Carrefour dará al Consistorio un proyecto para el almacén (La Opinión)

La concejala Teresa Porras espera que el centro comercial Carrefour Alameda entregue cuanto antes un plan para el cerramiento del patio del almacén

ALFONSO VÁZQUEZ La concejala de Servicios Operativos y del distrito de la Cruz del Humilladero, Teresa Porras, ha informado a ´Línea Directa´ de que el Ayuntamiento está a la espera de que Carrefour Alameda entregue un proyecto de cerramiento de su almacén, que causa molestias de ruido a los vecinos de la calle Saint Exupery desde hace más de 15 años. El proyecto también incluye el desplazamiento de la entrada de los camiones a otra calle.
"El compromiso de Carrefour era presentar un proyecto antes de Navidad y nos han informado que estaban terminando el proyecto", señaló la concejala.
La concejala espera que con este proyecto se solucionen los graves problemas de ruido que padecen los vecinos.
Juan José Guerrero, uno de los vecinos afectados, ha mostrado su escepticismo recordando que el pasado 14 de enero ha recibido un escrito de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, al que le trasladaron el problema, en el que señala que el Ayuntamiento de Málaga no le ha enviado el informe preceptivo sobre esta cuestión, solicitado el 10 de noviembre de 2008.
"Estamos desmotivados por este desinterés por parte del Ayuntamiento de Málaga, después de que el Defensor del Pueblo se haya tomado bastante interés señalando que hay evidencias suficientes para actuar".
Por otro lado, Juan José Guerrero ha recalcado que la situación en la calle Saint Exupery "sigue exactamente igual que hace 15 años" e incluso ha empeorado por el aumento de actividad durante las Navidades.
" Hemos tenido ´trailers´ entrando desde las 6 de la mañana con el patio del almacén a tope. Carrefour no ha hecho nada, al contrario, ha habido más trasiego", recalca, mientras recuerda que el asfalto está deteriorado por el peso de las toneladas que soporta la calle, "y eso que la asfaltaron hace un año".
Juan José Guerrero destaca que recogerá firmas entre los vecinos afectados para enviarlas al Defensor del Pueblo Andaluz, que además cuenta con grabaciones de la actividad nocturna en el patio del almacén, así como de la llegada de camiones antes de la entrada autorizada.
Por último, pidió al concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, "que no eluda la pelota". A su juicio, "Carrefour se ríe de nosotros". El director de Carrefour Alameda, Francisco Morato, ha sido escueto: "Está todo encarrilado y no hay nada nuevo".

Piden cárcel para el ex alcalde de Gaucín por diez licencias en suelo no urbanizable (SUR)

La Fiscalía malagueña ha solicitado 18 meses de prisión y diez de inhabilitación para el ex alcalde de Gaucín Francisco Corbacho (PA) y el arquitecto municipal Francisco Arenas por conceder diez licencias presuntamente en suelo no urbanizable. El fiscal considera que ambos procesados han incurrido en un delito continuado contra la ordenación del territorio y las licencias se concedían con «desprecio de la normativa vigente», según la calificación fiscal.
La acusación pública entiende que el arquitecto informó favorablemente de dichos permisos a pesar de saber que no se cumplían los requisitos, que se daban en suelo no urbanizable y a sabiendas de que se incumplía la normativa urbanística.
En la causa también hay imputados cinco concejales más que fueron ediles entre 2000 y 2003. Tres de ellos, siguen actualmente ocupando cargos públicos en el Consistorio. A cuatro de estos concejales se le imputa un delito continuado contra la ordenación del territorio, mientas que al quinto edil se le acusa de un solo delito urbanístico.

El Gobierno amplía el plazo de la moratoria hipotecaria a 15 años (La Opinión)

Los ciudadanos con dificultades podrán pagar sólo el 50% de su hipoteca durante dos años y dispondrán de quince para devolver lo aplazado. La medida comenzará a aplicarse en marzo

LA OPINIÓN. MADRID Los ciudadanos en dificultades económicas que se acojan a la moratoria hipotecaria de dos años, pospuesta hasta el 1 de marzo, dispondrán de hasta 15 años -5 más de los previstos inicialmente- para devolver el dinero aplazado, según aprobó ayer el Gobierno.
Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que los beneficiados de la llamada moratoria hipotecaria, que sólo tendrán que pagar el 50% de su préstamo durante dos años, dispondrán de un año más para comenzar a devolver la cantidad aplazada.
Esta decisión se ha adoptado después de que la banca no haya concedido ninguna moratoria, debido a que los ajustes técnicos que se han estado introduciendo hasta última hora en la línea Moratoria Hipotecaria han hecho que las entidades hayan optado por esperar a concederlas.
Así, los ciudadanos que se acojan a la medida pagarán sólo la mitad de su hipoteca (con un máximo de 500 euros) entre el 1 de marzo de 2009 y el 28 de febrero del año 2011, cuando empezarán a pagar su cuota hipotecaria inicial.
Un año después, es decir, sólo a partir del 1 de marzo de 2012, deberán empezar a devolver las cantidades aplazadas, lo que podrán alargar durante 15 años, en vez de los 10 años anunciados por el Ejecutivo inicialmente. En un primer momento, el inicio de la moratoria se fijó el 1 de enero de este año, fecha que fue modificada ayer al 1 de marzo.
Para aplicar la moratoria, el Instituto de Crédito Especial (ICO) deberá concertar los correspondientes convenios con los bancos, que no asumirán ningún coste por sumarse a la medida, en los que se determinarán las condiciones financieras y las garantías de dichas operaciones.
La moratoria de las hipotecas podrán solicitarla los trabajadores por cuenta ajena que no tengan trabajo antes del 1 de enero de 2010, así como los autónomos que hayan cerrado su negocio o que acrediten ingresos anuales inferiores a 18.900 euros, y los que hayan pasado a ser pensionistas de viudedad.

Empresas. De la Vega también anunció más facilidades para que los pequeños y medianos empresarios puedan disponer de mayor liquidez en sus empresas. En concreto, el acuerdo adoptado por el Gobierno contempla la posibilidad de que las dos líneas (ICO pyme e ICO liquidez) existentes en el instituto puedan ver traspasados su fondos en función de la demanda.
Asimismo, se amplía de tres a cinco años el plazo máximo de devolución de las cantidades aplazadas por medianas y pequeñas empresas a través de la línea moratoria pymes.
Por otra pate, De la Vega indicó que el Ejecutivo también ha acordado mejorar las comisiones que reciben los bancos y cajas por facilitar crédito a través de las líneas del ICO para "eliminar los obstáculos" que estaban impidiendo que el crédito fluyese con la eficacia que requiere la crisis.
Éste es uno de los compromisos asumidos por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la reunión que mantuvo en Moncloa con los máximos responsables de las principales entidades financieras del país.
Igualmente, De la Vega afirmó que es necesario "el esfuerzo" compartido de Gobierno y la banca para recuperar la economía a través de la concesión de créditos a familias y empresas, al tiempo que reconoció que "estamos en los momentos más duros de la crisis".

La radiografía de Málaga (SUR)

De la cobertura que ofrecen los centros educativos al número de habitantes por manzana. Un mapa dinámico recoge por vez primera todos los datos de la ciudad

Podría decirse que es la radiografía de la ciudad. El Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) ha colgado en su página web un mapa dinámico que ofrece todo tipo de datos sobre la realidad urbanística, económica, social, demográfica y medioambiental de Málaga en una experiencia pionera que va a servir como modelo para otras ciudades del país y del resto de la Unión Europea.
Desde las paradas de autobús, a las zonas verdes útiles y planificadas, pasando por el radio de cobertura en 500 metros de centros educativos, deportivos, sanitarios, comerciales y recreativos, todo ello con la máxima precisión y detalle. Son algunas de las prestaciones que ofrece el mapa, que también incluye las zonas de actividad económica y el padrón de habitantes con la posibilidad de obtener todos estos datos por barrios, áreas urbanísticas, distritos, parcelas y manzanas.
Todo ello se logra de la consulta por capas base, aunque también existe la de indicadores, como la densidad poblacional, la compacidad urbana o el porcentaje de techo residencial. Pinchando con las herramientas de identificación se pueden obtener datos detallados de todos estos parámetros por cada una de las parcelas del catastro.
Uso
El responsable del OMAU, Pedro Marín, destacó que se trata de una herramienta pionera a nivel nacional que se ha colgado en Internet para que pueda ser utilizada por todas aquellas personas que lo precisen, desde estudiosos de la sociología o la economía y arquitectos, hasta particulares que quieran, por ejemplo, abrir un negocio y pretendan conocer las características de la zona de Málaga en la que tienen puestas sus miras.
El mapa permite modificar la escala a la que se presenta la información, efectuar desplazamientos sobre las imágenes generadas, realizar búsquedas o identificar elementos a partir de las capas de información que componen el sistema. Asimismo, pueden descargarse en PDF y tabulaciones de datos.
Por otra parte, el visor también genera los datos en imágenes temáticas con graduación de color, lo cual puede realizarse a nivel de barrios o áreas municipales. Esta opción permite consultar visualmente la información de indicadores relativos a la configuración del territorio, como pueden ser la densidad de población por zonas, la dispersión de usos urbanos o la proximidad a servicios básicos.
Este proyecto ha quedado en primer lugar de la selección de 531 iniciativas de la Unión Europea dentro del Programa Med para el periodo 2007-2013. Las once metrópolis que forman este programa definirán un sistema común de indicadores que ayudarán a establecer unos objetivos comunes. Este visor de indicadores del OMAU será la herramienta de trabajo y el modelo a seguir por estas ciudades.
MÁS INFORMACIÓN: Web del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (pinchando en los 'Sistemas de Indicadores Urbanos de la Agenda 21, 2008' y luego en 'visor cartográfico'). www.omau-malaga.com

El Supremo ratifica la suspensión de una licencia en Marbella (Málaga Hoy)

Argumenta que resoluciones de tribunales superiores no son susceptibles de recurso

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de suspender una licencia de obras otorgada en enero de 2003 a la entidad Edificaciones Tifán para la construcción de un edificio comercial en La Caridad. La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta interpuso un recurso contra la concesión de la licencia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Málaga, que inicialmente ordenó suspender de manera provisional la licencia y después decretó el mantenimiento de esta medida.

El Consistorio marbellí presentó entonces un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, admitido en enero de 2007, al considerar que la decisión del TSJA "produciría una perturbación grave no sólo de los intereses generales municipales, sino también de los de un tercero de buena fe" y que además no había "tomado en consideración la presunción de solvencia económica" de la Administración local, "suficiente para restaurar en su caso la situación alterada con la demolición de lo indebidamente construido". Sin embargo, el Alto Tribunal ha considerado inadmisible el recurso presentado por el Ayuntamiento, puesto que la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entró en vigor en enero de 2004, establece que las resoluciones de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia no son susceptibles de recurso de casación. Por ello desestima el citado recurso.

Fuengirola inaugura hoy un parque de 15.000 metros cuadrados (Málaga Hoy)

El espacio ha sido construido por un acuerdo entre el Consistorio y la Junta

A partir de hoy los ciudadanos de Fuengirola podrán disfrutar de nuevas zonas verdes, ya que hoy se inaugura el Parque de Poniente, ubicado en la Avenida Santa Amalia y muy próximo al emblemático Castillo Sohail. A la cita, que será a las 12 del mediodía, acudirá la alcaldesa de la localidad, Esperanza Oña, quien estará acompañada por el delegado de Turismo de la Junta de Andalucía. Además, se contarán con exhibiciones de baile, patinaje y partidas de ajedrez, entre otras actividades, como bien adelantó ayer el Consistorio.

Este nuevo pulmón verde, con más de 15.000 metros cuadrados de extensión, es un homenaje al mar y a los marineros, motivo por el cual se han incluido detalles y elementos representativos que hacen referencia al Mediterráneo, como los juegos infantiles que recrea un galeón gigante con olas o tres carabelas.

