MÁLAGA De la Torre seguirá adelante con el PGOU y espera que la Junta lo acepte. (SUR)

El alcalde asegura que se mantiene la agenda para aprobar de nuevo el documento a mediados de este mes

03.07.2010 -

JESÚS HINOJOSA

MÁLAGA.

El Ayuntamiento está dispuesto a seguir adelante con su programación para dar una nueva aprobación al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga este mismo mes y a limar las asperezas con la Junta de Andalucía que se han generado esta semana a raíz de la última propuesta municipal para cerrar el documento. Esta propuesta consiste en que el Gobierno andaluz expropie casi 300.000 metros cuadrados para el parque fluvial que ha proyectado junto al cauce del río Guadalhorce, así como los suelos para su proyecto de encauzamiento del río Campanillas, y el Ayuntamiento se encarge de obtener los terrenos para el parque en Arraijanal y casi 400.000 metros cuadrados del previsto junto al Campanillas.

«Así hay un esfuerzo por ambas partes», recalcó ayer el alcalde, Francisco de la Torre, quien confió en que la Junta acepte esta propuesta, para lo que anunció que mantendrá en los próximos días alguna conversación telefónica más con responsables de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Según dijo, así lo hizo el pasado martes con el secretario general de Planificación, Ordenación Territorial, Infraestructura y Movilidad Sostenible, Eduardo Tamarit, al que avanzó esta última propuesta, que el jueves fue adelantada por este periódico.

Con ella, el regidor se da por satisfecho en relación a la compensación que reclamaba por la obtención del suelo de Arraijanal y espera que la Junta también la asuma. Según indicó, de lo hablado por teléfono con la consejería se deduce que «no es un tema imposible», declaró. De la Torre volvió a dialogar en la tarde del jueves con Tamarit y aseguró que está dispuesto a mantener una nueva reunión con la Junta si es necesario, «pero que jamás se le ocurra echarnos», manifestó en relación al episodio vivido el jueves en Sevilla en la cita de los técnicos de Urbanismo de Málaga con la consejería.

El alcalde calificó de «muy grave» el comportamiento de la viceconsejera, María Felicidad Montero, que dio por terminada la reunión a las dos horas de su inicio y expulsó a los técnicos malagueños con el argumento de que la propuesta que traían había sido publicada ese mismo día por este periódico. «Es algo condenable, un acto de prepotencia y de desprecio a la representación del Ayuntamiento de Málaga», dijo De la Torre, quien no obstante se mostró dispuesto a retomar el clima de diálogo con el Gobierno andaluz. «Creo que la Junta está por asumir el PGOU, por lo que nuestra voluntad es llevarlo a pleno este mes», añadió.

Por su parte, la consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, aseguró ayer en Córdoba que lo acontecido en los últimos días sobre el Plan General impide realizar el trabajo definitivo para culminar el documento. No obstante, señaló que, «desde la lealtad y la confianza mutua», la consejería está dispuesta a «sentarse una y mil veces para solucionar definitivamente el PGOU malagueño».

MÁLAGA Desestimada la solicitud de Central Térmica. (SUR)

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio desestimó la solicitud de autorización administrativa de la Central Térmica de Ciclo Combinado de Málaga, que se ubicará en el paraje de El Contador, junto al polígono del Guadalhorce. Tal y como recordó el Ministerio, en diciembre de 2008, Endesa Generación S.A solicitó la autorización administrativa para la construcción de la Central Térmica de Ciclo Combinado de Málaga. El pasado abril, la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Málaga emitió un informe sobre la mencionada solicitud en el que concluía que «no parecía factible la construcción de la Central de Ciclo Combinado en la actual ubicación». Esta conclusión sería la consecuencia del informe desfavorable y la oposición expresa de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa).

Mancomunidad paraliza indefinidamente la mesa por el urbanismo en la Axarquía. (SUR)

La comisión, constituida por iniciativa de los ayuntamientos de la comarca, tiene como objetivo solicitar la modificación de la LOUA

03.07.10 - 02:21 -

AGUSTÍN PELÁEZ | VÉLEZ-MÁLAGA.

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía ha paralizado indefinidamente la mesa por el urbanismo en la comarca. Este órgano, que tiene como finalidad exigir a la Junta de Andalucía la modificación de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) y el Plan Territorial de la Comarca (POTAX), se marcó como objetivo elaborar un documento conjunto con las propuestas de la comarca para reactivar la construcción en la Axarquía, incluido el suelo rústico, para abril pasado. La comisión está constituida todos los partidos con representación en la entidad con un técnico y un político cada uno, la Diputación Provincial y los colegios oficiales de Abogados y Arquitectos de Málaga

Según el presidente de la Mancomunidad, José Jesús Domínguez Palma (PSOE), la razón por la que la comisión no se reúne desde hace meses es que la reciente aprobación por parte de la Junta del Reglamento de Disciplina Urbanística ha llevado a los ayuntamientos a mostrar un mayor interés sobre el modo en que debe ser aplicada esta nueva normativa.

«Lo que los municipios quieren ahora es conocer qué incidencia va a tener la aplicación de este Reglamento, por eso hemos colocado en 'stand by' a la comisión», ha señalado Domínguez.

