El PSOE denuncia trato de favor en Campanillas a un «constructor del PP» (SUR)

Fuentes asegura que se le han concedido quince contrataciones en los últimos tres años por un importe de 370.00 euros

El equipo de gobierno reta a que demuestre cualquier irregularidad y aclara que trabaja con el Ayuntamiento desde hace 25 años

El PSOE anunció ayer un presunto trato de favor en el Ayuntamiento de Málaga por parte del equipo de gobierno. El beneficiario sería un pequeño constructor, especializado en obras menores, «consejero político del PP», que en los últimos tres años ha facturado 369.093,31 euros por quince actuaciones en el distrito de Campanillas.

El portavoz socialista, Rafael Fuentes, reveló ayer los quince contratos «a dedo» concedido a la empresa de Miguel Ángel Pérez Barba entre 2006 y 2008. Siete de esas quince actuaciones adjudicadas se realizaron por un importe que «sólo por céntimos es menor a 30.000 euros», evitando así tener que hacer un concurso público.

Las obras se refieren a acerados en Campanillas, Manceras, Castañeta, Santa Rosalía, Maqueda y El Tarajal, arreglos de mantenimiento -carpintería, pintura, instalación de rejas y persianas- en colegios públicos del distrito y otras reparaciones menores.

Fuentes aportó documentos que demuestran que, en el pleno de octubre de 2006, Miguel Ángel Pérez Barba fue nombrado representante del PP en el distrito de Campanillas a propuesta de la entonces portavoz popular, Mariví Romero. El PSOE facilitó fotocopia de un acta electoral que demuestra la participación de Pérez Barba como interventor del PP en los comicios europeos de este mismo año.

No obstante, el edil socialista descartó de momento la vía penal para denunciar ese presunto trato de favor y dijo estar a la espera de que el alcalde, Francisco de la Torre, dé explicaciones sobre este hecho y de «cuántas adjudicaciones más se han dado a dedo a esta empresa. Escucharemos primero su justificación y su visión de los hechos».

El alcalde respondió dos horas después a los periodistas sobre esta denuncia del PSOE. «No hay ninguna contratación a ningún consejero del PP en el distrito de Campanillas», aseguró, y añadió que hay «un reparto bastante proporcionado de los contratos de adjudicación directa». De la Torre pidió a Fuentes que sea «más preciso» y que hable «con más exactitud».

Por su parte, el concejal del distrito de Campanillas, José Eugenio Hazañas, desmintió que exista un trato de favor hacia este contratista. «Se trata de una pequeña empresa familiar de Campanillas, que lleva más de 25 años trabajando para el Ayuntamiento», comentó Hazaña. Así, la empresa ha realizado trabajos en los gobiernos del PSOE de Pedro Aparicio y del PP de Celia Villalobos y de Francisco de la Torre.

El edil popular ni siquiera cree que Miguel Ángel Pérez Barba sea militante del partido. «Un año fue como suplente de consejero de distrito y estuvo cinco meses ejerciendo», puntualizó. Al mismo tiempo, defendió las contrataciones efectuadas de acuerdo a la ley. En esos tres años, el distrito ha adjudicado a más de veinte empresas un total de 2,6 millones para la ejecución de 276 obras. Hazaña facilitó la relación de adjudicatarios y luego instó al PSOE a que diga cuál de ellos es el favorecido por el equipo de gobierno. La empresa de Pérez Barba no está entre las tres primeras.

La Junta construirá la mitad de las tres mil VPO previstas al norte de El Cónsul (SUR)

El Gobierno andaluz paga 29 millones de euros por una superficie de treinta hectáreas de terreno en la zona de Lagar de Oliveros para hacer 1.300 viviendas

La realización de los pisos está pendiente de varios trámites urbanísticos

21.10.09 -

JESÚS HINOJOSA | MÁLAGA

La zona de Lagar de Oliveros, situada entre El Cónsul y Puerto de la Torre, será el escenario en el que la Junta de Andalucía realizará su mayor promoción de viviendas protegidas en la capital. Para este enclave, que la Administración regional ya marcó en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) del área metropolitana como zona preferente para la construcción de pisos protegidos, el Consejo de Gobierno autorizó ayer a la Consejería de Vivienda una inversión de 29,03 millones de euros para la compra de 29,65 hectáreas de terreno, casi la tercera parte del ámbito de Lagar de Oliveros, que tiene una superficie superior al millón de metros cuadrados.

En este suelo, la Junta prevé levantar unas 1.300 casas de protección oficial, lo que supone casi la mitad de las 3.148 previstas por el Ayuntamiento tanto en Lagar de Oliveros como en el sector de Soliva Oeste (la prolongación hacia el norte de la nueva barriada de Soliva). Fuentes de la Consejería de Vivienda señalaron que la operación de adquisición de los terrenos está cerrada ya con los propietarios y que la construcción de los pisos dependerá de varios trámites urbanísticos que están pendientes para la zona y que pueden demorarse aún varios años.

Para avanzar en la planificación de Lagar de Oliveros, el Consistorio aprobó una modificación del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que todavía está pendiente de culminarse. No obstante, esta ordenación también está recogida en el nuevo PGOU, por lo que si la aprobación de éste se produce antes que la modificación, un trámite suplirá al otro.

Superada este fase, la Junta «podrá abordar directamente los proyectos de construcción o bien poner los suelos a disposición de otros promotores para su desarrollo», apuntaron desde la Consejería de Vivienda. Asimismo, resaltaron que «con ello se contribuirá a paliar la carencia de terrenos para usos residenciales protegidos en la capital malagueña, donde existe una demanda de aproximadamente 20.000 VPO a diez años vista».

