Interior busca terrenos en Málaga para construir un nuevo centro de internamiento de extranjeros (La Opinión)

Interior contesta a una pregunta hecha por los diputados del PSOE por Málaga que ya ha habido contactos con el Consistorio y la Junta para encontrar una ubicación
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) ubicado en el barrio de Capuchinos tiene los días contados. El Ministerio del Interior ha reconocido en la respuesta a una pregunta efectuada al Ejecutivo por los diputados del PSOE por Málaga que "se está estudiando una nueva ubicación para el centro que permita la construcción de otras instalaciones diseñadas específicamente para tal fin y sin limitaciones arquitectónicas previas".El CIE se encuentra en un antiguo acuartelamiento militar y en el edificio son recluidos aquellos extranjeros que se encuentran de forma irregular en España, de forma que esperan en el centro su expulsión administrativa del país.Las malas condiciones en las que se encuentra, a pesar de las continuas reformas, y otros problemas ajenos a su mantenimiento (un proceso judicial por supuestos abusos sexuales cometidos por algunos de los funcionarios de Policía Nacional que allí trabajaban sobre determinadas internas) han provocado que el CIE siempre esté en el epicentro de la polémica.Numerosos colectivos sociales han solicitado a través de diversos medios su cierre inmediato, pero no ha sido hasta ahora cuando el Gobierno se ha planteado la necesidad de buscar una nueva parcela para construir allí el edificio, huyendo de un antiguo cuartel sobre el que lo único que se podía hacer era poner parches temporales a través de importantes reformas."En el CIE se llevan a cabo periódicamente actuaciones para su mantenimiento integral efectuando continuas inversiones debido a su antigüedad y su estructura, condicionada por edificios preexistentes, al normal deterioro por el uso implícito a su funcionamiento y al incremento de plazas que se ha producido", explica el Gobierno en su respuesta a los diputados nacionales Miguel Ángel Heredia, José Andrés Torres Mora, Ana Fuentes y Luis Tomás García.El esbozo de esta iniciativa no se ha quedado en una mera declaración de intenciones, sino que "las anteriores circunstancias han dado lugar al inicio de actuaciones por los órganos competentes del Ministerio del Interior con otras administraciones públicas (Ayuntamiento y Junta de Andalucía), para disponer de otro emplazamiento, con el fin de conseguir una solución definitiva a la actual situación".El propio fiscal delegado de Extranjería de Málaga, Juan Bermejo, ha hecho llegar sus quejas por la situación en la que se encuentra el edificio a la Fiscalía General del Estado a través de varias memorias anuales, escritos en los que ha solicitado insistentemente la construcción de un nuevo CIE y la mejora, mientras tanto, del actual edificio, algo que sí ha desarrollado el Gobierno.

La Alcazaba se reabrirá el 4 de diciembre tras una inversión de más de 7 millones. Antequera (SUR)

El Consistorio quiere que el presidente de la Junta inaugure el inmueble aprovechando la celebración en la Colegiata de un pleno del Parlamento

LA INTERVENCIÓN
Red de Ciudades Medias: Por definir. Obras de consolidación y excavación del recinto.

Escuela Taller Ribera de la Villa: Financiada con 4,5 millones. Entre sus proyectos estuvo la recuperación de la muralla y la construcción de la nueva torre.

Ruta de las Andalucías: 1,8 millones para restaurar la muralla.

Uno por ciento cultural: Intervención en la Torre del Homenaje, presupuestada en 300.000 euros.Uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad podría reabrir sus puertas a los visitantes con una inauguración de lujo que contaría con la presencia del presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves; los consejeros de Cultura y Turismo, Rosa Torres y Luciano Alonso, y otros parlamentarios andaluces.

No en vano, el Ayuntamiento está trabajando para que la reapertura de la fortaleza árabe sea el próximo 4 de diciembre, coincidiendo con la celebración en la ciudad de un pleno del Parlamento en la Real Colegiata de Santa María la Mayor para conmemorar el trigésimo aniversario del Pacto de Antequera, antesala del primer Estatuto de Andalucía, según avanzó ayer el alcalde de la localidad, Ricardo Millán. «Una inauguración de más nivel y más altura que esa no podríamos pensar», matizó el primer edil.

El regidor de la ciudad de El Torcal destacó a este periódico los más de siete millones de euros que se han invertido en restaurar y consolidar el recinto amurallado, cerrado al público desde hace unos tres años. Así, siguiendo el Plan Director de la Alcazaba que se elaboró hace unos años, las distintas fases de la Escuela Taller Ribera de la Villa han recuperado la muralla y construido una nueva torre con una inversión de 4,5 millones de euros. Además, otra parte de la muralla se restauró con cargo al programa Ruta de las Andalucías, contando para ello con 1,8 millones de euros y con el uno por ciento cultural se intervino en la Torre del Homenaje, actuación que costó 300.000 euros. A ello, hay que añadir la intervención, aún por cuantificar, que se está haciendo y se hará en el recinto amurallado con cargo a la Red de Ciudades Medias. Según Millán con estos fondos se ha restaurado y excavado parte del recinto y en el futuro se seguirá excavando sin perjudicar las visitas de los turistas.

El PSOE llevará a los tribunales a la alcaldesa y al edil de Urbanismo por las obras del piso piloto. Torrox (SUR)

El portavoz del PSOE en la oposición en el Ayuntamiento de Torrox, Francisco Muñoz, anunció ayer que llevará a los tribunales a la alcaldesa, Toñi Claros (IU), y al concejal de Urbanismo, José Luis Pérez Moreno (IU), por permitir «desde hace meses» que se estén produciendo obras ilegales en el piso piloto ubicado en la zona de la avenida del Faro, sobre unos terrenos declarados Bien de Interés Cultural (BIC). «El concejal ha reconocido que se están haciendo sin licencia y se ha excusado diciendo que no es fácil evitar estos trabajos», aseguró el líder socialista, quien señaló que la propuesta de expropiarlo «no se podrá llevar a cabo si se siguen consolidando las obras de ampliación».

Piden reunirse con el consejero de Ordenación para abordar el futuro PGOU. Frigiliana (SUR)

El Ayuntamiento de Frigiliana ha solicitado una reunión con el Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, con el objetivo de abordar la situación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad. Según explicó el concejal responsable, Francisco Moyano (PA), la petición se realizó el pasado 19 de septiembre y, de momento, no han obtenido respuesta. La intención del Consistorio es conocer, de primera mano, cuáles son las directrices que fija la Junta en torno a los crecimientos urbanísticos.El edil recordó que el equipo de gobierno del PA ya presentó, en la pasada legislatura, un avance del Plan, que incumplía las limitaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), al superar los límites máximos del 30 y del 40% de crecimiento en número de viviendas y población en los próximos diez años. «Vamos a intentar aprobar el nuevo documento en esta legislatura», anunció Moyano.

El PSOE propone la adhesión del Ayuntamiento al Plan de Vivienda y Suelo de la Junta. Nerja (SUR)

El viceportavoz del PSOE en la oposición en el Ayuntamiento de Nerja, Luis Peña, anunció ayer que ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno en la que propone la adhesión del Consistorio al Plan Concertado de Vivienda y Suelo de la Junta, que prevé una inversión de en torno a 450 millones de euros de aquí a 2012. La intención del Ejecutivo Andaluz es fomentar el acceso a la vivienda de los más jóvenes, reactivar el sector de la construcción y promover la creación de viviendas sociales.«Nos sorprende y no entendemos cómo el Ayuntamiento de Nerja no se ha sumado ya a este proyecto, en el que sí están otros consistorios gobernados por el PP, como era el caso de Vélez, hasta hace unos días, o Alhaurín El Grande», dijo el concejal del PSOE, quien destacó que la demanda de viviendas sociales «es muy alta» en Nerja. «Hay muchos jóvenes pidiendo más VPO», consideró el edil, que apuntó que la demanda en Málaga supera las 50.000 viviendas.

Ecologistas denuncian un proceso urbanizador en suelo rústico en Algarrobo. Vélez-Málaga (SUR)

El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción), denunció ayer ante la Fiscalía de Medio Ambiente un proceso urbanizador en suelo rústico en Algarrobo. El presidente del colectivo, Rafael Yus, explicó que en la ladera derecha del río Algarrobo se efectúa «un proceso urbanizador aparentemente difuso, pero que obedece a un plan sistemático de construcción de viviendas residenciales en suelo rústico no urbanizable».El dirigente ecologista apuntó que se están consolidando carriles a media ladera y abriéndose explanaciones en distintas parcelas «que podría ser propiedad de un mismo promotor», matizó, aunque las licencias se hayan solicitado por separado y siempre como casas de aperos vinculadas a la actividad agrícola.

Incumplen el POTA

«El tratamiento dado al terreno para lograr caminos y solares es un desmonte muy severo, que está prohibido -según indica Yus- por las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la comarca de la Axarquía. El responsable del colectivo ecologista en la comarca, recordó que las parcelas están en suelo rústico no urbanizable y en una zona de pendientes muy fuertes, de entre el 35 y el 50 por ciento, donde la construcción está sujeta a limitaciones por parte del POT.Los ecologistas sostienen que el paraje carece de vocación agrícola por la inclinación del terreno y la falta de agua, lo que no justifica las licencias para casas de aperos. GENA considera que estas operaciones son constitutivas de un presunto delito ecológico y ha solicitado a la Fiscalía que arbitre las medidas legales para detener el proceso urbanizador y determinar las posibles responsabilidades administrativas y penales.

Aprueban por unanimidad rescindir el contrato de obras de la piscina cubierta. Torrox (SUR)

El pleno da luz verde a una modificación de crédito por valor de 2,1 millones de euros con el objetivo de adquirir suelo para VPO

El pleno del Ayuntamiento de Torrox dio ayer luz verde por unanimidad al acuerdo amistoso para la rescisión del contrato de obras de la nueva piscina cubierta de la localidad, situada en la zona deportiva de La Granja. El proyecto, iniciado en marzo de 2006 por la anterior corporación municipal del PSOE, se encuentra paralizado desde hace un año y medio, después de que la empresa Climocubierta entrara en un proceso de suspensión de pagos, según informó el concejal de Deportes, Teodoro Ruiz (IU).«Hemos tenido que negociar con ellos durante todo este tiempo y al final hemos alcanzado un acuerdo amistoso, por el que el Ayuntamiento no tendrá que abonar más dinero del que está certificado, que son 292.101 euros», detalló el edil, quien explicó que las obras, presupuestadas inicialmente en 413.959,85 euros, y con un plazo de ejecución inicial de cinco meses, tuvieron un modificado y un sobrecoste por valor de 506.800 euros.«La Ley de Contratos no permite en estos casos que se mantenga la misma empresa, como hizo el PSOE», apuntó Ruiz, quien anunció que la intención del equipo de gobierno tripartito (IU, PSA, PIU) es ahora retomar las obras y tratar de completar los trabajos para poder reabrirla de cara al próximo verano. «No puede ser que Torrox lleve casi tres años sin poder disfrutar de una piscina municipal», se quejó el concejal, quien dijo que van a tratar de buscar la financiación para completar el proyecto.El portavoz del PSOE, Francisco Muñoz, respaldó la decisión y dijo que «era lo que tenían que haber hecho hace un año y medio». En la sesión de ayer también se dio luz verde a una modificación de crédito para destinar 2,1 millones a la adquisición de suelo para VPO. Asimismo, se aprobó una moción de adhesión al Foro por el Saneamiento Integral de la Costa del Sol.

Una modificación en el PGOU desbloquea la construcción del 'edificio singular' de Arroyo. Benalmádena (SUR)

El inmueble tendrá finalmente cinco plantas, más baja comercial y ático, frente a las 15 planteadas en la etapa de Bolín El promotor ya puede solicitar la licencia de obras

No será una torre de 15 plantas como planteaba Enrique Bolín, pero por fin el 'edificio singular' de Arroyo de la Miel saldrá de la situación de bloqueo en la que lleva inmerso los últimos años. El Pleno de la Corporación acordó ayer la aprobación provisional (la definitiva corresponde a la Junta de Andalucía) de una innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del sector UE-86, que permitirá la construcción de este inmueble, que tendrá cinco plantas más baja comercial y ático. La iniciativa fue respaldada por todos los grupos políticos salvo Iniciativa Democrática por Benalmádena (IDB), que se abstuvo en la votación alegando dudas sobre el impacto visual del edificio en la zona.