Alcaldes

La explicación sin embargo no ha convencido a algunos de los alcaldes que más se han destacado por exigir la creación de esta comisión, como es el caso del regidor de Canillas de Aceituno, el también socialista José Manuel Aranda, que ha exigido en reiteradas ocasiones como miembro de la Mancomunidad y de la comisión del urbanismo, su reactivación.

Para el parlamentario andaluz del PP y edil veleño, Francisco Delgado Bonilla, lo que intenta por todos los medios la mancomunidad de Municipios es «tapar sus propias vergüenzas y evitar tener que dar la razón el Partido Popular sobre las críticas que siempre hemos realizado al POTAX, un documento que se hizo de los despachos y no desde la realidad».

Delgado ha acusado asimismo al presidente de la entidad mancomunada de no querer someter a debate las propuestas realizadas por el PP sobre el urbanismo en la Axarquía. «Nosotros presentamos un modelo de reglamento sobre cómo regular las construcciones en el no urbanizable, pero lo único que ha hecho el PSOE es guardarlo un cajón, lo mismo que con el resto de las propuestas presentadas por los ayuntamientos y grupos políticos», ha manifestado Delgado.

La misión de la comisión técnico-política consiste en elaborar un documento consensuado redactado con las propuestas de la comarca para reactivar la construcción, documento que debía estar concluido y aprobado a finales de abril.

Paralizadas una urbanización de viviendas y un hotel en Fuente de Piedra. (SUR)

El Ayuntamiento de Fuente de Piedra ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la notificación de la iniciación de expediente para declarar la caducidad del plan parcial de ordenación del sector UR-4 de las Normas Subsidiarias de la localidad.

Según explicó la edil de Urbanismo, Yolanda González, se había incoado en el Ayuntamiento un expediente para tramitar el plan parcial a instancia de la entidad Urbanización Valle Rosario, S. L., en 2007 sin que la sociedad haya realizado ninguna gestión más al respecto. «Se les ha intentado notificar que se va a iniciar el expediente de declaración de caducidad por carta, pero nos llegan devueltas», apuntó la edil, quien explicó que para poder anular el plan parcial incoado se ha tenido que publicitar en el BOP.

González apuntó que la empresa que había iniciado los trámites del plan parcial pertenece al Grupo Mirador, que había iniciado en 2005 las obras de un hotel de cuatro estrellas con 101 habitaciones junior suite. La edil apuntó al respecto que el hotel está actualmente sólo en la estructura y que las obras están paralizadas desde finales de 2008.

La sociedad tenía previsto invertir unos 12 millones de euros en la construcción del hotel de cuatro estrellas junto a las antiguas instalaciones de Renfe. Además, también tenía previsto restaurar una chimenea y tres naves industriales ubicadas junto al antiguo silo que albergarían servicios como gimnasio, restaurante, cafetería, sala de congresos y centro de salud.

Concluyen las obras de la carretera que une el municipio de Almargen con Cañete la Real. (SUR)

A más de 800.000 euros asciende la inversión de la actuación financiada por la Diputación

02.07.10 - 19:33 -

SUR.ES |

El tramo de siete kilómetros de las obras de la carretera MA-7404 que une los municipios de Almargen y Cañete la Real están finalizados. Las obras han supuesto una inversión de 815.885.63 euros, financiados en su totalidad por el ente supramunicipal.

Se trata de un tramo en los que se ha procedido a acondicionar la vía, proyectando en el trayecto comprendido entre Almargen y el puente del ferrocarril, de 1.200 metros, un refuerzo de firme con aglomerado asfáltico en caliente y una anchura de la calzada de 8,2 metros aproximadamente.

En un segundo tramo, desde el referido puente del ferrocarril hasta la variante de Cañete la Real, con una longitud de 5.800 metros, se ha ejecutado también un refuerzo de firme de las mismas características.

En el punto kilométrico 5,0 de entrada a la zona de las canteras se ha modificado el trazado en planta, mejorando una curva existente para lo cual ha sido necesario ampliar una obra de fábrica de tubo de hormigón armado de 2,0 metros de diámetro y una logitud de 5 metros.

El presidente Salvador Pendón ha visitado las obras obras junto con el diputado delegado de Fomento Local y Red Viaria, Cristóbal Guerrero, y los alcaldes de sendos municipios, Francisco Javier López y Vicente Jiménez. Pendón ha señalado que con la finalización de estas obras “se continúa con el compromiso de la institución de mejorar la rede viaria de nuestra provincia con el objetivo de acercar territorios”. Además ha añadido que con ello se consigue “la dinamización económica de los municipios del interior”.

Otra de las actuaciones que se ha llevado a cabo ha sido la señalización horizontal con marca vial de 10 centímetros en los márgenes de la calzada.

En la actualidad se va a proceder como infraestructura complementaria hasta acondicionar algunos tramos de las cunetas en una longitud de unos 5.400 metros, colocándose en varios de ellos barreras de seguridad.

MALAGA. El Ayuntamiento aprobará el PGOU el 16 de julio con la compensación que reclama el alcalde. (LAOPINION)

El Consistorio afirma que lo que exige quedará resuelto con la adquisición por parte de la Junta

de los suelos de Campanillas y Guadalhorce.

