El Ayuntamiento tasa en casi tres millones la expropiación forzosa y los dueños piden más por el lucro cesante
Los criterios medioambientales, más que los urbanísticos, han sido la coartada perfecta para que el Ayuntamiento haya podido paralizar las obras iniciadas en la Cañada de los Ingleses por la promotora Aifos para la construcción de una veintena de chalés. Los trabajos fueron paralizados ayer al detectarse que se estaban talando ejemplares de yuca (de la rama de las elephantipes) cuando los informes realizados sobre la afección de obras en esa parcela indicaban que ese tipo de plantas debían ser transplantadas, según informó el Consistorio.
Por la mañana, el alcalde, Francisco de la Torre, ya advirtió a los dueños de que por el camino que habían iniciado «no van a ninguna parte» porque aunque el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 permite la construcción de viviendas, en la aprobación provisional de la revisión del documento se establece esta zona como zona verde para el proyecto de conversión de en un parque urbano.
El Ayuntamiento va a expropiar forzosamente estos terrenos para su uso público, una medida que, según el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, supondrá el desembolso de entre dos y tres millones de euros.
Una cifra con la que no está de acuerdo la titular de los terrenos, la empresa Aifos, que reclama una indemnización mayor, que no se concretó aunque, según algunas fuentes, como mínimo puede triplicar la que ofrece el Consistorio. En su momento, cuando se cambió el uso del suelo, los dueños presentaron ante los tribunales un recurso contencioso administrativo en el que solicitaron una indemnización de casi veinticinco millones de euros por el lucro cesante. Ese era el dinero que pensaban recaudar por la venta de los edificios que allí se iban a levantar.
Los criterios medioambientales, más que los urbanísticos, han sido la coartada perfecta para que el Ayuntamiento haya podido paralizar las obras iniciadas en la Cañada de los Ingleses por la promotora Aifos para la construcción de una veintena de chalés. Los trabajos fueron paralizados ayer al detectarse que se estaban talando ejemplares de yuca (de la rama de las elephantipes) cuando los informes realizados sobre la afección de obras en esa parcela indicaban que ese tipo de plantas debían ser transplantadas, según informó el Consistorio.
Por la mañana, el alcalde, Francisco de la Torre, ya advirtió a los dueños de que por el camino que habían iniciado «no van a ninguna parte» porque aunque el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 permite la construcción de viviendas, en la aprobación provisional de la revisión del documento se establece esta zona como zona verde para el proyecto de conversión de en un parque urbano.
El Ayuntamiento va a expropiar forzosamente estos terrenos para su uso público, una medida que, según el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, supondrá el desembolso de entre dos y tres millones de euros.
Una cifra con la que no está de acuerdo la titular de los terrenos, la empresa Aifos, que reclama una indemnización mayor, que no se concretó aunque, según algunas fuentes, como mínimo puede triplicar la que ofrece el Consistorio. En su momento, cuando se cambió el uso del suelo, los dueños presentaron ante los tribunales un recurso contencioso administrativo en el que solicitaron una indemnización de casi veinticinco millones de euros por el lucro cesante. Ese era el dinero que pensaban recaudar por la venta de los edificios que allí se iban a levantar.
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