Cabe señalar que este nuevo espacio ha conseguido distintos objetivos, ya que mejora el ordenamiento al área al comunicar con el Paseo Marítimo, el Parque del Castillo y toda la zona de Poniente mediante un carril bici de 1,5 kilómetros metros de longitud. Por otro lado, se ha modificado el actual carril de entrada desde la autovía al municipio, aumentando la seguridad vial de la zona.

El nuevo parque es fruto del acuerdo suscrito entre el Consistorio y la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte el 23 de noviembre de 2007, para el cual ésta ha invertido 1.268.497 euros.

Mijas recibe el estudio de las viviendas irregulares (Málaga Hoy)

El alcalde lo remite a la oposición y pide consenso

meses de espera el alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, ha recibido esta semana el informe encomendado sobre las viviendas construidas en suelo no urbanizable, el cual ha sido elaborado por un reputado experto, el catedrático de la Universidad de Sevilla Jesús Jordano. Según un comunicado del Consistorio, el profesional ha explorado las posibilidades de legalización basándose en fundamentos de derecho recogidos en legislación y jurisprudencia, así como a partir de la experiencia de otros municipios con realidades similares. En este sentido, se ha clasificado entre problemáticas diferentes, como las que plantean viviendas agrupadas o aisladas. Jordano ha advertido también que hay límites que marcan lo legalizable, como por ejemplo, ante ocupaciones de dominio público o construcción en suelos de especial protección. Asimismo, el estudio elaborado sugiere la posibilidad de adoptar algunas soluciones-puente hasta que se puedan asentar definitivamente en el PGOU.

El comunicado de ayer señaló también que las copias del documento fueron trasladadas inmediatamente a la oposición (PP) para que puedan estudiarlo, con la voluntad de "llegar a soluciones de consenso, puesto que el calado social del problema exige un compromiso político serio por parte de todos", según palabras del alcalde, quien añadió que la situación vivida por las familias no debe utilizarse como "arma partidista". Sánchez indicó también que "el equipo de gobierno está demostrando su empeño por encontrar soluciones". Para ello, el alcalde propuso la celebración de reuniones de trabajo con los representantes políticos, una vez que tanto los concejales como los técnicos y juristas municipales hayan analizado el documento. El objetivo es fijar criterios comunes para elaborar y desarrollar una hoja de ruta que contenga medidas concretas.

'Peleas' por un piso para pagar menos de su precio (Málaga Hoy)

La inmobiliaria malagueña Toré realiza, por primera vez en sus 15 años de historia, una subasta a la baja ante la imposibilidad de vender las viviendas

En Málaga apenas se venden pisos y toca agudizar el ingenio, sobre todo a aquellas personas que tienen mayor urgencia en deshacerse de su vivienda porque no pueden hacer frente a la hipoteca, por cuestiones personales o porque han comprado un segundo inmueble, entre otras muchas posibles razones.

Algunos de esos pisos están expuestos en la inmobiliaria malagueña Toré y sus gestores han ideado un sistema que, aunque no es nuevo en España, sí es la primera vez que esta firma con 15 años de historia en la provincia lo pone en marcha: una subasta a la baja.

El procedimiento es sencillo. La inmobiliaria tiene un catálogo de 20 pisos y locales comerciales en la capital y la provincia que el comprador puede ver en internet (en el apartado de pisos málaga en la página www.segundamano.es), en las oficinas de la empresa o que puede pedir por teléfono o por correo electrónico. Si le interesa alguno de estos inmuebles puede incluso ir a visitarlo para ver si le convence definitivamente. En ese caso, el futuro comprador debe hacer un depósito de 1.000 euros y poner por escrito cuál es su oferta por la vivienda.

La subasta es a la baja, es decir, se parte con un precio de origen y los compradores pueden ofrecer hasta un 30% menos de esa cantidad. Un ejemplo. En el catálogo de Toré se vende un piso de tres dormitorios, dos baños y terraza en Mijas por un precio de salida de 149.000 euros. Los compradores, si les interesa, pueden lanzar precios desde un tope mínimo de 104.300 euros (restándole un 30% del precio original). Se entiende que el máximo es el precio de salida.

El plazo para presentar los depósitos y las ofertas por escrito termina el 28 de febrero. El 1 de marzo de abrirán todas esas pujas en la inmobiliaria y se dará a conocer a los compradores potenciales las ofertas que han realizado los demás, dándoles un plazo de 15 días para mejorar, si quieren, su precio. A partir del 15 de marzo, aquel que haya hecho la mayor oferta es el que se queda con el inmueble. Las dos partes salen ganando: el vendedor se deshace del piso y el comprador lo adquiere a un precio más barato, siempre y cuando el banco le conceda la financiación necesaria.

María del Carmen Gutiérrez, directora comercial de Toré, explica que a aquellos que no han comprado finalmente el inmueble "se les devuelve los 1.000 euros, ya que el depósito lo ponemos sólo para que el comprador se lo tome en serio y se genere un compromiso".

Gutiérrez señala que, lógicamente, la base de datos de la inmobiliaria "recoge miles de pisos" y no sólo esos 20 del catálogo, aunque "éstos son aquellos en que los vendedores tienen más urgencia. Hay otros que no tienen prisa por vender y simplemente están esperando a que pase la mala racha".

Esta experta subraya que, aunque ha habido descensos de precios de entre un 5 y un 6% en los últimos meses, "no hay grandes chollos sino algunos pisos en los que se produce una mayor caída de precios por algo puntual", y destaca que el alquiler de inmuebles, por las distintas ayudas públicas, está funcionando mucho mejor que la venta directa.

La Junta se sumaría a la conservación de la Alcazaba y Gibralfaro (La Opinión)

El Gobierno andaluz estudia su participación en la financiación de un plan para proteger el conjunto histórico

E.P. MÁLAGA La Junta de Andalucía está dispuesta a estudiar su participación en la financiación de un plan director de conservación del conjunto histórico Alcazaba-Gibralfaro, según explicó ayer el delegado provincial de Cultura del Gobierno andaluz, Manuel García Martín, al portavoz de IU en el Ayuntamiento de Málaga, Pedro Moreno Brenes, y al coordinador local de la coalición, Eduardo Zorrilla.
En la reunión, Moreno Brenes manifestó la necesidad de que las administraciones lleguen a un acuerdo para preservar y proteger el patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de la capital. Además, informó al delegado de Cultura de la Junta del conjunto de propuestas presentadas en el Ayuntamiento, como el convenio de La Trinidad y su entorno, el convento de San Andrés de El Perchel y edificios y jardines como Villa Fernanda.
El portavoz de IU recordó que "este grupo político ha presentado varias iniciativas para elaborar y ejecutar un plan de conservación del conjunto monumental Alcazaba-Gibralfaro", pero manifestó que "el PP no las ha aceptado, a pesar de que, posteriormente, las ha incluido en los proyectos que financiará el Fondo Estatal de Inversión Local".
"Todas las iniciativas presentadas han estado presididas por una idea y es que son buenas para nuestra cultura y para revitalizar nuestra economía", según comentó el edil a los periodistas, quien añadió que para poder desarrollar planes de protección y rehabilitación del patrimonio es necesario "la unidad entre las administraciones".
Los representantes de la coalición de izquierdas presentaron también al delegado de Cultura una moción aprobada por el Ayuntamiento, en la que se compromete a elaborar un plan de rehabilitación del convento de San Andrés. "Nos preocupa el deterioro progresivo de este edificio y los malagueños lo vamos a perder. El delegado de Cultura afirmó que no dispone de proyecto, por lo que nosotros nos hemos comprometido a velar para que éste se elabore", expuso.

El Corte Inglés y Carrefour se interesan por suelo en Antequera (La Opinión)

La cadena de supermercados Carrefour y El Corte Inglés han mostrado al Ayuntamiento de Antequera su interés en el suelo comercial del municipio, principalmente en las zonas de expansión de la ciudad.
Así lo adelantó el alcalde, Ricardo Millán, quien resaltó que aunque "aún no hay cerrado ningún proyecto concreto", existe la voluntad manifiesta por parte de ambos grupos de ubicarse en la localidad. "Se han interesado por los puntos de expansión de Antequera, en concreto por el Ensanche de la Verónica y todo su radio de acción, a lo que se añade la solicitud de conocer el espacio que quedaría disponible en los bajos del futuro cuartel que se está levantado en Parquesol", dijo Millán. En este último enclave han mostrado especial interés los grandes almacenes, según puntualizó el regidor, quien aclaró que quedaría disponible un espacio comercial "importante" de algo más de 3.000 metros cuadrados, para cualquiera de las firmas con las que cuentan, ya sea Opencor o Hipercor, entre otras", concluyó el alcalde.

Hoy se abre al público el nuevo parque de Poniente. Fuegirola (La Opinión)

Los ciudadanos de Fuengirola podrán disfrutar a partir de hoy de un nuevo espacio verde de 16.000 metros cuadrados en el municipio. Se trata del parque de Poniente, que ha sido financiado íntegramente por la Junta de Andalucía a través de un convenio con el Ayuntamiento de Fuengirola, tras la declaración de la localidad como ´Municipio Turístico´. El coste de esta actuación ha sido de 1,2 millones de euros, más barato de lo previsto en principio. De ahí que la Consejería de Turismo negocie con el Ayuntamiento de Fuengirola el destino del resto de la inversión prevista inicialmente, que ascendía a 1,8 millones de euros.
El parque ofrece zonas de esparcimiento con juegos infantiles, pista de patinaje, aparatos de gimnasia y áreas de juego de petanca, dispone de un paseo ajardinado de hormigón impreso de color albero y acabado de piedra de cantera que comunica cuatro vías que lo circundan.

La plataforma pro hospital del Guadalhorce exige las obras ya (La Opinión)

Más de un centenar de vecinos se concentró ayer en la plaza del Ayuntamiento de Pizarra. La Junta recuerda que saldrá a concurso este mismo mes

ANA GARCÍA. PIZARRA La plataforma pro hospital del Guadalhorce inició ayer su calendario de movilizaciones para exigir a la Junta de Andalucía que reduzca los plazos para el desarrollo del proyecto del futuro centro hospitalario de alta resolución de especialidades de la comarca.
Colectivos vecinales, asociaciones de empresarios y representantes de todos los partidos políticos acudieron ayer a Pizarra para unirse y reivindicar la necesidad de que comiencen cuanto antes las obras del centro hospitalario.
Uno de los coordinadores de la plataforma y presidente de la delegación comarcal del Colegio de Médicos de Málaga, Guillermo Álvarez, añadió que, además a la petición de la reducción de plazos, el colectivo continúa reivindicando no un centro hospitalario de alta resolución de especialidades, sino un hospital. "Las cincuenta camas que contempla el proyecto son pocas para la demanda en el Guadalhorce. Este proyecto ya nace deficiente ante de ponerse en marcha", criticó.
Los representantes políticos de IU, PSOE, PP y PA que intervinieron ante los asistentes a la movilización también resaltaron la construcción del centro hospitalario como alternativa laboral para más de 300 personas, considerando la situación de crisis económica actual.
Durante la concentración, se hizo notar entre los asistentes la indignación por la discriminación que sufre la comarca, única de la provincia que carece de hospital, a pesar de las deficiencias que sufre en materia sanitaria.
La plataforma animó a todos los sectores sociales, económicos, empresariales y políticos y vecinos del Guadalhorce a que se sumen a las próximas movilizaciones que se realizarán cada viernes de febrero. La próxima será el día 13 en Tolox; el día 20, en Álora; el día 27, en Cártama; y el 6 de marzo, en Coín. Si después de las movilizaciones no hay una respuesta satisfactoria por parte de la Consejería de Salud, la plataforma planteará acciones más rotundas.
Concurso. Por su parte, la Consejería de Salud recordó ayer que el concurso público para la adjudicación de la redacción del proyecto y la ejecución y dirección de las obras del centro hospitalario se publicarán en los boletines oficiales este mes. "La Consejería de Salud, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Cártama darán luz verde al proyecto con la firma, el próximo martes, 10 de febrero, de una adenda al convenio suscrito que autoriza a la empresa pública hospital Costa del Sol a hacerse cargo de las obras de construcción del centro", dijeron ayer en un comunicado.
La Junta pretende iniciar las obras a final de este año, cuando el presidente de la Junta de Andalucía anunció en 2005 la entrada en servicio de las nuevas instalaciones para 2008. Por ello, los vecinos de la comarca desconfían de los nuevos plazos planteados por la administración.

