Jorge Benavides S. *
La huella que sobre el territorio ha dejado el urbanismo salvaje de la última década ha empequeñecido los desmanes preconstitucionales, ha desgarrado montañas, ha contaminado arroyos, ha invadido parques naturales protegidos, ha destrozado el paisaje, ha burlado la Ley de Costas y ha sembrado de ilegalidad el campo (más de 20.000 casas). En cada provincia, municipio o comarca las manifestaciones de esta barbaridad tienen diversas características, muchos matices. Llevo investigando cuatro años este fenómeno con el fin de cuantificar y caracterizar los modos de consumo de los cuatro elementos que los clásicos consideraron fundamentales para la vida: aire (contaminación), agua, tierra (suelo) y fuego (combustibles fósiles). Actualmente están incluidos dentro del concepto de sostenibilidad, entendida en su original y única acepción: la responsabilidad social en el consumo de los recursos naturales no renovables.
Los técnicos, los políticos, los ciudadanos y la administración del estado deben saber que el suelo es un recurso limitado. Cuando se ocupa con fines urbanísticos se hace productivamente irrecuperable, queda definitivamente esterilizado.
El territorio andaluz está dividido en 770 municipios, con más de 2000 entidades urbanas. Con un criterio demográfico, la Ley Nacional para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (2007) al respecto distingue entre el Área Geográfica donde hay un núcleo inferior a 20.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 hab/km. cuadrado; la zona rural que sirve de referencia para el Programa de Desarrollo Rural Sostenible y el Municipio rural propiamente dicho, con menos de 5.000 residentes.
Hasta hace poco la administración tenía asumido que el 23% del total de la población andaluza era rural y el resto, urbana. Desde la Ordenación del Territorio, técnica para ocuparlo racionalmente con edificaciones y usos; más todavía desde la óptica del PGOU, la cuestión merece numerosas y finas matizaciones.
La realidad va más allá de la estadística y preña de nuevos significados a las palabras. Un ejemplo: un pueblo de la Axarquía malagueña tiene 3.712 habitantes pero 4 de cada 10 son extranjeros. Si se quiere comprar una casa aquí, es más fácil hacerlo por internet a inmobiliarias del Reino Unido, de donde precisamente procede el 54% de la población extranjera residente.
Desde Málaga hay 55 km; 43 por autovía y el resto por carretera asfaltada. Estadísticamente, todas las familias usan su coche. Del total de las viviendas, 1 de cada 3 destroza el paisaje; corresponden a chalés ´desparramados´ en el territorio, muchos tienen piscina propia y la mayor parte, una legalidad incompleta. En suma, aquí la forma de destrozar el paisaje, es similar a la de Los Ángeles (15 viv/hect.) pero con menor densidad y, por lo tanto, el consumo/derroche de los recursos naturales no renovables es más escandaloso, insostenible.
Según el IEA, la principal actividad económica de este municipio es la construcción; después, el comercio. De sus 53 km. cuadrados, dedica a la agricultura menos de 1. La actividad económica no es rural, la conectividad con el resto del mundo es mayor que con Sevilla capital de Andalucía y el modo de vida es urbano. En algunos de estos pequeños núcleos -cosa que no sucede ni en las capitales- se publican periódicos bilingües y en los bares se exponen anuncios en inglés ofreciendo todo tipo de servicios. Desde 1988, para mayor singularidad, hasta tienen moneda propia de plata, denominada ´Axarco´. Identificar como rural a éste y otros municipios similares de la Axarquía, con un alto porcentaje de casas y pobladores desparramados, no es real.
La economía globalizada es consecuencia de las formas de producir (invernaderos, cultivos hidropónicos), reproducir (semillas conseguidas con ingeniería genética), distribuir (compraventa por internet, paquetería internacional inmediata) y de relacionarse (Match, Second Life, chats). Todos estos municipios se caracterizan por tener un alto porcentaje de actividades urbanas. Sin embargo, debido a sus limitados recursos financieros y técnicos, pocos municipios pequeños han logrado aprovechar las posibilidades que brinda la globalización para hacer realidad un desarrollo con calidad de vida.
En este contexto, los Grupos de Desarrollo Comarcal, llamados a introducir, canalizar y facilitar los factores de innovación en todos los aspectos para mejorar el desarrollo, han analizado una situación de plena actualidad: la integración de los nuevos pobladores en los núcleos urbanos con pequeña población aborigen, afectados por la fiebre de la edificación desparramada, desmesurada y depredadora: inmigrantes de todas las edades y ocupaciones, nacionales, de la UE y extracomunitarios. Bien.
El siguiente paso tendrá que darlo la administración: proponer soluciones a partir de la fea realidad pero obviando una hipotética orden judicial para demoler las casas ilegales porque sería inejecutable y también la legalización general por decreto porque sería inconcebible e injusta. Hay que elevar al ámbito de la técnica y de la acción de gobierno las sinergias positivas de la realidad y las espontáneas iniciativas de integración para incorporar los aportes que ofrecen los nuevos pobladores. La crisis debería ser el inicio del éxito.