La compra de estos suelos forma parte del plan de obtención de suelo para vivienda protegida que la Junta inició el año pasado en los 39 municipios andaluces que presentan una mayor demanda. Al margen de esta nueva operación de suelo para 1.300 casas protegidas, el Gobierno andaluz tiene previsto promover otras 700 en la nueva barriada de Sánchez Blanca, junto a la avenida de Ortega y Gasset (antigua carretera de Cártama). No obstante, en este caso, su construcción también está pendiente de la culminación de trámites urbanísticos para, por un lado, efectuar una permuta con otros suelos en Rincón de la Victoria y, por otro, aprobar la ordenación del sector.

Cesiones

Desde la Consejería de Vivienda indicaron que la labor de la Junta en la promoción de VPO en Málaga capital sería mayor si el Ayuntamiento le facilitara suelos para poder construir las viviendas.

Por otro lado, el Consistorio ha dado los primeros pasos para la realización de 192 viviendas protegidas en el sector conocido como Camino de Olías, en la zona este de la ciudad. Se trata de unos terrenos que abarcan una superficie de 81.780 metros cuadrados. El Ayuntamiento va a contratar por 44.561 euros el diseño de la ordenación del ámbito, que incluye un centro comercial de 10.090 metros cuadrados construidos.

Los alcaldes de la Axarquía exigen cambios legales para reactivar el ladrillo. Vélez-Málaga (SUR)

El ladrillo vuelve a estar en el punto de mira. Y mientras que Almogía se encuentra en plena investigación, los alcaldes de la Axarquía acaban de crear una Mesa de Trabajo por el Urbanismo en la comarca. No quieren renunciar a la construcción, a la que ven como una fuente de desarrollo de los municipios. Por eso, gobiernos de todos los signos políticos han plantado cara a la Junta de Andalucía, a la que exigen que flexibilice las normas para reimpulsar el sector urbanístico, ahora totalmente paralizado, debido a los constantes procedimientos judiciales abiertos por supuestas irregularidades en materia de planeamiento, que afectan a la mayor parte de los pueblos de la comarca.

La Mesa de Trabajo por el Urbanismo de la Axarquía, creada en el seno de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental, se encargará de debatir y elevar a la Junta de Andalucía las modificaciones que habrá que realizar en la Ley de Ordenación Urbanística andaluza (LOUA) para reimpulsar el ladrillo.

La mesa está formada por 20 de los 31 municipios de la comarca, la propia Mancomunidad, la Diputación de Málaga y la Asociación de Provincial Constructores, que deberán encontrar una solución a las más de 10.000 viviendas ilegales (22.000, según los ecologistas) construidas en suelo no urbanizable, situación que ha llevado incluso a algunos colectivos de propietarios a pedir incluso la amnistía para las casas fuera de ordenación. A nadie se le escapa que la mesa nace a remolque de la iniciativa de los alcaldes socialistas de exigir que las presuntas irregularidades cometidas se resuelvan por la vía del derecho administrativo y no la penal. La Consejería rehusó la invitación de la Mancomunidad de formar parte de la Mesa de Trabajo por el Urbanismo.

Otro eslabón de la cadena. Almogía (SUR)

El presunto nuevo caso de corrupción destapado en la provincia pasa a engrosar en último lugar una larga lista. Decenas de ayuntamientos están ya bajo sospecha por irregularidades urbanísticas

21.10.09 -

M. A. GONZÁLEZ / A. SALAZAR | MÁLAGA

Ocho alcaldes malagueños tienen causas pendientes con la Justicia

No importa el tamaño del municipio ni el signo del partido que lo gobierne. Ninguna localidad, grande o pequeña, de la costa o del interior, de izquierdas o de derechas está libre de sospechas cuando se trata de presuntas corrupciones urbanísticas. La supuesta trama destapada ayer en Almogía es un eslabón más de la cadena de irregularidades en la construcción que recorre la provincia y que no parece tener fin.

La 'operación Malaya', que saltó a los medios de comunicación en marzo de 2006, supuso el inicio de una serie de investigaciones que están descubriendo la impunidad con la que algunos regidores han estado otorgando licencias de obra en sus términos municipales. Tres años después, los acusados empiezan las primeras vistas en los tribunales en un macrojuicio sin precedentes en el que se darán cita 103 procesados. Pero este sonado caso, que tuvo como antecedente la 'operación Saqueo', no sólo puso la lupa sobre los municipios de la Costa del Sol. El celo en las investigaciones también ha salpicado a toda España.

El interior no se libra

La Costa del Sol no es la única afectada. En el interior, durante años se permitió que lo que en principio eran permisos para construir una casa de aperos en un suelo rústico no urbanizable se convirtieran de la noche a la mañana en un impresionantes chalés. Y todo con el beneplácito de las autoridades. Cuando los municipios rurales empezaron a crecer, se convirtieron en el nuevo objetivo de las promotoras.

A principios de 2007 y en medio de la expectación mediática levantada por el 'caso Malaya', que ocupó páginas y páginas de la prensa rosa, Alhaurín el Grande protagonizó su propio caso de presunta corrupción. La 'operación Troya' desvelaba supuestos pagos irregulares de los promotores a los responsables municipales.

Después llegó el 'caso Astapa', en junio de 2008. Con 63 imputados, todos ellos en libertad, la localidad de Estepona acaparó la actualidad nacional con lo que en principio parecía una segunda 'Malaya', aunque después perdió intensidad. Pese a esto, parte del tejido político, económico y social del municipio se vio salpicado por supuestos delitos de malversación, cohecho, prevaricación, blanqueo y tráfico de influencias. La instrucción del caso sigue en pañales debido a la lentitud judicial y los imputados aún no saben cuándo tendrán que declarar ante el juez.