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga no quiere que el Plan General (PGOU) vuelva a naufragar como lo hizo el año pasado, quizá por ello ha elegido el 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, para convocar el pleno que deberá aprobar por segunda vez el documento urbanístico, para remitirlo después a la Junta.

La fecha se la confirmó ayer el alcalde, Francisco de la Torre, a los grupos de la oposición. El proyecto del PGOU que irá al pleno para su aprobación dista mucho del que se aprobó hace un año y que luego fue rechazado por la Junta a través de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua).

El que irá el día 16 es el que responsables de la Junta y del Ayuntamiento han ido perfilando en los últimos meses, eliminando todos los proyectos que la Junta señaló que no se acomodaban al Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum). Es por tanto un PGOU consensuado del que se han quedado fuera todos los aspectos que impedían su aprobación por la Junta.

«Metedura de pata»

Pero llevará un último elemento añadido que ha incorporado el alcalde en el último momento y que no ha sido discutido con la Junta por lo que no se sabe si ésta lo aceptará.

Este añadido responde, según confirmó ayer el propio alcalde, a las compensaciones que De la Torre ha exigido a la Junta a cambio de que el Ayuntamiento se haga cargo de la adquisición de los suelos de Arraijanal y de compensar a sus propietarios.

Esta última propuesta plantea que la Junta adquiera 394.817 metros que son necesarios para ejecutar el proyecto de encauzamiento del río Campanillas que se plantea en el Potaum y que se haga cargo también de adquirir los 287.577 metros cuadrados necesarios para el futuro parque fluvial del Guadalhorce.

Esta es la propuesta que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo llevaron el jueves a Sevilla y que no pudo discutirse pues la consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, hizo que se suspendiera la reunión al conocer que la propuesta había sido adelantada a la prensa.

Al respecto, el alcalde consideró ayer como «un despropósito absolutamente condenable» la actitud de la viceconsejera de Obras Públicas que fue la que hizo suspender la reunión, pero indicó que hay que pasar página al considerarla «una metedura de pata que no debe afectar al PGOU».

El PGOU irá a su aprobación con la nueva propuesta sin conocer si la Junta la acepta. Al respecto, De la Torre señaló que de aquí al pleno «no habrá ya mas reuniones, pues no hace falta» y dio a entender que los responsables de la Consejería de Obras Públicas conocen la última incorporación planteada por el Ayuntamiento «y entiendo que aceptarán nuestra posición sobre la misma», concluyó.

MALAGA. Tempestad en el puerto. (MALAGAHOY)

Políticos y arquitectos critican el 'traje a medida' que se quiere hacer a la concesionaria del muelle 1 al modificar el plan especial para dar cabida al supermercado de Carrefour · De la Torre y Linde le restan importancia

SEBASTIÁN SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 03.07.2010 - 01:00

La polémica sobre la instalación del supermercado en la esquina de oro del puerto de Málaga sigue agrandándose. La confirmación de que la modificación del plan especial planteada por la concesionaria del muelle 1, Iniciativas Marina de la Farola, para esa zona no sólo incluye la elevación en altura del equipamiento cultural sino también el encaje suficiente para implantar el local de Carrefour, ha provocado un amplio rechazo ciudadano. Arquitectos y políticos consultados mostraron su oposición ante el traje a medida hecho para la empresa.

Frente a ello, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente del Puerto, Enrique Linde, restaron importancia a que se haya aprovechado esta variación para dar cabida a un local de 2.000 metros cuadrados, al considerar que los privados podrían haberlo planteado en cualquier otro punto del muelle 1.

Desde los grupos de la oposición municipal, la crítica fue común. Rafael Fuentes, portavoz del PSOE se opuso de plano a que se plantee un supermercado de 800 o de 2.000 metros cuadrados. "No podemos estar de acuerdo con que en el lugar de oro vaya ese uso", comentó. "Si se está maquillando el tema para poner el súper, no podemos estar de acuerdo", apostilló.

Por su parte, el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, dijo que este ajuste "se hace específicamente para resolver el problema a la concesionaria y romper el consenso que había". "Quiero que el PSOE, que gobierna en la Junta, y el PP expliquen cómo se tira a la basura todo ese consenso por satisfacer los intereses económicos de la concesionaria", abundó.

En la misma línea, el presidente de Diputación y del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Salvador Pendón, mostró su desazón con que tras varias décadas de debate asistamos "a movimientos que denotan una improvisación inadmisible". "La ciudad se merece un mejor tratamiento para uno de sus mejores espacios", apostilló. Si bien eludió hablar de interés por ocultar el encaje del supermercado, fue claro al señalar que "la tramitación que se está haciendo por parte de todas las entidades e instituciones implicadas no es para poner de ejemplo".

Preguntado por si entiende que se plantee una modificación buscando el encaje del súper, respondió: "No, pero creo que eso no le parecerá admisible a nadie que tenga mediana capacidad de criterio y de juicio. No me gusta que se haga un supermercado en el mejor espacio de la ciudad, otras ciudades hacen el Guggenheim o el Kursaal".

