El mercado de locales en el Centro escapa de la crisis (SUR)

El desembarco de los negocios de restauración sigue y mantiene precios de hasta 15.000 euros

LOS PRECIOS

Calle Larios. Los precios rondan entre los 70 y 160 euros por metro cuadrado al mes sin IVA. No obstante, puede haber casos de más de 200 euros el metro cuadrado y en ocasiones se cobran traspasos o primas de ocupación que pueden llegar a alcanzar medio millón de euros por el mero hecho de hacer uso del local.

Calle Granada. Los precios se reducen a unos 40 ó 60 euros por metro cuadrado al mes.

Entorno del Museo Carmen Thyssen. De 30 a 40 euros por metro cuadrado al mes.

Entorno del Museo Picasso. De 25 a 35 euros por metro cuadrado al mes.

En la calle Larios se piden traspasos de medio millón de euros por el mero hecho de hacer uso del local

La palabra crisis parece no existir para el mercado del alquiler de locales en el Centro Histórico de Málaga, un lugar que claramente se ha puesto de moda para abrir un negocio y que ya no solo es reclamo para franquicias nacionales sino también para inversores extranjeros y asentados en localidades de la Costa del Sol como Marbella. Basta dar una vuelta por la milla de oro en que se ha convertido la calle Larios y su prolongación hacia la calle Granada para comprobar que son muy pocos los locales que están vacíos y, si dejan de estar ocupados, es para cambiar al poco tiempo de actividad comercial. Cuando un bien escasea, sube o mantiene su precio, y eso es lo que sucede con los bajos del casco antiguo.

«El Centro está una clara reactivación. La crisis ha deteriorado el comercio en los barrios pero el Centro sigue siendo un valor seguro por sus calles peatonales, la confluencia de negocios y las visitas de los cruceristas, entre otros muchos factores», señala Joaquín Morales, responsable de la inmobiliaria Kinos. A diferencia de otras capitales andaluzas, el corazón de la ciudad está muy concentrado en unas pocas calles que tienen un gran atractivo para la actividad comercial y otras que no son tan preciadas. De hecho, la diferencia de precios entre alquilar un local en la calle Larios y en la calle Granada puede llegar a la mitad en la segunda respecto a la primera. Solo por andar unos metros más.

Larios se sigue llevando la palma de los precios. Es con diferencia la vía más cara de Málaga y se ha convertido por méritos propios en una de las más exclusivas de todo el país. Según la información recabada por SUR de varios agentes inmobiliarios especializados, en ella se pueden encontrar alquileres de entre 70 y 160 euros el metro cuadrado sin IVA al mes. Ello significa que por un local de unos cien metros cuadrados se pueden llegar a pagar unos 15.000 euros cada mes, dos millones y medio de las antiguas pesetas.

No obstante, lo que más desanima a muchas franquicias y empresas a alquilar un local en Larios y su entorno más inmediato no es la cuota mensual, sino el traspaso que exigen sus propietarios a modo de prima de ocupación, conscientes de que tienen un bien exclusivo y de alta gama. Sin dar nombres, los agentes inmobiliarios aseguran que, en algunos casos, esos traspasos rondan el medio millón de euros, una especie de canon que el inquilino debe abonar sí o sí para poder entrar en el local. De ahí que algunos lleven bastante tiempo vacíos pese a su privilegiada situación. «No hay quien quiera hincarle el diente porque no bajan los precios», aseguran.

Una de las últimas operaciones de alquiler en la calle Larios ha sido la mudanza de Mango al local que ocupó el Banco de Andalucía. El rumor es que la conocida franquicia de moda ha tenido que desembolsar una elevada cantidad de dinero para este traslado, bastante por encima de la media para la zona. Todo ello a cambio de una clientela asegurada en una de las calles más transitadas de España.

No obstante, la moda no es precisamente lo que mueve el mercado de los alquileres en pleno casco histórico. El buque insignia es la hostelería. Un informe municipal apuntaba recientemente que en los últimos tres años se han abierto 120 bares y restaurantes en el Centro. Y no es para ponerlo en duda. En estas fechas próximas a la Semana Santa son varias las obras que se han puesto en marcha para abrir nuevos negocios de restauración coincidiendo con las aglomeraciones diarias de decenas de miles de personas para ver las procesiones.

Valero será una heladería

Varias de estas obras de reforma se concentran entre la calle Granada y la plaza del Siglo. El conocido negocio de Valero, en la confluencia con la calle Santa Lucía, ya ha empezado a transformarse para albergar una heladería. Justo enfrente, una tienda de relojes ha cerrado para dar paso a un negocio de café para llevar, y en la plaza del Siglo están en marcha la apertura de un local de la franquicia andaluza Volapié en el local que fue sede del PP durante las últimas elecciones municipales, y de una coctelería entre un local de comida rápida una administración de loterías.

Cerca de allí, en la curva de la calle Granada hacia Calderería, hace diez días que ha abierto un nuevo negocio de bisutería y complementos en una tienda de apenas 20 metros cuadrados. Audrey Rybaka, su responsable, paga casi dos mil euros al mes de alquiler, pero está convencida de que va a merecer la pena. «Me está yendo fenomenal en el poco tiempo que llevo abierta. La moda tiene muy buen encaje en el Centro», sostiene.

No obstante, la hostelería sigue ganando el pulso y cada vez son más los comercios que se ven abocados a traspasar el local, presionado por el promotor de un bar o un restaurante. No hay más que recorrer al mediodía o por la noche las calles Sánchez Pastor, Calderería, Strachan o La Bolsa para descubrir cuáles son los lugares de concentración de hosteleros en el casco antiguo. Carlos Almarán, de la inmobiliaria In Málaga, es uno de los principales agentes de la calle Strachan. Pronto abrirán en ella un nuevo negocio de zapatos italianos y una cafetería de lujo. Aunque pudiera parecer lo contrario, la sucesión de restaurantes en esta vía peatonal y sus adyacentes es muy positiva para su funcionamiento. «En hostelería, la competencia es buena porque así se atrae a más público», señala Carlos, quien aunque reconoce que a la gran mayoría de los bares y restaurantes del Centro les va bien, se está notando una cierta bajada del negocio por la crisis.

