martes, 24 de noviembre de 2009

Los programas de rehabilitación de viviendas ayudan a crear más de 400 empleos. Marbella (SUR)

El Gobierno andaluz destinará en 2010 un millón de euros a ayudas para reformar casas Las subvenciones alcanzan hasta el 95 %
24.11.2009 -
C. G.
MARBELLA

En plena crisis económica, cualquier actuación que ayude a generar empleo es recibida con los brazos abiertos. Es el caso de los planes de rehabilitación de inmuebles puestos en marcha por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta. En los últimos años han generado un total de 450 puestos de trabajo, según explicó ayer la delegada provincial del ramo, Josefa López. En concreto, las inversiones para la puesta a punto de inmuebles dentro del Área de Rehabilitación Concertada, que abarca los cascos antiguos de Marbella y San Pedro, han beneficiado a más de 250 trabajadores. En el caso de los programas genéricos de rehabilitación del Gobierno andaluz, los puestos creados ascienden a 200.
López visitó ayer las obras de mejora que se han realizado en un bloque de 20 viviendas de la barriada de Divina Pastora, en la calle San Vicente. Le acompañó la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, que destacó la importancia de las subvenciones de la Junta. «Son situaciones que no podrían haber afrontado con recursos propios», señaló junto al inmueble, en el que se han renovado las instalaciones eléctricas y de suministro de agua, así como la cubierta y la fachada y paredes.
Sin ascensor
Esta obra se enmarca dentro del Área de Rehabilitación Concertada de la Junta, que beneficia a los cascos antiguos de Marbella y San Pedro Alcántara y donde se prevén poner a punto casi dos mil viviendas de familias con recursos limitados. Según recordó Gámez, las ayudas oscilan entre el 50 y el 95 por ciento del coste del proyecto, en función de las rentas. Las reformas se acometen o bien en viviendas o bien en espacios comunes de bloques que arrastran deficiencias, mayormente la falta de ascensor. «Mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos y favorecemos la integración social», anotó López. En total, en el área de rehabilitación concertada la inversión supera los 2,75 millones para 375 familias. En los programas genéricos, el presupuestos asciende ya a 2,2 millones, con 600 familias beneficiadas. En 2010 la previsión es invertir un millón de euros más.
Plan Proteja
Por otro lado, la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio visitó ayer junto al alcalde de Istán, José Miguel Marín la actuación desarrollada con cargo al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Plan Proteja) en la localidad, que ha permitido la adecuación y el embellecimiento del Mirador. La actuación ha comprendido la preparación del terreno y el movimiento de tierras, la pavimentación rústica del Mirador con piedra de Casares y la construcción de jardineras, entre otros.

Estepona cambiará el PGOU para eximir de pagar cargas urbanísticas en el centro (SUR)

Propondrá en el pleno del viernes una modificación del planeamiento para considerar este suelo como consolidado
24.11.2009 -
MERCEDES PERIÁÑEZ / YEDALAMO
ESTEPONA

Estepona cambiará el PGOU para eximir de pagar cargas urbanísticas en el centro
el cambio evitará que se paguen cargas de suelo. /M.P.
Los vecinos de Estepona están a un paso de no tener que pagar aprovechamientos urbanísticos por la ejecución de obras dentro del casco histórico. El equipo de gobierno propondrá en el pleno que se celebrará este viernes una modificación puntual de elementos del actual Plan General de Ordenación Urbana-que data de 1994- con la que se eximirá a los propietarios de estas obligaciones urbanísticas. El asunto requiere mayoría de 13 votos para salir adelante, por lo que necesitará el respaldo de al menos un voto de la oposición.
Este cambio jurídico será posible ya que estos suelos (definidos como sistemáticos y asistemáticos) se han ido desarrollando a lo largo del tiempo hasta adquirir en la actualidad la categoría de urbano consolidado. De forma que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece la inexistencia de obligaciones de cesión de suelo y de aprovechamiento urbanístico. Si bien, sólo se exigirá la cesión del suelo «estrictamente necesario» para que la parcela quede urbanizada en las condiciones establecidas por la ordenación urbanística.
Más caros que la licencia
En un principio, desde el Consistorio se aseguró que con la adaptación del planeamiento vigente a la normativa de la Junta se daría carpetazo a este problema; si bien, esta gestión todavía no se ha concluido. De hecho, esta circunstancia ha obligado a muchos vecinos a esperar a la culminación de este trámite administrativo para comenzar a realizar sus obras. Y es que, estos aprovechamientos llegaban incluso a superar el coste de la licencia de obra, alcanzando en algunos casos los 60.000 euros.
La aprobación el pasado mayo del plan especial del casco histórico de Estepona permitió volver a conceder licencias de obras en esta zona, donde no se podía construir desde hace seis años. Desde la entrada en vigor de este plan especial, más de 60 vecinos han solicitado la ejecución de obras en sus viviendas. Según el alcalde de Estepona, David Valadez, la supresión de estos aprovechamientos significará un embellecimiento del casco urbano, la dinamización del sector de la construcción y el ingreso de recursos económicos en las arcas municipales.