La alargada sombra de la corruptela planeó por primera vez sobre la Axarquía en febrero de 2009. La Guardia Civil inició la 'operación Arcos' en la que se investiga la supuesta promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable.

Implicados

Estas operaciones se han saldado con la detención de concejales, arquitectos, abogados, promotores e incluso regidores. En la provincia, actualmente ocho alcaldes tienen causas pendientes por supuesta corrupción, seis del PSOE, uno del PP y uno de Convergencia Andaluza.

Se trata de los regidores socialistas de Fuente de Piedra, Francisco Hidalgo; Alfarnatejo, Antonio Benítez; Sayalonga, José Luis Navas; Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda; y La Viñuela, Juan Millán. También está imputado el popular Juan Martín Serón, de Alhaurín el Grande. El último que tendrá que rendir cuentas ante la justicia es Juan Vera (Convergencia Andaluza), alcalde de Tolox.

A esta lista se unen los ex alcaldes de Alcaucín, José Manuel Martín Alba (PSOE); de Estepona, Jesús Gil Marín y Antonio Barrientos; y de Marbella, Marisol Yagüe y Julián Muñoz. Al menos hasta ahora

«Esto no tiene nada que ver con lo que está pasando en otros ayuntamientos». Almogía (SUR)

El alcalde de Almogía asegura que si resulta imputado en la presunta trama abandonará el cargo y dejará el PSOE

Cristóbal Torreblanca se muestra «completamente tranquilo»

21.10.09 -

A. M. / G. M. | MÁLAGA

Se encontraba en la sede de la Diputación Provincial, en la capital, cuando recibió una llamada de su primer teniente de alcalde, que le comunicaba que la Guardia Civil estaba registrando el Consistorio y que requería su presencia. El alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca, rápidamente salió hacia el municipio.

Su pronunciamiento no se hizo esperar. A mediodía de ayer, en un comunicado oficial de la alcaldía, Torreblanca, comunicó a la dirección del PSOE que si resulta imputado por algún delito en las actuaciones judiciales relacionadas con el Ayuntamiento que preside, renunciará a su cargo y al acta de concejal y se dará de baja del partido. «Si fuera imputado formalmente, me defenderé sin implicaciones para el pueblo de Almogía y para el Partido Socialista», dijo.

Torreblanca aseguró además que la operación que desarrolla el Seprona, «no tiene nada que ver con lo que está pasando en otros ayuntamientos. No se han producido detenciones, ni creo que se vayan a producir. Estoy completamente tranquilo», aseguró. El también diputado provincial del área de Organización y Gobierno Interior añadió que se había puesto en contacto con el presidente de la Diputación malagueña, el socialista Salvador Pendón, para informarle de los acontecimientos.

Estaba en la Diputación

Precisamente, Torreblanca conocía ayer el comienzo del registro en Málaga capital, en la sede de la Diputación provincial situada en la calle Pacífico, durante una reunión de la Junta de Gobierno. El alcalde de Almogía recibió una llamada de su primer teniente de alcalde, que le comunicaba que la Guardia Civil había requerido su presencia y que estaban buscando documentos en el Consistorio del municipio. Torreblanca informó a Pendón sobre el requerimiento y se ausentó de la reunión, que finalizó poco después.

Sosegado

Testigos de este momento afirman que el regidor municipal se comportó de forma normal y que estaba «completamente tranquilo». Otros conocidos de Torreblanca con los que pudo hablar este periódico a lo largo de la tarde confirmaron que el regidor continuaba afrontando la situación de forma sosegada y que manifestó en varias ocasiones que no tenía nada que temer porque toda su gestión era «correcta».

No compartía esta opinión el único concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almogía, José Vila: «Asistimos al 'boom' inmobiliario que comenzó en el 2003. Desde entonces se han levantado muchas construcciones legales, pero también otras que no lo son tanto, y en suelo no urbanizable. Hay proyectos de actuaciones rechazados en pleno y en el que las casas están levantadas», afirmó. El edil popular añadió que en los plenos, tanto su partido como IU, también en la oposición, han denunciado la existencia de construcciones ilegales, «y hemos exigimos que se pasara nota a la Fiscalía de Málaga».

Por su parte, Diego Aranda, concejal de IU, aseguró que no le sorprendía la intervención de la Guardia Civil: «Si hay 300 expedientes abiertos por infracciones urbanísticas, también hay muchos paralizados», dijo.

La Guardia Civil citará a declarar a una veintena de imputados en el 'caso Almogía' (SUR)

Investiga presuntos delitos contra la ordenación del territorio,prevaricación y tráfico de influencias en 15 expedientes urbanísticos

P. R. QUIRÓS / G. MARTÍNEZ / J. CANO | MÁLAGA / ALMOGÍA

La Guardia Civil tiene previsto llamar a declarar a una veintena de imputados por presuntas irregularidades urbanísticas en el municipio de Almogía, cuyo Ayuntamiento fue sometido durante todo el día de ayer a un registro efectuado por una docena de agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) y de la Policía Judicial del Instituto Armado en Málaga. Los agentes entraron en las dependencias municipales sobre las ocho y media de la mañana y dieron por finalizado el registro a las nueve de la noche; es decir, doce horas después. Además de la Casa Consistorial del municipio, los agentes realizaron registros en la Casa de la Cultura, en donde había información correspondiente a expedientes que se remontan al año 2006.

Según fuentes próximas al caso, se investigan un total de quince expedientes urbanísticos, por presuntos delitos contra la Ordenación del Territorio, prevaricación y tráfico de influencias, ya que, supuestamente, alguno de ellos afectaría a familiares de miembros de la actual corporación municipal.