Sobreoferta

Otro agente inmobiliario consultado por este periódico reconoce que se está llegando ya una sobreoferta de restaurantes en el casco antiguo que puede que desemboque en un cierre masivo de negocios si de aquí a un tiempo no van bien. «Por el momento aguantan gracias a la afluencia de público los fines de semana y a los cruceros, pero puede llegar un momento en que no haya tanta gente comiendo para la oferta que se está implantando», comenta. Una de las zonas que en los últimos meses ha sido especialmente invadida por nuevos negocios de hostelería es la plaza de la Merced, en su lateral norte, una vez peatonalizado por el Ayuntamiento. Aquí, los precios han subido como la espuma por la posibilidad de instalar mesas y sillas en la puerta y ser una zona soleada durante casi todo el día, otro factor que hace que los alquileres se disparen.

En libertad el exalcalde de Alcaucín y al arquitecto de la Diputación (La Opinión)

Jose Manuel Martín Alba y José Francisco Mora prestaron declaración en los juzgados de Vélez

Martín Alba a la salida de los juzgados. Juanjo Zayas

 NOTICIAS RELACIONADAS

  Jornada tranquila frente a los juzgados. Málaga

JUANJO ZAYAS El exalcalde socialista de Alcaucín y ahora concejal en el mismo municipio por el Partido Independiente Sierra Tejeda Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y el ex jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, quedaron ayer en libertad sin fianza tras prestar declaración en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez Málaga.

Ambos fueron citados por la juez Irene Urbón, que investiga la presunta trama de corrupción urbanística en el pueblo alcaucineño, en el marco de una pieza separada del caso Arcos, que se saldó con sendas detenciones cuando saltó el escándalo en febrero del año 2009.

Tanto Martín Alba como Mora mantienen la imputación de los cargos de hace tres años: prevaricación urbanística, cohecho y falsedad en documento público. El pasado martes fueron detenidos, junto con otras seis personas más, tras producirse registros en la Gerencia Territorial del Catastro y el Patronato de Recaudación en Málaga dentro de la denominada operación Tristán.

En ella se investiga que la trama modificaba fraudulentamente el catastro a cambio de comisiones ilegales para hacer creer a los interesados en comprar suelo, sobre todo residentes extranjeros, que podían construir legalmente cuando en realidad eran parcelas no urbanizables.

Los detenidos fueron trasladados a la sede judicial de Vélez Málaga a las 7.45 horas de ayer, justo antes de que se agotaran las 72 horas de arresto máximo permitido. El primero en salir de los juzgados, a las diez y media de la mañana, fue el exregidor alcaucineño, tras prestar declaración durante cerca de media hora, según comentó Martín Alba.

A preguntas de los periodistas, el concejal aseguró estar «súper tranquilo» y que sale «con los mismos cargos que tenía antes, ya que no hay nada nuevo, aunque ellos insisten en que sí». Además, en referencia al catastro, señaló: «Lo único que hemos hecho desde el Ayuntamiento ha sido informar siempre conforme a los datos obrantes».

«No es la preocupación que sufre uno, sino que es más bien por la familia ya que no hay derecho a que te peguen en la puerta de tu casa a primeras horas de la mañana», relató Martín en referencia a la manera en que fue detenido el pasado martes en su domicilio.

El exjefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga salió a la una menos diez de la tarde, tras prestar declaración durante cerca de una hora. Su abogado, José Carlos Aguilera, informó de que «no hay nuevos cargos» y que «todo gira en torno a las certificaciones que emitía como arquitecto, pero nada novedoso».

Aguilera resaltó que la detención de su cliente fue «innecesaria» y que la investigación en torno a este caso «podría haberse producido de igual forma pero evitando este episodio de las detenciones. Fue ilegalmente detenido al haberse realizado sin cobertura jurídica», explicó el letrado, criticando además el tiempo «excesivo» del arresto.

De hecho, anteayer la defensa presentó un habeas corpus para que su cliente fuera puesto en libertad, al considerar que la detención de José Mora fue «desproporcionada y se viene sacrificando su libertad cuando está más que asegurada su disponibilidad para comparecer ante el órgano judicial cuando sea requerido» añadió el abogado.

El caso Arcos como síntoma de Alcaucín (La Opinión)

Los propietarios de casas ilegales en Marbella tardaron años en ser considerados compradores de buena fe

La Guardia Civil registró esta misma semana el Patronato de Recaudación.  Arciniega

JOSÉ ANTONIO SAU Más allá de la segunda entrega del caso Arcos, que se ha saldado con la detención de ocho personas y la imputación de otras siete, sobre este nuevo golpe policial del proceso contra la corrupción en Alcaucín planea una idea que representa a la perfección el síntoma de un mal que ha sufrido la Axarquía especialmente desde finales de los noventa: el urbanismo salvaje y la continua estafa que ciudadanos extranjeros han sufrido con la adquisición de suelos y viviendas ilegales.

Un jurista comentaba esta semana que el verdadero problema de la Axarquía queda retratado visualmente a la perfección cuando uno sobrevuela la comarca en avión: los ecologistas creen que hay más de 20.000 viviendas ilegales desperdigadas en la zona, aunque la Junta, que acaba de aprobar un decreto para legalizarlas a través de un trámite lento y complejo pero seguro, rebaja esa cifra a 13.000 y cree que de su texto normativo podrán beneficiarse en torno a 12.000.

Alcaucín, según un estudio del Gabinete de Estudios de la Naturaleza (Gena) de Ecologistas en Acción, era en 2006 el pueblo con el mayor índice de sostenibilidad de la comarca. Sólo entre 2000 y 2008, la población del municipio aumentó más de un 65%. Ese crecimiento desproporcionado se intentó arreglar recalificando todo el extrarradio –más de 144.000 metros cuadrados–: muerto el perro, se acabó la rabia. Pero la Junta tumbó la iniciativa.

En el último golpe de la operación, que nace de una pieza separada secreta desde principios de 2011, se ha destapado una trama que se dedicaba a manipular la base de datos del catastro a cambio de comisiones presuntamente ilegales para que parcelas no urbanizables aparecieran reflejadas como edificables. Así, los extranjeros adquirían el suelo pensando que podrían construirse una casa, lo que era incierto. De ahí que, entre los delitos investigado, se haya insertado el de estafa. La tarifa oscilaba entre los 200 y los 300 euros.

