"Este año impulsaremos 400 viviendas sociales más". MIjas (Málaga Hoy)

El alcalde de Mijas dice que habrá terrenos para construir más de 2.000
Antonio Sánchez (PSOE) accedió a la Alcaldía de Mijas tras la dimisión en julio de 2007 del entonces dirigente municipal, Agustín Moreno (PSOE), quien se negó a bajarse su sueldo, uno de los más elevados de España. La trayectoria de Sánchez está marcada desde su comienzo como alcalde por su talante de diálogo y mostrarse cercano a los mijeños.

-Recientemente se entregaron las 180 VPO de Molino de Viento.

¿Cuáles serán las próximas en construirse?-Ya estamos en conversaciones con algunos promotores para estudiar la disposición de una serie de parcelas y esperamos que antes de final de año dispongamos de espacio para crear unas 300 ó 400 viviendas más. Tendremos terrenos suficientes para superar incluso las 2.076 previstas dentro del convenio que se firmó con la Junta. Una de las principales demandas de la población es tener una vivienda digna en condiciones de pago aceptables y en esa línea tenemos que trabajar, con la particularidad de que se vean favorecidos los tres núcleos.

-¿Qué actuaciones tiene previstas el Consistorio en materia de política social?

-Fuimos de los municipios pioneros en desarrollar este tipo de política, y ahora estamos muy centrados en la Ley de Dependencia. En materia de Igualdad, estamos trabajando para que se adquiera un sentimiento real de igualdad, por lo que estamos incidiendo en las escuelas para influir en el aprendizaje.

-¿Con qué nuevas infraestructuras contará Mijas?

-Ya tenemos definida la parcela del hospital (CHARE) y dentro de un mes vamos a cederla a la Junta. Se encuentra cerca del cementerio, la planta depuradora y donde se ubicará la desaladora. Ahora nos disponemos a estudiar junto a la Administración autonómica la financiación de la ejecución de la obra, pero estamos esperando a que se complete el organigrama de las distintas consejerías para seguir trabajando. En cuanto a la desaladora, la cesión de estos terrenos también se llevará a Pleno en un mes, tras recoger alguna de las alegaciones que se han presentado, aunque no plantea ningún problema ni urbanístico ni jurídico. Otra infraestructura destacada es la del polideportivo de La Cala, cuya obra empezará antes de que acabe el año.

-¿Qué necesidades urgentes cree que tiene la zona de Las Lagunas?

-El acondicionamiento del Camino viejo de Coín desde el límite de Fuengirola hasta la rotonda del McDonalds. Aquí necesitamos hacer una obra importante. También unos trabajos que permitan la unión entre la zona norte y la zona sur de Las Lagunas. Los vecinos nos piden la creación de aparcamientos y en cuanto termine el verano pondremos en marcha el plan de aparcamientos municipales en este núcleo.

-¿Cómo evitarán las inundaciones en el Polígono La Vega del Camino de Coín?

-Esta zona industrial pasa a ser residencial en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y los empresarios se ubicarán entre el Parque Empresarial y un área de uso industrial que hemos definido en Las Lagunas.

-¿En qué situación está el PGOU?

-Está aprobado inicialmente. Se han presentado una serie de alegaciones importantes y tenemos que aceptar la gran mayoría, por lo que habrá que rehacer el PGOU el cual estamos adaptando a la LOUA (Ley de Ordenación Urbana de Andalucía) para que no se paralice el sector urbanístico.-La semana pasada se inauguró en Las Lagunas el parque María Zambrano.

¿Hay algún otro espacio verde pendiente?

-Vamos a crear un catálogo de parques con nombres de personalidades de Andalucía y habilitar nuevas parcelas de esparcimiento como el Parque de Los Olivos en La Cala, una zona de pinares en Calahonda y diversas zonas verdes en terrenos que están por desarrollar como el Cerrillo de las Mentiras, donde irá un parque de unos 6.000 metros. Además, junto al Río Fuengirola se creará un parque periurbano, del que saldrá una Vía Verde (con carril bici y paseos) que llegará hasta La Sierrezuela.

-La última vez que Chaves estuvo aquí anunció que la Sierra de Mijas se iba a declarar Paraje Natural. ¿Cómo van estos trámites?

-Queremos hablar con las asociaciones de ecologistas y la sociedad de cazadores porque pretendemos que las medidas que se adopten estén consensuadas con el mayor número de colectivos.

-¿Qué supondrá para Mijas la llegada del Corredor Ferroviario de la Costa del Sol?-Para Mijas y para toda la Costa del Sol es el complemento imprescindible para el turismo, puesto que el transporte público no puede recoger toda la demanda que hay. Los ciudadanos que lleguen en AVE o en avión podrán desplazarse desde Málaga capital hasta casi Algeciras en muy poco tiempo y de manera fluida.

-¿Pasará finalmente por debajo del bulevar de La Cala a pesar de las viviendas y de ser unos terrenos arenosos?

-Según los estudios técnicos va a tener una repercusión mínima en las viviendas e incluso se mejorará toda la zona. En el siglo XXI cualquier obra que suponga un reto técnico se puede solventar con los medios y la maquinaria de que disponemos. También los del Martín Carpena eran unos terrenos arenosos y por allí pasará el metro de Málaga sin problemas.

-En el término mijeño se encuentran algunos de los que están considerados los mejores campos de golf de Europa.

¿Qué impacto tiene en el municipio este tipo de turistas?

-Generan mucha riqueza y muchos puestos de trabajo. Además, es una alternativa al sol y playa, que tiene un periodo de agotamiento. Tenemos que quitarle a los campos de golf la etiqueta negativa que tienen, ya que todos se van a regar con agua reciclada.

-¿Qué acciones se realizarán a través del Plan Qualifica y cuándo comenzarán a ejecutarse?-Se desarrollaría un Plan de Embellecimiento del casco antiguo de Mijas Pueblo, la remodelación de distintas calles del municipio y el soterramiento de islas ecológicas. Ya hemos presentado los distintos proyectos pero estamos esperando que nos digan cuáles están aprobados.

-¿Cuál es la situación actual del Parque Empresarial Mijas?

-Encargamos un estudio de viabilidad de los terrenos pero todavía no lo hemos recibido. Tratamos de estudiar la posibilidad de declarar Zona de Oportunidad (de Interés Autonómico) el espacio de La Alberquilla. Entendemos que los empresarios estén agotados pero existen unos trámites inevitables que nos gustarían que fueran más cortos.

-¿Cómo van a solucionar el problema de las viviendas irregulares?

-Vamos a trabajar para la regularización de las viviendas vía PGOU. Una vez que se produce el inicio de un expediente no podemos paralizarlo y me da mucha pena ver imágenes como la que se vio recientemente en prensa (que fue una demolición voluntaria). Las personas que se encuentren afectadas deben recurrirlo.

-¿Qué opinión le merece la campaña que ha emprendido el PP con el reparto de panfletos entre los vecinos?

-Es muy peligrosa; nos acusan de quedarnos con dinero y de otras cosas que no son ciertas.

Una nueva bolsa de trabajo para los profesionales (Málaga Hoy)

Un convenio permitirá actuar de manera subsidiaria si los dueños se niegan a realizar la inspección
La Inspección Técnica de Edificios (ITE) a la que obliga el Ayuntamiento de Málaga a los propietarios de unas 43.000 construcciones de la capital abre, además de un periodo de comprobación de las instalaciones, una importante bolsa de trabajo para, sobre todo, arquitectos, arquitectos técnicos y aparejadores. Son ellos a los que los dueños afectados por la ordenanza municipal deben acudir en primera instancia para efectuar la revisión de los elementos principales de los inmuebles. No obstante, la negativa de los dueños a tramitar este procedimiento va a recibir en breve una respuesta contundente por parte de la Administración local.La Gerencia de Urbanismo está cerca de firmar un convenio de colaboración con los colegios de Arquitectos y de Arquitectos Técnicos para actuar de manera subsidiaria ante la dejadez de los afectados. El procedimiento permitirá al Consistorio contratar los servicios de uno de estos profesionales para que realice la mencionada inspección, pasando posteriormente el coste de la operación al dueño de la edificación. El acuerdo parece cercano y únicamente está a expensas de pulir algunos detalles, según informaron fuentes de uno de los colegios implicados.