* Profesor Titular del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Universidad de Sevilla
La huella que sobre el territorio ha dejado el urbanismo salvaje de la última década ha empequeñecido los desmanes preconstitucionales, ha desgarrado montañas, ha contaminado arroyos, ha invadido parques naturales protegidos, ha destrozado el paisaje, ha burlado la Ley de Costas y ha sembrado de ilegalidad el campo (más de 20.000 casas). En cada provincia, municipio o comarca las manifestaciones de esta barbaridad tienen diversas características, muchos matices. Llevo investigando cuatro años este fenómeno con el fin de cuantificar y caracterizar los modos de consumo de los cuatro elementos que los clásicos consideraron fundamentales para la vida: aire (contaminación), agua, tierra (suelo) y fuego (combustibles fósiles). Actualmente están incluidos dentro del concepto de sostenibilidad, entendida en su original y única acepción: la responsabilidad social en el consumo de los recursos naturales no renovables.
Los técnicos, los políticos, los ciudadanos y la administración del estado deben saber que el suelo es un recurso limitado. Cuando se ocupa con fines urbanísticos se hace productivamente irrecuperable, queda definitivamente esterilizado.
El territorio andaluz está dividido en 770 municipios, con más de 2000 entidades urbanas. Con un criterio demográfico, la Ley Nacional para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (2007) al respecto distingue entre el Área Geográfica donde hay un núcleo inferior a 20.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 hab/km. cuadrado; la zona rural que sirve de referencia para el Programa de Desarrollo Rural Sostenible y el Municipio rural propiamente dicho, con menos de 5.000 residentes.
Hasta hace poco la administración tenía asumido que el 23% del total de la población andaluza era rural y el resto, urbana. Desde la Ordenación del Territorio, técnica para ocuparlo racionalmente con edificaciones y usos; más todavía desde la óptica del PGOU, la cuestión merece numerosas y finas matizaciones.
La realidad va más allá de la estadística y preña de nuevos significados a las palabras. Un ejemplo: un pueblo de la Axarquía malagueña tiene 3.712 habitantes pero 4 de cada 10 son extranjeros. Si se quiere comprar una casa aquí, es más fácil hacerlo por internet a inmobiliarias del Reino Unido, de donde precisamente procede el 54% de la población extranjera residente.
Desde Málaga hay 55 km; 43 por autovía y el resto por carretera asfaltada. Estadísticamente, todas las familias usan su coche. Del total de las viviendas, 1 de cada 3 destroza el paisaje; corresponden a chalés ´desparramados´ en el territorio, muchos tienen piscina propia y la mayor parte, una legalidad incompleta. En suma, aquí la forma de destrozar el paisaje, es similar a la de Los Ángeles (15 viv/hect.) pero con menor densidad y, por lo tanto, el consumo/derroche de los recursos naturales no renovables es más escandaloso, insostenible.
Según el IEA, la principal actividad económica de este municipio es la construcción; después, el comercio. De sus 53 km. cuadrados, dedica a la agricultura menos de 1. La actividad económica no es rural, la conectividad con el resto del mundo es mayor que con Sevilla capital de Andalucía y el modo de vida es urbano. En algunos de estos pequeños núcleos -cosa que no sucede ni en las capitales- se publican periódicos bilingües y en los bares se exponen anuncios en inglés ofreciendo todo tipo de servicios. Desde 1988, para mayor singularidad, hasta tienen moneda propia de plata, denominada ´Axarco´. Identificar como rural a éste y otros municipios similares de la Axarquía, con un alto porcentaje de casas y pobladores desparramados, no es real.
La economía globalizada es consecuencia de las formas de producir (invernaderos, cultivos hidropónicos), reproducir (semillas conseguidas con ingeniería genética), distribuir (compraventa por internet, paquetería internacional inmediata) y de relacionarse (Match, Second Life, chats). Todos estos municipios se caracterizan por tener un alto porcentaje de actividades urbanas. Sin embargo, debido a sus limitados recursos financieros y técnicos, pocos municipios pequeños han logrado aprovechar las posibilidades que brinda la globalización para hacer realidad un desarrollo con calidad de vida.
En este contexto, los Grupos de Desarrollo Comarcal, llamados a introducir, canalizar y facilitar los factores de innovación en todos los aspectos para mejorar el desarrollo, han analizado una situación de plena actualidad: la integración de los nuevos pobladores en los núcleos urbanos con pequeña población aborigen, afectados por la fiebre de la edificación desparramada, desmesurada y depredadora: inmigrantes de todas las edades y ocupaciones, nacionales, de la UE y extracomunitarios. Bien.
El siguiente paso tendrá que darlo la administración: proponer soluciones a partir de la fea realidad pero obviando una hipotética orden judicial para demoler las casas ilegales porque sería inejecutable y también la legalización general por decreto porque sería inconcebible e injusta. Hay que elevar al ámbito de la técnica y de la acción de gobierno las sinergias positivas de la realidad y las espontáneas iniciativas de integración para incorporar los aportes que ofrecen los nuevos pobladores. La crisis debería ser el inicio del éxito.
* Profesor Titular del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Universidad de Sevilla
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