Será la segunda prisión de la provincia tras Alhaurín de la Torre y será de penados.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el acuerdo por el que se reconoce la utilidad pública específica, a efectos de expropiación forzosa, de los terrenos necesarios para la construcción de una nueva cárcel del municipio malagueño de Archidona. Según informó la Subdelegación del Gobierno en Málaga, el acuerdo es de carácter urgente, ya que es preciso realizar las obras necesarias para poner en funcionamiento este nuevo centro.
El alcalde de Archidona, Manuel Sánchez, lamentó la decisión. Para Sánchez, "esto es señal de que no ha habido un acuerdo entre los propietarios de las parcelas y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, algo que hubiera preferido, pues finalmente, no sé en cuánto se han valorado los terrenos y si el precio que se les ha ofrecido a los propietarios es el justo y razonable".
El primer edil declaró al respecto que "se ha procedido de esta manera para que se puedan cumplir los plazos establecidos, no obstante, el Estado debe mostrarse sensible con las peticiones y mejoras que solicitan los vecinos y defender sus intereses y los del municipio".
La segunda cárcel de Málaga se construirá en la zona conocida como La Saucedilla, situada en la carretera de Archidona en dirección a Villanueva del Trabuco, dentro del término municipal archidonés y cuenta con un presupuesto de 120 millones de euros.
Los terrenos donde irá ubicada ocupan una superficie de más de 340.000 metros cuadrados valorados en más de dos millones de euros. Así, Málaga II será la segunda prisión de la provincia tras la de Alhaurín de la Torre, será de penados y descargará a ésta, que alberga a algo más de 2.000 reclusos. Se prevé que el anteproyecto esté concluido en octubre y en los meses siguientes hasta fin de año se procederá a licitar y adjudicar las obras, que comenzarán en 2010. El centro penitenciario comenzará a funcionar en el 2012. Además, se crearán 700 empleos directos y se necesitarán cubrir 800 puestos de trabajo, de los cuales 620 los ocuparán funcionarios y 80 serán contratos laborales. Los cien restantes serán cubiertos por guardias civiles.
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