El análisis de la información incautada y el avance de la investigación desvelan las impresionantes dimensiones de la red de blanqueo de capitales destapada con la operación Hidalgo. En un balance provisional hecho público ayer por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil se especifica que desde mediados de abril, fecha en que se produjo la primera intervención policial, se han intervenido 553 propiedades inmobiliarias y se han bloqueado cuentas bancarias por un importe de 92 millones de euros.
El documento especifica que, "aunque la operación no se ha cerrado, en estos momentos es posible hacer una evaluación material del resultado" de la misma. De este modo, los agentes especialistas en la lucha contra el blanqueo de capitales han intervenido unos 92 millones de euros que se encontraban depositados en 632 cuentas abiertas en 22 entidades bancarias diferentes. Además, en los distintos registros que se practicaron, se han incautado hasta el momento 300.000 euros en efectivo.
Pero el dato más llamativo de este cálculo provisional es la cantidad de viviendas que han sido intervenidas. La citada fuente señalaba que en casi dos meses se han descubierto 553 propiedades inmobiliarias vinculadas de alguna forma a la trama, aunque no pudieron precisar la cuantía total de las mismas "porque gran parte de las éstas se encuentran en las zonas más cotizadas de la Costa del Sol, excediendo en mucho su valor real al catastral".
Los agentes también aprehendieron 60 automóviles de lujo y multitud de joyas. Estas alhajas son en su mayoría piezas de oro y platino, diamantes y otras piedras preciosas, todas ellas de gran calidad, y que permiten suponer que han sido adquiridas como inversión, ya que se presume que son mucho más valiosas como obras de arte que como metal precioso.
La primera fase de la operación, se centró en el despacho marbellí del abogado Rafael Cruz-Conde, considerado el presunto cerebro de la trama, aunque las pesquisas policiales han conducido a Holanda, donde se registró un despacho jurídico y de asesoría laboral en el que se constató que conectaba a los implicados "con inversiones y depósitos en paraísos fiscales", y se han ampliado a otros cinco países de la Unión Europea y a otros de América, como Argentina.
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