Aunque esta modificación del planeamiento debe ser ratificada por el Ejecutivo andaluz, el promotor ya tiene luz verde para solicitar la licencia de obras. De esta forma, el Ayuntamiento renuncia a la posibilidad de darle a esa parcela el volumen y la altura de 15 plantas, a pesar de que está legitimado legalmente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y opta por retomar las condiciones fijadas en el PGOU vigente. «Vamos a ceñirnos a la legalidad de la forma más estricta y absoluta, y vamos a conseguir que el urbanismo vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser: un desarrollo acorde con los intereses y preferencias de todos los vecinos», aseguró el alcalde de Benalmádena, Javier Carnero.

Franquicia comercial

En este sentido, el edil de Urbanismo, Joaquín Villazón, agregó que el equipo de gobierno ha llevado a cabo «una modificación radical del proyecto para no quebrar el modelo de ciudad de Arroyo de la Miel». Un trámite al que hay que sumar la reciente aprobación de la división horizontal del local comercial, con el objetivo de despertar el interés de alguna firma destacada. «Nuestra voluntad política pasa por la instalación de una franquicia de alguna de las principales firmas textiles como elemento dinamizador del comercio en el centro de Arroyo de la Miel», puntualizó Carnero.

Con la innovación consensuada ayer, el edificio deberá tener una altura máxima de 24,5 metros. Un aumento de la edificabilidad que deberá compensar el promotor aportando 500.000 euros, cantidad que el Ayuntamiento tiene previsto destinar a Pueblosol «para buscar una salida definitiva a esa obra».

Encargan un informe jurídico para paralizar expedientes y multas de las casas ilegales. MIjas (SUR)

Los miembros de la plataforma de afectados protestaron para la paralización cautelar de los expedientes y multas

El alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, anunció ayer el encargo a un pretigioso jurista de la elaboración de un informe que asesore sobre los mecanismos a realizar para que el Ayuntamiento paralice las multas y expedientes además de los trámites, «siempre dentro de la legalidad», que podrían llevarse a cabo para la legalización de las viviendas irregulares. Pese a esta novedad, los miembros de la asociación de afectados, que solicitan la suspensión cautelar de expedientes de demolición y sanciones no se mostraban conformes con los avances. Por ello protestaron fervientemente contra el máximo mandatario municipal, quien acabó ordenando el desalojo del Salón de Plenos.Desde primera hora, medio centenar de vecinos se agolpaban en las puertas de la Casa Consistorial con pancartas, silbatos, maracas e incluso ollas para que se les oyese bien. Tras ocho meses sin ser recibidos por el primer edil, las peticiones del grupo eran expuestas al propio Pleno a grito limpio durante la sesión. Una reunión con el regidor además de la suspensión cautelar de demoliciones y multas son, según la asociación, las principales actuaciones que debe realizar la administración.Todavía se desconoce cuándo estará listo este documento, cuya intención es que se presente y apruebe en pleno para adoptar «en el menor tiempo posible» las medidas que se recomienden. La oposición aseguró que apoyará lo recogido en este informe e instó a que «los propietarios de viviendas irregulares que no hayan tenido el proceso de audiencia durante la tramitación de su expediente puedan reclamar su derecho».Con respecto a la propuesta popular de que el Ayuntamiento gestione suelo para el Parque Empresarial, Sánchez aludió a que los técnicos municipales mantendrán la próxima semana una reunión con miembros de la Junta de Andalucía para avanzar en el proyecto, aunque reiteró que «tienen solares donde realizarlo» en La Alberquilla.

Nuevas Tecnologías convoca un certamen de arquitectura para atraer proyectos de nivel. Marbella (SUR)

Se llama Premio de Arquitectura Antonio Lamela y está llamado a convertirse en un certamen que sirva como banco de ideas para que Marbella cuente con infraestructuras de referencia y prestigio. Así lo avanzó ayer el concejal delegado de Nuevas Tecnologías, Félix Romero, en la presentación de la convocatoria de la primera edición. Con motivo de la designación de Marbella como Ciudad Europea del Deporte, el Ayuntamiento propone a los aspirantes que presenten proyectos relacionados con infraestructuras deportivas para tres equipamientos: un parque del deporte, una ciudad del deporte o un centro de alto rendimiento multidisciplinar. El plazo de presentación de propuestas concluirá el 15 de enero, mientras que el premio tendrá una dotación económica de 6.000 euros, según explicó el concejal.

Ayuntamiento y Junta buscan una salida al alcornocal para despejar el traslado del polígono. Marbella (SUR)

La protección en el PGOU de parte de la parcela al norte de La Cañada ha dejado en el aire el traslado de las naves industriales de La Ermita La alcaldesa recuerda que ni el POT ni el POTA recogían esta medida

El informe de impacto medioambiental de la Junta sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de carácter vinculante, truncó este verano las aspiraciones del Ayuntamiento de trasladar el polígono industrial La Ermita a una parcela ubicada al norte del parque comercial La Cañada. La Delegación Provincial de Medio Ambiente instaba en sus conclusiones al equipo de gobierno a incluir la protección de un vestigio de alcornocal ubicado en los terrenos. Exactamente en esos.

Dicho y hecho. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) incluye este cambio en la calificación para acatar las directrices del Gobierno andaluz, con el consiguiente riesgo de que se vayan al traste las aspiraciones de desmantelamiento de las naves industriales ubicadas en pleno casco urbano, en la zona de Las Albarizas. Pero no es, todavía, un asunto cerrado.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, se reunió ayer con la nueva delegada provincia de Medio Ambiente, Remedios Martel, para buscar una salida «consensuada a esta situación» y despejar el traslado del polígono, tal y como proyectan los propios industriales, para convertirlo en una zona de equipamientos y residencial más acorde con el entorno urbano. Así lo avanzó ayer la regidora. Adelantó que Martel se trasladará «en los próximos días» a la ciudad para conocer 'in situ' el estado del alcornocal y recordó que su protección no se recogía ni en el Plan inicial, redactado por la Junta, ni en el Plan de Ordenación del Territorio (POT), ni en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

Ampliación del puerto

Otro de los asuntos que abordaron en el encuentro fue la ampliación del puerto deportivo de la Bajadilla. Muñoz, que espera que la Junta inicie las obras en esta legislatura, recordó que el Ayuntamiento ha presentado un nuevo proyecto que mejora el de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (EPPA), respaldado por el sector empresarial marbellí, y que eleva los atraques a 1.200.

Por último, la regidora puso sobre la mesa la urgencia de que se concluya el saneamiento integral de la Costa. En este punto, la delegada provincial de Medio Ambiente le trasladó la posibilidad de financiación autonómica para este proyecto en el próximo ejercicio.

Salvación de Villa Fernanda (SUR)

De la Torre se comprometió ante el pleno a «hacer todo lo posible» para salvar Villa Fernanda de la construcción que quieren sus propietarios. El edil de Urbanismo también se comprometió a «seguir trabajando para que Villa Fernanda sea de uso cultural». Sergio Brenes y Moreno Brenes les exigieron voluntad política para salvar esta finca de El Limonar.

Costas insiste en que sigue sin suelo para terminar el paseo marítimo (SUR)

Comienzan las obras para prolongar 418 metros la avenida peatonal de Poniente, que llegará hasta el espigón de La Térmica

El paseo marítimo de Poniente llegará la próxima primavera hasta el espigón de La Térmica y la avenida de Molière. Las obras de ampliación comenzaron ayer y supondrán la extensión de la avenida peatonal en 418 metros.Sin embargo, los vecinos de barrios como Parque Litoral y Sacaba Beach aún tendrán que esperar, como expuso recientemente el Ayuntamiento de la capital. El jefe de la Demarcación de Costas, Francisco Javier Hermoso, salió al paso de las críticas, al asegurar que su departamento no tiene constancia de que estén disponibles los terrenos para seguir avanzando.Hermoso indicó que ahora comienza a ejecutarse el proyecto que presentó en su día la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, en unos terrenos que se pusieron a disposición de Costas el año pasado. No obstante, dejó la puerta abierta a que las sucesivas ampliaciones se puedan hacer por fases. Sobre la tardanza en comenzar los trabajos, dijo que se podía haber empezado antes de verano, aunque se decidió posponerlo para no afectar a los bañistas.El Ministerio de Medio Ambiente informó que el paseo recuperará terrenos ocupados desde el siglo XIX por diversas fábricas, de las actualmente sólo quedan los restos de los muros y las cimentaciones que hay que demoler previamente.El proyecto permitirá ordenar una playa cuya anchura oscila entre 150 y 200 metros e incorporar al Dominio Público Marítimo-Terrestre una superficie aproximada de 18.500 metros cuadrados.

El urbanismo lleva a cotas históricas la crispación entre Junta y Ayuntamiento (Málaga Hoy)

El alcalde retoma el discurso del agravio y pide que no se impida el avance de Málaga · El Gobierno regional dice que las conclusiones ambientales son "innegociables"
El nivel de crispación y confrontación que viven las relaciones entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga empieza a alcanzar cotas históricas. Las numerosas objeciones que fija la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), elaborada por la Consejería de Medio Ambiente, a los principales proyectos del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), han desatado una importante ola de acusaciones entre ambas administraciones, cuyo último episodio estuvo protagonizado ayer por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre (PP), y por la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, María Gámez. Un clima de tensión sin precedentes y que hoy se hará patente en el Pleno municipal.De la Torre aprovechó el camino abierto el pasado martes por el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, que denunció el "bloqueo" que ejerce la Junta sobre las intervenciones de la ciudad, para ampliar el ámbito de su queja y retomar el discurso de agravio comparativo del que, a su juicio, es objeto la capital de la Costa del Sol en las últimas décadas. Asimismo, exigió al Gobierno regional "respeto" a las "aspiraciones" y "potencialidades" de la ciudad.La queja del equipo de gobierno del PP tiene su origen en el contenido de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida hace apenas una semana por el Gobierno andaluz, en la que rechaza propuestas como la ejecución de medio millar de viviendas al norte de la ronda este, la ocupación de los suelos de Arraijanal y de las márgenes del río Campanillas y la construcción de un puerto deportivo en El Morlaco, entre otras. En total, el informe medioambiental deja en agua de borrajas unas 9.000 de las alrededor de 35.000 viviendas nuevas que contempla el documento.Sin embargo, para De la Torre, ninguna de estas negativas está sustentada en argumentos legales y sí en cuestiones de "oportunidad" por parte de la Administración autonómica. Este hecho llevó al regidor a insistir en la posibilidad de acudir a la vía judicial para defender la autonomía local y a augurar que este asunto "quedaría perfectamente ganado en los tribunales". Al tiempo, eludió plantear cualquier marcha atrás en las intervenciones que son objeto de este rechazo.Por el contrario, confió en que el PGOU sea aprobado de manera definitiva por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio cuanto antes y ofreció un mensaje conciliador al máximo responsable de este departamento, el consejero Juan Espadas. "Quiero lanzar un mensaje de esperanza en que Ordenación del Territorio sepa reconducir el documento a unos términos de respeto a nuestra autonomía y de respeto a nuestra potencialidad como ciudad", dijo, después de destacar las numerosas reuniones que técnicos de ambos departamentos han mantenido en los últimos meses en relación al planeamiento de la ciudad.Asimismo, recordó los términos de colaboración en los que se han expresado en ocasiones anteriores el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el vicepresidente de la institución, Gaspar Zarrías, una línea que, para el alcalde, entra en contradicción con la forma en la que se pronuncia la DIA, que es de "confrontación". "Pido que en Sevilla exista la sensibilidad de entender esta ciudad tan trepidante, que quiere avanzar y que no quiere que una vez más se le corte su avance", sentenció.En su exposición ante los medios de comunicación, consideró que la "incomprensión" que desde la Junta se tiene de los proyectos de Málaga, así como la falta de entendimiento sobre su "potencialidad", no es de ahora, sino que "estaba ya en los años 80". "Faltaba entender la potencialidad de Málaga como ciudad del conocimiento porque la autonomía que nacía no tenía esa sensibilidad", apuntó, y sentenció: "Desde Sevilla, hay una cultura, un sustrato de fondo, de distanciamiento e incomprensión hacia los proyectos de Málaga".Apenas 45 minutos antes de la comparecencia del alcalde de Málaga, las delegadas del Gobierno y de Medio Ambiente de la Junta, María Gámez y Remedios Martel, respectivamente, tomaron la palabra para acusar al equipo de gobierno de tratar de confundir a los ciudadanos sobre este asunto y descartaron que el Gobierno regional intente "bloquear" los proyectos de la capital.Gámez señaló que las mismas objeciones incorporadas en la Declaración de Impacto Ambiental fueron expuestas al Ayuntamiento un año atrás, con motivo de la declaración previa, sin que haya habido cambio alguno en los postulados municipales. Además, la responsable autonómica intentó minimizar la gravedad del informe, por cuanto "afecta a una parte pequeña del PGOU", que, según apuntó Martel, supone el 12,6% de todo el documento.Preguntada sobre la posibilidad de alcanzar un consenso en relación a las intervenciones rechazadas por la Consejería de Medio Ambiente, la delegada del Gobierno fue precisa al asegurar que eso sólo será posible si el equipo de gobierno cambia el contenido de esas actuaciones, al entender que las conclusiones del informe medioambiental son "innegociables". "Está en manos del Ayuntamiento modificarlas para que el impacto no sea negativo", apostilló. En cualquier caso, y a la espera de conocer el resto de informes sectoriales que han de presentarse al PGOU, la última palabra sobre el planeamiento de la capital de la Costa del Sol corresponderá a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Smassa estudia un parking junto a la basílica de la Victoria (La Opinión)