Multas de hasta 60.000 euros para los edificios que no pasen la inspección (Málaga Hoy)

Más de 43.000 inmuebles de Málaga están sujetos a la norma de Urbanismo que revisará su estado general · El proceso será escalonado en función de la antigüedad

La Inspección Técnica de Edificios (ITE) que impulsa el Ayuntamiento de Málaga desde hace varios meses va a obligar a revisar y adecuar todos los elementos de las construcciones a los propietarios de unos 43.000 inmuebles en el plazo de ocho años, lo que supone, aproximadamente, el 80% del parque de edificios total de la ciudad. Ese es el plazo temporal que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo han fijado para que la mayoría de las edificaciones existentes en estos momentos en la capital de la Costa del Sol, y con entre cien y diez años de antigüedad, pasen los exámenes oportunos. Los primeros en verse afectados por la medida son los 2.168 edificios que, o bien superan el centenario desde su ejecución o están protegidos. La inmensa mayoría de estos inmuebles están localizados, según los datos municipales, en el centro histórico de la urbe. En este supuesto, el plazo marcado en el calendario para que los dueños, que ya han recibido la correspondiente información por parte del Consistorio, desarrollen esta especie de ITV es el 11 de noviembre del presente año, por lo que aún se dispone de un plazo de unos siete meses para efectuar la inspección. Sin embargo, a tenor de la información existente a fecha de hoy, no parece que los dueños se estén dando mucha prisa en realizar la tramitación, puesto que de los más de dos millares obligados sólo dos inmuebles han cubierto esta obligación: la Clínica Gálvez, localizada en la calle Císter, y el edificio sito en calle Peña, 7. En este sentido, cabe recordar a los implicados que el incumplimiento de los plazos señalados en la ordenanza municipal puede conllevar multas de hasta 60.000 euros.Tras este primer peldaño, la escalera dibujada por los técnicos de Urbanismo no tiene fin. Los siguientes en ser demandados para realizar estas tareas de reconocimiento, para noviembre de 2009, son los edificios con entre 75 y 99 años, un segmento de edad que engloba a un total de 1.043 construcciones. A ellos les seguirán los 8.906 edificios con entre 50 y 75 años de antigüedad, que lo harán en noviembre de 2011; los casi 20.600 que fueron construidos hace entre 25 y 49 años, que lo harán en 2013, y los 10.180 con entre 10 y 24 años, que serán los que cierren el círculo en 2016.El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Manuel Díaz Guirado, destaca la importancia de esta tarea, por cuanto permitirá, de un lado, reducir los riesgos que sufren los inquilinos de ciertos edificios, debido al deterioro que en muchas ocasiones presentan, y, de otro, limitar los casos de declaración de ruina, con los que algunos dueños tratan de solventar las exigencias legales de mantenimiento.El procedimiento a seguir por parte de los propietarios afectados por esta normativa no tiene ningún secreto. Tras recibir la correspondiente información municipal, en la que se les recuerda la necesidad de tramitar y efectuar la inspección, son ellos los que tienen que contratar a un técnico especializado, que puede ser un arquitecto o un arquitecto técnico o aparejador, para que realice la inspección. En el documento de revisión deberá informar favorable o desfavorablemente del estado en el que se encuentran los principales elementos de la edificación, tales como estructura, cubiertas, instalaciones eléctricas y de agua… En caso de que el especialista concluya que la construcción no está en un estado adecuado, detallará aquellas obras necesarias para corregir los problemas, que serán exigidas por la Gerencia de Urbanismo al propietario del inmueble. Las tasas de tramitación del expediente equivalen a 21,37 euros siempre que el informe sea positivo, mientras que en caso contrario supondrán el 2,5% del presupuesto de obras de mejora a desarrollar.

El Ayuntamiento proyecta un gran aparcamiento público en la avenida de Barcelona (La Opinión)

Ocupará el subsuelo desde el Hospital Civil a la Calzada de la Trinidad. Su aforo rondará las 800 plazas. Su comercialización comenzará en este año
El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (Smassa), está proyectando la construcción de un gran aparcamiento para residentes en el barrio de La Trinidad, en concreto en el subsuelo de la avenida de Barcelona. Recogerá la gran demanda existente en esta zona de la capital, que sólo cuenta con el aparcamiento municipal del mercado de Bailén, que tiene una parte de sus plazas en rotación.El concejal responsable del distrito de Bailen Miraflores, Manuel Marmolejo, confirmó el interés del Ayuntamiento por construir este parking y explicó que desde Smassa ya se han realizado los estudios previos "y se han hecho las catas en el subsuelo" y ya se está trabajando en el anteproyecto.Presentación. El anuncio de este futuro aparcamiento ya ha sido avanzado a los responsables de las asociaciones de vecinos del distrito, que lo han acogido con entusiasmo.Aunque será el proyecto de obras el que defina exactamente las características del parking, en principio se extenderá a lo largo del subsuelo de la avenida de Barcelona, en el tramo que va desde la Calzada de la Trinidad al cruce con la calle Velarde, es decir, desde el Hospital Civil hasta cerca de la plaza de Bailén. El estudio de las catas realizadas permitirá saber las plantas de que podrá disponer, pero en principio, según el espacio de actuación, se trabaja con una estimación de unas 800 plazas.Los próximos pasos a dar, según indicó Manuel Marmolejo, serán la presentación del proyecto a los vecinos de la zona y a partir de ahí el inicio de la comercialización del recinto, lo que permitirá conocer la demanda real existente y ajustar mejor el número de plazas.

El precio de la vivienda usada cae un 4,3 por ciento en abril (La Opinión)

Además, en lo que va de año, los precios han bajado un 2,6%, mientras que sólo en abril cayeron un 0,9% respecto al mes anterior.
EUROPA PRESS Por comunidades autónomas, los mayores descensos interanuales se registraron en La Rioja (-7,6%), Murcia (-7,2%), Extremadura (-6,8%), y Navarra (-6,7%). Del lado de los incrementos, los más destacados se localizaron en Galicia (+7,8%), Islas Baleares (+3,1%) e Islas Canarias (+2,7%). Asimismo, los principales descensos intermensuales se produjeron en Cantabria (-3,1%), Extremadura (-3%), Navarra (-2,2%), Comunidad Valenciana (-1,6%) y Aragón (-1,4%). Por su parte, los ascensos más significativos se produjeron en La Rioja (+1,5%) y Galicia (+1,1%). El 'Preciómetro' es una herramienta de Facilisimo.com que estudia las fluctuaciones del mercado de la vivienda a tiempo real a través de una muestra de más de 100.000 inmuebles de segunda mano de toda España.