La Junta prevé que Marbella tenga su nuevo PGOU en enero (SUR)

El Gobierno andaluz espera tener el expediente completo , con los informes sectoriales, esta semana Mantiene su compromiso de acortar los plazos
24.11.2009 -
CRISTINA GONZÁLEZ
MARBELLA

La Junta prevé que Marbella tenga su nuevo PGOU en enero
María Gámez y Josefa López visitaron uno de los bloques del caso antiguo que se reforma con ayudas de la Junta. /JOSELE-LANZA
Si no surge ningún contratiempo de última hora, Marbella podrá estrenar su primer Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en dos décadas el próximo enero. El nuevo planeamiento, que en las últimas semanas se había atascado en la burocracia por la falta de cuatro informes sectoriales que debían emitir tanto el Gobierno andaluz como el central, parece tener el camino casi despejado y se prepara para encarar la recta final de su tramitación.
Así lo explicó ayer la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, que señaló que a mediados de semana el Ayuntamiento recibirá el dictamen de impacto ambiental de la Junta; un informe considerado «fundamental». Con este documento, el expediente del Plan estará definitivamente completo y empezará la cuenta atrás para que el Ejecutivo regional le dé el visto bueno definitivo. «Esperamos que sea en enero; esperamos que no sea en febrero», anotó López cuando se le preguntó por un plazo para que tenga todas las bendiciones.
Ese fue precisamente el compromiso del consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas: Acortar los cinco meses de plazo que tiene la Junta para pronunciarse sobre el plan a la mitad e incluso a dos meses, dada la excepcionalidad del caso de Marbella, ya que fue la propia Junta, cuando ostentó las competencias urbanísticas, la que inició la redacción del PGOU. «Dependerá de cuándo se pueda dar por finalizado el expediente; entonces nos pondremos a trabajar sin perder tiempo porque el Plan de Marbella es una prioridad», abundó la delegada provincial del ramo.
De momento, el único informe sectorial que está físicamente en la Delegación Municipal de Urbanismo es el de la Consejería de Cultura. Restarían el de la Consejería de Medio Ambiente, el que llegará esta misma semana, y los dos dependientes del Gobierno central: el de Costas y el de Carreteras. En el primer caso el dictamen está listo a falta de algunos retoques, según indicaron fuentes municipales. El de Carreteras iría más rezagado.
Silencio administrativo
«Seguramente alguno no va a estar pero lo vamos a dar por presentado por silencio administrativo», explicó López. De hecho, el plazo de dos meses para emitir los informes cumplió el pasado octubre, ya que el PGOU se aprobó a finales de julio de este año. Pese a este calendario oficial, el Ayuntamiento aseguró que prefería esperar para incorporar dictámenes que afectan de lleno al modelo de ciudad, caso del de impacto medioambiental.
Una vez el expediente se dé por completado y esté en manos de la Junta, empezará a contar el plazo de cinco meses que marca la ley para que el Gobierno andaluz se pronuncie. «Cuando la alcaldesa (Ángeles Muñoz) hablaba de finales de diciembre era porque el plazo que tenían las administraciones para hacer los informes finalizaba en octubre y a partir de ahí sí daba finales de año pero la realidad es que a día de hoy el informe no está completo», abundó la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, que visitó ayer la ciudad acompañada de la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez.
Al margen de la burocracia, los técnicos de las administraciones local y autonómica hace semanas que mantienen reuniones para analizar distintos aspectos del documento e intentar agilizar en la medida de lo posible lo que resta de tramitación. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento recibe ya a los primeros inversores interesados en poner en marcha proyectos al calor del nuevo Plan General, tanto que incluso está prevista la puesta en marcha de una oficina para el asesoramiento a los empresarios interesados en traer actuaciones a la ciudad, caso de centros universitarios, colegios concertados y hasta un museo. Por la sede de Urbanismo también han asomado los primeros promotores dispuestos a asumir el pago de las compensaciones para regularizar sus viviendas. De momento son sólo seis o siete, pero se espera que la cifra siga creciendo.
Será el nuevo camino, con un planeamiento flamante, que comenzará a andarse después de enero.
Atrás quedarán más de tres años de aprobaciones, dimes y diretes y alegaciones. Los comienzos fueron peculiares. El documento lo redactó la Junta de Andalucía después de retirarle en 2006 las competencias urbanísticas al Ayuntamiento presidido por Marisol Yagüe. Con el PP ya en el equipo de gobierno y el control del urbanismo nuevamente, se aprobó inicialmente en julio de 2007 pese a que no convencía del todo a los nuevos responsables municipales. Recibió más de 8.500 alegaciones. Posteriormente introdujeron algunos cambios y se llevó a una primera aprobación provisional en octubre de 2007. Nuevo aluvión de alegaciones. En julio de este año el equipo de gobierno le daba el segundo visto bueno provisional.