Está realizando catas en el terreno para comprobar si reúne los requisitos para esta infraestructura. El proyecto parte de una reclamación de los vecinos
M. F. MÁLAGA La empresa municipal de aparcamientos ha comenzado los estudios previos para determinar la viabilidad de un parking bajo la plaza del Santuario de la Victoria, respondiendo así a una creciente demanda vecinal para dotar a esta zona de plazas en venta para los residentes.Las máquinas encargadas de analizar el subsuelo están trabajando desde hace unos días en el entorno de la plaza, donde están realizando las catas para comprobar la composición del terreno sobre el que se quiere trabajar en un futuro.Esta fase es la inicial dentro de los estudios que realiza la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) antes de decidir la promoción del parking. También es necesario un análisis de la demanda real de la plazas y la dimensión de esta posible infraestructura.La idea de este aparcamiento nace de una demanda vecinal ante la falta de infraestructuras públicas en la zona. Los últimos proyectos realizados por Smassa en el entorno se sitúan en El Ejido, con 221 plazas y una lista de espera de 19 personas, y en Olletas, en la calle Manuel Gorría. Este último está en plena comercialización, con 237 plazas, de las que 132 están libres.Un aparcamiento en la plaza del Santuario, el espacio público más amplio de los disponibles en la zona, prestaría servicio a una amplia zona como son los barrios de la Victoria, Barcenillas, Lagunillas y Cristo de la Epidemia.Smassa ha entregado 33 aparcamientos de residentes en los últimos años, siendo el último el parking de la calle Salitre. Además, están en comercialización o construcción otros ocho en Gamarra, Miraflores, Mortadelo, Portada Alta, Pinos del Limonar, Olletas, El Palo y El Carmen.

Dieciocho empresas optan a construir un tramo del metro de Málaga (La Opinión)

Las grandes constructoras presentan sus ofertas para ejecutar 713 metros de túnel del suburbano entre la estación de Renfe y la glorieta de Albert Camus
MIGUEL FERRARY. MÁLAGA La Junta de Andalucía ha recibido 18 ofertas de las grandes constructoras españolas para hacerse con un contrato de 69,1 millones de euros para la construcción de un tramo del futuro metro de Málaga, en concreto el que unirá la estación de Renfe con la glorieta de Albert Camus, a las puertas del Centro Histórico.Las constructoras han respondido de forma masiva a la convocatoria de este concurso, que supone ejecutar un tramo de 713 metros de túnel mediante el sistema de muros-pantalla, el mismo que en la Carretera de Cádiz. Para ello contarán con un plazo máximo de 18 meses.Las empresas se han aliado para fortalecer las distintas ofertas, concurriendo un total de 39 firmas en las 18 propuestas, de las que sólo en dos las avala una única sociedad, mientras que en el resto se organizan mediante uniones temporales.Destaca el hecho de que las empresas Comsa y Vera acudan con una oferta conjunta para ejecutar esta obra. Las dos constructoras forman parte de la sociedad concesionaria del metro de Málaga, junto a FCC y Cajamar, y a la que la Junta de Andalucía le retiró la ejecución de algunos tramos, entre ellos el que ahora se contrata, por el alto coste de la actuación propuesta.El trazado de esta obra saldrá desde el intercambiador bajo la estación de Renfe, para subir por la Explanada de la Estación, plaza de la Solidaridad, Callejones del Perchel (pasando bajo los restos de una muralla almohade del siglo XII), avenida de la Aurora, glorieta de Albert Camus (bajo la que irá una estación) y continuará por la avenida de Andalucía hasta poco antes del puente de Tetuán. Ése sería el punto de partida para el último tramo, el más complejo y pendiente de estudio, bajo el Centro Histórico. La estación prevista en la glorieta de Albert Camus, bajo el epígrafe ´Guadalmedina´, tendrá un vestíbulo principal, otro intermedio y el andén central, que estará a una profundidad máxima de 20 metros. Los andenes tendrán una longitud de 66 metros y un ancho de 11,5 metros.La elección de los muros-pantalla para construir el túnel del metro permite ejecutar los muros laterales que delimitan la galería subterránea y la estación. Una vez terminada esta fase, se construye la losa de cubierta uniendo los dos laterales y que sirve de techo a la estructura. De esa forma, se puede continuar con la excavación sin molestar a la actividad en superficie, que queda liberada al uso ciudadano.Este tramo es uno de los cuatro que todavía quedan por comenzar de las dos líneas de metro proyectadas. Así, quedaría por definir el proyecto y la obra del túnel que atravesará la Alameda y el Parque, e iniciar los trabajos de los tramos bajo Juan XXIII y la calle La Unión.

La crisis inmobiliaria reduce a la mitad la cifra de compraventa de pisos e hipotecas en Málaga (La Opinión)

La hipoteca media que se concede es 20.000 euros menor que hace un año. El Gobierno pide un "sacrificio" de beneficios a los promotores para reactivar ventas
JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ. MÁLAGA La compraventa de viviendas y la concesión de las hipotecas, dos de los indicadores más fiables de la actividad real del mercado inmobiliario, sufrieron en agosto otro varapalo, con caídas que en Málaga se situaron en torno al 50% en relación al año anterior, porcentaje sensiblemente superior al 37% registrado a nivel nacional. En concreto, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados ayer, la provincia contabilizó 1.894 operaciones de compraventa durante el mes de agosto, un 48,7% menos que las 3.688 que se realizaron en el mismo mes de 2007. El bajón afecta casi por igual a la vivienda nueva (-50,7%) y a la de segunda mano (-46,7%). Destacar que la drástica reducción de operaciones, en la que casi todos ven la consecuencia de la restricción del crédito por parte de los bancos y las cajas de ahorro, tampoco respeta a la VPO: en agosto sólo se hicieron 100 operaciones, un 70% menos que hace un año.El otro indicador, el de las hipotecas, también presenta (lógicamente, y visto el panorama de operaciones) un panorama bastante peor que el del pasado año. Las hipotecas constituidas para vivienda en el citado mes en Málaga fueron 2.057, una cifra que es un 49,5% inferior a las 4.000 que se firmaron en el mismo mes del año anterior. Son menos y también con menos dinero prestado por las entidades financieras: el capital prestado se redujo un 54,5%, hasta quedar en 314 millones de euros, frente a los 691,7 millones de agosto de 2007. Por exponerlo gráficamente, si la hipoteca media concedida entonces era de casi 173.000 euros, la de este año se queda en 152.000.A nivel nacional, el número de viviendas hipotecadas registró una caída en tasa interanual del 37,2% en agosto, hasta un total de 56.174 inmuebles, mientras que el importe medio se situó en 137.657 euros, con un descenso del 9,6%. El capital prestado para las hipotecas rozó en el octavo mes del año los 7.733 millones de euros, lo que supone un descenso del 43,2%.Antes tales datos, extensibles en mayor o menor medida a toda España, el Gobierno reconoció ayer mismo la necesidad de impulsar la venta de viviendas ante el parón del mercado por la crisis, con una fuerte caída de las transacciones y de las hipotecas constituidas, y porque, según las previsiones del Ejecutivo, a finales de este año habrá 650.000 inmuebles en ´stock´ (en Málaga, el propio sector calcula entre 25.000 y 27.000).La construcción de nuevas viviendas se ha reducido a la mitad, según los datos de visados facilitados por el Ministerio de Fomento, dato que refleja el ajuste del mercado ante el exceso de casas sin vender que, según las previsiones del Gobierno, se tardará entre 1,5 y 2 años en ser absorbidas.Medidas de Solbes. Por todo esto, el Gobierno quiere dirigir sus ayudas a los ciudadanos que desean acceder a una vivienda, pero que se ven perjudicados por la restricción crediticia, pero también pretende incentivar la compraventa ante el parón del mercado, según reconoció en el Congreso el vicepresidente segundo, Pedro Solbes.Solbes reiteró que la intención del Gobierno de ampliar en dos años el plazo para que los ciudadanos que tengan contratada una cuenta ahorro vivienda puedan adquirirla, aunque durante este periodo adicional no se beneficiarán de las desgravaciones fiscales, no va dirigida sólo a los contribuyentes sino que pretende impulsar la venta de viviendas. "Lo que más se necesita es vender viviendas", admitió.Por su parte, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció que el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 (PEV) que aprobará con las comunidades autónomas la próxima semana establece, entre otras, líneas para fomentar las viviendas protegidas en alquiler, en venta y en alquiler con opción a compra.No obstante, estas actuaciones no se limitan a generar VPO a costa del exceso de obra nueva de los promotores, sino que se pueden reconvertir en protegidos inmuebles usados del parque existente. En este sentido, la ministra es contundente: son los promotores los que deben asumir el "sacrificio" y ajustar sus márgenes para vender las viviendas que inconscientemente han construido por encima de las expectativas.La ministra quiso transmitir "tranquilidad" a las familias y empresas que no consiguen los créditos hipotecarios y recordó las medidas del Gobierno para facilitar la liquidez en el mercado financiero, que primarán los préstamos nuevos concedidos a partir del 7 de octubre.