Una comisión investiga por qué no se compró el Ovoide de Arroyo de la Miel (SUR)

El Consistorio deberá abonar ahora 1,5 millones de euros cuando la opción de adquisición en diciembre de 2006 se situaba entorno a los 300.000 euros. Está compuesta por representantes de todas las fuerzas políticas de la localidad

El Ayuntamiento de Benalmádena ha iniciado una comisión de investigación especial que aclare los motivos por los que el Consistorio no ejerció el derecho de compra del edificio singular Ovoide situado en el paseo del Generalife de Arroyo de la Miel donde actualmente se prestan servicios municipales y cuya adquisición asciende ahora a 1,5 millones.Los hechos se remontan al 9 de enero de 1997 cuando el Ayuntamiento suscribió un contrato de arrendamiento con el propietario del inmueble con una opción de compra durante los diez primeros años de vigencia del contrato. El precio de esta adquisición era el que resultara de deducir a 900.000 euros, más IVA, las cantidades abonadas en concepto de alquiler que ascendían hasta 2007 a 720.000 euros.En el acuerdo, se establecía que el Ayuntamiento debía notificar a la arrendadora su decisión de ejercer la opción de compra con un mes, al menos de antelación a su vencimiento, e indicar la fecha para la realización de los actos necesarios para el ejercicio de la opción y designación del notario. Esta cita tendría que realizarse dentro de los dos meses siguientes a la finalización del vencimiento.El entonces alcalde, el independiente Enrique Bolín, ordenó pagar esas deudas y la cantidad prevista en el contrato -180.000 euros-, pero el dueño lo rechazó por efectuarse fuera de plazo. De modo que la nueva Corporación se encontró en julio con una orden de desahucio. El alcalde de la localidad, Javier Carnero, negoció con el propietario para que el Consistorio siga usando el inmueble hasta que los tribunales resuelvan la demanda interpuesta.

Comparecencias

Según reconoció el regidor, la comisión ha tenido ya diversos comparecientes y añadió que seguirá su curso en los próximos días. En la investigación se encuentran incluidos representantes de todas las fuerzas políticas representadas en el Consistorio. Carnero afirmo que independientemente de lo que pueda determinar la investigación el hecho de no ejercer la opción de compra por parte de la anterior Corporación dejó al propietario «en una situación de poder que nunca debería haberse consentido. «No hay derecho a que por la dejadez del antiguo equipo de gobierno, tengamos que hacer frente al pago de 1,5 millones de euros cuando en diciembre de 2006 esta cifra no alcanzaba los 300.000 euros incluyendo el impago de dos mensualidades de alquiler», dijo el regidor que también arremetió contra los miembros de la oposición que se encontraban entonces en el poder y a los que acusó de no dar ningún tipo de explicación a este respecto. En el capítulo de inversiones del Presupuesto para el presente ejercicio existe una partida de 1,5 millones de euros para la adquisición de este inmueble.

La prolongación de Herrera Oria podrá iniciarse a finales de este año (SUR)

El proyecto, que acumula una década de retraso, se ejecutará tras el realojo de una veintena de vecinos

Han tenido que pasar diez años para que uno de los proyectos clave para mejorar las comunicaciones de la zona de Teatinos pueda estar próximo a iniciarse. Se trata de la prolongación del eje de la avenida de Herrera Oria, que podrá desbloquearse definitivamente a finales de este año. Fuentes del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) indicaron que la finalización de los pisos en los que se realojarán los vecinos de las casas que se tendrán que derribar para permitir la continuación del vial acabarán en diciembre. A partir de ese momento, y una vez efectuado el traslado de los vecinos de la zona de Finca La Palma afectados por este proyecto, se podrán llevar a cabo los trabajos para prolongar el eje que configuran las avenidas de Herrera Oria y Jorge Luis Borges. Esto supondrá una sensible mejora para las comunicaciones este-oeste de la ciudad y para mejorar los accesos a los nuevos sectores de expansión residencial de esa zona de Teatinos y la ampliación del campus.El camino para que el proyecto pueda ver la luz ha sido largo. El equipo de gobierno del PP tuvo que aprobar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en 2000 que causó el rechazo de los vecinos afectados por la prolongación y de los grupos municipales de la oposición. Dos años después, la Gerencia de Urbanismo dio la licencia de obras para las viviendas de realojo, en una parcela cercana ubicada en la avenida de Pepita Durán. Sin embargo, la negativa de un vecino a trasladar su negocio demoró todo el proceso casi tres años.Finalmente, en febrero del año pasado, se iniciaron las obras de los pisos, un total de 22 VPO de las que 16 son para realojar a los vecinos de Finca La Palma y las seis restantes forman parte del cupo que se sorteó a finales de 2006.

La escasez de suelo y su alto precio disuade a las grandes empresas de instalarse en Málaga (SUR)

Compañías logísticas y de producción optan por trasladar sus proyectos a polígonos del área metropolitana porque los pueden iniciar de inmediato. La imposibilidad de encontrar terrenos adecuados a la demanda provoca que los costes se disparen

No encuentran lo que quieren y se van. Las grandes empresas de logística y fabricación que desean instalarse en Málaga necesitan suelo disponible de inmediato y con buenas condiciones para sus proyectos, pero terminan por trasladarlos a otros puntos de la provincia o de Andalucía porque aquí no lo tienen. Así lo aseguraron a este periódico varias compañías expertas en la comercialización de suelo industrial, que destacaron que la capital ha perdido un buen número de oportunidades de albergar a grandes grupos productivos en los últimos años por esta razón.«La carencia de suelo industrial y terciario en Málaga es evidente. No tenemos más remedio que desviar a las grandes empresas a otros lugares, porque aquí no podemos ofrecerles lo que buscan», comentó Rafael Pérez, de Minza Consulting Inmobiliario. Según indicó, hay compañías que necesitan terrenos de unos 20.000 o 30.000 metros cuadrados para colocar una nave de unos 15.000 metros cuadrados y que no pueden instalarse en la ciudad. «Han querido venir a Málaga como capital económica que es, pero muchas han desistido», agregó este experto, quien puntualizó que este tipo de empresas necesitan suelo industrial que esté disponible de inmediato para dar cumplimiento a sus planes de expansión, por lo que no esperan.

Extranjeras

Como ejemplo, Rafael Pérez señaló que ha tenido los casos de una empresa extranjera de muebles, una farmacéutica y otra de logística que han intentado encontrar un hueco en el término municipal de la capital, pero que no han podido. «Es una pena que las compañías productivas no puedan venir a Málaga, porque son las que generan empleo de verdad», dijo el responsable de Minza. Según aclaró, al margen de la generación de riqueza para la economía malagueña, la implantación de cada uno de estos proyectos supone inversiones de unos 20 millones de euros que no se materializan.Además, algunas empresas que insisten en poder encontrar un terreno adecuado en Málaga se encuentran con lo elevado de los precios por la escasez de suelo industrial, y desisten de iniciar su inversión al no poder rentabilizarla. Así lo asegura un informe elaborado por la consultora Richard Ellis, que arroja cantidades entre los 1.400 y los 2.800 euros por metro cuadrado para la venta de suelo empresarial en la capital.Según este estudio, el polígono más caro es Santa Bárbara, donde el coste mínimo de una parcela en venta puede alcanzar los 1.700 euros por metros cuadrado y el máximo puede llegar a 2.800 euros. En el lado opuesto, se encuentran zonas como la Azucarera, El Viso o Villarosa, donde son más bajos los precios tanto del alquiler como de la venta de naves o parcelas.

