El ladrillo vuelve a estar en el punto de mira. Y mientras que Almogía se encuentra en plena investigación, los alcaldes de la Axarquía acaban de crear una Mesa de Trabajo por el Urbanismo en la comarca. No quieren renunciar a la construcción, a la que ven como una fuente de desarrollo de los municipios. Por eso, gobiernos de todos los signos políticos han plantado cara a la Junta de Andalucía, a la que exigen que flexibilice las normas para reimpulsar el sector urbanístico, ahora totalmente paralizado, debido a los constantes procedimientos judiciales abiertos por supuestas irregularidades en materia de planeamiento, que afectan a la mayor parte de los pueblos de la comarca.
La Mesa de Trabajo por el Urbanismo de la Axarquía, creada en el seno de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental, se encargará de debatir y elevar a la Junta de Andalucía las modificaciones que habrá que realizar en la Ley de Ordenación Urbanística andaluza (LOUA) para reimpulsar el ladrillo.
La mesa está formada por 20 de los 31 municipios de la comarca, la propia Mancomunidad, la Diputación de Málaga y la Asociación de Provincial Constructores, que deberán encontrar una solución a las más de 10.000 viviendas ilegales (22.000, según los ecologistas) construidas en suelo no urbanizable, situación que ha llevado incluso a algunos colectivos de propietarios a pedir incluso la amnistía para las casas fuera de ordenación. A nadie se le escapa que la mesa nace a remolque de la iniciativa de los alcaldes socialistas de exigir que las presuntas irregularidades cometidas se resuelvan por la vía del derecho administrativo y no la penal. La Consejería rehusó la invitación de la Mancomunidad de formar parte de la Mesa de Trabajo por el Urbanismo.
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