IU gestionará la Concejalía de Urbanismo en Vélez Málaga (SUR)

Salvador Marín (IU) sustituye a Claudio Morales (PA) en las delegaciones de Urbanismo e Infraestructuras y asume también el área de Vivienda
IZASKUN GUERRERO. VÉLEZ MÁLAGA El portavoz de Izquierda Unida en Vélez Málaga, Salvador Marín, releva al edil del PA Claudio Morales en las delegaciones de Urbanismo e Infraestructuras, y coge también Vivienda, en el reparto de concejalías del nuevo equipo de gobierno (PSOE-IU-GIPMTM) fruto de la moción de censura que se presentó contra el gobierno de Francisco Delgado Bonilla (PP-PA), que fue aprobada el pasado sábado. La alcaldesa de Vélez Málaga, María Salomé Arroyo, firmaba ayer el decreto por el que se asignaban las concejalías municipales a los trece ediles del tripartito. La socialista ha cumplido su deseo de no conceder a su grupo las delegaciones que dirigieron en el anterior gobierno del PSOE con el alcalde Antonio Souvirón y garantiza así el "aire nuevo" que anunció la semana pasada cuando aún era candidata a la alcaldía. La alcaldesa veleña informó de que se hará cargo además de la concejalía de la Mujer y ha delegado en su grupo áreas tan importantes como Limpieza, Policía Local, Tesorería Municipal o Deportes. El grupo de Izquierda Unida gestionará también Acción Social y Empleo, mientras que el Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar ha optado por Turismo, Participación Ciudadana y Parque Agroalimentario. María Salomé Arroyo ha anunciado que ha iniciado los contactos con los delegados de la Junta de Andalucía para que las inversiones se vayan materializando y se recuperen proyectos pendientes del último gobierno socialista en estos momentos en los que se está presentado el presupuesto de 2009 en el Parlamento andaluz. El pasado martes acordaba con la delegada de Cultura, Rosa Torres, continuar con el Museo de Arte Contemporáneo de Vélez Málaga. Dado el cambio político en la capital de la Axarquía, el secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Heredia, y el responsable de Organización en Málaga, Francisco Conejo, visitaron ayer la Mancomunidad de la Axarquía para mantener una reunión con los regidores socialistas al fin de coordinar las políticas en la Costa Oriental referentes a su partido "para afrontar los retos de futuro", según Heredia.El secretario provincial destacó la inversión de 12,7 millones de euros que se está realizando desde Medio Ambiente en regadío para su modernización, a través de cuatro actuaciones concretas en Algarrobo, el río de Benamargosa y el río de Torrox.

El Ayuntamiento estudia expropiar el piso piloto junto al Faro con la ayuda de la Junta. Torrox (SUR)

El PSOE denuncia que las obras en el inmueble siguen sin licencia y el gobierno anuncia que las precintará

El Ayuntamiento de Torrox ha retomado la idea de expropiar el piso piloto situado junto al Faro, un inmueble que ha sido objeto de una gran polémica en los últimos años. El PSOE ha denunciado en diversas ocasiones que este piso carece de licencia y que se están ejecutando obras de ampliación sin los permisos correspondientes. Ayer, el Ayuntamiento acogió una comisión de control en la que los socialistas pedían un informe sobre la situación de las obras.El concejal Urbanismo, José Luis Pérez (IU), reconoció que estos trabajos carecen de licencia y apuntó que ya se ha abierto el correspondiente expediente de paralización. «No se está produciendo una ampliación, sino una reforma, aunque cuando los funcionarios han acudido, el dueño se ha negado a firmar la orden de paralización. Vamos a tener que poner un precinto, pero no es fácil, porque este propietario realiza las obras en días alternos y en horarios diversos», apuntó el edil, quien no obstante, se mostró partidario de estudiar la propuesta formulada por la concejala del PSA, Encarnación Gutiérrez, de proceder a una expropiación del piso, situado en una zona declarada como Bien de Interés Cultural (BIC).«El PSOE ya contempló en sus dos últimos Presupuestos 400.000 euros para la expropiación, pero no se llevó a efecto», apuntó Pérez, que apostó por contar con la colaboración de la Junta. «Ya se lo hemos planteado, pero por ahora no nos han contestado», dijo el concejal, quien destacó que si se llega a la expropiación «es para darle un uso a ese suelo, por lo que lo mejor sería derribar el piso», matizó. No obstante, el edil destacó que en el Presupuesto de este año no hay partidas para la expropiación.Por su parte, el portavoz del PSOE en la oposición, Francisco Muñoz, acuso al equipo de gobierno tripartito (IU, PSA, PIU) de «dejadez» en este asunto. «Llevamos más un año pidiendo el informe y aún no nos lo han dado», denunció. En la comisión de control de ayer también se analizó la situación de la plantilla de la Policía Local.

Las obras del tercer carril de la Ronda Este se realizarán las 24 horas para afectar menos al tráfico (SUR)

Los trabajos para retirar la mediana de la carretera se harán en horario diurno y por la noche los camiones llevarán el material. Heredia reclama mejoras en la seguridad de la actuación

Las obras para crear el tercer carril de la Ronda Este se harán durante las 24 horas del día, según dijo ayer el diputado socialista malagueño y secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Heredia, que se reunió con responsables de Carreteras para exigirles mejoras en la seguridad de esos trabajos. La sustitución de la mediana -actuación necesaria para ganar un carril más en cada sentido- se hará durante el día, mientras que el transporte de materiales por parte de los camiones se realizará de noche para no colapsar el tráfico. El plazo fijado para la ejecución es de 26 meses.

La obra, cuyo importe total es de 10,7 millones de euros, comienza a la altura de la salida del Limonar, en el punto kilométrico 243,5, y discurre a lo largo de 3,1 kilómetros. Estos trabajos, que ya están en marcha, son la continuación del tercer carril ejecutado entre el túnel de San José y el Cerrado de Calderón. Entre las actuaciones que se harán para la creación del tercer carril están la ampliación del túnel de Cerrado de Calderón y de los tableros de los viaductos sobre los arroyos Toquero, Mayorazgo y Jaboneros.

Mayor seguridad

Heredia trasladó a los responsables de Carreteras algunas de las quejas recibidas por el gabinete parlamentario socialista sobre la forma en que se hacen las obras. Así, Heredia reclamó mejoras en la seguridad de los trabajos. De ese modo, solicitó que se avise en los paneles de Tráfico de que hay obras en esa zona de la Ronda Este, que se mejore la señalización de las marcas viales y de los conos que acotan los trabajos y, por último, que se eliminen las bandas sonoras, ya que pueden inducir a un error en la conducción.

«Los responsables de Carreteras me han dicho que estudiarán esas propuestas y que tratarán de llevar a cabo las mejoras en la seguridad de la obra», manifestó Miguel Ángel Heredia a este periódico.

El diputado socialista recordó que en los Presupuestos Generales del Estado de 2009, Málaga es la primera provincia andaluza en inversión en materia de carreteras, con un más del 25% de las previsiones totales. En ese sentido, indicó que Málaga recibirá 346,2 millones de euros para obras en carreteras, de los que 292,3 millones de euros se destinarán a actuaciones en la capital.

Portazo al diálogo de la mano del urbanismo (SUR)

El informe medioambiental en el que se rechazan algunos de los proyectos del PGOU abre una guerra entre la Junta y el Ayuntamiento. El alcalde afirma que se vetan iniciativas por razón de oportunidad política

Las relaciones institucionales entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía han saltado por los aires a cuenta del planeamiento urbanístico de la capital. Cuando parecía abierto el clima de diálogo y mano tendida entre ambas administraciones en este asunto -expresado incluso por el propio presidente andaluz, Manuel Chaves, en agosto de 2007-, el reciente informe de impacto ambiental de la Delegación de Medio Ambiente en el que se rechazan algunos de los principales proyectos del PGOU (como la construcción al norte de las rondas, en Arraijanal y la vega de Campanillas, el puerto deportivo de El Morlaco o el traslado del colegio de Maristas) ha reabierto la guerra entre las dos instituciones.

Desde sus respectivas trincheras, Francisco de la Torre y María Gámez se reafirmaron ayer en sus posiciones creando un ambiente en el que la puerta al diálogo parece, por el momento, cerrada.

En rueda de prensa con su concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, el alcalde defendió los proyectos incluidos en el plan; reiteró su intención de acudir a los tribunales para defenderlos; acusó a la Junta de intromisión en la autonomía municipal; afirmó que algunas de las iniciativas vetadas en el informe lo han sido más por criterios de oportunidad política que por razones legales; y, enarbolando la bandera local, sentenció que es una realidad que históricamente desde Sevilla hay «una incomprensión» hacia los proyectos de Málaga y su potencialidad. De la Torre confió en que el departamento que tiene la última palabra en dar luz verde al texto, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y su titular, Juan Espadas -de quien elogió su prudencia y responsabilidad-, sea sensible con la ciudad y lo apruebe en sus actuales términos.

La delegada del gobierno regional en la provincia, por su parte, criticó que el Consistorio apueste por el juego de la confusión. María Gámez sostuvo que es obligatorio que la Junta elabore el preceptivo informe medioambiental; lamentó que desde el Ayuntamiento se haya persistido en unos proyectos sobre los que ya se le advirtió que eran inviables; negó que desde la Administración autonómica se esté intentando bloquear el desarrollo de Málaga y añadió que no se está rechazando la totalidad del plan sino sólo un 12,6%.

A su juicio, la pelota está ahora en el tejado del Ayuntamiento y debe ser éste el que dé el siguiente paso modificando las propuestas rechazadas para ajustarlas a la legalidad y poder aprobarlas.

Cascada de reacciones

Esta confrontación institucional generó ayer una cascada de reacciones desde los grupos municipales de la oposición y los partidos políticos de la provincia. La diputada del PP Celia Villalobos recordó que cuando fue alcaldesa ya se percató de la situación «de abandono» de la Junta hacia Málaga y calificó de «gravísimo error» el bloqueo del PGOU. El secretario general del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, exigió al regidor que abandone «el torpedeo jurídico» anunciado y destacó que no es la Administración regional la que bloquea los proyectos, sino que es «la ley y el sentido común» la que pone coto a un modelo urbanístico «desarrollista alejado de la defensa del interés general».

El portavoz de los socialistas en la Casona del Parque, Rafael Fuentes, pidió a Francisco de la Torre que «deje de hacerse la víctima» y anunció que solicitarán que comparezca y dé explicaciones sobre lo sucedido. Por su parte, el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, aseguró que el plan general prevé proyectos «insostenibles» desde un punto de vista jurídico y medioambiental y confió en que la Junta se mantenga firme en su desestimación, el documento vuelva a su punto original y se elabore con más debate y consenso. «El alcalde se atrinchera frente a la Junta poniendo a los malagueños en medio», apostilló.

Vidas con techos inciertos (Málaga Hoy)

Trece familias de El Palo con alquileres de renta antigua temen por el futuro de sus casas después de que una constructora las haya adquirido para construir un bloque
La incertidumbre se ha apoderado de trece familias de El Palo que ven peligrar su futuro en las casas que durante más de 50 años han habitado. Todas tienen contratos de alquiler de renta antigua indefinidos, pero una constructora ha adquirido las viviendas y tiene planeado edificar un bloque de pisos. La primera oferta que recibieron para que las abandonen es de 3.000 euros, aunque posteriormente la cifra subió a 10.000. El Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, ya conoce el caso y el próximo viernes se reunirá con estos vecinos para asesorarles y que el caso no se convierta en otro de asustaviejas. María del Carmen Bravo y su hermana, dos de los afectados, poseen contratos que sus padres firmaron en 1938 y 1942, uno de los cuales se subrogó. La primera explicó que hace unas semanas recibieron una carta de un despacho de abogados en la que se les informaba del cambio de propiedad de la vivienda y les solicitaban una reunión."Mi hijo fue a la dirección indicada y allí le ofrecieron 3.000 euros para que abandonásemos la casa, manifestó María del Carmen, quien señaló que, ante la negativa, "días después la cifra aumentó a 10.000". Los residentes opinan que la oferta es ridícula y ni por asomo se plantean dejar el lugar.La mujer declaró que la constructora que ha comprado los domicilios tiene pensado edificar en el terreno y temen que acaben por tener que irse. Una solución que ven inviable porque "yo gano 400 euros al mes y mi madre, a la que cuido, tiene una paga de 500".Las viviendas se encuentran en el Pasaje del Rosario y otro anexo sin nombre. Son casas mata que los inquilinos han ido reparando poco a poco y en las que han vivido durante décadas.La situación es más grave para otros vecinos, a los que les ha llegado una carta de desalojo después de que en el pasado obtuviesen permisos verbales para anexar residencias de otros familiares que habían fallecido. Es el caso de la madre de Francisco Valentín, quien a sus 89 años de edad se enfrenta a la pérdida de la mitad de su domicilio tras recibir una orden de desahucio.Éste explicó que a estas personas también les han ofrecido 3.000 euros de indemnización y que, si no los aceptan, tienen de plazo hasta el próximo 1 de julio para abandonar la vivienda.Valentín se preguntaba por qué una constructora trata de hacer negocio "a costa de unos ancianos que no entienden de leyes y sin poder adquisitivo".Los vecinos ya han comenzado a moverse para defender sus derechos y han contratado abogados. Además, han puesto el caso en conocimiento del Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, quien los visitará el viernes.