Este periódico ha podido saber que la investigación, que comenzó a mediados de año y que en estos momentos está supervisada por el fiscal de Medio Ambiente, se inició cuando el Seprona revisó la situación en la que se encontraban las denuncias realizadas por sus agentes en relación a construcciones ilegales en suelo rústico no urbanizable en los diferentes municipios de la provincia.

En el caso de Almogía se trataba de un total de quince denuncias que, según las fuentes consultadas, no habrían sido debidamente tramitadas por los responsables municipales, de ahí el presunto delito de prevaricación.

El registro en las dependencias municipales comenzó a primera hora de la mañana de ayer en presencia del alcalde de Almogía, el socialista Cristóbal Torreblanca, del arquitecto municipal y del secretario del Ayuntamiento. Durante horas, la Guardia Civil revisó la documentación referente a los expedientes que obraban en poder del Consistorio, así como la información almacenada en los discos duros de los ordenadores. En el registro también estuvieron presentes el primer y segundo teniente de alcalde, dos concejalas y funcionarios de distintos departamentos, según afirmó el propio Torreblanca.

Ayer no hubo ningún imputado, y tampoco detenidos. De hecho, el regidor municipal de Almogía salió en varias ocasiones para atender a las preguntas de los medios de comunicación, y también para tomarse un café. Los agentes, el alcalde y los representantes municipales almorzaron dentro del consistorio para no interrumpir el trabajo de la investigación.

Al menos aparentemente, Cristóbal Torreblanca parecía tranquilo, y así aseguró sentirse. Junto a la puerta del Consistorio, el alcalde de Almogía afirmó no estar sorprendido por la intervención de la Guardia Civil: «Llevaban varios meses pidiéndonos documentación», dijo.

También afirmó que el equipo de gobierno había abierto cerca de 300 expedientes por infracciones urbanísticas en el municipio, todas relacionadas con construcciones en suelo no urbanizable.

Además, confirmó que los agentes del Seprona y de la Policía Judicial de la Guardia Civil se centraban «en 14 o 15 expedientes en concreto», y dijo que en caso de ser imputado renunciará a su cargo como regidor, que ostenta desde hace 29 años, y a su acta de diputado provincial. También aseguró que se dará de baja en el partido.

Este periódico ha confirmado que la investigación del caso, sobre el que pesa el secreto de sumario decretado ayer por el juzgado de Instrucción número 12, se inicio de oficio, después de que el Seprona realizara un seguimiento sobre las denuncias que efectuó por las construcciones en suelo no urbanizable.

Estas denuncias surgieron a raíz de la investigación que el Seprona comenzó a mediados de este año en toda la provincia y que supuso una exhaustiva inspección de todo el territorio, al objeto de detectar las construcciones levantadas de forma irregular.

De la 'A' a la 'Z'

Para ello desplegó a todos sus efectivos -40 agentes en total-, que distribuyó por todas las comarcas y que hicieron un barrido, pueblo a pueblo y por riguroso orden alfabético. Sólo el trabajo efectuado en una veintena de ellos -todos comenzaban por la letra A- supuso que el Seprona levantara medio centenar de actas de infracción, que remitió tanto a la Delegación de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Analucía como a la Fiscalía de Medio Ambiente. No sería improbable, por tanto, que situaciones como la que ayer se vivió en el Ayuntamiento de Almogía se repitieran en algún otro pueblo inspeccionado en su día por los agentes.

El administrador del Byblos solicita liquidar la empresa y extinguir los empleos (Málaga Hoy)

Los sindicatos, contrarios a la medida, insisten en que hay otras alternativas para evitar el cierre del establecimiento

El administrador concursal del hotel Byblos, ubicado en Mijas, ha solicitado la liquidación de la empresa y la extinción de empleo de la plantilla, la cual está compuesta por un total de 114 trabajadores, entre fijos y fijos-dicontinuos, según informaron fuentes del comité de empresa. La secretaria provincial de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO, Dolores Villalba, manifestó ayer su disconformidad con la medida. "Estamos en contra de esta decisión", comentó, al tiempo que anunció que su organización "no va a firmar ningún expediente que suponga la extinción de la empresa y más aún cuando hay entidades interesadas en la adquisición del hotel". Villalba consideró que lo ocurrido con el establecimiento es consecuencia de "una mala gestión por parte de una empresa que está lejana al sector turístico".

En este sentido, el miembro del comité de empresa Eduardo Rojas, de CGT, señaló que existe "una empresa de capital sueco que está interesada en la gestión del hotel Byblos". Además, estimó que esta propuesta podría haberse incluido en la resolución. Rojas también recordó que la administración concursal "nunca ha aceptado las propuestas de los sindicatos, como por ejemplo el plan de regulación temporal". "Parece que sólo quieren el cierre del Byblos", concluyó.

Respecto a los plazos para presentar un recurso de reposición, los sindicatos cuentan con cinco días para abordar la finalización de la actividad y otros treinta días para el expediente de extinción de la plantilla, explicó Villalba. Por su parte, Rojas adelantó que la próxima reunión con la administración concursal se celebrará entre mañana y el jueves.

Cabe recordar que el hotel Byblos está sujeto a un procedimiento concursal desde el pasado febrero en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga y lo explota desde finales de 2005 la promotora inmobiliaria Aifos, que se encuentra en suspensión de pagos. De hecho, los empleados del hotel atraviesan una difícil situación económica, ya que se les adeuda la paga extra de diciembre de 2008, la mitad del salario del pasado julio, así como las nóminas de agosto, septiembre y octubre de este año, entre otros. A pesar de que el hotel continúa abierto, el nivel de ocupación tan sólo alcanza el 15%, ya que la mayoría de las contrataciones se realizan mediante internet.

