El Gobierno andaluz espera tener el expediente completo , con los informes sectoriales, esta semana Mantiene su compromiso de acortar los plazos
24.11.2009 -
María Gámez y Josefa López visitaron uno de los bloques del caso antiguo que se reforma con ayudas de la Junta. /JOSELE-LANZA
Si no surge ningún contratiempo de última hora, Marbella podrá estrenar su primer Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en dos décadas el próximo enero. El nuevo planeamiento, que en las últimas semanas se había atascado en la burocracia por la falta de cuatro informes sectoriales que debían emitir tanto el Gobierno andaluz como el central, parece tener el camino casi despejado y se prepara para encarar la recta final de su tramitación.
Así lo explicó ayer la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, que señaló que a mediados de semana el Ayuntamiento recibirá el dictamen de impacto ambiental de la Junta; un informe considerado «fundamental». Con este documento, el expediente del Plan estará definitivamente completo y empezará la cuenta atrás para que el Ejecutivo regional le dé el visto bueno definitivo. «Esperamos que sea en enero; esperamos que no sea en febrero», anotó López cuando se le preguntó por un plazo para que tenga todas las bendiciones.
Ese fue precisamente el compromiso del consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas: Acortar los cinco meses de plazo que tiene la Junta para pronunciarse sobre el plan a la mitad e incluso a dos meses, dada la excepcionalidad del caso de Marbella, ya que fue la propia Junta, cuando ostentó las competencias urbanísticas, la que inició la redacción del PGOU. «Dependerá de cuándo se pueda dar por finalizado el expediente; entonces nos pondremos a trabajar sin perder tiempo porque el Plan de Marbella es una prioridad», abundó la delegada provincial del ramo.
De momento, el único informe sectorial que está físicamente en la Delegación Municipal de Urbanismo es el de la Consejería de Cultura. Restarían el de la Consejería de Medio Ambiente, el que llegará esta misma semana, y los dos dependientes del Gobierno central: el de Costas y el de Carreteras. En el primer caso el dictamen está listo a falta de algunos retoques, según indicaron fuentes municipales. El de Carreteras iría más rezagado.
Silencio administrativo
«Seguramente alguno no va a estar pero lo vamos a dar por presentado por silencio administrativo», explicó López. De hecho, el plazo de dos meses para emitir los informes cumplió el pasado octubre, ya que el PGOU se aprobó a finales de julio de este año. Pese a este calendario oficial, el Ayuntamiento aseguró que prefería esperar para incorporar dictámenes que afectan de lleno al modelo de ciudad, caso del de impacto medioambiental.
Una vez el expediente se dé por completado y esté en manos de la Junta, empezará a contar el plazo de cinco meses que marca la ley para que el Gobierno andaluz se pronuncie. «Cuando la alcaldesa (Ángeles Muñoz) hablaba de finales de diciembre era porque el plazo que tenían las administraciones para hacer los informes finalizaba en octubre y a partir de ahí sí daba finales de año pero la realidad es que a día de hoy el informe no está completo», abundó la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, que visitó ayer la ciudad acompañada de la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez.
Al margen de la burocracia, los técnicos de las administraciones local y autonómica hace semanas que mantienen reuniones para analizar distintos aspectos del documento e intentar agilizar en la medida de lo posible lo que resta de tramitación. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento recibe ya a los primeros inversores interesados en poner en marcha proyectos al calor del nuevo Plan General, tanto que incluso está prevista la puesta en marcha de una oficina para el asesoramiento a los empresarios interesados en traer actuaciones a la ciudad, caso de centros universitarios, colegios concertados y hasta un museo. Por la sede de Urbanismo también han asomado los primeros promotores dispuestos a asumir el pago de las compensaciones para regularizar sus viviendas. De momento son sólo seis o siete, pero se espera que la cifra siga creciendo.
Será el nuevo camino, con un planeamiento flamante, que comenzará a andarse después de enero.
Atrás quedarán más de tres años de aprobaciones, dimes y diretes y alegaciones. Los comienzos fueron peculiares. El documento lo redactó la Junta de Andalucía después de retirarle en 2006 las competencias urbanísticas al Ayuntamiento presidido por Marisol Yagüe. Con el PP ya en el equipo de gobierno y el control del urbanismo nuevamente, se aprobó inicialmente en julio de 2007 pese a que no convencía del todo a los nuevos responsables municipales. Recibió más de 8.500 alegaciones. Posteriormente introdujeron algunos cambios y se llevó a una primera aprobación provisional en octubre de 2007. Nuevo aluvión de alegaciones. En julio de este año el equipo de gobierno le daba el segundo visto bueno provisional.
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