El Consistorio amenaza con los tribunales a la Junta por el PGOU (Málaga Hoy)

El equipo de gobierno del Partido Popular tensa el enfrentamiento con la Administración autonómica y la acusa de "bloquear" los proyectos urbanísticos
El Ayuntamiento de Málaga no descarta acudir a la Justicia si la Junta de Andalucía continúa con su política de "bloqueo de proyectos" urbanísticos, ya que el Ejecutivo local considera que se sustentan en la "seguridad jurídica y legal", por lo que los defenderán "hasta las últimas consecuencias". Así lo aseguró ayer el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, quien subrayó que presentarán una moción el próximo 30 de octubre en el Pleno municipal para denunciar esta situación y para reclamar la "autonomía y competencia" del Gobierno local en este sentido. Díaz denunció además que la Administración autonómica emplea una "doble vara de medir" cuando aprueba planes urbanísticos en otras provincias andaluzas, mientras que en Málaga "los mismos son tumbados, pero la ciudad se merece al menos igual trato". El edil manifestó que la Junta "se contradice" y "no se pone de acuerdo" con otros organismos de la Administración autonómica. Así, puso como ejemplo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente. Este informe rechaza proyectos incluidos por el Consistorio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y que el Ayuntamiento pretende "consensuar" con el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana (Potum), elaborado por el Gobierno andaluz. Díaz explicó que estos proyectos urbanísticos se refieren a las viviendas en la zona del Lagar de Oliveros (Puerto de la Torre) o el Distrito de Campanillas, la urbanización al norte de la ronda este, la ocupación de Arraijanal o el hotel diseñado por el arquitecto Rafael Moneo, entre otros, y que la Junta "bloquea". El edil aseveró que en Campanillas existe una "falta de criterio y de rigor", puesto que la Junta tiene planteado un espacio en el sur para Viviendas de Protección Oficial (VPO), mientras que en el Norte el Ayuntamiento planeaba lo mismo y "existe riesgo de inundaciones". Sobre el colegio Maristas, argumentó que en el Potaum se ubicaba en el mismo sitio donde está previsto un "equipamiento metropolitano", pero cuando el Consistorio propuso la escuela "la Junta dijo que la zona sí está protegida". Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Rafael Fuentes, acusó al PP de "engañar" a los malagueños al insistir en aprobar un Plan General de Ordenación Urbana "perjudicial" para la ciudad, "tal y como constatan los informes técnicos recogidos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), realizados por la Junta de Andalucía". Fuentes instó al equipo de gobierno popular a que atienda la petición de los distintos agentes sociales de retirar los proyectos que han sido rechazados.

La compraventa de viviendas sufre otro importante frenazo (Málaga Hoy)

El número de viviendas transmitidas por compraventa bajó un 36,8% en agosto, tras intercambiarse un total de 37.744 inmuebles
La compraventa de viviendas disminuyó un 36,8% en agosto respecto al mismo mes de 2007, tras intercambiarse un total de 37.744 inmuebles, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara este dato con el del mes de julio, el descenso de la compraventa de viviendas sería del 18,7%. El número de compraventas de viviendas realizadas en el octavo mes del año es el menor de toda la serie, iniciada en 2007. En agosto del año pasado, las compraventas de viviendas superaron las 59.700. La mayor parte de las transacciones realizadas en agosto correspondieron a viviendas libres, con 34.350 operaciones, que implicaron un descenso interanual del 37,2%. El resto, 3.394, fueron compraventas de inmuebles protegidos, con una caída del 32,6% respecto a agosto de 2007. De las 37.744 operaciones de compraventa de viviendas registradas en agosto, 19.997 afectaron a viviendas nuevas, un 23,4% menos que en igual mes del año pasado, y 17.747 a inmuebles usados, con una caída del 47,3% en tasa interanual. De esta forma, el 91% de las viviendas transmitidas por compraventa en agosto fueron libres y el 9%, protegidas. Asimismo, el 47% de las operaciones afectó a vivienda usada, mientras que el 53% de los inmuebles eran nuevos. En agosto, el 56,7% de las transacciones de viviendas se registraron en cuatro comunidades autónomas, que fueron Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña. Sumando las fincas urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana) y las rústicas, el total de fincas transmitidas en agosto fue de 146.542, con un descenso del 24,4% en tasa interanual y una caída del 21,5% respecto al mes de julio. En concreto, se transmitieron por compraventa un total de 83.239 fincas, un 33% menos que en agosto de 2007, mientras que 4.590 fincas se transmitieron por donación (+13,4%), 1.815 por permuta (-18,8%) y 23.189 inmuebles por herencia (-8,1%). En el apartado de compraventa, el 89,9% de las transacciones correspondieron a fincas urbanas y el 10,1% a rústicas. Dentro de las urbanas, el 50,4% fueron compraventas de viviendas. Según los datos del INE, el número de compraventas de fincas rústicas disminuyó un 32,1% en tasa interanual, hasta 8.366, mientras que el de fincas urbanas bajó un 33,1% y alcanzó las 74.873. En agosto, el número total de fincas transmitidas por cada 100.000 habitantes fue mayor en La Rioja (685), Castilla-La Mancha (668) y Aragón (620), mientras que el número de compraventas de fincas por cada 100.000 habitantes fue mayor en La Rioja (459), Castilla-La Mancha (318) y Murcia (311).

Más de 50.000 viviendas están ya en alquiler en Málaga (Málaga Hoy)

Promotores y constructoras aprenden en unas jornadas las ventajas de alquilar
El mercado del alquiler en la provincia de Málaga sube como la espuma. La imposibilidad para muchos malagueños de acceder a la compra de la vivienda está cambiando la tendencia de los últimos años. Y si antes la prioridad era comprar, ahora "la única posibilidad" es alquilar. Tanto, que ya hay 50.000 viviendas en alquiler en la provincia, un 17% del parque total "y el doble que hace unos años. Si la gente quiere mantener un nivel de vida digno, es la única alternativa que le queda", explicó ayer Javier Íscar, secretario general de la Asociación Europea de Arbitraje Aeade, que participó en la Jornada inmobiliaria para el fomento del alquiler. El objetivo del encuentro era explicar a promotores y constructoras las ventajas del alquiler. Y también a agencias inmobiliarias, "porque ahora sobreviven las que se centran de verdad y dedican esfuerzos a ese sector", añadió Íscar. Eso sí, los precios se están manteniendo en los pisos de alquiler, aunque la previsión es que suban en los próximos años por debajo del IPC. Además, Málaga sigue siendo -junto a Sevilla- la provincia andaluza con las cantidades más altas. En las jornadas también participaron responsables del portal inmobiliario www.enalquiler.com y la asociación Arrenta, encargada de garantizar los alquileres mediante distintos modelos de contratos. También estuvo presente el Instituto Municipal de la Vivienda, cuyo gerente, Francisco Javier Carmona Conde, destacó la "alta demanda" de alquiler que hay en la capital y la achacó a "los cambios de modelos de vida y a la mayor movilidad laboral de los jóvenes". "La tendencia clara es hacia el alquiler y no la compra", concluyó Carmona.

Cómo entrar en 17 metros cuadrados (Málaga Hoy)

El mercado del alquiler ofrece desde pisos espectaculares y caros a pequeños estudiosN. Sánchez / Málaga Actualizado 29.10.2008 - 01:00

Las promociones de 'minipisos' han proliferado.
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Ordenamos las opciones para alquiler de viviendas en Málaga que nos da el portal inmobiliario enalquiler.com por precios. Si buscamos los más baratos, aparece el que tiene el precio más bajo de toda la capital: son 270 euros. Es un pequeño estudio de 35 metros cuadrados ubicado en Puerto de la Torre. "Coqueto estudio totalmente amueblado, exterior", explica su leyenda, donde también se dice que es para dos personas. Si buscamos los más caros, aparece un piso de seis dormitorios en plena calle Larios. El precio es de 3.875 euros, con lo que se podrían pagar más de 14 meses del anterior. Eso es por precios, porque si buscamos por tamaño la sorpresa es mayúscula. El más grande tiene 400 metros cuadrados y es una casa en la zona este que cuesta 2.200 euros al mes. El más pequeño, 17 metros cuadrados; cuesta 340 euros y se encuentra en el barrio de la Trinidad. No tiene ascensor ni parking. Pero es "imprescindible el aval". Las opciones para buscar un piso donde vivir de alquiler son casi para aburrirse, porque sólo en ese portal de internet hay más de 8.000 ofertas. Para centrarnos en el perfil más actual -individuo soltero, joven y poco más que mileurista- las alternativas disminuyen. Pero hay de todo. En cuestión de estudios, el más caro está en calle Chiclanero (junto al a plaza de la Merced) donde por 650 euros hay un estudio de 45 metros cuadrados sin estrenar, aunque hace falta aval bancario. Otra opción está en calle Octavio Picón, por Pedregalejo, donde por 380 euros hay un pequeño estudio de 20 metros cuadrados. Eso sí, las fotos que enseñan del piso demuestran su pequeñez: en una sola habitación cabe la mesa de estudio, el sofá, la cocina, una litera y la lavadora. Otros muchos que tampoco superan los 30 metros cuadrados tienen más fotos de las vistas que hay desde el piso que del propio inmueble. Una sola basta. Según cuentan los responsables de las inmobiliarias, un factor a tener muy en cuenta ahora para alquilar una vivienda es la posibilidad de pedir una ayuda pública. "No todos los pisos lo permiten al no estar declarados", explicaron en una agencia de fomento del alquiler, donde indican que las subvenciones tanto de Ministerio de la Vivienda como de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía están sirviendo para aumentar el número de personas en alquiler en la provincia de Málaga.

La Junta construirá 120 viviendas para estudiantes (La Opinión)

Los universitarios malagueños y sus profesores tendrán la posibilidad de acceder a una VPO en régimen de alquiler, con un contrato de cinco años y a bajo precio, gracias al convenio firmado ayer entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Vivienda, con idea de construir 120 pisos protegidos en el campus de Teatinos.El acuerdo supone el compromiso de la Administración andaluza para promover estas viviendas de cara al año 2011, con una inversión de 8,7 millones de euros, de los que un 40% será aportado por la Consejería de Vivienda. Además, la Junta asumirá la inversión necesaria para la urbanización del suelo y la gestión de las promociones.Estos edificios se ubicarán en el campus de Teatinos, en unos suelos que la Universidad de Málaga ya ha reservado para este fin. De hecho, el objetivo es facilitar el acceso a la vivienda para los universitarios, así como a los investigadores, profesores y miembros de la comunidad universitaria.Las viviendas se ofrecerán por un tiempo máximo de cinco años, aunque se dará la posibilidad de prorrogar la estancia en otros doce meses si el inquilino continúa vinculado a la Universidad. El alquiler se estipulará en función de la renta básica, de forma que se facilite el acceso a los estudiantes.Los pisos tendrán una superficie máxima de 30 metros cuadrados en el caso de que se destine a un único ocupante y de 45 metros cuadrados para dos inquilinos. Además de las viviendas, se ofrecerá una serie de espacios y servicios comunes para los residentes, como acceso a internet y zona de estudios. Además se reservará un cupo para discapacitados y personas con necesidades especiales.Estas viviendas se sumarán, como una alternativa más, a la oferta de residencias estudiantiles, ya que la otra opción es el alquiler de un piso en el mercado libre. El desarrollo de los proyectos y las obras tendrán que ejecutarse para diciembre del año 2010, fecha de vigencia de este acuerdo. Además, se constituirá una comisión de seguimiento para garantizar el cumplimiento del convenio.Estas 120 viviendas protegidas para alquiler forman parte de un plan mayor para dotar a Andalucía de 1.120 VPO para estudiantes. Sin embargo, el grueso de estos pisos (las 1.000 restantes) se promoverán en la provincia de Granada, en concreto en los municipios de Maracena, Albolote y la propia capital.Junto a esta iniciativa, el Ministerio de Vivienda quiere poner en marcha varias medidas para fomentar el acceso a los jóvenes, entre las que se incluyen ayudas de 1.200 euros para los gastos de compra de la primera vivienda, el alquiler con opción a compra y promover VPO para venta.

