, la sede de la Diputación provincial o el edificio Luz, en La Malagueta. 

Este edificio forma parte del Registro Andaluz de Patrimonio Arquitectónico Siglo XX, Desarrollo del Registro Docomomo Ibérico (1925-1965), en el que se subraya cómo en el aspecto interior de la iglesia, "de discreta monumentalidad, hay que destacar la perfecta integración de materiales y colores con el entorno circundante, pero donde reside el gran interés arquitectónico es en la riqueza espacial interior conseguida a base de simplicidad formal y austeridad de los materiales empleados".