El proyecto del jardín botánico en el entorno de la Cueva de Nerja está pendiente de la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento a la Consejería de Medio Ambiente. Así lo anunció ayer el concejal de Medio Ambiente, José Miguel Jimena (PP), quien criticó al gerente de la Fundación y portavoz del PSOE en la oposición en el Consistorio, Ángel Ramírez, que el pasado viernes anunció que el proyecto ha sido retomado y podrá estar redactado en dos meses, de manera que los trabajos podrán comenzarán antes de final de año. «El único que se ha interesado de verdad por este asunto y ha estado encima de él desde el principio ha sido el alcalde, José Alberto Armijo (PP), y este concejal. No puede ser que este señor venga ahora dando unos plazos que a lo mejor no se pueden cumplir», consideró Jimena, quien añadió que el Ayuntamiento tiene «la mejor disposición» para llevar a cabo este proyecto
martes, 17 de febrero de 2009
Reunión informativa del PGOU con los vecinos. Rincón de la Victoria (SUR)
El equipo de gobierno (PSIRV-PSOE), ha organizado un encuentro con colectivos, asociaciones, empresarios y vecinos para informarles sobre el contenido del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La cita tendrá lugar esta tarde en el salón de plenos. «Queremos que los ciudadanos conozcan el desarrollo que va a experimentar el municipio en los próximos años y participen con propuestas, sugerencias, y como no, planteen cualquier duda que tengan al respecto», ha explicado el alcalde accidental, Salvador Domínguez (PSIRV).
Medio Ambiente inicia el corredor verde, que conectará Estepona y Sierra Bermeja (SUR)
La vía tendrá seis kilómetros y estará diseñada para el desarrollo de actividades de ocio
EL PROYECTO
Puerta Verde Estepona
Itinerario: El proyecto pretende crear una vía verde desde el cruce de la avenida de España con el camino de La Cala y hasta Sierra Bermeja, próximo al río Castor.
Longitud: El corredor tendrá seis kilómetros.
Ejecución: Los trabajos estarán terminados el próximo abril.
Inversión: Más de 232.000 euros, financiados por la Junta. Conectar el medio rural con el medio urbano. El proyecto Puertas Verdes de la Junta de Andalucía ha comenzado a dar sus primeros pasos en Estepona. La iniciativa, que se ha comenzado a desarrollar, unirá la zona periurbana del municipio con el entorno de Sierra Bermeja, y éste con otros municipios de la provincia. El proyecto establecerá una nueva relación entre el campo y la ciudad, realizando una mejora paisajística de entorno. Y es que este corredor verde potenciará la realización de actividades al aire libre, la educación medioambiental y el uso de vehículos no motorizados para reducir la emisión de dióxido de carbono.
La conexión entre las diferentes zonas de este entorno natural se hará mediante el uso de las vías pecuarias como sistemas conectores para evitar la fragmentación del medio rural y el medio urbano. En ningún caso la ejecución de esta vía verde supondrá la expropiación de terrenos. Los trabajos de señalización estarán terminados para el próximo abril.
Esta ruta, que se iniciará en el cruce de la avenida de España con el camino de Cala, tendrá una longitud de seis kilómetros y contará con tres miradores para que los usuarios puedan disfrutar del entorno. El corredor concluirá en las proximidades del río Castor, en Sierra Bermeja. Durante su recorrido atravesará la vereda del Camino de Jubrique y la vereda de Igualeja, presentando similares características paisajísticas al tramo anterior.
Este entorno natural se caracteriza por la combinación de zonas agrícolas con terrenos de monte abierto con un alto valor paisajístico. También se pueden encontrar durante el recorrido coníferas como el pino negro y otras especies como el pinsapo, situadas en las zonas más altas de la sierra. En esta área se encuentra uno de los puntos interesantes de nuestra ruta el Pinsapar de los Reales de interés turístico. El corredor finaliza su recorrido bajo el viaducto de la autopista AP-7 sobre el río Castor.
EL PROYECTO
Puerta Verde Estepona
Itinerario: El proyecto pretende crear una vía verde desde el cruce de la avenida de España con el camino de La Cala y hasta Sierra Bermeja, próximo al río Castor.
Longitud: El corredor tendrá seis kilómetros.
Ejecución: Los trabajos estarán terminados el próximo abril.
Inversión: Más de 232.000 euros, financiados por la Junta. Conectar el medio rural con el medio urbano. El proyecto Puertas Verdes de la Junta de Andalucía ha comenzado a dar sus primeros pasos en Estepona. La iniciativa, que se ha comenzado a desarrollar, unirá la zona periurbana del municipio con el entorno de Sierra Bermeja, y éste con otros municipios de la provincia. El proyecto establecerá una nueva relación entre el campo y la ciudad, realizando una mejora paisajística de entorno. Y es que este corredor verde potenciará la realización de actividades al aire libre, la educación medioambiental y el uso de vehículos no motorizados para reducir la emisión de dióxido de carbono.
La conexión entre las diferentes zonas de este entorno natural se hará mediante el uso de las vías pecuarias como sistemas conectores para evitar la fragmentación del medio rural y el medio urbano. En ningún caso la ejecución de esta vía verde supondrá la expropiación de terrenos. Los trabajos de señalización estarán terminados para el próximo abril.
Esta ruta, que se iniciará en el cruce de la avenida de España con el camino de Cala, tendrá una longitud de seis kilómetros y contará con tres miradores para que los usuarios puedan disfrutar del entorno. El corredor concluirá en las proximidades del río Castor, en Sierra Bermeja. Durante su recorrido atravesará la vereda del Camino de Jubrique y la vereda de Igualeja, presentando similares características paisajísticas al tramo anterior.
Este entorno natural se caracteriza por la combinación de zonas agrícolas con terrenos de monte abierto con un alto valor paisajístico. También se pueden encontrar durante el recorrido coníferas como el pino negro y otras especies como el pinsapo, situadas en las zonas más altas de la sierra. En esta área se encuentra uno de los puntos interesantes de nuestra ruta el Pinsapar de los Reales de interés turístico. El corredor finaliza su recorrido bajo el viaducto de la autopista AP-7 sobre el río Castor.
El PSOE acusa al Ayuntamiento de bloquear tres grandes obras en la capital (SUR)
Heredia pide que se agilice la concesión de las licencias para la Aduana y Correos y que se ceda suelo para el nuevo CIE El Consistorio dice que falta documentación del Gobierno
El PSOE de Málaga acusó ayer al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de la capital de bloquear tres obras claves para la ciudad, como son la rehabilitación del Palacio de la Aduana para adaptarlo como futura sede del Museo de Bellas Artes, la reforma integral del edificio central de Correos y la construcción del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), pendiente de la cesión de suelo. El Consistorio negó estas acusaciones y achacó al Gobierno central, que promueve estas iniciativas, no haber presentado la documentación preceptiva requerida.
El fuego lo abrió por la mañana, el secretario general de los socialistas malagueños, Miguel Ángel Heredia, quien denunció que la licencia de obras para la Aduana se pidió a la Gerencia Municipal de Urbanismo en noviembre de 2007 y para Correos en octubre de 2006, sin que hasta el momento se hayan expedido. Asimismo, señaló que, tras varios meses de contactos y una reciente reunión de personal del Ministerio del Interior con responsables municipales, el Ayuntamiento aún no ha hecho una oferta en firme del suelo en el que construir el nuevo CIE.
Heredia aseguró que estos tres proyectos supondrán una inversión de 49,7 millones de euros y que generarán 1.660 empleos en la ciudad. «Una inversión que está paralizada en tiempos de crisis, lo que demuestra la ineficacia del PP en el Ayuntamiento de Málaga, su deslealtad institucional y su falta de compromiso real de lucha contra la crisis», afirmó el líder del PSOE quien instó al alcalde, Francisco de la Torre, a que «deje de frenar» estas iniciativas.
El portavoz socialista en el Consistorio, Rafael Fuentes, por su parte, acusó al regidor de anteponer la confrontación «porque le da réditos electorales», dijo, a arrimar el hombro contra la crisis. «No se entiende que se bloquee el proyecto del Museo de Bellas Artes, público, y favorezca a una fundación privada en el Museo de las Gemas en Tabalacera», argumentó Fuentes, quien anunció que su grupo presentará una moción en el pleno pidiendo que se llegue a consensos y acuerdos institucionales.
Respuesta
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, respondió defendiendo la actuación del Consistorio. Así argumentó que, en el caso de la sede central de la estafeta, se concedió la licencia en diciembre de 2007, supeditada a la presentación de tres documentos (entre ellos el estudio de seguridad y salud) sin que hasta el momento la Sociedad Estatal de Correos haya presentado los papeles requeridos. Respecto a la Aduana, indicó que la Gerencia de Urbanismo «ha dado todo tipo de facilidades que permite la ley», pero el Ministerio de Cultura no ha aportado los documentos solicitados.
Díaz lamentó que el PSOE salga a los medios «a dejar en ridículo a las administraciones en que gobiernan achacando al Consistorio retrasos que se deben a la falta de aportación de documentos».
El edil de Polígonos, Manuel Marmolejo, recordó que el pleno de enero aprobó el convenio firmado con Sepes (Entidad Pública del Suelo) para poner en marcha el CIE en el polígono Guadalhorce.
El PSOE de Málaga acusó ayer al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de la capital de bloquear tres obras claves para la ciudad, como son la rehabilitación del Palacio de la Aduana para adaptarlo como futura sede del Museo de Bellas Artes, la reforma integral del edificio central de Correos y la construcción del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), pendiente de la cesión de suelo. El Consistorio negó estas acusaciones y achacó al Gobierno central, que promueve estas iniciativas, no haber presentado la documentación preceptiva requerida.
El fuego lo abrió por la mañana, el secretario general de los socialistas malagueños, Miguel Ángel Heredia, quien denunció que la licencia de obras para la Aduana se pidió a la Gerencia Municipal de Urbanismo en noviembre de 2007 y para Correos en octubre de 2006, sin que hasta el momento se hayan expedido. Asimismo, señaló que, tras varios meses de contactos y una reciente reunión de personal del Ministerio del Interior con responsables municipales, el Ayuntamiento aún no ha hecho una oferta en firme del suelo en el que construir el nuevo CIE.
Heredia aseguró que estos tres proyectos supondrán una inversión de 49,7 millones de euros y que generarán 1.660 empleos en la ciudad. «Una inversión que está paralizada en tiempos de crisis, lo que demuestra la ineficacia del PP en el Ayuntamiento de Málaga, su deslealtad institucional y su falta de compromiso real de lucha contra la crisis», afirmó el líder del PSOE quien instó al alcalde, Francisco de la Torre, a que «deje de frenar» estas iniciativas.
El portavoz socialista en el Consistorio, Rafael Fuentes, por su parte, acusó al regidor de anteponer la confrontación «porque le da réditos electorales», dijo, a arrimar el hombro contra la crisis. «No se entiende que se bloquee el proyecto del Museo de Bellas Artes, público, y favorezca a una fundación privada en el Museo de las Gemas en Tabalacera», argumentó Fuentes, quien anunció que su grupo presentará una moción en el pleno pidiendo que se llegue a consensos y acuerdos institucionales.
Respuesta
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, respondió defendiendo la actuación del Consistorio. Así argumentó que, en el caso de la sede central de la estafeta, se concedió la licencia en diciembre de 2007, supeditada a la presentación de tres documentos (entre ellos el estudio de seguridad y salud) sin que hasta el momento la Sociedad Estatal de Correos haya presentado los papeles requeridos. Respecto a la Aduana, indicó que la Gerencia de Urbanismo «ha dado todo tipo de facilidades que permite la ley», pero el Ministerio de Cultura no ha aportado los documentos solicitados.
Díaz lamentó que el PSOE salga a los medios «a dejar en ridículo a las administraciones en que gobiernan achacando al Consistorio retrasos que se deben a la falta de aportación de documentos».
El edil de Polígonos, Manuel Marmolejo, recordó que el pleno de enero aprobó el convenio firmado con Sepes (Entidad Pública del Suelo) para poner en marcha el CIE en el polígono Guadalhorce.
Málaga, provincia andaluza donde se venden más viviendas pese a la crisis (SUR)
El pasado año se cerró con un volumen total de 27.376 operaciones de compraventa, el mejor dato de la región
El ladrillo sigue desinflándose. La estampa salpica a toda la geografía española. Sin embargo, dentro de este panorama sombrío, Málaga puede presumir de disfrutar de una posición privilegiada. Así, a tenor de la última estadística difundida ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia se mantiene en el podio de ciudades andaluzas con mayor volumen de venta de viviendas, por delante de Sevilla. El pasado ejercicio se cerró con 27.376 operaciones de compraventa de inmuebles. Esto es, el 22,7% del total localizado en la región, donde hubo 120.478.