El Ayuntamiento no descarta la vía judicial ante ´el bloqueo´ de la Junta a sus planes urbanísticos (La Opinión)

La corporación culpa al Ejecutivo andaluz de "impedir el progreso" de Málaga. Una moción del equipo de gobierno defiende la autonomía municipal
JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El Ayuntamiento de Málaga vuelve a romper los lazos políticos con la Junta de Andalucía, a la que acusa de ejercer una "política de bloqueo" que "frena el progreso y el desarrollo de Málaga".En el centro de este nuevo inicio de las hostilidades políticas está el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y las trabas que la Junta está poniendo a los proyectos más emblemáticos que el Ayuntamiento quiere poner en marcha a partir del plan general.El Consistorio está convencido de las bondades de sus proyectos; de ahí que el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, advirtiera ayer de que "se defenderán todos y cada uno de los proyectos hasta las últimas consecuencias y, si hace falta, se llegará hasta la justicia ordinaria".Antes de llegar a eso el equipo de gobierno presentará una moción al pleno de mañana jueves en la que, según explicó Díaz, "vamos a denunciar el bloqueo al desarrollo que la Junta nos está imponiendo, vamos a pedir la autonomía de competencia municipal porque todas estas actuaciones están consiguiendo que ahuyentemos a los inversores privados".La irrupción del Ayuntamiento en la gresca política se produce esencialmente por el informe de declaración de impacto ambiental que la Junta hace del PGOU aprobado provisionalmente por el Consistorio. En dicho informe, la Junta tumba proyectos como la construcción en la vega del río Campanillas, el desarrollo al norte de las rondas, el traslado del colegio de Maristas, la construcción de un puerto deportivo en El Morlaco o el desarrollo de unas 600 viviendas en la zona marítima de Arraijanal.Últimas consecuencias. Al respecto, el concejal de Urbanismo insistió en que esta actitud de la Junta "es de bloqueo y de freno al desarrollo de Málaga" y pone en peligro el futuro de la ciudad ya que "el capital inversor se va fuera de Málaga porque el Gobierno andaluz está consiguiendo que la capital sea un lugar con incertidumbre, inseguro y donde las grandes empresas no puedan invertir".Frente a la opinión de algunos sectores que aconsejan al Ayuntamiento que aparque los temas más polémicos para propiciar una rápida aprobación final del PGOU, el edil de Urbanismo insistió en que el Ayuntamiento va a "defender todos los proyectos hasta sus últimas consecuencias", dado que todos los planes "tienen el respaldo jurídico y la consistencia técnica para que sean aprobados".En el caso de que la Junta de Andalucía deje finalmente fuera del PGOU algunos de estos proyectos emblemáticos, Díaz indicó que "iniciaremos su defensa de manera individual, uno por uno a través de modificaciones del plan y hasta sus últimas consecuencias".El concejal de Urbanismo puso otros ejemplos que ilustran lo que el Ayuntamiento entiende como "política de bloqueo" a los planes municipales. Manuel Díaz habló de las más de 3.000 viviendas previstas en Lagar de Oliveros, que están a la espera de que la Junta apruebe la modificación de elementos del suelo correspondiente, o de como la Junta "está persiguiendo jurídicamente" el desarrollo urbanístico de la zona de la Princesa o ha tirado para atrás el hotel que se proyectaba en Atarazanas.

Cerro Lanza busca un acuerdo para legalizar su situación (La Opinión)

El centenar de vecinos de este diseminado está dispuesto a pagar multas por autoconstrucción, pero reclama mejoras en los servicios municipales
ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA En el diseminado de Cerro Lanza, en lo alto del Puerto de la Torre, conviven las denuncias de la Fiscalía por autoconstrucción con las tasas municipales y algunos servicios del Ayuntamiento, una situación que los vecinos creen insostenible."Aquí estamos simples trabajadores, sabemos que las casas se han hecho sin papeles, por eso pedimos un acuerdo con el Ayuntamiento para pagar la multa correspondiente y que esto se arregle porque es un sinvivir", dice la presidenta vecinal, Dolores González. Jorge Fernández, otro vecino, explica que sobre el diseminado penden unas 50 denuncias por construcción ilegal. "No pedimos que nos eximan de la responsabilidad sino una solución consensuada porque tenemos servicios mínimos, pagamos el agua, hay poca electricidad y teléfono, una ambulancia tarda 50 minutos en llegar y la policía, hora y media", resalta. El vicepresidente vecinal, Juan Antonio Portillo, no se explica que el nuevo PGOU sólo incorpore y legalice "entre un 50 y un 60 por ciento del Cerro Lanza" y se pregunta por qué el Ayuntamiento "en el avance del PGOU tanteó incluir el diseminado entero y luego se echó para atrás".Jorge Fernández cree que en esta zona son tratados "como ciudadanos de tercera", mientras comenta que muchos de los vecinos con sanciones están en paro. La situación de Cristóbal García, de 30 años, en la construcción y con tres niños, es complicada. Sobre él pende la orden de derribo de su vivienda, una multa de 10 euros diarios durante 18 meses y dos años de cárcel. "No soy Julián Muñoz ni Roca", sostiene. El concejal de IU Antonio Serrano, que visitó la zona, explica que los vecinos "no piden privilegios", pero señala que el Ayuntamiento "es corresponsable de la situación" por falta de control y por no anticiparse "a la demanda ciudadana". El concejal se reunirá con el responsable de Urbanismo, Manuel Díaz, para tratar de buscar "una solución jurídica", y regularizar la situación del diseminado. La concejala socialista Mari Carmen Sánchez, que también visitó la zona y asistirá a la reunión, achacó el problema "a la desidia del Ayuntamiento" y lamentó que en el nuevo PGOU sólo haya un plan especial para un diseminado del Puerto de la Torre, frente a los cinco de 1997. "El resto está al margen de la legalidad, en tierra de nadie".

El PGOU reserva 48.000 metros cuadrados para colegios en San Pedro (La Opinión)

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, aprobado provisionalmente en pleno por el PSOE y el PP, reserva 430.000 metros cuadrados para equipamientos en San Pedro Alcántara, de los cuales 48.740 están específicamente destinados a la construcción de nuevos centros educativos.La concejala de Urbanismo, Alba Echevarría, presentó ayer las líneas generales del documento que afectan particularmente a este núcleo poblacional, así como al distrito de Nueva Andalucía, que se beneficiará de 482.000 metros cuadrados de dotaciones.En el cómputo global, la edil incluyó los suelos calificados como zonas de servicio de interés público y social, una especie de "cajón desastre" en el que los gobernantes de la ciudad podrán levantar distintos tipos de equipamiento sin especificar durante los ocho años de vigencia del PGOU, una idea del equipo redactor del Plan General, dirigido por el arquitecto Manuel González Fustegueras, que permite la construcción de colegios, centros de salud o equipamientos culturales en función de las necesidades.Institucional. Las áreas de sistemas generales y equipamiento institucional son las que mayor número de metros cuadrados ocupan, al representar tan sólo en San Pedro Alcántara, 261.874. Le sigue las de interés público, con 87.682 metros cuadrados; las citadas reservas educacionales y finalmente, las deportivas, con 34.955 metros.

El alcalde de Mijas defiende la construcción del Parque Empresarial en La Alberquilla (La Opinión)

Antonio Sánchez afirma que el nuevo proyecto permitiría albergar a un mayor número de empresas, así como la creación de más puestos de trabajo
MARÍA ALBARRAL. MIJAS El Parque Empresarial de Mijas (PEM) estará ubicado en la zona norte de la Alberquilla denominada ´Zona de Oportunidad´ por la Junta de Andalucía. Este espacio, que contará con un millón y medio de metros cuadrados, tiene capacidad para albergar el proyecto diseñado por los 232 empresarios mijeños asociados y también otras empresas de fuera del municipio, según explicó ayer el alcalde de Mijas, Antonio Sánchez. La ampliación del número de negocios en una sola infraestructura industrial permitirá que se genere una mayor demanda de empleo lo que supondrá una mayor fuente de riqueza para el municipio, según el alcalde. "Este proyecto será muy positivo para la economía de Mijas, ya que se podrán crear muchos más puestos de trabajo que si únicamente contamos con empresas locales", explicó el regidor mijeño.La iniciativa de crear un parque empresarial sólido en la localidad siempre ha contado con el rotundo apoyo del Ayuntamiento de Mijas. Desde el Gobierno autonómico se propone un plan más amplio que no se ciñe tan sólo al proyecto del Parque Empresarial. "La iniciativa del grupo de empresarios mijeños es muy buena, pero podemos hacerla aún más potente complementándola con otras empresas", afirma Sánchez. El regidor mijeño asegura que "estamos ante una nueva situación económica y de planeamiento; es el momento de pensar en el futuro de Mijas con amplitud de miras y no repetir errores del pasado, como depender demasiado de la construcción".El alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, respondía así ayer a las críticas del Partido Popular, que aseguraba que "el Parque Empresarial no existe ni jurídica ni urbanísticamente, pues aún no tiene suelo donde construir y el que se supone reservado para ello está destinado a grandes empresas que conformarán un Parque Tecnológico de la Costa del Sol".En este sentido, Antonio Sánchez ha asegurado que "es incomprensible que el PP se oponga a que Mijas tenga un proyecto industrial de mayor envergadura, capaz de atraer a más empresas, incluso de otros países", asegurando que "el Partido Popular le quiere negar a Mijas una oportunidad única para crear empleo, sin depender exclusivamente de la construcción y el turismo". Los empresarios mijeños decidieron unirse para conseguir más espacio en una zona fuera del casco urbano. En un principio, el PEM se situaba en la Atalaya pero la Junta de Andalucía calificó después los terrenos como ´Lugar de Interés Comunitario´ por lo que propone como alternativa la ´Zona de Oportunidad´. El pasado 26 de septiembre los comuneros se reunieron con la Empresa Pública del Suelo Andaluz (EPSA) para llegar a un acuerdo. El alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, afirma que "comprende la impaciencia de los empresarios, a los que pide que mantengan su aportación en el proceso de negociación abierto con la EPSA, puesto que hasta ahora se ha producido un primer contacto y se seguirá trabajando para definir el proyecto". En cuanto a la actitud del PP, Sánchez añadió que "la política de los populares es la del "cuanto peor, mejor", apostillando que "sólo les interesa que las cosas vayan mal para Mijas y así sacar rentabilidad política".

Sobreseída la causa contra el arquitecto de Alhaurín el Grande por el caso Troya (SUR)

La jueza cree que no hay indicios racionales de criminalidad en el cumplimiento de sus obligaciones que deriven en hechos ilícitos. El alcalde considera que es una «buena noticia» para todos los imputados y un primer paso para el completo archivo de la causa

La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Coín ha sobreseído provisionalmente la causa contra el arquitecto municipal de Alhaurín el Grande por el denominado caso Troya, que investiga una supuesta trama de corrupción en esa localidad por delitos de cohecho y prevaricación urbanística. La jueza ha acordado el sobreseimiento al considerar que no existen indicios racionales de criminalidad en el cumplimento de sus obligaciones que pudiesen derivar en los hechos ilícitos.En el auto judicial se señala que el técnico del Ayuntamiento alhaurino, M.A.G.M., informó negativamente sobre la concesión de licencias en los expedientes urbanísticos analizados en esta causa, excepto en un apartado relativo a una caseta agrícola, y que su trabajo obedeció a «criterios técnicos independientes a la asesoría jurídica». La resolución judicial se produce tras el informe en idéntico sentido de la Fiscalía, a petición del defensa. El fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, ha declarado que no se opone al sobreseimiento «al no haber quedado acreditada su intervención en los hechos delictivos».El fiscal alude a un expediente de obras promovido por una empresa y aclara que los informes emitidos por el técnico no pueden entenderse como un dictamen favorable, pues, añade el ministerio público, «en dos informes elaborados en 2006 el arquitecto municipal había ratificado su informe inicial en el que se mostraba contrario a la licencia solicitada».Como se recordara, en la primera fase de la actuación de la 'Operación Troya', fueron detenidos el 18 de enero de 2007 el alcalde, Juan Martín, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, y en fases posteriores fueron detenidas otra veintena de personas, en su mayoría empresarios. Además, el arquitecto municipal, cuya causa ha sido sobreseída, fue imputado por prevaricación.