Los alcaldes de la Axarquía se plantan (SUR)

Los mandatarios dicen sentirse engañados por la Junta con el urbanismo y amenazan con renunciar a sus cargos
24.11.2009 -
AGUSTÍN PELÁEZ
VÉLEZ-MÁLAGA

Los alcaldes de la Axarquía se plantan
Los alcaldes esperan reunirse esta semana con el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas. / E. G.
«Como alcalde de Comares le he llegado a plantear a mis compañeros de partido en la comarca que lo que tenemos que hacer es plantarnos y decirle a la Junta que hasta aquí hemos llegado». Así expresaba ayer el regidor comareño, el popular Manuel Robles, su malestar con la Junta de Andalucía por lo que esta sucediendo en la Axarquía con el urbanismo, sobre todo después de que el consejero de la Presidencia, Luis Pizarro, afirmara la pasada semana que la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) no se modificará para legalizar las viviendas irregulares que existen en la comarca.
El presidente de la Diputación, Salvador Pendón, se ha sumado también a las palabras de Pizarro al afirmar que el procedimiento de regularización de las viviendas que ahora mismo están fuera de ordenación en la Axarquía «se puede hacer, incluso, sin cambiar la ley porque se ha hecho en otras partes de Andalucía».
Pese a todo, Robles considera que lo que «debemos hacer los alcaldes es plantarnos e irnos con la cabeza alta o darles las varas de mando a la Junta para que sean ellos que gobiernen en los pueblos. Lo que no puede ser es que en las grandes ciudades de la costa se siga construyendo sin ningún problema y en el interior no podamos hacer absolutamente nada», señala el regidor.
El malestar de los ediles del PP es equiparable al que sienten los regidores socialistas de la comarca, algunos de los cuales también se plantean la posibilidad de renunciar a sus cargos en los ayuntamientos e incluso pedir ceses en la Junta de Andalucía, por entender que no están recibiendo el respaldo necesario.
Enfrentamiento
Este enfrentamiento no es extraño, teniendo en cuenta que hay mandatarios que culpan a la Junta de la situación jurídica por la que atraviesan algunos ediles, precisamente por recurrir los proyectos de actuación que han servido a los ayuntamientos para conceder las licencias de obras en el no urbanizable.
«No hay una sola vez que no nos veamos que no nos preguntemos si merece la pena continuar en política y volver a presentarnos», asegura el alcalde de Colmenar, Pedro Fernández (PSOE), imputado por un presunto delito de prevaricación por omisión, para quien hay casos de alcaldes que están siendo acusados por la Fiscalía que sencillamente han podido estar mal asesorados.
«Existe preocupación entre los alcaldes porque cuando se gobierna en ayuntamientos grandes se cuenta con toda una batería de técnicos que te asesoran, pero en los pequeños, donde a veces sólo cuentas con el asesoramiento del secretario una vez a la semana porque lo tienes compartido con otro municipio, es muy difícil hacer las cosas perfectas. Por eso decimos que resolver los temas por la vía de Contencioso Administrativo puede permitir resolver cualquier defecto en la tramitación, y que la vía penal dejarla sólo para los casos de corrupción», señala Fernández.
Para regidores como el de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda, también del PSOE, al que la Fiscalía ha solicitado cuatro años de prisión y 20 de inhabilitación por dos presuntos delitos de prevaricación urbanística, la Junta de Andalucía ha engañado demasiadas veces a los mandatarios axárquicos con el urbanismo.
Para este alcalde, uno de los problemas a los que se están enfrentando los ayuntamientos se deriva de la postura que ha mantenido hasta ahora la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de recurrir todos los proyectos de actuación utilizados para conceder licencias de obras en el campo. «En Málaga, la Consejería ha informado negativamente estos proyectos por norma, mientras que en otras provincias no es así. Además su informe no es vinculante. Si hubieran dicho que lo era seguro que ningún Ayuntamiento habría concedido una sola licencia para construir casas en el no urbanizable», asegura Aranda.
Preocupación
El nerviosismo y la preocupación entre los alcaldes se ha acentuado en las últimas semanas al expresar la Junta de Andalucía que la LOUA no se cambiará, todo ello coincidiendo con la constitución de la Mesa por el Urbanismo, precisamente con la intención de facilitar la regularización de las viviendas ilegales que existen en la zona.
Los alcaldes de la comarca tenían previsto reunirse de nuevo ayer en la mesa, que fue desconvocada ante la previsible visita esta semana a Málaga del consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, con quien esperan reunirse de nuevo para seguir tratando el problema del urbanismo.