Alcaldes de la Axarquía insisten en modificar la ley urbanística. Vélez-Málaga (Málaga Hoy)

Los regidores destacan, en la primera reunión de la mesa de la Mancomunidad de Municipios, la necesidad de dar una salida a la "preocupación" de los vecinos afectados

Los alcaldes de la comarca de la Axarquía dieron ayer un paso más en la búsqueda de soluciones a la compleja situación urbanística que atraviesan. Exigen una regularización de la construcción en el medio rural de forma sostenible para tranquilidad de los vecinos y de ellos mismos como administración responsable en la concesión de licencias. Ayer se convocó la primera mesa de trabajo urbanística a instancias de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía en la que se expusieron todos los casos concretos que "afectan de forma angustiosa a las familias" de los distintos municipios y se acordó estudiar cada uno de los artículos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) con el fin de poder modificarlos de forma consensuada y dar traslado a la Junta de Andalucía.

En el encuentro también participaron la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, y María Teresa Pérez, diputada provincial de Fomento Local y Red Viaria; un representante de la Unión de Constructores y Empresarios y del sindicatos Comisiones Obreras. Tras la constitución de la mesa en la que participaron una veintena de representantes locales, los regidores acordaron tener encuentros mensuales con el objetivo de debatir, analizar y reflexionar sobre el desajuste urbanístico, normativo y legal que viene padeciendo la comarca. Todo ello con el fin de buscar soluciones ante la situación de inseguridad que se ha generado entre ciudadanos e instituciones.

"Todos coincidimos en que necesitamos un arreglo. Hay que dar una salida a los vecinos que están preocupados por su situación legal. No se puede legislar desde sitios donde se desconoce la idiosincrasia de la comarca", opinó José Manuel Aranda (PSOE), alcalde de Canillas de Aceituno, para quien "si existe alguna responsabilidad es de todas las administraciones". Además, dijo que no es lógico que haya una ley sin reglamento y de aplicación en municipios en los que no hay planeamiento. "Hay que regularizar y no prohibir. No se puede llevar a gente trabajadora a un juzgado y cerrar las puertas de los pueblos para tener que irnos todos a la costa", lamentó.

El alcalde de Cómpeta, José Luis Torres (PP), expuso que en esta mesa se tratará de "transcribir la realidad que vivimos los municipios de la Axarquía en materia urbanística". "Vamos a estudiar de forma conjunta las propuestas para afrontar de la mejor manera las dificultades que atravesamos".

Por su parte el alcalde de Almáchar, José Luis Gámez (IU), lamentó que se esté generando tanta tensión por la construcción "de viviendas para campesinos y agricultores con callos en las manos de tanto trabajar". El regidor afirmó que las casas en el campo existen desde la expulsión de los moriscos, "y sin embargo ahora a sus propietarios se les está criminalizando". "Queremos que se cambie la LOUA para poder ver algún horizonte. No puede ser un delito penal que se hagan viviendas con un uso agrario compartido con el residencial", denunció Gámez, que recalcó: "Los legisladores no entienden que no puede ser lo mismo el urbanismo de la Axarquía que el de Antequera".

Con esta mesa buscan aunar esfuerzos y trazar líneas de actuación que les permitan salvaguardar sus intereses urbanísticos sin que ello implique una invasión del medio ambiente ni asfixia al crecimiento de los pueblos. Sobre los planteamientos prácticos y las medidas a iniciar sobrevuela su preocupación por la resolución legal de los procesos legales. La mayoría de los regidores denuncia que se resuelven en su contra cuando muchas de las licencias para construir en suelo rústico se dieron antes de la LOUA.

La Guardia Civil investiga a miembros de la Corporación y funcionarios municipales de Almogía (Málaga Hoy)

Agentes del SEPRONA y de la Policía Judicial de la Guardia Civil participan en esta investigación sobre temas urbanísticos · En función del registro, se podrían producir detenciones a lo largo de esta mañana

La Guardia Civil está investigando a miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Almogía y a funcionarios municipales en el marco del registro que está efectuando desde primeras horas de esta mañana en las dependencias del Consistorio, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

En el registro están participando miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y de la Policía Judicial de la Guardia Civil dentro de una investigación sobre temas urbanísticos, informaron a Europa Press en fuentes de la investigación.

El alcalde del municipio, Cristóbal Torreblanca, se encontraba esta mañana en las dependencias de la Diputación de Málaga cuando fue requerido y acudió hasta el Ayuntamiento de su localidad, donde gobierna desde 1983. Además, es diputado provincial desde 1995 y actualmente es responsable del Área de Organización y Gobierno Interior.

El citado municipio, que está gobernado por el PSOE, estaba siendo investigado en los últimos meses por un equipo de la Guardia Civil. La decisión de registrar el ayuntamiento tiene como objetivo tratar de confirmar en la documentación de la corporación municipal esa investigación, que según las primeros datos tiene que ver con temas urbanísticos.

Las fuentes consultadas por Europa Press indicaron que en función del registro y de las pesquisas de la Benemérita se podrían producir detenciones a lo largo de la mañana de hoy.

El municipio, que cuenta con más de 4.000 habitantes, está gobernado por el PSOE, que tiene ocho concejales, mientras que IU tiene dos y el PP uno.

Vélez premiará a las constructoras que contraten mano de obra local (La Opinión)

El Ayuntamiento de Vélez Málaga, através de la empresa municipal de Vivienda, ha puesto en marcha un registro de empresas del ámbito de la construcción del término municipal para impulsar la creación de puestos de trabajo y priorizar la contratación de vecinos de la localidad.