Entre los detenidos están el exregidor José Manuel Martín Alba, ya arrestado en febrero de 2009 cuando estalló la primera fase del caso, y el exjefe adjunto de Arquitectura de la Diputación, José Mora, a quien la juez y la Fiscalía Anticorrupción atribuyen un papel fundamental en este proceso. Hay un abogado y un promotor inmobiliario. El jurista tiene un papel destacado en esta trama, pues por su bufete pasaba buena parte del urbanismo de la localidad, según algunas fuentes.

Estafados no cooperadores. La importancia del segundo golpe policial de Arcos estriba en que a los extranjeros se les estafó, como avanzó este periódico el 28 de enero de 2011, lo que supone una nueva línea de investigación: en Marbella, por ejemplo, los compradores de buena parte de las 18.000 viviendas ilegales no fueron considerados como compradores de buena fe, pero en Alcaucín, la juez de Arcos, Irene Urbón, y la Fiscalía Anticorrupción, consideran que son afectados, estafados, y, por tanto, se les está ofreciendo la posibilidad de ejercer la acusación particular en el proceso. «Detrás de una operación urbanística en suelo no urbanizable hay una estafa, porque se vende como urbano lo que en realidad no lo es», precisaron fuentes judiciales.

De esta forma, el juzgado está haciendo una auténtica labor de rastreo de esos extranjeros para localizarlos. Tras eso, se les toma declaración como testigos y se les permite personarse en el caso. El proceso sumaba hasta esta semana 55 imputados, y numerosos jueces llevan meses inhibiéndose en relación a casos de promociones y casas supuestamente levantadas sobre suelo no urbanizable, con lo que el sumario de Arcos está engordando a pasos agigantados. Pese a todo, las asociaciones de extranjeros afectados por este problema no encuentran entre sus filas, de momento, a los estafados, que en principio tendrían sus papeles en regla.

En este caso, que partió de denuncias anónimas de vecinos, la Guardia Civil cree que hay conexiones entre el alcalde y empresarios inmobiliarios «que actúan en la localidad realizando operaciones urbanísticas al margen de la legalidad, y por las que Martín Alba podría haber recibido compensaciones personales que habrían engrosado su patrimonio», aclara el Instituto Armado en la denuncia inicial. En este caso, además, se considera que el arquitecto José Mora había montado presuntamente una auténtica maquinaria de informes falsos. «El arquitecto es la persona que, según parece, realiza la mayor parte de los informes utilizados para amparar expedientes de legalización de viviendas en Alcaucín», añaden los agentes. Arcos va, en su mayor parte, de la manipulación de informes y certificados falsos, todo regado presuntamente de los correspondientes pagos.

Debajo del colchón. En el domicilio del regidor se encontraron, incluso, 160.000 euros que Martín Alba tenía bajo el colchón. Éste los justificó asegurando que eran los ahorros de toda la vida. Tanto Mora como el exregidor socialista, ahora independiente, estuvieron en prisión preventiva a principios de 2009. Por eso, su segunda detención ha sorprendido en el seno de esta red de presunta corrupción político-empresarial que arrancó, en total secreto, en septiembre de 2008. De hecho, las segundas detenciones de algunos de los investigados han sentado bastante mal a las defensas.

Los ecologistas sostienen que la localidad, de 2.700 habitantes, es uno de los municipios con mayor ritmo de construcción de viviendas en las últimas décadas. Además, la mitad de las 3.200 casas del pueblo se han edificado en el medio rural en apenas diez años.

En los juicios por delitos urbanísticos, los extranjeros acusados por construir en suelo ilegal, explica un fiscal, suelen alegar que ellos se fiaron del Ayuntamiento y de la inmobiliaria que les vendió el terreno, normalmente asesorada por un abogado. Esa estampa, la de un inglés o un alemán en el banquillo de los acusados, y el argumento de la defensa, asegurando que se fiaron de quien les vendió la casa, han sido lugares comunes en los últimos años, especialmente desde que se aprobó la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. En cualquier caso, la operación Arcos continúa abierta y ya ha parido un hijo: Tristán, como se denominó al golpe dado esta semana.

El precio de los pisos acelera el ritmo de caída (La Opinión)

Málaga sufrió el pasado año una bajada del 13,3% en vivienda nueva

Los precios de los pisos siguen a la baja.  Gregorio Torres

J.V.R. / AGENCIAS El precio de la vivienda profundizó su caída en España durante 2011 hasta retroceder un 11,2%, lo que supone el mayor descenso anual desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria a finales de 2007. Así, el Índice de Precios de Vivienda (IPV) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) encadena ya cuatro años consecutivos de ajuste a la baja. Los expertos creen que este descenso continuará con intensidad también este año y probablemente a menor ritmo el próximo ejercicio. En Andalucía, los precios en 2011 bajaron un 8,4%.

La evolución de los precios, que según los analistas aún no ha tocado fondo aunque está cerca de hacerlo, dependerá en gran medida del saneamiento de los balances de las entidades financieras y por consiguiente del acceso al crédito, pero también del crecimiento del producto interior bruto (PIB) y de la tasa de desempleo.

Por tipos de inmuebles, el precio de la vivienda nueva disminuyó un 8,5% al cierre de 2011, también la mayor tasa del histórico y que contrasta con el aumento del 13,3% que registró a principios de 2007. La usada cayó un 13,7% el pasado año, también su mayor descenso, después de llegar a crecer hasta un 13% a comienzos en pleno apogeo del sector. El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), José Manuel Galindo, avanzó que la producción de viviendas «tocará fondo» en 2012 por el «depresivo» escenario económico que se dibuja para este año, pero señaló que la evolución dependerá de si vuelve a fluir el crédito y se recuperan las compraventas. «Se va a notar la caída de la economía hasta el 1,7% en 2012», señaló refiriéndose a la previsión de crecimiento del PIB del Gobierno.

Por su parte, el presidente del G-14, el grupo que aúna a las grandes inmobiliarias españolas, Fernando Rodríguez-Avial, reconoció que el camino para sanear el sector inmobiliario será «difícil y lamentablemente largo».