Hasta aquí el vaso medio lleno. El contrapunto a esta buena cifra lo pone el descenso registrado respecto a 2007, cuando el número de transacciones inmobiliarias realizadas en Málaga ascendió a 39.328.
El cruce de cifras arroja un acusado descenso del 30,3% en el ritmo de comercialización de viviendas; un porcentaje similar al producido en Andalucía (donde la caída fue del 28,7%) y en el conjunto de España (28,6%).
Año y medio de frenazo
Desde mitad de 2007, el mercado de pisos está sumergido en una grave desaceleración, como ya han evidenciado durante este tiempo los termómetros del número de visados, los ritmos de venta o el alto nivel de desempleo asociado a la construcción. Y el panorama futuro no parece halagüeño, al menos según el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, quien advirtió ayer de que la venta de viviendas en España estará «durante mucho tiempo» por debajo de los niveles habituales, tras el «exceso» que ha habido en años anteriores.
Al respecto, el ministro de Economía recordó que el ajuste en el sector inmobiliario comenzó a finales de 2006, cuando empezaron a desacelerarse los precios, y en 2007 hubo un «cierto ajuste» en la iniciación de inmuebles. En este sentido, auguró que la venta de viviendas estará este año «por debajo de los periodos anteriores».
Por su parte, el portavoz de Vivienda del PP, Pablo Matos, calificó de «indignante» la «pasividad» del Gobierno ante la caída de la compraventa de viviendas y exigió que adopte medidas para que la liquidez inyectada a las entidades financieras llegue a las familias.
Por tipologías
Por tipologías, del total de operaciones contabilizadas en el conjunto de la provincia en 2008, 14.676 correspondieron a viviendas nuevas y 12.700 a inmuebles usados de segunda mano. La mayoría, 25.715, fueron transacciones ligadas a viviendas libres, frente a las 1.661 referidas a viviendas protegidas. Durante 2008 se transmitieron en Málaga 41.204 inmuebles. De ellos, el 66% (los ya citados 27.376 ) se gestionaron mediante la fórmula de compraventa. Asimismo, hubo 232 donaciones, 270 permutas y 3.899 herencias.
Andalucía, con un cupo del 57%, fue con diferencia la comunidad autónoma donde se acometieron más operaciones de compraventa, seguida de la Comunidad Valenciana (74.706) y Cataluña (62.090).
La calle La Unión no se cortará al tráfico hasta junio por los trabajos del metro (SUR)
Los tajos de la línea 1 llegan a Juan XXIII, aunque no se abrirán zanjas hasta que se trasladen los servicios
Las obras del metro llegan al distrito de Cruz del Humilladero. Ayer comenzaron los tajos para desviar los servicios afectados en el tramo Juan XXIII-Renfe de la línea 1 del suburbano, que discurrirá por el entorno de la calle La Unión. Sin embargo, el tráfico rodado no se cortará en esta importante vía hasta junio.
A finales de ese mes podrán verse ya las máquinas pantalladoras y se cortará totalmente la calle La Unión, desviando el tráfico por Reboul. La avenida de Juan XXIII estará abierta en todo momento, con dos carriles de subida y dos de bajada, y en Ortega y Gasset se generará un tercer carril, según informó el director del metro de Málaga, Enrique Urkijo.
Precisamente, las obras en superficie se ejecutarán durante 14 meses, entrando en todos los tramos a la vez, para, posteriormente, empezar a trabajar bajo tierra «sin molestar arriba», indicó, al tiempo que explicó que los tajos en la calle La Unión se prolongarán durante 35 meses y tendrán un coste de 85 millones de euros.
Aparcamientos
Para compensar las plazas de aparcamiento que se suprimirán (unas 150 en esta fase), se habilitarán 180 junto a las vías de Renfe. Urkijo apuntó que los pasos de cebra serán los mismos que ahora, por lo que «habrá la misma permeabilidad peatonal que existe en estos momentos», recalcó.
La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, señaló que esta obra «supone otro avance más» y destacó que conllevará la generación de más de 640 puestos de trabajo directos e inducidos. Precisó que en dos meses se duplicarán los empleos vinculados a la ejecución de esta infraestructura, pasando de 1.380 a 3.100.
El tramo de calle La Unión prevé dos estaciones importantes: la de calle La Unión -en la confluencia con Santa Marta- y la de Renfe, que, como recordó Urkijo, será un intercambiador importante, que conectará la estación de autobuses, el tren de Cercanías, el AVE y las dos líneas del ferrocarril urbano.
En cuanto al resto de los tramos, el 16 marzo se empezarán los trabajos en el de Juan XXIII-Universidad y el 16 de abril en el de Renfe-Guadalmedina, de manera que el 85% del trazado de las líneas 1 y 2 estará en construcción para abril.
La ejecución de obras sólo quedaría pendiente del tramo Guadalmedina-Malagueta, cuyo proyecto se está redactando y que estará concluido en noviembre, por lo que las obras podrían empezar tras la Semana Santa de 2010.
Preguntado por la línea 2, Urkijo manifestó que estará terminada, con instalaciones incluidas, dentro de dos años, al tiempo que añadió que en 2009 desaparecerán las rampas de Carretera de Cádiz, por lo que ya podrían circular los vehículos.
Las obras del metro llegan al distrito de Cruz del Humilladero. Ayer comenzaron los tajos para desviar los servicios afectados en el tramo Juan XXIII-Renfe de la línea 1 del suburbano, que discurrirá por el entorno de la calle La Unión. Sin embargo, el tráfico rodado no se cortará en esta importante vía hasta junio.
A finales de ese mes podrán verse ya las máquinas pantalladoras y se cortará totalmente la calle La Unión, desviando el tráfico por Reboul. La avenida de Juan XXIII estará abierta en todo momento, con dos carriles de subida y dos de bajada, y en Ortega y Gasset se generará un tercer carril, según informó el director del metro de Málaga, Enrique Urkijo.
Precisamente, las obras en superficie se ejecutarán durante 14 meses, entrando en todos los tramos a la vez, para, posteriormente, empezar a trabajar bajo tierra «sin molestar arriba», indicó, al tiempo que explicó que los tajos en la calle La Unión se prolongarán durante 35 meses y tendrán un coste de 85 millones de euros.
Aparcamientos
Para compensar las plazas de aparcamiento que se suprimirán (unas 150 en esta fase), se habilitarán 180 junto a las vías de Renfe. Urkijo apuntó que los pasos de cebra serán los mismos que ahora, por lo que «habrá la misma permeabilidad peatonal que existe en estos momentos», recalcó.
La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, señaló que esta obra «supone otro avance más» y destacó que conllevará la generación de más de 640 puestos de trabajo directos e inducidos. Precisó que en dos meses se duplicarán los empleos vinculados a la ejecución de esta infraestructura, pasando de 1.380 a 3.100.
El tramo de calle La Unión prevé dos estaciones importantes: la de calle La Unión -en la confluencia con Santa Marta- y la de Renfe, que, como recordó Urkijo, será un intercambiador importante, que conectará la estación de autobuses, el tren de Cercanías, el AVE y las dos líneas del ferrocarril urbano.
En cuanto al resto de los tramos, el 16 marzo se empezarán los trabajos en el de Juan XXIII-Universidad y el 16 de abril en el de Renfe-Guadalmedina, de manera que el 85% del trazado de las líneas 1 y 2 estará en construcción para abril.
La ejecución de obras sólo quedaría pendiente del tramo Guadalmedina-Malagueta, cuyo proyecto se está redactando y que estará concluido en noviembre, por lo que las obras podrían empezar tras la Semana Santa de 2010.
Preguntado por la línea 2, Urkijo manifestó que estará terminada, con instalaciones incluidas, dentro de dos años, al tiempo que añadió que en 2009 desaparecerán las rampas de Carretera de Cádiz, por lo que ya podrían circular los vehículos.
Ingeniería y Económicas se irán a Teatinos antes de verano (SUR)
En mayo efectuará el traslado la primera facultad y en junio, la segunda
La rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, anunció ayer el traslado en mayo de las carreras de Ingeniería al nuevo edificio en el campus de Teatinos, y las de Económicas y Sociales, en el próximo mes de junio, con lo que ambas facultades -actualmente en El Ejido y en El Palo- podrán entrar en funcionamiento para el inicio del curso 2009/2010. Al mismo tiempo, De la Calle adelantó que «en los próximos días» empezarán las obras de la segunda fase de urbanización de la ampliación del campus.
La Universidad ha planificado el traslado de los laboratorios antes de verano, mientras que el paso de estudiantes y profesores a los edificios de la ampliación del campus se producirá a partir de junio. Ello permitirá desalojar varias de las facultades del Centro y la existente en El Palo.
Arquitectura
El Ejido mantendrá el uso universitario: Arquitectura ocupará la Escuela de Peritos de forma provisional, mientras que Bellas Artes hará lo propio con Ingeniería Industrial.
Las nuevas sedes de la Escuela de Ingenierías (Politécnica e Industriales) y del Complejo Económico Social, que acogerá las facultades de Empresariales y de Estudios Sociales y del Trabajo, serán las primeras que entren en funcionamiento en esta ampliación de Teatinos, que abarca una extensión de 1.200.000 metros cuadrados.
Las obras se realizan en cuatro fases, de las que dos están en ejecución. La primera se refiere a los dos citados edificios y la segunda albergará la zona residencial con los colegios mayores, residencias y viviendas de alquiler (en colaboración con el Ministerio de la Vivienda y la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio) y el parque científico empresarial.
La tercera y cuarta fase, en las que se incluirán probablemente el Rectorado y las nuevas titulaciones del Espacio Europeo de Educación Superior, aún no están sobre el papel, algo que se irá haciendo conforme surjan las nuevas titulaciones y se tenga la financiación para sus proyectos.
La rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, anunció ayer el traslado en mayo de las carreras de Ingeniería al nuevo edificio en el campus de Teatinos, y las de Económicas y Sociales, en el próximo mes de junio, con lo que ambas facultades -actualmente en El Ejido y en El Palo- podrán entrar en funcionamiento para el inicio del curso 2009/2010. Al mismo tiempo, De la Calle adelantó que «en los próximos días» empezarán las obras de la segunda fase de urbanización de la ampliación del campus.
La Universidad ha planificado el traslado de los laboratorios antes de verano, mientras que el paso de estudiantes y profesores a los edificios de la ampliación del campus se producirá a partir de junio. Ello permitirá desalojar varias de las facultades del Centro y la existente en El Palo.
Arquitectura
El Ejido mantendrá el uso universitario: Arquitectura ocupará la Escuela de Peritos de forma provisional, mientras que Bellas Artes hará lo propio con Ingeniería Industrial.
Las nuevas sedes de la Escuela de Ingenierías (Politécnica e Industriales) y del Complejo Económico Social, que acogerá las facultades de Empresariales y de Estudios Sociales y del Trabajo, serán las primeras que entren en funcionamiento en esta ampliación de Teatinos, que abarca una extensión de 1.200.000 metros cuadrados.
Las obras se realizan en cuatro fases, de las que dos están en ejecución. La primera se refiere a los dos citados edificios y la segunda albergará la zona residencial con los colegios mayores, residencias y viviendas de alquiler (en colaboración con el Ministerio de la Vivienda y la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio) y el parque científico empresarial.
La tercera y cuarta fase, en las que se incluirán probablemente el Rectorado y las nuevas titulaciones del Espacio Europeo de Educación Superior, aún no están sobre el papel, algo que se irá haciendo conforme surjan las nuevas titulaciones y se tenga la financiación para sus proyectos.
Cuarteles perderá los aparcamientos y tendrá unas aceras más anchas (SUR)
La circulación quedará restringida a dos carriles, de los que uno se destinará en exclusiva a taxis y autobuses
El Ayuntamiento de Málaga sacó ayer a licitación pública 26 proyectos del más de centenar incluidos en las partidas del Plan Zapatero de reactivación económica. Entre ellos se encuentra la reurbanización de la calle Cuarteles, en el tramo comprendido entre Pasillo del Matadero y Plaza de Toros Vieja. Se trata de una actuación que supondrá la desaparición de los aparcamientos que hay en el vial (ocupan una superficie de 525 metros cuadrados) y la ampliación de las aceras para facilitar el tránsito peatonal.
Según se recoge en la memoria del proyecto, el acerado se sustituye en su totalidad, excepto el existente en la plaza donde se ubica la nueva entrada a las instalaciones del tren de cercanías, que será conservado. Las aceras irán desde los 4,5 metros de anchura mínima a los 9,2 metros de anchura máxima.
La calzada, de sentido único de circulación desde el Centro hasta la zona oeste, quedará reducida a dos carriles de 3,5 metros de anchura, de los cuales uno de ellos (el situado a la derecha en el sentido de la marcha) estará destinado en exclusiva a los vehículos de servicio público (autobuses y taxis).
