Dúplex de lujo, garajes y trasteros integran el escaso pero rocambolesco patrimonio municipal que dejó el GIL
14.06.2010 -
Vista del acceso al complejo residencial Birdie Club, en la urbanización Golf Río Real. :: JOSELE-LANZA
«Se vende vivienda dúplex de lujo en la zona este de Marbella. Ubicada en planta semisótano y baja del Conjunto Residencial Birdie Club, de la urbanización Golf Río Real. Con acceso directo desde las zonas comunes y una superficie de 380,77 metros cuadrados; de ellos 97 de terraza y 78,77 de jardines privados. Cuatro dormitorios, tres baños y aseo. Garaje y trastero».
Podría ser cualquier anuncio por palabras de la sección inmobiliaria de un periódico o el texto que acompaña al maremágnum de inmuebles en venta en los escaparates de las inmobiliarias. Pero nada más lejos de la realidad. Quien está detrás de esta atractiva propiedad no es otro que el Ayuntamiento de Marbella, que de un tiempo a esta parte está desprendiéndose de inmuebles que no tenían utilidad para el Consistorio para poder dar un balón de oxígeno a las arcas municipales.
De sólido a líquido
«Son cosas que no tiene ninguna finalidad dentro del patrimonio municipal y que se enajenan para convertirlo en líquido», explica Félix Romero, portavoz del equipo de gobierno, que resta importancia a esta oleada de ventas que se está registrando en las últimas semanas. «No es ni más ni menos que lo que hace cualquier ayuntamiento», apunta. Sí, pero no todos los consistorios tienen en su patrimonio garajes, trasteros o pisos de lujo.
«La peculiaridad de Marbella viene de los convenios de la época del GIL, que se cuadraban con bienes que en muchos casos se sobrevaloraban», aclara. En algunos casos, como en el del complejo Birdie Club, el único uso que tuvo durante años fue, según relata Romero, el de servir de vivienda gratuita para algún concejal gilista u otras personas vinculadas al entonces organigrama municipal.
A eso se suman las cargas que arrastraban la mayoría de los inmuebles y que se han tenido que ir saneando con acuerdos con las entidades financieras. «Poner en orden el patrimonio municipal no es un trabajo sólo de cuatro años. Todavía pueden aparecer más bienes de titularidad municipal que se desconocían o algunos que dejaron de serlo pero que no se habían cambiado en el registro», subraya el portavoz del equipo de gobierno sobre este trabajo de encaje de bolillos que culmina con la enajenación los inmuebles que no tienen utilidad.
De momento, para los que estén a la caza del chollo, si es que lo son, las ofertas son un dúplex con garaje y trastero en Río Real por 523.624 euros, siete plazas de garaje en el edificio B de la Terraza de Las Lomas del Marbella Club por un precio de 105.000 euros y la enajenación mediante subasta pública del trastero número cinco del mismo edificio, con un precio de partida de 22.080 euros.
No serán los únicos. El equipo de gobierno ya prepara la venta de un ático y de otros inmuebles que se determine que no tienen cabida en el patrimonio municipal y que es preferible convertir en líquido. Esta es una de las modalidades. La otra es la concesión administrativa del uso, que permite mantener la titularidad pero sacar rédito a propiedades que, en lugar de dar beneficios, estaban generando gastos.
Es el caso de varios locales municipales del puerto deportivo de Marbella hasta el 2026, cuando expira la concesión de la gestión del recinto náutico. Finalmente se ha adjudicado provisionalmente a la entidad Sersagim S. L. por 240.000 euros. Más elevada es la cuantía por el uso del llamado edificio Caralt, a pie de la autovía en Puerto Banús y que se levanta en una parcela de 3.000 metros cuadrados.
Tenencia de Banús
Antaño Tenencia de Alcaldía con una distribución de despachos kilométricos pero con poca operatividad, se convertirá en centro sanitario tras salir a concurso público su uso por 4,5 millones por 40 años. Este trámite viene a regularizar la concesión otorgada en 1999 por el equipo de gobierno del GIL a la empresa Helicópteros Sanitarios, que ocupa la segunda planta y que se ha hecho con el concurso, ya que en caso contrario la nueva empresa debía indemnizarla con 986.288 euros. Poco rentable.
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