Los empresarios del sector dicen que no quieren salir "porque es nuestro hábitat" · Turismo y el PSOE piden consenso entre todas las partes · El 75% de este tipo de negocios está afectado en Málaga
Han pasado 20 años desde que la Ley de Costas y un posterior reglamento prohibiera, en opinión del Gobierno, la existencia de chiringuitos en las playas. Sin embargo, como ocurre en muchos textos legales, las interpretaciones de los documentos pueden ser varias y a ellas se han agarrado durante todo este tiempo los empresarios del sector de toda España para impedir que les echaran de la arena. En el Ministerio de Medio Ambiente están hartos de tanta polémica y el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, se reunió ayer en Málaga con los subdelegados del Gobierno de Málaga, Granada, Almería, Cádiz y Huelva -todas las provincias andaluzas con costa- para lanzar un mensaje común a la sociedad: "hay que aplicar la ley".
Unos minutos antes de la reunión, Juan Carlos Martín atendió a los medios de comunicación y aseguró que la posición del Gobierno "es clara" y que aquellos que tienen "concesiones en vigor, caducadas y autorizaciones temporales se tienen que adaptar a la actual ley". No obstante, no se mostró absolutamente tajante. "No es un ultimátum a los chiringuitos", señaló a la vez que "vamos a trabajar de manera ordenada con todos los sectores afectados". En cualquier caso, Martín sí trasladó buena parte de la responsabilidad a los ayuntamientos ya que éstos "dan las correspondientes autorizaciones y deben velar por el estricto cumplimiento de la normativa actualmente vigente".
La ley exige varias cosas. La primera es que los chiringuitos tengan una superficie de 150 metros cuadrados y la segunda es que estos negocios estén separados entre sí por 200 metros. Los empresarios del sector están de acuerdo con estas dos imposiciones. La polémica está en la ubicación.
El artículo 60 del reglamento de la Ley de Costas, aprobado en 1989, señala textualmente que "únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación (...) y entre ellas están las que desempeñan una función o presten un servicio que, por sus características, requiera la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y las de servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio". También afirma en su punto tres que, en cualquier caso, "la ocupación deberá ser la mínima posible".
Con este texto en la mano, el Gobierno entiende que los chiringuitos deben estar fuera de la arena para no ocupar el dominio público marítimo terrestre y no molestar a los bañistas, por lo que señalan que deberían estar ubicados en los paseos marítimos. Por su parte, los empresarios del sector entienden que "nuestra naturaleza, nuestro hábitat, es estar sobre la arena". Miguel Arrabal, presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga, afirma que "llevamos mucho tiempo demandando que queremos estar en la playa porque no entendemos una playa sin chiringuitos y la solución desde luego no es sacarnos de la arena porque ése es nuestro hábitat natural".
Arrabal explica que los empresarios, en principio, no están de acuerdo con trasladar sus negocios a los paseos marítimos si eso conlleva estar alejados de la playa. "Sí iríamos a paseos marítimos pero siempre que estemos adosados a ellos, es decir, sobre la arena", subraya, a la vez que asegura que "queremos ser respetuosos con la ley pero lo que buscamos es que le den legalidad a nuestras instalaciones".
El presidente malagueño de los empresarios de playa señala que en esta provincia hay 400 chiringuitos que mueven unos 20.000 empleos y, de ellos, el 75% se está viendo afectado por la ley. "Hay unos 200 chiringuitos repartidos por toda la costa que están afectados porque apenas ocupan 20 metros cuadrados y necesitan ampliarse hasta 150 metros; y otros 100 establecimientos que sí tienen esa superficie pero a los que ya se les ha terminado la concesión de 15 años que tenían", refleja Arrabal.
Otro aspecto a tener en cuenta es que, según el Gobierno, los chiringuitos deben cerrar sus puertas el 15 de octubre, tras la finalización del verano, algo con lo que tampoco están de acuerdo los empresarios. Arrabal afirma que "la ley no dice nada de ninguna fecha de cierre y nosotros estamos abiertos durante todo el año". "Nunca hemos hecho caso a esa imposición pero parece que el Gobierno sí está dispuesto ahora a cumplirlo", continúa el empresario.
En medio de la pugna están la Junta de Andalucía y el PSOE malagueño. El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, y el secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Heredia, se reunieron ayer con Juan Carlos Martín para pedirle que se cree una comisión en la que se intente poner de acuerdo a todas las partes. "Pedimos diálogo y acuerdo. Se trata de un sector fundamental sobre todo en un momento de crisis y dificultad como el actual. No vamos a parar hasta que la situación de los chiringuitos de la provincia de Málaga esté resuelta para la tranquilidad de los empresarios y los trabajadores", dijo ayer Heredia. "¿Qué iba a hacer la playa sin nosotros? No somos un estorbo, sino un servicio para los visitantes", apuntó Arrabal.
La solución definitiva se verá en los próximos meses. Las posturas son divergentes pero parece que se busca el consenso. Si no se consigue ese acuerdo, los chiringuitos tal y como se conocen habitualmente pasarán a la historia.