Carrefour y El Corte Inglés buscan suelo en la ciudad. Antequera (SUR)

La cadena francesa está interesada en ubicarse en el Ensanche de la Verónica, mientras que la española lo está en el actual cuartel
Aún en tiempos de crisis, los grandes grupos siguen interesados en instalarse en Antequera. Así lo aseguró ayer el alcalde de la ciudad de El Torcal, Ricardo Millán, quien admitió que a la cadena francesa Carrefour, que ya mostró interés en su día por instalarse en la Cuesta de Talavera, «parece ser que hay una zona que le llama la atención en el Ensanche de la Verónica», una unidad de ejecución con 1.998 viviendas y una amplia zona comercial donde tendrían cabida tanto «una gran superficie de alimentación como establecimientos de tamaño medio que no necesitarían una aprobación especial de la Junta de Andalucía».
Millán apuntó en este sentido que, «en dos reuniones» que ha tenido con la cadena, esta le «ha comunicado que estaba buscando de qué forma podía instalarse en Antequera», mostrando también interés por ubicarse en los bajos del edificio de viviendas que se construirá en el solar del actual cuartel de la Guardia Civil, que tendría una superficie comercial de 3.000 metros cuadrados. En este espacio también ha puesto sus miras el grupo español El Corte Inglés, según dijo el primer edil, quien no obstante matizó que «no hay nada cerrado ni firmado, pero sí conversaciones» con ambas cadenas.
Otras propuestas
Además de estos grupos, una empresa holandesa tendría intención de construir un centro comercial del hogar en Antequera, mientras que la promotora Parkridge proyecta un gran parque comercial de 46.000 metros cuadrados en Negocity, la segunda fase del Parque Empresarial. Millán apuntó en este sentido que muchos proyectos en esta zona industrial de la ciudad están paralizados a la espera de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que aumentará de 0,59 a 1 la edificabilidad en el Parque Empresarial.
El regidor de Antequera espera llevar el documento a aprobación provisional en un pleno extraordinario de febrero, aunque aún no ha llegado el informe de la Consejería de Medio Ambiente ni se ha concluido un estudio hidrológico necesario. No obstante, las alegaciones están ya prácticamente contestadas.

Urbanismo acometerá el soterramiento de la estación de bombeo de la localidad. Rincón de la Victoria (SUR)

La Concejalía de Urbanismo va a llevar a cabo en breve el soterramiento de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Rincón de la Victoria (EBAR) tras la publicación de la aprobación de financiación en el día de ayer a través del Fondo de Inversión Local.
La iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 174.000 euros, consistirá en la demolición de la edificación existente quedando todos los elementos de la instalación soterrados. «Así conseguiremos eliminar las molestias por malos olores», ha resaltado el edil del área, José Jesús Domínguez Palma (PSOE).
La EBAR, que está ubicada en el acceso al paseo marítimo desde la avenida del Mediterráneo, ocupa gran parte del entorno que actualmente se encuentra en mal estado. El proyecto incluye la reurbanización de la zona con la restitución del pavimento, la instalación de alumbrado público y la creación de las zonas ajardinadas. El objetivo es recuperar la plaza para el disfrute de los ciudadanos.

El PP de Mijas critica los retrasos del plan de la Junta para crear 2.076 VPO antes de 2012. Mijas (SUR)

El Partido Popular de Mijas quiso hacer público su malestar ante los «retrasos que se están produciendo en el municipio con respecto al plan autonómico para crear 2.076 viviendas de VPO antes de 2012». En este sentido, el edil Manuel Navarro recordó que «el alcalde, Antonio Sánchez, anunció que se sacarían a concurso las obras de 400 casas antes de finales de 2008, hecjo que aún hoy no ha tenido lugar».
Además, «el Plan de Vivienda del Ayuntamiento y la Junta que estuvo en vigor entre 2003 y 2007, contemplaba crear 1.028 inmuebles, y sólo se ha cumplido en un 32%». Hasta la fecha, se han entregado 328 casas de protección oficial.
Por estos motivos, Navarro calificó la política municipal de vivienda de «nefasta, al caracterizarse por los sucesivos compromisos incumplidos».
Por otro lado, el edil de la oposición recordó que existe una promoción de 14 viviendas que llevan paralizadas más de dos años por una orden judicial.

Sánchez propone crear mesas de trabajo que estudien la regularización de viviendas. Mijas (SUR)

Se estudiará el informe urbanístico realizado por un catedrático y se reunirá con los colectivos de afectados

PLAN DE TRABAJO
Posibilidades contempladas en el informe: Dada la diversidad de edificaciones, las divide en viviendas agrupadas y aisladas. Además, hace distinción según el suelo donde se han levantado.
Pautas a seguir: Realizar reuniones de trabajo con técnicos municipales y representantes políticos, además de los encuentros con asistentes de la Junta
Reuniones: Encuentro con los colectivos de afectados para explicar los avances logradosEl trabajo que realizan tanto la administración pública como los colectivos en materia de regularización de viviendas parece estar dando sus frutos. Pese a que el alcalde, Antonio Sánchez, ya ha aclarado en varias ocasiones que se trata de un problema cuya solución conlleva mucho tiempo, los últimos pasos indican un avance en las gestiones tramitadas. Tanto es así que el Ayuntamiento recibió el pasado jueves el análisis jurídico sobre el estado y las posibilidades de legalización de las casas y propuso la creación de mesas de trabajo que estudien qué camino hay que seguir.
Así, Sánchez aclaró que la celebración de reuniones de trabajo se realizaría con todos los representantes políticos, una vez que tanto los concejales como los técnicos y juristas municipales hayan analizado el documento, la idea pasa por fijar criterios comunes para la elaboración y el desarrollo de una hoja de ruta que contenga medidas concretas. Para realizar este estudio en común, la corporación trasladó de inmediato copias del documento a la oposición con el objetivo de que pueda estudiarlo, con la voluntad de «llegar a soluciones de consenso, puesto que el calado social del problema exige un compromiso político serio por parte de todos», aclaró el primer edil.
Aprovechando la elaboración de planes de trabajo en materia de regularización y con el objetivo de proponer actuaciones concretas, así como aclarar detalladamente las propuestas que los colectivos de afectados puedan realizar, el Ayuntamiento anunció que, en esta etapa de trabajo, se mantendrán audiencia tanto con la plataforma por la regularización de viviendas (ARV) como con la asociación de vecinos Chaparral-Alberquilla.
El documento que pretende fijar las pautas, es un informe jurista en materia de Urbanismo que ha sido elaborado por un reputado experto, el catedrático de la Universidad de Sevilla Jesús Jordano. En él, ha explorado las posibilidades de legalización basándose, principalmente, tanto en fundamentos de derecho recogidos en legislación y jurisprudencia, además de la experiencia vivida en otros municipios del país que han vivido o viven realidades similares.
Varias posibilidades
Así, se ha distinguido entre problemáticas diferentes, como las que plantean viviendas agrupadas o las que formarían las aisladas. Y es que, la morfología variada en los casos de edificaciones irregulares en la localidad hacía necesario una revisión exhaustiva de la variedad de casos para a su vez, ver si existen posibles soluciones. Por ello, el documento también advierte que hay límites que marcan las situaciones que son legalizables y las que no, por ejemplo qué ocurre ante ocupaciones de dominio público o en casos de construcción en suelos que actualmente tengan una especial protección.
El estudio sugiere la posibilidad de adoptar algunas soluciones-puente hasta que se puedan asentar definitivamente con la entrada en vigor del nuevo PGOU. Actualmente, los técnicos municipales analizan el estudio.

El Supremo suspende la licencia urbanística de un centro comercial junto al NH. Marbella (SUR)

Desestima así un recurso que interpuso el Ayuntamiento contra la Junta con Yagüe como alcaldesa

Nuevo varapalo judicial para uno de los imputados del 'caso Malaya', Fidel San Román. El Tribunal Supremo ha ratificado la suspensión de una licencia de obras concedida por el equipo de gobierno de Julián Muñoz a la sociedad Edificaciones Tifán, S.L. vinculada al conocido empresario. La sentencia, a la que ha tenido acceso SUR, afecta a la construcción de un complejo comercial en La Caridad.
El alto tribunal desestima así un recurso presentado por el propio Ayuntamiento en 2004, con Marisol Yagüe al frente, contra la impugnación interpuesta por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. No es la primera impugnación de la Junta que acapara la empresa. Cuenta con otros dos permisos suspendidos para el complejo hotelero 'NH Alanda', en el mismo sector. Entonces el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) anuló la licencia de obras con la que se construyó el hotel por invadir zona de protección de cauce, zona verde y suelo residencial.
En esta ocasión, el fallo judicial revela que la Junta de Andalucía promovió un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de este orden del TSJA con sede en Málaga en el que aparecían como demandados tanto el Consistorio marbellí como Tifán respecto a la licencia concedida en enero de 2003 en comisión de gobierno. La primera decisión del tribunal fue suspender el acuerdo como medida cautelar, un auto que fue recurrido primero en súplica y luego en casación y que finalmente ha sido rechazado por la última instancia, el Tribunal Supremo.
La Junta de Andalucía llegó a impugnar en los tribunales más de 380 licencias contrarias al planeamiento urbanístico en los últimos once años. Medio centenar de esos recursos corresponden a proyectos de empresarios procesados en la trama de corrupción destapada en 'Malaya'. Fidel San Román está imputado por los presuntos delitos de cohecho y prevaricación.

Las VPO de alquiler en Soliva se podrán solicitar durante el mes de marzo (SUR)

Marzo será el mes en el que los malagueños podrán solicitar una vivienda de protección oficial en alquiler, dentro de la primera convocatoria en dos años que realiza el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV). La última de ellas fue a finales de 2006 para un millar de casas en venta -la mayor parte de ellas en la nueva urbanización de Soliva- a las que aspiraron más de veinte mil ciudadanos. Ahora, el Ayuntamiento oferta un total de 274 viviendas en alquiler con opción a compra, también en Soliva.
La mayoría de ellas, 244 repartidas en cuatro bloques, están reservadas para familias o personas cuyos ingresos anuales no superen una vez el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que supone que sólo podrán acceder a ellas si ganan menos de 7.236,60 euros al año. Se trata de las casas denominadas «de integración social», en las que la opción a compra opera a los 25 años de la firma del contrato.
Renta básica
El resto, un bloque de 30 pisos, son de renta básica, por lo que pueden solicitarlas aquellas personas con unos ingresos de hasta 4,5 veces el Iprem, lo que supone 32.564,47 euros anuales. En este caso, la opción a compra se produce a los diez años. El alquiler de los pisos oscilará entre 150 y 350 euros mensuales.
El consejo del IMV que se celebra el próximo martes aprobará esta convocatoria que, según informó ayer el edil de Vivienda, Diego Maldonado, se abrirá en los primeros días del mes de marzo. A partir de ese momento, los ciudadanos que reúnan los requisitos tendrán un mes de plazo para solicitar los pisos.