No opinó lo mismo el alcalde, que dijo ignorar cuál era la configuración de la esquina de orodibujada en el documento aún vigente. Incluso, llegó al extremo de ironizar al apuntar que de acuerdo con la superficie comercial permitida en el muelle 1, 14.000 metros, "podría poner hasta siete supermercados". "Que esté en el punto A o a cien metros del punto A me es indiferente, lo que me importa más es el contenido", afirmó, e insistió en que el supermercado podría haberse desarrollado conforme al plan vigente, sin necesidad de su variación.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Linde, se limitó a precisar que nada tiene que ver la localización del local con que el uso previsto en el mismo entre o no dentro de lo permitido. "No hay relación entre una cosa y la otra", apostilló.

El decano del Colegio de Arquitectos, Antonio Vargas, tuvo claro que el cambio puesto sobre la mesa "modifica más cosas, no sólo un edificio cultural, ya que se confirma que cambian los volúmenes del edificio y la distribución de superficies comerciales". Y aludió a la opción de aprovechar la nueva tramitación para "poner restricciones al supermercado". "Parece que hay ciertas cosas que nos dan vergüenza, a lo mejor porque son difíciles de explicar", dijo.

El profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, Vicente Granados, abundó en su discurso contrario a la instalación del súper. Incluso, comentó que su idea de "atarse a una farola" si el proyecto sale adelante ha sido bien recibida por muchos, dentro de los que hay algunos miembros del equipo de gobierno del PP. "Es ridículo que después de tantos años se esté dando vuelta a lo mismo", sentenció y criticó el procedimiento usado: "Primero se vende las grandes bondades de algo que no las tiene y después lo que hacen es, para que sea viable, proponer una modificación; eso es distorsionar toda la lógica del propio proyecto original".

Otro de los que se posicionó sobre este asunto fue el arquitecto Salvador Moreno Peralta. "Esto no está hecho a tapadillo, ésta es la operación", dijo, al tiempo que mostró su sorpresa ante la actitud de las autoridades públicas. En este asunto, a su juicio, "parece como si estuviesen actuando de portavoces de los intereses privados".

Finalizan las obras de la carretera que une Almargen y Cañete la Rea. (MALAGAHOY)

Los trabajos han supuesto una inversión de más de 815.500 euros

EP / MÁLAGA, INFRAESTRUCTURAS | ACTUALIZADO 03.07.2010 - 05:01
El presidente de la Diputación, Salvador Pendón, visitó ayer las obras de la carretera MA-7404 que une los municipios malagueños de Almargen y Cañete la Real, obras que han supuesto una inversión de 815.885,63 euros, financiados en su totalidad por el ente supramunicipal. Se trata de un tramo de siete kilómetros en los que se ha procedido a acondicionar la vía, proyectando en el trayecto comprendido entre Almargen y el puente del ferrocarril un refuerzo de firme con aglomerado asfáltico en caliente y una anchura de la calzada de 8,2 metros. Pendón señaló que con la finalización de estas actuaciones "se continúa con el compromiso de la institución de mejorar la red viaria de la provincia con el objetivo de acercar territorios".

Manilva pide a Unicaja que desarrolle los suelos de Sabinillas. (MALAGAHOY)

Quoniam sollicitudo storalis vera est causa, qua Ecclesia movetur ut id quod fideliterEl Ayuntamiento dice que si no asume esa función la caja se le encargará a un gestor

ENCARNA JEREZ / MANILVA, URBANISMO | ACTUALIZADO 03.07.2010 - 05:01

Tras 16 años de espera el Ayuntamiento de Manilva ha decidido que ha llegado el momento de desarrollar los suelos que Unicaja tiene en la barriada de Sabinillas. Según explicó ayer el concejal de Urbanismo, el socialista Salvador Zotano, el pleno ha aprobado cambiar el sistema de gestión de concertación a cooperación con la intención de sacar adelante los terrenos en cuestión.

Zotano explicó que "si la caja no se encarga, haremos un concurso y será un gestor del suelo el que lo desarrolle tal y como establece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía". A este gestor se le pagaría "a través de los aprovechamientos generados por este suelo, con lo cual, al Ayuntamiento no le costaría nada".

Unicaja dispone de 67.000 metros cuadrados de suelo sobre los que solo se levanta la colonia infantil y que hasta esta semana contaban con una edificabilidad máxima de 47.000 metros de techo no construidos. Desde ahora, esta cifra se ha reducido a 10.000 metros de modo que se garantizan unos 35.000 metros de suelo "que tendrán un uso público".

Zotano señaló que tras el acuerdo plenario "Unicaja dispone de 15 días para alegar". En caso de no hacerlo el Consistorio continuará con la tramitación para gestionar el terreno, lo que pasaría, en primer lugar, por elaborar un plan especial de régimen interior en el que se determine qué se va a hacer, manteniéndose siempre los valores educativos y de ocio". Entre las posibilidades que se barajan, se encuentra la de crear "el mayor parque urbano de la Costa del Sol".

El responsable de Urbanismo insistió en que "está garantizada la permanencia de la colonia infantil, pero en unas instalaciones más modernas y abriendo durante todo el año, no solo durante los meses de verano". También subrayó Zotano como una conquista del pleno "la reducción de la edificabilidad y la recuperación de este espacio para la ciudadanía".