Facilitar el giro de coches
La actuación prevé realizar rebajes en el acerado para facilitar el acceso a los aparcamientos con vados autorizados y se prevé la reurbanización de la calle Medellín para adaptarla a las necesidades de carga y descarga de mercancías en la zona. De igual forma, se modificará el perímetro de la plaza existente en la confluencia de la avenida de la Aurora con calle Cuarteles para facilitar el giro de los vehículos que quieran incorporarse a esta última vía.
El proyecto estipula la eliminación de las barreras arquitectónicas, la semaforización, la nueva señalización y el mantenimiento del arbolado situado a ambos lados de la calzada, según se recoge en los documentos.
El importe de licitación de esta actuación asciende a 374.780 euros y las ofertas se pueden presentar hasta el próximo 2 de marzo. Las previsiones apuntan a que los trabajos, una vez que se inicien, durarán medio año.
El Ayuntamiento de Málaga sacó ayer a licitación pública 26 proyectos del más de centenar incluidos en las partidas del Plan Zapatero de reactivación económica. Entre ellos se encuentra la reurbanización de la calle Cuarteles, en el tramo comprendido entre Pasillo del Matadero y Plaza de Toros Vieja. Se trata de una actuación que supondrá la desaparición de los aparcamientos que hay en el vial (ocupan una superficie de 525 metros cuadrados) y la ampliación de las aceras para facilitar el tránsito peatonal.
Según se recoge en la memoria del proyecto, el acerado se sustituye en su totalidad, excepto el existente en la plaza donde se ubica la nueva entrada a las instalaciones del tren de cercanías, que será conservado. Las aceras irán desde los 4,5 metros de anchura mínima a los 9,2 metros de anchura máxima.
La calzada, de sentido único de circulación desde el Centro hasta la zona oeste, quedará reducida a dos carriles de 3,5 metros de anchura, de los cuales uno de ellos (el situado a la derecha en el sentido de la marcha) estará destinado en exclusiva a los vehículos de servicio público (autobuses y taxis).
Facilitar el giro de coches
La actuación prevé realizar rebajes en el acerado para facilitar el acceso a los aparcamientos con vados autorizados y se prevé la reurbanización de la calle Medellín para adaptarla a las necesidades de carga y descarga de mercancías en la zona. De igual forma, se modificará el perímetro de la plaza existente en la confluencia de la avenida de la Aurora con calle Cuarteles para facilitar el giro de los vehículos que quieran incorporarse a esta última vía.
El proyecto estipula la eliminación de las barreras arquitectónicas, la semaforización, la nueva señalización y el mantenimiento del arbolado situado a ambos lados de la calzada, según se recoge en los documentos.
El importe de licitación de esta actuación asciende a 374.780 euros y las ofertas se pueden presentar hasta el próximo 2 de marzo. Las previsiones apuntan a que los trabajos, una vez que se inicien, durarán medio año.
lunes, 16 de febrero de 2009
El poderoso influjo del ladrillo (El País)
La caída del precio de la vivienda incide directamente en la economía de los países. Aunque todavía no se puede cuantificar el alcance de la actual depresión en las economías, un estudio de
Los ciclos afectan al endeudamiento y riqueza de los agentes económicos
La Caixa, titulado Consecuencias económicas de los ciclos del precio de la vivienda, elaborado por Oriol Aspachs-Bracons sobre 17 países desarrollados, con datos de los últimos 40 años, constata que la incidencia en el producto interior bruto (PIB), el crédito y la tasa de paro ha sido proporcional a la caída del precio de la vivienda. "La relación entre las fases expansivas y los posteriores episodios de deflación en el sector inmobiliario indica que cuanto mayor ha sido la duración e intensidad de la fase expansiva, mayor ha sido la duración e intensidad de la posterior deflación", sostiene el documento de La Caixa.
Las fases expansivas son aquéllas en las que los precios reales aumentan año tras año de forma ininterrumpida. En el conjunto de los 17 países analizados (entre ellos España, véase gráfico), el precio de la vivienda ha crecido a una tasa interanual media del 2,6% y la mayor parte del tiempo ha estado en una fase expansiva. Durante esas fases expansivas, que duran un promedio de unos seis años, el aumento medio del precio real de la vivienda ha sido del 62% para el conjunto del periodo.
Los episodios de deflación inmobiliaria, a su vez, también han sido frecuentes, aunque menos. En promedio, cada país de los estudiados ha sufrido más de dos periodos de unos cinco años cada uno de contracción, y durante estas fases el precio real de la vivienda ha caído un 23%.
Según el estudio, "en el 93% de los episodios de deflación inmobiliaria se observa una contracción económica; en el 80%, una contracción del crédito, y en el 100%, un aumento de la tasa de paro". El crecimiento del PIB se desacelera en los trimestres posteriores al inicio de la deflación inmobiliaria, toca fondo un año y medio después, con tasas del -1,5%, la contracción del crédito dura dos años y supone una caída del 3% anual, mientras la tasa de paro tiende a crecer y no vuelve a caer hasta pasados cuatro años.
El último ciclo expansivo del precio de la vivienda, en concreto, se ha caracterizado por su elevada sincronización internacional y por su duración e intensidad, que se aproxima al doble de las fases anteriores. En promedio, ha durado 10 años, muy por encima de los seis años que dura una fase expansiva típica, y el precio de la vivienda ha subido más de un 100%, cerca del doble de la media histórica. La expansión ha sido especialmente pronunciada en Bélgica e Irlanda, donde el precio ha subido más de un 200%. España, con una subida del 115% en términos reales, se encuentra en la media de los 17 países que incluye el documento.
¿Qué hace que el sector inmobiliario sea tan especial para la marcha de la economía? En primer lugar, el sector inmobiliario es uno de los más cíclicos (durante los periodos expansivos tiende a crecer más que la media, mientras ocurre lo contrario en los recesivos). Ello es consecuencia, en gran medida, del largo horizonte temporal de las inversiones (el periodo de construcción de una vivienda se prolonga durante dos años, mientras que el plazo medio de amortización de una hipoteca es de 10 años). "Ello hace que las inversiones sean muy sensibles a los cambios de tipo de interés e impide que la oferta del sector se ajuste a las condiciones de cada momento, lo que puede llevar a una sobreoferta en periodo recesivo y exceso de demanda en los contrarios", sostiene.
En consecuencia, los ciclos inmobiliarios se transmiten al resto de la economía debido a las fluctuaciones del precio de la vivienda, ya que éstas afectan a la riqueza y la capacidad de endeudamiento de los agentes económicos. Para las familias, la caída del precio de la vivienda supone una disminución de la riqueza, ya que tienen la mayor parte de ella invertida en el sector inmobiliario, lo que lleva a reducir el consumo y aumentar el ahorro. En España, por ejemplo, en 2007 la riqueza inmobiliaria representaba más del 80% de la riqueza bruta de los hogares. La caída del consumo es especialmente pronunciada cuando parte de éste se financia a crédito utilizando la vivienda como garantía. Esta práctica está muy extendida en Estados Unidos, donde se estima que una disminución del precio de la vivienda del 10% reduce el consumo un 0,9%. En España, donde no está tan extendida, la incidencia es mucho menor: una caída del precio de la vivienda del 10% conllevaría una caída del consumo del 0,3%.
La caída también impacta en la riqueza de las empresas. "Ello es así porque la disminución del precio de la vivienda refleja principalmente una caída del precio del suelo y, por lo tanto, los activos inmobiliarios de las empresas también se deprecian", dice el estudio. Como las familias reducen su consumo, las empresas reducen la producción y la inversión, entre otras cosas porque se encarece su acceso al crédito. El efecto es especialmente importante para las pymes, ya que éstas son las que utilizan más sus activos inmobiliarios como garantía de crédito.
Finalmente, también afecta la rentabilidad de las entidades financieras, pues aumenta el riesgo de que las garantías hipotecarias de los créditos en mora caiga por debajo del valor del crédito concedido. Todo ello puede dificultar su capacidad de financiación y, por tanto, algunas entidades pueden verse obligadas a reducir la oferta de crédito. En este contexto, las entidades prefieren aumentar la liquidez de su activo de forma preventiva para cubrir potenciales eventualidades, lo que también les lleva a reducir la oferta de crédito.
Estos efectos indirectos en las decisiones de familias, empresas y entidades financieras pueden generar una espiral contractiva de la economía de severas consecuencias, asegura el autor del informe. La caída del consumo de los hogares intensifica la caída de la producción y la inversión empresarial. Y, al mismo tiempo, la reducción de la actividad empresarial tiene sus repercusiones directas tanto en el mercado laboral como en el sector financiero.
La subida de la tasa de paro impulsa la caída del consumo, y el aumento de la morosidad de las familias y las empresas aumenta la presión sobre el sector financiero, que puede verse obligado a reducir la oferta de crédito aún más. Además, la menor demanda de los hogares y las empresas hace que los precios inmobiliarios sigan cayendo, amplificando así su efecto inicial. -
Natalidad y tipos de interés
Los augurios sobre la incidencia del precio de la vivienda no pueden ser peores para el periodo venidero. Sin embargo, un análisis más detallado revela que la relación entre las fases expansivas y de deflación tiende a no ser lineal. Hay algunos factores de la última fase expansiva que pueden matizar esta relación. Por ejemplo, parte del crecimiento del sector inmobiliario en algunos países se ha debido al fuerte aumento de la población. Estos factores, especialmente importantes en España, podrían limitar el descenso del precio de la vivienda.
Durante la fase expansiva, uno de los factores principales que impulsó el crecimiento del sector inmobiliario en la mayoría de países fue el bajo nivel de los tipos de interés reales (es decir, los nominales menos la inflación), lo que redujo el coste de financiación e impulsó la oferta y la demanda. En España, por ejemplo, los tipos de interés reales fueron negativos la mayor parte del tiempo entre 2002 y 2006. El aumento de la población y el efecto de la generación del baby boom constituyeron dos factores adicionales que impulsaron la demanda. Asimismo, los puestos de trabajo generados en el sector de la construcción entre 2000 y 2007 representaron el 20%, mientras en Estados Unidos y el Reino Unido supusieron el 14% y el 17%.
Los ciclos afectan al endeudamiento y riqueza de los agentes económicos
La Caixa, titulado Consecuencias económicas de los ciclos del precio de la vivienda, elaborado por Oriol Aspachs-Bracons sobre 17 países desarrollados, con datos de los últimos 40 años, constata que la incidencia en el producto interior bruto (PIB), el crédito y la tasa de paro ha sido proporcional a la caída del precio de la vivienda. "La relación entre las fases expansivas y los posteriores episodios de deflación en el sector inmobiliario indica que cuanto mayor ha sido la duración e intensidad de la fase expansiva, mayor ha sido la duración e intensidad de la posterior deflación", sostiene el documento de La Caixa.
Las fases expansivas son aquéllas en las que los precios reales aumentan año tras año de forma ininterrumpida. En el conjunto de los 17 países analizados (entre ellos España, véase gráfico), el precio de la vivienda ha crecido a una tasa interanual media del 2,6% y la mayor parte del tiempo ha estado en una fase expansiva. Durante esas fases expansivas, que duran un promedio de unos seis años, el aumento medio del precio real de la vivienda ha sido del 62% para el conjunto del periodo.
Los episodios de deflación inmobiliaria, a su vez, también han sido frecuentes, aunque menos. En promedio, cada país de los estudiados ha sufrido más de dos periodos de unos cinco años cada uno de contracción, y durante estas fases el precio real de la vivienda ha caído un 23%.
Según el estudio, "en el 93% de los episodios de deflación inmobiliaria se observa una contracción económica; en el 80%, una contracción del crédito, y en el 100%, un aumento de la tasa de paro". El crecimiento del PIB se desacelera en los trimestres posteriores al inicio de la deflación inmobiliaria, toca fondo un año y medio después, con tasas del -1,5%, la contracción del crédito dura dos años y supone una caída del 3% anual, mientras la tasa de paro tiende a crecer y no vuelve a caer hasta pasados cuatro años.
El último ciclo expansivo del precio de la vivienda, en concreto, se ha caracterizado por su elevada sincronización internacional y por su duración e intensidad, que se aproxima al doble de las fases anteriores. En promedio, ha durado 10 años, muy por encima de los seis años que dura una fase expansiva típica, y el precio de la vivienda ha subido más de un 100%, cerca del doble de la media histórica. La expansión ha sido especialmente pronunciada en Bélgica e Irlanda, donde el precio ha subido más de un 200%. España, con una subida del 115% en términos reales, se encuentra en la media de los 17 países que incluye el documento.
¿Qué hace que el sector inmobiliario sea tan especial para la marcha de la economía? En primer lugar, el sector inmobiliario es uno de los más cíclicos (durante los periodos expansivos tiende a crecer más que la media, mientras ocurre lo contrario en los recesivos). Ello es consecuencia, en gran medida, del largo horizonte temporal de las inversiones (el periodo de construcción de una vivienda se prolonga durante dos años, mientras que el plazo medio de amortización de una hipoteca es de 10 años). "Ello hace que las inversiones sean muy sensibles a los cambios de tipo de interés e impide que la oferta del sector se ajuste a las condiciones de cada momento, lo que puede llevar a una sobreoferta en periodo recesivo y exceso de demanda en los contrarios", sostiene.