Equiparación

«Actualmente, los niveles de precios en Málaga son equiparables a mercados más maduros como Madrid o Barcelona», señala el informe. No obstante, los precios terminan por auyentar a las empresas, ya que resultan muy elevados para unos polígonos con demasiadas deficiencias en materia de infraestructuras y servicios.Íñigo Molina, director en Málaga de Richard Ellis, confirmó las dificultades para encontrar suelo empresarial de buenas condiciones y grandes dimensiones en la capital, y aseguró que, ante esta situación, muchas empresas han puesto sus ojos en polígonos mejor cualificados de localidades de la corona metropolitana de Málaga como Alhaurín de la Torre, Cártama o Casabermeja, así como en Antequera y municipios cercanos.«En Málaga hay poco suelo inmediato, por lo que estos otros lugares resultan ser buenas alternativas para aquellas empresas que no cejan en su empeño de buscar un lugar en la provincia», precisó Molina, quien matizó que la situación cambiaría sin la ciudad pudiera ofrecer más suelo industrial y, sobre todo, con las condiciones de amplitud y buenas comunicaciones que precisan las compañías de logística y productoras.Ignacio Muñoz, de Atisreal, confirmó que este tipo de grupos son los que tienen más dificultades a la hora encontrar el suelo que buscan en Málaga. Menos problemas tienen aquellos que sólo precisan de pequeñas naves destinadas al almacenaje o la comercialización de sus productos.

La nueva estación de autobuses de San Pedro tiene que esperar al PGOU (Málaga Hoy)

La oposición reclama una instalación provisional mientras se dispone de suelo y se ejecuta la obra, pero el soterramiento de la N-340 dificulta encontrar un sitio
Los usuarios del transporte público de San Pedro Alcántara, en Marbella, deben seguir esperando para contar con una nueva estación de autobuses. Desde que cerró hace más de dos años la que había en la avenida Luis Braille, el núcleo de población sólo dispone de una improvisada taquilla que dista mucho de lo que se espera en un enclave turístico. Sin embargo, la construcción de otro inmueble no va a ser inmediata, ya que el teniente de alcalde de San Pedro, Miguel Troyano (PP), ha anunciado que habrá que esperar a la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para buscar un suelo.Según las estimaciones del equipo de gobierno, el documento urbanístico no habrá pasado todos los trámites legales hasta principios del próximo año, por lo que aún quedan varios meses para que puedan iniciarse las obras.Mientras, la oposición considera que el Ayuntamiento y Grupo Avanza, la empresa concesionaria del servicio que absorbió a Portillo, deberían buscar una localización temporal para que las personas que viajan en autobús tengan una construcción donde refugiarse de las inclemencias del tiempo o tomar un café.Troyano comenta que se ha pensado en acondicionar una instalación provisional en la avenida Salamanca, pero no se ejecutarán los trabajos hasta que dé comienzo la segunda parte de las obras del soterramiento. El motivo es que el Consistorio desconoce si el trazado proyectado por el Ministerio de Fomento para soterrar la travesía sampedreña afectará a las inmediaciones de la avenida Salamanca. No obstante, el edil popular asegura que en cuanto se aclare este aspecto, se hará todo lo posible para que San Pedro cuente con esa improvisada estación hasta que el nuevo PGOU eche a andar.PSOE e IU le han solicitado al equipo de gobierno que, mientras se resuelven los entuertos urbanísticos, se cree una segunda taquilla al otro lado de la avenida Luis Braille. El portavoz de la coalición de izquierdas, Enrique Monterroso, considera "peligroso" que las personas tengan que cruzar una carretera tan transitada como la antigua nacional 340 para adquirir su billete. El teniente alcalde de San Pedro apunta que, en la actualidad, esto resulta imposible de realizar porque "no existe espacio físico en la zona" debido a las obras de soterramiento que están en marcha.Pero no son las únicas quejas que ha recogido la oposición sobre el servicio que presta el Grupo Avanza. Monterroso asegura que varios vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara se han quejado de que, a determinadas horas, se ha eliminado la línea que va hasta el Hospital Costa del Sol, porque el autobús que hacía la ruta se "ha destinado" a transporte escolar.

Las obras de reurbanización de Lo Cea terminarán en junio. Rincón de la Victoria (Málaga Hoy)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria tiene previsto finalizar las obras de reurbanización de Lo Cea el próximo junio. Hace prácticamente un año que comenzaron los trabajos y en octubre tendrían que haber terminado. Sin embargo, la ampliación de las zonas de actuación, el incremento de servicios y otras mejoras del proyecto han dilatado los plazos.El alcalde de Rincón, José Miguel Fernández (PSIRV), ha adelantado que se están rematando los últimos detalles de la obra y se arreglan algunos "pormenores que no se habían tenido en cuenta", entre ellos la incorporación de rampas en el acerado para el acceso de discapacitados.

La aventura de buscar minipiso en la capital (Málaga Hoy)

Un comprador puede toparse con estudios de apenas 22 metros útiles en su deriva por la ciudad

Dice el sentido común que vivir en apenas 26 o 27 metros cuadrados es una aberración, aunque a muchos no les queda otro remedio que acudir a una fórmula que les permite tener un techo de su propiedad bajo el que guarecerse a precios relativamente asumibles. Asequibles por su cuantía, pero que en ningún caso tienen relación objetiva con la superficie que se adquiere. Imaginen a cualquiera de ustedes que, en la búsqueda de un piso nuevo, acude a una de las numerosas agencias inmobiliarias que hay en la capital de la Costa del Sol. Requisitos que impone el potencial comprador: vivienda de escasas dimensiones, al objeto de minimizar en lo posible el desembolso económico; localización, el centro histórico, y piso de obra nueva. Con estas premisas, el interesado dedica parte de la mañana a ver de primera mano los productos seleccionados previamente por la comercial. El recorrido nos aleja de los puntos neurálgicos de la urbe: la Plaza de la Merced, la calle Victoria, la Plaza de la Constitución. Es el coste de disponer de poco metálico en la cartera y en la cuenta corriente.En estas estamos cuando se produce la primera parada. Un coqueto y bonito edificio, recién construido, situado en calle Lagunillas, a diez minutos de La Merced, pero con un pequeño inconveniente: carece de plazas de aparcamiento. Aconseja uno de los responsables de la promotora que se puede utilizar un solar situado justo enfrente, colmado de vehículos a primera hora de la mañana y en el que, todo apunta, a corto plazo acogerá otro bloque de apartamentos.El comprador se topa de lleno con el primero de los estudios. Superficie construida, 45,28 metros cuadrados, aunque de ellos sólo 33,75 son útiles. El habitáculo da para un dormitorio, un baño y un comedor con cocina americana incorporada. Todo en muy poco espacio. La estampa, aunque con tamaño de cromo, no impacta ni hace salir huyendo al visitante. El precio: 140.000 euros, resultado de la rebaja que la constructora realiza por un breve periodo de tiempo. Asumiendo esta información, cada metro del estudio sale por más de 3.100 euros.Pero los 45,28 metros del piso de Lagunillas son una mansión, por así decir, si se comparan con los siguientes apartamentos en ser mostrados. La impresión del comprador se torna incredulidad cuando contempla la fachada del edificio que, según parece, alberga el estudio. El inmueble, situado en calle Altozano, en las cercanías de El Ejido, muestra claros signos de abandono, marcado por el paso del tiempo y destaca la ausencia de cualquier atisbo de rehabilitación. Y a pesar de ello osa adentrarse y ver el producto que se le ofrece.Lo que se encuentra en su interior vuelve a hacer saltar todas las alarmas. Un piso de grandes dimensiones compartimentado en seis estudios distintos, con una superficie media que ronda los 32 metros construidos. Un pasillo da paso a las puertas de los seis apartamentos; todos dotados de parqué y con cocina americana, pero sin electrodomésticos. La propietaria del inmueble subraya las bondades de los pisos y la buena ubicación, aunque los detalles no son nada alentadores. Uno de ellos tiene 30 metros cuadrados construidos, 22,34 útiles y cuesta aproximadamente 105.000 euros. O lo que es lo mismo, si el potencial comprador se decidiese tendría que pagar 3.500 euros por cada uno de los pocos metros en los que viviría. Un precio excesivo. El más grande de los incluidos en esta promoción tiene 37 metros construidos, 30 útiles, y cuesta 110.000 euros. La pregunta que se hace el visitante tras este recorrido es hasta qué punto la necesidad lleva a las personas a vivir enlatados, puesto que, aunque las condiciones de muchos de estos productos no son para nada inadecuadas, sí parece indigno reducir la aventura de vivir a poco más de 25 metros.