El jefe de estudios del portal inmobiliario Idealista.com, Fernando Encinar, cree que la situación actual no mejorará durante este año y quizá durante el próximo, por lo que los vendedores deberán asumir nuevos ajustes teniendo en cuenta, además, que en los próximos meses saldrán al mercado pisos de la banca más baratos.

En el caso de Málaga, los datos del Ministerio de Fomento ya revelaron en enero que 2011 fue el ejercicio de mayor caída de precios desde el estallido de la crisis en el segmento de vivienda nueva, con una bajada del 13,3%, y que se encuentra cada vez más lejos de los máximos valores que marcó con la burbuja inmobiliaria, regresando a niveles anteriores a los de año 2005. El precio del metro cuadrado en Málaga cotiza actualmente en 1.676 euros, un 34,5% menos que en el arranque de 2008.

La Costa del Sol mira al mercado ruso para dar salida a 30.000 viviendas vacías (Málaga Hoy)

"Se trata de una gran tienda en la que las partes negocian por la mañana y por las tardes van a ver los productos en vivo y en directo, que se encuentran a poca distancia porque el escaparate lo tenemos al lado". El director del Russian Meeting Point, Enrique Lacalle, definió así la feria inmobiliaria que arrancó ayer en un lujoso hotel de Benahavís. Las partes son potenciales clientes rusos que están interesados en encontrar inversiones en las que colocar sus fondos y promotores inmobiliarios ávidos en deshacerse de un stock al que no logran dar salida con la demanda nacional. Los productos son las cerca de 30.000 viviendas vacías cuantificadas en la Costa del Sol, sobre todo aquellas que están ubicadas en el denominado triángulo de oro, una zona comprendida entre Marbella, Estepona y Benahavís. Entre las tres localidades suman 40 campos de golf, según el alcalde de Estepona, José María García Urbano. 

Por la feria pasarán unos 100 inversores "que vienen directamente a comprar", según Lacalle. La demanda se reparte entre 42 expositores, muchos de los cuales alberga a más de un promotor, que cuentan desde principios de febrero con una relación de los agentes e inversores rusos. "Están enamorados de nuestro sol, de la gastronomía, del golf, la oferta de ocio y las playas", destacó Lacalle de los compradores rusos. 

Los precios de la mayoría de las viviendas en almoneda oscilan entre los 300.000 euros y los 500.000, después de que la crisis los devaluara cerca de un 50%, según Ricardo Arranz, presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y promotor de la iniciativa. El 80% de ellas está en las carteras de entidades bancarias y cajas de ahorro "dispuestas a financiar el cien por cien del precio", según Arranz. Los inmuebles más cotizados, aquellos cuyos precios de venta estaban entre los 3 y 12 millones de euros, se vendieron en 2011 a compradores rusos y árabes, señala el presidente de los urbanizadores regionales. Otros mercados a los que ofrecer los inmuebles del triángulo de oro son el alemán y el nórdico. 

El stock de viviendas vacías en el triángulo de oro no es, según Arranz, relativamente grande. "Los escándalos de corrupción que salpicaron a distintas localidades de la zona hasta medidos de la década impidieron que se construyeran tantos inmuebles al final de la burbuja inmobiliaria", explicó. El perfil de cliente ruso interesado en las propiedades inmobiliarias en la Costa del Sol ha cambiado con el transcurso del tiempo. Hace algunos años "venían los oligarcas a comprar grandes propiedades", según Lacalle. Ahora vienen los consumidores "de clases medias, que tienen ahorros y buscan en España una segunda residencia", añade. 

En el evento se organizan seminarios en los que informar a los clientes de los aspectos legales relacionados con la compra de viviendas, como solicitar un crédito, abrir una hipoteca u obtener el visado de residencia. García Urbano destacó que el encuentro ofrece una "buena oportunidad para reflexionar aspectos legislativos que dificultan las inversiones extranjeras". "En España te puedes comprar una casa pero cuesta mucho matricular un coche o conseguir un permiso de residencia. Son pequeñas cosas que hay que superar", explicó. Lacalle recordó que "las reglas de juego que hay que respetar" en el país "están muy claras". "Nadie puede hacer cosas raras porque el Gobierno central y la Unión Europea no lo permitirían", concluyó. 

Un decreto con efecto retardado (Málaga Hoy)

Dos meses después de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía diese luz verde al decreto que regula las construcciones sobre suelo no urbanizable, ¿qué situación viven los municipios en los que el fenómenos es más acusado? Málaga Hoy ha querido conocer por boca de sus alcaldes la coyuntura en la que se encuentra un fenómeno que, pese a lo que pudiera pensarse, no ha generado gran avalancha de peticiones ciudadanas. Pasadas las primeras semanas de aplicación de la normativa, al margen del reducido interés despertado entre los afectados, queda patente el complejo escenario que se abre para aplicar una ley con la que la Consejería de Obras Públicas trata de dar respuesta a un variopinto fenómeno urbanístico. "Es un lío; con lo de fuera de ordenación, lo de asimilado... No saben ni lo que han hecho", dice de manera casi irónica el alcalde de Alhaurín de la Torre, el popular Joaquín Villanova, que cuenta alrededor de medio millar de construcciones afectadas por el decreto, a las que sumar más de una decena situadas sobre suelo protegido o inundable y que, según el texto, no tienen salvación. 

"Si te digo que tu casa está en no urbanizable es un asimilado de diseminado, que está fuera de ordenación... ¿Esto qué es lo que es? ¿Qué derecho te da eso? Lo que han hecho es una barbaridad, una porquería...", sentencia. 

Villanova es claro: "No estamos haciendo nada; estamos esperando el desarrollo del decreto a través de un reglamento". Al tiempo, apunta que desde que se dio luz verde, tras casi un año de anuncio continuado, "sólo tres personas han venido al Ayuntamiento a preguntar de este tema". "La gente quiere las cosas más sencillas y hay muchos vecinos cabreados porque no encuentran una solución a su problema", añade. El regidor alhaurino tiene claro que de aplicarse el decreto, dará facilidades a los vecinos que tengan que asumir cargas externas para la ejecución de servicios. "Nadie puede pagar 30.000 euros, que puede ser la media de los costes de urbanización y servicios; por eso, nosotros daríamos hasta diez años", aclara, recordando que si el PP llega al Gobierno andaluz simplificará las cosas. 