En consecuencia, los ciclos inmobiliarios se transmiten al resto de la economía debido a las fluctuaciones del precio de la vivienda, ya que éstas afectan a la riqueza y la capacidad de endeudamiento de los agentes económicos. Para las familias, la caída del precio de la vivienda supone una disminución de la riqueza, ya que tienen la mayor parte de ella invertida en el sector inmobiliario, lo que lleva a reducir el consumo y aumentar el ahorro. En España, por ejemplo, en 2007 la riqueza inmobiliaria representaba más del 80% de la riqueza bruta de los hogares. La caída del consumo es especialmente pronunciada cuando parte de éste se financia a crédito utilizando la vivienda como garantía. Esta práctica está muy extendida en Estados Unidos, donde se estima que una disminución del precio de la vivienda del 10% reduce el consumo un 0,9%. En España, donde no está tan extendida, la incidencia es mucho menor: una caída del precio de la vivienda del 10% conllevaría una caída del consumo del 0,3%.
La caída también impacta en la riqueza de las empresas. "Ello es así porque la disminución del precio de la vivienda refleja principalmente una caída del precio del suelo y, por lo tanto, los activos inmobiliarios de las empresas también se deprecian", dice el estudio. Como las familias reducen su consumo, las empresas reducen la producción y la inversión, entre otras cosas porque se encarece su acceso al crédito. El efecto es especialmente importante para las pymes, ya que éstas son las que utilizan más sus activos inmobiliarios como garantía de crédito.
Finalmente, también afecta la rentabilidad de las entidades financieras, pues aumenta el riesgo de que las garantías hipotecarias de los créditos en mora caiga por debajo del valor del crédito concedido. Todo ello puede dificultar su capacidad de financiación y, por tanto, algunas entidades pueden verse obligadas a reducir la oferta de crédito. En este contexto, las entidades prefieren aumentar la liquidez de su activo de forma preventiva para cubrir potenciales eventualidades, lo que también les lleva a reducir la oferta de crédito.
Estos efectos indirectos en las decisiones de familias, empresas y entidades financieras pueden generar una espiral contractiva de la economía de severas consecuencias, asegura el autor del informe. La caída del consumo de los hogares intensifica la caída de la producción y la inversión empresarial. Y, al mismo tiempo, la reducción de la actividad empresarial tiene sus repercusiones directas tanto en el mercado laboral como en el sector financiero.
La subida de la tasa de paro impulsa la caída del consumo, y el aumento de la morosidad de las familias y las empresas aumenta la presión sobre el sector financiero, que puede verse obligado a reducir la oferta de crédito aún más. Además, la menor demanda de los hogares y las empresas hace que los precios inmobiliarios sigan cayendo, amplificando así su efecto inicial. -
Natalidad y tipos de interés
Los augurios sobre la incidencia del precio de la vivienda no pueden ser peores para el periodo venidero. Sin embargo, un análisis más detallado revela que la relación entre las fases expansivas y de deflación tiende a no ser lineal. Hay algunos factores de la última fase expansiva que pueden matizar esta relación. Por ejemplo, parte del crecimiento del sector inmobiliario en algunos países se ha debido al fuerte aumento de la población. Estos factores, especialmente importantes en España, podrían limitar el descenso del precio de la vivienda.
Durante la fase expansiva, uno de los factores principales que impulsó el crecimiento del sector inmobiliario en la mayoría de países fue el bajo nivel de los tipos de interés reales (es decir, los nominales menos la inflación), lo que redujo el coste de financiación e impulsó la oferta y la demanda. En España, por ejemplo, los tipos de interés reales fueron negativos la mayor parte del tiempo entre 2002 y 2006. El aumento de la población y el efecto de la generación del baby boom constituyeron dos factores adicionales que impulsaron la demanda. Asimismo, los puestos de trabajo generados en el sector de la construcción entre 2000 y 2007 representaron el 20%, mientras en Estados Unidos y el Reino Unido supusieron el 14% y el 17%.
Las otras cuentas pendientes de Martinsa (El Mundo)
Unos 20.000 compradores de las promotoras en quiebra no saben si tendrán sus pisos
Tras ocho meses, los 12.500 de Martinsa luchan aún por recuperar su dinero o su casa
'Sólo quiero que me devuelvan el dinero y olvidarme cuanto antes', dicen los afectados
El Ministerio de Economía decidirá en breve sobre el devenir de la compañía
Llanera, Seop, Hábitat, Restaura, Promodico... Sus cientos de acreedores tendrán difícil recuperar los miles de millones de euros que les adeudan. A la cola de todos ellos, unas 20.000 personas temen que los planos que detallan milimétricamente sus viviendas nunca se materialicen en ladrillos. Son las otras víctimas de la veintena de grandes promotoras y constructoras que han presentado suspensiones de pagos en cadena durante los últimos meses. Y los que más tienen que perder: sus ahorros y un proyecto vital.
Por tamaño y repercusión social, el caso de Martinsa Fadesa es el más representativo de todos los 'concursos de acreedores'. Han pasado ocho meses -14 de julio- desde que la número uno del ladrillo nacional se declaró en quiebra. La mayoría de sus 12.500 clientes siguen ignorando a estas alturas qué suerte van a correr sus casas, aunque el hecho de que en los solares en los que deberían haberse edificado no haya instalada ni una sola grúa ya les da muchas pistas. Su destino está en manos de abogados, asociaciones de consumidores y plataformas de afectados.
En Colmenar Viejo, al norte de Madrid, donde teóricamente tendrían que estar acabados 200 chalés, esta semana sólo había una sucia caseta de ventas desierta, proyectos de calles con una fina base de cemento y cajas de contadores de la luz delante de... nada. A tres de los vecinos que de no haberse ido a pique la empresa de Fernando Martín estarían viviendo allí casi se les saltaban las lágrimas (casi sin el casi) al pisar el lugar en el que en vez de hogares sólo ven tierra removida.
La empresa ha propuesto ampliar de cinco a ocho años el pago de su deuda (desde mediados de 2010 hasta 2017) a cambio de comprometerse a devolver a sus acreedores hasta el último céntimo
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"Lo único que quiero es me devuelvan el dinero que he pagado y olvidarme cuanto antes", confesaba a pie de no obra Antonio Díez Torres, que adelantó unos 100.000 euros por un adosado con piscina comunitaria junto a su hija, otra de las afectadas. Su rosario inmobiliario ha tenido últimamente todas las estaciones en la entidad financiera que supuestamente tiene a buen recaudo su dinero, pero que de momento se niega a devolvérselo alegando que no se han agotado los plazos legales.
No es el único caso. Al menos cuatro entidades financieras están poniendo trabas a lo que se conoce como ejecución del aval; esto es, a reembolsar a los compradores las cantidades que han ido entregando a la promotora, quien, a su vez, tenía obligación de depositarlas en un banco o caja.
Afectados por la quiebra de Martinsa delante de la sede de la compañía en Madrid, el pasado 20 de enero. elmundo.es
La agonía de los avales
Pero situación es aún más crítica para unos 2.000 compradores de la inmobiliaria que dirige el ex presidente del Real Madrid. En sus casos no se llegó ni a formalizar el aval, por lo que ahora tienen dos opciones: iniciar un proceso judicial costoso y probablemente lento o confiar en que se ponga techo a sus sueños, ahora más bien pesadillas.
Fuentes de Martinsa Fadesa aseguran que su intención es reflotar la compañía "para terminar el mayor número de viviendas posible y devolver el dinero de los contratos que tengan que ser rescindidos".
"Lo único que quiero es me devuelvan el dinero que he pagado y olvidarme cuanto antes", confiesa un comprador, Antonio Díez Torres, a pie de 'no obra'
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Más que cómo, que también, el problema es cuándo. La empresa ha propuesto ampliar de cinco a ocho años el pago de su deuda (desde mediados de 2010 hasta 2017) a cambio de comprometerse a devolver a sus acreedores hasta el último céntimo. El Ministerio de Economía es quien tiene que decir sí a este convenio, previa aprobación en el Consejo de Ministros, que podría ser inminente. "Pedimos que se condicione esa excepcionalidad de la ley a que se den garantías a los compradores que carecen de aval, o que les ha caducado, a pesar de que es obligatorio", reclama Mariano Sanz, presidente de la Asociación de Afectados de Martinsa Fadesa en Colmenar Viejo.
A muchos de los 20.000 atrapados involuntariamente en las quiebras inmobiliarias les tocará pasar bastantes páginas del calendario antes de saber si las viviendas que compraron sobre plano son finalmente viviendas o se quedan en planos.
Tras ocho meses, los 12.500 de Martinsa luchan aún por recuperar su dinero o su casa
'Sólo quiero que me devuelvan el dinero y olvidarme cuanto antes', dicen los afectados
El Ministerio de Economía decidirá en breve sobre el devenir de la compañía
Llanera, Seop, Hábitat, Restaura, Promodico... Sus cientos de acreedores tendrán difícil recuperar los miles de millones de euros que les adeudan. A la cola de todos ellos, unas 20.000 personas temen que los planos que detallan milimétricamente sus viviendas nunca se materialicen en ladrillos. Son las otras víctimas de la veintena de grandes promotoras y constructoras que han presentado suspensiones de pagos en cadena durante los últimos meses. Y los que más tienen que perder: sus ahorros y un proyecto vital.
Por tamaño y repercusión social, el caso de Martinsa Fadesa es el más representativo de todos los 'concursos de acreedores'. Han pasado ocho meses -14 de julio- desde que la número uno del ladrillo nacional se declaró en quiebra. La mayoría de sus 12.500 clientes siguen ignorando a estas alturas qué suerte van a correr sus casas, aunque el hecho de que en los solares en los que deberían haberse edificado no haya instalada ni una sola grúa ya les da muchas pistas. Su destino está en manos de abogados, asociaciones de consumidores y plataformas de afectados.
En Colmenar Viejo, al norte de Madrid, donde teóricamente tendrían que estar acabados 200 chalés, esta semana sólo había una sucia caseta de ventas desierta, proyectos de calles con una fina base de cemento y cajas de contadores de la luz delante de... nada. A tres de los vecinos que de no haberse ido a pique la empresa de Fernando Martín estarían viviendo allí casi se les saltaban las lágrimas (casi sin el casi) al pisar el lugar en el que en vez de hogares sólo ven tierra removida.
La empresa ha propuesto ampliar de cinco a ocho años el pago de su deuda (desde mediados de 2010 hasta 2017) a cambio de comprometerse a devolver a sus acreedores hasta el último céntimo
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"Lo único que quiero es me devuelvan el dinero que he pagado y olvidarme cuanto antes", confesaba a pie de no obra Antonio Díez Torres, que adelantó unos 100.000 euros por un adosado con piscina comunitaria junto a su hija, otra de las afectadas. Su rosario inmobiliario ha tenido últimamente todas las estaciones en la entidad financiera que supuestamente tiene a buen recaudo su dinero, pero que de momento se niega a devolvérselo alegando que no se han agotado los plazos legales.
No es el único caso. Al menos cuatro entidades financieras están poniendo trabas a lo que se conoce como ejecución del aval; esto es, a reembolsar a los compradores las cantidades que han ido entregando a la promotora, quien, a su vez, tenía obligación de depositarlas en un banco o caja.
Afectados por la quiebra de Martinsa delante de la sede de la compañía en Madrid, el pasado 20 de enero. elmundo.es
La agonía de los avales
Pero situación es aún más crítica para unos 2.000 compradores de la inmobiliaria que dirige el ex presidente del Real Madrid. En sus casos no se llegó ni a formalizar el aval, por lo que ahora tienen dos opciones: iniciar un proceso judicial costoso y probablemente lento o confiar en que se ponga techo a sus sueños, ahora más bien pesadillas.
Fuentes de Martinsa Fadesa aseguran que su intención es reflotar la compañía "para terminar el mayor número de viviendas posible y devolver el dinero de los contratos que tengan que ser rescindidos".
"Lo único que quiero es me devuelvan el dinero que he pagado y olvidarme cuanto antes", confiesa un comprador, Antonio Díez Torres, a pie de 'no obra'
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Más que cómo, que también, el problema es cuándo. La empresa ha propuesto ampliar de cinco a ocho años el pago de su deuda (desde mediados de 2010 hasta 2017) a cambio de comprometerse a devolver a sus acreedores hasta el último céntimo. El Ministerio de Economía es quien tiene que decir sí a este convenio, previa aprobación en el Consejo de Ministros, que podría ser inminente. "Pedimos que se condicione esa excepcionalidad de la ley a que se den garantías a los compradores que carecen de aval, o que les ha caducado, a pesar de que es obligatorio", reclama Mariano Sanz, presidente de la Asociación de Afectados de Martinsa Fadesa en Colmenar Viejo.