La obra del hospital del Guadalhorce saldrá a concurso público este mes (SUR)

Los trabajos para construir el centro, que atenderá a más de cien mil personas, comenzarán antes de final de año

Los problemas que han retrasado la construcción del Hospital del Guadalhorce parecen resolverse. A lo largo de febrero está previsto que la adjudicación de la redacción del proyecto y la ejecución y dirección de las obras salgan a concurso público tras su publicación en los boletines oficiales. La solución elegida para que esta iniciativa no se demore más ha sido que la Consejería de Salud, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Cártama (municipio en el que se levantará el hospital) firmen una adenda o añadido al convenio que suscribieron en su momento.
Este nuevo acuerdo, que se rubricará el próximo martes, permitirá dar luz verde al proyecto. Esa adenda o nueva cláusula autorizará a la Empresa Pública Hospital Costa del Sol a hacerse cargo de las obras de construcción del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades (Chare) del Valle del Guadalhorce, que ofrecerá asistencia a 105.000 vecinos de esa comarca.
La firma, que llevarán a cabo Salud, Diputación y Ayuntamiento de Cártama, agilizará los trámites para la construcción del centro y poder comenzar las obras antes de que acabe este año. La Empresa Pública Hospital Costa del Sol aportará diez millones de euros al coste total del proyecto, cantidad que se añadirá a los siete millones de euros que pondrá la Diputación y a los seis que sufragará Salud, con lo que el importe total será de 23 millones de euros.
El retraso en el inicio de los trabajos de construcción se debe a que el concurso de adjudicación de las obras quedó desierto en dos ocasiones. Por ese motivo, en agosto de 2008 Salud propuso a las administraciones que conforman la comisión de seguimiento del convenio (Diputación y Ayuntamiento de Cártama) hacerse cargo de la contratación de las obras. Asimismo, se comprometió a asumir los posibles incrementos del coste de los trabajos tras la variación sufrida en los mercados financieros desde la publicación de los pliegos del primer concurso, en noviembre de 2007.
Atención especializada
El Chare del Guadalhorce es necesario para dar una mejor atención a los ciudadanos de esa zona de la provincia de Málaga. En concreto, unos 105.000 vecinos de trece municipios se beneficiarán de ese hospital, que ofrecerá atención especializada y urgente.
Este dispositivo hospitalario tendrá un total de 15.054 metros cuadrados y dispondrá de medio centenar de habitaciones individuales que podrán convertirse en dobles en caso de ser necesario. Otros recursos con los que contará el hospital serán una sala de observación con nueve sillones cama, cuatro quirófanos para realizar operaciones de cirugía mayor ambulatoria, 23 módulos de consultas de especialistas, un área de radiodiagnóstico con dos equipos de rayos X convencionales, dos ecógrafos, un TAC, un mamógrafo y un telemando.

El nuevo puerto será una prolongación de la calle Larios (SUR)

El arquitecto del palmeral destaca la creación de un recorrido peatonal que una el Centro y La Farola Arranca el segundo 'parking' de la zona comercial

«La transformación del puerto permitirá dotar a Málaga de una 'calle mayor' que prolongará Larios hasta La Farola». Son palabras de uno de los principales cerebros de la operación diseñada para abrir los muelles 1 y 2 del recinto portuario al uso y disfrute de los ciudadanos. El arquitecto Jerónimo Junquera, autor del proyecto para realizar un palmeral en el muelle del paseo de los Curas, pronunció ayer una conferencia en el Observatorio de Medio Ambiente Urbano, en la que destacó la «oportunidad» que supone para Málaga una actuación de estas características.
«Lo mejor de este proyecto no es hacer un jardín de palmeras o una zona de bares y restaurantes, es crear un recorrido continuado desde la plaza de la Constitución hasta La Farola en el que poder pasear, tomarte un café, comprar una camisa y disfrutar al final del recorrido de unas inmejorables vistas de la ciudad desde los muelles», comentó Junquera.
Plaza de la Marina
No obstante, el arquitecto reconoció que este trayecto se encuentra aún interrumpido por el tráfico en la plaza de la Marina. Cuestionado por este periódico sobre la solución acordada por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria para soterrar la circulación junto a la fachada del recinto portuario que marcan cuatro conjuntos de columnas, de tal modo que se facilite el tránsito peatonal hacia los muelles, Jerónimo Junquera evitó pronunciarse. «Cuando haya planos y un proyecto concreto opinaré, mientras tanto, no», dijo. No obstante, confió en que se resolverá de algún modo la conexión peatonal entre el puerto y el Centro de la ciudad.
Asimismo, no quiso dar plazos concretos para la finalización de la obra del palmeral, que acumula un considerable retraso debido a las paralizaciones que ha sufrido por diversos motivos. Tras la última de ellas, la empresa sevillana Heliopol ha retomado los trabajos.
Por otra parte, en estos días han comenzado las obras del segundo de los aparcamientos de que dispondrá el proyecto de ocio y comercial para el muelle 1, junto con el de 848 plazas que irá en la esquina con el muelle 2. Se trata de un 'parking' para 160 vehículos que se hará a nivel del muelle, bajo la rasante del paseo, y rodeando a La Farola. Según explicaron desde Unión de Iniciativas Marina de la Farola, promotora de la actuación, ya se ha acotado la zona para iniciar las labores previas a la excavación del estacionamiento, como el desvío de infraestructuras subterráneas y la línea de pilotes que hará posible la construcción sin afectar a la cimentación de La Farola.

Alcalde: el 'resort' o la vida. Pizarra (El Mundo)

Los jubilados que diseñaron su propio 'resort' en Málaga piden que les dejen terminarlo
Ya han muerto 8 de los promotores del proyecto y aseguran que no pueden esperar más

MÁLAGA.- Hace casi dos años se mostraban ilusionados porque iban a pasar su vejez cómo ellos querían, pero ahora están angustiados. Unas 200 personas mayores de la provincia de Málaga se unieron en 2007 en una cooperativa para construir un complejo 'senior' a su gusto y con todo lo necesario para estar bien atendidos.
Sin embargo, el proyecto está paralizado desde hace un año y, hartos de esperar, los miembros de la cooperativa Sol Dorado se han manifestado frente a las puertas del Ayuntamiento del municipio de Pizarra (Málaga) para exigir que les otorguen la licencia de obras que les permita terminar el complejo residencial. Desde que se pusieron manos a la obra hasta la fecha, ocho de ellos han fallecido.
Según el presidente de Sol Dorado, Rafael Rubio, el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pizarra (de IU) les otorgó una licencia de obras provisional mientras se recalificaban de rústicos a urbanizables los terrenos en los que se iba a construir este complejo para mayores.
Los miembros de Sol Dorado decidieron invertir sus ahorros en levantar 204 viviendas y un centro asistencial para pasar allí su jubilación que debía haberse concluido en 2008.
Cambio de gobierno y... problemas
Con la llegada de la nueva corporación municipal, ahora del PSOE, vinieron las malas noticias. "Nos dijeron que la licencia no era legal y que tenían que recalificar primero el terreno para hacerlo urbanizable", indicó Rubio.
Tras realizar los trámites pertinentes, el plan parcial de Sol Dorado ha sido aprobado inicialmente y está en fase de presentación de alegaciones. Tras la aprobación definitiva, falta que el proyecto de urbanización y el de reparcelación obtengan también el visto bueno.
No obstante, el representante de Sol Dorado recalcó que la cooperativa, a la que pertenecen 204 personas, no puede esperar más para obtener la licencia.
"En este tiempo de espera ya han muerto ocho socios y si seguimos así, otros tampoco van a poder disfrutar de esto por culpa de las luchas políticas", destacó.
El complejo residencial, pensado especialmente para cubrir las necesidades de las personas mayores, se encuentra ejecutado al 85%. «Sólo queda hacer el centro de día y el centro asistencial, en el que queríamos acoger a los enfermos de Alzheimer que hay en el municipio, pero ahora dicen que en esa parcela no se puede hacer», añadió Rubio.
En la construcción de este complejo senior trabajaban 127 personas que ahora mismo están en el paro a la espera de que las obras se reanuden, algo para lo que aún no hay una fecha.
Además, esta sociedad sin ánimo de lucro está viendo cómo muchas de las 400 personas que había en lista de espera dispuestas a formar parte de la cooperativa se echan atrás dados los numerosos obstáculos que debe sortear este proyecto.
Rubio manifestó que si esta concentración no da resultados, los miembros de Sol Dorado están dispuestos a manifestarse en los próximos días ante la delegación provincial de la Junta y el Parlamento andaluz.
El Ayuntamiento se defiende
Por su parte, desde el Ayuntamiento de Pizarra aseguraron que "se están acelerando todo lo posible los trámites para que en un momento de crisis como el actual, las obras se puedan reanudar cuanto antes", pero existen procesos que no dependen del Consistorio. Además, el alcalde, Francisco Vargas, afirmó que los miembros de Sol Dorado "están envenenados por políticos que lo único que quieren hacer es campaña electoral".
El pasado 24 de septiembre de 2008 ya convocaron otra concentración en la plaza del Ayuntamiento de Pizarra con el mismo objetivo, pero tuvo que ser suspendida porque no obtuvo la autorización de la subdelegación del Gobierno en Málaga.

Se triplican las familias y empresas en quiebra (El Mundo)

El número de familias en concurso fue de 374, casi cuatro veces
Las compañías sumaron 2.528, frente a las 880 del año anterior
Constructoras, industriales, inmobiliarias y servicios, las más afectadas

Las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ascendieron a 2.902 durante 2008, frente a las 976 registradas el año anterior.

Según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este jueves, en total, el número de familias en concurso fue de 374 el año pasado, casi cuatro veces más que las 96 de 2007, mientras que el de empresas sumó 2.528, frente a las 880 del ejercicio anterior.

Según el tipo de concurso, 2.725 fueron voluntarios, un 218,7% más que el año anterior, y 177 necesarios, un 46,3% más. Atendiendo a la clase de procedimiento, los abreviados aumentaron un 150,8% en tasa interanual, mientras que los ordinarios repuntaron un 258,2%.

Las empresa del ladrillo, las más afectadas
El 67,2% de las empresas concursadas en 2008 tenía como actividad principal la construcción, industria, inmobiliarias y servicios empresariales.

En concreto, el 25% de las concursadas (623 empresas) tenían como actividad principal la construcción. Esto supone un incremento del 283% en comparación con las empresas del sector que declararon concurso en 2007 (165 empresas).

Por otro lado, el 22,7% se dedicaban a la industria (576 empresas); el 19,3% (490) se dedicaba a actividades inmobiliarias y servicios empresariales y el 14,9% al comercio (377 empresas).

El pasado mes de julio se declaró en concurso voluntario de acreedores la promotora inmobiliaria Martinsa-Fadesa, lo que constituyó la mayor suspensión de pagos de la historia.

Por comunidades
Por comunidades, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía fueron las comunidades con mayor número de declaraciones de concurso en el conjunto del año, dado que acapararon en 60% del total. Cataluña sumó 681, Comunidad Valenciana 390 y Andalucía 373.

En el lado opuesto, las regiones con menos suspensiones de pagos en 2008 fueron Melilla, con dos procedimientos; Cantabria, con 27 y Extremadura, con 28 concursos.

Con la entrada en vigor de la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2004, el INE sustituyó la antigua estadística de suspensiones de pagos y declaraciones de quiebra por la de procedimiento concursal, reemplazando los conceptos jurídicos de suspensión de pagos y declaración de quiebra por el de concurso de acreedores, denominándose deudores concursados a las entidades sometidas a este proceso.