Cambio en los jardines de Pedro Luis Alonso (SUR)

Los jardines de Pedro Luis Alonso, junto a la Casona del Parque, ofrecen un cambio de imagen después de que el Consistorio haya suprimido el cerco de ciprés que rodeaba esta zona verde, dentro del proyecto para renovarla y dotarla con varias especies rosales. El portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, criticó ayer que se hayan suprimido los cipreses, ya que eran una seña de identidad de este espacio verde. Por su parte, la concejala de Parques y Jardines, Teresa Porras, rechazó las críticas de IU y explicó que la actuación respeta fielmente el diseño original del creador del jardín, el arquitecto Guerrero Strachan.

Vecinos y comerciantes de la calle La Unión apuestan por mantener el doble carril (SUR)

Recogen firmas contra la propuesta del Ayuntamiento de dejar una única calzada tras las obras del suburbano
24.11.2009 -
JESÚS HINOJOSA
MÁLAGA

Vecinos y comerciantes de la calle La Unión apuestan por mantener el doble carril
Simulación del efecto de la propuesta. / SUR
La propuesta lanzada por el equipo de gobierno municipal para renovar el eje de la calle La Unión una vez que finalicen las obras del metro, y que supone dejar un único carril de circulación en la vía, se ha encontrado con el rechazo de vecinos y comerciantes de este sector del distrito de Cruz del Humilladero. Según pudo conocer este periódico, algunos de ellos han emprendido una campaña para recoger firmas que exigen el mantenimiento de los dos carriles de circulación en la calle una vez que terminen los trabajos del suburbano.
Mario Fernández, uno de los comerciantes de la vía, aseguró que el rechazo de los propietarios de los negocios a la idea presentada por el Ayuntamiento «es unánime». «Dejar la calle La Unión con un único carril es provocarle un infarto al barrio. Si dejan una sola calzada será como cortar la calle, nadie querrá pasar por aquí», explicó este comerciante, al tiempo que resaltó que el efecto de la obra del metro en la zona ha sido «desolador». «No queremos que pase lo mismo cuando finalice, por eso nos hemos puesto a recoger firmas», señaló Mario, quien aseguró que se han recopilado las de casi todas las tiendas de la zona y las de más de un millar de vecinos del barrio.
La petición que ha recabado estos apoyos insiste en mantener dos carriles para la circulación y aparcamientos a ambos lados de la calzada, si bien se acepta la supresión de los estacionamientos en uno de los dos márgenes siempre que el tramo de calle tenga una anchura inferior a quince metros, según explicó Mario Fernández.
En el mismo sentido, Antonio Vega, presidente de la asociación de vecinos La Cooperación del sector Cruz del Humilladero, señaló que ya a finales del año pasado se realizó una encuesta en la que la opinión mayoritaria de los vecinos fue que la calle se quede como hasta ahora tras la obra del metro. «Esto no se puede comparar con la calle Larios, debe existir un carril para el tráfico de paso, pero también otro de servicio para residentes y comerciantes. En esta calle viven miles de personas y la calle tiene que dar un servicio a los vecinos», argumentó Vega, quien no obstante se mostró a favor de que se amplíen las aceras en aquellos tramos en que sea posible. «Otra cosa sería atentar contra el sentido común», aseveró.
Encuesta en la web
El presidente de este colectivo dijo que en su web (www.cruzdelhumilladero.org) está abierta una encuesta sobre cómo debe quedar la calle tras la construcción del metro y anunció que en los próximos días remitirán al Ayuntamiento un escrito para exigir el mantenimiento de los dos carriles de tráfico.
Por su parte, Elvira de la Torre, gerente de la Asociación de Comerciantes de Cruz del Humilladero, manifestó que el Consistorio ha lanzado una propuesta que todavía no es definitiva y que está recibiendo la opinión de vecinos y comerciantes. «La idea es que la solución que se adopte tenga el máximo consenso posible», señaló al tiempo que indicó que todavía no están cuantificadas las firmas recogidas por los comerciantes.
La actuación diseñada por Urbanismo para la calle La Unión, por la que circulan de media unos 14.000 vehículos al día en jornada laborable, consiste en dejar un solo carril de tráfico, aceras con una anchura entre dos y ocho metros, 241 metros lineales de estacionamiento y la plantación de 160 árboles. Además, se habilitará una nueva red de baldeo y alumbrado público, y contenedores soterrados.

lunes, 23 de noviembre de 2009

El PSOE propone reubicar las mil VPO previstas en la parcela del 'megahospital' en Los Asperones (Málaga Hoy)

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga solicitará al equipo de gobierno en la capital en el próximo pleno que disponga las medidas urbanísticas oportunas para que las 1.098 viviendas de protección oficial (VPO) previstas en el sector de Los Asperones sean reubicadas en otras zonas, con motivo de la construcción del futuro macrohospital.

El portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, señaló que ante "la alta demanda" de viviendas de este tipo en la ciudad "no nos podemos permitir que desaparezcan el millar de VPO proyectadas en esta parcela de titularidad municipal" y añadió que "en el caso que la finca resultase como la idónea del consenso entre las distintas administraciones para el equipamiento sanitario, se necesitaría incluir modificaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad".