Según explicó el concejal de Urbanismo, Salvador Marín, el proyecto surge con el objetivo de configurar un listado de empresas que puedan concursar a las obras civiles locales y tengan el compromiso de subcontratar servicios, materiales y mano de obra en Vélez Málaga. "Uno de los requisitos de estas empresas será la contratación del personal existente en el municipio. Si lo hacen así una puntuación en el concurso", añadió el edil.

El gerente de la empresa municipal, José Luis Portillo, anunció que este registro de sociedades locales es el primero de la provincia que empezará a funcionar y detalló que inscripción de las mismas se hará de forma voluntaria.

Está previsto que el proyecto se apruebe en el Consejo de Administración que la empresa municipal celebrará esta semana. José Luis Portillo adelantó que la Empresa Municipal invertirá 4 millones de euros en obras encomendadas en las que se priorizan la contratación de los trabajos del carril bici, el Museo de Arte Contemporáneo, el edificio de Asuntos Sociales y la remodelación de la Casa Baco en la futura oficina de turismo

Además, adelantó que esta semana se aprobará la inclusión de la Renta Básica Municipal, que premiará con puntuación a las empresas que aporten cuantías económicas al proyecto, diseñado con el objetivo de garantizar el trabajo a 180 familias durante seis meses.

El equipo de gobierno local ha lanzado esta medida para paliar la situación de cientos de veleños que no reciben prestaciones económicas después de percibir el desempleo. Un colectivo en vías de exclusión en estos momentos de recesión económica, que complican el acceso al mercado laboral.

La Junta invierte 3 millones de los fondos europeos en dos parques (La Opinión)

El consejero de Presidencia, Antonio Ávila, visitó ayer los parques de Veracruz y Benamaina, en Benalmádena, en los que se ha invertido una partida aproximada de 2,9 millones euros procedentes de los fondos europeos. Ambos espacios, que pasan a formar parte del conjunto de zonas verdes del municipio, tienen una superficie de seis hectáreas consagradas integramente al ocio de los vecinos.

El nuevo parque de Veracruz, situado en Arroyo de la Miel, de unas 24.000 metros de zona rústica más 12.500 de zona ajardinada en el recinto vallado, ha sido posible gracias al encauzamiento del arroyo del mismo nombre, extremo que destacó ayer el consejero de Presidencia. "El nivel de la obra, que ha costado unos tres millones, ha permitido la creación de esta zona verde con flora y especies autóctonas para el disfrute de los vecinos". Por su parte, el nuevo parque de Benamaina cuenta con alrededor de 17.000 metros.

El consejero afirmó ayer que estas actuaciones "contribuyen a modernizar y mejorar la infraestructuras y supone, además, un revulsivo para la economía y el empleo local". Además manifestó que Benalmádena es objeto "de una variada intervención en materia medioambiental y de obras públicas, lo que la convierte en receptora de importantes recursos que están destinados a mejorar sus actuales dotaciones".

El alcalde del municipio, Enrique Moya, reseñó la colaboración existente entre ambas administraciones, pues el proyecto hidrológico forestal ha sido subvencionado en un 25 por ciento por el Ayuntamiento y en un 75 por ciento por la Junta de Andalucía con cargo a los fondos europeos. Asimismo, el Consistorio se encargó de ceder los terrenos en un convenio suscrito con la desaparecida Cuenca Mediterránea.

Ávila se refirió al Plan Proteja de la Junta de Andalucía, que en Benalmádena, "ha dejado 12 proyectos con una inversión de en torno a un millón y medio de euros", lo que, destacó, ha supuesto el mantenimiento y creación de puestos de trabajo en el entorno de la localidad. En este sentido, se refirió al adecentamiento de colegios de la localidad además de la mejora del hogar del jubilado o la Casa de la Cultura de Benalmádena.

Un edil quiso desalojar al Ayuntamiento de un local que le alquila. Marbella (La Opinión)

El concejal popular tramitó una demanda de desahucio para exigir más dinero por el arrendamiento del edificio

Conservatorio. La sede actual, en la plaza Puente de Ronda. P.S.

PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA Uno de los ediles que forman parte del gobierno municipal del PP en Marbella inició trámites el pasado marzo para demandar al propio Ayuntamiento al que pertenece y desahuciarle de uno de los locales de su propiedad.

El concejal en cuestión, Antonio Maíz, delegado en asuntos de Sanidad, forma parte de una sociedad familiar que le arrenda desde hace quince años al Consistorio uno de los inmuebles que posee. La instalación, de 1.500 metros cuadrados y ubicada en la céntrica plaza de Puente de Ronda, ha funcionado desde entonces y hasta ahora como conservatorio municipal de música y danza. Pero no lo hará en el futuro.

Negociación. La reclamación previa para iniciar el procedimiento de desahucio fue interpuesta el pasado 26 de marzo, tal y como cita el propio informe jurídico del Ayuntamiento al que ha tenido acceso este periódico. "Ha sido un simple acto administrativo para forzar la negociación con el gobierno municipal del PP", justificaron fuentes cercanas a la familia del edil. Gracias a este paso, el Ayuntamiento se sentó a dialogar con la sociedad familiar que solicitaba previamente un indemnización por mantener el arrendamiento una vez finalizado el contrato entre las partes.

El contrato, pactado durante el mandato del GIL, finalizó el pasado diciembre de 2008 y la familia Maíz no tenía intención de renovarlo. El actual gobierno del PP acordó prolongarlo unos meses, hasta julio de este año. La intención era evitar el desalojo de los alumnos del conservatorio que corrían el peligro de quedarse sin sede, al no existir ninguna instalación alternativa para impartir esta docencia.