A muchos de los 20.000 atrapados involuntariamente en las quiebras inmobiliarias les tocará pasar bastantes páginas del calendario antes de saber si las viviendas que compraron sobre plano son finalmente viviendas o se quedan en planos.
Vélez-Málaga inicia los trámites para construir 187 VPO (Málaga Hoy)
Un estudio sitúa en 2.576 la cifra de viviendas sociales necesarias en una década
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha puesto en marcha cuatro nuevas promociones de viviendas de protección oficial a través de la Empresa Municipal de Servicios, Vivienda, Infraestructura y Promoción de Vélez-Málaga (Emvipsa). Se trata de 187 nuevas VPO repartidas entre el núcleo principal y Torre del Mar. En la calle Laureano Casquero se van a levantar 80; 37 en la zona del colegio Axarquía; 21 en la Cuesta del Visillo y 49 en la Azucarera en el núcleo costero.
De esta forma el gobierno municipal espera dar respuesta a las necesidades reales de la población que, según un estudio externo, sitúa en 2.576 la demanda en los próximos diez años. De momento, Emvipsa está preparando el pliego de condiciones para sacar a licitación la redacción de los proyectos.
"Para nosotros la vivienda es un asunto prioritario. Vamos a continuar con el trabajo que hicimos en la pasada legislatura y vamos ampliarlo. Aunque antes tendremos arreglar el desorden que dejó el PP en la empresa municipal", manifestó la alcaldesa, María Salomé Arroyo (PSOE) quien denunció que el Partido Popular anunciara la construcción de 2.000 viviendas, que "luego bajó a 800" y "acabó por sortear las que nosotros le dejamos preparado incluso con los préstamos bancarios resueltos".
Arroyó insistió que además de las viviendas de protección oficial, van a poner en marcha desde Emvipsa, la empresa de alquiler, y van a ampliar el convenio de programa de infravivienda que tienen con la Junta de Andalucía.
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha puesto en marcha cuatro nuevas promociones de viviendas de protección oficial a través de la Empresa Municipal de Servicios, Vivienda, Infraestructura y Promoción de Vélez-Málaga (Emvipsa). Se trata de 187 nuevas VPO repartidas entre el núcleo principal y Torre del Mar. En la calle Laureano Casquero se van a levantar 80; 37 en la zona del colegio Axarquía; 21 en la Cuesta del Visillo y 49 en la Azucarera en el núcleo costero.
De esta forma el gobierno municipal espera dar respuesta a las necesidades reales de la población que, según un estudio externo, sitúa en 2.576 la demanda en los próximos diez años. De momento, Emvipsa está preparando el pliego de condiciones para sacar a licitación la redacción de los proyectos.
"Para nosotros la vivienda es un asunto prioritario. Vamos a continuar con el trabajo que hicimos en la pasada legislatura y vamos ampliarlo. Aunque antes tendremos arreglar el desorden que dejó el PP en la empresa municipal", manifestó la alcaldesa, María Salomé Arroyo (PSOE) quien denunció que el Partido Popular anunciara la construcción de 2.000 viviendas, que "luego bajó a 800" y "acabó por sortear las que nosotros le dejamos preparado incluso con los préstamos bancarios resueltos".
Arroyó insistió que además de las viviendas de protección oficial, van a poner en marcha desde Emvipsa, la empresa de alquiler, y van a ampliar el convenio de programa de infravivienda que tienen con la Junta de Andalucía.
Fin de la cuenta atrás en la calle La Unión (Málaga Hoy)
El Metro inicia hoy los desvíos de servicios afectados, fase que se extenderá cuatro meses · Vecinos y comerciantes, entre el temor y la satisfacción por la modernidad que traerá la obra
La cuenta atrás para la llegada del Metro a la calle La Unión torna a su fin. Después de que conociesen la intención de la Junta de Andalucía de trasladar el paso del suburbano de Paseo de los Tilos a su calle, lo que ocurrió en marzo en 2006, los vecinos de esta conocida vía de la capital se topan de lleno con el proyecto de mayor envergadura en la historia reciente de la ciudad. Desde hoy y durante 35 meses, serán testigos del avance de la obra del ferrocarril urbano, hecho que a pocos parece satisfacer.
La incidencia de los trabajos constructivos será progresivo. El primer paso se dará justo hoy con el comienzo de los desvíos de servicios afectados por las zanjas, es decir, saneamiento, telefonía, entre otros, lo que se prolongará cuatro meses y cuya afección será escasa. Será a mediados o finales de junio cuando hagan su entrada las máquinas pantalladoras, encargadas de dar forma al túnel por el que en unos años transitarán los trenes. 14 meses se llevará esta etapa del proyecto, la más molesta para los vecinos y perjudicial para los comerciantes, en tanto que obligará a cortar íntegramente la calle.
Éste es en grosso modo el panorama que dibuja la planificación diseñada por la concesionaria de la obra, Metro Málaga, y que a muchos en La Unión produce temor. Un paseo por la zona confirma la incertidumbre de residentes y empresarios. "Estamos acojonados. Esa es la palabra", afirma uno de los comerciantes de la calle, que opta por mantener el anonimato.
Su temor, como el otros, está vinculado al hecho de que la intervención no contemple un carril de servicio por el que puedan pasar ambulancias y bomberos. La estrechez de la vía lo impide e incluso ha obligado a los técnicos del Metro a dar una solución peculiar para que puedan entrar los dos haces de vía del suburbano, que irán uno sobre otro. La tarea, sin embargo, según los responsables de Ferrocarriles Andaluces no tiene mayor dificultad ni entraña riesgo alguno.
"Si hay un incendio en uno de los edificios no sabemos si los camiones de bomberos podrán entrar, porque toda la calle estará cortada", expresa este mismo comerciante. Sus palabras son avaladas por José Sánchez, propietario del café bar Chiqui. "Tengo la misma preocupación", apostilla, al tiempo que asiente al escuchar al otro interlocutor asegurando que muchos comerciantes no superarán la obra. "Si nos estrangulan la calle quién va a querer ir a nuestros negocios", agrega.
A pocos metros de la cafetería, Teresa, una mujer mayor, arrastra el carro de la compra no sin cierta dificultad. Cuando se le pregunta por el próximo inicio de la obra del suburbano suelta un "uf" cargado de sinceridad. "Nos va a fastidiar a todos", exclama. Enrique Daza, por el contrario, es más optimista. Este vecino, que reside en la calle desde hace cuarenta años, ensalza el proyecto. "Hay que pasar unos inconvenientes pero es un beneficio para siempre. Es bueno para el comercio y nos permitirá ir a cualquier punto de la ciudad", dice con un tono pausado, mientras da un voto de confianza a los ingenieros. "Las cosas hay que hacerlas y no hay que estar asustados".
Hay otros en esta calle que insisten en criticar la decisión de la Junta de trasladar a La Unión el recorrido de la línea 1 (Los Asperones-Malagueta). "Si esta calle fuese como Juan XXIII o como la Avenida de la Aurora sólo podríamos pensar que nos ha tocado en suerte y ya está, pero calle La Unión es más estrecha y al final va a parecer una ratonera", se queja Mario Fernández, comerciante.
Sentado junto al quiosco de su hijo se encuentra Antonio Haro. "Mala idea no es, pero va a joder durante un tiempo", confiesa con toda naturalidad cuando se le pregunta. "Tampoco es algo a lo que podamos decir que no se haga, porque la decisión no es nuestra", apostilla con resignación.
Ante estos argumentos, el director del Metro, Enrique Urkijo, asume las molestias de los trabajos pero ensalza el beneficio del suburbano. "Sobre las pérdidas en deteminados comercios sólo puedo decir que eso vale para todas las calles de la ciudad y no es un argumento para que no pase por esta vía", dijo, al tiempo que destacó el compromiso de la concesionaria por "minimizar" las afecciones. En cuanto a la seguridad, aludió a la información aportada por el jefe de Bomberos, José Cruz, en una reunión con los vecinos, en la que dijo que se podrá acceder a todos los edificios. En esa cita también dijo que ya le gustaría que todos los inmuebles de la capital estuviesen tan bien señalizados como los de la obra del Metro.
La cuenta atrás para la llegada del Metro a la calle La Unión torna a su fin. Después de que conociesen la intención de la Junta de Andalucía de trasladar el paso del suburbano de Paseo de los Tilos a su calle, lo que ocurrió en marzo en 2006, los vecinos de esta conocida vía de la capital se topan de lleno con el proyecto de mayor envergadura en la historia reciente de la ciudad. Desde hoy y durante 35 meses, serán testigos del avance de la obra del ferrocarril urbano, hecho que a pocos parece satisfacer.
La incidencia de los trabajos constructivos será progresivo. El primer paso se dará justo hoy con el comienzo de los desvíos de servicios afectados por las zanjas, es decir, saneamiento, telefonía, entre otros, lo que se prolongará cuatro meses y cuya afección será escasa. Será a mediados o finales de junio cuando hagan su entrada las máquinas pantalladoras, encargadas de dar forma al túnel por el que en unos años transitarán los trenes. 14 meses se llevará esta etapa del proyecto, la más molesta para los vecinos y perjudicial para los comerciantes, en tanto que obligará a cortar íntegramente la calle.
Éste es en grosso modo el panorama que dibuja la planificación diseñada por la concesionaria de la obra, Metro Málaga, y que a muchos en La Unión produce temor. Un paseo por la zona confirma la incertidumbre de residentes y empresarios. "Estamos acojonados. Esa es la palabra", afirma uno de los comerciantes de la calle, que opta por mantener el anonimato.
Su temor, como el otros, está vinculado al hecho de que la intervención no contemple un carril de servicio por el que puedan pasar ambulancias y bomberos. La estrechez de la vía lo impide e incluso ha obligado a los técnicos del Metro a dar una solución peculiar para que puedan entrar los dos haces de vía del suburbano, que irán uno sobre otro. La tarea, sin embargo, según los responsables de Ferrocarriles Andaluces no tiene mayor dificultad ni entraña riesgo alguno.
"Si hay un incendio en uno de los edificios no sabemos si los camiones de bomberos podrán entrar, porque toda la calle estará cortada", expresa este mismo comerciante. Sus palabras son avaladas por José Sánchez, propietario del café bar Chiqui. "Tengo la misma preocupación", apostilla, al tiempo que asiente al escuchar al otro interlocutor asegurando que muchos comerciantes no superarán la obra. "Si nos estrangulan la calle quién va a querer ir a nuestros negocios", agrega.
A pocos metros de la cafetería, Teresa, una mujer mayor, arrastra el carro de la compra no sin cierta dificultad. Cuando se le pregunta por el próximo inicio de la obra del suburbano suelta un "uf" cargado de sinceridad. "Nos va a fastidiar a todos", exclama. Enrique Daza, por el contrario, es más optimista. Este vecino, que reside en la calle desde hace cuarenta años, ensalza el proyecto. "Hay que pasar unos inconvenientes pero es un beneficio para siempre. Es bueno para el comercio y nos permitirá ir a cualquier punto de la ciudad", dice con un tono pausado, mientras da un voto de confianza a los ingenieros. "Las cosas hay que hacerlas y no hay que estar asustados".
Hay otros en esta calle que insisten en criticar la decisión de la Junta de trasladar a La Unión el recorrido de la línea 1 (Los Asperones-Malagueta). "Si esta calle fuese como Juan XXIII o como la Avenida de la Aurora sólo podríamos pensar que nos ha tocado en suerte y ya está, pero calle La Unión es más estrecha y al final va a parecer una ratonera", se queja Mario Fernández, comerciante.
Sentado junto al quiosco de su hijo se encuentra Antonio Haro. "Mala idea no es, pero va a joder durante un tiempo", confiesa con toda naturalidad cuando se le pregunta. "Tampoco es algo a lo que podamos decir que no se haga, porque la decisión no es nuestra", apostilla con resignación.
Ante estos argumentos, el director del Metro, Enrique Urkijo, asume las molestias de los trabajos pero ensalza el beneficio del suburbano. "Sobre las pérdidas en deteminados comercios sólo puedo decir que eso vale para todas las calles de la ciudad y no es un argumento para que no pase por esta vía", dijo, al tiempo que destacó el compromiso de la concesionaria por "minimizar" las afecciones. En cuanto a la seguridad, aludió a la información aportada por el jefe de Bomberos, José Cruz, en una reunión con los vecinos, en la que dijo que se podrá acceder a todos los edificios. En esa cita también dijo que ya le gustaría que todos los inmuebles de la capital estuviesen tan bien señalizados como los de la obra del Metro.