'Mi casa cuesta lo mismo que hace cinco años... O menos' (El Mundo)

Los pisos en venta de hasta 150.000 euros llegaban a límites anoréxicos en Madrid capital
Hoy se puede acceder a la condición de propietario en Madrid a partir de 75.000 euros

MARTA BELVER
Hace cinco años se podía comprar una vivienda de 30 metros cuadrados en el barrio de Prosperidad por 130.000 euros. Ahora, también. Muchas estadísticas dispares y una burbuja inmobiliaria después (con permiso de los que niegan su existencia), los precios que no dañan a la retina vuelven a las páginas de clasificados, en ocasiones incluso con el apellido "negociable".
Sin ser académico ni comercial se puede hablar de las rebajas en las casas de segunda mano a la hora del café con cierto conocimiento de causa. Basta bucear a pulmón en la hemeroteca reciente de los periódicos para comprobar que el apartado de pisos en venta de hasta 150.000 euros prácticamente se había extinguido en Madrid capital o, en su defecto, adelgazado hasta límites anoréxicos.
Hoy las viviendas de 25 millones de las antiguas pesetas, y de menos, han dejado de ser anecdóticas. Se pueden encontrar en casi todos los distritos. Y es frecuente que vayan acompañadas de la frase "urge la venta".
Vistas al Palacio Real
EL MUNDO ha hecho la prueba con la oferta inmobiliaria de su portal especializado, suvivienda.es. Sin salirse de ese presupuesto, tan ajustado en tiempos no pretéritos, esta semana era posible comprar casa con vistas al Palacio Real, mudarse a un inmueble de tres dormitorios con una superficie de 87 metros cuadrados y hasta estrenar apartamento.
Vaso medio lleno, pues, para los aspirantes a adquirentes. Todo lo contrario para los que tienen que ponerse al otro lado de la mesa del notario y para los que, sin tener la intención de vender en este preciso momento, sienten que su propiedad se ha devaluado en cuestión de meses.
María firmó la escritura de su piso, junto a la plaza de Prosperidad (distrito de Chamartín), a finales de 2003, tras entregar 130.000 euros al matrimonio que se lo vendió. Hasta se le habría podido pegar la etiqueta de ganga a su adquisición, ya que el banco que le concedió la hipoteca en ese momento se la tasó en 150.000 euros.
Dos años más tarde, en una simulación que le hizo gratuitamente una compañía especializada, el piso (quinto sin ascensor en un edificio de más de 50 años de antigüedad) tenía un valor estimado en unos 180.000 euros. Si ahora saliera al mercado inmobiliario difícilmente podría pedir por él más de los 130.000 euros originales y aspirar a colocarlo, según le ha sugerido el mismo asesor con el que contactó cuando lo compró un lustro antes.
18.000 euros de gastos
"Teniendo en cuenta que en su día, además del importe de la vivienda, tuve que pagar alrededor de 18.000 euros por las escrituras, impuestos y demás, perdería dinero si quisiera venderla. Mi casa cuesta menos que hace cinco años", concluye María.
Eso sí, en este caso se ahorraría el pago de la plusvalía, «un impuesto municipal que se abona cada vez que se realiza una transmisión de propiedad de un bien inmueble sobre el incremento del valor experimentado por el terreno desde la fecha en que se adquirió hasta la fecha en la que se transmite», en el caso de que lo haya, según explican fuentes jurídicas.
Los distintos expertos no se ponen de acuerdo a la hora de cifrar el impacto de la corrección de precios que han encajado los pisos usados en los últimos meses y, mucho menos, en cuándo se va a frenar la tendencia a la baja, suponiendo que no lo haya hecho ya.
A esta cuestión intentaba dar respuesta la semana pasada en un encuentro digital en elmundo.es Santiago Baena, el presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y, por ello, uno de los españoles que mejor conoce cómo late la calle. "Mi opinión es que si se conocieran realmente las operaciones que se cierran no se produciría esta pregunta: los precios ya van muy ajustados (...); mucho más de lo que dicen algunas encuestas (que hablan de hasta un 25%)".
Porcentajes de caída en picado al margen, la realidad tras los carteles de Se Vende es que hoy se puede acceder a la condición de propietario en Madrid a partir de 75.000 euros, que además son negociables. El inmueble no es muy luminoso y necesita obra, pero tiene 35 metros cuadrados (cinco más que los minipisos que en su día creó la ex ministra María Antonia Trujillo) y está muy cerca de la boca de Metro de Puente de Vallecas.
Por 24.000 euros más uno tiene la opción de olvidarse de albañiles y de elegir azulejos mudándose, por ejemplo, a Acacias, en el distrito de Arganzuela, a un estudio recién reformado. Y por 103.000 euros, "a convenir", apostilla su propietario en transición, el camión de la mudanza puede detenerse en Puerta del Ángel, distrito de Latina, en un piso de dos dormitorios.
Dentro del catálogo actual de casas asequibles también es posible encontrarlas en calles que salen en las guías turísticas de Madrid e incluso en el Monopoly. A saber, Manuela Malasaña (145.000 euros, 40 m2), Santa Engracia (150.000 euros, 35 m2) y Francos Rodríguez (150.000 euros, 32 m2). Hasta el mítico distrito de Salamanca, célebre entre otras cosas por concentrar el mayor número de visones por acera en el invierno madrileño, ofrece ahora oportunidades a las nóminas más escuetas: desde 105.100 euros, negociables además.
Sin superar el citado presupuesto tope es posible también recibir las llaves de un piso de manos de un particular que a su vez no hace mucho lo compró a una promotora inmobiliaria y que no ha llegado ni a quitarle el polvo. Por ejemplo, a cambio de 135.000 euros existe esta opción en el barrio de Numancia, en Puente de Vallecas, y en el de Universidad, en Centro.
Estos dos distritos son, además, los que aglutinan el mayor número de ofertas por un importe inferior a 150.000 euros, según el rastreo que puede hacerse en suvivienda.es. En los escalones inmediatamente inferiores se sitúan Tetuán y Chamberí, aunque la onda expansiva de los inmuebles baratos va de Villaverde a Retiro.
Necesidades del momento
"Vendo buhardilla reformada por necesidades del momento. Es una oportunidad", lanza sin botella al mar inmobiliario un vendedor desesperado. Está en Cuatro Caminos y pide por ella 110.000 euros. En los años en los que las grúas modelaban el skyline español este anuncio no habría durado ni una semana colgado. Y probablemente el propietario habría pedido un fajo de billetes notablemente superior.
En estas páginas inmobiliarias los expertos del ladrillo han explicado múltiples veces que el precio de la vivienda de segunda mano tradicionalmente lo han fijado los vecinos del vendedor. Si el del cuarto pide 200.000 euros por su casa, el que va a colocarle el cartel a la suya le suma otros 30.000 porque hizo reformas hace algún tiempo o porque está una planta más arriba. «Parece simple, pero es así», han reiterado siempre los responsables de las oficinas de intermediación.
Ahora el criterio vecinal sigue siendo determinante, a la par que mucho más modesto en sus valoraciones, pero ha entrado en juego otra pieza fundamental:la prisa. El que la tiene le quita unos cuantos euros a su casa aunque el de la puerta de al lado pida más que él.
Y, en contra de la ya manida frase de que «no se vende ni una escoba», las operaciones se siguen cerrando, aunque, todo hay que decirlo, a un ritmo menos vertiginoso. En la Comunidad de Madrid se traspasaron el año pasado 50.577 pisos de segunda mano, 7.062 unidades menos que el año anterior.
Ahora, eso sí, cuesta más encontrar medias naranjas para los mini-minipisos ilegales aunque ya no se pidan sumas abusivas por ellos. En 2003, cuando María estaba buscando casa, un sótano de 20 metros cuadrados sin ventanas en el barrio de Goya se vendió por 110.000 euros en apenas tres días.
Las medidas, como para las top models, están reguladas. El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid estipula que los estudios no deben tener una superficie inferior a 25 metros cuadrados útiles, mientras que los apartamentos no pueden medir menos de 38.

La Audiencia Nacional niega la cesión de un terreno a Málaga (El País)

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso puesto por el Ayuntamiento de Málaga para obtener la propiedad del suelo que ocupó el Campamento Benítez, un espacio de más de medio millón de metros cuadrados que en 1995 dejó de tener uso militar.

El Ayuntamiento solicitó al Gobierno la devolución del suelo porque entendía que fue cedido en su día con la expresa condición de que tuvieran un uso militar. Al no tener respuesta, el consistorio planteó un recurso contencioso administrativo en el que consideraba que la propiedad le correspondía por silencio administrativo positivo. Y esto es lo que ha negado ahora la Audiencia Nacional.
El alcalde, Francisco de la Torre, anunció ayer que el Consistorio recurrirá al Tribunal Supremo porque la titularidad del Campamento Benítez es una "reivindicación histórica de la ciudad". El Consistorio dice que respetará el uso como museo del transporte y parque que le va a dar el Ministerio de Fomento, al que Defensa cedió el terreno en 2005.

La Junta avisa de que Marbella no puede cambiar lindes (El País)

La Junta de Andalucía terció ayer en la polémica sobre el cambio en las lindes entre Marbella y Benahavís avisando al Consistorio marbellí, gobernado por Ángeles Muñoz (PP), de que no puede mover los mojones del municipio "ni con un acuerdo con el Ayuntamiento de Benahavís, ni atendiendo a una alegación del mismo".

"El órgano competente en la comunidad autónoma para resolver cuestiones relacionadas con los límites de los municipios es la Consejería de Gobernación", informó la Delegación del Gobierno de Málaga.

El Gobierno andaluz señaló que los redactores del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) marbellí solicitaron en 2007 al Instituto de Cartografía de Andalucía (ICA) información sobre los límites de Marbella con los municipios de su entorno y que el informe que recibieron se utilizó para elaborar el documento urbanístico que el pleno marbellí aprobó por unanimidad.

La regidora aseguró el miércoles que los límites que la Junta defiende como oficiales se incluyeron por error en el PGOU y que los municipios "llevan funcionando 30 años" con los cambios propuestos.

La Junta dice que es el organismo competente en deslindes entre municipios (Málaga Hoy)

La Administración andaluza pedirá hoy el expediente al Ayuntamiento marbellí

La Junta de Andalucía lanzó ayer una advertencia en relación con el inicio de expediente de deslinde entre las localidades malagueñas de Marbella y Benahavís al precisar que el único órgano competente en la comunidad para resolver cuestiones sobre límites de municipios es la Consejería de Gobernación, según establece el Reglamento de Demarcación Municipal autonómico. La Delegación del Gobierno andaluz en Málaga informó en una nota de prensa que solicitará al Ayuntamiento marbellí el citado expediente, sobre el que pesa las acusaciones formuladas por los grupos de la oposición (PSOE e IU) referentes a los presuntos intereses personales por parte de la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), en la aprobación de la operación, dado que ésta afectaría a terrenos que son propiedad de sociedades gestionadas por su marido y su cuñado e, incluso, a su actual residencia.

La Delegación del Ejecutivo autonómico subrayó que el Consistorio de Marbella "no puede modificar las lindes establecidas por los órganos competentes, ni siquiera atendiendo una alegación del Ayuntamiento de Benahavís ni con un acuerdo con el mismo" e indicó que "en ningún caso las actuaciones de deslinde pueden implicar alteración de los términos municipales". Recordó que el equipo redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, actualmente en trámite, elaboró este documento utilizando el informe solicitado en 2007 al Instituto de Cartografía de Andalucía (ICA) para determinar los límites geográficos de Marbella.

La alcaldesa de la ciudad reiteró el pasado miércoles que el expediente de deslinde con Benahavís mantiene los límites fijados desde 1977 y aseguró que no obtendría ningún beneficio aún en el caso de que su vivienda, ubicada en la localidad vecina, cambiara de término municipal, puesto que se encuentra en suelo urbano consolidado y un plan parcial aprobado en 1995 por la Junta de Andalucía marca los criterios de edificación de la zona. Muñoz afirmó que en 1985 el Ayuntamiento de Marbella, entonces gobernado por el PSOE, aceptó una alegación similar presentada por el Consistorio de Benahavís al plan aprobado un año después, por lo que los lindes permanecen inalterables desde hace más de treinta años.

La aspiración de Málaga de recuperar el Benítez recibe un nuevo varapalo (Málaga Hoy)

La Audiencia Nacional desestima un recurso del Consistorio en el que exigía la reversión de la finca · De la Torre anuncia que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo

Nuevo varapalo judicial a las aspiraciones del Ayuntamiento de Málaga de recuperar la propiedad de los terrenos del antiguo Campamento Benítez, una reivindicación histórica de la ciudad desde que la parcela fuese cedida al entonces Ministerio de la Guerra en el año 1924. El último intento judicial del equipo de gobierno en dar la vuelta a la actual situación, que mantiene en manos de la Administración central esta finca, acaba de ser desestimada por la Audiencia Nacional.