Zotano aseguró que esta gestión demuestra "el modelo de Urbanismo progresista que pone en marcha este equipo de gobierno con una decisión valiente que es perfectamente factible y que hasta ahora nadie se había atrevido a adoptar".

MALAGA. De la Torre y la Junta reavivan la tensión por el PGOU. (ELPAIS)

Pese a los sucesivos anuncios en los últimos meses de un pretendido acuerdo final, la Junta y el Ayuntamiento de Málaga no logran desbloquear el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuando se va a cumplir un año desde que fuera rechazado. Ahora incluso parece alejarse, después del fracaso de la que pasaba por ser la reunión técnica definitiva, anteayer, que acabó como el rosario de la aurora.

Todo sigue pendiente de las compensaciones que al alcalde, Francisco de la Torre, exige por tener que dar suelo a los propietarios de Arraijanal para dejar sin urbanizar la última parcela libre en primera línea de playa. El mismo día de la reunión un periódico local publicó la propuesta municipal de última hora de aumentar en más de 300.000 metros cuadrados el suelo no urbanizable adscrito al parque fluvial del río Campanillas, lo que obligaría a la Junta a expropiarlos.

La Junta lamentó que ni previamente ni incluso al comenzar la reunión los técnicos municipales plantearan el tema, y que fue la propia Junta la que preguntó por el asunto al verlo publicado en prensa. La reunión, según la consejería de Obras Públicas se suspendió porque necesitaba tiempo para estudiar la propuesta. El alcalde dice sin embargo que la viceconsejera, María Felicidad Montero, expulsó a los representantes municipales, en un acto de "prepotencia y desprecio".

MALAGA. De la Torre llevará el PGOU a pleno este mes sin reunirse más con la Junta. (ELMUNDO)

Europa Press | Málaga

Actualizado viernes 02/07/2010 16:16 horas

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"Es un acto de prepotencia y desprecio hacia la representación oficial del Ayuntamiento de Málaga". Así ha definido este viernes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la actuación de la viceconsejera de Obras Públicas y Vivienda, María Felicidad Montero, tras pedir a los técnicos municipales que abandonaran una reunión sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en Sevilla al conocer que en un diario malagueño aparecía información sobre la propuesta del Consistorio.

Tras este desplante, el alcalde ha afirmado que no habrá más reuniones con la Junta para discutir el documento, el cual se llevará a pleno a mediados de mes para su aprobación provisional y que posteriormente se presentará a la Junta.

Así, el alcalde de la capital esperó que el Gobierno andaluz dé finalmente luz verde al planeamiento, que será presentado en los mismos términos hablados hasta ahora, aunque el regidor se mostró "abierto" a un convenio de participación del Ayuntamiento en la expropiación de los suelos en los márgenes del cauce del río Campanillas.

Además, para zanjar la polémica con Montero, De la Torre ha asegurado que la documentación que salía en prensa ya había sido comunicada al secretario general de Planificación y Ordenación Territorial de la Junta de Andalucía, Eduardo Tamarit, antes de la reunión en Sevilla de este jueves.

De ahí que haya pedido el cese de la viceconsejera si su actuación fue una decisión personal, o explicaciones si era conocida por la Junta. Asimismo, ha dicho que espera que "jamás se le ocurra volver a echar de una reunión a alguien del Ayuntamiento de Málaga ni de ningún otro ayuntamiento andaluz".

Por otra parte, De la Torre también ha manifestado que la Junta de Andalucía "ha chantajeado, ha presionado al Consistorio para conseguir la finalidad de Arraijanal", a la vez que ha incidido en que la Administración regional "ha hecho daño a la ciudad de Málaga", daño que "necesitan políticamente reparar".

El Gobierno desestima la solicitud para instalar la central térmica de ciclo combinado. (ELMUNDO)

Junto al polígono del Guadalhorce

Europa Press | Málaga

Actualizado viernes 02/07/2010 19:11 horas

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha desestimado la solicitud de autorización administrativa de la central térmica de ciclo combinado de Málaga, que estaba previsto ubicar en el paraje de El Contador, junto al polígono del Guadalhorce.

Tal y como recordó el Ministerio, en diciembre de 2008, Endesa Generación S.A solicitó la autorización administrativa para la construcción de la central térmica de ciclo combinado de Málaga.

El pasado mes de abril, la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Málaga emitió un informe sobre la mencionada solicitud en el que concluía que "no parecía factible la construcción de la central de ciclo combinado en la actual ubicación".

Esta conclusión sería la consecuencia del informe desfavorable y la oposición expresa de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) que debe suministrar agua para la refrigeración y el funcionamiento de la central, según señaló el Ministerio en un comunicado.