El embargo de bienes muebles en Málaga se multiplica por 5 a principios de 2008 (Málaga Hoy)

La Seguridad Social se apropió en enero y febrero de este año de más de 1.100 propiedades ante el impago de deudas · El dato contrasta con las 260 contabilizadas del año pasado
La ralentización económica y la crisis financiera de los últimos meses parece que empieza a tener sus primeras consecuencias visibles en Málaga. Los datos aportados por la Tesorería de la Seguridad Social a este periódico ponen de relieve que en los primeros dos meses del año el número de embargos de bienes muebles -es decir, de vehículos, sueldos...- se ha multiplicado por cinco respecto al mismo periodo de 2007. En concreto, mientras en enero y febrero del presente ejercicio se contabilizaron 1.113 actuaciones (429 y 687, respectivamente), el año pasado la cifra fue de apenas 260, casi un 80% menos. Una tendencia que, sin embargo, no se observa al analizar los datos globales de 2007 respecto a 2006. La Seguridad Social se incautó de un total de 19.712 bienes muebles el año pasado, un 10% menos que en la anualidad anterior (21.866). Los efectos de la amenaza económica no se dejan sentir del mismo modo en lo que respecta a los denominados bienes inmuebles, es decir, de los edificios y viviendas. Aunque la cifra de embargos impulsada a lo largo de 2007 no deja de ser importante. En este periodo, según el director provincial de la Seguridad Social, Francisco Javier de Santiago, las deudas de los propietarios obligaron a embargar 2.710 inmuebles (edificios, viviendas...), dato similar a 2006, cuando fueron 2.721. A pesar de lo espectacular de los números, De Santiago precisó que es "una tónica habitual" en los últimos ejercicios y recordó que el embargo en sí no tiene como consecuencia directa la puesta en subasta de los bienes. De hecho, afirmó que en 2007 fueron muy pocas las propiedades que fueron vendidas para ajustar los endeudamientos.De los más de 2.700 embargos producidos, la mayoría se localiza entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, con 326, 333 y 340, respectivamente. Y la mayor parte, aunque De Santiago Pérez elude concretar, se localizan en los municipios de la costa occidental de Málaga, coincidiendo con las zonas en las que mayor desarrollo de la construcción se ha producido en los últimos años.Entre los meses de enero y febrero los datos recopilados por este ente constatan la realización de 482 embargos, lo que supone un importante incremento respecto al mismo periodo de 2007, cuando la cifra fue de 380. Aunque el director provincial no vincula directamente este hecho con la caída de la economía española. "Se nota una cierta recesión en los últimos meses y es verdad que nos cuesta algo más cobrar lo que antes, pero la situación es normal", dijo.En este contexto, De Santiago Pérez aclaró que el objetivo que persigue la Seguridad Social con estas actuaciones no es tanto la puesta en venta de los bienes como "provocar una reacción inmediata del afectado, con el fin de que pague lo que debe". "Es una manera de dar un toque de atención y suele tener un gran valor inducido", comentó. Respecto al futuro, se mostró "optimista" y confió en que en unos meses la situación se normalice.Actualmente, la Tesorería dispone en la provincia de nueve unidades de recaudación ejecutiva, con un total de 75 personas, que se dedican a perseguir al deudor. "Cuando nosotros presentamos la providencia de apremio, que es como una orden para que se pague, le decimos al afectado que sabemos que debe una cantidad de dinero determinado y que vamos a ir a por él. Si no abona su deuda acudimos a la vía del embargo y si sigue sin pagar se subastan los bienes", explicó. Pero el director provincial asevera que la posición inicial del organismo es la de la mano tendida, siempre y cuando haya voluntad por parte del deudor. "Si hay una empresa que nos dice que ha tenido ciertos problemas, tratamos de hallar una fórmula de solución. Cada caso se estudia de manera particular, porque nosotros no estamos para ahogar a nadie, pero tienen que tener claro que la Tesorería no es una entidad financiera".Un dato que pone de relieve el buen comportamiento de los pagadores a lo largo del pasado año es el de la tasa de morosidad, que a finales de 2007 estaba por debajo del 1%, lo que supone un hito histórico. "Eso es lo mismo que decir que de cada cien empresas obligadas a pagar una o no llega o no puede hacerlo", sentenció.

Un proceso independiente de la compra de fincas en el litoral provincial (SUR)

El proceso para fijar los nuevos límites del dominio público marítimo terrestre iniciado por la Demarcación de Costas es independiente del que lleva a cabo el Ministerio de Medio Ambiente para la adquisición de fincas con el objetivo de preservarlas del avance del ladrillo. Así, los trámites que han implicado la convocatoria de reuniones con los propietarios no tienen nada que ver con la compra de parcelas en las playas de Carabeo y El Playazo.En el primero de estos dos casos, el Ministerio sacó recientemete a información pública el expediente de expropiación forzosa de 1.980 metros cuadrados. Por su parte, en la zona de El Playazo, el Ayuntamiento está promoviendo convenios con los propietarios para evitar que se llegue a una expropiación forzosa, de forma que los dueños consiguen aprovechamientos en la zona posterior a los primeros cien metros a cambio de ceder sus parcelas junto a la playa.En la provincia, Medio Ambiente quiere incorporar al dominio público siete fincas, que abarcan una superficie de 530.000 metros cuadrados y corresponden a 4,9 kilómetros de litoral. Se trata del delta del Río Vélez, la playa de El Morche, el paraje de Arraijanal en la capital, la playa del Pinillo y las Dunas de Artola en Marbella, junto con las playas nerjeñas de El Playazo y Carabeo.

El 80% de los propietarios alegará contra el deslinde de Costas entre Algarrobo y Nerja (SUR)

Los dueños de las parcelas situadas en la franja costera rechazan los nuevos límites fijados por Medio Ambiente Los consistorios recurrirán para seguir gestionando los paseos marítimos

EL PROCESO
Objetivo: Fijar los límites del dominio público marítimo terrestre en la franja litoral comprendida entre Algarrobo y Nerja. Este procedimiento no se llevaba a cabo desde la década de los sesenta.

Alegaciones: Tras las reuniones mantenidas en distintos puntos de la costa axárquica, los 250 propietarios de parcelas y ayuntamientos tienen un plazo de quince días hábiles para presentar los recursos.