El Alto Tribunal invalida, en una sentencia a la que tuvo acceso este periódico, el movimiento realizado por el Consistorio, de mediados del pasado año, cuando pretendía usar la fórmula del silencio positivo para lograr la reversión de los terrenos, aludiendo a que desde el Ministerio de Defensa no se había contestado a la exigencia planteada en enero de 2004. Frente al argumento esgrimido por el Ayuntamiento, la Audiencia Nacional entiende que esta fórmula no puede generar un acto por el que "se adquieren facultades o derechos cuando se carece de los requisitos esenciales para su adquisición".

Este pronunciamiento, emitido con fecha 21 de enero, provocó ayer la reacción inmediata del equipo de gobierno del PP. El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, al que pilló por sorpresa la decisión, anunció que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo, al mostrarse convencido de que "la reivindicación histórica de la ciudad de Málaga es justa". Por ello, precisó que los servicios jurídicos estudiarán las posibilidades que abre esta sentencia, que, según dijo, no responde a la cuestión planteada, y anunció "las acciones judiciales necesarias para conseguir que los tribunales reconozcan una demanda de Málaga y sus ciudadanos, aprobada por el Parlamento de Andalucía y que sigue negando el Ministerio de Fomento".

La sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional concluye, además, en base a los antecedentes del hecho y a los documentos existentes sobre la cesión del suelo objeto de la polémica por parte del Ayuntamiento, que los terrenos son de pleno dominio del Estado. Para ello, señala cómo la escritura de propiedad del antiguo acuartelamiento Comandante Benítez, fechada el 3 de mayo de 1928, fija que la donación se realiza "en pleno dominio", al tiempo que agrega que la aceptación se efectúa "lisa y llanamente".

"En esta escritura de donación no se advierte ningún modo, pues ni siquiera se hace constar el destino del predio donado. Se trata, en consecuencia, de una donación pura, no modal", describe la sentencia. Texto que choca directamente con el argumento que desde hace más de una década viene usando el Ayuntamiento, que ha insistido en que la cesión del suelo al Estado se hizo para un uso determinado, en su caso para la instalación de la Brigada de Reserva de Ejército de África, con lo que una vez finalizado ese destino la finca debería volver a manos de la ciudad.

Sin embargo, tras el acuerdo de cesión original, de 30 de julio de 1924, se constata la existencia de una acta del Pleno del Ayuntamiento de Málaga, de 20 de mayo de 1925, en la que el jefe de Derechos y Propiedades del Ramo de la Guerra devolvió el proyecto de cesión antes mencionado para que fuese modificado "en el sentido de que la donación sea de pleno dominio y sin causa de reversión alguna".

Frente a ello, De la Torre insistía ayer en que la cesión del suelo se hizo con la exigencia de que fuese devuelto a Málaga tras el uso previsto y consideró que en el proceso "no se ha discutido sobre el fondo de la donación", sólo sobre los efectos de la omisión o silencio del Gobierno. Asimismo, el equipo de gobierno del PP insistió en que no se discute "la disposición y la ocupación de los terrenos, que seguirán siendo para la ejecución del Museo de Transporte del Ministerio de Fomento". "Sí se discute la propiedad que viene siendo una reivindicación histórica y justa de la ciudad de Málaga, y que se devuelva gratuitamente a la ciudad lo que en su día la ciudad aportó gratuitamente al Gobierno", sentenció el alcalde.

La Audiencia rechaza devolver el Campamento Benítez a la ciudad (La Opinión)

Una sentencia afirma que el Ayuntamiento cedió el suelo "sin reversión alguna", ya que el pleno municipal decidió en el año 1925 suprimir la condición de que sólo se utilizara para fines militares
JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA Una sentencia de la Audiencia Nacional, dictada el pasado 21 de enero y conocida ayer, deja prácticamente zanjado el contencioso que el Ayuntamiento de Málaga mantiene desde 1995 para conseguir la devolución a la ciudad de los terrenos del antiguo Campamento Benítez.La Audiencia deja claro en su sentencia que el Ayuntamiento de Málaga no tiene derecho a reclamar la devolución de dichos terrenos ya que en su día fueron cedidos al Estado "sin carga ni condición alguna". La Audiencia tira por tierra el argumento central que ha esgrimido el Ayuntamiento hasta ahora, según el cual los terrenos se cedieron como una "donación modal", es decir condicionada a que si el Estado dejaba de utilizarlo para fines militares, debería devolverse al dominio municipal. La sentencia explica que si bien en un primer acuerdo adoptado por la corporación el 30 de julio de 1924 se "cedían gratuitamente" los terrenos con la condición de que revertieran a la ciudad una vez dejaran de tener el fin militar que posibilitó la donación, dicho acuerdo municipal fue modificado el 20 de mayo de 1925, a petición de la autoridad militar, "en el sentido de que la donación sea en pleno dominio y sin causa de reversión alguna".La sentencia que ahora ve la luz tiene su origen en un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Málaga en el que, basándose en el silencio administrativo positivo, reclamaba que se le reconociese el derecho de reversión de los terrenos del Campamento Benítez. La Audiencia contesta a esto que el silencio positivo "no puede generar un acto por el que se adquieren facultades o derechos cuando se carece de los requisitos esenciales para su adquisición, ya que en tal caso el acto sería nulo de pleno derecho"; lo que significa que el Ayuntamiento carece de requisitos legales para pedir la devolución de los terrenos.Recurso. Así las cosas, la propiedad de los suelos del Campamento Benítez seguirá en manos del Ministerio de Fomento, que los recibió en febrero de 2006 de manos del Ministerio de Economía y Hacienda. Anteriormente, en julio de 2005, los ministerios de Fomento y Defensa habían firmado un protocolo para dedicar los terrenos a la construcción de un Museo del Transporte.El Ayuntamiento de Málaga, por contra, no se da por vencido, y ayer mismo anunció que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. De hecho, el alcalde, Francisco de la Torre, dijo estar "convencido" de que la reivindicación histórica de la ciudad de Málaga "es justa" y, por ello, "los servicios jurídicos estudiarán las posibilidades que se abren con esta sentencia, que no responde a la cuestión planteada, y se ejercitarán las acciones judiciales necesarias para conseguir que los tribunales reconozcan una demanda de Málaga y sus ciudadanos".

Empiezan las expropiaciones del vial metropolitano de la Junta (La Opinión)

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ya ha iniciado el proceso de expropiación de fincas para la construcción del vial metropolitano, una carretera de servicio que articulará los accesos al Valle del Guadalhorce y se complementará con la hiperronda que ejecuta el Gobierno. Esta vía se planteó en el lejano 1992 y no ha sido hasta ahora cuando se ha retomado el proyecto, con total seguridad al calor de otros anexos como la citada hiperronda o el acceso Norte al Aeropuerto.
En este sentido, Obras Públicas ha convocado en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, el próximo 18 de febrero, a los propietarios de las fincas que se verán afectadas por las obras del vial, que suman una extensión de más de 35.000 metros cuadrados. Obviamente los trabajos de construcción de esta carretera no han comenzado aún, pero sí se han sacado a concurso las obras, para las que se han presentado un total de 20 ofertas. El proyecto tendrá un presupuesto estimado inicial de 50 millones de euros, aunque el coste final puede ser menor. Esta circunstancia se conocerá una vez que se adjudique el contrato definitivo.
El vial metropolitano de la Junta de Andalucía tendrá una longitud de 6,1 kilómetros, con calzadas separadas de dos carriles cada una. Está previsto que cada día recorran esta carretera unos 30.000 vehículos, con un tráfico pesado superior al 13% en algunos tramos del trazado.

Los bolardos no impedirán la entrada de vecinos del Centro (La Opinión)

La asociación del Centro Histórico logra el compromiso municipal de permitir el acceso a la zona peatonal acotada a aquellos con parking fuera del perímetro

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA La presidenta de la asociación de vecinos del Centro Antiguo, Lola Acosta, informó ayer a La Opinión de que el Ayuntamiento ha accedido a la petición vecinal de permitir el acceso a la futura zona peatonal acotada del Centro a los residentes que tengan el aparcamiento fuera de este área. "El Ayuntamiento siempre ha estado receptivo y no podíamos pasar que los residentes con una plaza de aparcamiento en la calle Carretería no pudieran llegar a su domicilio para cargar y descargar, era algo absurdo", señaló.
Por su parte el concejal de Movilidad, Juan Ramón Casero, ha precisado que esta medida la ha contemplado siempre el Ayuntamiento: "No sólo podrán acceder los que tengan aparcamientos en la proximidad sino cualquier vecino del Centro, porque no le vamos a condenar a que vaya cargado con bolsas como una mula", resaltó. El concejal subrayó que no se trata de imponer "una cárcel a los vecinos del Centro sino de hacer que sea más cómodo y habitable".
Los residentes y el Ayuntamiento siguen manteniendo diferencias con respecto a los aparcamientos en superficie dentro de la zona peatonal acotada.

Aparcamientos. El concejal de Movilidad explicó que resulta "difícil" reservar plazas para residentes dentro de este área. "La idea es que se utilice por motos, que ya es bastante, y por la carga y descarga en los horarios que se establezcan".
Juan Ramón Casero ha detallado que los espacios ocupados en la actualidad por la carga y descarga "en el perímetro" de esta zona con acceso controlado de vehículos, se destinará en parte a aparcamientos para residentes y se eliminará el Sare, y puso el ejemplo de la zona de carga y descarga de la Cortina del Muelle.
El concejal ha admitido que este cambio tan importante, y el de "una costumbre de años", conllevarán "algún error", "pero hemos comprobado de otras ciudades que una vez acostumbrados a este nuevo hábito va todo muchísimo mejor tanto para los vecinos como para el comercio".
La presidenta de la asociación de vecinos del Centro Antiguo, Lola Acosta, ha respondido que "no es normal" que los aparcamientos que queden en la zona acotada "sean todos para motos", y ha pedido que las necesidades de los residentes estén cubiertas. Acosta ha abogado porque el Ayuntamiento habilite plazas para residentes en los aparcamientos municipales del Centro e incluso en solares con poca utilización.
También ha pedido que los controles de acceso al Centro Histórico sean "serios y estrictos para que la peatonalización no sea un cachondeo y entren los que tienen que entrar". "Nos negamos a que la peatonalización sea como en las calles Strachan y La Bolsa, donde los vecinos se han quedado encerrados", añadió.