A este respecto, afirmó en un comunicado que la propuesta de Asperones, "lanzada por el equipo de gobierno municipal, pese al informe contrario emitido por el OMAU por sus costes ambientales", tiene en cambio "en consideración aspectos muy importantes como su cercanía al nuevo campus universitario y al nudo de enlace con la hiperronda, así como por su accesibilidad a través de la línea 1 del metro de Málaga".

"El proyecto de una ciudad hospitalaria para la Junta de Andalucía en Málaga, propuesto por el Gobierno andaluz, es una clara apuesta por la sanidad pública y por sectores productivos relacionados con la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico", aseguró Fuentes, quien explicó que "se trata de una inversión que se espera superior a los 500 millones y que puede generar más de 10.000 empleos en Málaga,

Los arquitectos piden la mejora urbanística de las casas de El Palo (Málaga Hoy)

El decano del Colegio aplaude el acuerdo para regularizar las viviendas, pero cree necesario un plan especial para una zona de paisaje urbano y calidad "regulares"

EP / MÁLAGA | ACTUALIZADO 23.11.2009 - 01:00
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Viviendas en construcción en el barrio marinero de El Palo.



El decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, Antonio Vargas, aplaudió que el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento de la capital hayan acordado considerar como suelo urbano las 400 viviendas de los barrios marineros de Pedregalejo, El Palo, Las Acacias, Playa Virginia, La Araña y El Dedo, de modo que se garantice su mantenimiento. No obstante, instó a estas administraciones a que elaboren un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) para mejorar la zona, cuya "calidad del paisaje urbano y, en muchos casos, del parque edificado es solamente regular". En su opinión, dejar dentro de ordenación estas casas y establecer un plan especial que "mejore la calidad del espacio urbano", podría ser "una solución muy interesante". Al respecto, expuso que, siempre desde el respeto a los vecinos, debe plantearse un debate ciudadano acerca de una posible intervención en la zona, ya que, "aunque son barrios que forman parte del acervo cultural y la tradición de Málaga, en lo referido a la legalidad arquitectónica y urbanística, no es de las mejores de la capital".

Se podría intervenir, por tanto, sobre las viviendas y también sobre el espacio urbano, "con actuaciones de esponjamiento, de equipamiento, para mejorar esta zona, en la que todos los malagueños nos sentimos muy a gusto", señaló. Para concretar esa actuación, consideró la posibilidad de "convocar un concurso de ideas o un foro más organizado desde la Administración", ya que "el Colegio de Arquitectos tendría mucho que decir".

Esta operación de mejora de la zona debería de contar, a juicio del representante de los arquitectos malagueños, "con el consenso de todas las administraciones". Ante esto, abogó por que éstas "sean capaces de organizar un debate serio y una reflexión profunda sobre este tema". Vargas incidió en que el planteamiento de dejar fuera de ordenación estas viviendas tendría que haber llevado unido por parte de Costas "una propuesta alternativa, pero no hablar de dejarlas fuera de ordenación y seguir actuando de manera descontrolada como ha ocurrido todos estos años, generando una inseguridad jurídica".

Por ello, consideró que hubiera sido oportuno un debate urbano, que, como advirtió, "no se ha producido, pese a ser un asunto de gran calado". Asimismo, precisó que restituir la playa a su estado original "sería imposible", apostillando que "las playas de Málaga desde La Malagueta hasta El Palo son prácticamente todas artificiales".

Una catedral, cien solares (La Opinión)