En Cártama la situación de parálisis es semejante. De hecho, es ahora cuando, según cuenta la concejal de Urbanismo, Noelia Suárez, se está elaborando el inventario para saber cuántas viviendas hay afectadas. "De aquí al momento en que la primera vivienda se acoja al decreto pasarán meses", dice. Las estimaciones no oficiales elevan a unas 3.000 las edificaciones sobre suelo no urbanizable, la inmensa mayoría en zonas inundables, con lo que quedan fuera del ámbito de la norma. "Hay interés de los vecinos; todos tienen la esperanza de tener una solución, pero a los que tienen su casa en espacio inundable se les dirá que no hay nada que hacer". 

Alcaucín es, muy a su pesar, referente del urbanismo descontrolado desarrollado sobre el no urbanizable. Su actual alcalde, Domingo Lozano, se muestra cauto respecto a los efectos de la medida autonómica, al entender que se trata de un asunto "complejo". Esta pequeña localidad no dispone de inventario de edificaciones, a pesar, asegura, de que se ha pedido en varias ocasiones a la Junta. "Nos dicen que no hay dinero", comenta. A ello se suma un problema que puede extender a otros pequeños pueblos: la escasez de medios. "No tenemos capacidad para poder hacer el inventario ni técnica ni económicamente, porque eso supone un tiempo y un dinero del que no disponemos". A diferencia de lo que sucede en otros espacios, Lozano asegura que cada día hay vecinos que se acercan al Ayuntamiento "preguntando". Una de las cuestiones que suele salir a relucir es la relativa al pago de compensaciones para sufragar los costes de servicios. "No todos lo entienden y otros dan la callada por respuesta; la gente protesta, porque nadie quiere pagar dinero y menos en los tiempos que corren", explica. Otro escollo, apunta, es que muchos de los expedientes urbanísticos de construcciones se encuentran hoy en manos del juzgado encargado de la investigación del caso Arcos, por el que fuera detenido otra vez, entre otros, el que era alcalde José Alba. "Para nosotros es imposible acogernos al decreto a no ser que recibamos ayudas; necesitaríamos un par de arquitectos y aparejadores y abogados para llevar ese tema a diario y bastante tenemos con tener un par de días un técnica y otros días un abogado", sentencia. 

El alcalde de La Viñuela, Juan Jiménez, sitúa en unas 600 las viviendas ejecutadas sobre no urbanizable, buena parte de las cuales quiere integrarlas en el nuevo planeamiento urbanístico de la localidad, que actualmente está en fase de aprobación. "De momento no hay mucha gente preguntando, aunque eso se puede deber a que hasta la fecha hemos estado manteniendo reuniones con los interesados", dice. Su idea es "edificación por edificación" para analizar cada caso y apunta la opción de ver vías de colaboración a la hora de plantear inversiones en servicios para esas construcciones. "Todo el mundo tiene que colaborar en la medida de sus posibilidades", afirma. 

"Nosotros lo que estamos haciendo es estudiar el fondo, el concepto del decreto, y con nuestros servicios jurídicos y técnicos profundizando en el mismo", precisa el alcalde de Torrox, Francisco Muñoz. Este ayuntamiento ha dado un paso más y ha creado una unidad de atención al ciudadano, que cuenta con una arquitecta, una asesora jurídica y un administrativo y que se encargará de "gestionar la demanda que se vaya produciendo". "Es un decreto que tiene muchas visicitudes, hay que interpretar mucho", admite. Muñoz, que defiende el sentido de la norma autonómica aunque señala que no es la "panacea", asegura que por el momento no existe "una avalancha" de reclamaciones o peticiones por parte de los vecinos afectados. Los números que maneja el regidor elevan a un millar aproximadamente las construcciones en no urbanizable, predominando el caso de las viviendas unifamiliares diseminadas. 

Mercado de Huelin, un proyecto en crisis (La Opinión)

El Ayuntamiento reconoce la urgencia pero señala que no hay dinero para hacerlo

Fotografía de archivo de vecinos y dirigentes vecinales delante del mercado de Huelin en 2009. Arciniega

ALFONSO VÁZQUEZ La crisis ha conseguido retirar del último programa electoral de los populares, el de 2011, un proyecto que sí estuvo en las elecciones municipales de 2007: la construcción de un nuevo mercado para Huelin.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, llegó a presupuestarlo entonces en 22 millones de euros, pues incluía, además de nuevas instalaciones que se construirían en la parcela del mercado actual, un aparcamiento subterráneo para residentes y en la superficie, un equipamiento social para los vecinos.

Para la asociación de vecinos de Huelin, el mal estado del mercado actual, construido hace 35 años, convierte este proyecto en una necesidad urgente. «Nos estamos planteando crear una plataforma para, entre todo el barrio, hacer hincapié en que se lleve adelante esta idea porque algo hay que hacer», señala Francisco Moya, presidente de la veterana asociación Torrijos de Huelin.

El dirigente vecinal lamenta que no haya «un duro» para el nuevo mercado. «No nos sentimos engañados pero sí hartos de proyectos», subraya, al tiempo que pide que «por lo menos, haya reuniones para poder avanzar algo».
Francisco Moya llama la atención sobre el mal estado del mercado, unas instalaciones que, como recuerda, «sólo han tenido unas obras de mejora cuando le cambiaron el suelo hace tres o cuatro años, pero ya está antiquísimo». En años pasados el nuevo mercado con parking y equipamiento incluidos fue algo más que una posibilidad. En 2009, en estas mismas páginas, la entonces concejala de Comercio, Purificación Pineda, avanzaba que durante las obras se utilizaría el mercado provisional de Atarazanas, que no sólo sería empleado de forma temporal, pues una vez acabadas las obras, Pineda explicaba que «desmontaríamos los puestos del mercado provisional y se quedaría como infraestructura para uso vecinal».

