Los dueños, de 14 nacionalidades distintas, advierten que denunciarán el caso en sus embajadas si el PGOU no les da cobertura
Los propietarios de Río Real Playa, una de las urbanizaciones que se quedan fuera del Plan de Ordenación Urbana elaborado por el Consistorio, han anunciado que están dispuestos a acudir a instancias internacionales hasta conseguir el mismo trato que han recibido otras promociones urbanísticas construidas al margen de ordenación y que serán regularizadas.
Se trata de 60 viviendas, en un 90 por ciento adquiridas por propietarios de 14 nacionalidades diferentes, 29 de las cuales están pendientes de la orden de demolición, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara en sentencia la licencia que el propio Ayuntamiento de Marbella concedió con Jesús Gil como alcalde. La razón, ocupan suelo a pie de playa reservado para zona verde y equipamiento deportivo y cultural con protección arqueológica. Según la Junta, durante su construcción se destruyó un yacimiento arqueológico. El equipo de gobierno acordó, sin embargo, no ejecutar esta y otras sentencias hasta la aprobación definitiva del PGOU.
«Algunos propietarios extranjeros sopesan dirigirse al Ayuntamiento, solicitar su indemnización y marcharse a su país de origen porque no les merece la pena vivir bajo esta administración. Otros van a luchar por sus derechos», aseguró la comunidad de propietarios de la urbanización en un comunicado.
Tribunal de Estrasburgo
Entre las medidas que contemplan se encuentran querellarse contra el Ayuntamiento y la Junta por presunta prevaricación y dirigirse a sus respectivas embajadas para que sus gobiernos «les defiendan», apuntan. Además, tienen pensado dirigirse al Defensor del Pueblo, andaluz y nacional, y acudir, si así es necesario, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Los vecinos aseguran que todos ellos son compradores de buena fe que adquirieron los inmuebles de forma legal a través de una licencia otorgada por el Ayuntamiento , que después fue impugnada por la entonces concejal socialista, Isabel García Marcos. Recuerdan que la propia Junta de Andalucía «autorizó la continuación de las obras» tras el descubrimiento del yacimiento y aseguran que tampoco invade el dominio público marítimo terrestre «ya que el deslinde de 2006 sólo consideraba ilegal un restaurante ubicado en la playa que aún continua en pie».
No es la única urbanización de Río Real cuyo futuro pende de un hilo. El promotor inmobiliario imputado en el 'caso Malaya' José Ávila Rojas tiene hasta el 21 de diciembre para demoler una estructura levantada en esta misma zona al encontrarse en situación irregular.
Los propietarios de Río Real Playa, una de las urbanizaciones que se quedan fuera del Plan de Ordenación Urbana elaborado por el Consistorio, han anunciado que están dispuestos a acudir a instancias internacionales hasta conseguir el mismo trato que han recibido otras promociones urbanísticas construidas al margen de ordenación y que serán regularizadas.
Se trata de 60 viviendas, en un 90 por ciento adquiridas por propietarios de 14 nacionalidades diferentes, 29 de las cuales están pendientes de la orden de demolición, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara en sentencia la licencia que el propio Ayuntamiento de Marbella concedió con Jesús Gil como alcalde. La razón, ocupan suelo a pie de playa reservado para zona verde y equipamiento deportivo y cultural con protección arqueológica. Según la Junta, durante su construcción se destruyó un yacimiento arqueológico. El equipo de gobierno acordó, sin embargo, no ejecutar esta y otras sentencias hasta la aprobación definitiva del PGOU.
«Algunos propietarios extranjeros sopesan dirigirse al Ayuntamiento, solicitar su indemnización y marcharse a su país de origen porque no les merece la pena vivir bajo esta administración. Otros van a luchar por sus derechos», aseguró la comunidad de propietarios de la urbanización en un comunicado.
Tribunal de Estrasburgo
Entre las medidas que contemplan se encuentran querellarse contra el Ayuntamiento y la Junta por presunta prevaricación y dirigirse a sus respectivas embajadas para que sus gobiernos «les defiendan», apuntan. Además, tienen pensado dirigirse al Defensor del Pueblo, andaluz y nacional, y acudir, si así es necesario, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Los vecinos aseguran que todos ellos son compradores de buena fe que adquirieron los inmuebles de forma legal a través de una licencia otorgada por el Ayuntamiento , que después fue impugnada por la entonces concejal socialista, Isabel García Marcos. Recuerdan que la propia Junta de Andalucía «autorizó la continuación de las obras» tras el descubrimiento del yacimiento y aseguran que tampoco invade el dominio público marítimo terrestre «ya que el deslinde de 2006 sólo consideraba ilegal un restaurante ubicado en la playa que aún continua en pie».
No es la única urbanización de Río Real cuyo futuro pende de un hilo. El promotor inmobiliario imputado en el 'caso Malaya' José Ávila Rojas tiene hasta el 21 de diciembre para demoler una estructura levantada en esta misma zona al encontrarse en situación irregular.
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