Plazo: Concluirá en 2010.
La Demarcación de Costas ha iniciado los trámites para fijar unos nuevos límites al dominio público marítimo terrestre en la franja entre Algarrobo y Nerja. Los expedientes ya han sido expuestos a los propietarios de las parcelas situadas en primera línea de playa, en sesiones públicas que se llevaron a cabo en distintos puntos del litoral en las últimas semanas. Ahora, se ha abierto un plazo de quince días hábiles para presentar las alegaciones.Este procedimiento no se llevaba a cabo desde los sesenta, por lo que la mayoría de los dueños de las parcelas tienen previsto presentar alegaciones al proyecto, que persigue adaptar la actual situación de esta franja del litoral axárquico a la Ley de Costas de 1988. Así, el 80% de los alrededor de 250 dueños tiene previsto presentar recurso, según estimaron fuentes del Ministerio de Medio Ambiente.En los últimos años, estos trámites se han llevado a cabo en el resto del litoral de la provincia, de manera que sólo quedaba pendiente la franja -de unos treinta kilómetros- comprendida entre Algarrobo y Nerja, en el límite con la provincia de Granada. Las alegaciones serán remitidas al Ministerio de Medio Ambiente, que a su vez se las trasladará a la Abogacía del Estado. Según las fuentes, este trámite supondrá incorporar una franja de entre cinco y diez metros de litoral respecto a los actuales límites. En ningún caso se procederá al derribo de las edificaciones ya construidas, aunque en caso de incorporarse al dominio público, su situación administrativa cambiará considerablemente.Así, en el caso de Nerja -donde se incorporarán los taludes de los acantilados- algunos propietarios consultados por SUR mostraron su malestar porque los nuevos límites fijados les supondrán perder buena parte de sus terrenos. No obstante, este procedimiento es independiente del puesto en marcha por el Gobierno Central para la adquisición de fincas en el litoral andaluz, con el objetivo de protegerlas de la especulación y del desarrollo urbanístico.Las fuentes consultas dijeron que cada caso será estudiado «de forma particular, para llegar a un acuerdo», lo que incluye compensaciones económicas o reconocimientos de propiedad, concesiones, etc. Los ayuntamientos de Torrox y Algarrobo alegarán para mantener la gestión de los paseos marítimos, de forma que el límite se fije en el muro de ribera actual.

El alcalde de Sayalonga, imputado por presuntas irregularidades urbanísticas (SUR)

Un juzgado de Torrox abre diligencias al regidor, José Luis Navas, por un supuesto delito contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho El mandatario se muestra convencido de que el asunto será archivado
DATOS

Juzgado de Torrox: Cita al alcalde como imputado por un presunto delito urbanístico.Motivo: Construcción de cuatro viviendas en suelo rústico, en la zona conocida como Bajatillo.Denuncia: Del Seprona ante la Fiscalía, después de una inspección rutinaria.

Alcalde: José Luis Navas dice que está seguro de la legalidad de sus actuación como alcalde.

Un juzgado de Torrox ha citado como imputado al alcalde de Sayalonga, el socialista José Luis Navas, para declarar en un procedimiento judicial abierto por presuntas irregularidades urbanísticas relacionadas con la construcción de cuatro viviendas en suelo agrícola. En concreto, al regidor se le imputan presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho. Navas, sin embargo, ha asegurado que las cuatro viviendas agrícolas cuentan con todos los permisos y licencias municipales, por lo que dice estar seguro de la legalidad de su actuación como alcalde. Asimismo, el mandatario se ha mostrado convencido del sobreseimiento y archivo del caso una vez que el juzgado que ha abierto las diligencias conozca y analice toda la documentación. El procedimiento judicial se inicia a raíz de una denuncia realizada ante la Fiscalía por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por la construcción de cuatro viviendas en suelo rústico, concretamente en la zona conocida como Bajatillo, según ha declarado el alcalde.

Denuncia

Las presuntas irregularidades urbanísticas por las que el juzgado torroxeño ha citado a declarar a Navas fueron detectadas a raíz de una inspección rutinaria de los agentes del Seprona, aunque el alcalde dice estar convencido de que detrás se esconde la denuncia de un particular. «Son cuatro viviendas agrícolas que cuentan con su preceptivo proyecto de actuación», según el regidor. El proyecto de actuación es exigido para justificar el uso agrario de la parcela en la que se quiere edificar. «Estamos hablando de casas que están construidas desde hace entre tres y un año en parcelas que superan los 5.000 metros cuadrados y que toda la vida se han dedicado al cultivo del níspero y el olivo», ha asegurado Navas. El alcalde ha anunciado su intención de iniciar acciones legales una vez que se archive la causa para restituir su imagen. «No se puede acusar gratuitamente a nadie de esta manera, porque no hay ningún indicio de delito», ha asegurado Navas.El de Sayalonga no es el único alcalde de la comarca que está procesado por un presunto delito urbanístico. Recientemente, la Fiscalía de Málaga ha solicitado un año y medio de prisión y 17 años de inhabilitación especial para cargo público para el alcalde socialista de La Viñuela, Juan Millán, por conceder presuntamente tres licencias de obras para viviendas unifamiliares en suelo calificado como no urbanizable y sin realizar los trámites necesarios en los expedientes.

Otros casos

También la Fiscalía ha denunciado al alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín (PSOE), por conceder presuntamente licencias de reforma cuando en realidad se trataba de nuevas construcciones en suelo no urbanizable. El pasado mes de marzo, el ex alcalde popular de Cómpeta, Leovigildo López, ya retirado de la vida pública, era condenado a siete años de inhabilitación para empleo y cargo público y a doce meses de multa por un delito de prevaricación urbanística, también relacionado con la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable.

El alcalde de Sayalonga, imputado por presuntas irregularidades urbanísticas (SUR)

Un juzgado de Torrox abre diligencias al regidor, José Luis Navas, por un supuesto delito contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho El mandatario se muestra convencido de que el asunto será archivado
DATOS

Juzgado de Torrox: Cita al alcalde como imputado por un presunto delito urbanístico.Motivo: Construcción de cuatro viviendas en suelo rústico, en la zona conocida como Bajatillo.Denuncia: Del Seprona ante la Fiscalía, después de una inspección rutinaria.

Alcalde: José Luis Navas dice que está seguro de la legalidad de sus actuación como alcalde.

Un juzgado de Torrox ha citado como imputado al alcalde de Sayalonga, el socialista José Luis Navas, para declarar en un procedimiento judicial abierto por presuntas irregularidades urbanísticas relacionadas con la construcción de cuatro viviendas en suelo agrícola. En concreto, al regidor se le imputan presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho. Navas, sin embargo, ha asegurado que las cuatro viviendas agrícolas cuentan con todos los permisos y licencias municipales, por lo que dice estar seguro de la legalidad de su actuación como alcalde. Asimismo, el mandatario se ha mostrado convencido del sobreseimiento y archivo del caso una vez que el juzgado que ha abierto las diligencias conozca y analice toda la documentación. El procedimiento judicial se inicia a raíz de una denuncia realizada ante la Fiscalía por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por la construcción de cuatro viviendas en suelo rústico, concretamente en la zona conocida como Bajatillo, según ha declarado el alcalde.

Denuncia

Las presuntas irregularidades urbanísticas por las que el juzgado torroxeño ha citado a declarar a Navas fueron detectadas a raíz de una inspección rutinaria de los agentes del Seprona, aunque el alcalde dice estar convencido de que detrás se esconde la denuncia de un particular. «Son cuatro viviendas agrícolas que cuentan con su preceptivo proyecto de actuación», según el regidor. El proyecto de actuación es exigido para justificar el uso agrario de la parcela en la que se quiere edificar. «Estamos hablando de casas que están construidas desde hace entre tres y un año en parcelas que superan los 5.000 metros cuadrados y que toda la vida se han dedicado al cultivo del níspero y el olivo», ha asegurado Navas. El alcalde ha anunciado su intención de iniciar acciones legales una vez que se archive la causa para restituir su imagen. «No se puede acusar gratuitamente a nadie de esta manera, porque no hay ningún indicio de delito», ha asegurado Navas.El de Sayalonga no es el único alcalde de la comarca que está procesado por un presunto delito urbanístico. Recientemente, la Fiscalía de Málaga ha solicitado un año y medio de prisión y 17 años de inhabilitación especial para cargo público para el alcalde socialista de La Viñuela, Juan Millán, por conceder presuntamente tres licencias de obras para viviendas unifamiliares en suelo calificado como no urbanizable y sin realizar los trámites necesarios en los expedientes.