Satisfacción para Serón

Según fuentes municipales, el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, considera que esta decisión judicial es una buena noticia para los imputados por el caso Troya. El primer edil alhaurino también cree que el sobreseimiento de la causa contra el técnico municipal «es un primer paso para el archivo de la causa en todo su conjunto», según matizaron ayer las mismas fuentes municipales a este periódico.

Las obras del cuartel de la Guardia Civil concluirán en verano de 2010. Antequera (SUR)

El alcalde afirma que la construcción del complejo educativo en los solares del antiguo albergue comenzará antes de final de año

Casi tres meses después de que comenzaran las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Antequera con la firma del acta de replanteo, las autoridades colocaron ayer la primera piedra del edificio, que podrían estar concluido para verano de 2010, según matizó ayer el alcalde, Ricardo Millán, quien afirmó que principalmente el acto protocolario se hacía para «evitar la rumorología de que las obras están en peligro por el momento en el que estamos», refiriéndose a la crisis económica que azota el país.La construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil está sujeta a un convenio por el que la UTE formada por el Grupo Vera -cuyo presidente, Francisco Vera, asistió al acto de colocación de la primera piedra- y Edisol realizaría las obras y las de un complejo educativo en los solares del antiguo albergue. A cambio obtendría los solares del actual cuartel de la Benemérita para construir un moderno edificio de viviendas y locales comerciales. La actuación fue valorada en 27.117.912 euros, de los que 8.944.837 se destinarían a la construcción del cuartel; 12.891.208, al complejo educativo y, 5.281.867 euros se entregarían en metálico por los promotores en concepto de mejoras (dos millones se destinarían al equipamiento del cuartel y el resto irían a parar a las arcas municipales). No obstante, Millán apuntó ayer que un sobrecoste del micropilotaje para hacer la cimentación se descontaría a la UTE de esa aportación en metálico de aproximadamente tres millones que deberían ir a parar al Ayuntamiento. Además, Millán también aclaró que ni el proyecto del cuartel de la Guardia Civil ni el del complejo educativo sufrirían finalmente cambios debido a la actual crisis económica y afirmó que se ejecutarían tal y como fueron concebido, salvo algunas modificaciones técnicas como la altura de un muro.Como se recordará, el nuevo Cuartel de la Guardia Civil se levantará sobre una superficie de 3.300 metros cuadrados en forma de 'L' en la llamada Ciudad de la Justicia de Parquesol, donde ya están operativos los nuevos Juzgados y la nueva comisaría de la Policía Nacional.El cuartel contará con las correspondientes oficinas y aparcamientos, el puesto de la compañía y las dependencias de tráfico en un edificio que se diferenciará del destinado a las viviendas de los agentes, 39 en total.Por su parte, el Complejo Educativo se levantará sobre los terrenos del antiguo albergue, entre la estación de autobuses y los Jardines del Cortijo, y contará con 185 aparcamientos subterráneos. Albergará las instalaciones del Conservatorio, actualmente de grado elemental, con idea de optar al grado medio, y dispondrá de un auditorio con capacidad para 380 personas que será esencial tanto para dicho Conservatorio como para la Escuela de Idiomas, que también se ubicará en el complejo educativo, al igual que el Centro de Profesores.El complejo educativo estará formado por cuatro pabellones independientes unidos mediante jardines y pérgolas, integrando la mayor parte del arbolado existente en la parcela. Antes de la firma del convenio con la UTE se anunció que el plazo de ejecución de las obras era de 15 meses.Por último, en los solares del actual cuartel de la Guardia Civil, la UTE levantará un edificio de viviendas, comercios y aparcamientos.

El Ayuntamiento defiende la legalidad de las viviendas autorizadas en suelo rústico. Frigiliana (SUR)

El edil de Urbanismo recuerda que aprobaron una ordenanza que permite su construcción

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Frigiliana, Francisco Moyano (PA), defendió ayer la legalidad de las viviendas construidas en el campo en los últimos años, tras la última denuncia realizada por el colectivo Gena-Ecologistas en Acción, que ha interpuesto ante la Fiscalía un escrito por la existencia de más de 1.300 viviendas fuera de ordenación en suelo rústico. «Han sido todas autorizadas e informadas favorablemente por la Junta», consideró el edil, quien recordó, no obstante, que a partir de 2003, con la entrada en vigor de la LOUA, se restringió totalmente esta situación.«Nosotros aprobamos entonces, hace tres años, una ordenanza para regularlas, que está recurrida por la Junta», explicó el edil, quien añadió que el juez desestimó la suspensión cautelar solicitada por la Administración andaluza, de manera que el Consistorio podía seguir con su aplicación hasta que se resuelva el contencioso-administrativo. Moyano apuntó que en este tiempo «apenas se han dado una decena de licencias» en aplicación de esta ordenanza local, que restringe las autorización y exige los usos agrícolas y/o turísticos en las parcelas rústicas.«Este Ayuntamiento siempre está colaborando con las instituciones y el Seprona. Abrimos unos 300 expedientes sancionados por infracciones urbanísticas de todo tipo al año», argumentó el concejal frigilianero.

El Ayuntamiento cederá suelo a la Junta para el futuro palacio de congresos. Vélez-Málaga (SUR)

El nuevo equipo de gobierno trasladó ayer a la delegada del Gobierno, María Gámez, una batería de proyectos. El Ejecutivo andaluz se compromete a estudiar las demandas sobre la segunda fase del tranvía

El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento veleño formado por PSOE, IU y GIPMTM, no quiere dejar pasar ni un minuto para hacer realidad los proyectos incluidos en el pacto del tripartito. De esta forma, los trece concejales se reunieron ayer con la delegada del Gobierno, María Gámez, para trasladarle las necesidades del municipio.

La ampliación del Puerto de Caleta de Velez, el museo de arte contemporáneo, la situación de las casas de Mezquitilla y Lagos o de las Protegidas, y la culminación del tranvía, fueron algunos de los asuntos que se trataron. En este sentido, María Gámez, afirmó que la Junta de Andalucía analizará las demandas del Consistorio sobre la segunda fase del tranvía, cuyas obras aún no han sido recepcionadas. La delegada recordó que el Ejecutivo autonómico ya ha efectuado una inversión importante en este transporte. «Hoy no es un momento de toma de decisiones, sino de toma de contacto y traslado de preocupaciones», indicó Gámez quien se comprometió a trasladar todas las problemáticas a los diferentes dedegados.

La alcaldesa, María Salomé Arroyo, destacó la receptividad de la Junta a las propuestas del Consistorio y se mostró convencida de que en breve empezarán a materializarse los distintos proyectos.

Por su parte, el portavoz de IU y futuro concejal de Urbanismo, Salvador Marín, anunció que su intención es que el Ayuntamiento ceda suelo al Gobierno andaluz en el próximo pleno municipal para la construcción de equipamiento.

Cesión de suelo

«Vamos a ceder suelo en el recinto ferial Padro del Rey para que la Junta se haga cargo íntegramente de la construcción del futuro palacio de congresos», indicó Marín. IU también trasladó a la delegada su interés en firmar un convenio con la Universidad para que el municipio albergue varias carreras universitarias.

En cuanto al Club Náutico de Torre del Mar, Marín recordó a la delegada que el PSOE se ha comprometido a no derribar la piscina ubicada en suelo marítimo terrestre. «Queremos firmar un convenio para que nos cedan el suelo y darle un uso público instalando el Aula del Mar o un museo del mar», apuntó Marín.

Torre del Mar

En cuanto al tema de la segregación de Torre del Mar, la delegada se mostró prudente y recordó los obstáculos legales que supone. El líder del GIPMTM, Manuel Rincón, se mostró satisfecho y destacó el trato de respeto recibido. Además, remarcó que se van a modificar los estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía para que Torre del Mar se convierta en el pueblo número 32 que forma parte del organismo.

De momento, el edil independentista Javier Checa sustituirá a María Salomé Arroyo como vocal en el ente mancomunado. Una vez modificados los estatutos el teniente alcalde pasará a ser miembro nato de la junta del organismo, que es el máximo órgano de gobierno de la institución.

Los afectados de viviendas irregulares se manifestarán ante la «dejadez» municipal. Mijas (SUR)

La asociación pide reunirse con el alcalde

La Asociación para la Regularización de Viviendas de Mijas llevaba tiempo quejándose de la «dejadez» de la Corporación municipal que «no atiende» las peticiones de la plataforma y tampoco se reúne con ellos. Por eso, han anunciado que se van a emprender movilizaciones, empezando por la que se realizará mañana durante la sesión plenaria.

Pese a que en principio las manifestaciones públicas se harán en el ámbito municipal, lo cierto es que la junta directiva no descarta «ir a Sevilla, Madrid o donde sea necesario para que este grave problema social no caiga en el olvido».

El presidente del colectivo, Juan Antonio Blanco asegura que el trato que reciben desde el Ayuntamiento es de «total pasividad», y reconoce que durante meses no ha mantenido ni un sólo encuentro con el primer edil, Antonio Sánchez, «pese a que se han solicitado ocho reuniones desde el pasado mes de febrero».

Preocupación

Blanco también aclara la gran preocupación de los socios del colectivo ya que «parece que no quieren recibir a la asociación porque no se ha hecho nada», argumentó. Por ello, se teme que la intención municipal sea «una cortina de humo con la única intención de que pase el tiempo y los expedientes abiertos se compliquen aún más».

Aunque se celebró hace escasos meses un pleno extraordinario para tratar el problema de las viviendas ilegales, pocas han sido las novedades que el colectivo ha recibido desde entonces.

El PGOU reserva en San Pedro y Nueva Andalucía 100 hectáreas para paliar la falta de equipamientos. Marbella (SUR)

Se destinará a la construcción en ocho años de colegios, centros de salud e instalaciones deportivas y a zonas verdes. El Plan prevé desmantelar la gasolinera de Puerto Banús

Si Marbella acusa todavía la falta de inversión en equipamientos por la desidia de los gobiernos gilistas y postgilistas, que durante más de 15 años sometieron a la ciudad a un bloqueo institucional amparado en la negativa a ceder suelo a otras administraciones, esta situación es aún más acuciante en San Pedro Alcántara y en el núcleo poblacional de Nueva Andalucía, por donde siempre pasaban de largo las escasas actuaciones realizadas durante esta larga década.

Pasado este capítulo negro de la historia local y con la mirada puesta en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), toca conocer cómo se recompondrá esa pesada herencia que dejó la 'era GIL'. Por lo pronto, el nuevo planeamiento, aprobado provisionalmente la pasada semana con los votos a favor de PP y PSOE y la oposición de IU, reserva 100 hectáreas, esto es, más de un millón de metros cuadrados de suelo tanto en la localidad sampedreña como en Nueva Andalucía para paliar la falta de equipamientos casi crónica que padecen ambas zonas.

En ocho años

Parques, colegios, centros de salud, instalaciones deportivas o una residencia de mayores engrosan la lista de infraestructuras de uso público que se prevén construir en los próximos ocho años, plazo estimado para el desarrollo del PGOU, según explicó ayer la edil de Urbanismo, Alba Echeverría, durante la presentación de las líneas generales del documento para los dos núcleos de mayor peso tras el casco urbano de Marbella.

«Es un momento muy importante para reequipar a la ciudad con los equipamientos que nunca hemos tenido», valoró. Y no sólo con palabras. Detalló cómo en algunos casos ni siquiera se habían desarrollado suelos destinados a equipamientos que venían marcados en el Plan General del 86, pese a que han pasado más de dos décadas desde que se diseñó.

