Recreación del proyecto de ampliación de La Bajadilla. :: SUR
La situación de la ampliación del puerto de La Bajadilla ha dado un nuevo giro. Los autores del proyecto técnico han presentado en un juzgado de Primera Instancia de Málaga una demanda contra la empresa del jeque con el objetivo de paralizar el expediente de resolución del contrato e impedir de esa manera que el proyecto se pierda. Al mismo tiempo, han comunicado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento, que hay otro inversor dispuesto a hacerse cargo de la ampliación.
El objeto de la iniciativa es claro: en su condición de acreedores los autores del proyecto quieren cobrarse con la concesión la deuda del jeque para que un inversor solvente se haga cargo y así salvar el proyecto. La operación ha sido puesta en conocimiento tanto de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) como del Ayuntamiento de Marbella, socio al 3 por ciento de la UTE concesionaria.
En la demanda se pide el embargo preventivo y el nombramiento de un administrador judicial de la participación del 97 por ciento que la sociedad propiedad del jeque Al-Thani 'Nasir Bin Abdullah & Sons SL' ostenta en la UTE que ganó la concesión administrativa. La iniciativa está basada en el incumplimiento por parte del jeque del contrato firmado en enero de 2011 con el estudio de arquitectura Seguí y en la deuda de 3,8 millones de euros que la sociedad de Al-Thani mantiene con los autores del proyecto –el estudio Seguí, Berenguer Ingenieros, Axel Logis, entre otros–, y persigue impedir que la mercantil del jeque pierda su único activo, consistente en la concesión del puerto.
Justificaciones
En la demanda, presentada el pasado jueves, se explican los motivos que justificarían las medidas cautelares: la sociedad del jeque carece de titularidades registrales en España, ha incumplido con sus obligaciones ante terceros -en concreto la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) y las empresas suministradoras de La Bajadilla- y existe un elevado riesgo de que se pierda su principal activo: la concesión de la obra pública.
Al mismo tiempo, el pasado viernes se recibió por registro de entrada en la APPA una nota de los autores del proyecto en la que se da cuenta de la existencia de un inversor solvente que está dispuesto a hacerse cargo del proyecto. El escrito, presentado también por el estudio Seguí, entidad encargada del proyecto técnico de la concesión, alude a que se ha recibido «el mandato firme de un inversor de la máxima seriedad y solvencia económica y empresarial» que ha mostrado su conformidad con el proyecto, con el pliego de la concesión y con las obligaciones derivadas del mismo.