Pero el mercado de Atarazanas, en la plaza de Camas, es todavía hoy objeto de críticas por parte de vecinos del Centro y de él no se ha vuelto a hablar. Como destaca Francisco Moya, «eso pasó a la historia, incluso se va a vender como chatarra porque, como no se va a hacer el mercado de Huelin, no tiene sentido tenerlo ahí más tiempo». El presidente de la asociación de vecinos subraya además los problemas de aparcamiento que padece el barrio: «Aquí hay tantísima gente que tenemos muchos problemas con los aparcamientos, sobre todo ahora que las calles peatonales se han convertido en verdaderamente peatonales y no se puede aparcar».

Por último, llama la atención sobre el mercado en sí, «que se ha convertido en uno de los más antiguos de Málaga y en los que menos cosas se han hecho».

El concejal de la Carretera de Cádiz, Raúl Jiménez, reconoció ayer a este periódico la existencia de ese proyecto en la legislatura anterior, pero precisó que en la actual no se ha incluido «por la situación económica». De hecho, en el programa electoral de 2011 del PP puede leerse una mención a la «rehabilitación o nueva construcción» del mercado de Huelin, pero «en un modelo de financiación participado por la administración autonómica».

Así, Raúl Jiménez recordó que el Ayuntamiento «siempre ha pedido a la Junta que financiara parte de la remodelación, como hizo con el mercado del Carmen», aunque reconoció que ni siquiera con la participación de la Junta habría posibilidades, «porque ahora mismo el proyecto no es asumible económicamente». Con respecto al aparcamiento, señaló que es mejor esperar «a que la situación mejore» y se puedan costear 300 plazas en vez de «hipotecar el suelo con 100».

Por último, indicó que en cuanto la situación económica mejore, «Huelin será la primera prioridad en cuanto a mercados municipales». Eso sí, quedaría descartado como mercado provisional el de Atarazanas, «porque vimos que el desmontaje, traslado y montaje era más caro que hacer uno nuevo». Los vecinos de Huelin tendrán que seguir esperando.

Cártama rescinde el contrato para hacer dos aparcamientos (SUR)

Los primeros aparcamientos subterráneos de Cártama tendrán que esperar. Cinco años después de la adjudicación del contrato para la construcción y explotación de sendos 'parkings' públicos en Cártama pueblo y en Estación de Cártama, el Ayuntamiento y la empresa han renunciado a la ejecución del proyecto, valorado en alrededor de seis millones de euros. Para ello, el pleno de la corporación aprobó la resolución del contrato rubricado en 2007 tras el acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno y dicha compañía, Edificaciones Castelló.

La crisis económica y las consiguientes dificultades para comercializar ambos aparcamientos, que sumaban unas 200 plazas, están detrás de esta decisión, que ha sido duramente criticada por el PP local por considerar que la rescisión supone un «trato de favor» hacia la adjudicataria, que no ha cumplido con su obligación de construir los dos 'parkings', los cuales iban a situarse junto al parque Santo Cristo y frente al centro de salud de Cártama Estación. En este último, el proyecto planteaba también la ejecución de una zona comercial y de oficinas en la superficie.

Según el PP, la empresa tendría que pagar una indemnización de 300.000 euros, aunque el alcalde, Jorge Gallardo, aseguró que dicha cantidad se compensaba con los intereses de demora de algunas facturas de otras obras realizadas por la misma constructora en Cártama. El regidor también señaló que, de momento, no se contempla sacar de nuevo a concurso el proyecto.

La Guardia Civil investiga un centenar de expedientes urbanísticos en Alcaucín (SUR)

Los agentes han empezado a interrogar a los ocho detenidos y a los siete imputados por la supuesta trama de corrupción en el catastro

15.03.2012 - 

J. C. / F. J.

 

MÁLAGA.

La 'operación Tristán' contra una supuesta trama de corrupción en el catastro se centran en un centenar de expedientes urbanísticos bajo sospecha, que están fechados del año 2001 en adelante. Así lo han confirmado fuentes próximas a la investigación, que indicaron que la Guardia Civil está comprobando cada uno de estos casos en busca de posibles irregularidades.

Las pesquisas se centran en una trama integrada presuntamente por empleados de la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga y del Patronato de Recaudación de la Diputación. Bajo la supuesta coordinación de un abogado, los funcionarios habrían modificado documentos con el fin de introducir información falsa -o cuando menos engañosa- a cambio de comisiones ilegales, según informó la Guardia Civil. El objetivo sería dar cobertura legal a la construcción de casas en suelo no urbanizable, o bien hacer creer a los interesados en comprar parcelas -la mayoría, ciudadanos extranjeros- que podían adquirir los terrenos para construir en ellos.

En esta operación han sido detenidos el exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba, un exsecretario municipal del Ayuntamiento, cuatro funcionarios -dos de ellos jubilados recientemente- un letrado y un promotor. El exregidor, ahora concejal en la oposición, declaró ayer durante tres horas ante los agentes que llevan el caso. Tras él estaba previsto que testificara el arquitecto de la Diputación José Francisco Mora. Primero prestarán declaración los ocho detenidos y luego los siete imputados. Se espera que los arrestados hayan pasado a disposición judicial antes de las 8.00 horas del viernes.

Los investigadores registraron la Gerencia del Catastro, en Hacienda, y la Unidad de Gestión Catastral del Patronato de la Diputación Provincial. En relación a la operación policial, el máximo responsable del ente supramunicipal, Elías Bendodo, quiso dejar claro que «todo es de la etapa de los gobiernos socialistas» en Alcaucín y en la Diputación. «Es una mala herencia, pero estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario», afirmó.

Bendodo aseguró que la institución se personará como acusación en el 'caso Arcos' «para tener conocimiento en profundidad de todos los hechos».

Ocho detenidos por falsear el Catastro a cambio de comisiones. Alcaucín (Málaga Hoy)

Arrestados por segunda vez al exalcalde de Alcaucín, un arquitecto de la Diputación y un abogado en una pieza separada del caso Arcos · La trama está acusada de siete delitos y hay otros siete imputados

Hacían creer a interesados en adquirir suelo, principalmente extranjeros, que sobre las parcelas que compraban podían construir de forma legal. Para ello presuntamente modificaban de forma fraudulenta el Catastro a cambio de comisiones ilegales. Pero en realidad, las parcelas eran no urbanizables. La trama ha sido destapada dentro de una pieza separada del caso Arcos y, de momento, se salda con ocho detenidos y siete imputados. Los arrestados permanecen en la Comandancia de la Guardia Civil a la espera de que pasen a disposición judicial. 