Así, contra esta resolución cabe interponer recurso de alzada ante el secretario de Estado de Energía, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

MÁLAGA El PGOU se enturbia. (SUR)

LAS POSTURAS

FRANCISCO DE LA TORREALCALDE DE MÁLAGA

«Vamos a seguir adelante con nuestro planteamiento porque es equilibrado y constructivo»

EDUARDO TAMARITSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN

«Pedimos al Ayuntamiento lealtad institucional y que no nos saquen más conejos de la chistera»

No pudo ser. La tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga vuelve a enturbiarse por la falta de entendimiento entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento justo en el momento en el que este último pretende desatascarlo y darle una nueva aprobación este mismo mes, adaptado a las exigencias del Gobierno andaluz, incluida la obtención de los suelos de Arraijanal para el parque metropolitano proyectado por la Consejería de Obras Públicas. Sin embargo, un último cambio efectuado por el Consistorio a raíz de introducir la citada parcela de Guadalmar como zona a compensar con derechos edificatorios en otros puntos de la ciudad no ha sentado nada bien al Gobierno andaluz. Se trata, como ayer adelantó este periódico, de que la Junta se haga cargo de obtener los suelos para el parque fluvial que ella misma dibuja en su plan urbanístico del área metropolitana junto al cauce del río Guadalhorce y parte de los de otro parque en Campanillas. De este modo, el equipo de gobierno municipal trata de que no recaigan en el PGOU los esfuerzos para obtener todos los suelos de los parques que el citado plan metropolitano regional traza en el municipio.

El Consistorio sustenta su tesis en que ya hace un considerable esfuerzo contemplando los derechos urbanísticos necesarios para comprar los suelos de Arraijanal y ofrecérselos a la Junta como para tener también que hacer lo propio con los de los parques fluviales planteados junto a los ríos Guadalhorce y Campanillas. Además, en este último, según pudo conocer este periódico, el Ayuntamiento va a facilitar a la Junta que pueda hacerse con una gran parte de los terrenos necesarios para el proyecto -394.817 metros cuadrados en concreto- igual que hace con la parcela de Arraijanal. Eso sí, deja para que los expropie la Administración regional aquellos suelos más próximos al cauce del río (504.046 metros cuadrados) y que forman parte del proyecto que ella misma diseñó en su momento para su encauzamiento.

Así, la diatriba se centra fundamentalmente en los terrenos del parque fluvial del Guadalhorce. Se trata de 287.577 metros cuadrados que hasta ahora habían figurado en el documento del PGOU como unos suelos a obtener por el municipio y que ahora se plasman de tal forma que es la Junta la que tendrá que expropiarlos en su momento. Según las leyes urbanísticas, tendrá que hacerlo antes de que transcurran cuatro años desde la entrada en vigor del PGOU.

Aunque el Ayuntamiento está capacitado legalmente para hacerlo, este cambio no ha caído nada bien en la consejería. Su secretario general de Planificación, Ordenación Territorial, Infraestructura y Movilidad Sostenible, Eduardo Tamarit, se mostró ayer muy molesto porque SUR desvelara las intenciones del alcalde a cerca de estos suelos para cerrar de esta forma el acuerdo global con la Junta sobre el plan. «Es algo que nos ha sorprendido en el último momento y que nos hace dudar de si el Ayuntamiento quiere realmente sacar el PGOU adelante. El alcalde sabe que no nos cerramos a nada y que en este asunto del Plan General tiene nuestra mejor disposición e interés para que pueda estar listo lo más rápido posible, pero no puede estar sacando conejos de la chistera a cada minuto», argumentó Tamarit, quien no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre si le parece bien o mal que el Gobierno andaluz tenga que expropiar el suelo para el parque fluvial del Guadalhorce, porque espera «una comunicación oficial de esa propuesta». «Todavía no hemos entrado a analizarla», dijo.

Desalojo de los técnicos

No obstante, según dio a conocer anoche el Ayuntamiento por medio de un comunicado, todo lo relativo a la gestión del suelo de los parques fluviales fue expuesto ayer a los responsables de la Consejería de Obras Públicas por los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, que acudieron a Sevilla a la que parecía ser la última reunión sobre el PGOU previa a su próxima aprobación por el pleno municipal en este mes. Tras las explicaciones, la viceconsejera, María Felicidad Montero, se presentó en la reunión, la dio por terminada e invitó a los técnicos de Urbanismo a abandonar la sala y marcharse, indignada por la información que ayer publicó SUR y de la que, según fuentes municipales, la Junta ya tuvo conocimiento en los días previos.

Sin embargo, Eduardo Tamarit aseguró que la primera noticia la tuvieron ayer y que, por lo tanto, no han tenido tiempo de analizar el asunto. Con todo, el alcalde, Francisco de la Torre, que se mostró muy molesto por la actitud de la viceconsejera al expulsar a los técnicos municipales de la reunión, dijo estar convencido de llegar a un punto de acuerdo con la Junta y mostró su intención de seguir adelante con los planes de dar una nueva aprobación al PGOU en este mes. «Vamos a seguir con nuestro planteamiento porque es equilibrado y constructivo», dijo. Tamarit por su parte fue claro al señalar que cualquier documento sobre el que exista un consenso previo «saldrá adelante con más tranquilidad» que otro que no lo tenga.

.La Fiscalía advierte del endurecimiento de las penas para los delitos urbanísticos. (SUR)

El Código Penal castigará con hasta cuatro años de cárcel a las autoridades que contravengan el planeamiento

02.07.10 - 01:54 -

MONTSE MARTÍN | MÁLAGA.

LOS DATOS

Diligencias de investigación: En 2009 fueron 438. En 2008 se incoaron 360.

