Los constructores están contra la espada y la pared y han apostado por denunciar públicamente su situación para buscar algún tipo de solución. La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) informó ayer de que la morosidad de las administraciones públicas pondrá en peligro hasta 7.000 puestos de trabajo en la construcción en el caso de que no abonen sus facturas antes de que finalice el año.
En los dos últimos años los ayuntamientos y la propia Junta de Andalucía han licitado y adjudicado una serie de obras que, tras ser ejecutadas y entregadas por las empresas, no han sido pagadas. La mayoría de esos proyectos tienen un presupuesto que gira sobre los 500.000 euros, una cantidad abultada para una pequeña o mediana empresa, que en Málaga son mayoría. El presidente de la ACP, José Prado, aseguró ayer tras la asamblea general celebrada por este colectivo que el montante total que adeudan tanto los ayuntamientos de la provincia -con excepción del de la capital- como el Gobierno andaluz asciende a 310 millones. "Las perspectivas a corto plazo son demoledoras y en el caso de que las administraciones no paguen sus deudas muchas empresas están abocadas al concurso", aseguró Prado, que llegó a afirmar que en el caso de las deudas fueran finiquitadas el Producto Interior Bruto (PIB) crecería un 2%. Para contrarrestar esta situación, la ACP puso sobre la mesa la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, facilitar que fluya el crédito a las empresas y las familias y dar una solución al problema de la morosidad de las administraciones públicas. "Es inadmisible el absoluto desprecio que algunas administraciones muestran por el tejido empresarial malagueño". La patronal tiene claro que cualquier compañía ganaría el pleito, pero son conscientes de que desde que ponen la denuncia hasta que se tiene una sentencia, que podría ser recurrida, pueden pasar varios años y en ese periodo la empresa podría haber desaparecido. Además, Prado hizo ayer un llamamiento a las nuevas corporaciones que tomen posesión este sábado: "Que no se escuden en que las facturas son del anterior equipo de gobierno o de otro partido". La obra pública y la privada son las dos patas sobre las que los promotores y los constructores apoyan su negocio, pero en estos momentos las dos se encuentran cojas. En 2010 la inversión de las administraciones públicas, Gobierno, Junta y Ayuntamiento, ascendió a 634 millones de euros por los 992 de 2009 ó los 1.059 de 2008. En cuanto a las inversión privada, en el primer trimestre de 2011 se visaron 221 viviendas por las 929 de 2010 ó las 1.001 de 2009. La vivienda de protección oficial, a pesar de la demanda existente y del supuesto interés de las administraciones, sigue siendo una rara avis y en los tres primeros meses del año no se visó ninguna VPO. No corren buenos tiempos para la construcción y lejos quedan las 45.000 viviendas visadas en 2006 por las 2.362 del año pasado. "No es una cuestión de precio porque el margen de beneficio hace tiempo que desapareció", dijo Prado.
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