La crisis multiplica por seis las empresas y familias en quiebra (La Opinión)

El año 2008 se cierra con 103 procesos concursales, 88 de compañías que se han declarado en suspensión de pagos para evitar el cierre. En el último trimestre se han registrado 17 casos, los mismos que en todo 2007. En Andalucía, la media casi se quintuplica, con 373 procedimientos

IGNACIO A. CASTILLO. MÁLAGA Antes las empresas se declaraban en suspensión de pagos o en quiebra para evitar afrontar las deudas que mantenían para poder mantener su actividad económica. Desde 2004, con la entrada en vigor de la Ley Concursal, se reemplazaron los conceptos jurídicos, pero en la práctica viene a ser lo mismo. Ahora, las entidades sometidas a este proceso se conocen como deudores concursados y durante el pasado año 2008 fueron 103: 88 compañías y 15 familias, según los datos facilitados por la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra se ha multiplicado por seis en el último año.
Para hacerse una idea de las dimensiones que está adquiriendo la crisis, sólo basta echar un ojo a este informe que revela cómo sólo en el último trimestre del pasado año se registraron 17 procesos concursales, los mismos que en todo el año 2007. Felisa Becerra, coordinadora de informes de Analistas Económicos de Andalucía, explica que este aumento espectacular, aun siendo muy llamativo, todavía no es preocupante. Pero sólo por el momento, puesto que esta experta está convencida de que lo peor está todavía por llegar. "Así lo pronostican todos los informes", insiste.
Por regiones, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía fueron las comunidades con mayor número de declaraciones de concurso en el conjunto del año, dado que acapararon el 60% del total. Cataluña sumó 681, Comunidad Valenciana 390 y Andalucía 373, cinco veces más que en 2007, menos, por tanto, que en la provincia de Málaga, lo que deja en evidencia su excesiva dependencia del ladrillo.
Construcción. Y es que el 67,2% de las empresas concursadas en 2008 tenía como actividad principal la construcción, industria, inmobiliarias y servicios empresariales. De hecho, el pasado mes de julio se declaró en concurso voluntario de acreedores la promotora inmobiliaria Martinsa-Fadesa, lo que constituyó la mayor suspensión de pagos de la historia.
Según los datos de Analistas Económicos, que alcanzan hasta el tercer trimestre del último año, del total de 105 empresas concursadas, 24 se dedicaban a la construcción y 26 a servicios empresariales, entre las que se incluyen los inmobiliarios. "Todas las regiones mediterráneas siguen la tónica similar, porque en Cataluña, de los 146 procesos concursales iniciados en el tercer trimestre del pasado año, 31 correspondían a empresas constructoras", añade Becerra.
Es normal, por otra parte, que la construcción, que ha sido el sector que más auge había experimentado en épocas de vacas gordas, sea ahora también el que más sufra este tipo de situaciones.
Volviendo a la Estadística de Procedimiento Concursal del INE publicada ayer, en total, en Andalucía, el número de familias en concurso fue de 55 el año pasado, frente a las tres de 2007, mientras que el de empresas sumó 318, con un incremento del 318% respecto a 2007. Según el tipo de concurso, 351 fueron voluntarios (101 en Málaga de las 103 en total) y 22 necesarios en la comunidad (sólo dos en la provincia), mientras que atendiendo a la clase de procedimiento, los abreviados sumaron 140 procedimientos en todo el año 2008 (35 en Málaga), mientras que los ordinarios sumaron 233 concursos (50).
Y es que precisamente Málaga está a la cabeza en cuanto a concursos de acreedores presentados, seguida de Sevilla, con 93; 42 en Cádiz; 34 en Córdoba; 27 en Granada; 26 en Huelva; otros 26 en Jaén y 22 en Almería.
En el conjunto de España, las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ascendieron a 2.902 durante 2008, frente a las 976 registradas el año anterior, es decir, el triple que el año anterior, pero la mitad de las experimentadas en la provincia de Málaga.

Pizarra apoya la construcción de una cooperativa para mayores de 204 apartamentos. Pizarra (La Opinión)

El proyecto de urbanización residencial ´Sol Dorado´ de Pizarra se aprobará de manera definitiva el 2 de marzo, una vez que concluya el periodo de exposición pública y se apruebe el plan parcial del sector donde irá ubicado.
El proyecto ´Sol Dorado´, que tendrá 204 apartamentos para personas de la tercera edad en régimen de cooperativa, ha sufrido algunas paralizaciones por dificultades en la recalificación del terreno, puesto que se trata de un sector de 72.000 metros cuadrados que han pasado de suelo rústico a urbano.
Hasta ahora, el proyecto social sólo contaba con una licencia provisional y la administración local tuvo que impedir su desarrollo. "Desde el Ayuntamiento se están acelerando los trámites todo lo posible para que en un momento de crisis como el actual, las obras se puedan reanudar cuanto antes", según el alcalde de Pizarra, Francisco Vargas.
Malestar. El complejo ´Sol Dorado´ es un recinto de viviendas ordinarias pero con servicios especiales de asistencia a personas mayores que comenzó su andadura hace más de un año. Los cooperativistas manifestaron ayer su malestar por el estancamiento que han sufrido los trámites para el desarrollo del proyecto.
El regidor pizarreño asegura que detrás de las protestas de los cooperativistas se encuentran políticos y concejales de la anterior corporación con intereses partidistas. "Tendremos que aclarar qué equipo de gobierno no lo está haciendo bien, si el anterior o éste. Esto se aclarará vía judicial".

Los promotores deberán garantizar el agua en el suelo no urbanizado. Antequera (La Opinión)

Los promotores que deseen iniciar la urbanización de todas aquellas zonas contempladas como no sectorizadas en Antequera deberán garantizar, a partir de ahora, los recursos hídricos necesarios.
Así se desprende de un informe elaborado por la empresa pública Aguas del Torcal, e incluido como un anexo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pendiente de ser sometido a aprobación provisional a lo largo del mes de febrero.
"Hemos realizado los cálculos a la baja, estableciendo como una necesidad garantizar las reservas de aguas para los futuros proyectos. En esta búsqueda de recursos suficientes participará tanto el promotor como el Ayuntamiento, en base a las cesiones públicas obligatorias que recoge toda promoción", explicó el alcalde de la ciudad, Ricardo Millán.
Por su parte, el Partido Popular ha criticado que el 50% de los algo más 5.000 inmuebles que recoge el futuro PGOU del municipio ya fueron impulsados, previamente, a través de planes parciales. "Este magnífico plan apenas recoge unas 2.000 casas nuevas", dijeron.

La Junta estudia la nueva linde entre Marbella y Benahavís. (La Opinión)

Recuerda que los límites entre dos localidades los establece la Consejería de Gobernación y no los consistorios

PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA Parece que no están tan solos. Los miembros del grupo municipal socialista de Marbella fueron respaldados ayer por la Delegación del Gobierno andaluz, que adelantó mediante nota de prensa su intención de investigar el expediente de deslinde entre Marbella y Benahavís, iniciado por el Ayuntamiento costero. Una actuación que el PSOE denunció ante la sospecha de los posibles intereses personales que pudiera tener la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en la zona, donde se ubica su vivienda.
El Gobierno andaluz recordó ayer que el órgano competente para resolver cuestiones de este tipo, relacionadas con los límites de los municipios que pertenecen a la comunidad autónoma, es la Consejería de Gobernación y que su procedimiento está fijado en un reglamento específico, el de Demarcación Municipal de Andalucía.
Competencias. "En ningún caso, las actuaciones de deslinde pueden implicar alteración en los términos municipales", indica esta normativa que, en opinión de los socialistas, incumple la regidora. "Ambos municipios no pretendían un deslinde sino una alteración de los términos municipales", ya que Marbella pierde más de 300.000 metros cuadrados, sostuvo su portavoz, Susana Radío.
Asimismo, la confusión en los límites entre localidades se resuelven con procesos de deslindes "basados en hitos históricos y en informes del Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Cartográfico Andaluz, pero no con negociaciones entre alcaldes del mismo partido en el que, además, uno de ellos es parte interesada", aseveró Radío.
Es más, el Ejecutivo autonómico añadió que "ni siquiera puede hacerlo atendiendo a una alegación presentada por el Ayuntamiento de Benahavís al Plan General de Ordenación Urbana de Marbella, que se encuentra en trámite", como justificó Muñoz. Por todo ello, tiene previsto requerir al Ayuntamiento toda la información relativa al asunto, que tanta polémica ha levantado en los últimos días.
La alcaldesa de Marbella convocó ayer una comisión informativa, que se prolongó durante alrededor de cuatro horas, en la que participaron representantes de los distintos partidos políticos, PP, PSOE e IU. Su intención era solventar las dudas planteadas por la oposición en este asunto.
Según el PP, las dudas se resolvieron tras aclarar "con contundencia" que "habían mentido". Sin embargo, los socialistas indicaron que mantendrán la recusación a la alcaldesa y su petición de nulidad del proceso de deslinde sobre el que mantienen sus sospechas.

Sol Dorado exige en Pizarra el reinicio de la obra del geriátrico. Pizarra (SUR)

Los cooperativistas se manifiestan frente al Ayuntamiento para pedir la licencia

Algo más de medio centenar de personas se concentraron ayer en la plaza del Ayuntamiento de Pizarra para exigir la licencia de obras que permita reanudar la construcción del complejo geriátrico Sol Dorado, que impulsa la cooperativa del mismo nombre. Se trata de una actuación que el Consistorio paralizó hace ya un año alegando que el permiso concedido por el anterior equipo de gobierno de IU tenía un carácter provisional y que el proyecto (formado por 204 apartamentos para mayores y varias instalaciones) se asentaba en suelo no urbanizable en la barriada de Zalea.
En este tiempo, el Ayuntamiento ha cambiado la clasificación del suelo y el pasado 26 de enero se aprobó inicialmente el plan parcial. En la concentración de ayer, organizada por la propia cooperativa, su presidente, Rafael Rubio, aseguró que con estos trámites ya era posible otorgar la licencia de obras, recordando que la mayoría de los socios son personas mayores, por lo que es necesario que no se demore más el proyecto.
Apoyo de IU
«Nos tememos que si no, muchos de nosotros no vamos a verlo terminado», declaró. En la protesta también estuvieron presentes los concejales de IU. Su portavoz, Miguel Esteban Martín, aseguró que en otros municipios andaluces existían precedentes de obras que se habían llevado a cabo con estos permisos. Por su parte, el alcalde, Francisco Vargas, explicó que los trámites se han agilizado al máximo, pero que es necesario pasar los plazos de exposición pública que marca la ley. En esta línea, el gobierno local indicó que aún habrá que aprobar el plan de urbanización y el de reparcelación.
Vargas también criticó la presencia en la manifestación de concejales de la antigua corporación: «Los mayores están envenenados por políticos que lo único que quieren es hacer campaña».

La Junta invertirá 670.000 euros en mejorar la urbanización de calles en Las Flores (SUR)

El consejo de Urbanismo celebrado ayer aprobó como trámite de urgencia un proyecto para mejorar el estado de las calles de la barriada de Las Flores que acometerá la Junta de Andalucía a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), como complemento a las reparaciones en edificios que también ha subvencionado el Gobierno andaluz.
El proyecto, cuantificado en 670.000 euros, contempla la reurbanización de las calles que se encuentran en un peor estado y la realización de medidas que faciliten el acceso de los vecinos a los edificios. En concreto, la actuación se llevará a cabo en las calles Obispo Antonio de Piñahermosa, Obispo de la Cueva, Obispo Alonso Enríquez y Obispo Pedro de Moya.
El Ayuntamiento ha indicado en un informe una serie de condicionantes que la Junta deberá en cuenta a la hora de acometer estas obras, como la compactación del terreno, la renovación de unas tuberías de abastecimiento y saneamiento de agua, y una definición más exacta de las mejoras para los árboles existentes en el sector.
Los grupos municipales de la oposición, PSOE e IU, no apoyaron ayer en el consejo de Urbanismo la división de la urbanización de Cerrado de Calderón en tres zonas para facilitar su mantenimiento a la entidad urbanística de conservación que se creó hace una década con este fin. El concejal socialista Sergio Brenes argumentó que está decisión no está consensuada con los vecinos, ya que algunos le han hecho llegar sus críticas a la medida. «La asociación de la zona la rechaza y demanda otra solución, porque el mantenimiento de las zonas verdes les resulta muy difícil por su abundancia en el sector», comentó. En el mismo sentido se pronunció el portavoz de IU, Pedro Moreno. Tanto uno como otro grupo se abstuvieron en la votación.
Por su parte, el alcalde, Francisco de la Torre, defendió que la división mejorará la gestión de Cerrado y dijo que el equipo de gobierno buscará «el consenso» con los vecinos.

El PSOE acusa a Oña de usar las viviendas de Isla Gomera con «fines partidistas». Fuengirola (SUR)

El secretario general del PSOE de Fuengirola, Antonio Contreras, arremetió ayer contra la política de vivienda del equipo de gobierno poniendo como ejemplo la promoción de Isla Gomera que, finalmente, ha sido calificada como VPO, por lo que deberá adjudicarse por sorteo. «Desde un principio sabían que iban a ser VPO, porque así figuraba en el pliego de condiciones para la enajenación de la parcela», explicó Contreras, quien atribuyó a «fines partidistas» el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de incluir como destinatarias a las 26 familias que se quedaron en lista de espera tras el sorteo de la promoción de Tartesos.
En cuanto al precio de los pisos, que oscilará entre los 130.000 y los 175.000 euros (con garaje y trastero), el dirigente socialista también responsabilizó al equipo de gobierno de Esperanza Oña, que se escuda en que vienen marcados por la Junta. «Es cierto que están dentro de la ley, pero la promotora no se acogería al módulo más alto si en el pliego de condiciones se exigiera otro más bajo», argumentó Contreras, para quien, «si lo que realmente se busca es abaratar costes, en vez de vender el suelo debería cederse».