El contrato de arrendamiento, por tanto, está extinto ya que las partes no han suscrito uno nuevo. El Ayuntamiento se acogió a la Ley de Contratos del Sector Público que permite mantener los efectos de un contrato cuando su finalización "supone un grave trastorno para el servicio público". De esta forma, los cerca de 500 alumnos mantienen su pupitre en la plaza Puente de Ronda mientras que el Consistorio construye una sede nueva ya prevista en la plaza de la Constitución. Las obras están contratadas desde julio y su conclusión se prevé para septiembre de 2010.

Hasta entonces, los hermanos Maíz tendrán como inquilino al Ayuntamiento marbellí en virtud de un acuerdo transaccional forzado tras la amenaza de un desahucio "que no iba a llegar a producirse nunca", advirtieron las mismas fuentes.

Lo que sí ha permitido es aumentar el precio del alquiler. A partir de ahora las arcas municipales pasarán de abonar alrededor de 6.000 euros a 7.482 euros mensuales.

La Axarquía propondrá modificar la ley para legalizar sus viviendas. Vélez-Málaga (La Opinión)

La Mancomunidad de la Costa del Sol Axarquía constituye una mesa para pedir flexibilidad en el urbanismo a la Junta de Andalucía y buscar una solución a sus construcciones irregulares

Salón de plenos. Mesa de trabajo con los 19 alcaldes que acudieron a la cita de ayer en la Mancomunidad. I.G.

I. GUERRERO. VÉLEZ MÁLAGA Los alcaldes de la comarca de la Axarquía anunciaron ayer su intención de presionar a la Junta de Andalucía para que flexibilice el Urbanismo e introduzca modificaciones en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que permitan ordenar la situación de las viviendas situadas en parcelas no urbanizables.

Con este objetivo, constituyeron ayer una mesa de trabajo, en la que se consensuó el establecimiento de un mes de plazo para proponer los primeros cambios, que serán elevados a la administración autonómica. Según informó el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, José Jesús Domínguez Palma, la mesa se reunirá cada mes e irá definiendo la metodología de trabajo para alcanzar un acuerdo unánime.

En este primer encuentro, que concitó a 19 alcaldes de los 31 municipios de la Axarquía, los regidores expusieron, según apunta Domínguez Palma, "la historia de familias angustiadas a las que se está tratando de delincuentes simplemente porque tienen sus casas en suelo no urbanizable". La delegada de Ordenación del Territorio, Josefa López; la diputada de Fomento, María Teresa Pérez; CCOO y la Asociación de Empresarios Promotores presenciaron los relatos de los regidores.

El alcalde de Almáchar, José Gámez, insistió en la problemática social que existe detrás de las construcciones irregulares y que deben afrontar los alcaldes. "Tenemos a 10.000 campesinos que no comprenden cómo se les puede demoler sus viviendas y el autóctono de la Axarquía entiende que es un delito el uso residencial. ¿Qué vamos a esperar que le digan a un alcalde?", indicó Gámez.

Guillermo Pérez, alcalde de Alcaucín, aseguró que su municipio sufre graves problemas urbanísticos que se están resolviendo de manera personalizada. Por su parte, Manuel Aranda , regidor de Canillas de Aceituno, piensa que la exigencia de los regidores no va más allá de solicitar a la Junta de Andalucía una vía por la que "ordenadamente se sigan desarrollando los municipios desde el punto de vista urbanístico".

Al alcalde de Nerja, Alberto Armijo (PP), le preocupó que la delegada Josefa López asistiera a la mesa de urbanismo exclusivamente como oyente y no se pronunciara para aclarar si la administración regional "tiene disposición o no de modificar la normativa".

Registran el Ayuntamiento de Almogía (La Opinión)

SEPRONA ha requerido en los últimos meses documentación, tras las denuncias de particulares

EFE El Ayuntamiento de la localidad malagueña de Almogía (Málaga) está siendo registrado desde esta mañana por la Guardia Civil, que ha solicitado la presencia del alcalde, Cristóbal Torreblanca (PSOE), en estas dependencias, así como del secretario y el arquitecto municipal.

El alcalde, que ha confirmado a Efe el registro, ha indicado que desconoce el motivo de la operación, si bien ha explicado que el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha requerido en los últimos meses documentación al Ayuntamiento, tras denuncias efectuadas por particulares.

Almogía, municipio de unos 4.300 habitantes, está gobernado por el PSOE, que tiene ocho concejales, mientras que IU tiene dos y el PP, un edil.

El PSOE culpa al Consistorio de parar la sede de la Seguridad Social (La Opinión)

El proyecto está pendiente de un estudio que debe aprobar Urbanismo y que el INSS presentó en febrero de 2008

Anuncio. El cartel que anuncia las obras ante el solar asignado. Arciniega

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El máximo responsable del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia, denunció ayer un "nuevo bloqueo" de un proyecto impulsado por la Administración central que en este caso se trata, según detalló Heredia, del proyecto para la construcción de una nueva sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que debe levantarse en un solar de la calle Pacífico y que tiene un presupuesto que supera los 52 millones de euros. Heredia explicó que, según la información remitida por el Gobierno a través de una contestación parlamentaria, el proyecto en cuestión está pendiente de que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga apruebe un estudio de detalle que fue presentado por la Seguridad Social en febrero de 2008, "por lo que llevamos más de año y medio con el proyecto paralizado a causa del bloqueo de Urbanismo".

El proyecto constructivo de esta instalación también fue presentado ya el pasado mes de noviembre de 2008, según esos datos.

Por contra, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, aclaró respecto a la sede del INSS que este organismo presentó en marzo de 2008 el estudio detalle para su tramitación por el Ayuntamiento. "Pero en mayo de 2009 presentaron un estudio detalle modificado, por lo que actualmente se está tramitando e informando esta nueva documentación, por lo que es falso que se esté bloqueando el proyecto".