Es el caso de una «pastilla» de suelo en la zona de la avenida Virgen del Rocío donde restaban aún 18.000 metros cuadrados para un equipamiento institucional y 524 de uso cultural; superficies que se agregan al nuevo PGOU, que se prevé esté en vigor para la primavera de 2009. De los cambios introducidos por el equipo de gobierno tras la aprobación inicial y el periodo de alegaciones, señaló que se han realizado «pequeños reajustes» para distribuir zonas verdes y equipamientos de forma más acorde.

Centro logístico

San Pedro contará así con 430.000 metros cuadrados de equipamientos escolares, deportivos, institucionales, culturales, zonas verdes o zonas de servicio de interés público y social (Sips), en los que se concretará el uso durante el desarrollo del planeamiento, a los que se suman los 138.191 metros cuadrados del centro logístico de transportes que se ubicará al norte de la localidad. Será en el suelo previsto en el documento inicial para un parque cementerio, ahora reunificado en un gran camposanto en Nagüeles.

Destacan la ampliación del polideportivo del Arquillo, del colegio Fuente Nueva, del polígono industrial o la construcción de una residencia de ancianos, así como la prolongación de paseo marítimo para conectar la basílica paleocristiana con el tramo central, entre otros proyectos. Mientras, en Nueva Andalucía, el Plan contempla 482.000 metros cuadrados para equipamientos de diversa índole.

La ampliación del polideportivo con una piscina cubierta, el aumento de superficie de la zona dotacional de los Altos de La Campana, el incremento de suelo en la zona deportiva del Picadero con una escuela municipal de hípica, 1.700 metros cuadrados para un ambulatorio en la avenida Gustavo Adolfo Bécquer o el desmantelamiento de la gasolinera de Puerto Banús, igualmente para uso sanitario, son algunas de las actuaciones previstas para Nueva Andalucía.

Conferencia sobre el Plan General (SUR)

El Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) inaugura hoy su ciclo de conferencias y mesas redondas para el curso 2008-2009 con una charla sobre el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga. Dará comienzo a las 18.30 horas en la sede de este organismo, junto al parque de El Morlaco. Los ponentes serán Javier Gutiérrez Sordo y Damián Quero. Más información en 'www.omau-malaga.com'.

Urbanismo inicia la contratación de obras que los malagueños solicitaron para este año (SUR)

Las actuaciones, valoradas en 2,3 millones de euros, mejorarán calzadas y aceras. Dedican más de un millón al alumbrado

El Ayuntamiento ha sacado a concurso nuevas obras que pidieron los vecinos dentro del programa de presupuestos participativos para este año. Se trata de un conjunto de actuaciones que suman 2,3 millones de euros. La de mayor cuantía es el plan de reforma, reposición y mejora del alumbrado en la ciudad, que cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses y un presupuesto de 1.114.655 euros, según el concurso convocado por la Gerencia Municipal de Urbanismo, que adjudicará estos trabajos en algo más de un mes.Otro proyecto consiste en la mejora de infraestructuras viarias en el distrito Palma-Palmilla, al que se dedican 556.629 euros que se emplearán en unas actuaciones que durarán unos seis meses. Beneficiarán a diversas calles de la barriada 26 de febrero (González Sáez, Menéndez Pidal, Pablo Casals, Ramón Pérez de Ayala y José María Pemán) y a la calle Guadalén.Además, Urbanismo ha licitado el plan de mejora de calles en Campanillas por valor de 378.103 euros y un plazo de seis meses. Se realizarán en las calles Lairenes (Maqueda) y en la plaza del Salvador (Santa Rosalía).Por último, también dentro del sistema de presupuestos participativos previsto para este año, el Ayuntamiento inició ayer la contratación de un plan de mejora de pavimentos en varias calles de la ciudad por un importe de 319.775 euros. Su plazo de realización también es de seis meses. Las obras, que renovarán calzadas, aceras y zonas de aparcamiento, se llevarán a cabo en las calles Pinosol, Zaragüeta (Camino de Antequera), Liebre (Cerrado de Calderón), Encarnación Fontiveros, pasaje del Dracma (La Unión) y La Carolina (La Noria).

La UMA construirá viviendas en Teatinos para alquilarlas a los universitarios (SUR)

Los estudiantes y el profesorado podrán optar a estos alojamientos durante cinco años, prorrogables doce meses más si continúan sus estudios. Los pisos tendrán entre 30 y 45 metros cuadrados y contarán con zonas comunes


EL PROYECTO
Dónde: En el campus de Teatinos

Número de viviendas: 120

Régimen: VPO en alquiler de renta básica a 25 años

Condiciones: Carácter rotatorio, por un máximo de cinco años, prorrogable 12 meses más

Metros: Entre 30 y 45 metrosHasta ahora, los universitarios que estudiaban en la Universidad de Málaga (UMA) tenían pocas opciones para encontrar alojamiento a comienzos de curso: O rezaban para encontrar plaza en una residencia universitaria o buscaban un piso compartido en el mercado libre de vivienda. Pero ahora buscar una vivienda será un poco más fácil. La UMA firmó ayer un acuerdo con la Junta de Andalucía y el Ministerio de Vivienda para construir 120 alojamientos universitarios en el campus de Teatinos.

Estos alojamientos serán calificados como VPO en alquiler de renta básica a 25 años y tendrán un carácter rotatorio, como solución temporal hacia otras formas de acceso a la vivienda. El arrendamiento contará con una duración máxima de cinco años, prorrogables doce meses más, si el inquilino continúa vinculado a la Universidad.

Los destinatarios serán fundamentalmente los jóvenes estudiantes, pero también tendrán acceso investigadores, profesores y demás miembros de la comunidad universitaria, que podrán optar a este parque residencial a través de un procedimiento público de adjudicación puesto en marcha por la propia Universidad.

Los pisos dispondrán de una superficie máxima de 30 metros cuadrados si su capacidad es para una sola persona, y de un espacio máximo de 45 metros cuadrados en el caso de que éste pueda albergar a dos inquilinos. De acuerdo con estos convenios, las viviendas deberán disponer de espacios y servicios comunes como acceso a Internet o zona de estudios. También se establecerán cupos para colectivos sociales con minusvalías y necesidades especiales. La inversión global para esta actuación asciende a un total de 8,7 millones de euros. Los acuerdos tendrán vigencia hasta diciembre de 2010 y una Comisión de Seguimiento garantizará el cumplimiento de las actividades comprometidas.

La cuerda se tensa entre la Junta y el Ayuntamiento por el PGOU (SUR)

El equipo de gobierno del PP amenaza con recurrir a los tribunales si continúa «el bloqueo» de sus proyectos . La Administración regional critica la actuación del Consistorio y le acusa de buscar la confrontación y el discurso del agravio

LOS PROYECTOS DE LA DISCORDIA Y LAS RESPECTIVAS POSTURAS
Arraijanal

Ayuntamiento: Sostiene que esos suelos ya fueron evaluados medioambientalmente en el PGOU de 1997 y defiende que en ellos se pueden construir hoteles, edificios de uso empresarial y las 664 viviendas previstas en el documento.

Junta: Mantiene que la ordenación propuesta no es compatible con la conservación de las características ecológicas de la playa y el arenal.

Vega del río Campanillas

Ayuntamiento: Defiende la construcción de viviendas en ese entorno y recuerda que el Gobierno andaluz hizo un área de reserva de suelo para casas en ese entorno.

Junta: Considera que no son viables diversos sectores por su impacto negativo en la vega del río y sus valores ambientales así como por los riegos de inundación.

Maristas

Ayuntamiento: Defiende el traslado del colegio a un suelo al norte del sanatorio de San José y que el plan metropolitano había reservado para equipamiento.

Junta: Argumenta que esa parcela está protegida.

Maqueda

Ayuntamiento: Defiende una urbanización de dos mil viviendas.

Junta: No ve viable el proyecto por encontrarse cerca de una central de ciclo combinado.

Construir al norte de la ronda

Ayuntamiento: Defiende el proyecto Limonar Alto de 500 chalés.

Junta: Mantiene que esos suelos deben ser no urbanizables.

Otros asuntos

Ayuntamiento: Acusa a la Junta de «puentearle» en la ampliación del Centro de Transportes de Mercancías, de perseguir judicialmente planes especiales municipales, de no desarrollar el convenio de arroyos o bloquear proyectos como las torres de Repsol y Martiricos o de arquitectos como Moneo.La cuerda se tensa entre el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de la capital y la Junta de Andalucía, gobernada por los socialistas. Las hostilidades se abrieron en la mañana de ayer cuando el concejal de Urbanismo amenazó con llevar a la Administración regional a los tribunales si continúa con su política de «bloqueo sistemático» de los proyectos municipales. La respuesta no se hizo esperar. La delegada del Ejecutivo andaluz en la provincia, María Gámez, lamentó la forma de actuar del Consistorio de la sexta ciudad del país y le acusó de buscar el enfrentamiento y recuperar el discurso del agravio entre andaluces.

La postura municipal quedará de manifiesto en una moción -cuyo texto no fue facilitado- que van a presentar en el pleno de mañana. Es la dura respuesta al reciente informe de impacto ambiental elaborado por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en el que se rechazan algunas de las principales iniciativas recogidas en la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

«Vamos a denunciar el bloqueo al desarrollo que la Junta nos está imponiendo, vamos a pedir la autonomía de competencia municipal porque todas esas actuaciones están consiguiendo ahuyentar a los inversores privados y que el capital inversor se vaya fuera porque la Junta está consiguiendo que Málaga sea un lugar con incertidumbre, inseguro y donde las grandes empresas no pueden invertir», aseguró Díaz.

Tras desear que el PGOU se apruebe «cuanto antes», el edil popular defendió la viabilidad técnica y jurídica de las actuaciones incluidas en el plan y sostuvo que las proyectos básicos, fundamentales y prioritarios se van a defender «hasta las últimas consecuencias y si hace falta se llegará hasta la justicia ordinaria». «No nos van a aburrir; al alcalde (Francisco de la Torre) y a mí no nos gana nadie en persistencia», aseveró.

Díaz manifestó que la Junta se contradice ya que se alcanzaron acuerdos en las mesas técnicas sobre aspectos del PGOU -a excepción de la construcción al norte de las rondas- y el informe de impacto ambiental «por sorpresa corta de raíz todos los proyectos que se intentaron consensuar».

A su juicio, el Gobierno regional actúa con «una doble vara de medir» en Andalucía que perjudica a Málaga ya que, según añadió, en ciudades como Sevilla, Almería, Córdoba o Huelva se aprueban proyectos que aquí se «tumban» o se «paralizan». Entre ellos, citó las construcciones en alturas que en esas capitales «se agilizan» y aquí se ponen trabas. Por ello exigió un trato igualitario. A la pregunta de si con esta actitud la Administración regional perjudica quiere perjudicar los intereses de Málaga, el edil respondió: «Hay hechos objetivos que lo demuestran».

María Gámez calificó de «desaforadas y fuera de lugar» estas críticas y sentenció que acusar al Gobierno regional de intentar bloquear y querer paralizar el futuro de Málaga es de «una magnitud y una gravedad» que supera cualquier listón en la crítica política.

Relaciones

«La Junta no va a contribuir con declaraciones gruesas como las que ha hecho el concejal a empobrecer y ensombrecer el panorama político de la ciudad en el que parece que lo único que se pretende es la búsqueda de una confrontación institucional estéril y además inexistente», indicó al tiempo que recordó que en la aprobación provisional del PGOU, el Consistorio ha mantenido los proyectos a los que ya se puso objeciones en el trámite procedimental previo.

Gámez afirmó que la Junta lidera y participa en los grandes proyectos de la ciudad (metro, auditorio, ampliación del campus universitario, el puerto o el aumento de plazas de guarderías). Una línea de actuación en la que, según mantuvo, van a continuar frente «al discurso del agravio y del enfrentamiento entre andaluces que no conduce más que a la desilusión y el agotamiento de los ciudadanos».