Otros casos

También la Fiscalía ha denunciado al alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín (PSOE), por conceder presuntamente licencias de reforma cuando en realidad se trataba de nuevas construcciones en suelo no urbanizable. El pasado mes de marzo, el ex alcalde popular de Cómpeta, Leovigildo López, ya retirado de la vida pública, era condenado a siete años de inhabilitación para empleo y cargo público y a doce meses de multa por un delito de prevaricación urbanística, también relacionado con la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable.

Los enlaces de la Ronda Oeste encaran la recta final con el montaje de los puentes (SUR)

Una decena de viaductos se integrarán en breve en la remodelación de los accesos de Alameda-Barriguilla, que acomete el Ministerio de Fomento Permitirá paliar el colapso circulatorio que afecta a la zona de Teatinos y el PTA

ALAMEDA-BARRIGUILLA
Obras que integran el proyecto de remodelación de accesos desde la Ronda Oeste y la A-357: Enlace Centro-Ciudad de la Justicia: Arrancará en las inmediaciones de la Comisaría Provincial, cruzará la ronda mediante dos puentes y llegará hasta la glorieta donde confluyen la avenida de Gregorio Prieto y la calle Mefistófeles, cerca del Hipercor y de la Ciudad de la Justicia. Esto permitirá llegar a los barrios de Teatinos, Soliva y Puerto de la Torre sin atravesar la A-357.

Eje subterráneo desde la A-357 hacia la Ronda Oeste: Eliminará los atascos crónicos en la entrada a Málaga desde la A-357, mediante un eje subterráneo que saldrá de la A-357 hacia la Ronda Oeste, aunque justo antes de llegar a ésta se bifurcará para poder tomar la A-7 en ambos sentidos. Este ramal acabará con el cuello de botella de los dos carriles de la autovía.

Salida hacia la avenida de Andalucía y la Universidad: Un carril partirá del cruce con la línea férrea y discurrirá paralelo a la circunvalación hacia el Centro. Este ramal tendrá hasta cuatro carriles y posibilitará la entrada a la avenida Ortega y Gasset, en su intersección con la calle Juan Gris; hacia la plaza de Manuel Azaña (Comisaría), y hacia la A-357, en sentido Campanillas. Otras actuaciones: Se ampliará el número de carriles y se eliminarán cruces peligrosos actualmente existentes. En total se intervendrá sobre 23 ejes, con un presupuesto de 28,7 millones de euros.Puesta en servicio: Se prevé que las obras estén concluidas antes del final de este año.

Una decena de estructuras metálicas de grandes dimensiones aguardan en los laterales de los tajos, en el acceso a la capital desde Teatinos, el Guadalhorce y el Palacio de Ferias. Muy cerca, los pilares sobre los que éstas se asentarán en breve ya despuntan en el horizonte, en medio de un trasiego incansable de vehículos. Es mediodía y la larga caravana de coches y vehículos pesados da buena cuenta de la urgencia con la que se debía intervenir en este sector.Las obras de remodelación de los enlaces de Alameda-Barriguilla, uno de los habituales puntos negros de retenciones de la Ronda Oeste, entrarán en el plazo de un mes en su recta final, con el montaje de los puentes que conformarán los nuevos ejes de entrada y salida de la capital hacia las autovías A-7 (Torremolinos) y A-357 (Guadalhorce). El objetivo es que los nuevos accesos estén operativos antes de finales de este año.Se trata de una decena de viaductos, algunos de los cuales sobrevuelan carreteras con un volumen de tráfico próximo a los 250.000 vehículos diarios, por lo que los trabajos se acometerán en horario nocturno. La principal será el salto de la Ronda Oeste, una obra complicada y cuya fase crítica también arrancará en fechas próximas.El proyecto prevé intervenir en un total de 23 ejes. Se asemeja a un gigantesco 'Scalextric', en pleno corazón de la Ronda Oeste, que ahora dispondrá de un ramal directo que canalizará la circulación de salida del Centro de la ciudad hacia las zonas de expansión del noroeste de la capital.

Vuelo sobre la autovía

Arrancará en las inmediaciones de la Comisaría Provincial, cruzará la ronda mediante dos puentes y llegará hasta la glorieta donde confluyen la avenida de Gregorio Prieto y la calle Mefistófeles, cerca del Hipercor y de la Ciudad de la Justicia. Esto permitirá llegar a los barrios de Teatinos, Soliva y Puerto de la Torre sin atravesar la A-357.Otra actuación eliminará los atascos crónicos en la entrada a Málaga desde la A-357, mediante un eje subterráneo que saldrá de la A-357 hacia la Ronda Oeste, aunque justo antes de llegar a ésta se bifurcará para poder tomar la A-7 en ambos sentidos. Este ramal acabará con el cuello de botella de los dos carriles de la autovía.Otro punto habitual de retenciones, la salida hacia el Centro (avenida de Andalucía) y la Universidad, se corregirá mediante un carril que partirá del cruce con la línea férrea y discurrirá paralelo a la circunvalación hacia el Centro. Este ramal tendrá hasta cuatro carriles y posibilitará la entrada a la avenida Ortega y Gasset, en su intersección con la calle Juan Gris; hacia la plaza de Manuel Azaña (Comisaría), y hacia la A-357, en sentido Campanillas. De esta forma, los vecinos de las zonas de expansión de Málaga acabarán con los atascos crónicos que les afectan.

Estatua del Cenachero.

El Cenachero es mucho más que una escultura de bronce para los malagueños, junto al Biznaguero o al burrito Platero forman el trío de esculturas populares que realizó Jaime Pimentel en 1968 para embellecer el Paseo del Parque malagueño. El Cenachero, pescador con su cenacho o espuerta de esparto donde llevaba el pescado fresco que pregonaba por las calles, ya ha desaparecido en Málaga.

Estatua de El Cenachero de Jaime Fernández Pimentel en Málaga.

El cenachero o zenachero es el pescador que en su cenacho o espuerta de esparto lleva el pescado fresco que pregona por las calles, haciendo bailar sus espuertas; un oficio ya desaparecido. El cenachero es, junto a la biznaga o el boquerón, un símbolo popular de la ciudad Andaluza de Málaga. En otras localidades del litoral malagueño ha recibido otras denominaciones, por ejemplo en Fuengirola este personaje era conocido como bolichero.

El cenachero en el arte

El artista malagueño Jaime Fernández Pimentel inmortalizó en 1968 en una estatua a este pintoresco personaje, inspirado en un pescador real llamado Manolo "El Petaca". La escultura se encuentra en la actualidad en la Plaza de la Marina, emplazamiento original donde fue reubicada tras varias décadas en el Paseo de La Farola. Bajo la escultura hay una placa conmemorativa que contiene los siguientes versos dedicados a la figura del cenachero por el poeta malagueño Salvador Rueda:

El Cenachero Allá van sus pescadores con los oscuros bombachos Columpiando los cenachos con los brazos cimbradores. Del pregón a los clamores hinchan las venas del cuello: Y en cada pescado bello se ve una escama distinta, en cada escama una tinta y en cada tinta un destello.

Curiosidades

Réplica de la estatua de El Cenachero en la ciudad de Mobile, Estados Unidos

La ciudad estadounidiense de Mobile, Alabama, alberga una réplica de la escultura de El Cenachero (en inglés: The Fishmonger); donada por la Ciudad de Málaga en homenaje al hermanamiento existente entre ambas ciudades. Se encuentra situada en una fuente en la Malaga Plaza, una plaza dedicada a la ciudad española y muy cerca de la Spanish Plaza, donde ondean varias banderas españolas y donde están instalados los "Arcos de la Amistad", también donados por la Ciudad de Málaga.