Delitos urbanísticos. Fueron investigados 277 (276 en 2008)

Denuncias y querellas. De las 438 diligencias abiertas por la Fiscalía de Medio Ambiente, 123 (90 en 2008) acabaron en denuncias y querellas en los juzgados. Cerca de doscientas fueron archivadas al no constituir delito (146 en 2008).

Denunciantes. La mayoría de las denuncias que llegaron a la Fiscalía en 2009 procedieron de la Guardia Civil, un total de 108 (51 en 2008); 128 de las distintas consejerías de la Junta de Andalucía (82 en 2008); Ayuntamiento de Málaga, 54 (65 en el ejercicio anterior); Ayuntamiento de Vélez-Málaga, 53 (22 en 2008) y Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que presentó 12, frente a ninguna del año anterior.

La Fiscalía de Málaga despejó ayer las dudas sobre la idoneidad de la vía penal para perseguir las irregularidades urbanísticas que han puesto sobre el tapete algunos representantes políticos e incluso judiciales. El fiscal delegado de Medio Ambiente, Juan Calvo Rubio, recordó ayer en la presentación de la memoria de 2009 que a final de este año entrará en vigor una reforma del Código Penal que endurecerá las penas para los delitos urbanísticos que cometan las autoridades o funcionarios públicos, que se castigarán con año y medio a cuatro años de cárcel (actualmente es de seis meses a dos años).

Calvo Rubio dijo no haberse sentido presionado por los movimientos que abogan por la vía administrativa para dilucidar las irregularidades del planeamiento en las que incurran los cargos públicos, como el que lidera el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, y los alcaldes de la Axarquía.

«Presión ninguna», contestó fiscal, quien añadió que «el legislador está haciendo todo lo contrario de lo que se está pidiendo», en referencia al endurecimiento del Código Penal. Es más, subrayó incluso que la reforma recogerá «expresamente» el delito de prevaricación omisiva (cuando los cargos públicos no actúan contra la ilegalidad), «por la que yo ya he formulado denuncia y acusación y ha habido sentencia condenatoria», añadió.

En 2009 la Fiscalía de Medio Ambiente investigó un total 438 denuncias (frente a las 360 de 2008), de las que más de la mitad, en concreto 277, estaban relacionadas con supuestos delitos contra la ordenación del territorio. De ellas, 123 acabaron en denuncias y querellas en los juzgados de instrucción y otra buena parte (190) fueron archivadas. Juan Calvo Rubio destacó la «mayor concienciación» sobre este tipo de delitos de todas las administraciones públicas, incluidos las locales, que años atrás «parecían más reticentes a la hora denunciar». En ese sentido destacó como «los más colaboradores» los ayuntamientos de Málaga y Vélez-Málaga, aunque también mencionó los de Alhaurín de la Torre, Antequera, Álora y Alhaurín el Grande. También resaltó el aumento de las denuncias formuladas por la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda y Ordenación del Territorio.

De las 59 sentencias por delitos urbanísticos dictadas el año pasado, 47 fueron condenatorias y doce, absolutorias. Además los juzgados resolvieron otros diez procesos judiciales relacionados con la flora y fauna, el patrimonio histórico e incendios forestales, de los que nueve acabaron en condena.

MALAGA. La Junta pospone el pacto final para el PGOU por «deslealtad» del alcalde. (LAOPINION)

La reunión técnica que decía cerrar el acuerdo quedó suspendida ayer al poco de iniciarse

Hace un año el alcalde y la consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, se reunieron por primera vez para ver el PGOU. Gregorio Torres

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA La que se presumía iba a ser la última reunión entre responsables técnicos de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para cerrar un acuerdo definitivo para el Plan General de Ordenación Urbana de la capital (PGOU) quedó frustrada por el malestar de los responsables de la Consejería de Obras Públicas por lo que calificaron como «deslealtad institucional del alcalde», por llevar los técnicos municipales a la reunión una enésima propuesta y por permitir además que ésta se hubiese filtrado desde el propio Ayuntamiento a los medios de comunicación.

La reunión era en Sevilla. Por parte de la Gerencia de Urbanismo acudieron el gerente, Javier Gutiérrez Sordo, y otros responsables técnicos. El equipo de la Consejería de Obras Públicas estaba encabezado por Daniel Fernández Navarro, director general de Urbanismo. Estaba programada, a petición del Ayuntamiento, desde el pasado lunes con el guión previo de «pulir los últimos detalles» y dejar el documento del PGOU técnicamente listo para su posterior aprobación en un pleno municipal.

Los responsables de Urbanismo se presentaron con una «última» propuesta. Esto, según fuentes de la Junta de Andalucía, descolocó a los representantes de la consejería de Obras Públicas, que consultaron personalmente con Rosa Aguilar y la consejera decidió suspender la reunión.

El encuentro duró apenas unos minutos, por lo que la reunión prácticamente no se celebró.

La causa fue el malestar de los responsables de la Consejería por lo que consideran una «deslealtad institucional del alcalde», que cuando ya estaría todo acordado «rompe» el acuerdo con una «última» propuesta y por filtrarla previamente a los medios de comunicación «para presionar».

Oficialmente todo ha quedado más diplomático y la reunión «se ha suspendido» para analizar la nueva propuesta del Ayuntamiento y ver si encaja en el rompecabezas del PGOU.