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VERA Hierve la opinión pública con la idea de que la catedral sea concluida, al tiempo que vecinos de diferentes zonas del centro de Málaga y su periferia, más allá de calle Larios, protestan por el abandono de solares convertidos en focos de podredumbre. Alfonso X el Sabio pasó a la Historia como un monarca tan preocupado por los asuntos de los arcanos que desgobernó los afanes de sus súbditos. Cuando uno pasea esquinas por el Cervantes ocultas, el corazón de la Trinidad, flancos de Armengual de la Mota, aledaños de Carretería, o entornos de calle Parras, la mística se convierte en pésima compañera. Si el paseante no atiende a este mundo malacitano, corre el peligro certero de dislocarse el tobillo por el pavimento, ser abducido por ratas mutantes criadas entre estercoleros, o patinar sobre excrecencias caninas, entre otras muchas actividades. Pero ahí discurrimos en Málaga, entre el azul del mar y el del limbo, entre esa nada indefinida que ni la dibuja como gran capital, ni la proyecta como urbe agradable más que en fotos de rincones, siempre con encuadres estrechos y planos cortos. La catedral manquita de Málaga erige un monumento coherente con nuestra actual fisonomía. Puede servir de excusa beata para cualquier viajero sorprendido ante este desidia inexplicable con el mismo centro urbano tras una década de fervor constructivo. Aquí no se acaba nada hasta que la catedral no se culmine. Entonces se revelaría lógico tanto tiempo perdido para que floreciera el enclave deseable que con su limpieza y buen aspecto rodeara tal templo finiquitado. Quizás a causa de esta devoción por las alturas antes que por el asfalto Aleixandre, con ironía entre hemistiquios, llamó a esta ciudad la del paraíso y Emilio Prados se convirtió en cazador de nubes.
Arrebatado por revelaciones ultraterrenas, uno se cuestiona cuando entre callejas destartaladas del Centro anda ¿Do los impuestos por Gerencia capturados? ¿Do los lustros con dinerales? ¿Do las doctrinas liberales? ¿Do los dueños de estos locales abandonados? Otra época de actividad monetaria que ante los ojos pasa y que no ha cuajado a nuestra Málaga, eterna adolescente desgarbada y plena de espinillas. Pretendemos un enclave turístico, pero sólo en el recorrido del autobús que pasee y pronto huya hacia Córdoba, Sevilla, Antequera o Ronda donde el foráneo disfrute entornos si no monumentales, que también, pulcros en todos sus recovecos. La mayoría de nuestros concejales revela un absoluto desconocimiento de lo que pasa en la calle, así en verbo simple; cuando además confluyen diversas responsabilidades como sucede en las zonas del centro, la ignorancia se transmuta en carcoma para los intereses colectivos de una Málaga que al cabo depende de su imagen. Abducidos por barruntos místicos los ediles ahora miran hacia los cielos, olvidados de las aceras que no pisan y de los barrios que ya ni desde el coche contemplan. La catedral aguardará ahí en esas alturas.

La Junta abre la veda de la hipoteca incentivada para los pisos en ´stock´ (La Opinión)

La ACP malagueña se cita con la Consejería para estudiar el plan, que permite rebajar un 40% la cuota al comprar casa


Pisos. Compradores en la pasada edición del SIMed en Málaga.
Pisos. Compradores en la pasada edición del SIMed en Málaga. Arciniega

J. V. R. MÁLAGA Todo el mundo coincide en que el principal obstáculo para la recuperación del sector inmobiliario pasa por dar salida a esas ya famosas 30.000 viviendas en ´stock´ que la provincia de Málaga mantiene sin vender tras la fiebre constructora de estos pasados años. El último intento por impulsar la comercialización de este parque inmobiliario que actúa como lastre del sector es un plan de la Junta de Andalucía en el que, según los datos de la Consejería de Vivienda, los constructores ya han apuntado unas 13.500, el 19% del total andaluz, aunque la ACP de Málaga, con más de 500 promotores y constructores asociados, se muestra escéptica ante la posibilidad de que la iniciativa resulte efectiva.
Los planes de la Junta pasan por que, una vez realizada la captación de esta oferta, el plan se ponga en marcha a principios de 2010 y que todos los ciudadanos interesados en adquirir estos pisos puedan acceder a los mismos con una rebaja media en el precio de venta del 20% –lo que los dejaría a precio de hipoteca concedida al promotor y no se necesitaría dar una entrada– y la concesión de un préstamo reintegrable al adquirente.
La Consejería, a través de su titular, Juan Espadas, ha afirmado que el objetivo es "contribuir a facilitar el acceso de las familias a una vivienda en condiciones ventajosas" y, de paso, "reactivar al sector de la construcción y, con ello, el empleo en Andalucía". Para la concesión de los citados préstamos, la Junta ultima un instrumento financiero específico que contará con 1.000 millones de euros para préstamos personales complementarios y reintegrables a los que compren una de estas viviendas, ya sea directamente a promotores o a entidades financieras. La fecha límite para acceder a esos créditos será el 31 de diciembre de 2010.

Tres años de carencia. La idea de la Consejería es que el plan permita descender así la cuota hipotecaria, durante los ocho primeros años del préstamo, hasta en un 40%, y que el importe de las ayudas oscile entre 9.000 y 15.000 euros, en función del perfil del comprador (puede ser superior para segmentos como jóvenes, discapacitados y familias con renta baja). El precio máximo de las viviendas acogidas a este plan debe ser de 245.000 euros.
Los compradores que se acojan a esta iniciativa accederán a un préstamo hipotecario a 30 años. Los tres primeros años serán de carencia, en los que únicamente se abonarán los intereses, y en los cinco siguientes la Junta de Andalucía se hará cargo del pago de una parte de la cuota mensual de la hipoteca.
Claro está que para el plan tenga éxito se necesita la implicación de unas entidades financieras –bancos y cajas– que tendrán que estar dispuestas a conceder las hipotecas, aunque el cliente venga avalado por la Junta. El presidente de la ACP, José Prado, junto a la andaluza Fadeco, mantendrá un encuentro con la Consejería en próximas fechas para conocer el plan de primera mano.