Por segunda vez, han sido arrestados por la Guardia Civil el exalcalde de Alcaucín y ahora edil independiente del municipio, José Manuel Martín Alba, y el que fuera jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación y aún arquitecto de esa institución adscrito a Protección Civil, José Francisco Mora. Ambos ya fueron arrestados por el caso Arcos, que en febrero de 2009 destapó una trama de corrupción político-empresarial que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable de Alcaucín. En aquel entonces, el exregidor quedó en libertad con cargos tras pasar tres meses en la cárcel de Alhaurín de la Torre y abonar una fianza de 120.000 euros; la misma que tuvo que pagar Mora para eludir la prisión. Además, ayer fueron detenidos el exsecretario municipal de esa localidad, un abogado, un promotor, dos exfuncionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga y un funcionario del Patronato de Recaudación de la Diputación. 

Esta operación, que se desprende del caso Arcos, se denomina Tristán y se inició hace más de un año. A la red se le imputan siete delitos diferentes. Entre ellos cohecho, falsificación de documento público, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, estafa y blanqueo de capitales. Según el Ministerio del Interior, los funcionarios del Catastro y del Patronato, "coordinados" por un abogado "modificaban las bases de datos del Catastro con la finalidad de introducir en las mismas información falsa o cuando menos engañosa, dando de esta manera cobertura legal a la construcción de edificaciones sobre suelo no urbanizable". El letrado arrestado es Pedro Grandfils, que también ya fue detenido en la primera fase del caso Arcos. Entonces, quedó en libertad con cargos, pero sin fianza. En el caso Arcos hay 55 imputados y en Tristán, por ahora, 15. En total, 70 acusados en dos tramas de presunta corrupción urbanística en un pueblo de poco más de 2.700 habitantes. 

Supuestamente, Martín Alba -entonces alcalde socialista y ahora edil de su propio partido (PITA)- facilitaba las licencias, el arquitecto las certificaba y el abogado coordinaba la red con los funcionarios del Patronato y del Catastro. "A cambio de las presuntas irregularidades de las bases de datos catastrales, varios de los funcionarios habrían recibido comisiones ilegales", aseguró ayer el Ministerio del Interior. Éstas oscilaban entre los 200 y los 300 euros. 

Los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción 3 de Vélez se practicaron ayer desde primera hora de la mañana en varios puntos de la ciudad de Málaga. Guardias Civiles de la Unidad Central Operativa (UCO) desplazados desde Madrid se repartieron desde poco antes de las 8:00 entre la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga, en el edificio de Hacienda; en un almacén de archivos de esta entidad, en Cristo de la Epidemia; en el Patronato de Recaudación de la Diputación, en el PTA; en el bufete del abogado arrestado y en varios domicilios de los detenidos. 

Los registros rompieron la rutina de esas dependencias públicas. La segunda planta del edificio de Hacienda fue cerrada al público. Allí, sobre las 8:30, un capitán y varios guardias civiles reunieron al personal y le indicaron que dejaran los ordenadores encendidos, los cajones abiertos y las claves de acceso. Buscaban documentos y archivos informáticos de expedientes concretos. "Iban a tiro fijo", apuntó un trabajador. Los registros se prolongaron más de 10 horas y concluyeron ya al caer la tarde. En el Patronato de Recaudación, la búsqueda apuntaba a localizar expedientes como medio de prueba para imputar delitos, entre otros, contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales. Las pesquisas se centraron en cuatro auxiliares administrativos para recabar información desde 2001. 

Fuentes de asociaciones ecologistas de la Axarquía alertaron ayer de que en la comarca se vienen detectando en los últimos años, coincidiendo con la etapa de adaptación de las antiguas normas subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), "muchas" segregaciones de fincas rústicas. También se han advertido numerosas certificaciones de edificaciones históricas que es una de las excepciones que contempla la LOUA para construir en suelo rústico. Ayer, Interior indicó que la investigación está bajo secreto de sumario y que continúa abierta, por lo que no se descartan futuras detenciones e imputaciones.

´Antes cualquiera podía cerrar un trato inmobiliario, ahora no´(La Opinión)

"La vivienda baja pero a menor ritmo del que se encarece la financiación hipotecaria", afirma el presidente de MLS

El presidente de MLS Málaga, José Alberto García Zafra.  Gregorio Torres

MATUCHA GARCÍA Las inmobiliarias de la provincia se han unido a través de la agrupación profesional MLS Málaga para lograr fortalecer el sector, mejorar el negocio y ofrecer un mejor servicio y mayor seguridad a los clientes, «generando confianza», afirma José Alberto García Zafra, su presidente.

¿Qué es MLS Málaga?
Las iniciales significan en inglés bolsa común de propiedades. Esta agrupación ya reúne a 16 inmobiliarias asociadas. Buscamos profesionalizar un sector tan complicado, y más a día de hoy, como es el sector inmobiliario, generando confianza. Pretendemos establecer unas garantías mínimas que deberá cumplir cada inmobiliaria que forme parte de esta asociación, como tener un seguro de responsabilidad civil de 600.000 euros, una formación continua de los profesionales para ir adaptándonos al mercado o estar al día en los pagos a Hacienda. Además, todas las inmobiliarias del grupo contarán con un programa común muy potente, de forma que podrán ofrecer a cualquier cliente vendedor o comprador el acceso a todas las propiedades y compradores. Estarán todos los datos del grupo en conexión.

¿Por qué esta iniciativa?
Lo que pretendemos es que al igual que al contratar a un abogado buscamos a alguien de referencia, se haga lo mismo con un profesional inmobiliario.

¿Qué es lo que ha cambiado con la crisis? ¿por qué necesitan agruparse?
Antes con colgar un cartel la vivienda se vendía en una semana, hoy hace falta adaptarse, la venta inmobiliaria requiere de otro tipo de comercialización más avanzada, más especializada. Hay que contarle al cliente si realmente el precio que pone es el correcto o no. Los asociados ponemos en común las carencias, e incluso asesoramos al cliente si el problema es la financiación y vemos cómo acudir a ese banco para que le den el dinero.