La propuesta del Ayuntamiento plantea que, para compensar los derechos urbanísticos que habrá que ofrecer a los dueños de Arraijanal, la Junta adquiera a su vez los suelos privados donde irán los parques del Guadalhorce y de Campanillas.

Sólo15 municipios acudieron a la Fiscalía para poner denuncias urbanísticas en 2009. (LAOPINION)

El fiscal cree que hay más «concienciación» sobre estos delitos, pues hace poco sólo Málaga y Vélez colaboraban con la Justicia

Vista panorámica de varias viviendas rústicas de la Axarquía. Fran Extremera

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Sólo 15 ayuntamientos de los 101 que hay en la provincia denunciaron alguna irregularidad urbanística ante la Fiscalía de Medio Ambiente durante 2009. En concreto se presentaron 142 denuncias. A pesar de su escaso número, el cambio de tendencia es evidente, pues hasta hace poco sólo Vélez y Málaga capital colaboraban con regularidad en la represión de estos delitos. Juan Calvo-Rubio, coordinador de la especialidad, prefiere ver el vaso medio lleno, después de ejercicios con escasísima aportación de los consistorios, algunos de ellos sin medios para controlar el urbanismo local.

«Hay una mayor concienciación sobre estos delitos en las administraciones públicas, incluidas las locales, porque existen más denuncias de los ayuntamientos y, hasta ahora, manteníamos que, salvo Málaga y Vélez, el resto brillaba por su ausencia. Se rompe la tendencia», reflexiona.

Las dos capitales siguen ganando por goleada, según la memoria del área de Medio Ambiente: la de la Costa del Sol interpuso 60 denuncias ante la Fiscalía que sirvieron para incoar las correspondientes diligencias de investigación; la segunda, 53. Sube con fuerza en este ranking Alhaurín de la Torre, de cuyo Ayuntamiento dice Calvo-Rubio: «La secretaría del Consistorio está dando un gran impulso a la ordenación en materia de expedientes de disciplina urbanística».

Lo mismo ocurre con Antequera (3 denuncias), Álora (4) y Alhaurín el Grande (3), que «poco a poco» van poniendo en orden el urbanismo de su término municipal. Algarrobo interpuso dos denuncias, al igual que Villanueva de la Concepción. Otros ayuntamientos presentaron nueve en total.

Aunque ayudan más, en la memoria Calvo-Rubio sí se queja de escasa colaboración en algunos momentos puntuales. «Debido al volumen de trabajo que maneja la sección, tanto para los fiscales como para el personal auxiliar, en ocasiones, y ante la escasa colaboración, algunas veces, de la administración local» transcurren los seis meses que pueden estar abiertas las diligencias de investigación, por lo que las mismas se remiten a los juzgados sin formular denuncia. «A veces, por no haber podido concretar los hechos denunciados, por no haberse contestado los oficios enviados», señala. Eso sí, se trata de una situación excepcional.

Sin embargo, las consejerías de la Junta de Andalucía implicadas en este tipo de asuntos (Medio Ambiente, Cultura, Gobernación y Ordenación del Territorio) presentaron 128 denuncias en 2009. El fiscal tilda de «espectacular» el volumen promovido por Medio Ambiente (62), gracias a los agentes especializados, en contra de la colaboración concreta, más bien escasa, que había mostrado este departamento del Gobierno andaluz. El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) y los equipos urbanísticos de la Guardia Civil presentaron 108, frente a las 43 de particulares.

En concreto, la Fiscalía abrió un total de 438 diligencias de investigación, 277 relacionadas con delitos contra la ordenación del territorio; 42 por ilícitos contra el Medio Ambiente; 94 por incendios; 4 relacionadas con el patrimonio histórico y 21 contra la flora y la fauna. Del total, 190 fueron archivadas, 133 acabaron en denuncia o querella ante los correspondientes juzgados, y 115 continúan tramitándose.

Asimismo, los juzgados dictaron 69 sentencias relativas a este área, 59 de ellas por delitos contra la ordenación del territorio, 31 condenatorias –en casi una tercera parte de éstas se ordenó la demolición de las viviendas– y 11 absolutorias. Éstas versaban sobre construcciones ilegales. Asimismo, los jueces emitieron 17 fallos sobre delitos de prevaricación, 16 condenatorios.

En cuanto al derribo de casas, explica Calvo-Rubio que «parece haberse acogido con más claridad que en años anteriores un criterio favorable al mismo».

En relación a las diligencias judiciales (investigadas por los jueces de instrucción), se abrieron 338, 275 relacionadas por ilícitos contra la ordenación del territorio, sobre todo en Málaga capital (175), aunque los municipios del interior (65) y la Costa del Sol (35) tampoco se quedan atrás.

El coordinador de la sección también habló, flanqueado por el fiscal jefe, Antonio Morales, y el teniente fiscal, Manuel Villén, muy claro sobre la escasez de medios que arrastra el área, formada por tres acusadores y sólo dos funcionarios, que, para colmo, no se dedican en exclusiva a la especialidad. «Realmente es como si tuviéramos uno», indica.

«Siempre que hay que hacer la memoria, se atrasan las diligencias de investigación en la Fiscalía dos y tres meses: hacen falta más fiscales, más funcionarios y más estructura informática», concluye el acusador público.