Las obras de la línea 1 del metro llegan hoy a la calle La Unión (SUR)
Las obras de la línea 1 del metro llegan hoy a la calle La Unión con el inicio del tramo Juan XXIII-Renfe. La vida vuelve a la normalidad para comerciantes y vecinos en la zona de la Carretera de Cádiz y la avenida de Velázquez y el metro entra de lleno en la barriada de Cruz del Humilladero, donde uno de los problemas fundamentales será la estrechez de la calle donde se harán las excavaciones.
De la primera fase de los trabajos en la zona de la Carretera de Cádiz sólo faltan por completar algunos metros en el cruce de Molière y en Héroe de Sostoa, junto a la avenida Juan XXIII y la estación de Huelin, en la que todavía quedan pendientes algunas pantallas. En septiembre de 2009 se cerrarán las últimas rampas y la Carretera de Cádiz recuperará la normalidad por completo. Antes, en apenas tres meses, la superficie quedará prácticamente liberada.
Los trabajos en la trama netamente urbana de la línea 1 (Renfe-Teatinos), a su paso por la barriada de Cruz del Humilladero, estaban listos para comenzar en los primeros días de noviembre. Sin embargo, esta fase del proyecto se retrasó para no afectar a los comerciantes de la zona durante la campaña de Navidad. Para ello, se valoró la petición de la Asociación de Comerciantes de Cruz del Humilladero, que alegó que el 70% de sus ventas anuales se producía durante la campaña de Navidad, según puso de relieve su gerente, Elvira de la Torre. Por ello, el colectivo pidió que no se cortara la vía al tráfico en esas fechas.
A distinto nivel
El paso por la calle La Unión, donde se ubicará una estación (en la confluencia con la calle Santa Marta) estará marcado por la cercanía de los edificios, que obligará a situar una vía justo encima de la otra, en un nivel distinto, y no en paralelo como se hace en el resto del trazado.
Inicialmente, se contemplaba el trayecto por el paseo de Los Tilos, aunque se modificó en 2006 para facilitar la construcción de un intercambiador para permitir el paso entre las líneas 1 y 2, que estará junto a la estación de Renfe. La línea 1 ya ha empezado en el campus universitario de Teatinos, por donde discurrirá en superficie. Según las previsiones de la Consejería de Obras Públicas, el resto de tramos, desde el campus de Teatinos hasta el Guadalmedina, estarán en marcha antes de que concluya el primer semestre.
De la primera fase de los trabajos en la zona de la Carretera de Cádiz sólo faltan por completar algunos metros en el cruce de Molière y en Héroe de Sostoa, junto a la avenida Juan XXIII y la estación de Huelin, en la que todavía quedan pendientes algunas pantallas. En septiembre de 2009 se cerrarán las últimas rampas y la Carretera de Cádiz recuperará la normalidad por completo. Antes, en apenas tres meses, la superficie quedará prácticamente liberada.
Los trabajos en la trama netamente urbana de la línea 1 (Renfe-Teatinos), a su paso por la barriada de Cruz del Humilladero, estaban listos para comenzar en los primeros días de noviembre. Sin embargo, esta fase del proyecto se retrasó para no afectar a los comerciantes de la zona durante la campaña de Navidad. Para ello, se valoró la petición de la Asociación de Comerciantes de Cruz del Humilladero, que alegó que el 70% de sus ventas anuales se producía durante la campaña de Navidad, según puso de relieve su gerente, Elvira de la Torre. Por ello, el colectivo pidió que no se cortara la vía al tráfico en esas fechas.
A distinto nivel
El paso por la calle La Unión, donde se ubicará una estación (en la confluencia con la calle Santa Marta) estará marcado por la cercanía de los edificios, que obligará a situar una vía justo encima de la otra, en un nivel distinto, y no en paralelo como se hace en el resto del trazado.
Inicialmente, se contemplaba el trayecto por el paseo de Los Tilos, aunque se modificó en 2006 para facilitar la construcción de un intercambiador para permitir el paso entre las líneas 1 y 2, que estará junto a la estación de Renfe. La línea 1 ya ha empezado en el campus universitario de Teatinos, por donde discurrirá en superficie. Según las previsiones de la Consejería de Obras Públicas, el resto de tramos, desde el campus de Teatinos hasta el Guadalmedina, estarán en marcha antes de que concluya el primer semestre.
Urbanismo amenaza con subastar un edificio abandonado por su propietario (SUR)
El Ayuntamiento abre el tercer expediente de venta forzosa por falta de mantenimiento en los últimos años
EXPEDIENTES CURSADOS
Calle Casas de Campos: Se trata de un edificio situado entre las calles Casas de Campos, Blasco de Garay, Simonet y Tomás de Heredia. Ante la amenaza de subasta, su propietario realojó a dos inquilinos e inició los trámites para rehabilitarlo.
Calle Mariscal, 3 y 5: Se trata de un conocido caso de un inmueble con inquilinos y 'okupas' que se encuentra en mal estado. El Ayuntamiento llegó a subastarlo pero ningún promotor quiso comprarlo. Ahora estudia qué hacer con el edificio.
Calle Gaona, 16: Urbanismo ha iniciado el expediente para declarar el incumplimiento de la función social de la propiedad en este caso ante la dejadez de los dueños, a los que ha enviado numerosas órdenes para efectuar medidas de mantenimiento desde el año 1997.La historia se repite, por tercera vez en los últimos años. El Ayuntamiento se ve obligado a sacar a subasta un edificio privado ante la dejadez de sus propietarios para mantenerlo adecuadamente después de múltiples requerimientos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Esta vez le ha tocado el turno al inmueble situado en el número 16 de la calle Gaona, justo frente a la iglesia de San Felipe Neri y al lado de la casa que ha sido rehabilitada para albergar una colección particular de valiosas piezas de vidrio.
La casa presenta un aspecto lamentable y el Consistorio ha tenido muchas dificultades para procurar su arreglo. Según comentaron fuentes de Urbanismo, han sido numerosas las notificaciones enviadas a los dueños desde 1997 para instarles a que efectuaran reparaciones con el fin de garantizar la seguridad de la construcción, pero ninguna tuvo éxito. Además, los técnicos municipales se personaron en el edificio en varias ocasiones sin que lograran entrar para comprobar su estado.
Inquilinos
«La verdad es que no hemos podido saber en qué momento se encuentra actualmente y si hay o no inquilinos habitando la casa», comentaron las fuentes. Por ello, la Gerencia de Urbanismo ha incoado el expediente de declaración del incumplimiento de la función social de la propiedad.
Este procedimiento, contemplado en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, consiste en colocar al edificio en una situación de venta forzosa después de que su propietario no haya iniciado las obras requeridas en el plazo de un año. Se inicia entonces la ejecución por sustitución, para que sea otro propietario quien lleve a cabo las reparaciones para devolver los edificios a un estado correcto de conservación. Además, el nuevo dueño debe hacerse cargo de realojar a los inquilinos, si los hubiera, durante las obras.
El trámite sí dio resultado en el caso de una construcción situada entre las calles Casas de Campos, Blasco de Garay, Simonet y Tomás de Heredia. Su dueño optó por realojar a dos inquilinos que habitaban el inmueble e iniciar los trámites para su rehabilitación.
Sin embargo, no ha corrido la misma suerte el tercero de los edificios que también tiene un expediente de incumplimiento de la propiedad. Se trata del ubicado en los números 3 y 5 de la calle Mariscal. El Consistorio llegó a subastarlo a mediados del año pasado por 2, 4 millones de euros, pero ningún promotor se interesó por su compra. La situación de crisis, y la obligación de realojar a los inquilinos hicieron que ningún empresario se presentara a la subasta, y quedó desierta.
El dueño de este inmueble señaló que un juzgado ha admitido a trámite un recurso contra la tramitación emprendida por el Ayuntamiento. Además, insistió en que la presencia de 'okupas' -los inquilinos legales no llegan a la decena- le impide llevar a cabo las mejoras que le exige Urbanismo.
EXPEDIENTES CURSADOS
Calle Casas de Campos: Se trata de un edificio situado entre las calles Casas de Campos, Blasco de Garay, Simonet y Tomás de Heredia. Ante la amenaza de subasta, su propietario realojó a dos inquilinos e inició los trámites para rehabilitarlo.
Calle Mariscal, 3 y 5: Se trata de un conocido caso de un inmueble con inquilinos y 'okupas' que se encuentra en mal estado. El Ayuntamiento llegó a subastarlo pero ningún promotor quiso comprarlo. Ahora estudia qué hacer con el edificio.
Calle Gaona, 16: Urbanismo ha iniciado el expediente para declarar el incumplimiento de la función social de la propiedad en este caso ante la dejadez de los dueños, a los que ha enviado numerosas órdenes para efectuar medidas de mantenimiento desde el año 1997.La historia se repite, por tercera vez en los últimos años. El Ayuntamiento se ve obligado a sacar a subasta un edificio privado ante la dejadez de sus propietarios para mantenerlo adecuadamente después de múltiples requerimientos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Esta vez le ha tocado el turno al inmueble situado en el número 16 de la calle Gaona, justo frente a la iglesia de San Felipe Neri y al lado de la casa que ha sido rehabilitada para albergar una colección particular de valiosas piezas de vidrio.
La casa presenta un aspecto lamentable y el Consistorio ha tenido muchas dificultades para procurar su arreglo. Según comentaron fuentes de Urbanismo, han sido numerosas las notificaciones enviadas a los dueños desde 1997 para instarles a que efectuaran reparaciones con el fin de garantizar la seguridad de la construcción, pero ninguna tuvo éxito. Además, los técnicos municipales se personaron en el edificio en varias ocasiones sin que lograran entrar para comprobar su estado.
Inquilinos
«La verdad es que no hemos podido saber en qué momento se encuentra actualmente y si hay o no inquilinos habitando la casa», comentaron las fuentes. Por ello, la Gerencia de Urbanismo ha incoado el expediente de declaración del incumplimiento de la función social de la propiedad.
Este procedimiento, contemplado en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, consiste en colocar al edificio en una situación de venta forzosa después de que su propietario no haya iniciado las obras requeridas en el plazo de un año. Se inicia entonces la ejecución por sustitución, para que sea otro propietario quien lleve a cabo las reparaciones para devolver los edificios a un estado correcto de conservación. Además, el nuevo dueño debe hacerse cargo de realojar a los inquilinos, si los hubiera, durante las obras.
El trámite sí dio resultado en el caso de una construcción situada entre las calles Casas de Campos, Blasco de Garay, Simonet y Tomás de Heredia. Su dueño optó por realojar a dos inquilinos que habitaban el inmueble e iniciar los trámites para su rehabilitación.
Sin embargo, no ha corrido la misma suerte el tercero de los edificios que también tiene un expediente de incumplimiento de la propiedad. Se trata del ubicado en los números 3 y 5 de la calle Mariscal. El Consistorio llegó a subastarlo a mediados del año pasado por 2, 4 millones de euros, pero ningún promotor se interesó por su compra. La situación de crisis, y la obligación de realojar a los inquilinos hicieron que ningún empresario se presentara a la subasta, y quedó desierta.
El dueño de este inmueble señaló que un juzgado ha admitido a trámite un recurso contra la tramitación emprendida por el Ayuntamiento. Además, insistió en que la presencia de 'okupas' -los inquilinos legales no llegan a la decena- le impide llevar a cabo las mejoras que le exige Urbanismo.
domingo, 15 de febrero de 2009
El alquiler subió el 4,3% en enero, tres puntos y medio más que el IPC (La Opinión)
El precio de los alquileres aumentó el 4,3 por ciento en enero, tres puntos y medio más que la inflación, que se situó en el 0,8 por ciento, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
EFE Esta subida está en línea con la variación experimentada durante el año pasado, cuando osciló entre el 4,1 y el 4,4 por ciento, crecimientos que hasta el mes de octubre se situaron por debajo de la inflación general, que comenzó a caer empujada por los precios del crudo y de algunos alimentos.
En mayor medida que el arrendamiento subieron los precios de los materiales para la conservación de la vivienda, que en enero se encarecieron un 4,5 por ciento, en tanto que los precios de los servicios para la conservación de la vivienda aumentaron el 3,5 por ciento.
Cantabria, con una subida del 7,5 por ciento, es la comunidad autónoma donde más se incrementaron los alquileres en enero, mientras que en el otro extremo se situó Navarra, con un aumento del 2,6 por ciento.
EFE Esta subida está en línea con la variación experimentada durante el año pasado, cuando osciló entre el 4,1 y el 4,4 por ciento, crecimientos que hasta el mes de octubre se situaron por debajo de la inflación general, que comenzó a caer empujada por los precios del crudo y de algunos alimentos.
En mayor medida que el arrendamiento subieron los precios de los materiales para la conservación de la vivienda, que en enero se encarecieron un 4,5 por ciento, en tanto que los precios de los servicios para la conservación de la vivienda aumentaron el 3,5 por ciento.
Cantabria, con una subida del 7,5 por ciento, es la comunidad autónoma donde más se incrementaron los alquileres en enero, mientras que en el otro extremo se situó Navarra, con un aumento del 2,6 por ciento.