Encargan un informe jurídico para comprobar si el acuerdo unánime del Pleno puede paralizar derribos. Mijas (SUR)

El Ayuntamiento estudiará la propuesta del PP, según la cual la voluntad explícita de la Corporación de regularizar las viviendas podría retrasar la ejecución de los expedientes
El alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, va a encargar un informe a la asesoría jurídica del Ayuntamiento para estudiar la viabilidad de una propuesta presentada por el PP, según la cual, la adopción de un acuerdo unánime del Pleno posibilitaría solicitar a los juzgados la paralización de los expedientes de demolición de viviendas irregulares y así ganar tiempo hasta su regularización vía Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). «Nuestro compromiso es hacer todo lo que la ley nos permita por regularizar el máximo de viviendas posible», comentó el primer edil.En este sentido, el concejal del PP, Manuel Navarro, expuso que se podría solicitar a los tribunales de justicia correspondientes «la paralización temporal de la tramitación de los expedientes de demolición, de todas aquellas viviendas irregulares que están en vía contencioso-administrativa, alegando la voluntad explícita del Pleno de incorporar esa regularización de viviendas a la revisión del Plan General». Además, según Navarro, en caso de sentencia firme por parte del juzgado, ésta se podría revocar con una resolución del PGOU donde aparezca como vivienda regularizable.DificultadesPor su parte, el concejal de Urbanismo, Juan Cruz, quiso dejar claro que «no todos los casos tienen solución», y que la regularización de la vivienda no exime a los propietarios de sus obligaciones a la hora de urbanizar la zona.Esta propuesta se presentó pocos días después de que una familia optara el domingo por demoler la casa que se estaban construyendo en suelo rústico de regadío en la zona de La Alquería, y que llevaba dos años paralizada por la denuncia de varios vecinos. Según explicó la propia afectada, Amelia Peinado, la orden de derribo aún no estaba en fase de ejecución, pero el «temor» y la imposibilidad de hacer frente a las multas de unos 4.000 euros mensuales la llevaron a tomar la drástica decisión de echar abajo su casa.

La crisis inmobiliaria y las limitaciones legales ponen en jaque las arcas de los ayuntamientos (SUR)

La bajada de los ingresos por tasas urbanísticas y las condiciones para endeudarse, principales escollos. En la capital se prevé un recorte del 25% en las inversiones el año próximo

LIMITACIONES
Principales cuestiones que afectan a la financiación de los ayuntamientos:

Crisis del sector inmobiliario: La caída de la actividad inmobiliaria provoca una disminución de los ingresos por tasas e impuestos relacionados con las obras.

Ley de estabilidad presupuestaria: Obliga a los ayuntamientos a disminuir los préstamos para inversiones, ya que estos no pueden superar el dinero que se destina cada año a amortizar créditos.

Paralización de los planes urbanísticos: La demora en la aprobación de los nuevos planes generales de ordenación urbana mantiene en suspenso los ingresos por convenios urbanísticos.

Limitaciones para emplear el dinero de convenios urbanísticos: La ley andaluza obliga a que el dinero procedente de los convenios se destine en un 75% a la promoción de viviendas de VPO, lo que deja sólo un 25% para mejoras urbanas.

No corren buenos tiempos para la economía de los ayuntamientos de la provincia. Parece que los astros se han puesto de acuerdo con el fin de hacer coincidir en el tiempo una serie de circunstancias que provocan una merma de las arcas municipales no conocida en los últimos años. Todos los municipios se ven afectados en mayor o menor medida por esta situación, motivada fundamentalmente por el parón de la construcción, unido al retraso en la aprobación de los nuevos planes urbanísticos, y por la entrada en vigor de la norma de estabilidad presupuestaria, que obliga a los gobiernos locales a disminuir los préstamos para financiar inversiones con el fin de equipararlos al dinero que se destinan cada año a amortizar créditos.La crisis del ladrillo -la producción de viviendas en los primeros tres meses de este año ha caído a la mitad respecto a los datos de 2007- ocasiona un efecto inmediato en los ingresos por tasas urbanísticas y venta de suelo que, en el caso de la capital, se ha cuantificado en un descenso global del 15% para este año. La bajada se observa en la recaudación por las tasas urbanísticas que se abonan al solicitar la licencia de obras -ha disminuido un 16% en el último año- y por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que experimentará un retroceso del 30%en 2008. Ambos conceptos suponen una pérdida inicial de casi nueve millones de euros respecto a lo recaudado el año pasado, aunque puede ser mayor.En Vélez-Málaga, uno de los municipios con mayor actividad inmobiliaria en los últimos meses, ésta ha decrecido más de la mitad y la tramitación de licencias de obras para casas ha bajado un 60% desde principios de año. Esto se ha traducido también en un importante descenso en los ingresos a través de las tasas urbanísticas y el ICIO, que se han visto reducidos a apenas unos 400.000 euros.

Marbella

En la misma situación está Marbella, donde los problemas heredados del gilismo, especialmente por la ausencia de un plan general renovado, limitan desde hace años los ingresos en las arcas municipales derivados del ladrillo. El coordinador de Hacienda marbellí, Carlos Rubio, explicó que ya en los presupuestos del año pasado «no se incluyeron ingresos atípicos» en este sentido por una cuestión de prudencia. «Se han valorado a la baja las previsiones de recaudación por convenios, licencias y el ICIO», subrayó.En Mijas, el parón urbanístico se ha convertido en el mayor problema para las arcas municipales, si bien el bajo nivel de endeudamiento permite tener una mayor capacidad de maniobra. Esto, unido al retraso en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha traído consigo un bloqueo en la ejecución de convenios urbanísticos, principal fuente de ingresos del municipio en los últimos años. Esta situación ha tenido reflejo en los presupuestos de este año, que contemplan una caída de las inversiones del 16%. Para reactivar la economía local, el Ayuntamiento levantó a comienzos de año la suspensión de licencias decretada en 2004 a raíz de la revisión del PGOU, una medida que congeló todo el suelo cuyo desarrollo futuro colisionaba con el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol, y que ahora ha quedado liberado, en parte, permitiendo la aprobación de obras por valor de 20 millones de euros. Los ayuntamientos del interior de la provincia también se ven afectados por la crisis inmobiliaria, aunque en menor medida, ya que el volumen de proyectos en estas localidades es menor que en la costa. Así, el Consistorio de Antequera prevé una disminución en los ingresos urbanísticos, aunque asegura que cuenta con margen de maniobra como para no tener que bajar las inversiones. «En Antequera es donde menos se puede notar esa desaceleración de la economía, porque no hemos basado la nuestra únicamente en el pelotazo de la construcción», sentenció su alcalde, Ricardo Millán.Junto con el descenso de la construcción, existen otros escollos -en este caso de carácter legal- que también limitan la financiación de los municipios. Por un lado la citada Ley de Estabilidad Presupuestaria y, por otro, la ley andaluza del suelo, que obliga a que el dinero que se obtiene por convenios urbanísticos o venta de suelo se dedique en un 75% a la construcción de VPO y sólo en un 25% para mejoras en infraestructuras urbanas.En el caso de la capital, esto afecta a ingresos pendientes por convenios urbanísticos que suman más de cien millones de euros, cantidad que no podrá emplearse hasta que las actuaciones urbanísticas de las que procede sean autorizadas definitivamente por la Junta de Andalucía.El Consistorio malagueño aprobó hace pocos días un plan de estabilidad presupuestaria para los próximos tres años que pronostica una bajada de las inversiones del 25% para 2009 si no se logran fórmulas de financiación alternativas. En el caso de Marbella, la obligación de reinvertir los ingresos por convenios en VPO y mejoras urbanas más que un imperativo supone una necesidad por los déficits heredados del gilismo. Han elaborado esta información Agustín Peláez, Francisco Jiménez, Carmen Martín, Cristina González y Jesús Hinojosa.