Ultiman los terrenos del PEM. Mijas (SUR)

El desarrollo de nuevas zonas industriales en la localidad es otra de las necesidades previstas por la corporación municipal. Así, desde hace meses se está realizando un informe del desarrollo del área de Oportunidad en La Alberquilla. En ese sentido, el vicepresidente autonómico, Gaspar Zarrías, anunció que en las próximas semanas finalizará el estudio que indique la delimitación definitiva del Parque Empresarial (PEM) en el área de oportunidad que el Plan de Ordenación del Territorio fijaba en el diseminado.
Tras este informe, que lo está realizando la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio a través de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), se procederá a la declaración de Zona de Interés Autonómico, una calificación que pretende dar agilidad en la tramitación de todas las gestiones necesarias para que el proyecto empresarial en el municipio sea una realidad.
Además, el vicepresidente aclaró que la gestión de la zona la realizaría la EPSA, con la colaboración del Ayuntamiento.

La Junta advierte de que tiene la última palabra en la linde con Benahavís. Marbella (SUR)

Los grupos políticos mantienen una postura irreconciliable tras la comisión informativa de ayer

La Junta de Andalucía se pronunció ayer sobre el polémico deslinde entre Marbella y Benahavís que afecta a la vivienda de la alcaldesa Ángeles Muñoz y a terrenos de su familia para dejar claro que es la única administración competente para resolver el conflicto. En un comunicado remitido ayer por la Delegación del Gobierno, la administración autonómica anunció que, «tras conocer el inicio del procedimiento», requerirá información al Consistorio marbellí sobre el expediente de deslinde con el municipio vecino «para que aclare el objeto del mismo, ya que según el Reglamento de Demarcación Municipal de Andalucía «en ningún caso, las actuaciones de deslinde pueden implicar alteración de los términos municipales».
En dicho escrito, la Junta advierte de que la Consejería de Gobernación «es el órgano competente para resolver cuestiones relacionadas con los límites».
Mientras la Junta daba así por zanjada la cuestión de las competencias sobre los deslindes, la oposición (PSOE e IU) participaba en ese momento en una comisión informativa con los técnicos municipales convocada ayer con carácter de urgencia por el equipo de gobierno para «aclarar dudas» sobre el espinoso asunto. La reunión sirvió de poco. Los grupos políticos salieron del encuentro como entraron, enfrentados. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Susana Radío, aseguró que mantendrá la recusación de la alcaldesa en la comisión del deslinde y su petición de nulidad de las actuaciones. «El proceso nació viciado y debe clarificarse todo».Por su parte, el portavoz de IU, Enrique Monterroso, exigió también «transparencia», reivindicó los terrenos para Marbella y calificó la reunión de «estrategia propagandística».
La conclusión del equipo de gobierno fue totalmente distinta. Aseguró que la comisión aclaró «con contundencia» que la oposición «ha mentido». Según su portavoz, Félix Romero, «han debido de salir de la reunión satisfechos; y si no lo han hecho es porque debe haber una intencionalidad política».

El Ayuntamiento pierde la batalla legal por el Benítez (SUR)

La Audiencia Nacional desestima la petición del Consistorio para obtener la propiedad de los terrenos El alcalde anuncia que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo

El Ayuntamiento pierde una importante batalla legal en su pretensión de conseguir la titularidad de las 28 hectáreas del antiguo Campamento Benítez. La Audiencia Nacional deja bien claro en una sentencia que la titularidad corresponde al Estado, concretamente al Ministerio de Fomento, y desestima la solicitud del Consistorio de que la propiedad de estos terrenos volviera a manos municipales. Un fuerte varapalo judicial a una de las reivindicaciones históricas del PP en general y del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, en particular.
Cuando la puerta de la negociación institucional se cerró, el Consistorio judicializó este asunto por la vía contencioso-administrativa, llegando hasta la Audiencia Nacional y con la misma petición: la reversión de los terrenos del acuartelamiento a la ciudad. En su argumentario el Consistorio sostiene que la donación gratuita que el pleno municipal hizo al Ministerio de la Guerra en 1924 tenía un carácter modal en virtud del cual los terrenos se daban para un uso condicionado, concretamente el militar. Toda vez que en 1995, el Ministerio de Defensa determinó que ese suelo ya no tendría uso militar, el Ayuntamiento coligió que la ciudad debía recuperar la titularidad de los mismos. Además, su recurso se basaba en el silencio administrativo positivo, ante la supuesta ausencia de respuesta del Estado a una petición que presentó por escrito ante Defensa para la reversión de los terrenos.
En los fundamentos de derecho, el ponente de la sentencia, José Luis Gil Ibáñez, rechaza la tesis del silencio administrativo ya que éste no puede generar un acto por el que se pretende la ejecución de un derecho que no le corresponde. «En la escritura de donación ni siquiera se hace constar el destino del terreno donado. Se trata, en consecuencia, de una donación pura, no modal», según se recoge en la resolución.
Reacciones
Unas disposiciones que no hacen retroceder al Ayuntamiento en su empeño de recuperar la titularidad del suelo y que auguran que la guerra por el Benítez continuará en otras instancias judiciales. Francisco de la Torre anunció ayer que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo y se ejercitarán las acciones judiciales necesarias para conseguir que los tribunales reconozcan «una demanda de Málaga y sus ciudadanos».
El alcalde razonó su decisión de continuar hacia adelante con el litigio en que en este proceso no se ha discutido sobre el fondo de la donación sino sólo sobre los efectos de la omisión o silencio del Gobierno. «Será el carácter modal o condicionado al uso militar de la donación lo que permitirá a la ciudad de Málaga la recuperación de esta propiedad», manifestó.
«El Campamento Benítez es una reivindicación histórica y justa de la ciudad de Málaga. Queremos que se devuelva gratuitamente a la ciudad lo que en su día la ciudad aportó gratuitamente al Gobierno», subrayó el regidor, quien recordó que a lo largo de estos años de discusión sobre la propiedad, colectivos ciudadanos, partidos políticos, el Ayuntamiento de la capital e incluso por el Parlamento andaluz apoyaron esta reclamación.
Asimismo, el regidor aseveró que «no discute» la ocupación de parte de este suelo que se destinará al futuro Museo del Transporte y la Obra Civil, promovido por Fomento. «Es un proyecto cultural que apoya el Consistorio», apostilló De la Torre.
El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de la capital, Rafael Fuentes, criticó en un comunicado que el equipo de gobierno del PP «trate de bloquear» el proyecto que el Ministerio de Fomento tiene planteado en estos terrenos «presentando continuamente recursos contra la titularidad de la propiedad de los mismos».
«En su empecinamiento, el alcalde malgasta los recursos del Ayuntamiento en procedimientos judiciales que no conducen a ningún sitio», subrayó Fuentes, quien calificó de «esperpéntico» que los populares rechacen la colaboración del Gobierno de España en poner en uso y disfrute de los malagueños unos terrenos largamente anhelados por los ciudadanos.
El líder del principal partido de la oposición fue más allá y destacó «la falta de lealtad institucional» del equipo de gobierno con otras administraciones.
Sea como fuere, lo cierto es que en esta guerra por la titularidad de los terrenos, aún queda alguna batalla por dirimir.

La alcaldesa de Marbella «deslinda» a la oposición (ABC)

Un inexistente cambio de lindes del término municipal de Marbella de su vecino Villa de Benahavis, del que según la oposición podrían desprenderse beneficios económicos para su familia, ha encendido de nuevo la llama de la polémica, con la que han pretendido quemar a la alcaldesa marbellí, la popular Ángeles Muñoz.
Fue la semana pasada, mientras la regidora se encontraba de viaje, cuando aparecieron las primeras informaciones sobre el cambio de lindes entre los dos municipios malagueños, una operación de la que presuntamente podrían beneficiarse a familiares de la alcaldesa, al pasar los terrenos afectados de no urbanizables a urbanizables.
PSOE e IU, que vieron en este asunto motivo para sacar tajada política, una clásica pieza de escándalo, reclamaron inmediatamente que se investigaran los hechos. Pero la postura de la alcaldesa ha sido pedir una inmediata rectificación de las acusaciones so pena de acudir a los tribunales.
Según la alcaldesa, los terrenos objeto de la disputa han sido siempre gestionados por el Ayuntamiento de Benahavis, y no han sufrido cambio alguno en su calificación urbanística desde 1995.
La regidora se remonta a los años 1977 y 1979, cuando se tramita un Plan Parcial que tenía por objeto la finca Hacienda el Colorado. El trámite lo hace el Ayuntamiento de Benahavis por ser los terrenos de su propiedad.
Modificación
En 1985, coincidiendo con la tramitación del PGOU de Marbella, se modifican las lindes y la comunidad de propietarios de El Colorado presenta alegaciones que son estimadas por el Consistorio marbellí, volviéndose a la situación que había en 1997.
Ya en 1994 se inicia la tramitación del vigente plan parcial de El Colorado, donde se encuentra enclavado el domicilio de la alcaldesa de Marbella. Todas las gestiones las impulsa el Ayuntamiento de Benahavis, recibiendo el visto bueno definitivo de la Junta de Andalucía.
Desde entonces, sostiene Ángeles Muñoz, se han producido multitud de transmisiones de fincas, generación de tributos, etc., que no han recibido objeción alguna por parte de Marbella o de la Diputación de Málaga.
Llegados a este punto, se resalta por la alcaldesa que el Ayuntamiento de Marbella ha iniciado un estudio de todas las lindes de su término municipal. Y se ha detectado que debido a la utilización de planimetrías distintas, existen urbanizaciones de Marbella que aparecen en dos planeamientos distintos, de lo que se derivan múltiples problemas de gestión.
Son problemas que, según Ángeles Muñoz, no afectan a la zona de El Colorado, de lo que se deduce que no pueden tener implicación alguna sobre la calificación urbanística existente con carácter previo. La conclusión del Ayuntamiento es que, frente a las críticas de PSOE e IU, no ha habido cambio de lindes, y nadie se ha beneficiado por la sencilla razón de que no se ha producido cambios en la calificación urbanística.

Muñoz niega que el deslinde de Benahavís le beneficie (El País)

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), negó ayer que el nuevo deslinde entre el municipio y Benahavís, impulsado por ella misma, afecte a su vivienda ni que beneficie económicamente a sus familiares. Según Muñoz, los terrenos implicados están sujetos a un Plan Parcial aprobado por la Junta de Andalucía en 1995 que delimita los usos de los suelos independientemente del municipio al que pertenezcan.


"Mi casa se queda igual, la linde sigue pasando por la mitad, de forma que seguirá estando entre Marbella y Benahavís", dijo. El PSOE, en la oposición, la acusó de tener intereses en el cambio de lindes y solicitó la nulidad del pleno en el que se aprobaron los cambios, además de una comisión de investigación.

La alcaldesa ha convocado para hoy la tercera comisión informativa sobre los cambios de lindes, en la que volverá a aportar toda la documentación a la oposición.

Las lindes propuestas por el PP coinciden con las acordadas con el municipio de Benahavís desde 1977 y vienen recogidas en el catastro, según Muñoz. El PSOE reivindica los límites que recoge el Instituto Cartográfico, que datan del siglo XIX. Para que haya un cambio de los límites es necesario tramitar un expediente de deslinde, algo que todavía no se ha cerrado.

La alcaldesa explicó que los dos municipios llevan 30 años funcionando con los límites que se proponen. Según Muñoz, el Plan General recogió las lindes del Instituto Cartográfico por error y Benahavís presentó una alegación para que se corrigiera.