Han pasado 20 años desde que la Ley de Costas y un posterior reglamento prohibiera, en opinión del Gobierno, la existencia de chiringuitos en las playas. Sin embargo, como ocurre en muchos textos legales, las interpretaciones de los documentos pueden ser varias y a ellas se han agarrado durante todo este tiempo los empresarios del sector de toda España para impedir que les echaran de la arena. En el Ministerio de Medio Ambiente están hartos de tanta polémica y el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, se reunió ayer en Málaga con los subdelegados del Gobierno de Málaga, Granada, Almería, Cádiz y Huelva -todas las provincias andaluzas con costa- para lanzar un mensaje común a la sociedad: "hay que aplicar la ley".
Unos minutos antes de la reunión, Juan Carlos Martín atendió a los medios de comunicación y aseguró que la posición del Gobierno "es clara" y que aquellos que tienen "concesiones en vigor, caducadas y autorizaciones temporales se tienen que adaptar a la actual ley". No obstante, no se mostró absolutamente tajante. "No es un ultimátum a los chiringuitos", señaló a la vez que "vamos a trabajar de manera ordenada con todos los sectores afectados". En cualquier caso, Martín sí trasladó buena parte de la responsabilidad a los ayuntamientos ya que éstos "dan las correspondientes autorizaciones y deben velar por el estricto cumplimiento de la normativa actualmente vigente".
La ley exige varias cosas. La primera es que los chiringuitos tengan una superficie de 150 metros cuadrados y la segunda es que estos negocios estén separados entre sí por 200 metros. Los empresarios del sector están de acuerdo con estas dos imposiciones. La polémica está en la ubicación.
El artículo 60 del reglamento de la Ley de Costas, aprobado en 1989, señala textualmente que "únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación (...) y entre ellas están las que desempeñan una función o presten un servicio que, por sus características, requiera la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y las de servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio". También afirma en su punto tres que, en cualquier caso, "la ocupación deberá ser la mínima posible".
Con este texto en la mano, el Gobierno entiende que los chiringuitos deben estar fuera de la arena para no ocupar el dominio público marítimo terrestre y no molestar a los bañistas, por lo que señalan que deberían estar ubicados en los paseos marítimos. Por su parte, los empresarios del sector entienden que "nuestra naturaleza, nuestro hábitat, es estar sobre la arena". Miguel Arrabal, presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga, afirma que "llevamos mucho tiempo demandando que queremos estar en la playa porque no entendemos una playa sin chiringuitos y la solución desde luego no es sacarnos de la arena porque ése es nuestro hábitat natural".
Arrabal explica que los empresarios, en principio, no están de acuerdo con trasladar sus negocios a los paseos marítimos si eso conlleva estar alejados de la playa. "Sí iríamos a paseos marítimos pero siempre que estemos adosados a ellos, es decir, sobre la arena", subraya, a la vez que asegura que "queremos ser respetuosos con la ley pero lo que buscamos es que le den legalidad a nuestras instalaciones".
El presidente malagueño de los empresarios de playa señala que en esta provincia hay 400 chiringuitos que mueven unos 20.000 empleos y, de ellos, el 75% se está viendo afectado por la ley. "Hay unos 200 chiringuitos repartidos por toda la costa que están afectados porque apenas ocupan 20 metros cuadrados y necesitan ampliarse hasta 150 metros; y otros 100 establecimientos que sí tienen esa superficie pero a los que ya se les ha terminado la concesión de 15 años que tenían", refleja Arrabal.
Otro aspecto a tener en cuenta es que, según el Gobierno, los chiringuitos deben cerrar sus puertas el 15 de octubre, tras la finalización del verano, algo con lo que tampoco están de acuerdo los empresarios. Arrabal afirma que "la ley no dice nada de ninguna fecha de cierre y nosotros estamos abiertos durante todo el año". "Nunca hemos hecho caso a esa imposición pero parece que el Gobierno sí está dispuesto ahora a cumplirlo", continúa el empresario.
En medio de la pugna están la Junta de Andalucía y el PSOE malagueño. El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, y el secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Heredia, se reunieron ayer con Juan Carlos Martín para pedirle que se cree una comisión en la que se intente poner de acuerdo a todas las partes. "Pedimos diálogo y acuerdo. Se trata de un sector fundamental sobre todo en un momento de crisis y dificultad como el actual. No vamos a parar hasta que la situación de los chiringuitos de la provincia de Málaga esté resuelta para la tranquilidad de los empresarios y los trabajadores", dijo ayer Heredia. "¿Qué iba a hacer la playa sin nosotros? No somos un estorbo, sino un servicio para los visitantes", apuntó Arrabal.
La solución definitiva se verá en los próximos meses. Las posturas son divergentes pero parece que se busca el consenso. Si no se consigue ese acuerdo, los chiringuitos tal y como se conocen habitualmente pasarán a la historia.
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