La Junta e IU consideran que el alcalde podría haber actuado de manera ilegal al autorizar las obras de Los Merinos
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ronda ha iniciado la tramitación de las diligencias previas sobre la denuncia que presentó Izquierda Unida en febrero de 2007, contra el alcalde de Ronda, el andalucista Antonio Marín, al considerar que podría haber incurrido en un presunto delito contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente, por haber aprobado el proyecto urbanístico de Los Merinos. Según informó el portavoz municipal de la coalición, Rafael Ruiz, la aprobación se habría hecho "en fraude de ley".La Junta de Andalucía se sumó posteriormente a la demanda y remitió a la Fiscalía de Málaga dos informes sobre los impactos negativos de esta urbanización para que se agregasen al presunto delito de prevaricación contra el alcalde. El pasado mes de octubre, la Fiscalía remitió al juzgado rondeño toda la documentación para que abriese una investigación, que ahora se ha iniciado. Concretamente, la juez que dirige el caso ha solicitado información sobre el proyecto de Los Merinos tanto al Ayuntamiento rondeño como a la Junta de Andalucía para cotejar toda la documentación, según Ruiz.Por otra parte, IU solicitó hace unos días personarse en el caso - que está recogido en el expediente judicial 1.306- como acusación particular, por lo cual la juez le ha pedido un aval de 9.000 euros. El abogado de la coalición ha presentado un recurso sobre este aval para intentar rebajar su importe.En la denuncia planteada por IU, tanto Rafael Ruiz como el coordinador provincial, José Antonio Castro, entendían que la actuación del alcalde podría tener un supuesto carácter delictivo ya que "se prevé una transformación del suelo mayor a lo permitido y no cuenta con los requisitos medioambientales".Mientras, Marín Lara siempre ha sostenido que ha cumplido "escrupulosamente" la legalidad y lo establecido en el PGOU de 1993, que aún está vigente.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ronda ha iniciado la tramitación de las diligencias previas sobre la denuncia que presentó Izquierda Unida en febrero de 2007, contra el alcalde de Ronda, el andalucista Antonio Marín, al considerar que podría haber incurrido en un presunto delito contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente, por haber aprobado el proyecto urbanístico de Los Merinos. Según informó el portavoz municipal de la coalición, Rafael Ruiz, la aprobación se habría hecho "en fraude de ley".La Junta de Andalucía se sumó posteriormente a la demanda y remitió a la Fiscalía de Málaga dos informes sobre los impactos negativos de esta urbanización para que se agregasen al presunto delito de prevaricación contra el alcalde. El pasado mes de octubre, la Fiscalía remitió al juzgado rondeño toda la documentación para que abriese una investigación, que ahora se ha iniciado. Concretamente, la juez que dirige el caso ha solicitado información sobre el proyecto de Los Merinos tanto al Ayuntamiento rondeño como a la Junta de Andalucía para cotejar toda la documentación, según Ruiz.Por otra parte, IU solicitó hace unos días personarse en el caso - que está recogido en el expediente judicial 1.306- como acusación particular, por lo cual la juez le ha pedido un aval de 9.000 euros. El abogado de la coalición ha presentado un recurso sobre este aval para intentar rebajar su importe.En la denuncia planteada por IU, tanto Rafael Ruiz como el coordinador provincial, José Antonio Castro, entendían que la actuación del alcalde podría tener un supuesto carácter delictivo ya que "se prevé una transformación del suelo mayor a lo permitido y no cuenta con los requisitos medioambientales".Mientras, Marín Lara siempre ha sostenido que ha cumplido "escrupulosamente" la legalidad y lo establecido en el PGOU de 1993, que aún está vigente.
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