El responsable del PSOE arremetió también contra el "bloqueo" al proyecto del futuro auditorio de música, ya que mientras "los arquitectos entregarán en breve el proyecto de ejecución, aún estamos pendientes de la estación de bombeo que debe trasladar la Empresa Municipal Aguas (Emasa), es decir, el Ayuntamiento, por lo que nos tememos que cuando llegue la hora de iniciar las obras, aún no se habrá trasladado esa estación".

Retoman el plan del centro de emprendedores en la Casa Invisible (La Opinión)

El PSOE rechaza el proyecto, que llevaría a la expulsión del colectivo del edificio

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El Ayuntamiento ha retomado el proyecto de crear un centro de emprendedores de carácter cultural en el edificio de la calle Nosquera que ocupa el colectivo cultural alternativo denominado Casa Invisible, lo que obligaría a este colectivo a desocupar la vivienda.

El Ayuntamiento retoma este proyecto que tenía paralizado por voluntad propia desde abril de 2007. En esa fecha la comisión de Urbanismo aprobó de manera definitiva el estudio de detalle para el proyecto de construcción de un centro de emprendedores en el inmueble de la calle Nosquera. A pesar de ello, desde entonces han pasado dos años y medio sin que el Ayuntamiento haya hecho nada. Sin embargo ahora el gobierno municipal ha decidido retomar este proyecto y para ello vuelve a llevar la aprobación definitiva del estudio de detalle que ya aprobó en abril de 2007. Lo hará en la comisión de Urbanismo de esta semana, para llevarlo posteriormente al pleno.

En la misma comisión está previsto que se desestimen dos alegaciones presentadas en abril de 2007 por dos miembros del colectivo Casa Invisible, por considerar que fueron presentadas fuera de tiempo.

El estudio de detalle que plantea Urbanismo para convertir el edificio en un centro de emprendedores de carácter cultural supondrá cambios en los niveles de edificación del inmueble.

La propuesta plantea que la parte trasera del cuerpo principal del edificio, que actualmente tiene dos plantas, aumente hasta una tercera planta.

Además el patio interior ganará espacio ya que se eliminaría una zona cubierta.

Un tercer cuerpo del edificio, que actualmente tiene una planta, pasaría a tener tres.

Por último, el edificio conservaría rehabilitada su fachada al tratarse de un inmueble protegido de grado dos.

El relanzamiento de este proyecto no ha gustado al grupo municipal socialista ya que, a juicio de la concejala Mariluz Reguero, "eso supone echar de allí a los miembros de la Casa Invisible que durante estos años han sabido levantar un proyecto cultural alternativo que ha dado dinamismo al Centro y ha integrado a muchos colectivos ciudadanos".

Reguero recordó que recientemente la Junta de Andalucía y la Diputación respaldaron la iniciativa de la Casa Invisible mediante la firma de un convenio por el que estas instituciones subvencionarían proyectos gestionados por este colectivo.

"Nos sorprende esta actitud del Ayuntamiento que va a significar la expulsión de los miembros de la Casa Invisible del inmueble a pesar de las promesas del alcalde de que al menos iba a dar un año de prórroga a sus miembros".

Regresa la propuesta de abrir la ´coracha terrestre´ (La Opinión)

De ser declarados la Alcazaba y Gibralfaro ´conjunto cultural´ podría reabrirse la comunicación directa entre los dos monumentos

ALFONSO VÁZQUEZ La pasada semana el grupo municipal de Izquierda Unida dio a conocer una moción para convertir la Alcazaba y el castillo de Gibralfaro en ´conjunto cultural´, una propuesta por la que los dos monumentos se gestionarían de forma autónoma y que traería muchos beneficios. Otra cosa, claro está, es que haya dinero para esa gestión que seguramente llevaría consigo muchas más obras y mejoras de las que ahora recibe el conjunto monumental.

Una de las ventajas de la propuesta sería también la posibilidad de recuperar la ´coracha terrestre´, el pasillo amurallado que une la Alcazaba y Gibralfaro, y del que los malagueños conocen tanto como de paleografía bizantina.

Pasear por la coracha terrestre es uno de los mayores privilegios que puede tener un habitante de esta ciudad. Delante sólo tiene un pasillo de hierba y detrás vistas inmejorables de la Alcazaba y de toda Málaga.

El gran ´escollo´ para abrir esta vía rápida de comunicación entre la fortaleza y el castillo es la batería que los franceses colocaron en mitad del trayecto, en tiempos de la invasión napoleónica.

El temor de las autoridades es que esta importante huella de la invasión francesa se deteriore con el paso constante del público. Sin embargo, métodos hay en nuestros días para salvar esta pequeña explanada de piedra, sin que los usuarios lleguen ni a rozarla con los dedos.

Por otro lado, el camino podría hacerse bien por ´tierra´, bien por la parte alta, como lo hacían los antiguos vigías de la murallas, aunque en este caso también habría que poner medidas de protección.

Las ventajas serían muchísimas, sobre todo para los sufridos turistas que, una vez que alcanzan la torre del homenaje, en lo más alto de la Alcazaba, deben desandar el camino, bajar hasta la entrada y emprender de nuevo la subida por el paseo de Juan Temboury. El suelo ´pizarroso´ del ascenso a Gibralfaro no es precisamente el ideal para caminar por él, y a diario se producen caídas por la ´inestabilidad´ del camino, por no hablar de los intentos de robo que en ocasiones se producen por esas alturas ´solitarias´.

La reapertura de la coracha terrestre evitaría estos ´saleazos´ turísticos y encontronazos con indeseables, ofreciendo a cambio un camino mucho más corto y seguro. Que IU y la asociación Zegrí ´reabran´ el debate es una buena noticia.