La banca acreedora de Habitat sopesa renunciar a las garantías sobre los inmuebles (La Opinión)
La banca acreedora de Promociones Habitat está abierta a renunciar a las garantías sobre los activos de la promotora, actualmente en proceso concursal, lo que facilitará la venta ordenada de inmuebles y suelo para devolver la deuda, que suma 2.348 millones, han explicado a Efe fuentes jurídicas.
EFE Esto supone de hecho que la deuda seguiría viva pero sin la carga de garantía hipotecaria, con lo que la banca mantendría la totalidad de su deuda sin quitas (descuentos), pero la empresa ganaría margen de maniobra para poder vender activos y devolver los créditos pendientes de manera progresiva.
Promociones Habitat, controlado por Bruno Figueras, su familia y Josep Suñol -los accionistas mayoritarios- es sólo una de las ocho sociedades que presentaron concurso de acreedores pero el grupo en total suman una cuarentena de empresas.
Portavoces de Habitat han declinado hacer cualquier comentario a causa de que la sociedad se encuentra bajo administración judicial, al haber presentado concurso el pasado 4 de diciembre, siendo el concurso de acreedores más importante de España en el sector inmobiliario después de la de Martinsa-Fadesa.
Precisamente el ejemplo de Martinsa-Fadesa es lo que está haciendo que tanto la banca, como los accionistas y la administración judicial se hayan "conjurado", según las fuentes consultadas, para sacar adelante la empresa a pesar de la difícil situación.
La Caixa, uno de los principales acreedores, junto con otros bancos, está defendiendo esta línea de actuación para que Habitat pueda seguir en funcionamiento.
Así se han acabado dos importantes promociones: Porta Nord en L'Hospitalet de Llobregat, muy cerca de Barcelona, y la de Fuentelucha en Madrid, ambas con preventas realizadas, en el caso de Porta Nord del 80%, que permitirán a la compañía obtener nuevos ingresos.
En ambos casos, Ferrovial, también accionista de la empresa, ha llevado a cabo las obras pendientes, con lo que se ha podido mantener el principio de empresa en funcionamiento y la sociedad cuenta con una tesorería de 30 millones de euros para seguir ejecutando obras.
Precisamente, el pasado jueves 12 se mantuvo una reunión entre la banca acreedora, la dirección de la empresa, representantes del bufete Uría y Menéndez, que asesoran a Habitat, y los administradores judiciales, dentro de la línea de colaboración que se ha impuesto en este concurso.
Esta buen predisposición de la banca busca cumplir un calendario con el que se podría firmar un convenio de concurso después del verano, evitar una fuerte depreciación de los activos, al ir acabando las obras; levantar el concurso antes de final de año y conseguir que Habitat empiece a devolver en serio su crédito sindicado a partir de 2010.
En la reunión, sí han aflorado tensiones, pero más vinculadas a qué promociones se acometen, ya que cada banco quiere que sean prioritarios aquellos proyectos que él tiene hipotecados.
El capital de Habitat se reparte entre Figueras y su socio Josep Suñol, que controlan el 55%, seguidos de Ferrovial (20%) y los socios minoritarios Emilio Cuatrecases, Dolores Ortega, Isaak Andic, Emilio Rodés y Construcciones Castro, con otro 25%.
Por su parte, los principales bancos acreedores, con el 44% del pasivo del concurso, son Caja Madrid (218 millones), La Caixa (199 millones), BBVA (190 millones), Banco Popular (178 millones) Banco Santander (149 millones), y Banco Sabadell (119 millones).
El resto de la deuda bancaria se reparte entre otros bancos y cajas que, incluyendo a los mayoritarios, suman 38 entidades, entre las que destaca el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), dependiente de la Generalitat, con una deuda contraída de 77 millones. La deuda financiera suma el 85% del pasivo.
EFE Esto supone de hecho que la deuda seguiría viva pero sin la carga de garantía hipotecaria, con lo que la banca mantendría la totalidad de su deuda sin quitas (descuentos), pero la empresa ganaría margen de maniobra para poder vender activos y devolver los créditos pendientes de manera progresiva.
Promociones Habitat, controlado por Bruno Figueras, su familia y Josep Suñol -los accionistas mayoritarios- es sólo una de las ocho sociedades que presentaron concurso de acreedores pero el grupo en total suman una cuarentena de empresas.
Portavoces de Habitat han declinado hacer cualquier comentario a causa de que la sociedad se encuentra bajo administración judicial, al haber presentado concurso el pasado 4 de diciembre, siendo el concurso de acreedores más importante de España en el sector inmobiliario después de la de Martinsa-Fadesa.
Precisamente el ejemplo de Martinsa-Fadesa es lo que está haciendo que tanto la banca, como los accionistas y la administración judicial se hayan "conjurado", según las fuentes consultadas, para sacar adelante la empresa a pesar de la difícil situación.
La Caixa, uno de los principales acreedores, junto con otros bancos, está defendiendo esta línea de actuación para que Habitat pueda seguir en funcionamiento.
Así se han acabado dos importantes promociones: Porta Nord en L'Hospitalet de Llobregat, muy cerca de Barcelona, y la de Fuentelucha en Madrid, ambas con preventas realizadas, en el caso de Porta Nord del 80%, que permitirán a la compañía obtener nuevos ingresos.
En ambos casos, Ferrovial, también accionista de la empresa, ha llevado a cabo las obras pendientes, con lo que se ha podido mantener el principio de empresa en funcionamiento y la sociedad cuenta con una tesorería de 30 millones de euros para seguir ejecutando obras.
Precisamente, el pasado jueves 12 se mantuvo una reunión entre la banca acreedora, la dirección de la empresa, representantes del bufete Uría y Menéndez, que asesoran a Habitat, y los administradores judiciales, dentro de la línea de colaboración que se ha impuesto en este concurso.
Esta buen predisposición de la banca busca cumplir un calendario con el que se podría firmar un convenio de concurso después del verano, evitar una fuerte depreciación de los activos, al ir acabando las obras; levantar el concurso antes de final de año y conseguir que Habitat empiece a devolver en serio su crédito sindicado a partir de 2010.
En la reunión, sí han aflorado tensiones, pero más vinculadas a qué promociones se acometen, ya que cada banco quiere que sean prioritarios aquellos proyectos que él tiene hipotecados.
El capital de Habitat se reparte entre Figueras y su socio Josep Suñol, que controlan el 55%, seguidos de Ferrovial (20%) y los socios minoritarios Emilio Cuatrecases, Dolores Ortega, Isaak Andic, Emilio Rodés y Construcciones Castro, con otro 25%.
Por su parte, los principales bancos acreedores, con el 44% del pasivo del concurso, son Caja Madrid (218 millones), La Caixa (199 millones), BBVA (190 millones), Banco Popular (178 millones) Banco Santander (149 millones), y Banco Sabadell (119 millones).
El resto de la deuda bancaria se reparte entre otros bancos y cajas que, incluyendo a los mayoritarios, suman 38 entidades, entre las que destaca el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), dependiente de la Generalitat, con una deuda contraída de 77 millones. La deuda financiera suma el 85% del pasivo.
El exceso de vivienda se absorberá antes de mediados de 2012 (La Opinión)
El excedente de vivienda sin vender se absorberá antes de mediados de 2012, fecha que supone el peor escenarios expuesto en un informe sobre el sector inmobiliario publicado en el boletín Información Comercial Española (ICE) que elabora el Ministerio de Industria.
EFE Estas previsiones tienen en cuenta las 900.000-1.000.000 de casas que había sin vender en 2007, más las 380.000 que comenzaron a construirse ese año y no se vendieron, por lo que se incorporarán al mercado entre 2008 y 2009. Según este estudio, el escenario más positivo se produciría si el sector ajustara su oferta al ritmo de crecimiento de la demanda de los últimos años, es decir, si en los próximos años se venden casas al ritmo de años anteriores. De esta forma, la absorción del exceso de vivienda se llevaría a cabo en el primer o tercer trimestre de 2010, según las previsiones del estudio que utiliza los datos del Colegio de Registradores o del Ministerio de Vivienda, respectivamente. En el caso de que continúe el descenso de las compraventas de vivienda experimentado en 2008 (42,5 por ciento menos en el tercer trimestre), el ajuste del sector se prolongará hasta mediados de 2010 o principios de 2011, respectivamente. No obstante, el informe indica que si no se contrae la oferta y "se apuntala de manera artificial se estaría agravando y posponiendo el necesario ajuste del sector". En este sentido, destaca que en los tres primeros trimestres de 2008 se iniciaron un 42,5 por ciento menos de viviendas que en el mismo periodo del año anterior. Este estudio achaca el excedente de vivienda a que la demanda por motivos distintos a los residenciales ha disminuido en los últimos años, debido a que una gran parte de ella enmascaraba a inversores y especuladores, animados por los incentivos fiscales a la compra (la cuenta ahorro vivienda o las desgravaciones fiscales) que utilizaban "de manera perversa".
La Junta afirma que no ayudará en el convento de San Andrés (La Opinión)
IU asevera que el Ejecutivo regional responde que en estos momentos tiene "otras prioridades" en la provincia
LA OPINIÓN. MÁLAGA La Junta de Andalucía ha justificado no colaborar en la rehabilitación del convento de San Andrés de la capital malagueña aludiendo a que ahora tiene "otras prioridades" en la provincia, según se desprende de una respuesta parlamentaria a Izquierda Unida. De igual modo, la coalición ha denunciado que el Ayuntamiento no haya puesto en práctica la moción aprobada el pasado mes de abril para desarrollar el proyecto que recupere este inmueble, incluido en el Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz con la categoría de monumento.
En respuesta a las preguntas presentadas por el parlamentario malagueño de la coalición, José Antonio Castro, la consejera de Cultura, Rosa Torres, resaltó que los titulares del patrimonio son los encargados de su conservación, mantenimiento y custodia -en este caso el Consistorio de Málaga-. "Dada la extensión e importancia del patrimonio histórico de la provincia, la existencia de otras prioridades de actuación sobre el mismo, así como el importante volumen de intervenciones que se están desarrollando sobre bienes de titularidad autonómica, la Consejería no ha tenido la opción de programar, por el momento, alguna forma de colaboración con el Ayuntamiento para la rehabilitación de este inmueble", declaró. El parlamentario andaluz indicó que "estamos ante una nueva guerra partidista sobre un asunto que no sólo mejoraría el patrimonio municipal, es decir, un bien público, sino que en época de crisis, su rehabilitación viene a contribuir a paliar estos problemas". "Ni el Ayuntamiento ni la Junta pueden desentenderse", advirtió José Antonio Castro.
LA OPINIÓN. MÁLAGA La Junta de Andalucía ha justificado no colaborar en la rehabilitación del convento de San Andrés de la capital malagueña aludiendo a que ahora tiene "otras prioridades" en la provincia, según se desprende de una respuesta parlamentaria a Izquierda Unida. De igual modo, la coalición ha denunciado que el Ayuntamiento no haya puesto en práctica la moción aprobada el pasado mes de abril para desarrollar el proyecto que recupere este inmueble, incluido en el Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz con la categoría de monumento.
En respuesta a las preguntas presentadas por el parlamentario malagueño de la coalición, José Antonio Castro, la consejera de Cultura, Rosa Torres, resaltó que los titulares del patrimonio son los encargados de su conservación, mantenimiento y custodia -en este caso el Consistorio de Málaga-. "Dada la extensión e importancia del patrimonio histórico de la provincia, la existencia de otras prioridades de actuación sobre el mismo, así como el importante volumen de intervenciones que se están desarrollando sobre bienes de titularidad autonómica, la Consejería no ha tenido la opción de programar, por el momento, alguna forma de colaboración con el Ayuntamiento para la rehabilitación de este inmueble", declaró. El parlamentario andaluz indicó que "estamos ante una nueva guerra partidista sobre un asunto que no sólo mejoraría el patrimonio municipal, es decir, un bien público, sino que en época de crisis, su rehabilitación viene a contribuir a paliar estos problemas". "Ni el Ayuntamiento ni la Junta pueden desentenderse", advirtió José Antonio Castro.
La Junta iniciará en un mes la protección de Bellavista (La Opinión)
La delegación de Cultura ultima el proyecto para proteger de forma genérica el barrio residencial. La protección incluirá un número importante de viviendas
ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA Aunque el anterior delegado de Cultura de la Junta, Francisco López, calculó el año pasado que la protección genérica de Bellavista sería una realidad tras el verano de 2008, lo cierto es que la maquinaria burocrática ha sido mucho más lenta.
Sin embargo, la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía informó ayer de que, dentro de un mes, tendrá listo el informe técnico que propone la protección genérica de Bellavista, a falta de corregir cuatro aspectos del expediente.