La crisis finiquita 3.000 negocios de la construcción en Málaga en dos años (La Opinión)

La demanda sigue apalancada, con cifras de venta de viviendas un 80% inferior a la época del 'boom'


Una de las promociones en construcción en Málaga.
Una de las promociones en construcción en Málaga. LOM

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ. MÁLAGA El otrora potente sector de la construcción en Málaga atraviesa momentos de zozobra tras perder en 2008 y lo que llevamos de 2009 casi 3.000 negocios del ámbito del sector inmobiliario y de la construcción. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia contaba en octubre con 25.700 actividades comerciales relacionadas con el mundo del ladrillo, por las 28.700 que se contabilizaban año y medio antes, cuando la crisis económica empezaba a revelarse en toda su crudeza. De las firmas destruidas –que hacen referencia no a empresas, sino a locales comerciales–, unos 2.400 eran negocios directos de la construcción y 600 corresponden a esas agencias inmobiliarias que se abrieron al amparo del ´boom´ de ventas, en muchas ocasiones sólo con una mesa y un ordenador en un modesto local de barrio.
El número de actividades del sector en Málaga, tras retroceder entre un 10% y 15%, ha vuelto así a niveles de 2005, sólo que la tendencia parece seguir siendo de cuesta abajo, mientras entonces estaba inmersa en un espectacular incremento. El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), José Prado, considera todavía "lejano" el final del túnel para el sector, y apunta que mientras no se vuelva a niveles consolidados de venta de viviendas nuevas por encima de 8.000 unidades al año no podrá darse por reactivada la demanda.

Apalancada. "Ahora estamos sólo algo por encima de la mitad de esas cifras. Los malagueños tienen un miedo atroz a quedarse en el paro y la demanda está contenida, apalancada. Tampoco los bancos ayudan, porque los créditos están absolutamente restringidos", apuntó Prado, que recordó que en los años de bonanza la demanda de la población malagueña podía superar fácilmente al año las 20.000 viviendas de nueva construcción.
La crisis del sector inmobiliario, además de destruir empresas, ha disparado las cifras del desempleo. Actualmente hay casi 42.000 parados directos de la construcción –albañiles y demás personal de obra– más un número indeterminado de los 95.000 desempleados del sector servicios que desarrollaban su trabajo en agencias inmobiliarias hoy desaparecidas. El INE habla oficialmente de esas 600 agencias cerradas en los últimos meses, pero el sector afirma que la cifra real es bastante superior, con comercios cerrados al margen de las estadísticas.

A formarse de nuevo. Lo cierto es que la construcción, que empleaba en Málaga a más 105.000 personas entre 2005 y 2007, anda ahora por los 67.000 activos, lo que arroja una brutal caída cercana a los 40.000. La pregunta del millón es si esas personas volverán a tener acomodo en el sector una vez pase la crisis o tienen que buscarse definitivamente la vida en otra actividad. Aunque los constructores tiene la esperanza de que se volverá a crecer, la Junta de Andalucía duda de que este segmento pueda dar de nuevo tanto trabajo.
El delegado de Empleo, Juan Carlos Lomeña, afirma que los jóvenes parados de la construcción están siendo acomodados en escuelas taller y módulos de ámbitos como jardinería, electricidad, fontanería, carpintería o conducción de vehículos pesados. "Son oficios colindantes a la construcción, manuales, donde pueden reciclarse. Otra opción es el mantenimiento de edificios, donde los conocimientos de albañilería son útiles, pero que exige más versatilidad", añade.
De momento, y la espera de que la crisis remita, los talleres de albañilería y derivados han desaparecido de la oferta de cursos de la Junta, en consonancia con las directrices del Plan Memta. "Sólo convocamos cursos de profesiones que actualmente sean demandadas", comenta el delegado.

El PSOE propone que se busque otro lugar para las VPO previstas en Los Asperones (SUR)

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga solicitará en el próximo pleno que se dispongan las medidas urbanísticas oportunas para que las 1.098 viviendas de protección oficial (VPO) previstas en el sector de Los Asperones sean reubicadas en otras zonas, con motivo de la construcción del futuro macrohospital.
El portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, consideró que «ante la alta demanda de viviendas de este tipo no nos podemos permitir que desaparezcan el millar de VPO proyectadas en esta parcela de titularidad municipal». «En el caso que la finca resultase como la idónea del consenso entre las distintas administraciones para el equipamiento sanitario, se necesitaría incluir modificaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad», añadió.
Para Fuentes, la propuesta de Asperones, «lanzada por el equipo de gobierno municipal, pese al informe contrario del OMAU por sus costes ambientales», tiene en cambio «en consideración aspectos muy importantes como su cercanía al nuevo campus universitario y al nudo de enlace con la hiperronda, así como por su accesibilidad a través de la línea 1 del metro.

