EP La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga considera que el Decreto Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, que entró en vigor este pasado jueves en Andalucía, crea "inseguridad jurídica", especialmente en los posibles compradores de inmuebles y a los que cuentan con una segunda residencia en la provincia.
El presidente de la ACP, José Prado, ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que son "plenamente conscientes" de la problemática social existente en parte de la población, que no puede hacer frente a los pagos de su hipoteca por la situación de crisis económica actual; sin embargo, ha apuntado que los promotores "no pueden ser los únicos a los que se dirija la Junta de Andalucía".
Así, ha manifestado que en Andalucía hay unas 50.000 viviendas en manos de promotores públicos de viviendas, es decir, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), las diputaciones o los institutos municipales de vivienda de los diferentes ayuntamientos. A su juicio, deberían ser éstas las viviendas que se pongan a disposición de aquellos que no pueden hacer frente a sus pagos.
"Es un drama social y la Junta y el Gobierno deberían atenderles con nuestros impuestos, al igual que el 0,7 por ciento se destina a África deberían destinar un porcentaje a paliar estas tragedias sociales", ha indicado Prado, quien ha señalado que en el caso de Málaga capital "hay 2.000 viviendas cerradas porque los bancos no dan financiación para la gente".
Con las 7.000 viviendas aproximadamente que existen en los 101 municipios de la provincia de Málaga en manos de promotores públicos "se podría paliar, perfectamente, esta carencia", ha afirmado, insistiendo en que los promotores no están de acuerdo en que sean ellos a los que se les "meta la mano en el bolsillo de nuevo".
"No estamos de acuerdo con ese intervencionismo, nos están coaccionando con sanciones, esto es una confiscación a los empresarios y si el Gobierno quiere las viviendas que las expropien y paguen el justiprecio pero no que expropien el uso, que es una figura jurídica que no existe", ha apostillado.
A juicio del presidente de los promotores y constructores malagueños, el nuevo decreto de la Junta va contra la Constitución Española, en concreto ha citado los artículos 53 de la Propiedad Privada y el 14 sobre Igualdad de Trato.
"Acción populista" que alarga el problema
Prado ha considerado que esta normativa, ya en vigor y de la que podrían beneficiarse en Málaga 39 personas, según datos del propio Gobierno andaluz; es una "acción populista para salir en los medios de comunicación".
Además, en su opinión, este decreto no hace sino alargar el problema tres años "e incrementar la deuda de las familias, por los intereses de demora". "Posponen el problema. Políticamente creen que es un triunfo pero el problema continúa porque a los tres años el banco dirá, págueme usted", ha puntualizado.
En este punto, ha lamentado que se haya aprobado sin haberse consensuado con el sector, por lo que ha instado al Gobierno andaluz a retirarlo y a sentarse con los bancos para llegar a acuerdos de pagos con las familias "pero no de confiscación".
Prado ha aludido igualmente a las deudas que mantiene el Gobierno autonómico con los constructores y promotores en el marco del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2008-2012. "Son decenas de millones los que debe en subvenciones que los promotores no han recibido y que a muchos les ha llevado a la Ley Concursal", ha apuntado.
"La Junta de Andalucía debe hacerse cargo del dinero de los alquileres y los presupuestos de la Junta son escasísimos", ha continuado, calificando el nuevo decreto de la vivienda como "un 'bluf' y un brindis al sol".
Las administraciones, según el constructor malagueño, están legislando "a golpe de impresionar al público y arrancar votos", por lo que ha criticado también el Plan de Protección del Litoral del Gobierno autonómico, que está provocando que los posibles compradores "no se atrevan a adquirir una vivienda en el litoral por si se la expropian".
"No podemos luchar contra molinos de viento, quieren cargarse el turismo residencial que cuenta en la Costa del Sol con medio millón de viviendas desde los años 70", ha incidido, y ha declarado que el nuevo decreto de vivienda "crea pánico social en los países socios de la Unión Europea" al señalar "que se presumirá que la vivienda no está habitada cuando no se destine al uso residencial previsto durante más de seis meses consecutivos en el curso de un año".
El decreto especifica que se presumirá que la vivienda no está habitada cuando la misma no cuente con contrato de suministro de agua o de electricidad o presente un nulo o escaso consumo de suministros, calculados con base en la media habitual de consumo por vivienda y año. No obstante, apostilla que quedan excluidas de ello las edificaciones destinadas a un uso regulado en la legislación turística, siempre que cuenten con las correspondientes licencias urbanísticas y de apertura; las viviendas de las personas físicas cuyo uso exclusivo sea el de esparcimiento o recreo, las que sean usadas de forma efectiva mediante su arrendamiento por temporadas o las deshabitadas de titularidad de personas físicas.
Según Prado, el decreto "establece sanciones de hasta 9.000 euros para las personas jurídicas que tengan pisos vacíos y no los pongan en alquiler, por considerarlo como falta grave pero libera del compromiso de poner en alquiler viviendas vacías a las personas físicas".
"Está hecho a medida de unos cuantos y permitirá a los políticos andaluces seguir manteniendo fuera de esta norma sus segundas, terceras o cuartas residencias, que podrán seguir vacías dependiendo exclusivamente de la voluntad de sus propietarios", ha declarado, y ha citado casos como los del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, "con dos viviendas en Huelva; la consejera de Presidencia, Susana Díaz, con otras dos en Sevilla o el responsable de Turismo, Rafael Rodríguez, con tres casas en Málaga", entre otros.