¿Existen más asociaciones?
En Málaga es la primera, pero en el norte de España, en Cantabria, existe alguna y también en Canarias, y los resultados son realmente magníficos. Esto viene importado de Estados Unidos, que llevan trabajando así ya bastante tiempo y que es la única manera de sobrevivir a este mercado y de dar un buen servicio al cliente. Un profesional encarece la operación pero da un valor adicional. Desgraciadamente, al día de hoy los precios están bajando, y ya no basta con colgar un cartel y esperar a venderlo, hay que conocer el precio exacto al que se debe poner y hacer la operación lo antes posible. Un mes o mes y medio es el plazo en el que se están vendiendo las propiedades que se ponen a precio. Hoy en día es necesario un profesional inmobiliario para poder gestionar una propiedad ya sea compra, venta o alquiler. Antes cualquiera podía cerrar un trato inmobiliario, ahora no.

¿Pese a la crisis sigue habiendo negocio?
Sí, sigue habiendo negocio, lo que no hay es despachos de viviendas, es decir, que pongo el cartel y lo vendo, sino que ahora es necesario el asesoramiento. Antes el mango de la sartén la tenían los vendedores, hasta hace poco estaba el mango en los compradores y ahora lo tienen los bancos.

¿Cómo está el sector?
Han bajado los precios y la tendencia es bajista y no vemos síntomas de que se estabilice, pero ahora el problema no es que el comprador espere a que bajen más los precios. La vivienda sigue bajando pero a menor ritmo de lo que se encarece la financiación hipotecaria, con lo cual el que compra mañana un piso se lo va a encontrar más barato de precio pero le va a salir más caro financieramente. En Andalucía además ha subido el impuesto de transmisiones patrimoniales, con lo que se han encarecido las operaciones y es posible que siga subiendo para poder sostener las cuentas públicas.

¿Han cerrado muchas inmobiliarias con la crisis?
En algunas zonas de Málaga han caído hasta en un 90%, pasando de 20 a dos o tres. Ahora se necesita a profesionales porque todas las operaciones vienen con pegas, cuando no es la financiación es un problema entre los cónyuges.

Marbella da luz verde a promociones de viviendas por valor de 6 millones (SUR)

Comienzan a moverse las grúas en el horizonte. Lo atestigua la percepción visual de cualquier lector avezado y lo ratifican los datos. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, anunció ayer en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local que el Ayuntamiento dio luz verde a 14 asuntos urbanísticos «de caldo», que darán lugar a la construcción de naves en San Pedro Alcántara, pero también a promociones por valor de seis millones de euros. Concretamente, la regidora se refirió a la construcción de 16 viviendas «de un alto nivel» con casi 4.000 metros cuadrados de techo, que evidencian, según la primera edil, que existe una cierta reactivación del sector del ladrillo. La alcaldesa valora el dato dado el contexto de crisis en el que se produce y habida cuenta del inmovilismo de los bancos para proveer de financiación. 

Impulsan la adjudicación de una veintena de VPO en Estepona con un sorteo (SUR)

El Ayuntamiento se ha propuesto regular el registro de demandantes y ordenar más de 850 solicitudes con la misma antigüedad

14.03.2012 - 

SELENE VEGA

 

ESTEPONA.

La adjudicación de una veintena de Viviendas de Protección Oficial (VPO) ya finalizadas se verá impulsada en breve por la celebración de un sorteo con el que se establecerá un orden de antigüedad entre más de 850 solicitudes de demandantes. Los adjudicatarios iniciales de estas viviendas -pertenecientes a promociones ubicadas en las urbanizaciones La Lobilla, Cancelada-Retamar y Las Mesas- renunciaron hace años a ellas, según apuntaron fuentes municipales. Ahora el Ayuntamiento realizará el sorteo entre las mencionadas peticiones, que se registraron en el Consistorio entre los días 17 y 28 de mayo de 2010.

«Como fueron recibidas en el mismo periodo, tenemos que celebrarlo para determinar un orden de antigüedad que será el determinante a la hora de acceder a estas viviendas y a las futuras promociones que se lleven a cabo en el municipio», expuso la concejala de Vivienda, Susana Arahuetes.

Tras la celebración del sorteo, el Ayuntamiento podrá utilizar una aplicación informática facilitada por la Junta de Andalucía para realizar la correcta inscripción de los solicitantes por orden de antigüedad. La concejala opinó que con el sorteo, además de dar cumplimiento a lo establecido en la ordenanza municipal que regula la adjudicación de VPO, se «da un impulso definitivo a la efectiva implantación del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida». Así, observó que se trata de un instrumento estadístico básico que permite adecuar la demanda real de los interesados a sus circunstancias socio-económicas, evitando de esta manera que las viviendas se adjudiquen de «forma arbitraria o caprichosa».

Legalizar el censo

Precisamente el Ayuntamiento ha dado otro paso más en beneficio de los ciudadanos que optan a este tipo de inmuebles relacionado con el citado registro; ha iniciado los trámites para regularizarlo. Arahuetes explicó que el Consistorio pretende «legalizar y poner orden» al censo de demandantes.

«Hemos comprobado que la anterior corporación no fue lo rigurosa que debió ser con un tema de esta importancia», manifestó Arahuetes, al tiempo que observó que las solicitudes no siguieron los trámites exigidos de presentación por registro de entrada, lo que dificultaba la posterior actualización de la documentación entregada.

El Consistorio ha optado ahora por la digitalización. Todas esas peticiones han sido sistematizadas y digitalizadas en un archivo para evitar «la dispersión documental», según explicó la concejala Arahuetes.

Por último, comentó que el equipo de gobierno es «consciente» de la necesidad que tienen muchos ciudadanos de obtener una vivienda con condiciones más favorables a las que pueden encontrar en el mercado, y avanzó que «pondrá en marcha todos los mecanismos posibles para que los procesos de adjudicación se realicen con todas las garantías legales y ajustándose a lo establecido en la ordenanza municipal».