Los bancos se quedan con más de mil pisos de malagueños que no pueden con sus hipotecas (SUR)

En lo que va de año las demandas por impago presentadas en los juzgados superan en casi un 30% las registradas en todo 2008. Los expertos vaticinan que los embargos seguirán creciendo
23.11.2009 -
MONTSE MARTÍN
MÁLAGA

Los bancos se quedan con más de mil pisos de malagueños que no pueden con sus hipotecas
DIFICULTADES. La crisis está complicando más si cabe el acceso a las viviendas para muchas familias. / SUR
En el registro del Decanato de Málaga, encargado de repartir las demandas y denuncias a los juzgados de la capital, no dan abasto. A las quiebras, suspensiones de pagos y los despidos se suman las demandas presentadas por los bancos por impagos de los préstamos hipotecarios. Tras el cierre masivo de empresas y pérdida de puestos de trabajo llega la cara más amarga, el último eslabón de la cadena de la crisis y quizá también el más duro: el de la pérdida de la vivienda. En lo que va de año, los bancos se han quedado con más de mil pisos de malagueños que no han podido hacer frente al pago de sus hipotecas. Y lo peor puede estar aún por venir. Algunos expertos auguran un empeoramiento de la situación: los embargos aún no han tocado fondo.
Hasta el pasado día 20, los juzgado de la capital han registrado 1.162 demandas de ejecución de hipotecas. El cómputo total supera ya en casi un 30% las cifras de todo 2008, año que se cerró con 850 embargos.
El crecimiento de los procedimientos judiciales por impago de hipoteca comenzó a mostrarse con fuerza en el segundo semestre de 2008 y, especialmente, a partir de noviembre y diciembre, meses en los que -según fuentes del Decanato de Málaga-, los bancos llegaron a presentar hasta 25 demandas en una semana.
Las ejecuciones hipotecarias no han hecho más que crecer desde entonces y, como auguraban los expertos a finales del año pasado, lo que estaba asomando en ese momento era sólo la punta de un iceberg que todavía no ha acabado de emerger.
La predicción se ha cumplido y va a seguir cumpliéndose porque, como explica Antonio Salto, secretario de un juzgado de primera instancia de la capital, «aquí tenemos cada día más ejecuciones hipotecarias. Por ejemplo, de las 36 demandas que hemos recibido hoy, la mayoría eran por impagos de hipotecas. Lo que estamos viendo en los juzgados, lo vamos a seguir viendo si el empleo no empieza a remontar. Son las consecuencias de la destrucción de puestos de trabajo que comenzó en 2008 y que todavía, por lo que indican las estadísticas, no ha acabado. Muchas familias se han quedado sin ingresos, sin poder pagar la casa y acaban perdiéndola».
Una muestra de la profunda crisis que ahoga a miles de familias es que las subastas judiciales de los inmuebles se han multiplicado por diez en algo más de un año. En casi un 90% de los casos las viviendas se las adjudican los propios bancos por falta de postores. La falta de liquidez en el mercado, la sobrevaloración de la tasación y las expectativas de que el precio de la vivienda pueda seguir bajando en los próximos meses son los factores que determinan que la gran mayoría de las subastas queden desiertas.
Vivienda habitual
A diferencia de la crisis de los 90, que afectó al gremio de la construcción y en la que se llegaron a subastar edificios enteros, «la de ahora se está llevando por delante inmuebles que constituyen la vivienda habitual de muchas familias», explica Alfredo Martínez, delegado en Málaga de la Asociación de Usuarios de la Banca (Ausbanc), quien augura un 2010 mucho peor.
Normalmente las entidades financieras presentan la demanda de ejecución a la tercera cuota impagada, aunque ya cada vez es más frecuente que ejecuten a la primera. «Los bancos son ya menos benévolos. Cuando analizan el historial económico y comprueban que detrás del impago, por ejemplo, hay una situación de paro del deudor, no esperan, directamente ejecutan. Para ellos, es peor esperar», añade el representante de Ausbanc.
No obstante, no todo está perdido. Los hipotecados pueden salvar su vivienda 'in extremis' de la subasta depositando en una cuenta del juzgado el dinero de las cuotas impagadas. La Ley de Enjuiciamiento Civil da a los deudores esa opción para evitar la ejecución hipotecaria y poder rehabilitar de esta manera los prestamos, aunque, eso sí, con la obligación de abonar los intereses de demora y las costas judiciales. «Esta es una opción que existe y que mucha gente desconoce», agrega Martínez.
A noventa años
Y ante la profunda recesión hay quienes deciden tirar como sea y no perder la casa, aunque eso suponga seguir pagando la hipoteca hasta morir de viejo. El miedo de las familias a perder la vivienda y el interés de las entidades financieras de seguir cobrando la la hipoteca está llevando a situaciones un tanto esperpénticas. Lo pone de manifiesto la propia Ausbanc. Según su delegado, algún banco, como por ejemplo Banesto, está haciendo ampliaciones de hipotecas a pagar en 90 años. «No les interesa quedarse con la casa, por lo que ofertan una importante reducción de las cuotas mensuales que la familia pueda asumir ante una merma de ingresos, como por ejemplo el desempleo de uno de sus miembros, a cambio de una ampliación del préstamo que se fija a pagar en un plazo de 90 años».