Fuentes oficiales han señalado que el paso siguiente será el envío del proyecto a la Dirección General de Bienes Culturales, en Sevilla, para que estudie el expediente y dé a conocer una resolución antes de 18 meses.
Según explican estas fuentes, la protección genérica afectará a "un número grande o importante de casas", aunque no han precisado la cantidad, ya que, señalan, la dirección general puede variar la cifra.
La protección genérica supone un escalón menos que el Bien de Interés Cultural, y obligaría a los particulares o administraciones públicas que realicen obras en la zona protegida a comunicarlas a la delegación de Cultura para que estudie autorizarlas o no.
Además, una vez que se incoe el expediente, el nivel de protección será el mismo que si ya se hubiera aprobado. La inclusión del barrio de Bellavista en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Artístico de Andalucía se debe al valor arquitectónico de este importante conjunto de casas de veraneo de la burguesía malagueña de finales del XIX y principios del XX.
La iniciativa de la Junta de Andalucía parte de un escrito de los propietarios de dos viviendas afectadas por un proyecto de Urbanismo que implicaba el derribo de sus casas, de ahí que pidieran la protección arquitectónica. Se trata de los números 42 y 40 de la avenida del Pintor Sorolla, esta última casa, obra del arquitecto del Teatro Cervantes, Gerónimo Cuervo, que la diseñó en 1895.
Proyecto de Urbanismo. El proyecto de Urbanismo consistía en hacer ´desembocar´ en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso el vial de cornisa, un arco interior que recorrerá la ciudad desde Antonio Molina, pasando por la avenida de Valle Inclán y el Camino de los Almendrales. La carretera se realizaría junto al arroyo del Café y conllevaría el derribo de un bloque de seis plantas, además de las dos viviendas que ahora ya no podrán ser demolidas.
La Academia de San Telmo criticó la apertura de la carretera, por la destrucción de la casa de Gerónimo Cuervo y el daño irreparable que sufriría el ficus de Bellavista, el mejor ejemplar de ficus microcarpa de Málaga.
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, reiteró ayer a este diario que se replanteará el proyecto y en caso de llevarse a cabo (pues se estudian cinco alternativas) el vial no desembocará en el paseo marítimo sino un poco antes, en la avenida del Pintor Sorolla, salvándose así dos de las viviendas afectadas, incluida la de Gerónimo Cuervo.
El Ayuntamiento considera, al contrario que la academia de San Telmo, que el ficus de Bellavista no sufriría daño alguno con la nueva carretera.
ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA Aunque el anterior delegado de Cultura de la Junta, Francisco López, calculó el año pasado que la protección genérica de Bellavista sería una realidad tras el verano de 2008, lo cierto es que la maquinaria burocrática ha sido mucho más lenta.
Sin embargo, la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía informó ayer de que, dentro de un mes, tendrá listo el informe técnico que propone la protección genérica de Bellavista, a falta de corregir cuatro aspectos del expediente.
Fuentes oficiales han señalado que el paso siguiente será el envío del proyecto a la Dirección General de Bienes Culturales, en Sevilla, para que estudie el expediente y dé a conocer una resolución antes de 18 meses.
Según explican estas fuentes, la protección genérica afectará a "un número grande o importante de casas", aunque no han precisado la cantidad, ya que, señalan, la dirección general puede variar la cifra.
La protección genérica supone un escalón menos que el Bien de Interés Cultural, y obligaría a los particulares o administraciones públicas que realicen obras en la zona protegida a comunicarlas a la delegación de Cultura para que estudie autorizarlas o no.
Además, una vez que se incoe el expediente, el nivel de protección será el mismo que si ya se hubiera aprobado. La inclusión del barrio de Bellavista en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Artístico de Andalucía se debe al valor arquitectónico de este importante conjunto de casas de veraneo de la burguesía malagueña de finales del XIX y principios del XX.
La iniciativa de la Junta de Andalucía parte de un escrito de los propietarios de dos viviendas afectadas por un proyecto de Urbanismo que implicaba el derribo de sus casas, de ahí que pidieran la protección arquitectónica. Se trata de los números 42 y 40 de la avenida del Pintor Sorolla, esta última casa, obra del arquitecto del Teatro Cervantes, Gerónimo Cuervo, que la diseñó en 1895.
Proyecto de Urbanismo. El proyecto de Urbanismo consistía en hacer ´desembocar´ en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso el vial de cornisa, un arco interior que recorrerá la ciudad desde Antonio Molina, pasando por la avenida de Valle Inclán y el Camino de los Almendrales. La carretera se realizaría junto al arroyo del Café y conllevaría el derribo de un bloque de seis plantas, además de las dos viviendas que ahora ya no podrán ser demolidas.
La Academia de San Telmo criticó la apertura de la carretera, por la destrucción de la casa de Gerónimo Cuervo y el daño irreparable que sufriría el ficus de Bellavista, el mejor ejemplar de ficus microcarpa de Málaga.
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, reiteró ayer a este diario que se replanteará el proyecto y en caso de llevarse a cabo (pues se estudian cinco alternativas) el vial no desembocará en el paseo marítimo sino un poco antes, en la avenida del Pintor Sorolla, salvándose así dos de las viviendas afectadas, incluida la de Gerónimo Cuervo.
El Ayuntamiento considera, al contrario que la academia de San Telmo, que el ficus de Bellavista no sufriría daño alguno con la nueva carretera.
Las empresas de construcción recurren a la obra pública para recuperar su actividad. Marbella (SUR)
Las pymes se vuelcan con los proyectos de los planes de empleo, en algunos casos con temor de que la falta de aval bancario les deje fuera
El tren ya está en marcha y nadie quiere quedarse en la estación. La maquinaria de los planes estatal y regional para fomentar el empleo, que dejarán en la ciudad 25,6 millones de euros para obras públicas con el fin último de arañar durante unos meses parados a las listas del desempleo, está más que engrasada y las constructoras están reaccionando como se esperaba. Las pequeñas y medianas empresas de la ciudad se afanan estos días en buscar asesoramiento, recopilar toda la documentación y presentar sus ofertas al medio centenar de concursos públicos abiertos por el Ayuntamiento para intentar recuperar su actividad, venida a menos por el parón del 'ladrillo'. Ya se sabe, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. La economía aprieta y el negocio hay que buscarlo allá donde esté, en este caso al calor de las administraciones locales.
El goteo de interesados en hacerse con alguna de las obras, que en algunos casos superan los dos millones de euros, es continuo. Dan fe en la Unidad de Contratación del Ayuntamiento, epicentro estos días de las gestiones de los 47 proyectos que se financiarán con cargo al Plan Estatal de Inversión Local del Gobierno central -conocido como 'Plan ZP- que dejará este año en Marbella 22,3 millones de euros, y los cuatro sufragados por el Programa de Transición al Empleo (Proteja) de la Junta de Andalucía, con una cuantía global de 3,2 millones de euros. «Teniendo en cuenta que son proyectos con presupuestos muy altos y que el plazo para presentar las ofertas es muy corto -al ser por la vía de urgencia se limita a diez días- el volumen de ofertas que se está recibiendo es enorme», confirman en el departamento.
Más demanda
Lo demuestra el hecho de que a las dos primeras actuaciones licitadas y con el plazo de recepción de propuestas concluido, caso de la remodelación de la avenida de Las Cumbres de Las Chapas y de la mejora en la red de pluviales de la supermanzana JKL de Nueva Andalucía, hayan concurrido siete y ocho ofertas respectivamente, cuando la media en situaciones normales ronda las tres empresas. Y eso sólo con las dos primeras. Aún restan 49 más.
La demanda de información, paso previo a postularse como adjudicatario, también es continua. No sólo a través de la propia Unidad de Contratación o de la página web del Ayuntamiento, donde se cuelgan todos los concursos de obra pública. Los colectivos de pymes y de constructores dan un toque de atención a sus asociados para que no dejen pasar la oportunidad de subirse al carro en una época donde el sector inmobiliario ha echado el freno.
«Estamos asesorando todo lo que podemos para orientarles sobre cómo deben acudir a la licitación», explica Violeta Aragón, gerente de la Asociación de Constructores y Promotores. No tiene duda del interés que despiertan ambos planes entre los constructores. «El sector está totalmente parado y la obra pública en la única oportunidad de trabajo. Lo ven como una salida temporal», añade. La misma actividad frenética viven estos días en la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella y San Pedro Alcántara (Apymem). Su presidenta en funciones, África Pino, alude también al tirón de la fórmula de las uniones temporales de empresas. «Se están haciendo entre algunas para ver si las obras se pueden quedar aquí», apunta.
En el caso de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara (Apymespa), la acogida es más tibia, según señala su gerente, María José Fernández. Lo achaca quizá a que parte de sus más de 300 asociados no se asemejen al perfil para acometer las obras o a que no puedan concurrir por ser entidades modestas. También a que finalmente, recibida la información, hayan ofertado sin comunicárselo.
Dinero seguro
En lo que sí coinciden todos es en que es una oportunidad única que esperan no se vea truncada por el tira y afloja con los bancos. Algunas empresas ya han mostrado su temor a que la falta de avales les apee de los concursos. Desde la Asociación de Constructores y Promotores lo descartan. «Hemos hablado con algunos bancos y no habrá problemas porque es dinero seguro», añade Aragón.
El tren ya está en marcha y nadie quiere quedarse en la estación. La maquinaria de los planes estatal y regional para fomentar el empleo, que dejarán en la ciudad 25,6 millones de euros para obras públicas con el fin último de arañar durante unos meses parados a las listas del desempleo, está más que engrasada y las constructoras están reaccionando como se esperaba. Las pequeñas y medianas empresas de la ciudad se afanan estos días en buscar asesoramiento, recopilar toda la documentación y presentar sus ofertas al medio centenar de concursos públicos abiertos por el Ayuntamiento para intentar recuperar su actividad, venida a menos por el parón del 'ladrillo'. Ya se sabe, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. La economía aprieta y el negocio hay que buscarlo allá donde esté, en este caso al calor de las administraciones locales.
El goteo de interesados en hacerse con alguna de las obras, que en algunos casos superan los dos millones de euros, es continuo. Dan fe en la Unidad de Contratación del Ayuntamiento, epicentro estos días de las gestiones de los 47 proyectos que se financiarán con cargo al Plan Estatal de Inversión Local del Gobierno central -conocido como 'Plan ZP- que dejará este año en Marbella 22,3 millones de euros, y los cuatro sufragados por el Programa de Transición al Empleo (Proteja) de la Junta de Andalucía, con una cuantía global de 3,2 millones de euros. «Teniendo en cuenta que son proyectos con presupuestos muy altos y que el plazo para presentar las ofertas es muy corto -al ser por la vía de urgencia se limita a diez días- el volumen de ofertas que se está recibiendo es enorme», confirman en el departamento.
Más demanda
Lo demuestra el hecho de que a las dos primeras actuaciones licitadas y con el plazo de recepción de propuestas concluido, caso de la remodelación de la avenida de Las Cumbres de Las Chapas y de la mejora en la red de pluviales de la supermanzana JKL de Nueva Andalucía, hayan concurrido siete y ocho ofertas respectivamente, cuando la media en situaciones normales ronda las tres empresas. Y eso sólo con las dos primeras. Aún restan 49 más.
La demanda de información, paso previo a postularse como adjudicatario, también es continua. No sólo a través de la propia Unidad de Contratación o de la página web del Ayuntamiento, donde se cuelgan todos los concursos de obra pública. Los colectivos de pymes y de constructores dan un toque de atención a sus asociados para que no dejen pasar la oportunidad de subirse al carro en una época donde el sector inmobiliario ha echado el freno.
«Estamos asesorando todo lo que podemos para orientarles sobre cómo deben acudir a la licitación», explica Violeta Aragón, gerente de la Asociación de Constructores y Promotores. No tiene duda del interés que despiertan ambos planes entre los constructores. «El sector está totalmente parado y la obra pública en la única oportunidad de trabajo. Lo ven como una salida temporal», añade. La misma actividad frenética viven estos días en la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella y San Pedro Alcántara (Apymem). Su presidenta en funciones, África Pino, alude también al tirón de la fórmula de las uniones temporales de empresas. «Se están haciendo entre algunas para ver si las obras se pueden quedar aquí», apunta.
En el caso de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara (Apymespa), la acogida es más tibia, según señala su gerente, María José Fernández. Lo achaca quizá a que parte de sus más de 300 asociados no se asemejen al perfil para acometer las obras o a que no puedan concurrir por ser entidades modestas. También a que finalmente, recibida la información, hayan ofertado sin comunicárselo.
Dinero seguro
En lo que sí coinciden todos es en que es una oportunidad única que esperan no se vea truncada por el tira y afloja con los bancos. Algunas empresas ya han mostrado su temor a que la falta de avales les apee de los concursos. Desde la Asociación de Constructores y Promotores lo descartan. «Hemos hablado con algunos bancos y no habrá problemas porque es dinero seguro», añade Aragón.
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